Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 33.802-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por la actora y declarar prescripta la acción del fisco para imponer penas, por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, en relación a la mercadería ingresada temporariamente mediante el DIT N° 02 001 IT14 005216 V, por la firma “YPF S.A.”, en la Actuación Nº 12197- 15060-2005, arts. 934 y conc. del C.A. Con costas a la D.G.A.
2No hacer lugar a la excepción de prescripción de la acción del fisco para perseguir el cobro de los tributos relativos al DIT N° 02 001 IT14 005216 V. Sin costas.
3Revocar el art. 4º de la resolución DE PRLA Nº 2009/13, recaída en la Actuación Nº 12197-15060-2005, con relación a la firma “YPF S.A.”, en los términos de lo indicado en el considerando X. del voto de la Dra. Sarquis, por aplicación del principio de bagatela. Con costas a la D.G.A.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-112954515-APN-VOCXX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 25 de Septiembre de 2023 Reunidos los Sres. Vocales miembros de la Sala “G”, Dres. Claudia B. Sarquis (titular de la Vocalía 20° Nominación), Horacio J. Segura, (titular de la Vocalía 21º Nominación), por encontrarse en uso de licencia el Dr. Miguel N. Licht, a fin de resolver en los autos “YPF S.A. c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ recurso de apelación”, Expediente Nº 33.802-A.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que a fs. 110/114 se presenta la firma “YPF S.A.”, por apoderado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución DEPRLA Nº 2009/13 dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en la Actuación Nº 12197-15060-2005, mediante la cual se la condena al pago de una multa de $11.924,77.- por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del Código Aduanero con relación a la mercadería documentada en el DIT N° 02 001 IT14 005216 V y se le exige el pago de tributos por la suma de $40.450,53.-. Efectúa un relato de los antecedentes del caso. Señala que la Aduana desconociendo los permisos de embarque que acompañó al contestar la vista en el sumario, consideró que debido a “no encontrarse en autos copia de los documentos que operaron para su descarga” y, respecto de otros que no constaba en “su hoja de descarga vinculación alguna con la DIT en trato”, se encontraban en infracción 14.290 kg de las 40,22 toneladas importadas temporariamente. Arguye que el servicio aduanero en lugar de haber requerido la información necesaria -a las áreas respectivas- y/o a la firma directamente consideró al informe producido a fs. 40 por la Sección Procedimientos Técnicos suficiente para resolver las actuaciones. Indica que en el caso la resolución se dictó diez días antes de producirse la prescripción de la acción para el dictado de una condena. Agrega que la demora del servicio aduanero en la instrucción del sumario le causó perjuicios, por cuanto la Aduana dictó esta resolución en forma totalmente infundada, violando ampliamente las elementales normas del debido proceso y la defensa en juicio. Se agravia de la inclusión del derecho adicional en la liquidación practicada, y solicita la aplicación de la doctrina sentada por la CSJN en el fallo “Frisher”. Ofrece prueba. Pide que oportunamente se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que a fs. 127/130vta. la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. Niega todos y cada uno de los hechos consignados en la demanda y que no sean específicamente reconocidos. Efectúa una breve reseña de los hechos. Indica que en el caso ha acontecido en autos cierta dificultad probatoria en la agregación de la documentación que posibilita la acreditación del cumplimiento del régimen. Señala que la carga de la prueba del cumplimiento del régimen se encuentra en cabeza de la importadora, y es ella quién debe realizar las acciones conducentes al aporte de la documentación que hace a su derecho. Cita doctrina y jurisprudencia. Refiere al plazo de seis años para la conservación de los permisos de embarque establecido por la Disposición AFIP Nº 620/99. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas. Hace reserva de plantear el caso federal. Finalmente, solicita que se dicte sentencia que rechace la apelación interpuesta por la contraria, con expresa imposición de costas.
III. Que a fs. 131 se abre la causa a prueba. A fs. 214 se declara cerrado el período probatorio. A fs. 228 se elevan los autos a la Sala “G”, y a fs. 229 se los pasa para alegar, agregándose a fs. 232/234 el alegato presentado por la actora, y a fs. 235/238 el del fisco. A fs. 240 se pasan los autos a sentencia.
IV. Que la Actuación Nº 12197-15060-2005 se inicia con el Acta de denuncia Nº 1770/05 formulada en relación al DIT N° 02 001 IT14 005216 V por la presunta infracción a los arts. 970 y 972 del C.A. A fs. 7/8 se procede a la valoración y clasificación de la mercadería en cuestión. A fs. 9 se practica liquidación de tributos y multa. A fs. 10 obra una Consulta de una Garantía Global o Unitaria. A fs. 11, con 26/05/2008, se dispone la instrucción del sumario –confr. art. 1090 del CA-, y se dispone correr vista a la importadora “YPF S.A.”, en los términos de los arts. 1001/1010, 1101 y cc del CA, y se cita a “Zurich Argentina S.A.” en su carácter de garante de la obligación tributaria, notificándose el 04/06/09 la aseguradora (v. cédula de notificación de fs. 21/vta.), y el 25/08/09 la importadora (v. cédula de notificación de fs. 12/vta.). A fs. 18/20 contesta vista la aseguradora, y a fs. 22/23vta. lo hace la importadora. A fs. 40 obra la Nota N 30/13 (SE PRTE) del 04/01/13 de Sección Procedimientos Técnicos mediante la cual se informa que la mercadería en infracción es de “14.290,87 Unidades” y que “los P.E. Nros. 02033EC03001793J, 02033EC03001842E, 02033EC03001881H, 02033EC03001882X y 03033EC03031036V no fueron tenidos en cuenta para de descarga de la D.I.T. en trato al no encontrarse en autos copia de los documentos que operaron para su descarga. Situación similar se presenta en el caso de los P.E. Nros. 03033EC03000082A, 03033EC03000094D, 03033EC03000223U, 03033EC03000286G, 03033EC03000518E, 03033EC03000801W, 03033EC03000802A, 03033EC03000819X, 03033EC03001041T, 03033EC03001117A, 03033EC03001250V, 03033EC03001295H, 03033EC03001443C, al no constar en su hoja de descarga vinculación alguna con la DIT en trato”. A fs. 41 se reliquidan tributos y multas. A fs. 42/44vta. se dictó el 06/05/13 la Resolución DEPRLA Nº 2009/13 -apelada en autos-. A fs. 45/vta. se emite el Dictamen Nº 873/13 (DV DSAD) y a fs. 47/49 se dicta con fecha 31/07/13 la Resolución Nº 450/13 (SDG TLA) que aprueba la Resolución DE PRLA Nº 2009/13 (notificadas a la importadora el 12/09/13 según constancia de fs. 51/vta.). A fs. 52/54 se acredita la interposición de recurso ante este Tribunal. Por cuerda se glosa el Anexo con los permisos de embarque.
V. Que, en primer lugar, corresponde resolver el planteo de prescripción efectuado por la actora.
Que el fundamento esgrimido por la actora radica en que la resolución se dictó diez días antes de producirse la prescripción de la acción para el dictado de una condena, y que la demora del servicio aduanero en la instrucción del sumario le causó perjuicios, en cuanto la Aduana dictó esta resolución en forma totalmente infundada, violando ampliamente las elementales normas del debido proceso y la defensa en juicio.
Que en autos se imputa la comisión de la infracción al art. 970 del C.A. en virtud de que la actora no habría acreditado la regularización de la mercadería importada temporariamente dentro del plazo de vencimiento acordado para las destinaciones en trato.
Que la firma “YPF S.A.” plantea la prescripción de la acción del fisco para imponer penas y perseguir el cobro de tributos por la presunta comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del C.A., en relación con la mercadería ingresada temporalmente mediante la DIT Nº 02 001 IT14 005216 V -cuyo vencimiento operó el 16/09/2004-.
Que el régimen de prescripción de la acción del Fisco para imponer multas se encuentra regulado por el Código Aduanero, el cual, en su art. 934 establece que: “La acción para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de cinco años”, plazo éste que conforme lo dispone el art. 935 comienza a correr “el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción o, en caso de no poder precisársela, en la de su constatación”.
Que de acuerdo a la normativa transcripta precedentemente, el plazo quinquenal mencionado en la especie, debe computarse desde el 1º de enero de 2005, atento que la presunta infracción se habría cometido el 16/09/2004, fecha en que venció el plazo conferido para la DIT Nº 02 001 IT14 005216 V.
Que el art. 937 del C.A. establece las causales de interrupción del plazo de prescripción del aludido art. 934 y, específicamente, determina que “La prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por: a) el dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario; b) la comisión de otra infracción aduanera; c) la comisión de un delito aduanero; d) el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera” y el art. 938 del mencionado plexo normativo establece que para que la comisión de otra infracción o de un delito aduanero tengan efecto interruptivo debe mediar, a su respecto, resolución o sentencia condenatoria firme o bien cuando surgiere la existencia de una infracción o de un delito aduanero, que se hubiere cometido con posterioridad a la infracción investigada y no mediare a su respecto resolución o sentencia firme, la prescripción no podrá resolverse y su término se suspenderá hasta tanto no se dictare aquella.
Que, de este modo, el plazo del curso de la prescripción para imponer penas comenzó a correr el 01/01/2005 (teniendo en cuenta que el vencimiento de la importación temporaria se produjo el 16/09/2004) y vencía el 31/12/2009. No obstante, el dictado del auto de instrucción de sumario (26/05/2008) interrumpió el plazo de la prescripción (de conformidad con lo dispuesto por el antes referido art. 934 inc. “a” del C.A.) y, por ende, el nuevo plazo comenzó a correr el 27/05/2008 y el nuevo vencimiento ocurrió el 27/05/2013.
Que al respecto cabe aclarar que en dichas constancias no se indica fecha de comisión de infracción ni siquiera la fecha de inicio de los procedimientos infraccionales, y sólo se hace mención a la fecha en que habrían quedado firmes las resoluciones dictadas en los sumarios infraccionales instruídos en razón de las mismas sin indicarse el último de los fueros intervinientes (TFN, CNACAF, CSJN).
Que por último, atento lo establecido por el art. 937 inc. d) del C.A. en cuanto a que la prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera. En virtud de ello, teniendo en cuenta que la Resolución DE PRLA Nº 2009/13 -apelada en autos- se dictó el 06/05/2013, y la Resolución Nº 450/13 (SDG TLA) -aprobatoria de la Resolución DE PRLA Nº 2009/13- data del 31/07/2013, cabe concluir que al momento del dictado de la Resolución Nº 450/13 (SDG TLA) había operado el vencimiento de la prescripción. En efecto, la obligatoriedad de la aprobación por la Dirección General de Aduanas de las resoluciones por las que el administrador absuelve –total o parcialmente- a la imputada de la pena por la que inicialmente se formuló la denuncia torna a ambas resoluciones (fallo aduanero y su aprobación) en necesariamente complementarias.
Que como consecuencia de todo lo expuesto corresponde declarar prescripta la acción del fisco para imponer penas, con costas a la D.G.A.
VI. Que corresponde tratar el planteo de prescripción de la acción del fisco para exigir los tributos opuesto por la recurrente.
Que el art 803 del C.A. dispone que el plazo de prescripción de la acción del fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera es de cinco años. El art. 804 del C.A. establece que el plazo de la prescripción comienza a correr a partir del primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiere producido el hecho gravado. Que no existe controversia en el caso respecto a que la infracción (hecho generador de la obligación tributaria) se habría cometido el 16/09/2004 (fecha de vencimiento de la destinación suspensiva, ver sobre contenedor del DIT obrante a fs. 4 de las act. adm.) y que, por ende, el comienzo del plazo quinquenal de la prescripción comenzó a correr el 01/01/2005 y vencía el 31/12/2009.
Que dicho plazo se suspende -en virtud de lo dispuesto por el art. 805 inc. a) del C.A.- desde la apertura del sumario. Por ende, teniendo en cuenta que, en el caso de autos, la instrucción del sumario se dictó con fecha 26/05/2008 (v. fs. 11 de las act. adm.), hasta ese momento habían transcurrido 4 años 4 meses y 25 días del plazo de prescripción quinquenal, es decir que -de dicho plazo- restaban cumplirse 7 meses y 6 días, los que debían computarse una vez que cesara la aludida suspensión.
Que, atento lo establecido en el art. 805 inc. a) del C.A., la suspensión se daba desde el dictado del auto de apertura de sumario (en el caso, 26/05/2008) “… hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión;...”.
Que, no cabe duda que la decisión a la que la norma refiere no puede ser otra que la resolución definitiva que se dicte en el sumario (art. 1112 del C.A.) cuando en esa resolución, además de la condena por el hecho infraccional, se determine la correlativa exigencia tributaria (y/o por la cual, asimismo y por el mismo hecho se condene al pago de los pertinentes tributos).
Que, en el caso de autos, esa “decisión” -la prevista en el referido art. 805 inc. a) del C.A.- ha sido, pues, la resolución definitiva recaída en el sumario de que se trata, esto es, la Resolución DE PRLA Nº 2009/13 dictada el 06/05/2013, y su aprobatoria por Resolución Nº 450/13 (SDG TLA) del 31/07/2013.
Que, en ese orden de ideas, la suspensión del plazo de prescripción de la acción tributaria, se ha dado entre el 26/05/2008 (fecha del dictado del auto de apertura del sumario) y el 31/07/2013 (fecha del dictado de la resolución aprobatoria). Siendo esta última fecha el límite de la suspensión de que se trata, correspondiendo tomar la misma en el sentido dispuesto por la última parte del inciso a) del art. 805 del C.A., que refiere textualmente al momento en que “recayere” la “decisión”, sin que el texto aluda a su notificación.
Que entonces, el curso de la prescripción de la acción tributaria “continuó” desde el 01/08/2013. Sin embargo, la cédula de notificación se cursó el 21/08/2013 y si bien no consta agregada la constancia de notificación SICNEA de estado “notificado”, no cabe dudas que se produjo con anterioridad al vencimiento del plazo prescriptivo atento que el recurso de apelación interpuesto ante este Tribunal es del 13/09/2013.
VII. Que sentado lo antes expuesto, corresponde determinar si en el caso de autos se ha configurado la infracción prevista y penada por el artículo 970 del C.A., con relación a parte de la mercadería importada temporariamente mediante el DIT N° 02 001 IT14 005216 V, a fin de determinar el efecto tributario previsto en la referida norma.
VIII. Que de la compulsa de los antecedentes administrativos, resulta que la firma “YPF S.A.” documentó mediante el DIT Nº 02 001 IT14 005216 V, oficializado el 25/09/2002, ante la Aduana de Buenos Aires la importación temporal de 40,22 toneladas de mercadería de la PA 3811.21.50.000G “Otras preparaciones que contengan por lo menos uno de los productos comprendidos en los ítem 3811.21.10, 3811.21.20, 3811.21.30 ó 3811.21.40 (R.467/97 MEOSP)- - Que contengan aceites de petróleo o de mineral bituminoso – Aditivos para aceites lubricantes: PREPARACIONES ANTIDETONANTES, INHIBIDORES DE OXIDACIÓN, ADITIVOS PEPTIZANTES, MEJORADORES DE VISCOSIDAD, ANTICORROSIVOS Y DEMÁS ADITIVOS PREPARADOS PARA ACEITES MINERALES (INCLUIDA LA GASOLINA) U OTROS LÍQUIDOS UTILIZADOS PARA LOS MISMOS FINES QUE LOS ACEITES MINERALES ”. Dicha importación fue documentada por el plazo de 360 días al amparo del Dto. 1439/96, prorrogado por otro plazo igual, y venció el 16/09/2004.
Que el artículo 250 del C.A. establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo, es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado. Que en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
Que cabe señalar que, tratándose en el caso de una importación temporaria, la carga de la prueba de haber cumplido con la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivas- recae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados a demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan).
En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho de importación temporaria ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
Que, asimismo, lo que está expresamente reglado, y específicamente respecto del régimen de perfeccionamiento del Decreto 1439/96 (Res. 72/92), mediante la Resolución ANA Nro. 127/92 y sus modificaciones, es que en el o en los respectivos permisos de embarque (de reexportación para consumo de la mercadería bajo la nueva forma resultante) se debe consignar “...lo relativo al certificado de tipificación y las referencias necesarias a la importación temporaria de la mercadería, tales como el número del D.I.T. (aduana de registro-dígito), clase y “cantidad” de la mercadería importada comprendida en la que se exporta, y el vencimiento de la importación temporaria”.
Que de modo tal, ése es el mecanismo reglado e idóneo (“descarga” del D.I.T. –eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida– en el ó los P.E.) para acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
IX. Que previo a determinar si la actora dió cumplimiento o no a las obligaciones que asumió al momento de importar temporariamente la mercadería comprometida en la especie, es preciso efectuar ciertas aclaraciones referidas a la importancia del C.T.C. en los regímenes de importación temporaria.
Que tanto el referido Dec. 1439/96, como la Resolución M.E. y O.S.P. Nro. 72/92 impusieron a los beneficiarios de sus regímenes el deber de obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.) expedido por la Secretaría de Industria.
Que al respecto, establecen: “El beneficiario del presente régimen deberá obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.). A tal efecto deberá presentar ante la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos y si los mismos tienen valor comercial (...)” (art. 8 de la Resolución M.E. y O.S.P. 72/92 y art. 14 del Dec. 1439/96).
Que en virtud de estos artículos puede afirmarse que la presentación del C.T.C. es una de las obligaciones que contrae el importador en virtud de su acogimiento al régimen de importación temporaria a la que debe dar cumplimiento si pretende exportar la mercadería en la forma y condiciones en que se obligó evitando así incurrir en la infracción bajo análisis.
Que tal documento es el que establece la relación insumo-producto de manera que, a través de él, la Aduana puede conocer qué cantidad de los insumos importados temporariamente fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta.
Que el formulario conforme al cual los C.T.C. eran emitidos se encuentra previsto en el Anexo III a la Resolución S.I.C. Nro. 18/92. En tal anexo se establece que, además del Nº de solicitud del C.T.C., debe indicarse tanto la P.A. del insumo importado temporariamente como del producto para el cual el mismo es emitido (es decir, del producto a exportar). De manera que, el certificado describe cuál es el producto/mercadería a exportar e indica expresamente su P.A.
Que de ello se desprende que la relación insumo-producto establecida/certificada en el C.T.C. se refiere particularmente a la mercadería y a la P.A que en él se detalla.
Que en virtud de esos datos que surgen del certificado, (cuyo contenido, como he señalado, se encuentra definido en el Anexo III al Res. S.I.C. Nro. 18/92) es que la Aduana puede determinar si los insumos importados temporariamente fueron correctamente descargados en los P.E.
Que existiendo, como dije, un procedimiento reglado para la demostración del cumplimiento del régimen al cual se acogió la firma importadora, en lo que respecta a la documentación a presentar, dicho procedimiento exige al importador la sustitución de la declaración jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes (o su rectificatoria) por el C.T.C. “al momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero” (conf. Art. 14 del Dto. 1439/96).
Que a mayor abundamiento, el art. 9, parrafo 3° de la Res. ME 72/92 (aplicable de conformidad con el art. 36 del Dto. 1439/96) establece que: “La SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO deberá emitir el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.) dentro del plazo de NOVENTA (90) días contados a partir de la fecha de presentación de la correspondiente solicitud, caso contrario la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos presentada por el usuario se dará por válida y tendrá carácter definitivo a los efectos del presente régimen”. Que sin embargo, y a los fines de determinar el alcance del artículo citado precedentemente, el art.18 de la Res. 18/92 establece: “A fin de que se haga efectivo lo dispuesto por el Artículo 9º de la Resolucíón M.E y O.S.P. N° 72/92, el interesado deberá intimar por escrito a esta Secretaría cinco (5) días antes del vencimiento del plazo de Noventa (90) días contemplado en el mencionado Artículo 9º, para que se emita el correspondiente certificado. Este plazo se computará a partir de la fecha de presentación de la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos integrada en forma correcta y de que el interesado haya cumplido con todos los requisitos establecidos por la Secretaría de Industria y Comercio.”.
X. Que por ello, corresponde analizar la exigencia tributaria formulada por el servicio aduanero en el art. 4° de la Resolución DE PRLA Nº 2009/13 –apelada en autos-.
Que según el informe Nota Nº 30/13 (SE PRTE) de la Sección Procedimientos Técnicos de fs. 40 de las actuaciones administrativas surge que se consideraron canceladas la cantidad de 25.929,13 kilogramos, por lo que la mercadería considerada en infracción son 14.290,87 unidades de la mercadería importada temporalmente con el DIT en cuestión. En dicho informe, a su vez, se indica que “En cuanto a los P.E. Nros. 02033EC03001793J, 02033EC03001842E, 02033EC03001881H, 02033EC03001882X y 03033EC03031036V no fueron tenidos en cuenta para de descarga de la D.I.T. en trato al no encontrarse en autos copia de los documentos que operaron para su descarga. Situación similar se presenta en el caso de los P.E. Nros. 03033EC03000082A, 03033EC03000094D, 03033EC03000223U, 03033EC03000286G, 03033EC03000518E, 03033EC03000801W, 03033EC03000802A, 03033EC03000819X, 03033EC03001041T, 03033EC03001117A, 03033EC03001250V, 03033EC03001295H, y 03033EC0300001443C, al no constar en su hoja de descarga vinculación alguna con la DIT en trato”.
Que, en concreto, el servicio aduanero tomó en cuenta sólo parcialmente las copias de las reexportaciones parciales realizadas por la firma, las que se agregaron por cuerda a las act. adm. como Anexo, y que no han sido desconocidas expresamente por la DGA, a lo que se agrega que, tratándose de documentos del año 2002 y 2003, venció el plazo de conservación por parte de la DGA.
Que la Solicitud de CTC Nº S01:0099260/03 tipifica la relación insumo producto de mercadería de la PA NCM 3811.21.50. -insumo- para la producción de 9 productos de la PA NCM 2710.19.32 “Aceite lubricante automotriz”, códigos de producto: 1243, 1247, 1249, 1257, 1258, 1264, 1321, 1941 y 1942. La referida solicitud CTC indica la relación insumo/producto (para la elaboración de todos los productos) que para la elaboración de 4.166,67 kgs de producto se requieren 500kgs de insumo, y que por cada 500 unidades de insumo utilizado el porcentaje de pérdida es de 1,5% equivalente a 7,5 unidades.
Que teniendo en consideración lo actuado por el servicio aduanero en el informe obrante a fs. 40 de las act. adm., corresponde realizar la descarga de las aludidas destinaciones de exportación que fueran oficializadas con anterioridad al vencimiento del DIT en trato, aplicando la solicitud de CTC Nº S01:0099260/03 cuya copia obra dentro del sobre de fs. 4 de las act. adm.
Que del análisis de los permisos de embarque a través de los cuales la actora afirma haber reexportado la mercadería considerada en infracción, y de la documentación obrante en autos surge lo siguiente:
Que del análisis de los PE efectuado en la causa, resulta procedente tener por reexportada la cantidad de 14.290,763kg de los insumos documentados con el DIT en trato. Por ello, el saldo sin reexportar es de 0,107kg.
Que, no obstante lo expuesto, en atención a que el valor en aduana de ese saldo sin reexportar es de $0,07, teniendo en consideración la liquidación practicada por el servicio aduanero (ver fs. 41 de las act. adm.), y la insignificancia del monto de los tributos que representan ese saldo sin reexportar, considero que debe dejarse sin efecto el reclamo tributario, por aplicación del principio de bagatela.
Que, en consecuencia, corresponde revocar la resolución apelada respecto de la exigencia tributaria, en atención a lo expresado en el párrafo precedente.
Por ello, voto por:
1. Hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por la actora y declarar prescripta la acción del fisco para imponer penas, por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, en relación a la mercadería ingresada temporariamente mediante el DIT N° 02 001 IT14 005216 V, por la firma “YPF S.A.”, en la Actuación Nº 12197- 15060-2005, arts. 934 y conc. del C.A. Con costas a la D.G.A.
2. No hacer lugar a la excepción de prescripción de la acción del fisco para perseguir el cobro de los tributos relativos al DIT N° 02 001 IT14 005216 V. Sin costas.
3. Revocar el art. 4º de la resolución DE PRLA Nº 2009/13, recaída en la Actuación Nº 12197-15060-2005, con relación a la firma “YPF S.A.”, en los términos de lo indicado en el considerando X., por aplicación del principio de bagatela. Con costas a la D.G.A.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por la actora y declarar prescripta la acción del fisco para imponer penas, por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, en relación a la mercadería ingresada temporariamente mediante el DIT N° 02 001 IT14 005216 V, por la firma “YPF S.A.”, en la Actuación Nº 12197- 15060-2005, arts. 934 y conc. del C.A. Con costas a la D.G.A.
2. No hacer lugar a la excepción de prescripción de la acción del fisco para perseguir el cobro de los tributos relativos al DIT N° 02 001 IT14 005216 V. Sin costas.
3. Revocar el art. 4º de la resolución DE PRLA Nº 2009/13, recaída en la Actuación Nº 12197-15060-2005, con relación a la firma “YPF S.A.”, en los términos de lo indicado en el considerando X. del voto de la Dra. Sarquis, por aplicación del principio de bagatela. Con costas a la D.G.A.
Regístrese y notifíquese. Firme que quede la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Claudia B. Sarquis y Horacio J. Segura, por encontrarse en uso de licencia el Dr. Miguel N. Licht (conf. art. 1162 del Código Aduanero).
Date: 2023.09.23 09:30:23 ART Date: 2023.09.25 08:23:58 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.09.25 08:24:37 -03:00
Fin de la sentencia