Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa Y-854/22-TSJ
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: Y-854/22-TSJ Sentencia N°: 1125 Actor: YPF S.A.
Demandado: PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Fecha: 30/05/23 TOMO XIX -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J.-
REGISTRO Nº 1125 FOLIO Nº 3621/3623 PROT. ELECT. TSS1 012 C.231
Río Gallegos, 30 de mayo de 2023.-
Los presentes autos caratulados: “YPF S.A. C/ PROVINCIA DE SANTA CRUZ S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA”, Expte. Nº Y-854/22-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, a fin de resolver la caducidad de instancia planteada por la Provincia de Santa Cruz, por intermedio del Sr. Fiscal de Estado de la Provincia de Santa Cruz, Dr. Fernando Pablo Tanarro, conjuntamente con la Dra. Paula Analía Hernández (cfr. PE706467-2022).-
Allí afirman, en lo sustancial, que: “...venimos a acusar la caducidad de la instancia en las presentes actuaciones, por haber transcurrido en exceso el plazo previsto por la normativa procesal sin que la actora inste la prosecución del juicio [...] En este caso, la última actuación útil a los fines de dar impulso a las actuaciones fue la providencia PE283781-2022, código de validación 792wzs de fecha 05 de abril de 2022, desde la cual han transcurrido: Del 05/04/2022 al 17/07/2022 (día previo al comienzo de la feria judicial de invierno del corriente año) tres meses y 12 días. Del 01/08/2022 (fecha de reinicio de la actividad al terminar la feria judicial de invierno) al 02/11/2022 tres meses y un día. Ello hace un total de seis meses y trece días sin que la parte actora haya dado impulso a estas actuaciones, lo que evidencia un notable desinterés de la accionante en la tramitación del proceso.” (cfr. PE cit. págs. 1/2).- Corrido el traslado del pedido de caducidad de la instancia, es contestado por la parte actora, por intermedio de su letrado apoderado, Dr. Ángel Jesús Vázquez, quien solicita su rechazo. En dicho escrito manifiesta que su parte se encontraba negociando extrajudicialmente con la parte demandada el pago de la deuda que mantiene con el Estado Provincial y que tal circunstancia interrumpiría el curso de la prescripción (cfr. PE724790-2022).- Argumenta que sólo pasaron trece (13) días desde el vencimiento del plazo de caducidad, por lo que, sobre la base del carácter excepcional del modo de extinción del proceso y dada la gravedad de las consecuencias, solicita que no se haga lugar al pedido de caducidad de la instancia (cfr. PE cit.).-
Destaca que el instituto de la caducidad debe interpretarse de modo restrictivo. Asimismo entiende que, dado el tiempo transcurrido, no se encuentra comprometido el interés público, ni valores vinculados a la seguridad y eficacia de la justicia (cfr. PE cit.).-
Pasan los presentes autos al Acuerdo en PE461131-2022.-
II. Que en primer lugar, corresponde recordar que el artículo 45 del Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo, Ley Nº 2600, prevé que son de aplicación a las causas contencioso administrativas las normas sobre el juicio ordinario establecidas en el Código de Procedimiento Civil y Comercial. Por su parte, el artículo 82 del Código citado en primer término, dispone que en este tipo de proceso regirán, en lo que respecta a la perención de instancia, también las previsiones contenidas en el Código de Procedimiento Civil y Comercial, contempladas en los artículos 288 a 296. Este cuerpo legal establece, para el juicio ordinario, que la misma se producirá cuando no se instare el curso del proceso por un lapso de seis (6) meses, en primera o única instancia (cfr. art. 288, inc. 1º del CPCyC). Asimismo, el artículo 289 de dicho Código señala que los plazos se computarán desde la fecha de la última petición de las partes o resolución o actuación del juez, secretario u oficial primero que tenga por efecto impulsar el procedimiento y correrán durante los días inhábiles, salvo los que correspondan a las ferias judiciales.- De lo expuesto se desprende que el Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo, Ley Nº 2600, establece la aplicación a los procesos contencioso administrativos de las normas previstas por el Código Procesal Civil y Comercial para el juicio ordinario, donde se requiere -como se señaló más arriba- un plazo de seis (6) meses de inactividad para que la caducidad sea declarada en primera o única instancia (cfr. art. 288, inc. 1º del CPCyC).-
III. Que sobre el instituto de la caducidad de la instancia debemos recordar que es doctrina de este Tribunal Superior de Justicia que: “…la perención de la instancia tiene un objetivo bien delineado y ordenador, y la inactividad prolongada que la ley sanciona, confiere a una de las partes el derecho a verse liberada del proceso determinado por el tiempo que la norma prevé, siendo que tal inactividad -resulta harto elocuente de destacar- debe serle imputable a la parte…” (cfr. Sentencia, Tomos VI, Reg. 191, Folio 1030/1032; y XIII, Reg. 457, Folio 2488/2489; Contencioso Administrativo, Tomos XVI, Reg. 1004, Folio 3092/3093 y XVIII, Reg. 1116, Folio 3592/3594).- Asimismo se ha dicho que si bien la caducidad de la instancia -por ser un modo anormal de terminación del proceso- debe ser de interpretación restrictiva, nada impide que concurriendo los presupuestos que la configuran pueda el órgano jurisdiccional declarar operada la perención, puesto que se trata de una institución de orden público (Contencioso Administrativo, Tomos XVII, Reg. 1032, Folio 3212/3213 y XVIII, Reg. 1099, Folio 3529/3532).- Además debemos recordar que en los procesos dispositivos, como el presente, el impulso procesal está puesto en cabeza de las partes (cfr. art. 46 del CPCA, Ley Nº 2600), más allá de algunas actividades que específicamente el Código adjetivo pone a cargo del Tribunal, de allí que le concierne a quien promovió la demanda, realizar la actividad necesaria en procura de la conservación de la instancia y en resguardo de sus derechos. Su inacción demuestra el desinterés en mantener la acción que promovió. No debemos olvidar que la finalidad del instituto de la perención, es evitar que los procesos judiciales permanezcan paralizados indefinidamente en el tiempo. Por ello se ha afirmado que su existencia responde a la necesidad de impedir la subsistencia ilimitada de procesos judiciales cuando el transcurso del tiempo indica una conducta desinteresada de aquel que pretendía el reconocimiento de un derecho, que se presume si no procede a instar el proceso en el plazo legal fijado, conjugándose con el principio de seguridad jurídica que exige otorgarle certeza a las relaciones jurídicas (cfr. TSJ Santa Cruz, fallos cit.).-
IV. Que por lo expuesto, y atendiendo a que el instituto de la perención de instancia, en tanto modo anormal de conclusión del proceso impuesto por razones de orden público, opera cuando se ha abandonado aquélla por inacción del procedimiento durante un determinado lapso previsto en la ley; corresponde, entonces, establecer si en los presentes se verifica el cumplimiento de los plazos que permitan declarar perimida la instancia conforme lo dispuesto por los artículos 288 inciso 1º y 289 del Código Procesal Civil y Comercial, por remisión de los artículos 82, 45 y 22 del Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo, Ley Nº 2600, tal como lo sostiene la parte demandada.-
V. En el sub lite, se advierte que la última actuación que ha tenido por efecto impulsar el procedimiento, fue la providencia PE283781-2022 del 5 de abril de 2022, en donde se ordena librar oficio al Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia de Santa Cruz -Secretaría de Estado de Ambiente-. Así, se verifica que entre la referida providencia y la presentación obrante en PE706467-2022, del 3 de noviembre de 2022, en la cual la parte demandada acusa la perención de instancia, ha transcurrido en exceso el plazo de caducidad establecido por la ley procesal para la presente instancia (cfr. art. 288, inc. 1º del CPCyC, por remisión de los arts. 82, 45 y 22 del CPCA, Ley Nº 2600). Efectivamente se constata una ausencia total de actos de impulso del procedimiento durante el lapso señalado (del 5 de abril de 2022 al 3 de noviembre de 2022). En consecuencia se advierte que el pedido de caducidad de instancia fue formulado por la parte demandada antes de consentir cualquier actuación posterior al vencimiento del plazo de caducidad de acuerdo a lo estatuido en el artículo 293 del CPCyC, por remisión del artículo 82 del CPCA, Ley Nº 2600.- Si bien -como se ha dicho más arriba- la utilización de este instituto debe ser restringida, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado que el criterio restrictivo que debe seguirse en la aplicación del instituto de la caducidad de instancia es útil y necesario cuando existen dudas sobre la inactividad que se aduce pero no cuando aquélla resulta manifiesta (Fallos: 324:160; 329:78; 329:1673; 329:2226; 330:243). El caso de autos no presenta dudas acerca de la inactividad de la actora, por el contrario, la misma resulta en forma patente y manifiesta.- No es óbice para llegar a esta solución, la defensa esgrimida por la parte actora en cuanto afirma que mientras transcurría el plazo de inactividad se encontraba realizando gestiones extrajudiciales, ya que tal extremo, aún de encontrarse probado -la actora ni siquiera ofrece prueba para acreditar sus dichos- no es una causal de interrupción o suspensión del plazo de caducidad.-
Asimismo se advierte que no se presentan en el sub lite ninguno de los supuestos de excepción que contempla el artículo 291 del CPCyC, por remisión del artículo 82 del CPCA, Ley Nº 2600, que pudiera obstar a la declaración de caducidad de instancia.-
VI. Que, en orden a todo lo expuesto y de conformidad a las constancias que surgen de los presentes autos, corresponde hacer lugar al planteo deducido por la parte demandada, Provincia de Santa Cruz, en PE706467-2022 y, en consecuencia, declarar operada la caducidad de instancia en las presentes actuaciones, debiendo imponerse las costas por su orden en virtud de lo dispuesto por el artículo 90 del CPCA, Ley Nº 2600; y diferir la regulación de honorarios del letrado interviniente -por la parte actora- hasta tanto de cumplimiento con las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999).-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
3. Diferir la regulación de honorarios del letrado interviniente -por la parte actora- hasta tanto de cumplimiento con las leyes previsionales y tributarias vigentes.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1012C.231 Tomo: XIX Sentencia: 1125 Folio N°: 3621/3623 Secretaría: 1
Fin de la sentencia