Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 29022-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación interpuesto por YPF SA y, en consecuencia, confirmar la sentencia de fs. 121/127. Con costas por no existir mérito para la dispensa.
2Teniendo presente teniendo la naturaleza, resultado y monto del asunto (cfr. formulario F.4), así como la calidad y eficacia de la tarea profesional desarrollada durante la única etapa procesal cumplida ante el Tribunal Fiscal de la Nación, SE CONFIRMAN los honorarios regulados a fs. 132/134 (cfme, arts. 6, 7, 9, 37 y 38 del arancel de abogados y procuradores, según ley 21.839, modificada por la ley 24.432).
En cuanto a las tareas de alzada que han sido ejercidas con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 27.423, tomando como referencia para efectuar el cálculo de la base regulatoria que debe considerarse en la segunda instancia el valor del UMA vigente al momento de las tareas, 6/06/2018, según la Acordada 13/2018, ponderando la calidad, eficacia y el resultado del recurso, por la labor desempeñada en la contestación del recurso interpuesto por la parte actora (cfr. fs. 169/175) SE ESTEBLECEN los honorarios de la representación y dirección letrada del Fisco Nacional AFIP-DGA, ejercida por la Dra. Paula Gabriela Pescio, en la suma de 341 UMA, que según la resolución CSJN 176/2024, equivalen al momento del dictado de la presente a $13.834.711 (cfr. art. 30 de la ley 27.423, resolución CSJN 176/2024, valor UMA $40.571). …
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
7/2019 YPF SA-TF 29022-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 12 de marzo de 2024.- SH
I. Que mediante el pronunciamiento del 18 de octubre de 2022 la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar al recurso de queja interpuesto por el Fisco Nacional AFIP- DGA, declaró formalmente procedente el recurso extraordinario y revocó la sentencia dictada por la Sala V del fuero el 6 de agosto de 2019, ordenando que los autos vuelvan al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento (cfr. fs. 150 del recurso de queja n° 1, según las constancias del lex100 y fs. 196/198vta. del expediente principal en soporte papel).
Cabe tener presente que el Alto Tribunal consideró que resulta aplicable al caso la doctrina sentada en las causas FSA 8622/2013/CS1, “Chehadi, Mallid c/Aduana La Quiaca s/impugnación de acto administrativo”, y CAF 42372/2018/CA1-CS1, “Rossi, Osvaldo Enrique c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, ambas del 30 de agosto de 2022, en las que –por mayoría, con disidencia del Dr. Rosenkrantz- ha interpretado que cuando la conducta sancionada no se encuentra relacionada con el incumplimiento de una obligación de naturaleza tributaria, no es posible acceder al beneficio de condonación de multas previsto en los artículos 55 y 56, cuarto párrafo, de la ley 27.260 (cfr. consid. 12, causa “Chehadi…”, cit.) y que las multas impuestas en los términos de los incisos b y c, del apartado 1, del artículo 954 del Código Aduanero –cuando la declaración inexacta no resulta apta para generar perjuicio fiscal–, tampoco son susceptibles de ser condonadas como infracciones formales en los términos de lo dispuesto por el artículo 56, primer y tercer párrafo, de la ley 27.260, dado que la conducta enrostrada no constituye un mero incumplimiento de una obligación formal, sino que entorpece o dificulta un objetivo de particular importancia como es el control aduanero (cfr. consid. 15, causa “Chehadi…”, cit.; y consids. 5º y 6º, causa “Rossi…”, cit.). De este modo, revocó la sentencia de fs. 196/198 que, en los términos de la ley 27.260, había tenido por condonadas las multas impuestas en las resoluciones DE PRLA 268, 271, 272, 273 y 274 del año 2010 por considerar a la firma YPF SA incursa en la infracción prevista y penada por el art. 954, apartado 1, inciso c) del Código Aduanero.
II. Que, esta Sala ha quedado desinsaculada para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 135, concedido a fs. 136, contra la sentencia de fs. 121/127, fundado por la expresión de agravios de fs. 139/160, cuyo traslado fuera contestado por el Fisco Nacional a fs. 169/175. Asimismo, para considerar los recursos de apelación interpuestos por altos y por bajos contra la regulación de honorarios de fs. 132/134 (cfr. fs. 138 y fs.162).
En orden a ello, cabe comenzar por dejar sentado que el Tribunal Fiscal de la Nación, por la sentencia del 6 de febrero de 2018, confirmó, con costas, las resoluciones nros. 268/2010, 271/2010, 272/2010, 273/2010 y 274/2010 dictadas por el Administrador de la Aduana de Puerto Deseado en las actuaciones SIGEA nros. 14837-2-2008, 13783-6-2008, 13783-7,2008, 13783-8- 2008 y 12762-125-2006, en las que se impusieron multas en los términos del art. 954, apartado 1, inciso c) del CA.
En ese mismo pronunciamiento ordenó poner en conocimiento lo acontecido y lo resuelto a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos de la Procuración General de la Nación (PROCELAC).
Para así decidir, comenzó por describir lo actuado en los expedientes administrativos referidos y, en seguida, puso de relieve que la firma YPF SA documentó los permisos de embarque 00 019EC01 001037A, 00 019EC01 1882 X, 00 019EC01 0876 K, 00 019EC01 1257 E y 00 019EC01 1473E a fin de exportar para consumo petróleo crudo a granel, clasificable por la posición arancelaria CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 7/2019 YPF SA-TF 29022-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO SIM 2709.00.10.900N, con un precio FOB total de U$S 2.661.167,68, U$S 3.203.640,44, U$S 2.672.303,14, U$S 2.659.904,80 y U$S 2.963.367,41, respectivamente. Refirió que en el contexto de una investigación, el servicio aduanero advirtió posibles diferencias de valor en las destinaciones y desechó el valor documentado en cada trámite por considerar que los valores declarados no resultaban veraces por dos observaciones: (i) la exportación debió haber declarado los importes percibidos por un contrato de SWAP; (ii) los precios declarados resultaron muy inferiores a los del mercado internacional.
Expuso que, a la fecha de las operaciones el exportador se encontraba obligado a declarar, entre otros requisitos, el precio y toda otra circunstancia o elemento necesario para permitir la correcta valoración de la mercadería por parte del servicio aduanero, conforme lo dispuesto por el art. 332 del CA. Puntualizó que esta circunstancia se encuentra reconocida por la recurrente a fs. 60vta., punto iv) de su recurso.
Detalló que, conforme surge de la Nota N° 1510/2005, agregada en cada una de las actuaciones administrativas “…la firma YPF SA estaría declarando ante la AFIP DGA un precio diferente al real que finalmente percibe, según surge de los registros contables de la firma y de los dichos de esta” y, en el mismo sentido, recalcó que en cada una de las corridas de vista se concluye que “… a raíz de la presunta declaración errónea de la firma se habría podido producir un ingreso de divisas diferente al declarado”. Indicó que en los antecedentes administrativos se encuentra agregada la copia certificada de los contratos FOS y SWAP y que, de su cotejo surge que el contrato FOS “Acuerdo de Compra y Venta de Potróleo Crudo”, fue celebrado el 24/06/1998 entre “YPF SA” y “OIL ENTERPRISES LTD.”, por un plazo de 10 años, con el objeto de vender y entregar barriles de petróleo crudo y recibir el pago por adelantado. El precio resulta de la cláusula 2.1 del artículo II VENTA, COMPRA Y ENTREGA. En lo que atañe al contrato SWAP, explicó que fue suscripto el 30/06/1998 entre “YPF SA” y “MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY OF NEW YORK” (MGT), haciendo referencia al petróleo crudo de los tipos y como lo entrega YPF SA de conformidad con el “Acuerdo de Compra y Venta de Petróleo Crudo” entre YPF SA y Oil Enterprises LTD (OEL), firmado por las cartas entre YPF SA y OEL (de fechas 24/06/1998 y 30/06/1998) y el pago de la primera cuota del precio de compra el 30/06/1998, quienes se obligaron al pago de la diferencia entre el precio fijo U$S18.2375 y el flotante.
Al respecto, sostuvo que, de la compulsa de la documental que tuvo a la vista surge de modo incontrastable que las operaciones (en modo idéntico a las celebradas mediante otras destinaciones y que se analizaron en los precedentes que tramitaron en los exptes 25570-A y 26090-A, ambos del 3/02/2017), constituyen operaciones trianguladas, lo cual habilita al servicio aduanero a investigar el precio declarado.
Bajo tal parámetro, puso de relieve que entre el vendedor y el adquirente final del petróleo crudo se interpusieron ventas sucesivas aparentes, en las que intervinieron, por un lado, una sociedad vehículo creada en las Islas Caimán para estructurar las futuras entregas de petróleo de YPF SA con destino a la República de Chile (en los casos involucrados en esta causa) y, por el otro, una entidad financiera que, además de ser la adquirente del petróleo que vendía OIL ENTREPRISES LTD a un precio fijo, resultaba ser la contraparte de YPF SA en el contrato de SWAP de precio de petróleo crudo, en el que se asumía como pagador del precio flotante.
Citó el voto de la Dra. Cora Muso, en el que expuso que “la Aduana no ha aprobado los parámetros para la determinación del valor de la mercadería involucrada en la causa que fuera informada mediante el Expte. 416.972/02” y que “por las circunstancias y condiciones de las operaciones de autos, no se cumple con la noción teórica de valor y condiciones de independencia que debe CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 7/2019 YPF SA-TF 29022-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO reunir la venta en cuanto al valor real de la mercadería contratada entre un vendedor y un comprador independiente uno de otro, ello dado que el precio de transacción convenido con ‘REPSOL YPF’ en el marco de los contratos FOS no resulta ser el único emolumento percibido por la firma en relación a la mercadería exportada en razón de la suscripción del contrato SWAP por el cual recibía la diferencia de precio fijo pactado en el contrato FOS y el internacional de mercado”.
Concluyó que el precio realmente pagado o por pagar por el petróleo que exportaba YPF SA se encontraba conformado también por las sumas percibidas a raíz de los pagos netos efectuados por MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY OF NEW YORK a YPF SA, en el marco del contrato SWAP; de manera que esos pagos integran el precio realmente pagado o por pagar por las mercaderías, toda vez que constituyen una forma indirecta de recibir el precio de mercado que abona el verdadero comprador de las mercaderías, el usuario ubicado en el exterior. Por este motivo, considera equivocado lo manifestado por la actora en el punto v) de fs. 60vta. También citó el voto del Dr. Garbarino, emitido en la causa 29023-A en el que expresó que “tratándose de un commodity, resulta acertado que el servicio aduanero considere la cotización internacional de la mercadería (conf. art. 748, inc. b), del CA), toda vez que no se trata solamente de un caso en el que el precio pagado o por pagar no constituye base idónea de valoración, sino que ese precio tampoco estaba determinado ni era determinable al momento del registro de las declaraciones aduaneras en vista.” En seguida, recordó que la norma de valor en exportación que contiene el Código Aduanero toma en consideración la venta entre un comprador y un vendedor independientes uno de otro en el momento que determinan para cada supuesto los artículos 726, 727 o 729, según correspondiere, como consecuencia de una venta al contado (confr. art. 735 del CA; el subrayado pertenece al voto original, cfr. fs. 125vta.).
Puntualizó que, en la especie, ese momento es el registro u oficialización de la solicitud de destinación (conf. Art. 726 del CA).
Al analizar si esa diferencia, entre lo declarado y lo comprobado, tuvo entidad suficiente como para producir la consecuencia que sanciona el inciso c), del apartado 1 del art. 954 del CA, cuyo texto citó, recordó la doctrina sentada por Alto Tribunal el 11/06/1998 en los autos “Bunge y Born Comercial SA (TF7584-A) c/Administración Nacional de Aduanas” y precisó que “en tanto no existía un importe pagado o por pagar que correspondiere ingresar en virtud de la desregulación del mercado de cambios, el sujeto tenía libertad para disponer de las divisas, ya sea en el exterior, en plaza o bien liquidarlas a través del Mercado Libre de Cambios”. Añadió que “ello no obstante, en virtud de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no procede entender que un régimen de libertad cambiaria implique que las exportaciones no suponen un ingreso desde el exterior para el exportador, independientemente del modo como éste decida disponer, sea en el lugar que fuere, del dinero que recibe (Fallos 321:1614)”.
Por último, luego de dejar sentado que en materia infraccional el código que rige la materia aduanera adoptó el factor de atribución de responsabilidad subjetivo y que el sistema de responsabilidad en materia infraccional gira en torno del cumplimiento de los deberes impuestos por el ordenamiento aduanero, explicó que resulta evidente que YPF SA ha celebrado una serie de negocios jurídicos, en apariencia autónomos, mediante la utilización de una sociedad pantalla que le permitió ocultar el verdadero negocio jurídico, lo cual autoriza a tener por acreditado el elemento subjetivo, desde que la empresa exportadora tenía pleno conocimiento de que aquel declarado como precio en carácter de declaración jurada no resulta ser el precio realmente pagado o por pagar por esas mercaderías. Descartó la aplicación de lo dispuesto en el art. 898 del CA, que fue solicitada por la recurrente.
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7/2019 YPF SA-TF 29022-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO III.- Que, en el memorial de fs. 139/160 YPF SA se agravia de lo así decidido y manifiesta que el Tribunal Fiscal de la Nación arribó a conclusiones equivocadas y que quedará evidenciado en su recurso que no hay perjuicio fiscal ni violación al control de cambios, puesto que al momento de realizarse las operaciones aquí involucradas, año 2000, no había ni derechos de exportación ni régimen de control de cambios.
A modo de introducción, también plantea que demostrará que la sentencia contiene otro error al centrar los argumentos que la sustentan en la determinación del valor de la mercadería, cuando en la época no resultaba pertinente ajustar de manera alguna el importe del precio a un valor de mercado a los efectos e conformar la base imponible, precisamente porque no había derechos de exportación.
Sostiene que si bien no desconoce el principio establecido en el art.1180 del C.A., en el caso bajo estudio, corresponde un nuevo examen de las cuestiones de hecho y prueba pues el organismo jurisdiccional efectuó una apreciación errónea, basada en la premisa falsa de la existencia de ventas sucesivas aparentes, que lo llevaron a concluir que el precio declarado es inexacto, señalando que ese precio debe completarse con el SWAP pero, contradictoriamente, propiciando el ajuste sobre el valor de mercado.
Explica que de las actuaciones surge que: a) YPF concertó un contrato FOS con OEL, comprometiéndose a entregar una cantidad de barriles determinada en un plazo de diez (10) años a un valor unitario de U$S12,727 por barril; b) el crudo exportado era una de las entregas comprometidas en ese contrato y fue facturado a OEL según el documento de transporte y embarcado con destino a la República de Chile; c) YPF suscribió el contrato SWAP con MGT, por el cual se garantizaba a la petrolera la percepción de fondos, en la hipótesis de que el precio de mercado se situase por encima de U$S18,2375 el barril y, por el contrario, lo obligaba (a YPF) a pagar a la contraparte, en caso que el precio fuese menor a ese importe y d) YPF percibió de MGT el reaseguro concertado en tanto el valor de mercado fue superior al valor de corte y e) el cobro financiero no se producía al momento del embarque y por ello no podía ser declarado.
Aduce que no existe ningún elemento que acredite de manera fehaciente que OEL fuese una empresa creada exclusivamente para ese contrato ni que ella u otras empresas compradoras del crudo lo vendieran a MGT para su venta final en el mercado abierto y menos aún la participación de YPF en la supuesta triangulación con el objeto de obtener un beneficio aduanero. Reitera que la sentencia considera que YPF SA en la operatoria de exportación debió declarar el SWAP (en realidad, la cotización internacional que asimila al SWAP) con fundamento en que el art. 322 del C.A. impone al exportador la obligación de declarar toda circunstancia que permita a la Aduana valorar la mercadería para determinar los tributos aduaneros. Recalca que el SWAP no es parte del precio porque no se ha constituido un contrato con el comprador de la mercadería ni se ha concertado como condición de venta de aquélla. Analiza que sólo debe adicionarse si se comprueba que resultaba un cobro indirecto. Dice que el art. 735 del C.A. establece que para determinar el valor imponible debe considerarse el valor FOB y el art. 742 del C.A. en su inc. a) dispone que una venta efectuada entre un vendedor y un comprador independientes uno del otro es una venta en la que especialmente se cumplen determinadas condiciones, y en cuanto aquí interesa, el pago del precio de la mercadería constituye la única prestación efectiva del comprador.
Repite que la única prestación que ha percibido de parte del comprador de la mercadería está constituida por el precio de venta concertado en el contrato FOS y efectivamente percibido al inicio de la transacción, por lo que surge evidente que la declaración de precio formulada al documentar los permisos de embarque fue real y CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 7/2019 YPF SA-TF 29022-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO veraz y se concretó en un todo de acuerdo a la disposición contenida en el art. 322 del C.A.
Explica que el cobro que eventualmente pudiera percibir su parte en función del contrato SWAP no forma parte del “precio de venta” acordado entre el vendedor y el comprador de la mercadería y por tanto no debe ser declarado como parte del precio.
Manifiesta que el comprador del crudo ha pagado a su parte únicamente el precio acordado, producto de la negociación comercial concertada y dada la modalidad comercial pactada (contrato a 10 años vista). Es decir que, su parte no tiene un cobro extra ni recibe una contraprestación extra por parte del comprador, que permita inferir un cobro indirecto.
Esgrime que la inclusión del precio percibido o abonado en función del contrato financiero SWAP, celebrado con una persona jurídica distinta y que ninguna relación guarda con el comprador de la mercadería, transgrede el principio de legalidad tributaria consagrado en el art. 18 de la C.N.
Señala que el importe percibido, según la cotización internacional del crudo, en función del contrato SWAP, no es un cobro indirecto de conformidad con las arts. 735 y 742 del C.A., por lo tanto se ha efectuado una interpretación analógica de las normas tributarias materiales.
Desde otra perspectiva, razona que si el SWAP no era parte del precio y no debía ser declarado como tal, ¿con qué fines debía declararse? Al respecto, argumenta que, en el caso en examen, al momento de suscribirse el contrato de venta FOS (año 1998) no existían los derechos de exportación. Tampoco había control de cambios para los ingresos de SWAP. Es decir, que al momento de cerrar tanto el contrato de venta FOS como al concluir el contrato de SWAP, ambos en el año 1998, su parte no tuvo en cuenta, ni cuestiones cambiarias, ni arancelarias aduaneras pues no había derechos, ni obligación de ingresar divisas. Recalca que no obtuvo beneficio alguno con su accionar, puesto que no eludía su ingreso al mercado cambiario (pues podía no ingresar las divisas) ni pagaba derechos de exportación por menor cuantía (porque no había arancel vigente).
Puntualiza que dada la importancia patrimonial, los contratos antes aludidos fueron incluidos en las notas a los balances de YPF SA, balances que fueron acompañados a la AFIP en las sucesivas declaraciones anuales de impuestos de YPF SA, por lo que la AFIP ha estado expresamente informada de la existencia de dichos contratos y de su significación, y en ningún momento ha cuestionado el encuadre jurídico que surge de dichas notas, ni los resultados que por ambos contratos declaró YPF SA. Asimismo, indica que YPF SA presentó ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) y ante la Security and Exchange Commission (SEC), sus balances con las notas antes referidas, en cumplimiento de sus obligaciones como entidad emisora y cotizante.
Agrega que, tan pronto como se establecieron derechos aduaneros a la exportación, YPF SA advirtió que el precio de venta (concertado en 1998) podía no resultar un valor imponible adecuado para determinar los tributos a abonar por cada exportación. Por ello, mediante la presentación realizada en el expediente nro. 416.972/02 su parte puso en conocimiento de la Aduana la modalidad de venta anticipada detallada.
Alega la imposibilidad fáctica de declarar el SWAP al momento de formular la declaración aduanera. Explica que, en ese instante, el precio no estaba determinado ni era determinable puesto que los precios se determinan por periodos mensuales según surge del contrato respectivo. Agrega que tampoco existía un campo predeterminado para declarar la inclusión del SWAP, por lo que su conducta no resulta punible.
Indica que la multa se ha determinado con una base imponible alternativa, dado que conforme lo CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 7/2019 YPF SA-TF 29022-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO ha explicado, lo que surge del contrato SWAP y los cobros que han sido asentados, los importes cobrados por YPF SA no representan exactamente la diferencia entre el precio FOS y la cotización internacional, dado que el importe de este instrumento financiero se determinaba por mes. A la fecha de la declaración cuya inexactitud se cuestiona no estaba determinado y reitera que, por lo tanto, no podía ser declarado.
En cuanto a su responsabilidad, afirma que la conducta no merece reproche alguno porque la adecuación objetiva se construye por la falta de declaración del precio percibido por el SWAP y repite que no es parte del precio, además de que fácticamente era imposible declarar por lo que mal puede reprocharse la omisión de declaración. Respecto de la responsabilidad subjetiva señala que tampoco hay culpa, pues se trató de operaciones reales y concertadas con empresas independientes, que fueron declaradas en el balance de la empresa y puestas en conocimiento de la AFIP y la Comisión Nacional de Valores. Destaca nuevamente que por intermedio del seguro financiero no obtuvo ventajas frente a la Aduana porque no había derechos de exportación ni control de cambios vigente.
Solicita que se admita su recurso de apelación, que se deje sin efecto la sentencia apelada y que se revoquen las resoluciones aduaneras.
IV. Que, preliminarmente, es necesario advertir que este tribunal de alzada no se encuentra obligado a seguir al apelante en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone a su consideración, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; v. también esta Sala in re “CPACF- Inc Med (2-III-11) c/ BCRA Comunicación “A” 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/11; “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/8/14, “Laham, Alberto Elías c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/15; “Araujo Medina Alexander Javier c/ EN –M Interior OP y V-DNM s/ recurso directo DNM”, del 27/4/18; “Martínez, José Domingo y otros c/ EN-M° Seguridad -PSA- s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg.”, Causa Nº 48697/2017, del 25/11/20; “Cargill SACI c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa N° 55388/2019, del 18/10/22, entre otros).
V. Que en este orden de ideas, es adecuado recordar que, en consonancia con lo previsto en el artículo 1180 del Código Aduanero, no cabe rever en esta instancia las cuestiones fácticas planteadas en la instancia anterior, atento la limitación con que ha sido previsto por la ley el recurso que se intenta (cfr. CSJN, Fallos: 300:985 y esta Sala, in re “Schmid, Walter Edmundo”, del 26/10/84; “Procter & Gamble Soc. Col (TF 19609-A) c/ DGA”, del 21/9/06; “Baxter Argentina SA TF 34662-A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 16/12/20, entre otras). Es decir que, por principio, no cabe revisar en esta instancia cuestiones atinentes a la valoración de los elementos fácticos en los que el Tribunal Fiscal de la Nación ha fundado su decisión, en virtud de lo normado por el citado artículo 1180 del Código Aduanero, puesto que está reservada a dicho tribunal la apreciación respecto de la prueba y su suficiencia, salvo que mediara error de magnitud suficiente en esa ponderación, supuesto en el que cabría apartar la aplicación de aquél principio (cfr. CSJN, Fallos: 300:985; esta Sala, in re “Welding Argentina SA (TF 17821-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 6774/2015, del 15/12/16; “Holgado, Alejandra Marcela TF 26455-A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 37638/2017, del 4/10/18; “Novartis Argentina SA (TF 28664-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 5609/2016, del 21/6/19; “Procesadora de Boratos Argentinos SA (TF 30115-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 3084/2020, del 5/5/21; “Paraná SA de CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 7/2019 YPF SA-TF 29022-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Seguros (TF 38231-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 10/2019, del 22/7/22 y “Gargiulo, Antonio Bartolomé (TF 40091-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 27458/22, del 27/12/22, entre muchos otros).
VI. Que, para la configuración del hecho ilícito descripto en el artículo 954 del Código Aduanero, es necesario que la Aduana acredite la concurrencia de los elementos tipificantes que enuncia esa norma, es decir que exista un declaración aduanera que difiera con el resultado de la comprobación física o documental que hace el servicio aduanero, que esta diferencia tenga entidad para pasar inadvertida a la Aduana y también para generar alguna de las consecuencias previstas en los incisos a), b) y c) de la norma.
Concretamente, en el caso del inciso c) se sanciona a quien formulare una declaración que difiera de lo que resulte de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produzca o pudiere producir el ingreso o egreso, desde o hacia el exterior, de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere.
Esta Sala al dictar sentencia el 6 de octubre de 2021, en la causa 44028/2019 “Maltería Pampa SA c/DGA” ha desarrollado una interpretación de la infracción prevista en el inciso c) del apartado 1 del art. 954 del CA, en los términos que se reproducen textualmente enseguida.
“La interpretación del tipo infraccional en trato, debe llevarse a cabo recordando la consolidada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según la cual la primera fuente de interpretación de la leyes su letra, la misión judicial no se agota con ello, pues los jueces no pueden prescindir de la intención del legislador y del espíritu de la norma (Fallos: 327:5295 y el allí citado). En el mismo sentido ha sostenido que no puede soslayarse que por encima de lo que las leyes parecen decir literalmente, corresponde indagar lo que dicen jurídicamente, y si bien no cabe prescindir de las palabras, no resulta adecuado ceñirse rigurosamente a ellas cuando así lo requiera una interpretación razonable y sistemática (Fallos: 291:181; 293:528; 327:5649), ni es aceptable ajustarse estrictamente a una singular pauta gramatical en desmedro de la racionalidad de la norma (Fallos: 330:2892 y el allí citado).”
“En particular, el Alto Tribunal ha expresado que las normas impositivas no deben necesariamente entenderse con el alcance más restringido que su texto admite, sino en forma tal que el propósito de la ley se cumpla (Fallos: 243: 204), y aun cuando rija a la proscripción de la aplicación analógica o extensiva de la ley -como ocurre en el ámbito del derecho penal y tributario-, ello no excluye una exégesis que esclarezca la voluntad del legislador, a fin de que ella se cumpla de manera razonable y discreta (Fallos: 182:486; 232:254; 237: 33; 239: 367; 252: 139; 254: 362; 256: 277; 326: 2987). Lo propio resulta predicable respecto de las normas aduaneras, que integran el Derecho Federal.”
“Asimismo, reiteradamente ha afirmado que en la tarea de interpretación de las leyes la primera regla es dar pleno efecto a la intención del legislador (Fallos: 308:1745; 312:1098; 313:254; 328:293; 330: 1855 y 2892; 334: 1027) y, en este sentido, el Alto Tribunal ha puntualizado que la exposición de motivos de las normas constituye un valioso criterio interpretativo acerca de la intención de sus autores (Fallos: 318:1894, todos citados en CSJN, causa 306. XLIX. San Juan SA (TF 29974-I) c/ DGI” del 27/10/15).”
“Al Derecho Aduanero le interesa tutelar siempre el mismo bien jurídico y he aquí, paradójicamente, su simpleza y su mayor dificultad. Ya sea en el terreno de los delitos o de las infracciones, el bien jurídico tutelado incesantemente gira en torno a la afectación del debido control aduanero; dicho de otro modo, la CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 7/2019 YPF SA-TF 29022-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO infracción o el delito quedan configurados cuando se burla ese control sobre el ingreso o egreso de mercaderías desde o hacia un territorio aduanero. En el Código Aduanero la figura de “las declaraciones inexactas y otras diferencias injustificadas” constituye hoy la principal infracción aduanera.”
“Ahora bien, al repasar la historia, nos topamos con que el derecho aduanero, las finanzas públicas y el derecho tributario han estado entrelazados desde el origen de la nación. La ley 9, del año 1862, fue sancionada junto con la Ley de Presupuesto, de manera que mientras la primera garantizaba los ingresos de la renta nacional, la segunda definía el destino de la recaudación de la Aduana, institución previa al nacimiento de la República. Las leyes de aduana se dictaban anualmente en el siglo XIX. En su tesis doctoral, y con la claridad con la que habitualmente expone, Horacio Félix Alais, explica que “Las leyes aduaneras dictadas durante las presidencias de Mitre y de Sarmiento trataron de favorecer la producción de productos locales del interior del país. Ese esquema se mantuvo hasta la presidencia de Avellaneda, durante la cual se comenzó a generar un librecambio moderado, tendiente a desarrollar efectivamente al país, labor que cristaliza en su modernización durante la primera y la segunda presidencia del general Julio A. Roca. En este campo del desarrollo y de la modernización del país, las leyes de aduana tuvieron una influencia total, ya que constituyeron el mecanismo de obtención de recursos genuinos de financiación del moderno Estado argentino” y en la nota al pie, aclara que “como consecuencia del alto endeudamiento que tuvo durante el siglo XIX la joven Nación Argentina, con motivo de la falta de recursos para afrontar la deuda estatal, el Gobierno pudo obtener financiación adicional al dar como garantía real la recaudación de aduana” (ver Horacio Félix Alais, “LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO ADUANERO, Teoría general y aplicación a la problemática de la infracción de declaración inexacta”, Universidad Austral, Buenos Aires, 2006, página 87).”
“El Derecho Infraccional Aduanero nace adoptando criterios de otras disciplinas. Las Ordenanzas de Aduana de 1876 de Cristóbal de Aguirre (Ley 810, B.O. 30/09/1876, promulgada el 5/10/1876) tomaban del sistema de responsabilidad civil de la doctrina francesa, la concepción de atribuir a los propietarios de las mercaderías la responsabilidad por el hecho de sus dependientes (criados, servidores, agentes) para afrontar el pago de derechos, confiscaciones, multas y gastos (ver artículos 1027 y 1028 de las Ordenanzas de Aduana de 18761). Esto guardaba cierta coherencia con la idea -hoy abandonada- de un sistema de responsabilidad objetiva, asimilable al derecho tributario, desde que el organismo estaba concebido como recaudador de tributos destinados a incrementar el tesoro nacional para cumplir fines de interés público. Entre sus seis secciones, dedicaba una a “la penalidad y sus consecuencias” y a los “procedimientos para la aplicación de penas”.”
“Este primigenio cuerpo normativo era incompleto y, progresivamente, de manera desordenada, tuvo que ser completado, generando aclaraciones, textos específicos que previeron atenuantes, eximentes, agravantes, modificaciones que condujeron a la necesidad de redactar textos ordenados, que permitieran verificar la vigencia de las normas dado el carácter eminentemente penal que tenían aquellas que establecían sanciones (ver modificaciones de los años 1923 -ley 11.281- reagrupada y 1 Artículo 1027: ―Todo comerciante, fabricante, consignatario, capitán de buque, lanchero, dueño de carros y otras personas que por su comercio o profesión tengan relaciones con las aduanas serán responsables de los hechos de sus empleados, dependientes, obreros, domésticos u otras personas asalariadas por ellos, en cuanto esos hechos sean relativos a las operaciones de aduanas y puedan perjudicar a la renta‖. Mientras que el artículo 1028 decía: ―En el caso de fraude o contravenciones en que los comerciantes y demás personas expresadas en el artículo anterior, sostuviesen para su justificación que el fraude o la contravención ha sido cometido por sus dependientes o empleados, sin su conocimiento, incurrirán, a pesar de su ignorancia del hecho, en la multa impuesta a la contravención o fraude; quedándole sin embargo su derecho a saldo para recurrir ante la autoridad correspondiente contra el que causó la pena‖.
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7/2019 YPF SA-TF 29022-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO reordenada en 1941, 1956, 1962, 1965; leyes 12.949, 14.391, 16.690).”
“El primer antecedente patente de la infracción en trato que hay en nuestro sistema se halla en la Ley de Aduanas (t.o. 1962), en cuyo artículo 166 establecía una pena para los responsables de consignar falsas anotaciones en los libros o documentos, o a quien los alterara o destruyera, o que incurriera en falsedad en los informes que proporcione o que se niegue a suministrarlos, o impida o entorpezca el accionar de la aduana. El art. 167 introducía el concepto de “las falsas declaraciones” (ver también arts. 168, 169, 170, 171 y 171 bis). El art. 186 se ocupaba específicamente de las “falsas declaraciones en exportación”. La técnica legislativa estaba ligada a la operatoria aduanera, al detallar las operaciones y destinaciones en las que se podía incurrir en la falsedad. Antes de la ley 17.138, estas “falsas manifestaciones” daban lugar a sanciones, sin importar el efecto que pudiesen generar.” “La preocupación por la declaración inexacta que genera un ingreso o egreso de importes distintos desde o hacia el exterior, quedó explicitada por el legislador a partir de la ley 17.138. En la Exposición de Motivos de esa norma (B.O. 13/11/1972) se incluyó un especial propósito del Estado para impedir las transferencias clandestinas de divisas o la defensa del patrimonio que representan los mercados externos para el país, aun cuando no hubiese perjuicio fiscal.”
“Al respecto, cabe tener presente que esta Sala (en una composición anterior a la actual) analizó las motivaciones que dieron lugar a las reformas introducidas por las leyes 17.138 y 19.881, abonando una interpretación amplia de las normas, en el mismo sentido que fue luego explicitado en el voto de la minoría de un célebre plenario del Tribunal Fiscal, al que en seguida se hará referencia. Al respecto, esta alzada explicó que “la reforma a la ley 19.881 tuvo por fin perfeccionar en especial los problemas de sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones, lo que no es lo mismo que determinar que estas situaciones serían las únicas incriminadas. En este sentido el mensaje que acompaña específicamente destaca el hecho de que la repartición aduanera solía concentrar sus esfuerzos en detectar los fenómenos inversos (párrafo 3), que quedan así implícitamente reconocidos como punibles. De modo corroborante, al tratar el párrafo 11 las manifestaciones de exportación, se indica que ya existe una protección contra las subfacturaciones -problema que se tendía a solucionar- aunque para perfeccionar dicha protección se incorporaron diversas modalidades de diferencias punibles (párrafo 12), de lo que no se sigue que con el nuevo texto se excluyan las consecuencias represivas de las sobrefacturación de exportaciones” (cfr. esta sala “RAMGRAS S.A.C.I s/recurso de apelación”, causa 21.573, sentencia del 15 de diciembre de 1989, considerando II).”
“Amplió el tribunal que “en rigor, de acuerdo con la norma nueva establecida por la ley 19.881 (art. 171), esa sobrefacturación podía provocar tanto una diferencia de cantidad (inc. a), como de naturaleza, especie o calidad de la mercadería (inc. c) o en los importes percibidos o por percibir (inc. b) (…) pero nada se dice en ese texto, como en el anterior previsto por la ley 17.138, para entender que la norma del inciso b) del art. 171, según el texto de la ley 19.881, impide contemplar otro supuesto que el de subfacturación de exportaciones.” (Considerando III, “RAMGRAS” ya citado).” “En seguida, retomando las cuestiones que aquí más interesan, sostuvo que “precisamente esa misma conclusión se extrae del hecho de no haberse indicado en el mensaje de la ley 19.881, la supuesta intención de reformar la finalidad que tenía la anterior ley 17.138, es decir, la de preservar, aun en ausencia de perjuicio fiscal ‘algo muy importante, como es el patrimonio que para el país representan sus mercados externos, tradicionales y nuevos. Aquí conviene aclarar que no se trata de que el CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 7/2019 YPF SA-TF 29022-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO mismo hecho constituya más de una infracción, sino que ésta puede ser simple o calificada’ (párrafo 11, punto 3°, parte pertinente). (Ver considerando IV, “RAMGRAS” ya citado).”
“Con relación a la exposición de motivos de la ley 22.415, la Sala precisó que “si tales eran los objetivos que se desprenden de los mensajes de las leyes 17.138 y 19.881, más contundente resulta la expresión de motivos del Código Aduanero, capítulo séptimo, de la que resulta que la nueva fórmula (art. 954) tiende a evitar la extensión y confusión de las anteriores, brindando un tipo único que ordene los arts. 167 y 171 de la Ley de Aduana en la medida en que la declaración provoque alguno de los efectos previstos” (ver considerando V, “RAMGRAS”, ya citado).” “El Código Aduanero, en el art. 954, abandonó la expresión “precio”, reemplazándola por el “ingreso egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que correspondiere” y distinguió las declaraciones inexactas punibles, no ya por la casuística (de escabrosa interpretación) vinculada a la operatoria y las características de cada situación, sino que previó tres efectos que se deben producir como condición de punibilidad: el perjuicio fiscal, la transgresión a una prohibición y/o el ingreso o egreso desde o hacia el exterior de un importe pagadero distinto del correspondiere.”
“Respecto de esto último, “importe que correspondiere”, cabe retener que al momento en que fue sancionada la ley 22.415 se hallaba vigente el decreto 2581 de 1964, que estableció el “MERCADO UNICO DE CAMBIOS” fundado en “La necesidad de dictar medidas tendientes a evitar el distorsionamiento del mercado de divisas y consecuencialmente del valor de nuestra moneda, provocado por factores ajenos al libre juego de la oferta y la demanda reales, como desde hace tiempo se advierte” y con la finalidad de “dictar aquellas medidas que, además, permitan la satisfacción de los requerimientos necesarios para la atención de los compromisos en moneda extranjera, asumidos tanto por los particulares como por el Estado u organismos oficiales, sin que ello encarezca incontroladamente el costo de otros requerimientos en divisas”. La norma, de manera similar a otras que la sucedieron, fijaba la obligatoriedad de ingresar al país y negociar en el mercado único de cambio el contravalor en divisas de la exportación de productos nacionales, hasta alcanzar su valor F.O.B. o C.I.F., según el caso (art. 1°) y de “toda suma ganada en moneda extranjera a favor de un residente en la República Argentina” (art. 2°). A su vez, prohibía la salida de país de billetes extranjeros, excepto las sumas que autorizan las presentes disposiciones a llevar consigo a los viajeros (art. 9°).”
“Según los vaivenes de nuestra joven historia, la obligatoriedad de “ingresar un importe pagadero que correspondiere” fue derogada y restablecida de acuerdo a las políticas adoptadas en cada época. Así, por el decreto 530/91 se desreguló el mercado cambiario, lo cual permitió, entre otras cuestiones, operar desde el exterior para obtener los insumos a importar; mientras que por el decreto 1606/2001 fue implementada nuevamente la obligación de negociar las divisas en el país ante la necesidad y la urgencia suscitadas en plena crisis financiera.”
“Fue en el contexto histórico del decreto de desregulación del mercado cambiario que el Tribunal Fiscal de la Nación en pleno en la causa “YPF S.A. c/ANA Causa 7346-A”, sentencia del 23 de agosto de 1995, concluyó por mayoría que la consecuencia prevista en el inciso c), referido al ingreso desde el exterior de un importe pagado o por pagar, distinto del que efectivamente correspondiera a partir de la fecha de vigencia del Decreto 530/91, carece del presupuesto relativo al incumplimiento de un deber legal, consistente en ingresar el importe de las divisas que correspondan, ya que, en la normativa vigente, no corresponde ingresar suma alguna, por lo cual no puede configurarse un CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 7/2019 YPF SA-TF 29022-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO indebido ingreso de divisas. Es decir, en épocas de desregulación el vendedor exportador no tiene obligación de ingresar total o parcialmente la contraprestación recibida de parte de importador extranjero. En sentido contrario, cuando rige un Mercado Único de Cambios, el exportador debe satisfacer las obligaciones cambiarias en las condiciones que fije la autoridad competente. De hecho, el art 7 de la ley 21.453 -B.O. 5/11/1976- establece que “para las operaciones de exportación que se realicen dentro del régimen de la presente ley, el ingreso de divisas y su negociación se regirá por las normas del Banco Central de la República Argentina”.”
“Una breve referencia resta efectuar respecto de las dos corrientes dicotómicas que han emergido en la jurisprudencia y la doctrina aduanera al comentar el primer artículo del Capítulo Séptimo “Declaraciones Inexactas y Otras Diferencias Injustificadas” en ocasión del decreto 530/91. Por un lado, una postura propiciaba la derogación de esta norma. En cambio, la posición contraria consideraba que este tipo infraccional debía ser mantenido con la finalidad de sancionar las manipulaciones de precios y la fuga de divisas en ocasión de operaciones aduaneras. Más concretamente la sobrefacturación en importaciones y la subfacturación en exportaciones.”
“La justificación de propugnar su derogación comenzó, de manera explícita, a raíz del decreto que dejó sin efecto la obligación de ingresar y negociar en el mercado de cambios el contravalor en divisas de la exportación de productos y que también eliminó la refrendación bancaria de los permisos de embarque. Esta tesitura se basa en que la finalidad de la norma es exclusivamente la protección del régimen de control de cambios. Desde ese atalaya, un año antes del decreto 530/91 exponía Enrique Barreira que la inclusión del inciso c) implicó “una pequeña incursión en funciones ajenas que constituye la excepción que confirma la regla y no autoriza a extender la competencia del servicio aduanero al control operativo de los aspectos cambiarios que involucra cada embarque” (cfr.
Barreira Enrique, “La función de la aduana y la negociación de divisas”, Revista de Estudios Aduaneros, año I, nro. 1, enero 1990, IAEA; Buenos Aires, páginas 33 y ss). Por su parte, Jorge Celso Sarli, en las Conclusiones de su trabajo “El alcance de la declaración inexacta ‘punible’ en la figura del inciso c) del apartado 1 del art. 954 del Código Aduanero”, publicado en la Sección Doctrina de la revista de Estudios Aduaneros, nro. 4, IAEA, Buenos Aireas, páginas 43 y ss., se preguntaba “si no había llegado el momento de derogar la norma del inciso c) del art 954 del Código Aduanero”, puesto que “[A]nte lo establecido por el Decreto 530/91, es evidente que es legítimamente posible ingresar cualquier importe por la exportación -por ejemplo ingresar un importe menor al del valor correcto de la mercadería-, tanto como lisa y llanamente no ingresar ningún importe”.
A dicho argumento, cabe anudar otros, vinculados a cuestiones de técnica legislativa, que aluden a la superposición de normas. En este sentido, esta corriente plantea que el tipo infraccional se encuentra alcanzado por el Régimen Penal Cambiario (t.o. 1995) y agrega que también se superpone con el contrabando tipificado en el art. 864, inciso b) del CA y considera que, en función de esta yuxtaposición normativa, debe extirparse de la ley 22.415 la infracción que pena la declaración inexacta referida al ingreso o egreso de divisas “distinto del que efectivamente correspondiere”. De este modo, el marco legal que plantean consiste en que la declaración inexacta del art. 954 del CA, en épocas de desregulación cambiaria, solo quedaría acotada a las diferencias que pudiesen generar -aun en grado de hipótesis- un perjuicio fiscal (inciso a) y a aquellas que pudieren producir la transgresión a una prohibición (inciso b).” “La posición contraria, quedó desarrollada -en el plano jurisprudencial- por los vocales de la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación, en los votos concurrentes del Gustavo Krause Murguiondo y de las Dras.
Catalina García Vizcaíno CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 7/2019 YPF SA-TF 29022-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO y Paula Winkler, en “Nidera Sa c/Administración Nacional de Aduanas s/Apelación”, expte 7247-A, el 7 de marzo de 1995. Algunos referentes de la doctrina aduanera también propiciaron la plena efectividad de la norma para sancionar los supuestos de subfacturación en exportaciones (ver, por ejemplo, Krause Murguiondo y Patricia Rodríguez, “La infracción por declaración aduanera inexacta y la sanción del decreto 530/91, Revista Impuestos N° 7, La Ley, Buenos Aires, julio de 1995, p. 1615 y siguientes).” “Con una gran profundidad analítica, el Dr. Krause Murguiondo en el considerando IX de su voto expresó: “(…) en la ley de Aduana (t.o. 1962), a partir de las reformas de la ley 16.690, las declaraciones falsas se penaban por el mero hecho de su falsedad, aunque se regulara la pena según posibles efectos (…) se consideraba que la Aduana no podía con su intervención dar visos de legalidad a una operación falsa o errónea, de mayor o menor cantidad de valor (…).
Pero también se estimaba que la legislación aduanera debía contribuir al cumplimiento de cualquier otra legislación que pudiera verse afectada por las declaraciones en aduana, como podría ser la legislación impositiva interna. (…) Que en el mensaje de elevatoria al P.E. de la ley 19.881 se mencionan otras motivaciones adicionales, vinculadas a las declaraciones erróneas y su punición. Al mencionarse en especial el caso de las subfacturaciones, refiere que se quieren evitar las ventajas ilegítimas (…), pero además se pretende paliar (…) la evasión de normas impositivas internas (como impuesto a las ganancias, por ejemplo) (…). Debo de observar (…) que la ley 19.881 no cambió la esencia del sistema punitivo de las declaraciones aduaneras de exportación sino (…) intentó perfeccionarlo de modo que las declaraciones aduaneras seguían siendo penadas por falsas, y no meramente por sus efectos, que solo influían en la magnitud de la pena (…) XI.- (…) Se puede afirmar que el Código Aduanero confirma y ratifica lo expresado.
Según la Exposición de Motivos (…) el art. 954 (…) tiene a evitar la extensión y confusión de las anteriores, brindando un nuevo tipo que ordene los arts. 167 y 171 de la ley de aduana (…). El hecho de que desaparecieran las referencias a modalidades de (…) valor de las normas anteriores, no significa que esas diferencias no queden alcanzadas por las sanciones previstas cuando pudieran dar lugar al efecto previsto en el inciso c) del art. 954, ap. 1, es decir cuando pudieren dar lugar a ingresos o egresos distintos de los que realmente correspondieren”.”
“En igual sentido, la Dra. Catalina García Vizcaíno expuso, en el considerando III de su voto concurrente “Que el antecedente del art. 954 ap. 1 inc. c) del C.A. se halla en la ley 19.881, siendo que la Nota al Poder Ejecutivo que acompañó su proyecto (ver en el BO: 13.11.72 páginas 4 y 5) se expresaba que ‘uno de los problemas que ha merecido principal preocupación es el de las sobrefacturaciones en las operaciones de importación y de las subfacturaciones en las de exportación, ello debido a que, en general, la repartición aduanera suele concentrar sus esfuerzo en detectar, justamente, los fenómenos inversos. (…) Las situaciones más expuestas a estos comportamientos son aquellas en que el costo fiscal aduanero directo, por los restantes tributos, derivados de la sobrefacturación, es insuficiente para contrarrestar las ventajas ilegítimas que pueden proporcionar (…) la evasión de la imposición interna directa, (…).
Es decir, aparte del daño que se inflige en forma directa a la Nación (…), también se produce un perjuicio directo en el sistema fiscal (…). Paralelamente, la misma clase de inquietudes motiva la revisión de las disposiciones que reprimen la falsa manifestación de exportación.’ (…) a tenor de la interpretación histórica expuesta la sanción (…) por declaración inexacta (…) tutela la veracidad de las declaraciones. (…) Que tales maniobras producían o podían producir (…) consecuencias que se proyectan en ámbitos de la tributación no aduanera (vgr., la imposición interna directa, (…) como lo es la imposición a la renta y al patrimonio (…). Que en la sentencia (…) inferí que la finalidad del CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 7/2019 YPF SA-TF 29022-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO art. 954 ap. 1 inc. c) ‘en materia de exportaciones es penar la subfacturación, puesta de manifiesto por documentar menos de lo que se exporte, con lo cual parte del precio de venta quedaría en el extranjero…’ (…).
Va de suyo que en cuanto a la exportación directa en estos momentos cobra especial importancia que parte del precio de la venta quede en el extranjero, a efectos del debido contralor por parte de la Dirección General Impositiva. Que nótese que la subfacturación en las exportaciones puede incidir en que los exportadores disminuyan ficticiamente las ganancias que declaren posteriormente ante la Dirección General Impositiva, siendo estas de fuente argentina -cfr. art. 8º inc. a de la ley del impuesto a las ganancias-, y si queda parte de ellas en el exterior generan, a su vez, ganancias de fuente extranjera (vgr. intereses) que son gravadas en nuestro país (“renta mundial” respecto de residentes) y que pueden no declararse ante el fisco argentino, con la consiguiente fácil evasión”.” “En línea con la dificultad para interpretar la norma infraccional y con la resistencia que ésta presenta para un sector de la doctrina, tampoco estuvo exenta de severas críticas y hartos debates teóricos -que se mantienen hasta la actualidad-, la sentencia del 11 de junio de 1998, dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Bunge y Born Comercial S.A.
(TF N° 7584-A) c/Administración Nacional de Aduanas”, en la que sentó las pautas interpretativas respecto del bien jurídico tutelado en la infracción prevista en el artículo 954 del Código Aduanero.” “En los casos “Frigorífico Rioplatense S.A.” (Fallos 315:942 del 12/05/92); “SUBPGA” y “Bunge y Born” (Fallos 321:1614, del 11/06/98) ha sostenido el Cimero Tribunal que el bien jurídico tutelado mediante el art. 954 del Código Aduanero es el principio de veracidad y exactitud de la manifestación o declaración de la mercadería que es objeto de una operación o destinación de aduana, al entender que en la confiabilidad de lo declarado mediante la correspondiente documentación reposa todo un sistema dirigido a evitar que al amparo del régimen de exportación o importación, en su caso, se perpetren maniobras que lo desnaturalicen o perviertan (Fallos: 321:1614 y sus citas).
Y, más recientemente, dijo que la función primordial del organismo aduanero consiste en "ejercer el control sobre el tráfico internacional de mercaderías", para lo cual no puede resultar indiferente la fiscalización de la correspondencia entre los importes emergentes de las declaraciones comprometidas por quienes actúan en dicho ámbito y los atribuibles a las operaciones efectivamente realizadas”, agregando que “el inc. c, ap. 1° del art. 954 de la ley 22.415 debe ser apreciado desde esa amplia perspectiva, que se vincula y guardan coherencia con el ejercicio del poder de policía del Estado (Fallos: 322:355, considerando 6°; el subrayado no pertenece al original). Por ello, interpretó que el inciso abarcaba tanto a las diferencias en más como en menos, ya sea que se trate de destinaciones de importación o de exportación (Fallos: 321:1614; 322:355; doctrina reiterada, a su vez, en Fallos: 325:786).” “En el precedente de Fallos 325:786 ha precisado que “Así, el aludido artículo, en su primer apartado, sanciona a quien efectuare ante el servicio aduanero ‘una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir: ... c) el ingreso o el egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere’, con una multa de 1 a 5 veces el importe de la diferencia.”
“Más cercano en el tiempo, y referido a un supuesto de egreso de divisas en importación, ha reiterado las premisas que sirven de sustento a esta doctrina en el fallo “Río Chico SA (TF 29.758-A) c/DGA”, sentencia del 23 de septiembre de 2014, para concluir que en ese caso no se encontraba configurada la infracción.”
VII. Que ahora bien, como resultado de la medida para mejor proveer dispuesta el 7 de noviembre de 2023 es CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 7/2019 YPF SA-TF 29022-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO factible corroborar que todas destinaciones de exportación documentadas en autos fueron tramitadas en un periodo en el cual no regía un control de cambios, tal como lo afirma la parte actora en la expresión de agravios para argumentar que al existir no una obligación de ingresar “el importe que corresponda” no puede quedar configurado el tipo infraccional del inciso c) del art. 954, ap. 1, del CA.
Este argumento no resulta atendible desde la hermenéutica amplia que mantiene esta Sala respecto de la infracción de declaración inexacta, cuyo bien jurídico tutelado es el principio de veracidad y exactitud de la declaración aduanera, con la finalidad de reprimir a quien acuda a maniobras que desnaturalicen o perviertan el régimen de importación y de exportación (cfr. CSJN “Frigorífico Rioplatense S.A.”, Fallos 315:942 del 12/05/92; “SUBPGA” y “Bunge y Born” (Fallos 321:1614, del 11/06/98).
El art. 954, apartado 1, inciso c) del CA dispone que corresponde aplicar una multa a la declaración inexacta que conlleve a la posibilidad de producir “el ingreso o el egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere”.
El término “ingreso” se refiere a la contraprestación que recibe el exportador por la venta de la mercadería. En el texto literal, la norma alude a “importe pagado o por pagar”. No se encuentra incluido el término “divisas” que provengan de una operación de exportación y que deban ser liquidadas dentro de un plazo determinado en el mercado de cambios. De modo que no resulta determinante para su configuración que se encuentre vigente o derogada alguna norma cambiaria que regule el mercado de divisas. Por el contrario, en un sentido más abarcador, resulta determinante el negocio comercial/contable/financiero pergeñado por los diversos sujetos que intervienen en la operatoria comercial internacional de los cuales resulta el real ingreso para las empresas exportadoras.
Las consecuencias de declarar un ingreso distinto tiene la aptitud de producir efectos perniciosos, fiscales y extra-fiscales, tales como una disminución de la base imponible del impuesto a las ganancias y una distorsión de los activos de una empresa, entre otros.
En este sentido, Krause Murguiondo y Patricia Rodríguez, autores de “La infracción por declaración aduanera inexacta y la sanción del decreto 530/91” (ya citado), explican que “no puede ceñirse el alcance del art. 954, 1), c) como destinado a reprimir determinadas maniobras cambiarias, sino que es razonable entender sus alcances en correlación con las normas que obligan a valorar correctamente las mercaderías (ley 23.311, art. 735 y correlativas del Código Aduanero) y con aquellos mecanismos que aceptan las correctas valoraciones como antecedentes de otras operaciones. La finalidad cumplida por la norma en trato tampoco puede considerarse ajena a la necesaria complementación con las normas relativas a estadísticas del comercio internacional, dumping, etc. en materia aduanera, o con otras que forman parte de la legislación impositiva, de abastecimiento, identificación de mercaderías, etc., las que (…) fueron positivamente tenidas en cuenta cada vez que se legisló en materia de infracciones aduaneras falsas o erróneas”.
Por consiguiente, aun cuando las operaciones involucradas en autos datan de un periodo en el que regía un mercado cambiario desregulado, de comprobarse una inexactitud susceptible de afectar el ingreso del importe que correspondiere con el alcance explicitado, resulta vigente y aplicable la infracción prevista en el art. 954, apartado 1, inciso c) del CA, por lo que corresponde rechazar el agravio expresado por la parte actora en este sentido.
VIII. Que en lo atinente a la materialidad de la conducta reprochada, en las resoluciones DE PRLA 268, 271, 272, 273 y 274 del año 2010 (dictadas en las actuaciones 14837-2-2008, 13783-6-2008, 13783-7-2008, 13783-8-2008 y 12762-
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
7/2019 YPF SA-TF 29022-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO 125-2006, respectivamente), que fueran confirmadas por el Tribunal Fiscal de la Nación, la División aduanera de Puerto Deseado expuso que el caso involucra una negocio jurídico internacional complejo que se integra con –al menos- cinco transacciones, a saber:
(i) una venta a futuro de petróleo (Forward Oil Sale, FOS) por parte de YPF SA a las firmas del exterior OIL TRADING CORP (OTC) y OIL ENERPRISES LTD (OEL), ambas constituidas según las leyes de las Islas Caimán a un precio fijo de U$S18 el barril convenidos en tres contratos diferenciados, con entregas programadas –mensuales- a 7 y 10 años respectivamente. El pago total de la mercadería fue adelantado por las empresas importadoras por la suma de U$S 680.000.000 a razón de USS 14 el barril (U$S 13,16 a OEL y U$S 14,35 a OTC). Conforme ha sido reconocido por YPT FS, queda determinado un precio fijo por barril cuyo monto resulta de la división entre el monto recibido como pago y la cantidad de barriles a exportar mensualmente.
(ii) un contrato SWAP celebrado entre YPF SA y la firma MORGAN GUARANTY TRUST OF NEW YORK (en adelante MGT), por medio de la cual se fija el precio del barril de petróleo en U$S18, para asignar en lo sucesivo riesgos que dependerán de la cotización internacional del producto. YPF asume el riesgo ante una cotización internacional menor al precio de corte SWAP fijado, obligándose a abonarle a MGT la diferencia existente entre ambos montos y, de su lado, MGT asume el riesgo de abonar a YPF SA dicha diferencia en caso inverso, es decir, que la cotización internacional sea mayor al precio de corte SWAP pactado. De este modo, siempre se asegura a YPF SA la percepción de los montos de las exportaciones al precio de la cotización internacional, que corresponde al WEST TEXAS INTERMEDIATE (WTI) CRUDE OIL PRICE.
(iii) La tercera operación involucrada consiste en un contrato de venta futura del petróleo entre las empresas importadoras OTC y OEL a MGT.
(iv) A su vez, OTC y OEL emitieron obligaciones negociables a largo plazo (note due o structured export notes), por las que obtuvieron fondos de inversores por U$S 715.000.000, de los cuales U$S 680.000.000 fueron destinados a la compraventa anticipada de petróleo descripta en el punto 1, contratos FOS, para el pago a YPF SA. (v) Las obligaciones financieras que debían pagar a los inversionistas tenedores de dichos títulos ser realizó por medio de un fideicomiso cuyo fiduciario (trustee) es el Royal Bank of Canada Trust Co (Cayman) LTD. De modo que la emisión de estos bonos se hallaba respaldada por la obligación de YPF SA de proveer petróleo a las firmas emisoras (OTC y OEL), quienes a su vez, revenden en el petróleo a MGT y también se hallaba garantizada por la obligaciones de MGT de abonar el precio de la última venta al fiduciario (trustee), quien cumpliría el rol de efectuar el pago de los tenedores de las obligaciones financieras.
Desde el inicio la inexactitud de las declaraciones ha sido descripta en la Nota (DE FIAD) 1510/2005 (cfr. folios 2/4 de las actuaciones 14837-2-2008, 13783-6-2008, 13783-7- 2008, 13783-8-2008 y 12762-125-2006, respectivamente) en el sentido que “la declaración jurada efectuada por REPSOL YPF en el OM 1993/2 SIM, en las destinaciones que compromete operaciones realizadas bajo el amparo de contratos FOS, no respondería a la verdadera operación comercial efectuada, entendiendo que en el campo 10 “PRECIO” del formulario en cuestión se consignaron respuestas que no responderían a la realidad de lo comercialmente convenido tal como se desprende de las respuestas brindadas en las siguientes preguntas del mencionada OM:
10.c. ¿Existen cobros indirectos percibidos o por percibir?” se indicó que NO, lo que se contrapone con lo expresado en la fotocopia del anexo XI, que se agrega, donde la firma asevera que en el contrato SWAPS se acuerda una cobertura de previo con un trader que le aporta cobros indirectos en caso todos los casos, CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 7/2019 YPF SA-TF 29022-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO sumado a la fecha de cobros por más de U$S 1.000 millones que no han sido declarados en las destinaciones de exportación oficializadas ante la DGA.
10.e. ¿Incluye descuentos por nivel o cantidad? La respuesta brindad es negativa y de acuerdo a lo expresado a fs. 32 del refoliado del cuerpo III RYTTSA de la OI 2711/1 la empresa YPF indica que la diferencia entre el precio pactado en el contrato y el precio netamente comercial y no financiero, remarcando a fs. 33 del mismo cuerpo que los agentes intervinientes de la AFIP-DGI concluyen sobre dicho descuento ‘que el mismo seria de orden financiero’; independientemente del origen del mismo, el descuento no se manifiesta en el formulario de la declaración jurada de los elementos relativos al valor.
10. g) ¿Este envío es parte de una venta mayor convenida? Se indica que ‘NO’, respuesta inteligible ante una venta que comprende compromisos pactados a varios años de provisión de crudo, rubricando al pie de dicha declaración con firma y sello de la firma del asunto.
En esta nota inicial, la División de Control destacó que los incumplimientos, falta de información y anomalías diversas han hecho imposible el control de las destinaciones de exportación de petróleo crudo y que jamás fue informada ni declarada la realidad de las operaciones efectuadas bajo esta modalidad, resultando que en los balances exhibidos los asientos de los excedentes cobrados no están asentados como resultados positivos consecuencia de operaciones financieras de la División Derivados de instituciones traders de crudo, sino como “ajustes de exportación”.
En efecto y a modo de ejemplo de lo que acontece en los cinco expedientes administrativos que se tienen a la vista, de la compulsa de las actuaciones 13783-6-2008 (ref SIGEA 12052-574-2005) surge que la exportación para consumo E001-001882- X fue documentada el 6/12/2000, en la Aduana de Puerto Deseado, siendo el exportador YPF SA y el importador Oil Enterprises Ltd, con domicilio en la República de Chile, correspondiente a la factura pro forma la 0088-0004146. En los campos 9 y 10 de la declaración de los elementos relativos al Valor de Exportación el documentante respondió que “no” a todas las preguntas allí formuladas. Entre ellas, contestó por la negativa a las preguntas “(a) ¿existe vinculación entre comprador y vendedor en el sentido que dispone el CA art 742?” y “(g) ¿este envío es parte de una venta mayor convenida?”, pese a que en el sumario manifestó que “En el caso puntual que nos ocupa, se trata de una operación de exportación sustentada en un contrato de venta de crudo. La peculiaridad de este contrato de compraventa radica en que su ejecución por parte del vendedor (entrega de crudo vendido) se hará sucesivamente, mediante entregas parciales, a lo largo de un determinado plazo. El precio se pagó en su totalidad en el momento en que se perfeccionó el contrato” (cfr. folio 38vta. de las actuaciones administrativas).
En la sentencia de fs. 121/127 el Tribunal Fiscal de la Nación concluyó que la actora sí tenía la obligación de declarar el precio y toda otra circunstancia o elemento necesario para permitir la correcta valoración de la mercadería por parte del servicio aduanero, conforme lo dispuesto por el art. 332 del CA.
Sin embargo, en la expresión de agravios de 139/160 la actora insiste en manifestar que el SWAP no era parte del precio y que no debía ser declarado como tal, con fundamento en que no le traía ningún beneficio omitir su declaración dado que en el año 1998 no existían derechos de exportación y que tampoco había control de cambios. Además, expuso que no podía declararse porque al ser determinado por periodos mensuales según surge del contrato respectivo no conocía el SWAP al momento de la declaración.
Estas argumentaciones tampoco merecen ser admitidas como eximentes de la inexactitud comprobada, en la medida en que a lo largo de los sumarios infraccionales ha quedado CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 7/2019 YPF SA-TF 29022-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO demostrado que existieron una serie de negocios concatenados que influyeron en el ingreso, entendido como la contraprestación que recibió la firma exportadora por la venta internacional de petróleo crudo. A todo evento, respecto de estos tres argumentos opuestos por la parte actora cabe apuntar, en primer lugar, que la circunstancia de que al momento de las operaciones no hayan estado gravadas con derechos de exportación carece de relevancia en el caso por no haber sido imputado el tipo previsto en el inciso a) que sanciona el perjuicio fiscal.
Por lo demás, el valor de la mercadería objeto de una exportación debe ser declarado ante el servicio aduanero, incluso cuando no estuviere gravada tal como lo manda el art. 750 del CA. En segundo término, resulta conveniente recordar que el punto referido a la ausencia de control de cambios ya ha sido desestimado más arriba y, en tercer orden, como se verá enseguida, la invocada imposibilidad de declarar los montos que eran calculados mensualmente según lo convenido en el contrato SWAP no releva a la exportadora de su obligación de “declarar el precio y toda otra circunstancia o elemento necesario para permitir la correcta valoración de la mercadería por parte del servicio aduanero” (cfme art. 332 del CA).
Por contrario, pudo haber instado la alternativa de concretar una declaración de “precios revisables”, acudiendo a una regulación operativa prevista para casos singulares, declarando un valor provisorio obligándose a declarar el posterior valor determinado en función de la cotización internacional WTI y del precio de corte previsto en el SWAP, similar a la especie que ha sido regulada por la Administración Nacional de Aduanas anteriormente (ver resoluciones 3499/1979 y 2068/1986, entre otras) y descripta por Francisco Mario García en los artículos “Precio revisable en exportación”, Revista Guía Práctica del Exportador e Importador nro. 402, junio 1990, p XLVI y “Exportaciones en consignación y con precios revisables”, Revista de Estudios Aduaneros nro. 3, 1991, p.27.
Lo determinante del caso es que esta estructura negocial garantizaba a YPF SA la percepción de un precio cercano a la cotización internacional del crudo, en vez de un precio fijo por barril muy inferior como fue declarado.
Afirma la actora que no se encuentra fehacientemente acreditado que OEL vendiera petróleo crudo a MGT para su venta final en el mercado abierto y menos aún la participación de YPF en la supuesta triangulación con el objeto de obtener un beneficio aduanero. Sin embargo, en las actuaciones administrativas ha sido de especial ponderación lo informado por el Departamento Operaciones Internacionales – Dirección Asesoría Técnica – Subdirección General de Fiscalización (cfr. folios 77 de las actuaciones administrativas 14837-2- 2008, providencia que orden agregar los informes técnicos evacuados en la actuación SIGEA 12762-125-2006, SC 019-2005-20), en el sentido que “… el negocio se integra cuanto menos por las siguientes transacciones:
“… una venta a futuro de petróleo (forward) entre Y.P.F. S.A. y las firmas del exterior OEL y OTC…” (Oil Enterprices Ltd. y Oil Trading Corp) “… a precio fijo de U$S 18 el barril …” (U$S 18,2375 y U$S 18,38 el barril, respectivamente). “… Se celebran respectivamente dos contratos con entregas programadas a 7 y 10 años…”. “… Y.P.F. S.A. recibe la suma de U$S 680 millones (U$S 680.573.876) “…en carácter de pago adelantado, a razón de U$S 14 el barril…” (U$$ 13,16 por barril de OEL y U$S 14,35 por barril de OTC).” “…Conforme explica la firma… el monto recibido como pago dividido la cantidad de barriles comprometidos permite determinar un precio fijo por barril…”. Como puede apreciarse YPF S.A. ha utilizado una tasa de descuento para realizar las quitas por pago anticipado en los contrato de venta futura de petróleo celebrados con OEL y OTC.
“… un contrato de SWAP celebrado entre YPF S.A. y la firma Morgan Guaranty Trust of New York (MGT). Mediante este instrumento se fija el precio del barril de petróleo en U$S 18… (U$S 18,2375 y U$S 18,38) “… -o precio de corte SWAP-. A partir de allí se asigna riesgos. Si el precio del mercado -en cada entrega- supera dicho importe, MGT CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 7/2019 YPF SA-TF 29022-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO se compromete a abonar la diferencia a YPF S.A., si el barril cotiza por debajo de U$S 18…” (U$S 18,2375 y USS 18,38) “…es YPF S.A. quien debe pagar a MGT…” “… La rubrada…” (YPF S.A.) explica el porqué de esta contratación de la siguiente manera……En el caso particular de las operaciones celebradas con las firmas OTC y OEL, por tratarse de operaciones a largo plazo cobradas por adelantado en las cuales se establecerá el embarque de una cantidad fija de barriles a futuro durante 7 a 10 años, entre las condiciones que ambas firmas plantearon figuraba que la misma se hicieran a un precio fijo. YPF S.A. aceptó esas condiciones, e inmediatamente firmó con el Morgan Guaranty Trust Company of New York un contrato de cobertura sobre esta operaciones a fin de que pasaran a esta sujetas a precio flotante.”.
“… un contrato de venta futura (forward) del petróleo por parte de las empresas OTC y OEL a MGT…”
“… la emisión de Obligaciones Financieras a largo plazo – “notes due” o “structured export notes” (SEN)- con rendimiento del 6,467 % y 6,209 % respectivamente…”. “…En la colocación internacional de las “notes due” interviene como “under writer” la entidad financiera J.P. Morgan & Co, integrante del mismo grupo económico que MGT…”. “… El pago por parte de MGT de las obligaciones financieras emergentes de las aludidas “notes due” a los inversionistas del exterior - es decir a los tenedores de los títulos- en sus respectivos vencimientos, se realiza a través de un fideicomiso cuyo administrador financiero (trustee) es el Royal Bank of Canadá Trust Co (Cayman) Ltd…” “La consultora internacional ‘Standard & Poor’s’, … “explica que las ‘notes due’ emitidas por OEL están colateralizadas por los derechos de esta a recibir cada mes un precio fijo por una cantidad fija de petróleo y también por la obligación de quien le adquiere el petróleo a OEL (es decir, MGT)” … “de efectuar el pago del importe correspondiente por cada compra, al ‘trustee’, en beneficio de los tenedores de las ‘notes due’…”.
“Sin perjuicio de que el ‘swap de commodities’ en principio es un instrumento financiero dirigido al control de los riesgos derivados de la volatilidad de los precios del mercado, en el negocio internacional cuyo análisis nos ocupa, constituye el medio financiero por el cual YPF SA se asegura con MGT –adquirente del petróleo a OTC y OEL-, que como consecuencia de la operación de venta a futuro sólo desembolsará U$S 18 por barril, sea que dicho valor coincida con el precio de mercado al momento de la entrega de crudo o que deba integrar la diferencia cuando el aludido precio fuese inferior”.
“tanto YPF SA como OTC y OEL realizan en forma complementaria –pero no desvinculadas- diversas operaciones…” En primer lugar, OTC y OEL en su rol de financistas de YPF SA obtienen ‘fondeo’ o liquidez en el exterior mediante la emisión de obligaciones financieras ‘notes’ las cuales se colocaron en un fideicomiso localizado en “Gran Cayman” el cual es administrado por Royal Bank of Canadá Trust Co Ltd.”
“Dichas “notes” tienen calificación ‘Aaa’ por parte de la calificadora internacional Moody’s –U$S 315 millones- y de ‘AAA’ por Duff & Phelps Credit Rating co. –U$S 400 millones- lo cual las convierte en una inversión sumamente atractiva”.
“Por un lado, las ‘notes’ emitidas por el binomio OTC-OEL y colocadas entre inversores internacionales por el Royal Bank of Canadá Trust Co Ltd. Como fiduciario del fideicomiso localizado en “Gran Cayman” se encuentra colateralizado –es decir garantizado- por la venta de los barriles de petróleo a MGT por parte de OTC y OEL (quienes a su vez los recibieron de YPF SA)”.
Por el otro lado, MGT, quien adquiere el petróleo de OTC y OEL y asegura el precio a través de un swap con YPF SA cancela mensualmente las ‘notes’ emitidas por aquéllas, es decir, procede a su amortización”.
Todos estos datos constituyen indicios que no pueden sino ser interpretados teniendo en cuenta que la CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 7/2019 YPF SA-TF 29022-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO operatoria fue instrumentada por entidades domiciliadas en las jurisdicciones de baja o nula tributación y fiscalización. Como consecuencia, resulta un panorama con numerosas aristas, complejo y bien distinto al sugerido por la exportadora, quien en todo momento sostiene de forma lineal que la única operación que debe considerarse es la venta de petróleo para la exportación de YPF a OEL, por ser la única contraprestación recibida, cuando ha quedado demostrado que lo contrario.
El perito contador designado en los sumarios que involucran las operaciones de exportación 00 019EC01 001037A, 00 019EC01 1882 X, 00 019EC01 0876 K, 00 019EC01 1257 E y 00 019EC01 1473E informó un ingreso a la cuenta que YPF SA tenía en el Chase Manhatan Bank, Sucursal de Nueva York de U$S 299.967.289,60, del día 30/06/2008 como pago pactado en el contrato FOS II, celebrado el 24/06/1998 con Oil Enterprises Ltd. Dicho pago fue registrado y contabilizado como “Cuenta Anticipo de Clientes”. En el Anexo I del informe se encuentra detallado los precios por barril, los cuales según expuso la empresa coinciden con las facturas presentadas en cada uno de los permisos de embarque que allí se enuncian. El Anexo II detalla los importes percibidos por YPF SA provenientes del Morgan Guaranty Trust Company en virtud de los contratos de SWAP y el Anexo III refleja los importes totales percibidos por YPF SA por cada una de las operaciones.
Para determinar si la actora debía declarar estas circunstancias resulta especialmente relevante que el experto en la respuesta al punto 7, referido al “Valor real percibido por YPF SA con motivo de las operaciones de exportación involucradas en cada uno de los sumarios contenciosos instruidos ante ésta División (ciñéndose exclusivamente a las operaciones objeto de análisis pericial) incluyendo montos provenientes de las firmas Oil Enterprices Ldta., como así también del Morgan Guaranty Trust Company.
Individualizando, de ser posible, los ingresos provenientes en cada una de las operaciones involucradas”, observa que “la empresa le ha dado a las operaciones sujetas a la pericia, tanto a los embarques de petróleo y sus respectivas facturaciones, como a los depósitos calculados como las diferencias de los valores de mercado y el precio fijado en los contratos FOS más /menos comisiones provenientes de operaciones SWAP el mismo tratamiento contable, es decir, son consideradas como ganancias e ingresadas a la cuenta Ventas de Petróleo al Exterior.” (cfr. folio 114 de la actuación 13783-82008/2, el subrayado pertenece al informe contable original).
El art. 332 del CA –según el texto vigente al momento de las exportaciones y, por consiguiente, aplicable al caso de autos, anterior a la reforma según el art. 14 de la ley 25.986- disponía que “1. La solicitud de destinación de exportación para consumo debe formalizarse ante el servicio aduanero mediante declaración escrita. 2. La declaración a que se refiere el apartado 1 debe indicar, además de la destinación solicitada, la mención de la posición de la mercadería en la nomenclatura arancelaria aplicable así como la naturaleza, especie, calidad, estado, peso, cantidad, precio, lugar de destino y toda otra circunstancia o elemento necesario para permitir la correcta clasificación arancelaria y valoración de la mercadería de que se tratare por parte del servicio aduanero”.
Las circunstancias subyacentes del acto jurídico de la venta/exportación han sido expuestas por la parte actora en ocasión de realizar la consulta que tramitó por el expediente ADGA 416.972/02, además de encontrarse suficientemente detalladas en los antecedentes de autos y en la presente y debieron haber sido incluidas en su declaración aduanera a fin de exteriorizar la realidad del precio percibido con motivo de las operaciones.
El precio transaccional de la venta de petróleo crudo a OEL declarado en el campo “valor mercadería” de los permisos de embarque documentados por YPF SA así como la información consignada en el formulario OM19993/2 SIM “Declaración CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 7/2019 YPF SA-TF 29022-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO de los elementos relativos al Valor de Exportación”, resultan manifiestamente inexactos y constitutivos de un supuesto de subfacturación, que autoriza a concluir que la empresa actora ha incurrido en el tipo que sanciona la infracción de declaración inexacta por el ingreso al país –real o potencial- de un importe en concepto de precio de la exportación diverso del que hubiera correspondido. De manera que resulta acertada la actividad por la cual la autoridad administrativa aduanera descartó el precio declarado (convenido en el contrato FOS) como base idónea de valoración en aduana y consideró inexactas las declaraciones por las que se documentaron las destinaciones de exportación.
IX. Que a similar conclusión ha arribado la Sala II del fuero al dictar sentencia en los expedientes 73028/2018 y 22.913/2023, ambos “YPF SA c/DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo”, del 15/10/2019 y del 24/10/2023, respectivamente, al afirmar que “el contrato SWAP no constituye un acuerdo celebrado con un tercero ajeno al negocio comercial -como alega la recurrente- en tanto como bien surge de una apreciación conjunta de la operatoria, forma parte integrante de ella, y por lo mismo mal puede ser considerado un contrato aislado y sin vinculación alguna con la operación de venta a futuro de una materia prima (petróleo), habida cuenta que la rentabilidad de la venta deviene incierta en función de la inestabilidad de los mercados y la volatilidad de los precios, frente a lo cual el mencionado contrato SWAP, garantiza que el vendedor obtenga en definitiva un precio acorde a los valores de mercado. Cabe tener presente, que lo decidido en el expediente 73028/2018 se encuentra firme como consecuencia de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 18/10/2022, por aplicación del art. 280 del CPCCN. En cambio, la sentencia dictada en el expediente 22913/2023 el 28/11/2023 que, en cuanto aquí interesa, denegó el recurso extraordinario interpuesto por la parta actora, ha sido objeto del recurso de hecho que tramitan ante el Alto Tribunal mediante el expediente “RECURSO QUEJA Nº 2 - YPF SA-TF 32814-A C/ DGA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”, actualmente en trámite.
X. Que, por último, solo resta examinar los agravios por los que la parte actora cuestiona la valoración, con base supletoria, que ha sido efectuada en las resoluciones apeladas a los efectos de graduar las multas, en función de la cual ha sido calculada la diferencia entre el precio fijo declarado y la cotización Platts del día anterior a la oficialización de cada exportación, informada por la Sección Fiscalización de Exportación, de conformidad con lo dispuesto por el art. 748 inciso b) del CA.
Recordemos que su planteo sobre este aspecto, esencialmente, consiste en que, del cotejo entre el contrato SWAP y los cobros que han sido asentados contablemente e informados en la certificación contable, surge que los importes cobrados por YPF SA no representan exactamente la diferencia entre el precio FOS y la cotización internacional, dado que los montos de este instrumento financiero (que insiste no debían ser declarados) se determinaban por mes, lo cual hacía imposible su declaración.
En el gráfico que se inserta a continuación queda ilustrada la diferencia resultante entre acudir a un método u otro para calcular la diferencia entre lo declarado y el “ingreso que correspondiere”, a los efectos de graduar la cuantía de las multas aplicadas.
despacho valor FOB importe Valor diferencia folio y de declarado en SWAP cotización entre valor actuación de exportación US$ (peritaje fo internacional FOB la Sección 119) – declarado y de cotización Fiscalización internacional Exportación $2.658.212,13 $2.662.132,27 $6.408.991,84 $3.750.779,67 64 vta. SA19- 2005-020 1473E SIGEA 12762-125-
2006 $2.659.904,80 $1.797.736,87 $5.488.261,22 $2.828.356,42 18vta. SA19- 2005-21 1257E SIGEA 13783-8-2008 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 7/2019 YPF SA-TF 29022-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO $2.672.303,14 $1.580.368,02 $5.583.296,06 $2.910.992,92 18vta. SA19- 2005-22 876K SIGEA 13783-7-2008 $2.661.167,68 $2.126.334,54 $5.777.456,01 $3.116.228,33 18vta. SA19- 2005-24 1037A SIGEA 13783-2-2008 $2.656.050,59 $1.259.632,63 $4.971.348,33 $2.315.297,74 18vta. SA19- 2005-26 1882X SIGEA 13783-6-2008 TOTAL $9.426.204,33 $14.921.655,08 La controversia suscitada en la especie no es de naturaleza tributaria sino que exclusivamente finca en el aspecto sancionatorio, como consecuencia de la infracción que pena los efectos distorsivos para el Estado Federal que acarrea la subfacturación en exportación. Las normas que conforman un sistema de valoración en exportación incluidas en el Código Aduanero, Sección IX – “Tributos regidos por la legislación aduanera” A, Título I “Especies de Tributos”, Capítulo Sexto “Derechos de Exportación” tienen una finalidad regulatoria ligada al aspecto tributario, al definir el “valor imponible” para posibilitar el cálculo de los derechos de exportación.
Bajo este cometido tributario aduanero, los artículos 735 a 744 conforman un sistema y su interpretación requiere de una integración sin aislar sus disposiciones en detrimento de las normas que corresponde concordar.
El artículo 735 del CA define la noción de “valor imponible” al establecer que “Para la aplicación del derecho de exportación ad valorem, el valor imponible de la mercadería que se exportare para consumo es el valor FOB en operaciones efectuadas por vía acuática o aérea y el valor FOT o el valor FOR según el medio de transporte que se utilizare, en operaciones efectuadas por vía terrestre, entre un comprador y un vendedor independientes uno de otro en el momento que determinan para cada supuesto los artículos 726, 727 ó 729, según correspondiere, como consecuencia de una venta al contado.”
El código que rige la materia adopta la noción teórica de valor. En efecto, la citada norma halla su fuente en el artículo I de la Definición de Bruselas que definía al valor en aduana como “el precio normal; es decir el precio que se estima pudiera fijarse para estas mercancías, en el momento en que los derechos de aduana son exigibles, como consecuencia de una venta efectuada en condiciones de libre competencia entre un comprador y un vendedor independientes entre sí”.
Las condiciones que debe reunir la venta para que se considere “efectuada entre un vendedor y un comprador independientes uno de otro” están previstas en el art. 742 del CA que, en cuanto aquí interesa, supedita la independencia a las siguientes situaciones: “a) el pago del precio de la mercadería constituye la única prestación efectiva del comprador; b) el precio convenido no está influido por relaciones comerciales, financieras o de otra clase, sean o no contractuales, que pudieran existir, aparte de las creadas por la propia venta, entre el vendedor o cualquier persona de existencia visible o ideal asociada con él en negocios, por una parte, y el comprador o cualquier persona de existencia visible o ideal con él asociada en negocios, por la otra; ...”.
Vale puntualizar, una vez más, que ha quedado demostrado que mediante la andamiaje contractual y financiero descripto, YPF SA, de manera concatenada y ligada a las exportaciones, morigeró los riesgos y garantizó la percepción de precios próximos a la cotización internacional mediante el SWAP celebrado con MGT mientras que con las entregas de los barriles de crudo respaldó el flujo de fondos para atender a las obligaciones emergentes de los due notes emitidos, lo cual autoriza a concluir que el precio declarado no constituye la única prestación efectiva del comprador. A lo antedicho, cuadra añadir que el precio convenido con las importadoras chilenas, CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 7/2019 YPF SA-TF 29022-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO esto es el “precio de transacción”, estaba indefectiblemente influido por el extenso plazo de 7 y 10 años (que por aquél entonces superaba lo usual en esta clase de contratos celebrados conforme el International Petroleum Exchange), por el pago adelantado y por la entrega de barriles a un precio fijo, de manera que es razonable concluir que si YPF SA no hubiese aceptado las condiciones propuestas por Oil Enterprises Ltd. (OEL) el precio hubiese sido otro distinto o la venta a futuro de petróleo (Forward Oil Sale, FOS) no se hubiese celebrado, frustrando también la reventa del cruda de OEL a MGT, el fideicomiso y la emisión de los títulos que posibilitaron la inversión que solventó la venta anticipada inicial de toda la estructura.
En el art. 745, complementario del art. 735 del Código Aduanero, aclara que “El objeto de la definición del valor imponible es permitir, en todos los casos, el cálculo de los derechos de exportación sobre la base del precio al que cualquier vendedor podría entregar la mercadería que se exportare, en los lugares a que se refiere el artículo 736, como consecuencia de una venta efectuada entre un vendedor y un comprador independientes uno del otro. Este concepto tiene un alcance general y es aplicable haya sido o no la mercadería que se exportare objeto de un contrato de compraventa y cualesquiera que fueren las condiciones de este contrato”.
Ante la desestimación del valor declarado, como acontece en la especie desde el momento que ha sido descartado el valor resultante de los contratos FOS (cfme. art. 742, en especial incisos a) y b) del CA), el sistema de valoración del Código Aduanero previsto en el art. 748 autoriza a acudir a otros métodos alternativos de valoración, entre ellos, “el valor obtenido a partir de la cotización internacional de la mercadería, tomando en consideración las modalidades inherentes a la exportación”.
Este método concuerda con el contenido en el art. 56 apartado I de la Ley 17.319, Ley de Hidrocarburos, que también referido al régimen fiscal establece que “En caso de exportación de hidrocarburos, su valor comercial a los efectos de este artículo se fijará en cada oportunidad sobre la base del precio real obtenido por el concesionario en la exportación, o, de no poder determinarse o no ser razonable, fundándose en precios de referencia que se establecerán periódicamente y para lo futuro sobre bases técnicamente aceptables”.
Si partimos de la premisa de considerar que la mercadería involucrada cotiza internacionalmente, que la fórmula de cálculo pactada entre privados en el SWAP tiene por objeto morigerar la volatilidad propia de los precios de ese mercado proporcionando la cobertura del riesgo de precio, sumado a que el contrato entre YPF SA y MGT implica un reconocimiento que el real precio que era objeto de la garantía era una aproximación –mediante una fórmula que incluía un precio de corte- al fijado internacionalmente, resulta acertado acudir a las bases previstas en el art 748 del CA a fin de determinar la cuantía de la diferencia que arroja la retribución percibida por las operaciones al momento del registro de cada embarque (cfme. art. 726 del CA), siendo la valoración que más se adecúa al caso de autos la prevista en el inciso b), aun cuando ha quedado clarificado que la finalidad de esa norma es la correcta valoración de la mercadería a los efectos de arribar a una liquidación de los tributos aduaneros, pues la cotización internacional es método que habitualmente sirve de parámetro para el mercado del petróleo crudo.
A su vez, no es un dato menor del litigio la tesitura mantenida por la misma firma en el antecedente que tramitó su consulta a raíz de la implementación de los derechos de exportación del decreto PEN 310/2002, en la actuación ADGA 416.972/2002, en la que la exportadora “solicitó un instructivo puntual y concreto para estas operaciones de venta anticipada de petróleo a efectos que YPF SA pueda, en operaciones futuras, dentro del SIM, proceder a consignar el FOB de acuerdo al precio concertado y consignar como base imponible el valor de mercado y tributar sobre CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 7/2019 YPF SA-TF 29022-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO éste último o, en su defecto, determinar si debe continuar tributando estos derechos sobre el precio contractual” (ver Nota DV VEXP 169/2007, folio 22 de las actuaciones SIGEA 12762-125-2006). En consecuencia, también en este aspecto corresponde mantener las resoluciones nros. 268/2010, 271/2010, 272/2010, 273/2010 y 274/2010 dictadas por el Administrador de la Aduana de Puerto Deseado en las actuaciones SIGEA nros. 14837- 2-2008, 13783-6-2008, 13783-7,2008, 13783-8-2008 y 12762-125-2006 y considerar que las multas han sido razonablemente graduadas en una vez el importe de la diferencia.
Por ello, en mérito de lo precedentemente expuesto, el Tribunal
1. rechazar el recurso de apelación interpuesto por YPF SA y, en consecuencia, confirmar la sentencia de fs. 121/127. Con costas por no existir mérito para la dispensa.
2. teniendo presente teniendo la naturaleza, resultado y monto del asunto (cfr. formulario F.4), así como la calidad y eficacia de la tarea profesional desarrollada durante la única etapa procesal cumplida ante el Tribunal Fiscal de la Nación, SE CONFIRMAN los honorarios regulados a fs. 132/134 (cfme, arts. 6, 7, 9, 37 y 38 del arancel de abogados y procuradores, según ley 21.839, modificada por la ley 24.432).
En cuanto a las tareas de alzada que han sido ejercidas con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 27.423, tomando como referencia para efectuar el cálculo de la base regulatoria que debe considerarse en la segunda instancia el valor del UMA vigente al momento de las tareas, 6/06/2018, según la Acordada 13/2018, ponderando la calidad, eficacia y el resultado del recurso, por la labor desempeñada en la contestación del recurso interpuesto por la parte actora (cfr. fs. 169/175) SE ESTEBLECEN los honorarios de la representación y dirección letrada del Fisco Nacional AFIP-DGA, ejercida por la Dra. Paula Gabriela Pescio, en la suma de 341 UMA, que según la resolución CSJN 176/2024, equivalen al momento del dictado de la presente a $13.834.711 (cfr. art. 30 de la ley 27.423, resolución CSJN 176/2024, valor UMA $40.571).
En atención a la imposición de las costas decidida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al dictar sentencia el 18 de octubre de 2022 en el recurso de hecho deducido por la demandada en estos autos (ver CAF 7/2019/1/RH1 Recurso Queja Nº 1 - YPF SA c/ DGA”, vinculado a este expediente que comenzó en formato papel y continuó su tramitación digitalmente), corresponde dejar sin efecto la regulación de honorarios de fs. 238/239vta., de modo que deviene inoficioso emitir pronunciamiento respecto de la apelación de honorarios interpuesta por el letrado beneficiario a fs. 246. A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
Regístrese, notifíquese a las partes y, y firme o consentido, vuelvan las actuaciones a la Sala V de origen a sus efectos.
SERGIO GUSTAVO FERNANDEZ CARLOS MANUEL GRECCO
Fin de la sentencia