Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 29419-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar el recurso de la actora y confirmar la resolución apelada, con costas (art. 68, 1° párrafo, CPCCN).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
58737/2017 YPF SA TF 29419-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de septiembre de 2025.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que mediante el pronunciamiento del 18 de octubre de 2022 la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar al recurso extraordinario interpuesto por el Fisco Nacional y revocó la sentencia dictada por la Sala III del fuero el 23 de abril de 2019, ordenando el dictado de un nuevo pronunciamiento.
Para decidir de ese modo la Corte indicó que resultaba aplicable al caso la doctrina sentada en la causa CAF 42372/2018/CA1 -CS1, “Rossi, Osvaldo Enrique c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 30 de agosto de 2022, y, por la remisión realizada en aquel pronunciamiento, la que surge de la sentencia dictada ese mismo día en la causa FSA 8622/2013/CS1 “Chehadi, Mallid c/ Aduana La Quiaca s/ impugnación de acto administrativo”.
Con ese fundamento, revocó la sentencia de fs. 223/229 que, en los términos de la ley n° 27.260, había tenido por condonada la multa impuesta en la resolución AD CORI 48 del año 2011 por considerar a la firma YPF SA incursa en la infracción prevista y penada por el art. 954, apartado 1, inciso c) del Código Aduanero.
II. Que tras resultar desinsaculada, esta Sala asumió el conocimiento en la causa a fs. 272 para dictar un nuevo pronunciamiento, por lo que corresponde resolver el recurso de apelación deducido por la actora a fs. 145 (del expediente en soporte papel) y fundado a fs. 152/172 contra la resolución del Tribunal Fiscal de fs. 112/121.
En la decisión apelada el a quo -en cuanto ahora interesaconfirmó la Resolución (AD CORI) Nro. 48/2011 en cuanto imputó a la recurrente la comisión de la infracción prevista en el artículo 954, inciso c) del Código Aduanero en relación con el permiso de embarque nro. 01 014 EC01 000205 P, e intimó al pago de $4.832.510,58, en concepto de multa, con costas.
Para decidir de ese modo, comenzó por señalar que la Aduana imputó a la actora la comisión de la infracción contemplada en el inciso c) del artículo 954 del Código Aduanero por considerar que el valor de la mercadería documentada en la destinación Nro. 01 014 EC01 000205 P no resultaba exacto y veraz. Explicó que la Aduana había advertido una llamativa diferencia entre los valores declarados en una serie de operaciones documentadas por la firma YPF SA y los valores de mercado internacional de la mercadería exportada -petróleo crudo-, y llevó a cabo una exhaustiva investigación de los antecedentes de las operaciones en trato.
El a quo hizo referencia a la operatoria que dio origen a una serie de operaciones, entre las que se encuentra la debatida en autos. Al respecto, puso de manifiesto que había sido suscripto un contrato FOS “Acuerdo de Compra y Venta de Petróleo Crudo” -en el que se fundaban las operaciones de exportación- en junio de 1998 entre las firmas YPF SA y Oil Enterprises LTD por un plazo de 10 años en el que las partes se comprometieron a vender y entregar barriles de petróleo crudo, a cambio de la recepción de los mismos y el pago por adelantado -a la fecha de suscripción del contrato- del precio establecido por las partes, el cual resulta de la cláusula 2.1 del Artículo II COMPRA, VENTA Y ENTREGA. En virtud de dicho contrato “YPF” se obligó a la entrega a “OEL” de 23.933.985 de barriles de petróleo crudo. Asimismo -agregó- un contrato SWAP vinculado a las operaciones en cuestión fue suscripto, con fecha 30/06/1998, entre las firmas YPF SA y Morgan Guaranty Trust Company of New York (MGT), quienes haciendo referencia al petróleo crudo de los tipos entregados por YPF de conformidad con el “Acuerdo de Compraventa de Petróleo Crudo” (El Acuerdo de Venta de Crudo) entre YPF y Oil Enterprises LTD (OEL), se obligan al pago de la diferencia entre el precio fijo u$s18,2375 por barril y el flotante.
En tales condiciones, puso de manifiesto que de conformidad con lo establecido en el artículo 322 del Código Aduanero, CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V el exportador se hallaba obligado a declarar el precio y toda otra circunstancia que permitiera la correcta valoración de la mercadería. Fue así que el a quo consideró que el precio declarado había diferido del comprobado ya que el precio pagado o por pagar por el petróleo que exportaba YPF S.A. se hallaba conformado también por las sumas percibidas a raíz de los pagos netos efectuados por Morgan Guaranty Trust of New York a YPF S.A. en el marco del contrato de SWAP. Aclaró que aquello no implicaba que todo pago efectuado como consecuencia de un contrato de SWAP (o de cualquier otro derivado financiero) forme parte invariablemente de ese precio pero que, la operatoria verificada en autos permitía concluir que tales pagos integran el precio realmente pagado o por pagar, “…toda vez que constituyen una forma indirecta de recibir el precio de mercado que abona el verdadero comprador de las mercaderías, el usuario final radicado en la República de Chile”.
Agregó que resultaba razonable que el servicio aduanero hubiera considerado la cotización internacional de la mercadería, dado que se trataba de un commodity con cotización internacional (conf. art. 748, inc. b) de del C.A.), toda vez que no se trataba solamente de un supuesto en el que el precio pagado o por pagar no constituyere base idónea de valoración, sino que ese precio no era determinado o determinable al momento del registro de la declaración de autos. Por tales razones, y teniendo en consideración que en el caso la firma exportadora tenía conocimiento de que el precio declarado no resultaba ser el precio pagado o por pagar por las mercaderías exportadas, concluyó que se había configurado la infracción imputada. Expresó que no se daban las condiciones para reducir la multa por debajo del mínimo legal, “…teniendo en cuenta la maniobra desplegada por la firma exportadora”.
En diferente orden de ideas, dispuso que la multa debía ser establecida en pesos de conformidad con el tipo de cambio vigente a la fecha de configuración de la infracción (cfme. artículo 926 del Código Aduanero y Nota Externa n° 2/2004 (DGA) entonces vigente y hoy reemplazada por la RG AFIP 3271/12), es decir, el $4.832.510,58. Por ello, declaró la nulidad del punto 1° de la Resolución (AD CORI) n° 48/2011 en tanto disponía que la multa de $4.832.510,58 “…deberá ser actualizada a la fecha del efectivo pago –siendo equivalente a la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 69/100…”.
Impuso las costas conforme los respectivos vencimientos, los que estimó en un 25% a cargo de la parte actora y en un 75% a cargo del Fisco.
III. Que, disconforme, YPF apeló (fs. 145, del expediente en soporte papel) y expresó agravios a fs. 152/172, que fueron replicados por la contraria a fs. 180/186.
Las críticas de la accionante se resumen en lo siguiente:
(i) El contrato de swap celebrado entre YPF y MGT es un derivado financiero distinto de la compraventa de petróleo y, por lo tanto, no había obligación de declarar los beneficios derivados de ese acuerdo como parte del precio de la mercadería exportada.
La obligación del exportador -según el Código Aduanero- es declarar el precio de la mercadería despachada; y ese precio es el que se conviene como contraprestación por la transferencia de la propiedad de los bienes exportados. En el caso, la única retribución percibida por YPF del comprador del crudo según el contrato FOS fue el precio convenido en ese acuerdo (y declarado en el PE).
Según el Código Aduanero, el valor imponible es el valor FOB fijado entre partes independientes en un momento determinado, como consecuencia de una venta al contado (art. 735), siempre que esa sea -como en el caso- la única prestación efectiva del comprador (art. 742).
Además de que los dos flujos considerados (los del FOS y el swap) tienen causa o título diferente, el Swap fue concertado con un tercero evidentemente ajeno a la operación comercial, de modo que existe también falta de concordancia entre los sujetos involucrados.
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No todo ingreso declarado como ganancia por YPF en sus estados contables integra el precio pactado entre el comprador y vendedor que han suscripto los contratos FOS; además, la forma de registrar contablemente las operaciones no modifica la naturaleza jurídica de esos negocios.
(ii) Ninguna ventaja económica podía derivarse de la supuesta inexactitud, pues los derechos fueron abonados sobre la base del valor de mercado de los bienes y al tiempo de las oficializaciones no existía obligación de ingresar las divisas provenientes de la venta. (iii) La diferencia entre el precio (que debe declararse) y el valor de mercado no es constitutiva de infracción, sino eventualmente de un ajuste de valor que justificaría un cargo suplementario por tributos. (iv) A la fecha de registro de las exportaciones involucradas el importe a percibir por el swap no estaba determinado ni era determinable, pues de acuerdo con el contrato los diferenciales se calculaban mensualmente; en consecuencia, podría eventualmente considerarse incompleta la declaración realizada, pero no falsa. (v) El contrato de swap fue declarado por la empresa ante el servicio aduanero en 2002 cuando el Estado restableció los derechos de exportación sobre los bienes exportados e instituyó un control de cambios; en ese momento YPF abonó la diferencia correspondiente de derechos (autoajuste).
Alternativamente, el autoajuste realizado por la empresa –a los efectos de ingresar eventualmente los tributos sobre la base del valor de mercado- hacen encuadrar el caso en el supuesto del artículo 959 del CA y la eximen de responsabilidad infraccional.
Al tiempo de la celebración de ambos contratos (FOS y SWAP) no había controles de cambio ni derechos de exportación sobre los productos en cuestión, y cuando estos se instituyeron YPF denunció el contrato derivado (además de haberlo incluido siempre en sus registros contables), de manera que el elemento subjetivo de la infracción imputada está ausente; por esas mismas circunstancias, el caso encuadra en el supuesto del artículo 902 del Código Aduanero. (vi) La aduana ha fijado los derechos de exportación de las operaciones sobre la base de la cotización internacional del producto exportado, y no sobre la suma del valor de la venta y el de los beneficios del Swap.
IV. Que la cuestión debatida es análoga a la examinada por esta Sala en la causa nº 49.532/2018 “YPF SA (TF 29398-A) c/ Administración Nacional de Aduanas s/recurso directo de organismo externo”, del 8/07/2025. Los fundamentos de aquella decisión se reiteran, en lo esencial, en los considerandos que siguen.
V. Que conviene comenzar por describir sucintamente el entramado contractual en juego, tomado en cuenta por la Aduana para identificar la inexactitud del precio consignado como valor de la mercadería, e imponer a la exportadora una multa.
Al dictar el acto aquí impugnado, la Administración puso de relieve que la compraventa a término de petróleo que dio lugar a las exportaciones analizadas fue uno de los eslabones de un negocio jurídico internacional complejo, integrado esencialmente por las siguientes operaciones:
(i) una venta a término de petróleo (Forward Oil Sale, o FOS) por parte de YPF SA a las firmas Oil Trading Corp (OTC) y Oil Enerprises LTD (OEL) -ambas constituidas en las Islas Caimán- por precio fijo de U$S18 el barril, convenida en tres contratos diferenciados, con entregas programadas –mensuales- a 7 y 10 años respectivamente. El pago total de la mercadería fue adelantado por las empresas importadoras a razón de USS 14 el barril (U$S 13,16 a OEL y U$S 14,35 a OTC). Conforme ha sido reconocido por YPF, queda determinado un precio fijo por barril cuyo monto resulta de la división entre el monto recibido como pago y la cantidad de barriles a exportar mensualmente. (ii) un contrato swap celebrado entre YPF SA y la firma Morgan Guaranty Trust of New York (en adelante MGT), por medio de la cual se fija el precio del barril de petróleo en U$S18, para asignar en lo sucesivo riesgos que dependerán de la cotización internacional del CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V producto. YPF asume el riesgo ante una cotización internacional menor al precio de corte swap fijado, obligándose a abonarle a MGT la diferencia existente entre ambos montos y, de su lado, MGT asume el riesgo de abonar a YPF SA dicha diferencia en caso inverso, es decir, que la cotización internacional sea mayor al precio de corte swap pactado. De esa manera se asegura a YPF SA la percepción de los montos de las exportaciones al precio de la cotización internacional, que corresponde al West Texas Intermediate (WTI) Crude Oil Price. (iii) La tercera operación involucrada es un segundo contrato de venta a término del petróleo, celebrado entre las empresas importadoras OTC y OEL, por un lado, como vendedoras, y MGT, por el otro, como compradora.
(iv) A su vez, OTC y OEL emitieron obligaciones negociables a largo plazo (note due), por las que obtuvieron fondos de inversores, que se destinaron en parte a pagar por adelantado a YPF el petróleo comprado a término (contratos FOS descriptos en el punto 1). En la colocación de esa deuda corporativa intervino como underwriter la entidad financiera J.P. Morgan & Co, integrante del mismo grupo económico que MGT.
La emisión de estos bonos corporativos se hallaba respaldada por la obligación de MGT de abonar el precio de la segunda venta término a las firmas emisoras (OTC y OEL).
(v) Los flujos que debían abonarse a los inversores tenedores de dichos títulos se realizó por medio de un fideicomiso cuyo fiduciario (trustee) es el Royal Bank of Canada Trust Co (Cayman) LTD. Los pagos realizados por MGT en virtud de la segunda venta a término eran directamente depositados a disposición del fideicomiso, quien realizaba los pagos correspondientes a los tenedores de las obligaciones negociables.
Es preciso poner de resalto, adicionalmente, que la prueba pericial producida en sede administrativa da cuenta de que YPF recibió: (i) por el PE 01 014 EC01 000205 P, la suma de u$d767.092,16 como consecuencia del swap, y por encima de la suma de u$d2.649.514,08 percibida como consecuencia de las ventas a término y declarada al oficializar la destinación (anexo III de fs. 85 de las actuaciones SIGEA n°12834-121-2006 –SC 60/06).
Los expertos contables señalaron, además, que la empresa había registrado los fondos provenientes de las ventas en la cuenta “Anticipos de Clientes” y que aquellos percibidos por el swap fueron ingresados en su contabilidad como “Ventas de Petróleo al Exterior”, a las que se les dio el tratamiento de ganancias o utilidades (aunque desde el año 2005 la empresa los registra como “Resultados Operativos de Mercados Futuros”; cambio para el cual el perito no ha encontrado ni obtenido una explicación de la empresa).
Por otra parte, es pertinente poner de relieve que -como señaló la empresa en su apelación- ante la reinstitución de los derechos de exportación en el año 2002, la propia firma actora se presentó ante el servicio aduanero requiriendo su opinión sobre la correcta conformación de la base imponible para calcular los derechos de exportación con relación a todos los embarques vinculados con esta operación (en el marco de la act. 416.972/02). Manifestó allí que el precio concertado en los contratos FOS al tiempo de su celebración podía no coincidir con el precio del mercado.
Finalmente, es de destacar que en el acto cuestionado la Aduana señaló que el valor FOB declarado por YPF no resultaba idóneo como base de valoración. Destacó que la empresa había omitido declarar conforme a derecho la realidad de la operación comercial, incluyendo las relaciones comerciales y/o financieras que incidían en el precio de la venta, con arreglo a lo exigido en el artículo 322 del CA, concordantemente con el 742 de aquel ordenamiento. Explicó que, frente a la falta de acreditación de la conformidad del valor imponible, y tras llevar adelante la investigación correspondiente, acudió a la base supletoria prevista en el inciso b) del artículo 748 del Código.
VI. Que razones de orden lógico hacen necesario abordar en primer lugar el agravio referido a la alegada inaplicabilidad en el caso de la disposición en que se fundó la sanción discutida, esto es, el inciso c CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V del apartado 1 del artículo 954 del Código Aduanero. Según esta norma, “[e]l que, para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o de exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir […] el ingreso o el egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere, será sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el importe de la diferencia”. La actora insiste en que en tiempos en los que no rigen los controles de cambio (en particular, en que no hay obligación de ingresar/liquidar las divisas en el mercado local) la previsión recién transcripta pierde cualquier virtualidad.
VI.1. Conviene señalar en primer lugar que, al tiempo de la oficialización del permiso de embarque aquí involucrado (julio de 2001) aún no había sido dictadas las normas que obligaron a los exportadores a ingresar al país el contravalor en divisas de la exportación de productos nacionales y a negociarlo en el mercado único de cambios (conf. artículo 5° del Decreto N° 1606 del 5 de diciembre de 2001, que restableció la vigencia del artículo 1° del Decreto N° 2581/64 y del artículo 10 del Decreto Nº 1555/86; normas que recién volvieron a derogarse en 2017 con el dictado del Decreto n° 893/17).
VI.2.-Sin perjuicio de ello, la interpretación que la actora propone tampoco resulta razonable.
El término “ingreso” se refiere a la contraprestación que recibe el exportador por la venta de la mercadería. En el texto literal, la norma alude a “importe pagado o por pagar”. No se encuentra incluido el término “divisas” que provengan de una operación de exportación y que deban ser liquidadas dentro de un plazo determinado en el mercado de cambios. La declaración de un ingreso distinto tiene la aptitud de producir efectos perniciosos, fiscales y extra-fiscales, tales como una disminución de la base imponible del impuesto a las ganancias y una distorsión de los activos de una empresa, entre otros (conf. arg. Fallos: 321:1614; y Sala III, causa n° 7/2019 “YPF SA-TF 29022-a c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, sentencia del 12/03/2024).
Por consiguiente, aun en el presente caso, en que la operación data de un período anterior en el que no hubiera habido restricciones en el acceso al mercado de cambios, de comprobarse una inexactitud susceptible de afectar el ingreso del importe que correspondiere con el alcance explicitado, resultaría también aplicable la previsión del art. 954, apartado 1, inciso c) del CA.
VII. Que como surge de la descripción del entramado negocial realizada en el considerando IV, no tienen correlato con la realidad de los hechos los argumentos centrales de la actora referidos a que (i) los ingresos derivados del swap no tenían relación con la venta a término; y (ii) las partes en los contratos eran diferentes, pues la compraventa fue celebrada con OTC y OEL, y el swap con MGT.
La compraventa de petróleo fue estructurada entre el grupo J. P. Morgan Chase y la empresa YPF a través de dos operaciones, esencialmente: dos ventas de petróleo a término y de tracto sucesivo, a ejecutarse a lo largo de 7 y 10 años (según el contrato) [contratos FOS celebrados entre YPF y OEL-OTC, y entre OEL-OTC y MGT] y la celebración de un contrato de swap, derivado financiero que permitió a la petrolera argentina compensar las diferencias entre el precio fijo por barril cobrado por adelantado y el de la cotización internacional del commodity al momento de cada envío. La falta de independencia de las compañías OEL y OTC, constituidas en un país conocido por su laxitud fiscal y su generosidad regulatoria, para operar como vehículos en la compraventa, queda en evidencia a poco que se advierta que: (i) estas empresas vendieron a término el petróleo a MGT, compañía del grupo J.P. Morgan Chase; (ii) OEL y OTC adquirieron su posición en la venta original financiándose con una emisión de deuda corporativa en la que J.P. Morgan intervino como underwriter (colocador adquirente del riesgo de la colocación), y que los emisores garantizaron con los pagos comprometidos por MGT en la segunda venta a término (punto i); (iii) MGT depositaba los pagos por la segunda compraventa directamente en CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V un fideicomiso financiero constituido en las Islas Cayman, cuyo fiduciario hacía directamente los pagos de amortizaciones e intereses de la deuda emitida por OEL y OTC.
En ese contexto, no puede sostenerse seriamente que el contrato de swap no tenga relación con la compraventa de petróleo, ni mucho menos que MGT resulte un tercero desinteresado en el acuerdo celebrado entre YPF y OTC-OEL (conf. arts. 735 y 742, CA). Y resulta razonable que la aduana haya considerado que el precio de las mercaderías exportadas se componía tanto por el valor recibido al contado por YPF (por la compraventa) como por los flujos recibidos posterior y sucesivamente en razón del swap (art. 748, CA).
Las circunstancias subyacentes del acto jurídico de la venta/exportación fueron expuestas incluso por la parte actora en ocasión de realizar la consulta que tramitó en el expediente ADGA 416.972/02 (en el que la propia empresa informó de este entramado contractual a la aduana y reconoció la diferencia entre el valor declarado y el de mercado, y sus dudas en cuanto a la base correcta de valoración) y debieron haber sido incluidas en su declaración aduanera a fin de exteriorizar la realidad del precio percibido con motivo de las operaciones (Sala III, causa n° 7/2019, ya citada).
Es preciso recordar en este punto que, según el Código Aduanero, la solicitud de destinación de exportación para consumo debe formalizarse ante el servicio aduanero mediante una declaración que, cuando es efectuada por escrito, “[…] debe indicar toda circunstancia o elemento necesario para permitir al servicio aduanero el control de la correcta clasificación arancelaria y valoración de la mercadería que se trate” (art. 332, ap. 1 y 2).
Así, el precio transaccional de la venta de petróleo crudo a OEL declarado en el campo “valor mercadería” de los permisos de embarque documentados por YPF SA resulta manifiestamente inexacto y constitutivo de un supuesto de subfacturación, que autoriza a concluir que la empresa actora ha incurrido en el tipo que sanciona la infracción de declaración inexacta por el ingreso al país –real o potencial- de un importe en concepto de precio de la exportación diverso del que hubiera correspondido (Sala III, causa n° 7/2019, ya citada).
VIII. Que la Corte federal ha explicado que el bien jurídico tutelado por el art. 954 del CA es “el principio de veracidad y exactitud de la manifestación o declaración de la mercadería que es objeto de una operación o destinación de aduana” (Fallos: 315:942; 315:929; 325:830; 325:830), y que “en la confiabilidad de lo declarado mediante las correspondientes documentaciones, reposa todo un sistema dirigido a evitar que al amparo del régimen de exportación o importación, se perpetren maniobras que lo desnaturalicen o perviertan” (Fallos: 315:929 y 325:830, entre otros).
La norma en trato sanciona a quien ante el servicio aduanero, efectúe una declaración que difiera con el resultado de la comprobación, es decir que sea “inexacta”, y que en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir “el ingreso […] desde […] el exterior de un importe […] por pagar distinto del que efectivamente correspondiere”.
Sobre el alcance de este precepto la CSJN ha dicho que “no puede dejar de ponderarse que la función primordial del organismo aduanero consiste en ‘ejercer el control sobre el tráfico internacional de mercaderías’ (art. 23, inc. a) del Código Aduanero), cometido para el cual no puede resultar indiferente la fiscalización de la correspondencia entre los importes emergentes de las declaraciones comprometidas por quienes actúan en dicho ámbito y los atribuibles a las operaciones efectivamente realizadas” y que “es desde esta amplia perspectiva, que excede los fines estrictamente recaudatorios — tutelados por el inciso a) del art. 954— y se vincula y guarda coherencia con el ejercicio del poder de policía del Estado […] como debe apreciarse lo establecido por el inc. c) del citado artículo, cuyo texto, […] no autoriza una interpretación contraria puesto que se refiere a importes distintos de los que efectivamente correspondieren —con lo cual obviamente abarca tanto a las diferencias en más como a las en menos— ya sea que se trate de CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V operaciones o destinaciones de importación o de exportación” (Fallos: 321:1614, 325:830; entre otros).
IX. Que las críticas de la recurrente acerca de la base de valoración empleada por la aduana no tienen fuerza suficiente para desvirtuar los fundamentos de los actos atacados.
En particular, es de hacer notar que, aunque la recurrente menciona al pasar que el precio obtenido al contado rondaba los u$d13 dólares por barril, mientras que el precio de referencia del swap era de alrededor de u$d18, ella misma reconoció que percibió el monto inicial por adelantado (lo cual surge también de la prueba reunida en la causa). El adelanto de ese valor inicial justifica el aserto de la aduana de que el precio recibido al contado traía un componente de descuento que bien puede explicar la diferencia entre los precios de referencia del swap (iguales a los convenidos en la letra del contrato de compraventa) y el precio por barril cobrado por YPF por adelantado.
Por lo demás, dada la conclusión alcanzada en el considerando VI en punto a la realidad contractual subyacente, se revela legítimo el accionar del servicio aduanero en cuanto descartó el precio declarado (convenido en el contrato FOS) como base idónea de valoración (arts. 332, 748), pues ni aquel constituyó el único importe recibido como contraprestación por la exportadora, ni podía considerarse que la compraventa de la operación concertada en el contrato de swap (conf. arts. 742, 735 y 748, CA). De igual manera, se revela adecuada la sustitución de aquella base de valoración por la del precio internacional de un producto que se negocia en un mercado transparente (art. 748, inc. b, CA) (conf. Sala I, causa n° 3378/2024; Sala II, causa n° 7028/2018; Sala III, causa n° 7/2019; ya citadas), método que adicionalmente concuerda con el contemplado en la Ley n° 17.319 de hidrocarburos (v. art. 56; conf. Sala I, causa n° 3378/2024; y Sala III, causa n° 7/2019; ya citadas).
X. Que el resto de los argumentos de la accionante no resultan más atendibles.
X.1. En efecto, la invocada imposibilidad de declarar los montos que eran calculados mensualmente según lo convenido en el contrato SWAP no releva a la exportadora de su obligación de “declarar el precio y toda otra circunstancia o elemento necesario para permitir la correcta valoración de la mercadería por parte del servicio aduanero” (cfme art. 332 del CA). Por el contrario, YPF pudo haber optado por realizar una declaración de “precios revisables”, acudiendo a una regulación operativa prevista para casos singulares, que le hubiera permitido declarar un valor provisorio, con la condición de declarar posteriormente el valor determinado en función de la cotización internacional WTI y del precio de corte previsto en el SWAP (ver, Resol ANA 2780/92; y RG 4073-E, vigente actualmente) (conf. Sala III, causa n° 7/2019 “YPF SA-TF 29022-A c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 12/03/2024).
X.2. Por otra parte, la forma en que fue constatada la configuración del elemento objetivo de la infracción lleva a descartar también el argumento acerca de la falta de culpa de la empresa (art. 902, CA) fundado en que originalmente (al tiempo de la celebración del FOS y del swap) no había controles de cambio ni derechos de exportación, y que cuando se implementaron YPF declaró aquella circunstancia a los efectos de integrar correctamente los derechos de exportación. Esa conducta de la apelante no es relevante en el caso (v. Sala III, causa citada, consid. VIII, página 33) salvo en cuanto confirma precisamente que la empresa obró en todo momento con conocimiento de que el precio declarado de las mercaderías no era veraz. Por lo demás, el valor de la mercadería objeto de una exportación debe ser declarado ante el servicio aduanero, incluso cuando no estuviere gravada tal como lo manda el art. 750 del CA. (v. en igual sentido, Sala III, causa n° 7/2019, ya citada; y Sala II, causas n° 73.028/2018 “YPF SA c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 15/10/2019, y n° 15547/2019 “YPF SA c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 3/03/2024, considerando XIV).
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X.3. Finalmente, la invocación del artículo 959 del Código Aduanero tampoco es útil a la posición de la actora en la medida en que esa norma exculpatoria fue concebida para casos en los que el operador incurre en un error excusable (conf. v. Alsina, Barreira, Basaldúa, Cotter Moine & Vidal Albarracín, “Código Aduanero Comentado”, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2011, Tomo III, p. 410/1) y, como se explicó anteriormente, la empresa estaba en pleno conocimiento de la discrepancia luego detectada por el fisco (v. en sentido similar Sala II, causas n° 15.547/2019, ya citada, y n° 73028/2018, ya citadas; y Sala I, causa n° 27457/2022 “YPF SA (TF 32672-A) c/ DGA s/ recurso de apelación”, del 15/08/2023).
XI. Que es pertinente mencionar, adicionalmente, que entre los numerosos pronunciamientos de distintas Salas del fuero citados previamente, la decisión adoptada por la Sala II el 15/10/194 en la causa nº 73028/18 “YPF SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” ha adquirido firmeza pues el 18/10/2022 la Corte federal declaró inadmisible el recurso extraordinario deducido contra aquella sentencia (art. 280,CPCCN) en lo relativo a los puntos aquí en discusión. Por las consideraciones precedentes, el Tribunal RESUELVE: Desestimar el recurso de la actora y confirmar la resolución apelada, con costas (art. 68, 1° párrafo, CPCCN).
Se deja constancia de que la Vocalía n° 15 de esta Sala se encuentra vacante (artículo 109 del RJN).
Regístrese, notifíquese a las partes y, oportunamente, devuélvase.
Guillermo F. TREACY Pablo GALLEGOS FEDRIANI
Fin de la sentencia