Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 30435-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir parcialmente los agravios de la actora, confirmar la resolución apelada en cuanto tuvo por configurada la infracción prevista en el artículo 954, aparatado 1°, inciso c, del Código Aduanero con respecto a las destinaciones del caso y modificar el importe de las multas aplicadas con arreglo a lo dispuesto en el considerando 11 de la presente.
2Imponer las costas por sus vencimientos en ambas instancias (arts 1163 y 1182 del CA, y arts. 71 y 279 del CPCCN).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 4223/2024 YPF SA (TF 30435-A) C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2024.
VISTOS; Y CONSIDERANDO:
1. Que esta causa se origina en resoluciones dictadas por el Administrador de la Aduana de Puerto Deseado (provincia de Santa Cruz), por medio de las cuales YPF SA fue condenada al pago de multas por la comisión de la infracción prevista en el artículo 954, apartado 1º, inciso c, del Código Aduanero con respecto a 14 destinaciones de exportación de petróleo crudo a la República de Chile; todas ellas registradas entre 2001 y 2002, y amparadas por un mismo contrato de venta anticipada.
El siguiente cuadro expone los permisos de embarque involucrados, los números de actuación y resolución correspondientes a cada uno, así como el importe de las sanciones aplicadas.
USO OFICIAL
PE Nro. Actuación Res. AD PDES Multa 1 01 019 EC01 90W 12762-338-2006 107/11 $2.180.332,40 2 01 019 EC01 317B 12762-339-2006 182/11 $1.909.241,01 3 01 019 EC01 572E 12762-340-2006 158/11 $1.550.393,37 4 01 019 EC01 695K 12762-341-2006 155/11 $2.004.876,97 5 01 019 EC01 871G 12762-342-2006 157/11 $1.945.875,03 6 01 019 EC01 1159G 12762-343-2006 161/11 $1.850.469,22 7 01 019 EC01 1484H 12762-344-2006 105/11 $1.667.529,68 8 01 019 EC01 1608F 12762-345-2006 156/11 $736.664,50 9 01 019 EC01 1640B 12762-346-2006 104/11 $1.322.789,34 10 01 019 EC01 1861G 12762-348-2006 108/11 $741.591,33 11 01 019 EC01 2272D 12762-349-2006 159/11 $216.749,43 12 02 019 EC01 383F 12762-353-2006 203/11 $1.757.696,44 13 02 019 EC01 533C 12762-354-2006 199/11 $632.507,96 14 02 019 EC01 532B 12762-355-2006 198/11 $1.553.647,50 En los sumarios se discutió una misma plataforma fáctica y jurídica; además, fue uniforme la justificación de las condenas. Todas las resoluciones mencionaron que las actuaciones se enmarcaban en una investigación más amplia instada por la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos, con motivo de tres ventas a futuro de petróleo crudo –contratos FOS (forward oil sale)– que YPF SA había acordado con dos empresas de las Islas Caimán, Oil Trading Corp. (OTC) –FOS I, del 18/11/96– y Oil Enterprises Ltd. (OEL) –FOS II, del 24/6/98–, así como con Repsol YPF SA, de España –FOS III, del 31/12/01–.
Esas ventas se concertaron a un precio fijo por barril, con entregas mensuales programadas a 7 y 10 años. Como contraprestación, OTC, OEL y Repsol YPF SA adelantaron el precio total de la mercadería, que tenía aplicado un descuento por pago anticipado. De esa manera, quedó establecido un valor de transacción fijo por barril de petróleo, cuyo importe resultaba de dividir la suma total recibida en pago por la cantidad de barriles a exportar.
Las exportaciones del caso se ampararon en el contrato FOS II, celebrado con OEL el 24/6/98, y se registraron con antelación a la entrada en vigencia de los derechos de exportación.
La Aduana entendió que correspondía descartar el valor FOB declarado en aquéllas porque se habían consignado sumas fijas tratándose de mercadería con cotización internacional (arg. art. 748, inc. b, CA). Por otro lado, tuvo por acreditado que el precio declarado no fue el único importe percibido por la venta de la mercadería, y encontró motivos para formular imputaciones por declaración inexacta. El organismo advirtió que el ajuste de la base imponible carecía de consecuencias tributarias en el caso, pero igualmente consideró transcendente evaluar la conducta de la exportadora a los efectos infraccionales.
Los dictámenes a los que remitieron las resoluciones de condena hicieron mérito de las investigaciones y peritajes llevados a cabo en sede aduanera, de los que había resultado lo siguiente:
a) En virtud del contrato FOS II, celebrado el 24/6/98 con OEL, el 30/6/98 se registró un ingreso de USD 299.967.289,60 en la cuenta que YPF SA poseía en el Chase Manhattan Bank, sucursal New York. A raíz de lo expuesto, durante todo el período de vigencia del contrato los barriles de crudo objeto compraventa anticipada ostentaron un precio fijo –finalmente declarado– de USD 12,727 cada uno.
b) Inmediatamente después de celebrado aquel contrato, la exportadora YPF SA concertó otro de cobertura de riesgo de precio con Morgan Guaranty Trust Company of New York (MGT) –contrato SWAP, del 30/6/98–, por medio del cual se fijó un precio de corte de USD 18,2375 por barril y quedó establecido que YPF SA asumiría el riesgo ante una menor cotización internacional del producto, obligándose a abonar a MGT la diferencia existente entre ambos importes; mientras que esta última asumiría el riesgo ante una mayor cotización internacional, obligándose a pagar a YPF SA la diferencia resultante. c) Se pudo verificar que, con relación a todas las operaciones involucradas en el caso, YPF SA percibió ingresos distintos a los declarados con motivo del contrato de cobertura. La empresa registró contablemente los fondos provenientes del FOS II en la cuenta Anticipos de Clientes; mientras que, aquéllos provenientes del SWAP, los registró como Ventas de Petróleo al Exterior, dándoles tratamiento de ganancias o utilidades.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 4223/2024 YPF SA (TF 30435-A) C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO
d) Al confeccionar cada permiso de embarque y su respectiva Declaración de los Elementos Relativos al Valor de Exportación (OM 1993/2 SIM) YPF SA no declaró la existencia del SWAP celebrado con MGT. Tampoco declaró –debiendo hacerlo– que existían cobros indirectos percibidos o a percibir; que se incluían descuentos por nivel o cantidad; ni que los envíos formaban parte de una venta mayor convenida.
e) La contraparte del contrato FOS (en el caso, OEL) no era la destinataria final del petróleo crudo, ni tampoco prestaba un servicio real ni efectivo, sino que el comprador sucesivo en la cadena de ventas aparentes era MGT, quien a su vez vendía el mismo petróleo a un usuario final de Chile, a precio de mercado.
f) El negocio jurídico se completaba con la emisión de obligaciones negociables de índole financiera a largo plazo por parte de OEL, mediante las cuales esta última obtenía fondos de inversores que destinaba al pago en favor de YPF por la compra anticipada del petróleo; y con el pago por parte de MGT de las aludidas obligaciones financieras a los USO OFICIAL inversionistas del exterior (es decir, a los tenedores de los títulos) en sus respectivos vencimientos, por medio de un fideicomiso cuyo administrador financiero era el Royal Bank of Canada Trust Co. (Cayman) Ltd. Esto implicaba que la emisión de esas obligaciones negociables estaba respaldada por la obligación de YPF SA de proveer petróleo a la firma emisora, que, a su vez, lo revendía a MGT; y por la obligación de esta última de abonar el precio final de venta al fideicomiso, que era el encargado de efectuar el pago a los tenedores de los títulos.
Sobre esa base, la Aduana determinó que las sumas correspondientes al SWAP formaron parte del precio real de la mercadería, y que el precio declarado por YPF SA fue falso o inexacto.
Para estimar las sanciones, indicó que el ingreso desde el exterior que efectivamente hubiese correspondido coincidía con el valor imponible de la mercadería determinado con arreglo a la legislación aduanera. Por consiguiente, tomó en cuenta la cotización internacional del barril de crudo (WTI) del día anterior a la oficialización de cada permiso de embarque, en base a lo dispuesto en los artículos 726, 745, 747 y 748, inciso b, del Código Aduanero (p. e. USD 22,875 por barril en el caso de la act. 12762-346-2006). En sustento de su posición también ponderó que, en parte de los embarques analizados, la actora había registrado exportaciones complementarias a fin de completar la carga, las cuales estaban dirigidas al mismo comprador pero con un valor mucho más aproximado al de mercado (p. e. USD 20,076 por barril para la antes referida actuación. 12762-346-2006).
En definitiva, las multas se calcularon en función de la diferencia entre el valor en aduana así determinado (arg. art. 748, inc. b, CA) y el precio fijo por barril que surgía de la facturación y había sido declarado en cada permiso de embarque.
2. Que, apeladas las resoluciones por la exportadora, a fs. 686/691vta. de este expediente el Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría, resolvió:
(i) Desestimar la condonación de las sanciones solicitada por la recurrente con sustento en lo previsto por la ley 27.260 y su reglamentación.
(ii) Confirmar las multas impuestas a YPF SA; con costas a su cargo.
Para resolver como lo hicieron en el punto (ii) –única cuestión que suscita agravios ante la Cámara–, los vocales González Palazzo y Juárez remitieron a precedentes propios (emitidos en los exptes. TF 29023-A y 30478-A, respectivamente), de cuya lectura conjunta puede extraerse que hubo coincidencia sustancial de fundamentos.
Por empezar, ambos resumieron en similares términos el origen de los sumarios. Dijeron que en el control ex post de los permisos de embarque, y en el marco de la señalada investigación general iniciada contra YPF SA, el servicio aduanero detectó que el valor FOB documentado no reflejaba la realidad de las operaciones, y esto por dos motivos: 1) la exportadora debió contemplar en el precio los importes correspondientes al contrato financiero referido a la misma venta de petróleo crudo; y 2) la exportadora no debió declarar un precio tan inferior a la cotización internacional vigente a la fecha de registro de las destinaciones.
El vocal Juárez fue el único en admitir el segundo argumento de la Aduana; es decir, que la inexactitud residía –en parte– en que el precio declarado resultó inferior al de mercado. En cambio, ambos concordaron en que la declaración fue inexacta porque el precio no reflejó las sumas efectivamente percibidas por cada exportación.
Al respecto, tuvieron por demostrado que YPF SA únicamente declaró las sumas abonadas por OEL –contraparte del FOS II–, a pesar de que, con motivo de las mismas exportaciones de crudo, percibió otros importes provenientes del SWAP. Y basaron tal conclusión en los términos de este último contrato –que hacía referencia expresa al FOS II–, así como en los registros contables de la empresa, donde esos importes se contabilizaron como ingresos por las exportaciones realizadas.
Por su parte, González Palazzo también se apoyó en los informes que indicaban que las exportaciones habían formado parte de un negocio internacional complejo. Remitió a la descripción de la operatoria hecha en sede aduanera y, de tal modo, reafirmó que los importes correspondientes al SWAP debieron contemplarse en el precio de las exportaciones. En definitiva, este segundo vocal consideró acreditado que la exportación de petróleo crudo a Chile se había estructurado mediante diversos y complejos instrumentos jurídicos, que fueron presentados como independientes unos de otros, sin ajustarse ello a la realidad. Y añadió que, aunque las triangulaciones en sí mismas no estuviesen prohibidas, y aunque no todo pago fundado en un contrato financiero debiese formar parte del precio, en el caso, CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 4223/2024 YPF SA (TF 30435-A) C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO YPF SA mostrar un precio que no era el verdaderamente obtenido por las mercaderías exportadas.
En esos términos, los vocales que conformaron la mayoría determinaron que lo declarado difirió del precio realmente percibido por el petróleo, el cual se vio incidido por el SWAP.
A su vez, para estimar la diferencia entre lo declarado y lo que debió declararse, y así cuantificar las multas, ambos coincidieron con la Aduana en que la comparación debía hacerse con la cotización internacional del barril de crudo (WTI) vigente al momento de registro de cada embarque.
El vocal Juárez fundó esa conclusión en la pauta de valoración establecida en el artículo 784, inciso b, del Código Aduanero, dado que había coincidido con el Fisco en que la inexactitud se configuraba –en parte– por el hecho de no haberse declarado un precio acorde al de mercado. En cambio, el vocal González Palazzo llegó a idéntica solución por USO OFICIAL un fundamento distinto: indicó que, a la fecha de registro de los permisos de embarque, el precio realmente pagado o por pagar no estaba determinado ni era determinable, toda vez que los pagos netos resultantes del SWAP se calculaban por períodos mensuales. Tratándose, entonces, de un precio de transacción indeterminable, y de mercadería con cotización transparente, avaló que se hubiese tomado en cuenta su cotización internacional a la fecha de registro de las solicitudes.
3. Que, disconforme, a fs. 695 YPF SA interpuso apelación ante esta Cámara; que se concedió a fs. 696, se fundó a fs. 701/719vta. y fue replicada a fs. 725/729vta. De manera preliminar, explicó las características de los contratos suscriptos con OEL y MGT, e insistió en que había declarado ante la Aduana el único precio pactado con el comprador de la mercadería, que –además– fue coincidente con el que facturó y percibió. Remarcó que no participó de ningún otro contrato que tuviese por parte al adquirente del crudo, y que el comprador tampoco tenía obligación de pago de otros importes en virtud de otros acuerdos. Agregó que el denominado SWAP consistía en un reaseguro financiero sin vinculación alguna con la venta, destinado a cubrir el riesgo inherente a una operación a largo plazo como la concertada.
Por otro lado, recalcó que al momento de registro de las destinaciones involucradas en esta causa (años 2000 y 2001) las exportaciones no estaban gravadas con derechos, ni regía la obligación de ingreso de divisas, por lo que carecía de efectos prácticos determinar si el precio declarado había sido apto, o no, como base de valoración aduanera. Aclaró que, una vez que se las gravó, la empresa hizo una presentación ante la Aduana (que dio origen a la actuación ADGA 416972/02) para que ésta determinase cuál debía ser la base de imposición en este tipo de operaciones registradas en cumplimiento de contratos a largo plazo, y así resguardar la renta fiscal; pero que ello no implicó reconocer la inexactitud del precio declarado.
A continuación, hizo consideraciones generales sobre la decisión recurrida, en la que –a su entender– se confundía la exactitud del valor en aduana con la del precio y, por otro lado, no quedaba claro si el fundamento de la condena era la falta de inclusión de los importes del SWAP en el precio declarado, o la disparidad entre este último y la cotización internacional del crudo. Precisó que la cuantificación de las multas variaba en uno u otro supuesto, porque los importes del SWAP no garantizaron la equivalencia con la cotización internacional de la mercadería al momento de las exportaciones, sino que se habían acordado en función de un valor de referencia –U$S 18,2375 por barril–.
Aclaradas esas cuestiones, individualizó los siguientes agravios contra el pronunciamiento apelado:
a) Los derivados financieros como el SWAP no forman parte del precio como elemento exigible de la declaración aduanera, a menos que constituyan un cobro indirecto por la operación comercial de venta; pero esa circunstancia no se probó en el caso, sino que los importes percibidos o abonados por tal concepto fueron fruto de otro contrato real, concertado con una empresa diferente del comprador, independiente y no vinculada con YPF SA.
Se hizo una lectura parcializada del informe contable en este aspecto, porque el hecho de que los ingresos generados por el SWAP hubiesen sido declarados como ganancias de YPF SA no habilitaba a considerarlos como parte del precio concertado entre el comprador y el vendedor del FOS II. Ese tratamiento contable se ajustó a lo que prescribían las normas técnicas en la materia.
Además, el supuesto entramado societario tuvo como único sustento los informes producidos por la propia Aduana. No existen otros elementos que demuestren que OEL fue creada para este contrato, o que vendió el petróleo a MGT para que ésta, a su vez, lo revendiera en el mercado abierto.
b) La declaración de los importes correspondientes al SWAP, además de no ser legalmente exigible, hubiese sido impracticable ya que se fijaban por períodos mensuales y tampoco existía un campo predeterminado para su inclusión en la declaración aduanera. c) La condena tampoco pudo fundarse en la falta de coincidencia entre el precio declarado y el valor de mercado a la fecha de registro de las operaciones, porque este último sólo es relevante a los efectos de determinar la base imponible, pero no forma parte de los elementos exigibles de la declaración aduanera. Una condena en esos términos resultaría contraria al principio de legalidad y a la prohibición de incriminación por analogía.
d) El hecho de que YPF SA haya comunicado los contratos FOS y SWAP en sus declaraciones ante la Dirección General Impositiva y la Comisión Nacional de Valores, evidencia que obró sin el mínimo de culpa necesario para que se configure la infracción aduanera.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 4223/2024 YPF SA (TF 30435-A) C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO
cualquier supuesta maniobra de ocultamiento, y descarta el elemento subjetivo de la declaración inexacta.
4. Que, al contestar agravios, el Fisco Nacional mantuvo su posición en cuanto a que la inexactitud se configuraba, tanto por la falta de inclusión de los importes del SWAP, como por el hecho de declararse un precio inferior al de mercado. Para robustecer su interpretación, citó precedentes de esta Cámara en los que se tuvo por configurada la infracción a partir de la diferencia entre el precio declarado y la cotización internacional de la mercadería, con sustento en el artículo 748, inciso b, del Código Aduanero. También citó otros en los que se consideró probado que operaciones como las del caso formaron parte de un negocio internacional complejo que permitió a YPF SA inhibir los riesgos derivados de la variación del precio internacional del petróleo crudo.
5. Que, ante todo, se aclara que el presente caso será examinado con arreglo a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 30/8/22, en las causas FSA USO OFICIAL 8622/13 “Chehadi” (Fallos: 345:849) y CAF 42372/18 “Rossi”, donde sostuvo que el beneficio de la condonación previsto en la ley 27.260 es improcedente en supuestos en los que se discute una multa impuesta en los términos del artículo 954, apartado 1°, inciso c, del Código Aduanero, ante una conducta que no resulta apta para generar un perjuicio fiscal.
6. Que tal como ha quedado planteada la controversia, corresponde dilucidar las siguientes cuestiones, y en este orden: (i) si se configuró el aspecto objetivo de la infracción de declaración inexacta en lo que respecta a las destinaciones individualizadas en el considerando 1º; (ii) en caso afirmativo, si esa acción punible puede ser atribuida subjetivamente a la actora; (iii) en caso de estimarse reunidos todos los requisitos del tipo infraccional previsto en el inciso c, del artículo 954 del Código Aduanero, si las multas guardan proporción con el importe de la diferencia de ingreso de divisas.
7. Que la configuración de la infracción prevista por el artículo 954 del Código Aduanero queda condicionada a la concurrencia de dos elementos sin los cuales no puede considerarse, desde el punto de vista objetivo, que exista acción punible: a) la constatación de una diferencia entre la declaración de la mercadería que es objeto de una operación o destinación aduanera, y el resultado de la comprobación física o documental que realice el servicio aduanero; y b) que esa inexactitud produzca, o pueda producir, alguna de las consecuencias previstas en los incisos a, b, o c, de la norma, porque, como también lo establece la Exposición de Motivos del Código Aduanero, “si la declaración incorrecta no es idónea para provocar alguno de estos efectos no es punible en sí misma” (cfr. esta Sala, causas 10060/12 “Bankboston National Association”, sentencia del 14/8/12; y 56316/15 “Atanor SCA”, fallo del 3/3/16, entre otros; con referencia a la doctrina de Fallos: 312:1997; 315:929 y 942; 321:1614; 322:355; 325:786 y 830; y causa R.867.XLVIII “Río Chico SA (TF 29758-A) c/DGA”, resol. del 23/9/14).
En lo que respecta al primer requisito, es doctrina inveterada de esta Sala que la falta de correspondencia debe recaer sobre un dato exigible de la declaración aduanera; de manera que es el precio de la mercadería, no así su “valor en aduana” o “valor imponible”, el que compromete la responsabilidad infraccional del declarante. Esto así, dado que con arreglo al texto de los artículos 234 y 332 del Código Aduanero —e incluso tras la reforma introducida por la ley 25.986—, la correcta valoración de la mercadería es una función primordial asignada “al servicio aduanero” (cfr. causas 30153/11 “Dibella”, sent. del 8/3/12, y 56708/15 “Peugeot Citroën Argentina SA”, sent. del 25/8/16). Esa interpretación está en sintonía con la opinión de autorizada doctrina (véase, por ejemplo, SARLI, Jorge C., “Inadmisibilidad del valor de exportación y su relación con la declaración inexacta de valor”, en Estudios de derecho aduanero. Homenaje al Dr. Juan P. Cotter Moine, LexisNexis, Buenos Aires, 2007, p. 371, y ZOLEZZI, Daniel, “¿Una infracción de tipo muy abierto? La declaración inexacta del valor de exportación”, en Revista de Estudios Aduaneros, N° 19, Instituto Argentino de Estudios Aduaneros, Buenos Aires, segundo semestre de 2007-primer semestre de 2008, p. 137; entre otros). En la misma línea de pensamiento, este Tribunal ha precisado que, en ejercicio de sus facultades para valorar la mercadería –y siempre que cumpla con los procedimientos previstos al efecto– el servicio aduanero puede desestimar un precio sensiblemente diferente de lo usual como base de imposición; sin embargo, si no prueba cabal y positivamente su inexactitud, la sola diferencia entre el importe declarado y aquel al cual considera que debió haberse comprado o vendido la mercadería, no le basta al Fisco para tener simultáneamente por configurado un ilícito merecedor de sanción, ya que en materia sancionatoria tal irrealidad (es decir, que el precio declarado no sea verdaderamente el importe pagado o por pagar) no puede presumirse, sino que debe quedar suficientemente acreditada (cfr. causas 18731/08 “First Rate SA”, sent. del 15/7/14, y 69210/22 “Burgos, Gerónimo Ariel”, sent. del 2/2/23).
Además, en fecha más cerca, la Sala reafirmó que la figura reprime la discordancia entre el precio declarado y el que corresponde a la operación efectivamente realizada, y agregó que la decisión de asumir como debidos importes de dinero que se determinan en función de metodologías correctivas de la base imponible para así calificar la declaración aduanera como inexacta, sin una norma que lo contemple expresamente, se opone abiertamente a los principios de legalidad, tipicidad y prohibición de la incriminación por analogía, contemplados en los artículos 894 y 895 del Código Aduanero (cfr. causa 44372/22 “Maltería Pampa SA”, sent. del. 6/6/23).
Resta aclarar que, este criterio, es coherente con la la familia de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los que –con particular referencia al efecto lesivo del inciso c del artículo (“el ingreso o el egreso, desde o hacia el exterior, de un importe pagado o por 28/11/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 4223/2024 YPF SA (TF 30435-A) C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO al control aduanero la fiscalización de la correspondencia entre los importes emergentes de las declaraciones comprometidas por quienes actúan en dicho ámbito y los atribuibles a las operaciones efectivamente realizadas; y que la infracción abarca tanto a las diferencias en más como en menos, ya sea que se trate de destinaciones de importación o de exportación (doctor. Fallos: 321:1614 “Bunge y Born”; 322:355 “Free Port Importación SRL” y 325:786).
Por otra parte, la Corte recientemente esa línea jurisprudencial al señalar que, en tanto se pueda tener por probado que los precios declarados se corresponden con los efectivamente percibidos por las operaciones, queda eliminada toda posibilidad de configuración de la infracción prevista y penada por el artículo 954, apartado 1º, inciso c, del Código Aduanero (cfr. punto IV del dictamen de la Procuradora Fiscal, al que remitió la Corte en la causa CAF 20/2019, “Pioneer Argentina SRL TF 38718-A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 29/2/24). Al mismo tiempo que confirmó USO OFICIAL una multa impuesta en los términos del citado artículo en un caso en el que se acreditó que hubo giros en exceso al exterior, y no se refutó que correspondiesen a las operaciones que motivaban la intervención aduanera (cfr. causa CAF 46353/2012/1/RH1 “PBB Polisur SA c/ EN – DGA – resol. 465/12 BABL (expte. 664/12) s/ Dirección General de Aduanas” sent. del 19/3/24).
8. Que se adelanta que los hechos del caso encuadran objetivamente en el tipo infraccional, en la medida en que quedó demostrado que los precios declarados difirieron de los importes efectivamente percibidos por cada operación.
Ante todo, cabe aclarar que no está en discusión que el SWAP se suscribió pocos días después que el FOS II. Tampoco se controvierten los términos contractuales, ni el hecho de que, en virtud del SWAP y con respecto a todas las destinaciones involucradas en esta actuación, la actora percibió importes distintos de los declarados y facturados a OEL (en algunos supuestos en más, en otros, en menos); los que han quedado exactamente determinados en la pericia contable que se produjo en sede aduanera.
Lo que la actora plantea es que el SWAP es un reaseguro financiero suscripto con un tercero independiente, mediante el cual pretendió cubrir el riesgo inherente a la operación comercial a largo plazo, y que lo percibido en tal concepto no tiene vinculación con las exportaciones de petróleo crudo. Por otra parte, remarca la coincidencia entre el precio declarado en los permisos de embarque y el facturado; al mismo tiempo que relativiza las conclusiones de la pericia contable, al afirmar que el hecho de que los ingresos generados por el SWAP se hubiesen declarado como ganancias respondió a lo que prescribían las normas técnicas sobre la materia. Finalmente, alega que el supuesto entramado societario tiene como único sustento informes producidos por el propio demandado.
Ahora bien, aun asistiéndole razón a la recurrente cuando señala que no hay evidencias en esta actuación del negocio internacional complejo que mencionan los informes del Fisco1, lo cierto es que aquélla no refutó con la suficiencia que el caso requería los concretos medios de prueba con arreglo a los cuales el tribunal de origen determinó que existieron otros giros desde el exterior correspondientes a las operaciones que motivaban la intervención aduanera.
1 A este respecto, al contestar el recurso ante el Tribunal Fiscal de la Nación, el Fisco ofreció como prueba las constancias obrantes en la actuación SIGEA 12811-29-2006, correspondientes al expediente TF 29023-A “YPF SA c/ DGA s/recurso de apelación”; que, finalmente, fueron acompañadas a fs. 627. De allí surge que la Dirección Fiscalización de Grandes Contribuyentes Nacionales existente en el ámbito de la Dirección General Impositiva efectuó una determinación de oficio para los períodos 12-1997 a 12-2002 de la cual surgió que la diferencia del SWAP había sido registrada en el rubro “ventas”, motivo por el cual la Subdirección General de Operaciones Aduaneras del Interior existente en el ámbito de la Dirección General de Aduanas ordenó una pericia contable para corroborarlo y resolver su implicancia aduanera (v. fs. 226- 237 de este expte.). Durante el trámite de la investigación se requirió la colaboración de distintas reparticiones aduaneras y se intentó arribar a un criterio uniforme para el ajuste del valor declarado. A título ilustrativo, se le dio intervención a la Aduana de Mendoza, ante la cual se habían registrado parte de las destinaciones involucradas en la operación comercial a largo plazo (v. fs. 250 y 509). A fs. 470 obra la nota DV FOME 365/01, del 27/7/01, donde consta que a aquella dependencia se le habían plantedo inquietudes con respecto a la existencia real de las empresas OEL y OTC, porque no pudieron ser detectadas como importadoras en Chile “ a través del Mercosur On Line” y, si bien la facturación estaba referida a esas empresas, no se había podido determinar que fueran las consignatarias de los envíos, toda vez que no se contaba con los Manifiestos Internacionales de Transporte (v. esp. fs. 477). De allí también surge que “a través de una búsqueda en Internet” no se había podido encontrar sus razones sociales, excepto en un sitio donde eran mencionadas en una emisión de flujos de fondos a futuro respaldada por el Royal Bank of Canada Trust Co. Ltd, por montos de U$S 315.000.000 y U$S 400.000.000, coincidentes con los involucrados en cada uno de los contratos. Finalmente, la nota en cuestión sugiere asegurar la transparencia en los pasos de investigación posterior y constituir una comisión para profundizar la acción investigativa tendiente a dilucidar aspectos vinculados con la intervención de tales firmas (fs. 479; el destacado es propio).
También se tuvieron en cuenta las observaciones efectuadas por la Aduana de Neuquén respecto de exportaciones de petróleo crudo por oleoducto documentadas por YPF SA (v. fs. 487 y 509). A fs. 498/508 obra la nota DV FOME 127/06, donde se describe el negocio de la empresa mediante una transcripción de las conclusiones a las que había arribado la Aduana de Mendoza en la citada nota DV FOME 365/01, a partir del resultado de búsquedas de internet. Asimismo, se acompaña un apéndice en el que se explica, en general, el funcionamiento de los instrumentos financieros como el SWAP en el mercado del petróleo; es decir que, aquél análisis no se refiere de manera concreta a las operaciones observadas por la Aduana de Neuquén. Finalmente, a fs. 512/543 y 566/597 obran las notas DV EXP 171/07 y 169/07 de la Aduana de Buenos Aires, a la que se dio intervención en atención a la diferente interpretación de las normas jurídicas aplicables al caso. En estas últimas se describe el negocio complejo realizado por YPF SA en iguales términos a los informes que preceden a las resoluciones aduaneras impugnadas en esta actuación, destacándose que para ello “se ha tenido en cuenta el informe producido por el Departamento Operaciones Internacionales – Dirección de Asesoría Técnica – Subdirección General de Fiscalización” del cual se transcriben las partes consideradas pertinentes (v. esp. fs. 528 y 582). También se proporcionan los cuadros descriptivos de la operación internacional compleja (obrantes a fs. 532 y 586); a los que puntualmente se ha referido el Fisco en la contestación de la apelación ante el Tribunal Fiscal, para alegar que se encontraría probado el negocio de la parte actora.
Sin embargo, queda en evidencia a partir de esta descripción de las constancias acompañadas que se trata de informes que transcriben conclusiones de otros anteriores, sin hacer mención a los medios de prueba que respaldarían las afirmaciones. En particular, no se desprende de su lectura cuáles fueron las diligencias llevadas a cabo para profundizar las constataciones iniciales, CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 4223/2024 YPF SA (TF 30435-A) C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO En particular, la decisión apelada se basó en dos elementos independientes: 1) los términos del contrato SWAP, que se vinculan explícitamente con el FOS II; 2) los registros contables de YPF SA, donde los importes provenientes del primer contrato se contabilizaron como ingresos por las exportaciones realizadas. Esto les permitió a los vocales que conformaron la mayoría de fundamentos llegar a la convicción de que se trataba de contratos conexos, y convalidar de tal modo los hechos sintetizados en los puntos a) a d) del considerando 1°.
Al respecto, se comparte que resultan decisivas las conclusiones de la pericia contable que se produjo a fs. 175/184 de la actuación 12762-339-2006, y se tuvo por efectivizada en el resto de los sumarios, por razones de economía procesal (véase, por ejemplo, fs. 58 de la act. 12762-355-2006).
El experto individualizó los importes totales que percibió YPF SA por cada una de las operaciones, a los que arribó a partir de los montos facturados a OEL y los que, por otra USO OFICIAL parte, percibió o detrajo2 en virtud del SWAP (v. respuesta al punto 7 y anexo 3, a fs. 178 y 183 de la citada actuación 12762-339-2006, a la que corresponden las próximas referencias).
Además, observó: “la empresa les ha dado a las operaciones sujetas a la pericia, tanto a los embarques de petróleo y sus respectivas facturaciones, como a los depósitos calculados como las diferencias entre los valores de mercado y el precio fijado en los contratos FOS más/menos comisiones provenientes de las operaciones SWAP, el mismo tratamiento contable, es decir, son consideradas como ganancias e ingresadas a la cuenta Ventas de Petróleo al Exterior” (respuesta al punto 7, a fs. 178).
Precisó que los embarques parciales para cumplimentar lo establecido en los contratos FOS también fueron “tratados como ganancias e ingresadas a la contabilidad como una venta de petróleo al exterior” (respuesta al punto 9, a fs. 179).
Por último, con relación a los importes abonados a MGT, informó que “no se realizaron pagos salvo las comisiones pactadas a las firmas, a saber: Las comisiones abonadas por el contrato con la Oil Enterprise Ltda. son variables…se encuentran incluidas (sumadas o restadas según corresponda) dentro del importe pagado o cobrado por cada operación sin haberse realizado la registración contable respectiva. Asimismo, se recabó información para operaciones similares y en los casos de haberse realizado pagos los mismos se registraban contablemente haciendo una disminución de las ganancias de la cuenta contable ventas de petróleo al extranjero” (respuesta al punto 10 “Importes conclusión de un proceso investigativo. Por lo que, en definitiva, no bastan para considerar demostrado el entramado de negocios referido en los puntos e) y f) del considerando 1°. 2 YPF SA percibió importes en exceso a lo facturado, salvo en lo que respecta a las destinaciones 01 019 EC01 1861G, 01 019 EC01 2272D y 02 019 EC01 383F (v. esp. fs. 183, act. 12762-339-2006). abonados al Morgan Guaranty Trust Company, en virtud de los contratos SWAP en análisis”, fs. 179/180; este destacado es propio).
Cabe señalar que la opinión del perito, aunque no es vinculante, posee particular eficacia probatoria en materias propias de su especialidad; dada la objetividad que cabe suponer en un auxiliar de la justicia y los conocimientos técnicos que respaldan sus conclusiones. Por lo que, en principio, corresponde atenerse a ella, salvo que los fundamentos de su dictamen resulten insuficientes a la luz de la sana crítica, las demás pruebas y elementos de convicción obrantes en la causa (arg. art. 477, CPCCN, y doctr. esta Sala, causas “Fundación MASIN”, sent. del 22/3/01, y “Lotería Nacional SE c/ Biancardi”, sent. del 19/12/06; entre otras). Sin embargo, en el caso no se presenta el último supuesto, porque no se han aportado otras pruebas de igual o mayor idoneidad técnica.
En particular, no media cabal demostración de la norma de registración contable que la recurrente invocó en su defensa y hacía a su propio interés acreditar. Llama la atención que, tratándose de una cuestión técnica que escapa a la formación jurídica, no haya sido objeto de la certificación contable que la propia actora proporcionó en sede aduanera, ni de la pericia a la que se hizo referencia más arriba. Tampoco se ofreció respaldo probatorio alguno en las instancias posteriores de la actuación (v. fs. 43vta./44vta. act. 12762-339- 2006; y fs. 170vta./171 y 701/719vta. de este expte.); por lo que, en este punto, la actora debe asumir las consecuencias desfavorables de la omisión, con arreglo al principio que emana del artículo 377 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, supletoriamente aplicable a la materia -arg. art. 1174, CA- (doctr. esta Sala, causas “Kossakoff, Mario José -TF 8499-A- c/ ANA”, sent. del 30/4/98, y “Manrique, José Ramón”, sent. del 27/11/07; entre muchas otras).
En definitiva, la sola afirmación de la actora del carácter independiente del SWAP carece de virtualidad para invalidar un análisis sobre los hechos probados en el que, adecuadamente, primó la consideración de la pericia técnica, que -a su vez- respalda sus conclusiones en otro elemento de suma importancia como medio de prueba, como es la contabilidad de la propia empresa. A la luz de esos elementos queda en claro que el SWAP no constituyó un simple reaseguro financiero, como se pretendió hacer valer ante la Aduana, sino que representó para YPF SA un ingreso por las ventas al extranjero, mientras que lo facturado a OEL fue un anticipo de precio de las mismas operaciones.
Se concluye, de tal manera, que no ha mediado arbitrariedad o error que justifique apartarse de la valoración que hizo el Tribunal Fiscal de la Nación en ejercicio de sus atribuciones (arg. art. 1180, CA).
9. Que no es ocioso insistir en que, en el presente caso, el reproche de la Aduana no se circunscribió al hecho de que el precio declarado difiriese del aceptable para la valoración de la mercancía según el artículo 748, inciso b, del Código Aduanero, sino que, además, sostuvo la falsedad del precio por la circunstancia de haberse constatado ingresos diferentes de los declarados; siendo, de hecho, este último aspecto de la imputación el único que 28/11/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 4223/2024 YPF SA (TF 30435-A) C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Más allá de la coincidencia entre lo declarado por YPF SA ante la Aduana y lo facturado a OEL, en el sub examine se observa una falta de correlación con la contabilidad de la empresa y las constancias de ingresos de divisas, que impide arribar a resultados absolutorios como los de otros casos conocidos por este Tribunal (p. e. causa 44372/22 “Maltería Pampa SA”, cit.).
10. Que, en lo que respecta al aspecto subjetivo, es cierto que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha considerado aplicable a las infracciones aduaneras el principio básico del derecho penal conforme al cual sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquél a quien la acción punible le pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente (doctr. Fallos: 290:202; 325:786 y sus citas; asimismo, esta Sala, causa 35983/04 “Renault Argentina SA (TF 15827-A) c/ DGA”, sent. del 1/3/07).
Sin embargo, no corresponde admitir la pretensión exculpatoria de la actora porque el bien jurídico protegido por la infracción de declaración inexacta es el principio de USO OFICIAL veracidad y exactitud de la declaración de la mercadería que es objeto de una destinación ante la Aduana (Fallos: 315:929 y 942; 325:786 y 830; 333:300; entre otros) y lo cierto es que los hechos a los que hace referencia la recurrente no permiten inferir que se haya puesto oportunamente en conocimiento del servicio aduanero, mediante la documentación pertinente, la existencia de los ingresos provenientes del SWAP.
Al confeccionar cada permiso de embarque y su respectiva Declaración de los Elementos Relativos al Valor de Exportación (OM 1993/2 SIM), YPF SA no informó la existencia del contrato celebrado con MGT. Tampoco informó, aunque debía hacerlo, sobre la existencia de descuentos por nivel o cantidad, ni que los envíos formaban parte de una venta mayor convenida.
Por otra parte, la recurrente alude al hecho de haber puesto información a disposición de otros organismos como la CNV y la DGI; lo que resulta ineficaz para excluir el reproche por su conducta ante el servicio aduanero.
En cuanto a la presentación realizada por YPF SA para solicitar opinión a la Aduana sobre la base imponible para el cálculo de los derechos de exportación en operaciones vinculadas, la cual dio origen a la actuación 416972/02, se advierte que allí se mencionó la diferencia entre el precio de venta acordado y el de mercado al momento de los respectivos embarques, sin hacer referencia alguna la concertación del SWAP (véase la copia de la presentación incorporada a fs. 263/267 de este expediente; esp. fs. 264 y 266); lo que recién se puso en conocimiento a partir de las observaciones de valor (véase, p. e., fs. 68/69 de la act. 12762-346-2006).
En suma, la actora afectó con su accionar un sistema que se basa en la confiabilidad de lo declarado ante el servicio aduanero y las circunstancias que expuso son insuficientes para excluir su reproche con sustento en la causal genérica del artículo 902 del Código Aduanero.
11. Que resta examinar el agravio vinculado con la determinación de las sanciones aplicables.
Al respecto, el artículo 954, apartado 1°, inciso c, del código establece que las multas deben graduarse de una a cinco veces “el importe de la diferencia” entre el monto pagado o por pagar desde el exterior, y el que efectivamente correspondiere. De acuerdo a los estándares de juzgamiento sintetizados en el considerando 7°, a criterio de este Tribunal esa diferencia no puede determinarse, como se hizo en anteriores instancias, a partir de la divergencia entre el precio declarado y la cotización internacional de la mercadería (que funcionaría como valor imponible idóneo de acuerdo con la base supletoria normada por el artículo 748, inciso b, del CA); ya que, tal proceder, se opone a los principios constitucionales y legales de tipicidad y proscripción de la incriminación por analogía (art. 18, CN; arts. 894 y 898 del CA).
Además, para que las multas guarden proporción con las faltas efectivamente cometidas deben determinarse en función de las diferencias entre los importes que declaró la actora y los que efectivamente ingresaron por cada operación, considerando lo que aquélla percibió o detrajo en virtud del SWAP; diferencias, éstas, que han quedado exactamente determinadas en la columna “Importe SWAP” del cuadro obrante a fs.181 de la actuación 12762-339-2006.
Más allá de lo expuesto, se aclara que las multas habían sido graduadas en el mínimo legal de una vez el importe de la diferencia, sin que ello fuese materia de cuestionamientos (véase, por ejemplo, fs. 6 de la citada act. 12762-339-2006); por lo que a esa graduación corresponde estar.
También se aclara que las sanciones resultantes de la metodología propuesta son menores a las que había determinado el servicio aduanero. Únicamente corresponde hacer una salvedad con respecto a la multa del permiso de embarque 01 019 EC01 2272D, cuya reliquidación con arreglo a la pauta precedente arrojaría una sanción más gravosa para la recurrente3; de manera que, a su respecto, y a fin de no incurrir en una reforma en perjuicio del apelante (doctr. Fallos: 254:353; 295:778; entre otros), corresponde estar a la suma determinada en la resolución AD PDES 159/11 ($216.749,43).
En consecuencia, las multas quedan establecidas de la siguiente manera:
PE Nro. Actuación Res. AD PDES Multa resultante 1 01 019 EC01 90W 12762-338-2006 107/11 $1.320.657,18 2 01 019 EC01 317B 12762-339-2006 182/11 $1.327.812,22 3 01 019 EC01 572E 12762-340-2006 158/11 $641.775,36 4 01 019 EC01 695K 12762-341-2006 155/11 $650.111,77 3 28/11/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 4223/2024 YPF SA (TF 30435-A) C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO 5 01 019 EC01 871G 12762-342-2006 157/11 $918.608,40 6 01 019 EC01 1159G 12762-343-2006 161/11 $761.704,34 7 01 019 EC01 1484H 12762-344-2006 105/11 $858.783,43 8 01 019 EC01 1608F 12762-345-2006 156/11 $507.651,52 9 01 019 EC01 1640B 12762-346-2006 104/11 $318.079,46 10 01 019 EC01 1861G 12762-348-2006 108/11 $262.710,71 11 01 019 EC01 2272D 12762-349-2006 159/11 $216.749,43 12 02 019 EC01 383F 12762-353-2006 203/11 $397.569,99 13 02 019 EC01 533C 12762-354-2006 199/11 $144.482,28 14 02 019 EC01 532B 12762-355-2006 198/11 $358.694,09 USO OFICIAL Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:
1. Admitir parcialmente los agravios de la actora, confirmar la resolución apelada en cuanto tuvo por configurada la infracción prevista en el artículo 954, aparatado 1°, inciso c, del Código Aduanero con respecto a las destinaciones del caso y modificar el importe de las multas aplicadas con arreglo a lo dispuesto en el considerando 11 de la presente.
2. Imponer las costas por sus vencimientos en ambas instancias (arts 1163 y 1182 del CA, y arts. 71 y 279 del CPCCN).
El juez de Cámara Rogelio W. Vincenti no suscribe por hallarse en uso de licencia (art. 109, RJN).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia