Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 31517-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar la apelación de la actora y confirmar la decisión adoptada por el Tribunal Fiscal de la Nación de fecha 24/06/2024 en todo cuanto fue materia de agravios;
2Las costas se imponen a la actora vencida, en atención a lo expuesto en el considerando XI.- del presente decisorio y
3Desestimar la apelación deducida contra la regulación de honorarios practicada en la instancia de grado, y fijar los emolumentos de la dirección letrada y representación de la demandada por su actuación ante esta Alzada (Considerando XII).
Expte. Nº 46.978/2022.-
///nos Aires, 23 de mayo de 2025.- PGR Y VISTOS, estos autos caratulados: “Y.P.F. S.A. (TF 31517-I) c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo” y,
I. Que por sentencia de fecha 24/06/2024, el Tribunal Fiscal de la Nación resolvió -por mayoría- confirmar las resoluciones que deniegan las repeticiones solicitadas, con costas.
A su vez, en fecha 30/07/2024 reguló los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional y de la perito contadora, los que fueron apelados por altos por la actora (ver fs. 149/162, 171/172 y 185/197 del documento digitalizado).
II. Que, para decidir de ese modo, el Tribunal Jurisdiccional Administrativo - en cuanto aquí interesa- examinó una operatoria celebrada por Y.P.F. S.A., que involucró contratos de venta anticipada de petróleo crudo (Forward Oil Sales o FOS), suscriptos con sociedades extranjeras radicadas en las Islas Caimán y España. Mediante estos contratos, Y.P.F. recibió pagos adelantados por parte de las compradoras, comprometiéndose a entregar mensualmente una determinada cantidad de barriles de petróleo durante un período plurianual.
En particular, precisó que la controversia giró en torno a la naturaleza jurídica y económica de dicha operatoria, a fin de determinar si constituía una simple compraventa comercial internacional o si, por el contrario, presentaba un componente financiero que habilitaba su tratamiento tributario como una colocación de fondos en el país por parte de sujetos no residentes.
En razón de ello, el Tribunal Fiscal de la Nación evaluó que la estructura contractual no se limitaba a la venta de un bien con pago anticipado, sino que se complementaba con la celebración de contratos de cobertura (swaps) con entidades financieras internacionales, como Morgan Guaranty Trust y BNP Paribas. Estos instrumentos financieros establecían precios de corte que funcionaban como mecanismos de cobertura ante las fluctuaciones del valor internacional del crudo.
Sentado lo anterior, precisó que el Ente Fiscal había interpretado que la entrega futura de petróleo crudo, financiada con pagos adelantados de importantes sumas de dinero por parte de las contrapartes extranjeras, representaba una forma de financiación estructurada. En esa línea, los pagos anticipados fueron contabilizados por Y.P.F. como “anticipos de clientes”, y cancelados progresivamente con la entrega física del crudo comprometido en los contratos F.O.S.
1 Así, destacó que, a juicio de la A.F.I.P., esta arquitectura negocial permitió a Y.P.F. acceder a financiamiento a largo plazo bajo una modalidad típicamente utilizada en industrias extractivas, donde los flujos de repago se instrumentan mediante entregas de producto. Según el organismo fiscal, esta mecánica encuadra dentro de lo que se conoce como prepayment financing (financiación mediante pagos anticipados), forma usual de financiamiento basada en producción.
En ese orden, el Tribunal Jurisdiccional Administrativo sostuvo que, si bien los contratos F.O.S. fueron formalmente configurados como compraventas internacionales, de su análisis integral -junto con los contratos de swap- surgía con claridad un objetivo financiero subyacente. En concreto, las condiciones pactadas establecieron un rendimiento predefinido para las contrapartes extranjeras, que se expresaba en la diferencia entre el precio contractual facturado (aproximadamente USD 14 por barril) y el valor de corte previsto en los swaps (alrededor de USD 18 por barril).
En tal sentido, recordó que no se trata de aplicar el principio de realidad económica para recalificar los contratos en sí mismos, sino de identificar las consecuencias fiscales derivadas de la totalidad de la operatoria concertada. Así, el Tribunal destacó que no se cuestionó la entrega del bien comprometido, ni se afirmó que las operaciones fueran simuladas, sino que se verificó que la estructura general respondía a una lógica financiera.
En consecuencia, el Tribunal Fiscal concluyó que los fondos ingresados por Y.P.F. no fueron pagos ordinarios de compraventa, sino colocaciones de capital realizadas por sujetos no residentes, cuyos rendimientos -materializados en la valorización contractual establecida por los swaps- se tradujeron en ganancias de fuente argentina. Ello habilitó la aplicación del régimen de retención en la fuente previsto por la ley del Impuesto a las Ganancias, Título V, en relación con beneficiarios del exterior.
Asimismo, valoró que tales operaciones implicaron una prestación financiera que fue económicamente utilizada en el país, lo que encuadra en el supuesto de “importación de servicios” contemplado por el artículo 1°, inciso d), de la ley de I.V.A. En función de ello, se consideró configurado el hecho imponible correspondiente a dicho tributo.
También rechazó el argumento de la contribuyente respecto de una supuesta falta de congruencia o variación arbitraria del criterio fiscal. En este punto, el Tribunal observó que la A.F.I.P. había actuado con base en elementos objetivos derivados de los propios contratos presentados por la empresa, sin que se advierta apartamiento del derecho vigente ni violación a principios procesales. 2 En otro orden, tuvo en cuenta que Y.P.F. había efectuado los pagos cuya repetición solicitaba de manera espontánea y bajo reserva, con la finalidad -según sus dichos- de evitar mayores intereses resarcitorios. No obstante, el Tribunal destacó que tales pagos no fueron carentes de causa, en tanto correspondían a una obligación tributaria cierta, nacida de los hechos económicos configurados por la empresa.
Finalmente, consideró que la prueba aportada por la actora no resultó conducente para alterar las conclusiones arribadas por el órgano administrativo. Ni la prueba contable, ni la informativa sobre precios internacionales, ni las manifestaciones contractuales resultaron suficientes para desvirtuar el enfoque integral adoptado por el Fisco.
Por los motivos expuestos, el voto mayoritario entendió que debían rechazarse las solicitudes de repetición formuladas por Y.P.F., confirmando los actos administrativos recurridos, con costas.
III. Que, contra lo así resuelto, la parte actora interpuso recurso de apelación en fecha 21/08/2024 y expresó agravios el 24/10/2024.
De la presentación antedicha se corrió traslado a la contraparte, la que lo contestó el 1/10/2024 (ver fs. 203/204, 221/258 y 269/300 del documento digitalizado).
IV. Que, en la fundamentación de su recurso, se agravió por considerar que lo resuelto por el Tribunal Fiscal de la Nación resulta arbitrario y violatorio del principio de legalidad, en tanto omite la correcta aplicación del derecho vigente y efectúa una errónea calificación jurídica de los contratos celebrados, con desconocimiento de la prueba aportada en autos.
Al respecto, indicó que el fallo apelado prescinde del análisis legal que corresponde aplicar en materia de determinación del precio de exportación. En particular, advirtió que el Tribunal omitió considerar el valor de referencia previsto en los contratos suscriptos con OIL, que ubicaban el precio unitario del barril de crudo en torno a los USD 16,60.-, conforme surge de la prueba pericial obrante en autos.
En razón de ello, sostuvo que el Tribunal Fiscal incurrió en una grave omisión al no establecer un precio de mercado al momento de concertarse y percibirse la operación, ni evaluar debidamente los montos efectivamente pactados, percibidos y facturados, los cuales fueron reconocidos por la propia sentencia.
Sentado lo anterior, precisó que el agravio se centra en que la mayoría del Tribunal a quo convalidó una tesis fiscal infundada, según la cual una parte del precio habría sido "descontada" en virtud de una presunta operación de financiamiento implícita, cuya renta financiera se cuantifica, de manera arbitraria, 3 en función del valor de corte de un contrato de cobertura (swap). Este razonamiento carece de sustento legal, ya que no existe en la ley del Impuesto a las Ganancias norma alguna que autorice a segmentar un precio de exportación para identificar un “costado financiero” presunto, ni mucho menos cuantificarlo sobre la base de una cobertura contratada con un tercero.
En efecto, alegó que el Tribunal Fiscal sustituyó, de manera indebida, el procedimiento previsto en el artículo 8 de la ley del gravamen por una construcción teórica carente de respaldo normativo. Recordó que dicho artículo establece que la A.F.I.P. puede ajustar el precio de venta si existe un desvío respecto del valor de mercado, debiendo atribuir la diferencia como ganancia de fuente argentina al exportador. Este ha sido el criterio uniforme desde la antigua ley del impuesto a los réditos, hasta las sucesivas reformas del régimen actual.
Como consecuencia de ello, señaló que el fallo resulta violatorio del principio de legalidad (art. 19 de la C.N.), al no aplicar la norma específica que regula la cuestión y reemplazarla por una presunción no contemplada por el ordenamiento jurídico vigente.
Por otro lado, puso de relieve que los contratos en cuestión -los denominados FOS I, II y III- fueron contratos típicos de compraventa internacional de petróleo, celebrados a largo plazo, con precios pactados según condiciones comerciales habituales del sector.
El Tribunal, sin embargo, calificó parcialmente el precio como si se tratara de un préstamo, interpretando que la percepción anticipada del pago implicó una colocación de fondos, y que la diferencia con los valores de mercado debía computarse como una renta financiera obtenida por el comprador. Esta reconstrucción de los hechos -alejada de la intención de las partes y de la documentación aportada- resulta arbitraria, ya que desnaturaliza el objeto y la causa de los contratos, desconociendo su naturaleza conmutativa y onerosa. En tal orden de consideraciones, precisó que, como surge del propio texto contractual, Y.P.F. cumplió cabalmente con la entrega de los volúmenes de crudo comprometidos, en los plazos y calidades acordadas, lo que fue expresamente reconocido tanto por el Fisco como por el Tribunal Fiscal. No existió, por tanto, operación financiera alguna. La utilización de contratos de cobertura (swaps) fue una práctica legítima y usual para estabilizar el riesgo de precio, sin vinculación con la fijación del precio de venta ni con la supuesta generación de una renta por financiamiento.
Por lo tanto, entendió que no puede considerarse que existió un “descuento” financiero, ni mucho menos que deba imputarse al comprador un beneficio por intereses presuntos. Bajo la normativa tributaria vigente, el único tratamiento admisible de estas operaciones es el de compraventas internacionales 4 genuinas, sujetas a las disposiciones del artículo 8 de la ley del Impuesto a las Ganancias.
En otro apartado, la recurrente denunció que la sentencia apelada incurre en una arbitraria recaracterización jurídica de los contratos celebrados, asimilándolos a operaciones de colocación de fondos en el país. Dicha calificación -según entiende- vulnera el principio de la realidad económica consagrado en el artículo 2 de la ley 11.683, ya que no se basa en prueba alguna que permita desvirtuar la naturaleza de los actos jurídicos celebrados.
Sobre el particular, recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en precedentes como “San Buenaventura S.R.L.” (2006), ha sostenido que la Administración no puede prescindir de los efectos jurídicos de los contratos válidamente celebrados entre partes independientes, salvo prueba contundente de simulación o fraude.
Por ser ello así, consideró que la sentencia impugnada prescinde de los hechos debidamente acreditados en autos, ignora la voluntad expresa de los contratantes y no ofrece argumentos suficientes de derecho que permitan justificar la calificación adoptada.
Asimismo, cuestionó la decisión en crisis por cuanto desconoce los principios elementales de interpretación contractual y tributaria. No se identificó ningún elemento que justifique sustituir la causa lícita de los contratos -una compraventa- por otra presunta -una colocación financiera-, sin fundamento normativo ni fáctico.
Aseveró que dicho proceder afecta gravemente la seguridad jurídica, al permitir que una operación comercial válida sea re-caracterizada como financiera sin pruebas ni base legal, lo que vulnera la igualdad ante la ley, la razonabilidad del acto jurisdiccional y el principio de legalidad tributaria.
Sentada la cuestión anterior, la recurrente se quejó de que el fallo apelado construyó su razonamiento sin atender debidamente los hechos del caso ni valorar en forma integral el material probatorio incorporado a la causa. Cuestionó que el tribunal haya fundado su decisión en una publicación doctrinaria de la O.C.D.E., de carácter general y meramente orientativa, la cual fue utilizada como único respaldo para sostener la existencia de una supuesta colocación de fondos en el país, sin realizar una interpretación adecuada de los contratos concretos celebrados por la contribuyente.
Así, destacó que el vocal instructor reprodujo pasajes doctrinarios referidos a esquemas de financiamiento anticipado utilizados en el comercio internacional de commodities, sin que esos modelos reflejaran el contenido real ni las características propias de las operaciones ejecutadas por Y.P.F. Afirmó que los contratos celebrados por la empresa consistieron en verdaderas compraventas 5 con pago anticipado, conforme a los usos y prácticas del sector de hidrocarburos, y que la operación fue debidamente ejecutada, sin que existiera interés, renta financiera ni servicio alguno sujeto a imposición en los términos del artículo 1°, inciso d), de la ley del Impuesto al Valor Agregado.
De otro lado, también consideró que el fallo omitió valorar en su integridad los instrumentos contractuales acompañados, así como los contratos de cobertura financiera celebrados por la recurrente, los cuales respondieron a una finalidad lícita y genuina de protección frente a la volatilidad de los precios del crudo. Advirtió que la sentencia apelada no examinó las condiciones económicas que motivaron la contratación de los swaps, ni consideró que tales instrumentos fueron celebrados con entidades bancarias del exterior bajo condiciones de mercado y con la debida transparencia.
En otro orden de ideas, la recurrente señaló que el Tribunal Fiscal incurrió en una doble calificación jurídica contradictoria al afirmar, por un lado, que las operaciones en cuestión consistieron en compraventas internacionales, y por otro, que implicaron una colocación financiera gravada. Aseveró que dicha conclusión resultó jurídicamente inadmisible, en tanto no se acreditó la existencia de un negocio jurídico indirecto ni se demostró que los contratos hayan encubierto una finalidad distinta a la expresada por las partes.
Entendió sobre el punto que el tribunal aplicó erróneamente el principio de realidad económica por sobre la forma, sin probar que existiera simulación, abuso del derecho o maniobra elusiva. Indicó que, conforme surge del artículo 385 del Código Civil y Comercial de la Nación, la existencia de un negocio indirecto exige prueba concreta de la intención de las partes y del resultado económico alcanzado, elementos que no fueron demostrados en autos.
Asimismo, remarcó que el Tribunal de grado desestimó arbitrariamente la prueba ofrecida, en especial aquella que daba cuenta de las líneas de financiamiento formal con las que contaba la empresa al momento de las operaciones cuestionadas. En tal sentido, afirmó que Y.P.F. disponía de programas de emisión de obligaciones negociables autorizados por la Comisión Nacional de Valores y la SEC de los Estados Unidos, lo que contradecía cualquier hipótesis sobre la supuesta necesidad de estructurar un mecanismo encubierto de financiamiento.
Por otro lado, sostuvo que la sentencia prescindió de considerar precedentes relevantes del Máximo Tribunal, entre ellos el fallo “Tecpetrol S.A. c/D.G.I.”, donde la Corte reconoció la legitimidad de los instrumentos de cobertura financiera como parte de la gestión económica de empresas expuestas a riesgos de precio. Señaló que dicha doctrina resultaba plenamente aplicable al caso, y que 6 el tribunal debió haberla tenido en cuenta al momento de calificar jurídicamente los contratos analizados.
Advirtió también que la argumentación del fallo se apartó de los principios de legalidad y certeza tributaria, al redefinir los hechos sin sustento en el expediente y al atribuir a la operación consecuencias fiscales que no se desprenden ni del texto de la norma ni del contrato. En ese sentido, concluyó que el razonamiento del a quo violó el principio de reserva de ley, al pretender extender el alcance del hecho imponible sin una norma expresa que lo sustente. Por todo lo expuesto, la recurrente solicitó que se revoque la sentencia apelada en todas sus partes, con expresa imposición de costas a la parte demandada, por resultar infundada, arbitraria y contraria a derecho.
V. Que cabe destacar que en el estudio y análisis de las posiciones de las partes, se seguirá el criterio trazado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que establece que los jueces no estamos obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso con sustento en un pronunciamiento válido (cfr. C.S.J.N., Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970, entre otros y, en sentido concordante, esta Sala, in rebus, “Luis A. Ducret y Cia. S.A. c/D.G.I.”, Expte. Nº 11.354/2017, del 18/12/2018; “VZ Bath & Body S.A. (TF 36087-I) c/D.G.I.”, Expte. Nº 12.109/2021, del 8/04/2022 y “Consultatio SA (TF 31752-I) c/D.G.I.” Expte. N° 25.194/2023, del 1/09/2023, entre muchos otros).
VI. Que, ello sentado, a los fines de resolver la cuestión recursiva traída a conocimiento de este Tribunal, ha de tenerse presente que:
1. A fs. 20/47 y 214/233, se presenta la firma actora e interpone recurso de apelación por denegatoria de repetición, contras las resoluciones N° 19/2008 (DV REGN) y N° 4/2012 (DV REGN), dictadas por el Jefe (Int.) de la División Recursos del Departamento Legal Grandes Contribuyentes, a efectos de que se le reintegren las sumas abonadas sin causa.
Por Resolución N° 19/2008 (DV REGN), el Fisco Nacional no hizo lugar al reclamo de repetición interpuesto en fecha 23/10/2006, por la suma de $218.498.714,28.- correspondiente a las retenciones de Impuesto a las Ganancias a los beneficiarios del exterior períodos fiscales 01/2022 a 04/2006 por la suma de $127.217.078,83.- todo ello con más los intereses resarcitorios de ley en la suma de $84.057.805,79; y a los intereses resarcitorios y capitalizados correspondientes al ingreso del Impuesto al Valor Agregado por prestaciones del exterior por la suma de $7.223.829,66.
Por Resolución N° 4/2012 se dispuso no hacer lugar al reclamo administrativo previo, presentado el 28/12/2011, por el cual la firma solicitó la 7 repetición de $27.542.202,26.- con más los intereses respectivos, correspondiente a las retenciones del Impuesto a las Ganancias a beneficiarios del exterior, por los períodos 05/2006 a 06/2008.
Destaca que, en ambos supuestos, la postura fiscal radica en que los créditos otorgados por Oil Trading Corp. (OTC), y Oil Enterprises Ltd. (OEL) a favor de la actora, resultan operaciones financieras, por lo que de conformidad con lo establecido en artículo 5° de la ley del Impuesto a las Ganancias y al 9° inciso b) de su Decreto Reglamentario, constituyen una colocación de fondos en la República Argentina cuyos rendimientos a los fines impositivos, se consideran ganancia de fuente argentina, y por ende susceptibles de aplicar el régimen retentivo en la fuente prevista en el Título V de la ley del referido impuesto. En primer término, la actora manifiesta que en fecha 23/10/2006 presentó nota ante A.F.I.P. -D.G.I. por la cual expresa que los pagos indicados precedentemente, se efectuaron bajo protesto y al solo efecto de evitar el devengamiento de mayores intereses resarcitorios, haciendo reserva expresa de interponer el reclamo de repetición.
Señala que en la posición fiscal conviven dos tesis. Por un lado, la sostenida por el Departamento de Operaciones Internacionales de la Asesoría Técnica de A.F.I.P. –D.G.I., que entiende que Y.P.F. S.A. habría puesto en marcha una operación de financiamiento externo por medio de una serie de contratos y de transacciones llevadas a cabo por terceros, donde los contratos F.O.S. serían meramente instrumentales, como componentes de una operatoria de mayor magnitud, generadora esta última del impuesto de fuente argentina y asimilable a las operaciones de crédito establecidas en el artículo 93 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. Mientras que la segunda hipótesis, sustentada por el juez administrativo, admite la existencia de la compraventa pero que esta tendría un costado financiero pasible de ser gravado por el Impuesto a las Ganancias, por lo que no se desconoció la legitimidad de los contratos de las operaciones efectuadas, sino que se ha probado que las mismos poseen dicho componente, no resultando aplicable el principio de la realidad económica.
Remarca que la cuestión a dilucidar radica en determinar si en una operación real de compraventa, la presunta existencia de un descuento por pago anticipado debe ser tratada como una operación financiera generadora de presuntos intereses, y por ende su parte ha de actuar como agente de retención sobre los presuntos beneficios generados a los agentes del exterior. Entiende que el Tribunal de grado no puede admitir la asimilación de una compraventa, a los créditos de cualquier origen y naturaleza que según lo establecido en el artículo 93 inciso c) de la Ley del Impuesto a las Ganancias y su 8 correlato en el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), generaron el hecho imponible y la pretendida obligación de actuar como agente de retención.
Agrega que en el rechazo al reclamo de repetición se pretende asimilar una compraventa a una operación financiera, a los fines de su tratamiento tributario en el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto al Valor Agregado, legitimando así el presunto “costado” financiero de la operación.
Explica que podía endeudarse sin costo fiscal alguno, pero que tal punto fue soslayado por el Fisco Nacional, porque si se pretendiera reconducir la compraventa a un préstamo, sería condición que el interés pagado fuera más ventajoso a otras formas más económicas de endeudamiento con las que contaba en ese momento la actora. Afirma que, si su intención hubiera sido netamente financiera, le resultaba más sencillo emitir obligaciones negociables y colocarlas por oferta pública en el mercado internacional. Indica que al momento de celebrar los contratos F.O.S. contaba con capacidad de endeudamiento disponible bajo la forma de emisión de obligaciones negociables a través de programas existentes al momento de la celebración de tales contratos.
Expresa que la postura fiscal no contempla los argumentos esgrimidos oportunamente por la actora, puesto que los mismos no fueron atendidos ni rebatidos, en cuanto sostienen que la operación de marras no fue ni más ni menos que una compraventa, que la misma se prueba con la capacidad de endeudamiento antedicha y que la intención de la actora fue la de colocar una importante cantidad de petróleo para asegurarse precio conveniente para así cumplir con su actividad principal y no en el interés meramente financiero que habría inspirado los F.O.S., y que los referidos swaps fueron celebrados para precaverse sobre la variación de precios.
Alega que si bien el acto emitido por el “Juez Administrativo” y el dictamen del Departamento de Operaciones Internacionales y Asesoría Técnica, sobre distintas premisas llegan a la conclusión de recaracterizar la compraventa como préstamos colocados desde el exterior, surge de este último -el dictamen- que la actora habría efectuado un negocio complejo en donde las operaciones compraventa de petróleo y los swaps celebrados con MGT no se tratarían de operaciones aisladas o relacionadas en forma casual, sino de negocios vinculados. Agrega que para poder fundamentar dicha postura se recurre a un entramado de operaciones internacionales realizadas por terceros calificados como operadores del mercado internacional, absolutamente ajenas al interés y voluntad de la actora.
Detalla los contratos celebrados, describe la operatoria de la compañía, explica que en los mismos se pactó el pago de la totalidad de las sumas que se correspondían por la operatoria llevada adelante y la consecuente entrega 9 mensual de determinada cantidad de barriles de petróleo crudo, por lo que, a su entender, tales condiciones tipifican un contrato de compraventa sujeto a modalidad, que evidencian un propósito comercial y que Y.P.F. no deseaba endeudarse por lo que vendió una parte del crudo que tenía en sus reservas. Detalla que la voluntad negocial auténtica de las partes, está dada por la aceptación del contrato de un precio estimado a largo plazo, que superaba al precio de mercado en los meses posteriores al momento de la firma.
Continúa desarrollando su postura, acompaña prueba documental, ofrece prueba pericial contable e informativa y formula reserva del caso federal. Finalmente, solicita se haga lugar a la presente demanda de repetición y se ordene la devolución de las sumas abonadas más los intereses resarcitorios, con costas.
2. A fs. 61/81 y 253/272 se presenta el Fisco Nacional, contestando la demanda de repetición y el recurso de apelación contra la resolución denegatoria, niega los hechos alegados, se opone a la prueba ofrecida por la actora y solicita se rechacen los recursos incoados por la actora en todas sus partes, con expresa imposición de costas.
Reitera la negativa en cuanto al pago efectuado por la parte actora y que ahora pretende repetir, por lo que, a su entender, la actora duda o no confía en los agravios formulados y que para el caso muy probable de que la acción intentada sea rechazada, ya ha ingresado el tributo e interrumpido los intereses. Explica que con relación a la operatoria llevada adelante por la actora, mediante la resolución N° 1363/02 (D1 ATEC) la Dirección de Asesoría Técnica, a través del Departamento Operaciones Internacionales, opino que no se trata de operaciones aisladas, sino de un negocio único complejo y concluyó que los sujetos del exterior realizaron una colocación de fondos en nuestro país - específicamente a favor de la firma Y.P.F. S.A.- cuyos rendimientos debían considerarse ganancias de fuente argentina, y por ende alcanzadas por el régimen de beneficiarios del exterior previsto en el Título V de la Ley del impuesto a las Ganancias, inciso e) del artículo 93.
Afirma que la utilización de tales instrumentos permite el logro de múltiples intenciones, que dada la combinación de los mismos entre si -en este caso: forward y swap- o con otras operatorias quedan al margen de la tributación determinados aspectos de las mismas.
Agrega que la actora al asegurar su precio de venta mediante el cobro adelantado, priva de sentido a la cobertura de la baja del precio, que le hubiera interesado en su calidad de productor vendedor de commodities.
Señala que, tal como afirma la actora, existen las llamadas dos tesis y/o cambios de criterios entre la postura del Departamento Operaciones 10 Internacionales y lo finalmente expresado por el “Juez Administrativo”, pero que en ambos casos siempre se ha considerado que los contratos de "venta futura de petróleo" y sus contrataciones, forman parte de un negocio jurídico internacional complejo, donde la venta solo es uno de sus componentes, pero que en ningún momento se desconoció esta última sino que, sobre ellas se desentraña un componente financiero, implícito o explícito que deviene de las sumas de dinero entregadas de manera anticipada.
Añade que tampoco se dice que ha existido una operación de descuento, sino que existe un capital colocado en el país que devengaría intereses. Que el acto dictado no recalifica el tratamiento tributario de una compraventa, que lo que intenta la actora es confundir a partir de un razonamiento equivocado. Manifiesta que, en cuanto a las formas de endeudamiento esgrimidas por la actora, no le presentan un problema fiscal, que resulta irrelevante la razón por la cual hizo una cosa u otra para obtener fondos y que el llamado por la empresa "anticipos de clientes” también es una forma de financiamiento. Pero afirma que no se puede negar el hecho de que, recibir anticipadamente 680 millones de dólares no es gratuito y ese costo por usar tale fondos se ha pagado con los cuatro dólares por barril en el transcurso de 7 y 10 años según cada contrato y esa es en realidad la tesis fiscal que la actora critica.
Precisa que si Y.P.F. S.A. es parte del negocio y evidentemente busco financiación externa para poder exportar sus futuras producciones, quizás sin ellas no hubiera podido realizarlas, y agrega que sus compradores del paraíso fiscal, también la buscaron: prueba de ello, es que no contaban con los fondos y por ello recurrieron al más importante mercado internacional de dinero. Recuerda la emisión de las "notes due" con la intervención de la Banca Morgan y el Fideicomiso del principal Banco de Canadá, que con intereses superiores a los normales internacionales (6,467% y 6,209%) posibilitaron la llegada de los fondos al país.
Agrega que las colocaciones efectuadas por las empresas extranjeras compradoras son innegablemente financieras, que todo ello no implica una recalificación jurídica de los contratos sino descorrer el velo económico entre todas las partes integrantes de las complejas contrataciones que se fueron derivando. Manifiesta que por medio de los contratos "swap de precios", tanto Y.P.F. S.A. como los compradores se cubren no solo de las variaciones del mercado petrolero, sino de los costos financieros de ambas partes y protegen la devolución de intereses del capital recibido.
Recalca que no resulta cuestionado ni el plazo ni tampoco los valores pactados en los contratos, sino aquella parte que se entiende imponible por el gravamen nacional, es decir, los 4 dólares que cada entrega de barril de petróleo 11 lleva en beneficio de las empresas extranjeras por su colocación de capitales utilizados en el país.
Sostiene que el hecho de que las operaciones hayan sido registradas contablemente como "Anticipos de Clientes", más que entenderse como excluyente de la financiación y relevante en los aspectos comerciales, parece ser un error conceptual de la actora, toda vez que las mismas configuran un pasivo del ente que los registra y en el caso, pagaderos en la especie que se obligara, es decir, barriles de petróleo.
Concluye reafirmando que la cuestión no radica en las formas de financiamiento de la actora, sino en el tratamiento de la renta que han obtenido aquellas empresas extranjeras producto de la colocación de fondos en el país, que son distintas a la diferencias por las compras y ventas de los barriles de petróleo realizadas a través de ellos y con origen en los otros inversores, acreedores de las obligaciones "notes due" que se ofrecieran para una colocación y utilización en la República Argentina y garantizados con el pago en barriles de petróleo a recibir por sus emisores.
Acompaña los antecedentes administrativos, se opone a la producción de prueba, hace reserva del caso federal y solicita se rechace la pretensión de la parte actora, con costas.
3. Por resolución del 20/09/2021, la Sala B del Tribunal Fiscal de la Nación (fs. 287/290) declaró la incompetencia para entender en estos autos, por tratarse de una reclamación pecuniaria entre dos entes que integran el Sector Público Nacional, circunstancia a la que se refiere la ley 19.983, la cual prevé que en estos casos la contienda interadministrativa debe ser resuelta por el Procurador del Tesoro de la Nación o por el Poder Ejecutivo Nacional, según el monto de la disputa.
Luego, por resolución del 11/07/2023, esta Sala -por mayoría- resolvió hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por YPF S.A. y, en consecuencia, se revocó el pronunciamiento del Tribunal Fiscal de la Nación, disponiendo que reasuma la jurisdicción que declinó (ver fs. 84/94 del documento digitalizado).
VII. Que sentado lo anterior, es preciso recordar que los actos administrativos gozan de la denominada presunción de legitimidad (cfr. art. 12 de la ley 19.549 y modificatorias y esta Sala, in re, “LDC Argentina S.A. c/D.G.I.”, Expte. Nº 91.325/2017, del 3/05/2018; y “Garber, Natalio (TF 43750-I) c/Dirección General Impositiva s/Recurso Directo de Organismo Externo”, Expte. N° 51368/2022, del 24/02/2023, entre otros).
En tal sentido, corresponde señalar que la citada presunción implica la suposición de que el acto administrativo ha sido dictado con arreglo a las normas jurídicas que debieron condicionar su emisión. Así la Corte Suprema de Justicia de 12 la Nación ha afirmado que la presunción permite inferir que toda la actividad de la Administración guarda conformidad con el ordenamiento jurídico, lo cual subsiste en tanto no se declare lo contrario por el órgano competente (cfr. Fallos: 319:1476, in re, “Alcántara Díaz Colodrero, Pedro”, del 20/08/1997, entre otros). En palabras de Bartolomé Fiorini, el fundamento de este carácter deriva de la presunción general de validez que acompaña a los actos estatales: a toda ley se la presume constitucional, a toda sentencia se la considera válida, y a todo acto de la Administración se lo presume legítimo (cfr. autor citado, Derecho Administrativo, Bs.As., Abeledo-Perrot, 1976, 2da. edición, t. I, p. 348). A lo que cabe agregar que la revisión judicial de los actos concurre para enervar la presunción y, en todo caso, ello significa que la presunción puede ser desvirtuada ante un tribunal (cfr. Comadira, Julio R. -Monti, Laura M., colaboradora, Procedimientos Administrativos, Bs.As., La Ley, t. I, pp. 231/232 y sus citas).
Es en razón de la vigencia de la citada norma y principio, que le corresponde a la parte actora, en ejercicio de su derecho de contradicción, ofrecer y producir prueba conducente a fin de derribar la presunción de legitimidad y evidenciar los pretendidos errores que afectarían a los actos administrativos impugnados (cfr. art. 377 del C.P.C.C.N. -de aplicación supletoria- y esta Sala, en autos: “Ostry, Silvia Beatriz c/D.G.I.”, Expte. Nº 67.852/2020, del 18/06/2020, entre otros).
VIII. Que, en orden al análisis de las cuestiones planteadas, cabe señalar que el caso encuadra en la previsión contenida en el artículo 86, inc. b), aps. 1º) y 2º) de la L.P.T.; norma que exige a quien pretende la revisión en esta instancia de la plataforma fáctica y de la prueba que gira en torno a ella, acreditar la arbitrariedad en el pronunciamiento del Tribunal a quo, lo que habilitaría tal análisis por parte de esta Cámara.
El criterio imperante en este Tribunal interpreta que de conformidad con lo establecido por el artículo 86 de la ley 11.683, respecto al análisis de las cuestiones de hecho y prueba relacionadas con la causa, se prevé una limitación en razón de la cual corresponde estar a lo decidido por el T.F.N., salvo que se demuestre que se ha incurrido en arbitrariedad manifiesta en la valoración de dichos aspectos (cfr. Sala I, en la causa: “Establecimientos Don Esteban S.A. c/D.G.I.”, del 12/05/2015; esta Sala, in re, “Xenobióticos S.R.L. c/D.G.I.”, Expte. Nº 23.132/2016, del 7/06/2016 y sus citas; Sala III, en autos: “Standard Motors Argentina S.A. c/D.G.I.”, del 12/05/2015; Sala IV, causa: “Valle Escondido c/D.G.I.”, del 17/05/2016 y Sala V, in re, “Sullair Argentina S.A. c/D.G.I.”, del 21/03/2011, entre otros).
En el supuesto previsto en la norma en comentario, los agravios en esta especie de recurso deben formularse teniendo en cuenta que lo que corresponde 13 conocer y decidir a este Tribunal, en principio y como regla general, es: a) si existió violación manifiesta de las formas legales en el procedimiento ante el Tribunal Fiscal, y b) acerca del fondo del asunto, tener por válidas las conclusiones de dicho tribunal sobre los hechos probados. Es decir, los agravios del apelante deben estar centrados, como regla general, en cuestiones de derecho (cfr. Sala III, in rebus: “Golden Penaut Argentina S.A. c/Dirección General Impositiva s/Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 72.680/2018, del 9/5/2019; “Arusa, Vicente Eduardo (TF 23735-I) c/D.G.I. s/Apelación”, Causa Nº 23.090/2012, del 12/11/2013).
En tal orden de exposición, esta Cámara ha tenido ocasión de enfatizar el carácter limitado del citado recurso, razón por la cual cabe, en principio, estar a las conclusiones del Tribunal Fiscal sobre los hechos probados (cfr. Sala I, in re: “Merlino Automotores S.A.”, del 12/3/2009; esta Sala, in re: “Frigorífico Marejada S.A.”, del 29/12/2009; Sala III, in re: “Mueblería Torca S.A. c/Dirección General Impositiva s/Recurso directo de organismo externo”, del 20/2/2020; Sala IV, in re: “Agropecuaria Laishi S.A.”, del 15/4/2010).
Ahora bien, sin perjuicio de ello, tal principio cede no sólo cuando se haya omitido sustanciar o incorporar al proceso determinados hechos o material probatorio conducente para resolver la cuestión en debate, sino ante supuestos de arbitrariedad en la apreciación de aquéllos. Por ello, se ha dicho que el recurso impetrado no da acceso a una instancia ordinaria que haga posible un nuevo pronunciamiento sobre la prueba y sobre la conclusión a la que dicho órgano jurisdiccional hubiera arribado al ponderarla, salvo supuestos de error manifiesto (cfr. Sala III, in re: “CLK S.A. (TF 36588-I) c/Dirección General Impositiva s/Recurso directo de organismo externo”, del 9/8/2022; y Sala V, in re: “Sullair Argentina S.A. (TF 24732-I) c/D.G.I.”, del 21/3/2011).
A mayor abundamiento, con relación a la pretendida arbitrariedad de la sentencia dictada por el Tribunal Fiscal de la Nación, cabe recordar que la primera formulación de la noción de sentencia arbitraria data del año 1909 y fue efectuada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al fallar la causa: “Rey vs. Rocha”, registrada en Fallos: 112:384.
En dicha oportunidad, el Alto Tribunal sostuvo que sentencia arbitraria es aquella desprovista de todo apoyo legal y fundada, tan sólo en la voluntad de los jueces y no lo es, en cambio, cuando concurra simplemente una interpretación errónea de las leyes a juicio de los litigantes. De allí que resulte trascendente remarcar la distinción entre arbitrariedad, por un lado y el mero error en la interpretación de las leyes o en la apreciación de la prueba por el otro. Sobre el punto, cabe recordar que constituye doctrina jurisprudencial pacífica, sólida y consolidada aquella que caracteriza qué debe entenderse por 14 arbitrariedad: “[s]ólo cuando se resuelve contra, o con prescindencia, de lo expresamente dispuesto por la ley respecto al caso, se prescinde de pruebas fehacientes regularmente traídas al juicio o se hace remisión a las que no constan en el” (cfr. Fallos: 207:72, in re, “Carlozzi c/Tornese Ballesteros”, del 14/02/1947 y doctrina concordante posterior, doctrina aplicada por esta Sala en reiteradas oportunidades, por ejemplo, sentencia en autos: “Quilsa Com Ar S.H. (T.F. 28283-I) c/D.G.I.”, Expte. Nº 6647/2021, del 26/04/2022, entre otros).
A lo expuesto, debe agregarse que la tacha de arbitrariedad no procede por meras discrepancias acerca de la apreciación de prueba producida o de la inteligencia atribuida a preceptos de derecho, así se estimen esas discrepancias legítimas o fundadas. Esta tacha no tiene por objeto la corrección de sentencias equivocadas o que se estimen como tales, sino que atiende solo a supuestos de omisiones de gravedad extrema en que, a causa de ellas, los pronunciamientos quedan descalificados como actos jurisdiccionales (cfr. Fallos: 244:384, citado por Carrió, Genaro R., Recurso Extraordinario por Sentencia Arbitraria, Bs. As., Abeledo Perrot, 1967, p. 29).
IX. Que las pautas precedentemente expuestas, constituyen el parámetro interpretativo básico a los fines de analizar y valorar las cuestiones aquí debatidas, en tanto conciernen a la determinación del alcance de los hechos y las pruebas referidas a la operatoria celebrada por Y.P.F. S.A., que involucró contratos de venta anticipada de petróleo crudo (Forward Oil Sales o FOS), suscriptos con sociedades extranjeras radicadas algunas en las Islas Caimán y España. Mediante estos contratos, Y.P.F. recibió pagos adelantados por parte de las compradoras, comprometiéndose a entregar mensualmente una determinada cantidad de barriles de petróleo durante un período plurianual.
Sobre el punto, la Administración Tributaria puso de manifiesto que no se trata de una serie de transacciones aisladas o relacionadas casualmente entre sí, sino de un único negocio, complejo, donde las diversas operaciones que lo componen tienen su razón de ser en función de limitar con precisión el rol correspondiente a cada una de las partes intervinientes, como así también la medida de los ingresos y egresos atribuibles a cada una de ellas por su participación en la operatoria.
Las áreas asesoras del Fisco concluyeron que la lectura de las transacciones descriptas mostraba inequívocamente que, en el marco de la citada relación contractual, los sujetos del exterior realizaron una colocación de fondos en nuestro país -específicamente a favor de la firma Y.P.F. S.A.- cuyos rendimientos debían considerarse ganancias de fuente argentina.
En ese orden, se reconoció a favor de las empresas del exterior determinada cantidad de dólares estadounidense por cada barril de petróleo, 15 resultando este rendimiento una renta de fuente argentina, específicamente alcanzada por el régimen de beneficiarios del exterior previsto en el Título V de la Ley del Impuesto a las Ganancias, inciso c) del artículo 93.
Por ser ello así, el Tribunal Fiscal de la Nación, concluyó -luego de analizar los antecedentes de la causa- que no hay dudas de que la empresa recurrente logró con esta arquitectura negocial una financiación extranjera aprovechando la producción y venta de barriles de petróleo, asumiendo un pasivo que fue cancelando con los barriles entregados durante los años que duraron los respectivos contratos. Ello, al margen de haber tenido otras financiaciones vigentes o posibilidades de usar otros canales.
Precisó que, los contratos de swap establecieron un límite al rendimiento reconocido a los sujetos que colocaron fondos en el país y consecuentemente al costo financiero para la recurrente, de ahí que la empresa a partir de los contratos de swaps cobrara la diferencia cuando el precio del barril superara el precio de corte y a la inversa tuviera que pagar la diferencia hasta el precio de corte, estableciéndose así un rendimiento para quienes anticiparon los fondos, de una determinada cantidad preestablecida de dólares por barril de petróleo. En definitiva, sostuvo que la diferencia entre el valor de los barriles a entregar respecto de los fondos anticipados y el valor fijo definido como precio de corte con los swaps termina siendo el rendimiento que reconoció la empresa a los sujetos no residentes que hicieron la colocación de fondos en el país, todo ello en el marco de los contratos conexos de “FOS” y swaps.
Por tales consideraciones, el Tribunal de grado decidió -por mayoríaconfirmar las resoluciones que deniegan las repeticiones solicitadas.
X. Que de lo reseñado anteriormente no se sigue, bajo ningún concepto, que la premisa por la cual fueron dictadas las resoluciones administrativas cuestionadas resulte incorrecta, en tanto el criterio valorativo expuesto por el Organismo Recaudador no resulta susceptible de objeción, si no existen elementos de prueba con entidad suficiente como para controvertir las bases fácticas tenidas en cuenta para resolver del modo en que lo hizo.
Dentro del catálogo probatorio que la propia parte actora acompañó, se observa que o bien no resultan idóneas, o bien ponen en evidencia que la cuestión lejos de resultar uniforme, presenta aristas que tornan a la impugnación inconducente a los efectos de desvirtuar la presunción de legitimidad que inviste a la resolución impugnada. Todo ello, evaluado de conformidad con la regla de la sana crítica, expresamente prevista en el ordenamiento adjetivo al efecto (cfr. artículo 386 del C.P.C.C.N. de aplicación supletoria por conducto del art. 197 de la L.P.T.).
16 Al respecto, cabe recordar que la Administración debe ajustarse al emitir los actos individuales de aplicación, a la normativa que integra el bloque de legalidad y, asimismo, que la circunstancia que determina la validez de un acto administrativo individual consiste en la correspondencia de este último con el derecho objetivo vigente al momento de su dictado; ello constituye la esencia del principio de legalidad de la actividad administrativa (cfr. Comadira, Julio Rodolfo y Monti, Laura M. -Colaboradora-, Procedimientos Administrativos –Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, anotada y comentada, Tomo I, La Ley, 2002, p. 197).
En ese orden, cabe hacer notar que el T.F.N. al analizar las pruebas, sostuvo lo siguiente: “En cuanto a la prueba documental adjuntada por la actora nada nuevo aporte a la existente en las actuaciones administrativas. En lo que hace a la pericial contable, la misma ha sido superflua, pues no está en discusión las cuestiones de registro y contabilización de las exportaciones, anticipos, con montos y fechas. Tampoco cambia la decisión la prueba informativa respecto de los precios internacionales de petróleo o precios internos, dado que no están en discusión”. (sic)
Nótese que el recurrente vuelve sobre cuestiones suficiente y reiteradamente planteadas, debatidas y resueltas, que conciernen por un lado a la conculcación de sus derechos o garantías constitucionales y, por el otro, a la omisión o yerro en la ponderación de los hechos y en la prueba producida; más por cierto ello es insuficiente para controvertir con eficacia el sustento medular de las resoluciones impugnatorias, que finca en correcta identificación de la operatoria llevada adelante por Y.P.F S.A. con las sociedades extranjeras, mediante la cual se concretó por un lado, una colocación de fondos en nuestro país, de los cuales se valió la firma actora como mecanismo de financiamiento, y por el otro, se previó la retribución de dicho servicio mediante la diferencia en el precio del barril entregado (cuyas fluctuaciones, en mas o en menos fueron cubiertas mediantes los “swaps” también pactados), rendimientos que naturalmente deben considerarse ganancias de fuente argentina.
Por ser ello así, corresponde desechar la pretendida tacha de arbitrariedad de la resolución apelada, y por considerarse debidamente fundada en un correcto y prudente análisis del material probatorio, tampoco cabe su revisión por parte de este Tribunal, con ajuste a las pautas ya expuestas.
XI. Que en orden al modo en que se decide la causa, corresponde que las costas sean impuestas a la parte actora que resultó vencida; ello, por aplicación del principio general de la derrota (cfr. arts. 68, 1º parte del C.P.C.C.N., de aplicación por conducto del art. 197 de la ley 11.683, t.o. 1998 y modif.). 17 XII.- Que a fin de tratar el recurso interpuesto; en primer término, cabe señalar que, mediante la regulación de honorarios se busca compensar de modo adecuado la tarea desplegada por los profesionales que se desempeñaron durante la sustanciación de la causa. Para ello debe ponderarse la magnitud del trabajo realizado, el grado de responsabilidad asumido, en concordancia con la complejidad de los intereses económicos en juego y la contribución que cada uno ha aportado para llegar a la solución definitiva del pleito.
Además a fin de lograr una retribución equitativa y justa no resulta conveniente tan sólo la aplicación automática de porcentajes previstos en los aranceles, en la medida en que las cifras a las que se arriba pudieren conducir a una evidente e injustificada desproporción con la obra realizada. Tal proceder, limitaría la misión del Juzgador a un trabajo mecánico sin un verdadero análisis y evaluación de la tarea encomendada a los abogados, peritos, consultores, etc. (conf. esta Sala ‘in re’ "Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina c/E.N. -M° de Salud y Acción Social- y otro s/Juicios de Conocimientos" del 30 -XII-97 y “Estado Nacional (M.O.S.P. y E.) c/Baiter S.A. “ del 2-IV-98, entre otras), razón por la cual se impone la adecuada y prudente ponderación de la totalidad de los factores que conducen a la ajustada valoración de la tarea profesional. Que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el valor del juicio no es la única base computable para las regulaciones de honorarios, las que deben ajustarse al mérito, naturaleza e importancia de la labor profesional (C.S. Fallos: 270:388; 296:124, entre muchos más).
Y, recientemente en la causa “Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A. c/Misiones, Provincia de s/acción declarativa”, sentencia del 4/09/2018 (Fallos:341:1063), sostuvo, en cuanto a la ley aplicable a los trabajos cumplidos con anterioridad a la entrada en vigencia la ley 27.423 y su promulgación parcial dispuesta por decreto 1077/17 que, en el caso de los trabajos profesionales, el derecho se constituye en la oportunidad en que se los realiza, por lo que el nuevo régimen legal, no es aplicable a los procesos fenecidos o en trámite, en lo que respecta a la labor desarrollada durante las etapas procesales concluidas durante la vigencia de la ley 21.839 y su modificatoria ley 24.432, o que hubieran tenido principio de ejecución y agregó que a los fines arancelarios, los intereses no integran el monto del juicio (v. Cons. 3° y 4° del voto mayoritario). Que sobre la base de las consideraciones precedentemente expuestas, cabe tener en cuenta la naturaleza del asunto, resultado y montos involucradosconf. TF 31.517-I, TF 30.055-I, lo resuelto con fecha 24/06/2024 y precedentemente-; atento al mérito, calidad, eficacia y extensión de los trabajos profesionales desarrollados durante las etapas del pleito cumplidas, corresponde, confirmar -en lo que fue materia de recurso- los emolumentos fijados en los puntos 18 1°) y 2°) de la regulación de fecha 30/07/2024, en favor de la dirección letrada y representación de la demandada (arts. 6, 7, 9, 10, 19, 22, 37, 38 y ccdtes. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432 y arts. 16, 20, 21,24, 29, 44 inc. b) y ccdtes. de la ley 27.423 –Dto. 1077/17).
Sobre idénticas pautas a las desarrolladas en cuanto al monto del pleito, la fecha en que fueron cumplidas la tareas, ponderando la entidad y amplitud de las cuestiones sometidas a conocimiento de la perito contadora, ANA MARIA MACHUCA, atento el mérito, calidad, eficacia y extensión de los trabajos desarrollados, así como la proporción que deben guardar los honorarios de los expertos respecto de los que corresponda a los restantes profesionales que intervinieron en el pleito (C.S. Fallos: 260:14 y 300:70, entre otros), corresponde, confirmar los emolumentos fijados en su favor.-
Por las tareas efectuadas en la alzada, atento el resultado obtenido, corresponde regular en la suma PESOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO ($24.182.478)– equivalente a 342 UMA, los honorarios de la DRA. CARMEN FLAVIA LA VALLE, letrada apoderada, actuante en la defensa de la demandada (arts.14, 16, 20, 21, 29, 30 y ccdtes. y citados de la ley 27.423).
El importe del impuesto al valor agregado integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los honorarios, cuando el profesional acreedor revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo (conf. esta Sala in re "Beccar Varela Emilio-Lobos Rafael Marcelo c/Colegio Públ. de Abog." del 16 de julio de 1996).
Para el caso de que el profesional no haya denunciado la calidad que inviste frente al IVA, el plazo para el pago del tributo sobre el honorario regulado, correrá a partir de la fecha en que lo haga.
Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1°) desestimar la apelación de la actora y confirmar la decisión adoptada por el Tribunal Fiscal de la Nación de fecha 24/06/2024 en todo cuanto fue materia de agravios; 2°) las costas se imponen a la actora vencida, en atención a lo expuesto en el considerando XI.- del presente decisorio y 3°) desestimar la apelación deducida contra la regulación de honorarios practicada en la instancia de grado, y fijar los emolumentos de la dirección letrada y representación de la demandada por su actuación ante esta Alzada (Considerando XII).
Se deja constancia que la Dra. María Claudia Caputi no suscribe por hallarse en uso de licencia (cfr. art. 109 del R.J.N.).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS M. MÁRQUEZ
Fin de la sentencia