Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 33157-A
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 21792/2024 YPF SA (TF 33157-A) C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANIS- MO EXTERNO.
Buenos Aires, 6 de marzo de 2025.
VISTOS; Y CONSIDERANDO:
1. Que esta causa se origina en la resolución 409/12 dictada por el Administrador de la División Aduana de Neuquén en la actuación SIGEA 14214-7-2008, por medio de la cual YPF SA fue condenada al pago de una multa de $7.501.503,61 por la comisión de la infracción prevista en el artículo 954, apartado 1º, inciso c, del Código Aduanero con respecto a las destinaciones 99 075 EC07 24V, 99 075 EC07 26A y 99 075 EC07 25W, a través de las cuales se exportó petróleo crudo por ducto a la República de Chile, al amparo de contratos de venta anticipada.
Para sostener la condena, el servicio aduanero argumentó que la actuación se enmar- USO OFICIAL caba en una investigación más amplia instada por la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos, con motivo de tres ventas a futuro de petróleo crudo —contratos FOS (forward oil sale)— que YPF SA había acordado con dos empresas de las Islas Caimán, Oil Trading Corp. (OTC) –FOS I, del 18/11/96– y Oil Enterprises Ltd. (OEL) –FOS II, del 24/6/98–, así como con Repsol YPF SA, de España –FOS III, del 31/12/01–.
Esas ventas se concertaron a un precio fijo por barril, con entregas mensuales programadas a 7 y 10 años. Como contraprestación, OTC, OEL y Repsol YPF SA adelantaron el precio total de la mercadería, que tenía aplicado un descuento por pago anticipado. De esa manera, quedó establecido un valor de transacción fijo por barril de petróleo, cuyo importe resultaba de dividir la suma total recibida en pago por la cantidad de barriles a exportar.
Las exportaciones del caso se sustentaron en los contratos FOS I y II, y se registraron antes de la entrada en vigencia de los derechos de exportación.
La Aduana entendió que correspondía descartar el valor FOB declarado en aquéllas porque se habían consignado sumas fijas tratándose de mercadería con cotización internacional (arg. art. 748, inc. b, CA). Por otro lado, tuvo por acreditado que el precio declarado no había sido el único importe percibido por cada venta, y encontró motivos para imputar la comisión de una declaración inexacta.
El organismo advirtió que el ajuste de la base imponible carecía de consecuencias tributarias en el caso, pero igualmente consideró trascendente evaluar la conducta de la exportadora a los efectos infraccionales.
La resolución de condena hizo mérito de las investigaciones y peritajes llevados a cabo en sede aduanera, de los que había resultado lo siguiente:
a) En virtud del contrato FOS I, celebrado con OTC, el 21/11/96 se registró un ingreso de USD 380.606.586,60 en la cuenta que YPF SA poseía en el Chase Manhattan Bank, sucursal New York. Por otra parte, como resultado de la celebración del contrato FOS II, con OEL, el 30/6/98 se registró un ingreso de USD 299.967.289,60 en la misma cuenta. A raíz de lo expuesto, durante todo el período de vigencia de los contratos, los barriles de crudo ostentaron un precio fijo –finalmente declarado– de aproximadamente USD 14 cada uno.
b) Inmediatamente después de celebrados aquellos contratos, la exportadora YPF SA concertó otros de cobertura de riesgo de precio con Morgan Guaranty Trust Company of New York (MGT) –contratos SWAP, del 21/11/96 y 30/6/98–, por medio de los cuales se fijó un precio de corte de aproximadamente USD 18 por barril y quedó establecido que YPF SA asumiría el riesgo ante una menor cotización internacional del producto, obligándose a abonar a MGT la diferencia existente entre ambos importes; mientras que esta última asumiría el riesgo ante una mayor cotización internacional, obligándose a pagar a YPF SA la diferencia resultante.
c) Se pudo verificar que, con relación a las tres operaciones involucradas en el caso, y con motivo de los señalados contratos de cobertura, YPF SA percibió una suma distinta de la declarada ante la Aduana. La empresa registró contablemente los fondos provenientes de los contratos FOS en la cuenta Anticipos de Clientes; mientras que, aquéllos provenientes de los SWAP, los registró como Ventas de Petróleo al Exterior, dándoles tratamiento de ganancias o utilidades.
d) Al confeccionar cada permiso de embarque y su respectiva Declaración de los Elementos Relativos al Valor de Exportación (OM 1993/2 SIM), YPF SA no declaró la existencia del SWAP celebrado con MGT. Tampoco declaró –debiendo hacerlo– que existían cobros indirectos percibidos o a percibir; ni que el envío formaba parte de una venta mayor convenida.
e) Las contrapartes de los contratos FOS (OTC y OEL) no eran las destinatarias finales del petróleo crudo, ni tampoco prestaban un servicio real ni efectivo, sino que el comprador sucesivo en la cadena de ventas aparentes era MGT, quien a su vez vendía el mismo petróleo a un usuario final de Chile, a precio de mercado.
f) El negocio jurídico se completaba con (i) la emisión de obligaciones negociables de índole financiera a largo plazo por parte de OTC y OEL, mediante las cuales estas últimas obtenían fondos de inversores que destinaban al pago en favor de YPF por la compra anticipada del petróleo; y (ii) con el pago por parte de MGT de las aludidas obligaciones financieras a los inversionistas del exterior (es decir, a los tenedores de los títulos) en sus respectivos vencimientos, por medio de un fideicomiso cuyo administrador financiero era el Royal Bank of Canada Trust Co. (Cayman) Ltd. Esto implicaba que la emisión de esas obligaciones negociables estaba respaldada por la obligación de YPF SA de proveer petróleo a la firma emisora, que, a su vez, lo revendía a MGT; y por la obligación de esta última de CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 21792/2024 YPF SA (TF 33157-A) C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANIS- MO EXTERNO.
abonar el precio final de venta al fideicomiso, que era el encargado de efectuar el pago a los tenedores de los títulos.
Sobre esa base, la Aduana determinó que las sumas correspondientes a los SWAP formaron parte del precio real de la mercadería, y que el declarado por YPF SA fue falso o inexacto.
Para estimar la sanción, indicó que el ingreso desde el exterior que efectivamente hubiese correspondido coincidía con el valor imponible de la mercadería determinado con arreglo a la legislación aduanera. Por consiguiente, tomó en cuenta la cotización internacional del barril de crudo (WTI) del día anterior a la oficialización de cada permiso de embarque, en base a lo dispuesto en los artículos 726, 745, 747 y 748, inciso b, del Código Aduanero. En sustento de su posición también ponderó que, en parte de los em- USO OFICIAL barques analizados, la actora había registrado exportaciones complementarias con un valor mucho más aproximado al de mercado que el de aquellas registradas al amparo de los contratos FOS.
En definitiva, la multa se calculó en función de la diferencia entre el valor en aduana así determinado (arg. art. 748, inc. b, CA) y el precio fijo por barril que surgía de la facturación y fue declarado en cada permiso de embarque.
2. Que, apelada la resolución por la exportadora, el Tribunal Fiscal de la Nación, en lo que aquí interesa, confirmó la multa impuesta a YPF SA, con costas a su cargo (fs. 138/141vta. de este expediente).
Para así resolver, ante todo, aludió al origen del sumario. Explicó que durante el control ex post de los permisos de embarque, y en el marco de la señalada investigación general iniciada contra YPF SA, el servicio aduanero detectó que el valor FOB documentado no reflejaba la realidad de las operaciones ya que no contemplaba los importes correspondientes a los contratos financieros referidos a las mismas ventas de petróleo crudo, y acudió como base supletoria de valoración a la cotización internacional de la mercadería vigente a la fecha de registro de cada destinación.
Dio por probado, a partir de la señalada investigación, que las exportaciones formaron parte de un negocio internacional complejo. En definitiva, con arreglo a los términos de los contratos, la pericia contable y demás pruebas reunidas en sede aduanera, el tribunal de origen consideró acreditado que las exportaciones de petróleo se habían estructurado mediante diversos y complejos instrumentos jurídicos, que fueron presentados como independientes unos de otros, sin ajustarse ello a la realidad. Hizo hincapié en que no todo contrato de cobertura debía formar parte del precio declarado ante la aduana, pero que, en el caso, valor real de la mercadería en los términos del art. 742, inc. “b)” del Código Aduanero … dado que el precio convenido entre el vendedor y el comprador estuvo influido por otras relaciones comerciales y financieras estrechamente vinculadas” (fs. 140vta./141). Reconoció que las exportaciones no estaban gravadas con derechos cuando se registraron las involucradas en este caso, por lo que la conducta carecía de consecuencias tributarias. Sin embargo, tuvo en cuenta -al solo efecto infraccional- que YPF SA declaró un precio diferente del realmente percibido por el petróleo, ya que únicamente consignó las sumas abonadas por OTC y OEL –contrapartes de los contratos FOS–, a pesar de que, con motivo de las mismas exportaciones de crudo, percibió u abonó otros importes provenientes de los contratos SWAP.
A su vez, para estimar la diferencia entre lo declarado y lo que debió declararse -y así cuantificar la multa- convalidó que la comparación debía hacerse entre “el precio fijo pactado en el contrato FOS y el internacional de mercado” (fs. 140vta.). En definitiva, confirmó la resolución aduanera en cuanto dispuso estar a la cotización internacional del barril de crudo (WTI) vigente al momento de registro de cada embarque.
3. Que, disconforme, a fs. 149 YPF SA interpuso apelación ante esta Cámara, que se concedió a fs. 150, se fundó a fs. 156/174vta. y fue replicada a fs. 186/190vta. De manera preliminar, explicó las características de los contratos suscriptos con OTC, OEL y MGT, e insistió en que había declarado ante la Aduana el único precio pactado con cada comprador de la mercadería, que –además– fue coincidente con el que facturó y percibió. Remarcó que no participó de ningún otro contrato que tuviese por parte a los adquirentes del crudo, y que los compradores tampoco tenían obligación de pago de otros importes en virtud de otros acuerdos. Agregó que los SWAP consistían en un reaseguro financiero sin vinculación alguna con las ventas, destinados a cubrir el riesgo inherente a operaciones a largo plazo como las concertadas.
Por otro lado, insistió en que las destinaciones en cuestión se registraron en un momento en que las exportaciones no estaban gravadas con derechos, ni regía la obligación de ingreso de divisas, por lo que carecía de efectos prácticos determinar si el precio declarado resultó apto, o no, como base de valoración aduanera. Y aclaró que, una vez que se las gravó, la empresa hizo una presentación ante la Aduana (que tramitó como actuación ADGA 416972/02) para que ésta determinase cuál debía ser la base de imposición, pero que aquélla no había implicado reconocer la inexactitud del precio declarado.
A continuación, hizo consideraciones generales sobre la decisión recurrida, en la que –a su entender– se confundía la exactitud del valor en aduana con la del precio y, por otro lado, no quedaba claro si el fundamento de la condena era la falta de inclusión de los importes de los SWAP en cada precio declarado, o la disparidad entre estos últimos y la cotización internacional del crudo. Precisó que la cuantificación de la multa variaba en uno u otro supuesto, porque los SWAP no garantizaron la equivalencia con la cotización internacional de la mercadería al momento de las exportaciones, sino que se acordaron en función de un 06/03/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 21792/2024 YPF SA (TF 33157-A) C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANIS- MO EXTERNO.
Aclaradas esas cuestiones, individualizó los siguientes agravios contra el pronunciamiento apelado:
a) Los derivados financieros como el SWAP no forman parte del precio como elemento exigible de la declaración aduanera, a menos que constituyan un cobro indirecto por la operación comercial de venta; pero esa circunstancia no se probó en el caso, sino que los importes percibidos por tal concepto fueron fruto de otros contratos reales, concertados con una empresa diferente de los compradores, independiente y no vinculada con YPF SA. Se hizo una lectura parcializada del informe contable en este aspecto, porque el hecho de que los ingresos generados por los SWAP hubiesen sido declarados como ganancias de YPF SA no habilitaba a considerarlos como parte del precio concertado entre el comprador y el vendedor de los contratos FOS. Ese tratamiento contable se ajustó a lo que prescri- USO OFICIAL bían las normas técnicas en la materia.
Además, el supuesto entramado societario tuvo como único sustento los informes producidos por la propia Aduana. No existen otros elementos que demuestren que OTC u OEL fueron creadas para estos contratos, o que vendieron el petróleo a MGT para que ésta, a su vez, lo revendiera en el mercado abierto.
b) La declaración de los importes correspondientes a los SWAP, además de no ser legalmente exigible, hubiese sido impracticable ya que se fijaban por períodos mensuales y tampoco existía un campo predeterminado para su inclusión en la declaración aduanera. c) La condena tampoco pudo fundarse en la falta de coincidencia entre el precio declarado y el valor de mercado a la fecha de registro de cada operación, porque este último sólo es relevante a los efectos de determinar la base imponible, pero no forma parte de los elementos exigibles de la declaración aduanera. Una condena en esos términos resultaría contraria al principio de legalidad y a la prohibición de incriminación por analogía. d) El hecho de que YPF SA haya comunicado los contratos FOS y SWAP en sus declaraciones ante la Dirección General Impositiva y la Comisión Nacional de Valores, evidencia que obró sin el mínimo de culpa necesario para que se configure la infracción aduanera. La presentación registrada como actuación ADGA 416972/02 también desvirtúa cualquier supuesta maniobra de ocultamiento, y descarta el elemento subjetivo de la declaración inexacta.
Al contestar agravios, el Fisco Nacional mantuvo su posición en cuanto a que la inexactitud se configuraba, tanto por la falta de inclusión de los importes de los SWAP, como por el hecho de declararse un precio inferior al de mercado.
4. Que, a fs. 152/vta., se regularon los honorarios de la representación fiscal, los que fueron apelados por altos a fs. 181 y por bajos a fs. 186. Los recursos se concedieron a fs. 183 y 192.
5. Que, tal como ha quedado planteada la controversia, corresponde dilucidar las siguientes cuestiones, en este orden: (i) si se configuró el aspecto objetivo de la infracción de declaración inexacta en lo que respecta a las destinaciones 99 075 EC07 24V, 99 075 EC07 26A y 99 075 EC07 25W; (ii) en caso afirmativo, si esa acción punible puede ser atribuida subjetivamente a la actora; (iii) en caso de estimarse reunidos todos los requisitos del tipo infraccional previsto en el inciso c, del artículo 954 del Código Aduanero, si la multa guarda proporción con el importe de la diferencia de ingreso de divisas.
6. Que la infracción prevista por el artículo 954 del Código Aduanero queda condicionada a la concurrencia de dos elementos sin los cuales no puede considerarse, desde el punto de vista objetivo, que exista acción punible: a) la constatación de una diferencia entre la declaración de la mercadería que es objeto de una operación o destinación aduanera, y el resultado de la comprobación física o documental que realice el servicio aduanero; y b) que esa inexactitud produzca, o pueda producir, alguna de las consecuencias previstas en los incisos a, b, o c, de la norma, porque, como también lo establece la Exposición de Motivos del Código Aduanero, “si la declaración incorrecta no es idónea para provocar alguno de estos efectos no es punible en sí misma” (cfr. esta Sala, causas 10060/12 “Bankboston National Association”, sentencia del 14/8/12; y 56316/15 “Atanor SCA”, fallo del 3/3/16, entre otros; con referencia a la doctrina de Fallos: 312:1997; 315:929 y 942; 321:1614; 322:355; 325:786 y 830; y causa R.867.XLVIII “Río Chico SA (TF 29758-A) c/DGA”, resol. del 23/9/14).
En lo que respecta al primer requisito, es doctrina inveterada de esta Sala que la falta de correspondencia debe recaer sobre un dato exigible de la declaración aduanera; de manera que es el precio de la mercadería, no así su “valor en aduana” o “valor imponible”, el que compromete la responsabilidad infraccional del declarante. Esto es así, dado que, con arreglo al texto de los artículos 234 y 332 del Código Aduanero —e incluso tras la reforma introducida por la ley 25.986—, la correcta valoración de la mercadería es una función primordial asignada “al servicio aduanero” (cfr. causas 30153/11 “Dibella”, sent. del 8/3/12, y 56708/15 “Peugeot Citroën Argentina SA”, sent. del 25/8/16). Esa interpretación está en sintonía con la opinión de autorizada doctrina (véase, por ejemplo, SARLI, Jorge C., “Inadmisibilidad del valor de exportación y su relación con la declaración inexacta de valor”, en Estudios de derecho aduanero. Homenaje al Dr. Juan P. Cotter Moine, LexisNexis, Buenos Aires, 2007, p. 371, y ZOLEZZI, Daniel, “¿Una infracción de tipo muy abierto? La declaración inexacta del valor de exportación”, en Revista de Estudios Aduaneros, N° 19, Instituto Argentino de Estudios Aduaneros, Buenos Aires, segundo semestre de 2007-primer semestre de 2008, p. 137; entre otros).
En la misma línea de pensamiento, este Tribunal ha precisado que, en ejercicio de sus 06/03/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 21792/2024 YPF SA (TF 33157-A) C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANIS- MO EXTERNO.
previstos al efecto– el servicio aduanero puede desestimar un precio sensiblemente diferente de lo usual como base de imposición; sin embargo, si no prueba cabal y positivamente su inexactitud, la sola diferencia entre el importe declarado y aquél al cual considera que debió haberse comprado o vendido la mercadería no basta al Fisco para tener simultáneamente por configurado un ilícito merecedor de sanción, ya que en materia sancionatoria tal irrealidad (es decir, que el precio declarado no sea verdaderamente el importe pagado o por pagar) no puede presumirse, sino que debe quedar suficientemente acreditada (cfr. causas 18731/08 “First Rate SA”, sent. del 15/7/14, y 69210/22 “Burgos, Gerónimo Ariel”, sent. del 2/2/23).
Además, en fecha más reciente, esta Sala reafirmó que la figura reprime la discordancia entre el precio declarado y el que corresponde a la operación efectivamente realiza- USO OFICIAL da, y agregó que la decisión de asumir como debidos importes de dinero que se determinan en función de metodologías correctivas de la base imponible para así calificar la declaración aduanera como inexacta, sin una norma que lo contemple expresamente, se opone abiertamente a los principios de legalidad, tipicidad y prohibición de la incriminación por analogía, contemplados en los artículos 894 y 895 del Código Aduanero (cfr. causa 44372/22 “Maltería Pampa SA”, sent. del. 6/6/23).
Resta aclarar que este criterio es coherente con la familia de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los que –con particular referencia al efecto lesivo del inciso c del artículo (“el ingreso o el egreso, desde o hacia el exterior, de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere”)– indicó que no es indiferente al control aduanero la fiscalización de la correspondencia entre los importes emergentes de las declaraciones comprometidas por quienes actúan en dicho ámbito y los atribuibles a las operaciones efectivamente realizadas, y que la infracción abarca tanto a las diferencias en más como en menos, ya sea que se trate de destinaciones de importación o de exportación (Fallos: 321:1614 “Bunge y Born”; 322:355 “Free Port Importación SRL” y 325:786). Línea jurisprudencial que fue ratificada en dos causas recientes, en que la Corte señaló que, si se puede tener por probado que los precios declarados se corresponden con los efectivamente percibidos por las operaciones, queda eliminada toda posibilidad de configuración de la infracción prevista y penada por el artículo 954, apartado 1º, inciso c, del Código Aduanero (cfr. punto IV del dictamen de la Procuradora Fiscal, al que remitió la Corte en la causa CAF 20/2019, “Pioneer Argentina SRL TF 38718-A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 29/2/24); al mismo tiempo que confirmó una multa impuesta en los términos del citado artículo en otro caso en que se haciones que motivaban la intervención aduanera (cfr. causa CAF 46353/2012/1/RH1 “PBB Polisur SA c/ EN – DGA – resol. 465/12 BABL (expte. 664/12) s/ Dirección General de Aduanas” sent. del 19/3/24).
7. Que se adelanta que los hechos del caso encuadran objetivamente en el tipo infraccional, en la medida en que quedó demostrado que el precio declarado difirió del importe efectivamente percibido por cada operación.
Ante todo, cabe aclarar que no está en discusión que los contratos SWAP se suscribieron pocos días después que los FOS I y II. Tampoco se controvierten los términos contractuales, ni el hecho de que, en virtud de los SWAP y con respecto a las destinaciones involucradas en esta actuación, la actora percibió importes distintos de los declarados y facturados a OTC y OEL (en algunos supuestos en más, en otros, en menos); los que han quedado exactamente determinados en la pericia contable que se produjo en sede aduanera. Lo que la actora plantea es que los SWAP constituyeron un reaseguro financiero suscripto con un tercero independiente, mediante el cual pretendió cubrir el riesgo inherente a las operaciones comerciales a largo plazo, y que lo percibido u abonado en tal concepto no tiene vinculación con las exportaciones de petróleo crudo. Por otra parte, remarca la coincidencia entre el precio declarado en cada permiso de embarque y el facturado; al mismo tiempo que relativiza las conclusiones de la pericia contable, al afirmar que el hecho de que los ingresos generados por los SWAP se hubiesen declarado como ganancias respondió a lo que prescribían las normas técnicas sobre la materia. Finalmente, alega que el supuesto entramado societario tiene como único sustento informes producidos por el propio demandado.
Ahora bien, aun asistiendo razón a la recurrente cuando señala que no hay evidencias concretas en esta actuación del negocio internacional complejo que mencionan los informes del Fisco1, lo cierto es que aquélla no refutó con la suficiencia que el caso requería los concretos medios de prueba con arreglo a los cuales la Aduana y el tribunal de origen determinaron que existieron otros giros desde el exterior correspondientes a las operaciones que motivaban la intervención aduanera.
En particular, la condena se basó en dos elementos independientes: 1) los términos de los contratos SWAP, que se vinculan explícitamente con los FOS I y II; 2) los registros contables de YPF SA, donde los importes provenientes de los SWAP se contabilizaron como ingresos por las exportaciones realizadas. Esto permitió llegar a la convicción de que se trataba de contratos conexos, y convalidar de tal modo los hechos sintetizados en los puntos a) a d) del considerando 1°.
Al respecto, se comparte que resultan decisivas las conclusiones de la pericia contable producida en sede aduanera (ordenada en el marco de la actuación SIGEA 14214-16- 2011, pero comprensiva también de las operaciones involucradas en el sumario 14214-7- 2008). El experto individualizó el importe total que percibió YPF SA por cada operación 1 En igual sentido, cfr. esta Sala, causas 4223/24 “YPF SA (TF 30435-A) c/ DGA”, sent. del 28/11/24, CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 21792/2024 YPF SA (TF 33157-A) C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANIS- MO EXTERNO.
involucrada en este expediente, al que arribó a partir del monto facturado a OTC u OEL y el que, por otra parte, se abonó o percibió en virtud de los SWAP (v. respuesta al punto g y anexo 3, a fs. 2/19 de la act. 14214-7-2008/7).
Además, observó: “la empresa les ha dado a las operaciones sujetas a la pericia, tanto a los embarques de petróleo y sus respectivas facturaciones, como a los depósitos calculados como las diferencias entre los valores de mercado y el precio fijado en los contratos FOS más/menos comisiones provenientes de las operaciones SWAP, el mismo tratamiento contable, es decir, son consideradas como ganancias e ingresadas a la cuenta Ventas de Petróleo al Exterior” (respuesta al punto g).
Expuso también los importes percibidos por los embarques complementarios realizados para completar la carga en cada operación, pero no en el marco de los contratos FOS USO OFICIAL (respuesta a los puntos f e i).
Por último, con relación a los importes abonados a MGT, informó que “se registraron contablemente como una disminución de las ganancias de la cuenta contable ventas de petróleo al extranjero” (respuesta al punto h).
Cabe señalar que la opinión del perito, aunque no es vinculante, posee particular eficacia probatoria en materias propias de su especialidad; dada la objetividad que cabe suponer en un auxiliar de la justicia y los conocimientos técnicos que respaldan sus conclusiones. Por lo que, en principio, corresponde atenerse a ella, salvo que los fundamentos de su dictamen resulten insuficientes a la luz de la sana crítica, las demás pruebas y elementos de convicción obrantes en la causa (arg. art. 477, CPCCN, y doctr. esta Sala, causas “Fundación MASIN”, sent. del 22/3/01, y “Lotería Nacional SE c/ Biancardi”, sent. del 19/12/06; entre otras). Sin embargo, en el caso no se presenta el último supuesto, porque no se han aportado otras pruebas de igual o mayor idoneidad técnica.
En particular, no media cabal demostración de la norma de registración contable que la recurrente invocó en su defensa y hacía a su propio interés acreditar. Llama la atención que, tratándose de una cuestión técnica que escapa a la formación jurídica, no haya sido objeto de prueba (v. fs. 64/vta. y 156/174vta.); por lo que, en este punto, la actora debe asumir las consecuencias desfavorables de la omisión, con arreglo al principio que emana del artículo 377 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, supletoriamente aplicable a la materia -arg. art. 1174, CA- (doctr. esta Sala, causas “Kossakoff, Mario José -TF 8499- A- c/ ANA”, sent. del 30/4/98, y “Manrique, José Ramón”, sent. del 27/11/07; entre muchas otras).
En definitiva, la sola afirmación del carácter independiente de los SWAP carece de afirmaciones en otra prueba de suma importancia, como es la contabilidad de la propia empresa. A la luz de esos elementos queda en claro que los SWAP no constituyeron un simple reaseguro financiero, como se pretendió hacer valer ante la Aduana, sino que representaron para YPF SA un ingreso por las ventas al extranjero, mientras que lo facturado a OTC y OEL fue un anticipo de precio de las mismas operaciones.
Se concluye, de tal manera, que no ha mediado arbitrariedad o error que justifique apartarse de la valoración que hizo el Tribunal Fiscal de la Nación en ejercicio de sus atribuciones (arg. art. 1180, CA).
8. Que no es ocioso insistir en que, en el presente caso, el reproche de la Aduana no se circunscribió al hecho de que el precio declarado difiriese del aceptable para la valoración de la mercancía según el artículo 748, inciso b, del Código Aduanero, sino que, además, sostuvo la falsedad del precio por la circunstancia de haberse constatado ingresos diferentes de los declarados; siendo este último aspecto de la imputación el único que se convalida en esta instancia.
Más allá de la coincidencia entre lo declarado por YPF SA ante la Aduana y lo facturado a OTC u OEL, en el sub examine se observa una falta de correlación con la contabilidad de la empresa y las constancias de ingresos de divisas, que impide arribar a resultados absolutorios como los de otros casos conocidos por este Tribunal (p. e. causa 44372/22 “Maltería Pampa SA”, cit.).
9. Que, en lo que respecta al aspecto subjetivo, es cierto que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha considerado aplicable a las infracciones aduaneras el principio básico del derecho penal conforme al cual sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquél a quien la acción punible le pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente (doctr. Fallos: 290:202; 325:786 y sus citas; asimismo, esta Sala, causa 35983/04 “Renault Argentina SA (TF 15827-A) c/ DGA”, sent. del 1/3/07).
Sin embargo, no corresponde admitir la pretensión exculpatoria de la actora porque el bien jurídico protegido por la infracción de declaración inexacta es el principio de veracidad y exactitud de la declaración de la mercadería que es objeto de una destinación ante la Aduana (Fallos: 315:929 y 942; 325:786 y 830; 333:300; entre otros) y lo cierto es que los hechos a los que hace referencia la recurrente no permiten inferir que se haya puesto oportunamente en conocimiento del servicio aduanero, mediante la documentación pertinente, la existencia de los ingresos provenientes de los SWAP.
Al confeccionar cada permiso de embarque y su respectiva Declaración de los Elementos Relativos al Valor de Exportación (OM 1993/2 SIM), YPF SA no informó la existencia del contrato celebrado con MGT. Tampoco informó, aunque debía hacerlo, sobre la existencia de descuentos por nivel o cantidad, ni que los envíos formaban parte de una venta mayor convenida.
Por otra parte, la recurrente alude al hecho de haber puesto información a disposición de otros organismos como la CNV y la DGI; lo que resulta ineficaz para excluir el reproche 06/03/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 21792/2024 YPF SA (TF 33157-A) C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANIS- MO EXTERNO.
En cuanto a la presentación realizada por YPF SA para solicitar opinión a la Aduana sobre la base imponible para el cálculo de los derechos de exportación en operaciones vinculadas (la cual dio origen a la actuación 416972/02), allí se mencionó la diferencia entre el precio acordado y el de mercado al momento de los respectivos embarques, sin hacer referencia alguna la concertación de los SWAP (v. fs. 301/305, act. 14214-7-2008). En suma, la actora afectó con su accionar un sistema que se basa en la confiabilidad de lo declarado ante el servicio aduanero y las circunstancias que expuso son insuficientes para excluir su reproche con sustento en la causal genérica del artículo 902 del Código Aduanero.
10. Que resta examinar el agravio vinculado con la determinación de la sanción aplicable.
USO OFICIAL
Al respecto, el artículo 954, apartado 1°, inciso c, del código establece que las multas deben graduarse de una a cinco veces “el importe de la diferencia” entre el monto pagado o por pagar desde el exterior, y el que efectivamente correspondiere.
De acuerdo a los estándares de juzgamiento sintetizados en el considerando 6°, a criterio de este Tribunal esa diferencia no puede determinarse, como se hizo en anteriores instancias, a partir de la divergencia entre el precio declarado y la cotización internacional de la mercadería (que funcionaría como valor imponible idóneo de acuerdo con la base supletoria normada por el artículo 748, inciso b, del CA); ya que, tal proceder, se opone a los principios constitucionales y legales de tipicidad y proscripción de la incriminación por analogía (art. 18, CN; arts. 894 y 898 del CA).
Además, para que la multa guarde proporción con la falta efectivamente cometida debe determinarse en función de la diferencia entre el importe que declaró la actora y el que efectivamente ingresó por la operación, considerando lo que aquélla percibió o detrajo en virtud de los SWAP; diferencia, ésta, que ha quedado exactamente determinada en la columna “Ingreso SWAP en U$S” del cuadro obrante en el anexo 3 de la pericia contable (fs. 18, act. 14214-7-2008/7).
Más allá de lo expuesto, se aclara que la multa había sido graduada en el mínimo legal de una vez el importe de la diferencia, sin que ello fuese materia de cuestionamiento; por lo que a esa graduación corresponde estar.
También se aclara que la sanción resultante de la metodología propuesta es menor a la que había determinado el servicio aduanero (v. fs. 204, act. 14214-7-2008). En consecuencia, la multa queda establecida en la suma de $697.432,61.
1. Admitir parcialmente los agravios de la actora, confirmar la decisión de fs. 540/542vta. en cuando denegó el beneficio de la condonación, confirmar parcialmente la decisión de fs. 138/141vta. en cuanto tuvo por configurada la infracción prevista en el artículo 954, aparatado 1°, inciso c, del Código Aduanero con respecto a las destinaciones 99 075 EC07 24V, 99 075 EC07 26A y 99 075 EC07 25W, y reducir el importe de la multa aplicada con arreglo a lo dispuesto en el considerando 10 de la presente.
2. Imponer las costas por sus vencimientos en ambas instancias (arts. 1163 y 1182 del CA, y arts. 71 y 279 del CPCCN).
3. Dejar sin efecto la regulación de honorarios practicada a fs. 152/vta. en atención al modo en que se decide, y declarar inoficioso el tratamiento de las apelaciones. Regístrese, notifíquese y siga la causa según su estado (v. proveído del 27/12/24, punto II).
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia