Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 33802-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la apelación del Fisco Nacional y confirmar la decisión de fs. 243/247 en lo sustancial que decide; con costas (art. 68, primer párrafo, CPCCN).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
13041/2024 “YPF SA (TF 33802-24) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, 19 diciembre de 2024.
VISTOS; Y CONSIDERANDO:
1. Que, a fs. 243/247, el Tribunal Fiscal de la Nación:
(i) Admitió la excepción opuesta por la actora y declaró prescripta la acción del Fisco para imponer penas por la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero con relación a la destinación de importación temporaria 02 001 IT14 005216V. Impuso las costas al demandado.
(ii) Rechazó la excepción de prescripción de la acción tendiente al cobro de tributos con respecto a esa misma destinación; sin costas.
(iii) Revocó la exigencia tributaria contenida en la resolución DE PRLA 2009/13, recaída en la actuación 12197-15060-2005, por aplicación del principio de la bagatela; con costas al demandado.
Para decidir como lo hizo, señaló que el vencimiento del plazo de permanencia de la mercadería había tenido lugar el 16/9/04, por lo que el término de prescripción de las acciones del Fisco comenzó a correr el 1º/1/05 y vencía el 31/12/09 (arts. 803, 804, 934, 935 y concordantes, CA).
En lo que respecta a la acción para imponer penas, destacó que el curso de la prescripción se interrumpió con el dictado del auto de apertura del sumario del 26/5/08 (arg. art. 937, inc. a, CA) y que, el nuevo plazo quinquenal que comenzó a correr a partir de allí, venció el 27/5/13. Precisó que no podía tomarse en cuenta la causal interruptiva del inciso b, del citado artículo 937, porque en las constancias de la actuación administrativa no se mencionaba la fecha de comisión de las otras infracciones aduaneras, sino que únicamente se consignaba aquélla en que habrían quedado firmes las resoluciones dictadas en cada sumario. En cuanto a la causal interruptiva del inciso d, precisó que la resolución apelada DE PRLA 2009/13 se había dictado el 6/5/13 (es decir, antes del vencimiento del nuevo plazo de prescripción); sin embargo, había resultado necesaria su aprobación por la Dirección General de Aduanas (atento al resultado parcialmente absolutorio) y, en definitiva, a la fecha de dictado de la resolución complementaria SDG TLA 450/13 (el 31/7/13), la acción del Fisco ya había prescripto.
Por el contrario, descartó que hubiese operado la prescripción de la acción para cobrar tributos en atención a que el su curso se mantuvo suspendido entre el dictado del auto de apertura del sumario (el 26/5/08) y el dictado de la resolución aprobatoria SDG TLA 450/13 (el 31/7/13); esto así, en atención a lo dispuesto en el artículo 805, inciso a, del Código Aduanero. Y agregó que no cabían dudas de que la notificación de esta última 1 resolución se había concretado antes del vencimiento del plazo prescriptivo, porque el recurso ante esa sede se interpuso el 13/9/13 (v. fs. 1).
En lo que respecta a la cuestión de fondo, precisó que, tratándose de una importación temporaria con fines de transformación, se encontraba a cargo de la beneficiaria del régimen acompañar la documentación necesaria para acreditar la regularización de los insumos importados.
Tomó en consideración todas las copias de los permisos de embarque acompañadas por la actora, así como la de la solicitud de CTC S01:0099260/03; esto último, en atención a lo que establece el artículo 18 de la resolución SIC 18/92. Con relación a las copias de los permisos de embarque, aclaró que, más allá de las objeciones efectuadas en el informe de fs. 40 de los antecedentes (falta de los documentos que operaron para su descarga; falta de vinculación al DIT en la hoja de descarga), debía contemplarse que las copias estaban anexadas al descargo presentado en sede aduanera y que no se había negado su autenticidad. A ello añadió que, tratándose de operaciones de 2002 y 2003, se encontraba vencido el plazo de conservación de los originales.
Efectuó un detalle de la fecha de oficialización de cada exportación, así como de la cantidad de insumos consumidos y pérdidas correspondientes a cada destinación, y determinó que era posible tener por reexportada la cantidad de 14.290,763 kilogramos de mercadería. Señaló que, en consecuencia, existía un saldo en infracción de 0,107 kilogramos, cuyo valor en aduana ascendía a $0,07.
Sobre esa base, y en consideración a que la liquidación de tributos resultante era insignificante, dejó sin efecto su reclamo.
2. Que, disconforme con lo decidido, el Fisco Nacional interpuso apelación a fs. 253, que se concedió a fs. 256, se fundó a fs. 260/264 y fue replicada por la contraria a fs. 270/278.
Planteó que la acción para aplicar penas no estaba prescripta porque el artículo 937, inciso d, del Código Aduanero era suficientemente claro en cuanto a que la interrupción del plazo de prescripción tenía lugar con “el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera”; por lo que, a su entender, carecía de relevancia la fecha de la resolución que aprobó la absolución parcial contenida en el mismo acto. De igual modo, sostuvo que carecía de relevancia la notificación de la decisión al administrado, y citó jurisprudencia en sustento de su posición.
Por otra parte, con relación a la cuestión de fondo, destacó que la actora no había podido acreditar la regularización de toda la mercadería que importó en forma temporaria. Agregó que el tribunal de origen había inferido datos e información que no se encontraban en la documentaicón analizada; en punto a lo cual, remitió a lo que había manifestado, tanto en el procedimiento administrativo como en la contestación del recurso. Hizo hincapié en que la responsabilidad subjetiva de la contraria quedaba evidenciada por el incumplimiento del régimen al que se había sometido de manera voluntaria (arg. art. 902, CA), y que ello determinaba que debiese responder, tanto por el pago de la multa como de los tributos.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
13041/2024 “YPF SA (TF 33802-24) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
3. Que el artículo 265 del CPCCN —aplicable en la especie en virtud de la remisión que hace el artículo 1182 del CA—dispone que “…el escrito de expresión de agravios deberá contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas. No bastará remitirse a presentaciones anteriores…”. Es decir que el contenido del memorial debe consistir en una crítica precisa de los supuestos errores que contiene la decisión apelada, sea en la apreciación de los hechos o en la aplicación del derecho, y no puede constituir una simple discrepancia con lo resuelto por el juzgador.
La idea de crítica concreta a la que se hace referencia en este punto tiene que ver con la precisión de la impugnación, con el fin de demostrarle a la cámara las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las distintas cuestiones resueltas en la anterior instancia (cfr. FENOCHIETTO-ARAZI, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado y concordado, T. I, Astrea, Buenos Aires, pp. 941/942).
En este sentido, se tiene dicho que, aunque la valoración de la expresión de agravios no se debe llevar a cabo con un injustificado rigor formal que afecte la defensa en juicio, es preciso que en ella se detallen concretamente los aspectos de la sentencia respecto de los cuales se disiente y que, además, se brinden fundamentos serios y precisos que demuestren al tribunal de alzada cuáles fueron los errores de la sentencia apelada (cfr. esta Sala, causa “Defensor del Pueblo de la Nación c/ EN-M° Economía y P – Resols. 296/06 298/06 s/ proceso de conocimiento”, sent. del 14/8/12, entre muchas otras).
También se tiene dicho que la mera reedición por la parte de los argumentos vertidos en las instancias anteriores o la remisión a aquéllos no constituye una crítica concreta y razonada del fallo, en los términos del mencionado artículo 265 del CPCCN (cfr. Fallos 307:2216 y esta Sala causa “Firestone de Argentina”, sent. del 3/10/91, entre otras). Finalmente, cabe recordar que la Corte federal ha señalado que los recurrentes deben rebatir todos los fundamentos en que el juzgador se apoyó para arribar a sus conclusiones (Fallos: 323:1261 y su cita, entre muchos otros).
4. Que el memorial del Fisco no cumplió con tales pautas ya que no rebatió todos los fundamentos en que se apoyó el Tribunal Fiscal de la Nación para arribar a sus conclusiones.
En especial, no demostró el error en la valoración de la prueba documental que hizo el TFN y que lo llevó a concluir que el saldo de mercadería sin exportar equivalía a 0,107 kilogramos.
Debe advertirse que la cuestión relativa al cumplimiento de las obligaciones impuestas por el régimen de importación temporaria requiere de la valoración de circunstancias de hecho y prueba que, como principio, se encuentran marginadas del 3 examen que corresponde realizar en esta alzada -atento a la limitación con que ha sido previsto por la ley el recurso que se intenta (art. 1180, apartado b, CA)-. Por consiguiente, es el recurrente quien tiene la carga de demostrar que ha mediado un error de magnitud suficiente como para apartarse del mentado principio (cfr. esta Sala, causa 2708/12, “Maritime Shipping Agency SRL (TF 29094-A) c/ DGA”, sent. del 26/06/12; entre muchas otras). Sin embargo, esto no ocurrió en el caso. El Fisco hizo consideraciones genéricas y remitió a los informes producidos en sede aduanera, así como a anteriores presentaciones de este expediente; mientras que la decisión apelada hizo un detalle de la información obrante en cada permiso de embarque, a la luz de la relación insumo-producto declarada en la solicitud de CTC S01:0099260/03.
El recurrente tampoco se hizo cargo de la aplicación del denominado “principio de la bagatela” o insignificancia; que, junto con el anterior argumento, proyectan sus efectos sobre la cuestión tributaria e infraccional (arg. arts. 274 y 970, CA), y bastan para revocar en su totalidad el reclamo formulado por la Aduana.
En esas condiciones, deviene insustancial examinar el agravio vinculado con la interpretación que se hizo de la causal interruptiva de la prescripción prevista en el artículo 937, inciso d, del Código Adaunero.
Por lo expuesto, SE RESUELVE: Rechazar la apelación del Fisco Nacional y confirmar la decisión de fs. 243/247 en lo sustancial que decide; con costas (art. 68, primer párrafo, CPCCN).
Regístrese, notifíquese y siga la causa según su estado (v. DEO enviado el 3/9/24).
JORGE EDUARDO MORÁN MARCELO DANIEL DUFFY ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia