Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Necochea · Causa 14.673
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaNecochea, 30 de abril de 2025 VISTOS Y CONSIDERANDO: Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo se revoca parcialmente la sentencia de grado en cuanto designa la Clínica José Ingenieros de Necochea como apoyo para las cuestiones sociales y asistenciales, quedando designado a tales fines el Curador Oficial, estableciendo como salvaguarda en favor de la causante el sostenimiento del tratamiento en dicho nosocomio (art. 12 CIDPD, arts. 32, 43 y ccdtes. del CCyC), pues ello se muestra como esencial y condicionante para el mejor desarrollo de su vida.
Partes (art. 10 Ac. 4013 t. o. Ac. 4039 del 14/10/2021 SCBA):
Firmantes Funcionario: ISSIN Ana Clara JUEZA --- Certificado Correcto Funcionario: LOIZA Fabian Marcelo JUEZ --- Certificado Correcto Funcionario: BULESEVICH Laura Alicia JUEZA --- Certificado Correcto Fecha: 30/4/2025 13:47:26 Funcionario: PIERRESTEGUY Daniela Mabel SECRETARIO DE CÁMARA --- Certificado Correcto Registración Registro: REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 67-2025 - Código acceso:
D8B39B56 - PUBLICO
Registrado por:PIERRESTEGUY Daniela Mabel - Fecha registración: 05/05/2025 09:23
Expediente Organismo: CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL - NECOCHEA Causa:Z. A. S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA - Número: 14673 Documento (RGE:Identificacion en Receptoría )
Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial-Necochea En la ciudad de Necochea, a los 30 días del mes de abril de 2025 reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, en acuerdo ordinario, a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados: "Z. A. S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA" Expte. 14.673, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código Procesal Civil y Comercial, resultó del mismo que el orden de votación debía ser el siguiente Sra. Jueza Doctora Laura Bulesevich, Sr. Juez Doctor Fabián Marcelo Loiza y Sra. Jueza Doctora Ana Clara Issin.
El tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1ª ¿Se ajusta a Derecho la sentencia del 01/07/2024?
2ª ¿Qué pronunciamiento corresponde?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA BULESEVICH DIJO:
I. La Sra. Jueza de grado revalidó la sentencia dictada oportunamente respecto de A. Z. que se encuentra restringida en su capacidad en los términos del art. 32 del CCyC. Mantuvo la designación de la Curaduría Oficial de los Departamentos Judiciales de Necochea y Mar Del Plata a cargo del Dr. Gabotto como apoyo para las cuestiones de administración y disposición de bienes, estableciendo la rendición de cuentas de su actuación cada seis meses; y designó como apoyo para las cuestiones sociales y asistenciales a la Clínica José Ingenieros, disponiendo que debía aceptar el cargo de apoyo ante el actuario (Arts. 32 y 43 del C.C.C.).
Para resolver de ese modo, en lo sustancial, tuvo en consideración la sentencia inicial dictada el 01/02/2008 y la posterior resolución dictada por la Cámara el 18/10/2010, las constancias de la causa y el informe interdisciplinario realizado por el equipo Técnico del Juzgado, el que transcribió en su totalidad.
II. La decisión es apelada y fundada por la Sra. Asesora (v. presentación del 8/07/24) que se agravia del desdoblamiento de las funciones en relación a la Curaduría Oficial, alegando que ello violenta lo dispuesto por esta Alzada en el antecedente "Castro". Sostiene así: "no corresponde designar a la Clinica Psiquiátrica como apoyo en lo médico social de la causante, toda vez que la tarea de cuidado y atención de la salud está cumplida a requerimiento en situaciones de crisis, sin necesidad del nombramiento que pretende el Sr. Curador Oficial y se le dispusiera en la sentencia de revisión por parte de VS". Seguidamente expone que la institución no fue consultada a fines de ser designada apoyo y finaliza transcribiendo argumentos normativos y conclusiones del antecedente "Castro". Corrido el traslado, la Curaduría Oficial aboga por confirmar la sentencia, señalando que la dependencia a su cargo no resulta el mejor régimen de apoyo para realizar el seguimiento de las indicaciones médicas y tratamiento psiquiátrico, por no contar con equipo técnico y porque la continuidad del tratamiento resulta de las observaciones en la vida diaria de la persona.
Limita su rol a ser un apoyo jurídico, enfatizando que: "no interviene bajo ningún aspecto como Acompañante Terapéutico". Agrega que la función de apoyo médico-social-asistencial no es propia de la dependencia y que la Resolución N° 114/2021 de PG establece el "funcionamiento administrativo y contable" de las Curadurías, por cuanto la función propia del Curador Oficial "resulta ser exclusivamente contable y de administración de bienes".
III. El recurso de la Asesora prospera por las siguientes razones, que se explicarán pormenorizadamente y que parten de considerar:
1. El alcance de la sentencia dictada por esta Cámara el 18/10/2010 (v. 292/315 hojas del expediente formato papel)
2. El régimen aconsejado en las conclusiones del Equipo Técnico del Juzgado de Familia.
3. La dinámica llevada a cabo de forma continuada desde la sentencia de la Cámara.
4. La voluntad de la Sra. Z..
5. Los argumentos sistémico-normativos valorados y decididos por este Tribunal en las sentencias dictadas en las causas nros. 14098 (reg. elect. 30 (S) del 18/03/2024), 14097 (reg. elect. 31 (S) del 19/03/2024) y 14144 (reg. elect. 32 (S) del 19/03/2024), que resultan aplicables al presente caso.
III. 1. Para el análisis comenzaré a examinar las aristas propias y particulares de estas actuaciones iniciadas en el año 1998 porque -precisamente- comparto las alusiones del Curador cuando referencia que "se deben determinar los apoyos como un traje a medidas". Esa implicancia circunstanciada del caso, se impone no sólo a la judicatura sino a todos los operadores cuya intervención esté dirigida al abordaje de cuestiones que involucren, directa o indirectamente, a una persona con diversidad funcional. En efecto, en la gran mayoría de esos casos los factores de vulnerabilidad son múltiples, por lo que exigen una tutela judicial reforzada y una intervención preferencial (arts. 75 incs. 22 y 23 CC; Const. Prov. art. 15; Reglas de Brasilia -Cap. 1° Sección 2a. puntos 2 y 3- ).
Iniciaré el análisis por la sentencia de esta Cámara dictada hace más de 14 años (sent. del 18/10/2010, reg. int. 77(S)), porque la revisión que se plantea aquí es respecto de la reválida de aquella sentencia, que no confirmó -como afirma la sentenciante- la resolución de primera instancia del 01/02/2008, que había declarado la inhabilitación de la señora Z. en los términos del art. 152 bis del anterior código velezano (v. hojas 189/191). Por el contrario, la decisión de la Alzada revocó aquella decisión. Y lo hizo considerando que: "Las constancias de autos demuestran que la enferma hoy cumple con su tratamiento (fs. 214/15, fs. 221/22 y 241) hecho que ratificara este Tribunal en la audiencia celebrada ante su estado (ver acta de fs. 249/251). Z. nos relataba allí que trabaja normalmente como bibliotecaria de la Dirección General de Escuelas en Necochea, en el CIE, que aprende computación, atiende al público, cuida de su madre enferma y desempeña numerosas labores propias de su cotidianeidad; que su situación de familia evolucionó manteniendo una relación cordial con sus hermanos; que se apoya en la sicóloga y está dispuesta a seguir un plan de salud bajo control profesional.
Agregó en esa valoración que: "a) El representante de la curaduría general de alienados, en esa audiencia, expresó que los informes de la asistente social eran favorables para la enferma en lo que hace a la evolución de su tratamiento (fs. 250) y que inhabilitarla judicialmente la perjudicaría; b) La siquiatra Melina Laterza (fs. 264) informa que la paciente "actualmente se encuentra estable en su cuadro con controles por consultorio externo en forma normal"; c) La pericia que ordenara esta Cámara (fs. 270/71) que concluye que la paciente se encuentra lúcida, globalmente orientada, buen aspecto personal, colabora en la entrevista, su actitud síquica es activa, pensamiento normal de contenido paranoide, conserva el juicio crítico; esferas, cognitiva sin fallas, volitiva activa, eutímica, ansiosa en relación al cumplimiento del tratamiento, compensada de su sicopatología".
A partir de este plexo probatorio la sentencia concluyó que: "A) A. Z. sufre "esquizofrenia" del tipo "paranoide"; B) De cumplir estricta y permanentemente su tratamiento sicológico - siquiátrico y el plan farmacológico, se encuentra en condiciones de desempeñar normalmente cualquier actividad de su vida cotidiana sin que represente peligro de daño para sí o terceros; C) El cumplimiento del tratamiento y del plan farmacológico no dependen exclusivamente de su voluntad dado que la patología que padece le impide tomar adecuada conciencia de su enfermedad y de la necesidad de tratamiento; D) Ese hecho torna necesaria una mínima limitación de su libertad que tienda a asegurar el cumplimiento del tratamiento y plan ya citados".
En función de todo ello, la Cámara resolvió: "1) designarle a A. Z. un "tutor de tratamiento", quien complementando su voluntad, le haga comprender la necesidad de tratamiento y de su cumplimiento estricto y permanente, ajustando su función, en lo pertinente, a los fines y conforme los deberes previstos en el art. 481 del C.C.; 2) El "tutor de tratamiento" deberá informar, mensualmente, al Juez y al Sr. Asesor de Incapaces, previa consulta con los profesionales que atienden a la paciente, la evolución de su estado de salud y el grado de cumplimiento de su tratamiento y plan farmacológico; 3) El cargo de tutor será desempeñado temporariamente por el Sr. Curador General de alineados, hasta tanto la interesada proponga al Juez de grado la designación de la persona apta para cumplir con esa función, quien deberá aceptar el cargo previo prestar juramento de cumplir con su cometido y observar fielmente las obligaciones indicadas en el punto anterior bajo apercibimiento de remoción; 4) Los profesionales, siquiátra y sicólogo, que actualmente asisten a la paciente o los que les suceden en esa función informarán, por medio fehaciente, trimestralmente, al Juez de grado la evolución del estado de salud de la Sra. Z., el tratamiento suministrado, y su grado de cumplimiento; fuera de esos términos si existiera una modificación relevante (v. gr. en el tratamiento o en la conducta de la paciente) deberán informarla inmediatamente". Como último punto dispuso la citación personal y semestral de la señora Z. al despacho judicial a fin de un adecuado conocimiento personal y directo de su estado de salud.
Es decir, que en este "traje a medida del caso" parte de la función socio- asistencial del Curador Oficial residía en desempeñarse como "tutor" del tratamiento integral -sicológicopsiquiátrico y farmacológico- suministrado a la señora Z., por residir allí el núcleo neurálgico y ser dicho tratamiento, condicionante para "desempeñar normalmente cualquier actividad de su vida cotidiana sin que represente peligro de daño para sí o terceros" . En efecto, desde un principio, en términos de la sentencia de Cámara, el Curador Oficial tuvo a su cargo: "asegurar el cumplimiento del tratamiento y plan ya citados" e "informar, mensualmente, al Juez y al Sr. Asesor de Incapaces, previa consulta con los profesionales que atienden a la paciente, la evolución de su estado de salud y el grado de cumplimiento de su tratamiento y plan farmacológico".
A esta altura del análisis resulta imperioso efectuar la distinción en el significado de los vocablos, en tanto "controlar" el tratamiento no es lo mismo que "brindar el tratamiento". Por eso yerra el Curador en su réplica cuando, indistintamente, alega no poder hacer el "seguimiento" y el "tratamiento de las cuestiones médicas", como si se tratara de acciones idénticas. No le corresponde al Curador Oficial atender a la paciente, lo cual rayaría el absurdo. Su tarea, en tal cuestión socio-asistencial, es controlar el seguimiento de dicho tratamiento a través de la información que, justamente, le brinden dichos médicos, extremo detalladamente explicado en la sentencia de la Cámara.
En definitiva, ese rol del Curador no enerva la atención de los médicos tratantes ni la responsabilidad de los nosocomios respecto de sus pacientes.
Por ello, la importancia de la función conferida en tal resolutorio contrarresta la "mera formalidad" a la que hace referencia el Curador Oficial cuando alega que: "no se debe soslayar que si bien la designación de apoyo en el proceso de determinación de la capacidad jurídica resulta ser una cuestión formal a los fines de su inscripción para garantizar los derechos del usuario, en la práctica quien viene desarrollando tal función desde el punto de vista del tratamiento, son las instituciones de salud".
Ahondar en la especialidad médica o idoneidad que exige el tratamiento que necesita la persona con discapacidad y vincular ello con el apoyo podría llevar a la sinrazón de concluir que, por ejemplo, si la persona con discapacidad fuera diabética su diabetólogo de confianza, quien le proporciona las indicaciones y medicación para un seguimiento vital del tratamiento, devendría en apoyo.
Asimismo, la normativa que referencia el Curador Oficial -Resolución de Procuración General 114/2021- en ningún modo limita su función a cuestiones estrictamente contables o patrimoniales, las que por supuesto considera ínsitas a su tarea, y procura "aggiornar" en la mentada resolución, destacando a tales fines en sus considerandos:
"El Estado debe garantizar una tutela especial para el pleno goce de los derechos humanos de aquellas personas con padecimiento mental, que presentan una especial vulnerabilidad. Que en el caso de las personas que padecen afecciones en su salud mental y no tienen bienes suficientes ni familiares o allegados que puedan asumir esta función, es el Estado -a través de las Curadurías oficiales de la Provincia de Buenos Aires- el que debe cumplir la función de apoyo o curador, previa designación judicial, con el alcance determinado en la sentencia correspondiente.
Que el rol de apoyo o salvaguarda de las necesidades de la persona con capacidad restringida redimensiona el rol de las curadurías oficiales y exige un nuevo enfoque de su actuación. Que la función de las Curadurías en ese marco es de primordial interés para el Ministerio Público que procura reconocer y fortalecer los instrumentos que garanticen el buen vivir de todos los integrantes de la sociedad, especialmente de los más vulnerables. Que, en tal sentido, resulta necesario no solo unificar la dispersa normativa existente sino también comenzar a aggiornarla a estos nuevos paradigmas en materia de capacidad para asegurar el mejor cuidado de la persona y el pleno y libre ejercicio de sus derechos".
III. 2. Lo expuesto hasta aquí es conteste con el régimen aconsejado en las conclusiones del Equipo Técnico del Juzgado de Familia.
Allí, los distintos informes realizados a lo largo de todos estos años, concluyen: "Régimen Aconsejado: Tratamiento médico psiquiátrico y psicológico permanente. Supervisión por parte de su curador de la organización de su vida cotidiana" (v. informes del 28/06/2018 y del 15/12/2020); "Régimen Aconsejado: Tratamiento médico psiquiátrico y psicológico permanente. Supervisión por parte de su apoyo de la organización de su vida cotidiana y cumplimiento del tratamiento indicado" (v. informes del 18/10/2022 y del15/03/2024) Tales informes interdisciplinarios no sólo no fueron impugnados por el Curador Oficial (v. presentación del 1/11/2022) sino que fueron incluso acompañados en sus propias presentaciones (por ejemplo del 14/09/2020).
La sentencia apelada, por otra parte, tuvo en cuenta el último de los informes presentados, el que transcribió en su integralidad, para abonar su decisión. Sin embargo, de manera confusa, afirma que la Clínica José Ingenieros debe actuar "como entonces fuera propuesto el tutor de seguimiento de tratamiento, vigente en la actualidad", concluyendo seguidamente: "Así las cosas, corresponde designar al dr. Gabotto para el seguimiento de dicho accionar en relación a la causante".
Nuevamente se reitera que el término "supervisión" no implica "organizar" la vida cotidiana de la señora Z., quien cuenta con autonomía suficiente para vivir sola, como lo ha hecho siempre, incluso en su momento teniendo a cargo el cuidado de su madre enferma.
III. 3. Por otra parte, que en la figura del Curador Oficial recaiga el rol de apoyo de la señora Z. respecto de las cuestiones sociales y asistenciales, implica continuar con una dinámica llevada a cabo en el caso de forma continuada durante el plazo de 14 años, que responde a la voluntad de la señora Z. y que no fue objetada con anterioridad ni expuesta como vulneradora de sus derechos, en tanto, respondía a los términos de la sentencia dictada, en función de la cual el Curador Oficial asumió oportunamente su cargo.
Desde esa historicidad biográfica, no asiste razón al Curador cuando expresa que: "resulta injustificable el cambio de apoyo que propone la Sra. Asesora Itinerante, en cuanto vulnera los derechos de los usuarios respecto a las salvaguardias adecuadas, cargando a Curaduría Oficial con una función de apoyo médico-social-asistencial que no es propia de la dependencia, sumado a que ya se cuenta con una dinámica instaurada por las instituciones locales que cumplen en forma adecuada brindando un apoyo formidable a nivel local". Sin dudas, esas instituciones locales seguirán atendiendo -de la misma forma que lo vienen haciendo desde el año 1998- a la señora Z. sin haber sido designados apoyos en ningún momento del proceso.
En definitiva, no se propone innovación alguna, sino que se revalidan los términos de una sentencia cuyos postulados se vienen cumpliendo desde el año 2010 (v. presentaciones con informes del 08/05/2019; 09/03/2020; 13/05/2021; 29/10/2021; 05/07/2022; 16/08/2022; 18/08/2023; 22/02/2024).
Asimismo, comparto con el Curador Oficial que entre los pacientes y los equipos tratantes de las instituciones existe un vínculo de confianza, pero no es ello lo que conduce a convertir a la institución en apoyo, porque de lo contrario, tales equipos serían designados, en su mayoría, como "apoyos" de todos sus pacientes. Tal vínculo de confianza es lo que me lleva al examen de la voluntad de la señora Z..
III. 4. El paradigma actual del "modelo social de discapacidad" parte de la autonomía, la dignidad e igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad (conf. arts. 1, 3 inc. "a", 4 y 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad).
A partir de este enfoque de derechos humanos el Código Civil y Comercial de la Nación asume como idea central la capacidad de ejercicio en orden al pleno goce de los derechos, así como la presunción de capacidad y el carácter excepcional de su restricción (arts. 1, 2, 22, 23, 31, 32, 40 y 43 del CCyC).
En esta línea el artículo 32 del CCyC establece que "El o los apoyos designados deben promover la autonomía y favorecer las decisiones que respondan a las preferencias de la persona protegida" y, en forma concordante, el 43 del CCyC prescribe que "El interesado puede proponer al juez la designación de una o más personas de su confianza para que le presten apoyo. El juez debe evaluar los alcances de la designación y procurar la protección de la persona respecto de eventuales conflictos de intereses o influencia indebida". La Observación General N° 1 del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad reza: "El apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica debe respetar los derechos, la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad y nunca debe consistir en decidir por ellas." (punto 17)
El principio del "interés superior" no es una salvaguardia que cumpla con el artículo 12 en relación con los adultos. El paradigma de "la voluntad y las preferencias" debe reemplazar al del "interés superior" para que las personas con discapacidad disfruten del derecho a la capacidad jurídica en condiciones de igualdad con los demás" (punto 21). En forma conteste, la Observación General N° 5 del Comité DPD prescribe: "El igual reconocimiento como persona ante la ley (art. 12) garantiza que todas las personas con discapacidad tienen derecho a ejercer su capacidad jurídica plena y, por lo tanto, a elegir y controlar su propia vida en igualdad de condiciones con las demás, decidiendo dónde, cómo y con quién quieren vivir, así como a recibir apoyo con arreglo a su voluntad y sus preferencias" (). (punto 80)
De esta forma, "las medidas de apoyo se expanden a todas las áreas de desenvolvimiento de la persona con discapacidad. El apoyo es la herramienta; el fin es "la libertad de tomar las propias decisiones", que excede el ámbito puramente jurídico (art. 3° CDPD). Hablar de apoyos implica reconocer la capacidad jurídica, la autonomía, contar con medios alternativos de comunicación, permitir la toma de decisiones asistidas respecto a cuestiones personales" (Código Civil y Comercial de la Nación comentado; dirigido por Marisa Herrera; Gustavo D. Caramelo Diaz; Sebastian Picasso. - 2a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ediciones SAIJ, 2022. Libro digital, PDF, p. 100). (esta Alzada, expte. N° 13.975, reg. elect. (S) del Ardevol)
Retornando al caso, tal como señalé, el vínculo de confianza que el Curador Oficial refiere respecto a los médicos tratantes de la señora Z. en la Clínica donde lleva a cabo su tratamiento sicológico-psiquiátrico, también existe respecto del Curador Oficial, circunstancia determinante para que la señora Z. solicitara la continuidad del apoyo en la figura del Curador oficial en la audiencia celebrada en la sede del Juzgado de Familia el 5/12/2022, de la cual surge:
".Abierto el acto se pone en conocimiento de los motivos por los cuales se la citó. Manifiesta que no está en contra de que sean sus hermanos sus apoyos pero a veces hay problemas familiares, y tiene temor a que si hay conflicto no poder ayudar a resolverlos, por lo que desea que la curaduría oficial siga ocupando el rol de apoyo tal como se viene haciendo hasta la fecha. "Hasta ahora siempre han sido un buen apoyo".
En la audiencia llevada a cabo en este Tribunal el día 09/12/2024 la señora Z. no realizó objeción alguna a que el Curador Oficial continuara como su apoyo de la forma en que lo venía realizando.
Por otra parte, esa voluntad y preferencia de la señora Z. nunca fue relevada en relación a la Clínica José Ingenieros como designación de apoyo. No surgen de las actuaciones consulta alguna al respecto. Por lo que la designación de tal nosocomio no sólo resulta sorpresiva sino que, en modo alguna, responde a su voluntad y preferencias.
III. 5. Analizado circunstanciadamente el caso en particular, corresponde retomar y reproducir los argumentos oportunamente expuestos en los antecedentes de las hermanas "Castro", porque allí el planteo del Curador oficial también afincó en la escisión de su función: de administración y disposición patrimonial respecto a las cuestiones socio - asistenciales y, a la postre, la decisión en tales casos fue la misma que se propone en el presente (esta Alzada Exptes. nros. 14098, reg. elect. 30 (S) del 18/03/2024; 14097, reg. elect. 31 (S) del 19/03/2024; y 14144, reg. elect. 32 (S) del 19/03/2024)
En el primero de tales antecedentes, con un profuso voto de mi distinguido colega Dr. Fabián Loiza -Expte. 14.098- destacamos, entre otras cuestiones que, no habiendo tenido participación alguna en el proceso la institución donde residía la adulta mayor, ni siquiera luego de ser notificada de la sentencia, surgía en forma evidente que la misma se limitaba a cumplir una función receptora y de cuidado asistencial, sin que pudiera concebirse la extensión de su rol a otros aspectos de la vida, para los cuales no se había evidenciado que la institución se encontrara preparada, dispuesta u obligada legalmente.
Consecuentemente, resaltamos allí que "La atención de la salud, así como todas las cuestiones asistenciales y sociales que se relacionen con ella ya resultan de incumbencia de la citada institución, en orden a los servicios que presta, por lo que en nada agregaría, en función del contexto específico, la atribución del carácter de "apoyo" a su cargo. Por el contrario, podría llevar a confusión en la delimitación de las funciones del establecimiento y de la Curaduría."
En el análisis normativo de esos antecedentes destacamos que la anterior Resolución de Procuración General PG N° 127/06 ya hacía referencia a la intervención de las Curadurías Oficiales de prestar asistencia y representación a sus asistidos (art. 4), debiendo asentarse en el legajo personal "toda actuación jurídica, médica, de asistencia social o cualquier otra índole que se realice con relación al representado o asistido" (art. 1).
Posteriormente, referenciamos que aquella resolución fue modificada por la Resolución del Procurador General N° 144/21 (del 10/03/2021) y sus cambios obedecieron "al cambio de paradigma en el análisis de los derechos de las personas " y a que -conforme resulta de los considerandos de la resolución- "el Estado debe garantizar una tutela especial para el pleno goce de los derechos humanos de aquellas personas con padecimiento mental, que presentan una especial vulnerabilidad" afirmándose de manera expresa allí que: "en el caso de las personas que padecen afecciones en su salud mental y no tienen bienes suficientes ni familiares o allegados que puedan asumir esta función, es el Estado -a través de las Curadurías oficiales de la provincia de Buenos Aires- el que debe cumplir la función de apoyo o curador, previa designación judicial, con el alcance determinado en la sentencia correspondiente" (el resaltado me pertenece).
Por ello concluimos que: "la normativa dictada por la Procuración General de la provincia de Buenos Aires resulta superadora y destaca el primordial interés de las funciones que desempeñan las Curadurías Oficiales en sus roles de intervención en defensa de los más vulnerables, y que son comprensivas de la protección, asistencia y apoyo".
Desde tal ángulo de análisis, surgía en forma elocuente la multidimensionalidad de la intervención del Curador Oficial, precisamente a partir de la normativa reguladora: "En esa senda el art. 5 de la Resolución PG 144/21 indica que en el legajo personal de cada representado o asistido la Curaduría Oficial deberá registrar las actuaciones jurídicas, médicas, de asistencia social, económico-financiera, y en particular deberá consignar: "los datos de los Acompañantes Terapéuticos designados, si los hubiere" (art. 5 inc. c), contando con un dispositivo de Acompañamiento Terapéutico de la Curaduría Oficial, expresamente normado en su articulado (arts. 26 al 37 inclusive PG 144/21)".
Por todo lo expuesto, que da cuenta del contexto y de las funciones que la ley le impone a la Curaduría Oficial (conf. art. 109 L. 14.442; Resolución PG 144/21 en consonancia con los arts. 32; 43 y 138 a 140 y cctes del CCyCN) resulta razonable que sea ese organismo quien resulte único apoyo de la Sra. Z., procurando, entre sus funciones, el de realizar el seguimiento del tratamiento, tal como reza la sentencia de esta Cámara.
En función de ello propicio revocar parcialmente la sentencia de grado en cuanto designa a la Clínica José Ingenieros de Necochea como apoyo para las cuestiones sociales y asistenciales, estableciendo como salvaguarda en favor de la Sra. Z. el sostenimiento del tratamiento en dicho nosocomio, pues ello se muestra como esencial y condicionante para el mejor desarrollo de su vida (art. 12 de la CIDPD, arts. 32, 43 y ccdtes. del CCyC). Restando firmes las restantes cuestiones dispuestas en la sentencia apelada pues no fueron materia de agravio (art. 266 y 272 CPCC).
Con la modificación propuesta voto por la NEGATIVA.
El Sr. Juez Doctor Loiza votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
La Sra. Jueza Doctora Issin votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA BULESEVICH DIJO:
Corresponde revocar parcialmente la sentencia de grado en cuanto designa la Clínica José Ingenieros de Necochea como apoyo para las cuestiones sociales y asistenciales, quedando designado a tales fines el Curador Oficial, estableciendo como salvaguarda en favor de la causante el sostenimiento del tratamiento en dicho nosocomio (art. 12 CIDPD, arts. 32, 43 y ccdtes. del CCyC), pues ello se muestra como esencial y condicionante para el mejor desarrollo de su vida. Restando firmes las restantes cuestiones dispuestas en la sentencia apelada pues no fueron materia de agravio (art. 266 y 272 CPCC).
ASI LO VOTO.
A la misma cuestión planteada el señor Juez doctor Loiza votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la misma cuestión planteada la señora Jueza doctora Issin votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente:
Necochea, 30 de abril de 2025 VISTOS Y CONSIDERANDO: Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo se revoca parcialmente la sentencia de grado en cuanto designa la Clínica José Ingenieros de Necochea como apoyo para las cuestiones sociales y asistenciales, quedando designado a tales fines el Curador Oficial, estableciendo como salvaguarda en favor de la causante el sostenimiento del tratamiento en dicho nosocomio (art. 12 CIDPD, arts. 32, 43 y ccdtes. del CCyC), pues ello se muestra como esencial y condicionante para el mejor desarrollo de su vida.
partes (art. 10 Ac. 4013 t. o. Ac. 4039 del 14/10/2021 SCBA):
Firmantes Funcionario: ISSIN Ana Clara JUEZA --- Certificado Correcto Funcionario: LOIZA Fabian Marcelo JUEZ --- Certificado Correcto Funcionario: BULESEVICH Laura Alicia JUEZA --- Certificado Correcto Fecha: 30/4/2025 13:47:26 Funcionario: PIERRESTEGUY Daniela Mabel SECRETARIO DE CÁMARA --- Certificado Correcto Registración Registro: REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 67-2025 - Código acceso:
D8B39B56 - PUBLICO
Registrado por:PIERRESTEGUY Daniela Mabel - Fecha registración: 05/05/2025 09:23
Fin de la sentencia