Abriendo la norma
TOMO CLXV - INTERLOCUTORIO - J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 10.332 FOLIO Nº 019/021 PROT. ELECT. JR101 480I.261
Río Gallegos, 22 de octubre de 2026.
La presente causa caratulada: “C.Z.S. S/Habeas Corpus S/Incidente de Casación”, Expte. Nº C-85.723/26 - Apelación/Causa JR Nº 10.430/26IC, venida a despacho para resolver y de la que;
Que, mediante el auto interlocutorio de fecha 08/10/2026, el Sr. Juez Subrogante de Recursos confirmó el auto dictado por la Sra. Jueza de Instrucción Nº Dos con asiento en Río Gallegos, quien en el punto I) rechazó la acción de habeas corpus incoada por el detenido C.Z.S.. Que a fs. 04/08 la defensa técnica interpuso recurso de casación contra la resolución de esta Alzada y del escrito recursivo se desprende que el defensor se refirió a la admisibilidad formal de su recurso, fundamentándolo, quedando en consecuencia en condiciones de resolver.
Y
I. Examen de admisibilidad e impugnabilidad objetiva: Que en virtud de lo establecido por el art. 5to. de la Ley Nro. 1687 y los arts. 439, 440, 442 y 446 del CPP, corresponde a esta Alzada efectuar el examen preliminar de admisibilidad de la vía casatoria intentada. Ingresando al análisis formal, se advierte que el recurso no logra superar la valla objetiva impuesta por el ordenamiento adjetivo. El Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz ha adoptado de manera inveterada un criterio restrictivo para la admisibilidad de la vía extraordinaria casatoria.
Específicamente en materia de habeas corpus, nuestro Máximo Tribunal Provincial sentó doctrina mediante resolución del 10/06/2016 (Tº XX – Rº 019 – Fº 120/123) en autos: “Dr. D.F. S/Recurso de Queja en autos: L.S. Defensor Oficial S/Interpone habeas corpus”, Expte. Nº 69.608/15, al resolver que no corresponde habilitar la instancia casatoria contra autos confirmatorios del rechazo de habeas corpus, por no tratarse de sentencias definitivas ni resoluciones equiparables en los términos taxativos del art. 440 del CPP.
Ello sin perjuicio que la presentación ha sido efectuada ante este Tribunal que dictó la resolución que se pretende atacar, de acuerdo a las previsiones del art. 446 del CPP; se han manifestado los motivos en que funda el recurso y no se abonó la tasa de justicia por encontrarse exento en función de tratarse de la defensa pública oficial del accionante.
De todo lo analizado concluimos que el resolutorio atacado no pone fin al proceso, no extingue la acción ni la pena, ni torna imposible la continuación de las actuaciones. La vía impugnativa casatoria no está prevista para reexaminar pronunciamientos recaídos dentro del trámite sumario y especial de consulta o apelación en hábeas corpus (cf. CNCrim. y Corr., "A.J.E.", causa N° 2293; y jurisprudencia de esta Alzada en autos "S.R. s/ Hábeas Corpus", Causas JR N° 5159/15 y N° 6339/19).
II. Sustancia de los agravios y doctrina jurisdiccional aplicable: Sin perjuicio de la invalidez formal advertida, los argumentos de la defensa no logran demostrar la existencia de un agravio constitucional ni una situación de arbitrariedad que permita hacer lugar a la excepción de la regla de definitividad.
Respecto a la alegada deficiencia en la atención médica y demoras en prácticas extramuros, la jurisprudencia pacífica del fuero penal ha sostenido de forma unánime que la sola demora administrativa en la asignación de turnos hospitalarios no configura per se un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención en los términos del artículo 3° de la Ley N° 23.098. En el caso de autos, la resolución que se pretende impugnar cuenta con fundamentos jurídicos mínimos, necesarios y suficientes, pues, tras el análisis de las constancias del legajo, oportunamente se concordó con la Sra. Jueza de Instrucción, quien tras recibir al interno en la audiencia correspondiente, determinó que su reclamo no encuadra en los presupuestos previstos en la ley 23.098, estimando esta Alzada ajustada a derecho la decisión del rechazo de su petición, toda vez que las demoras en la asignación de los turnos para los estudios médicos prescriptos no obedecen a una inacción del Servicio Penitenciario sino a cuestiones administrativas del nosocomio local, de lo que –además-, ningún ciudadano se encuentra exento.
Cabe destacarse que con la resolución de esta Alzada, al ser confirmatoria de un auto interlocutorio de la anterior instancia, se ha garantizado el “doble conforme”, por cuanto han recaído pronunciamientos fundados y concordantes por la Sra. Jueza de Instrucción y por el Sr. Juez Subrogante de Recursos, en cuanto a que la cuestión planteada no reviste la entidad suficiente que habilite la vía excepcional del hábeas corpus, satisfaciéndose de esa manera la garantía establecida en el art. 8.2h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos incorporados a la Constitución Nacional (art. 75 inc. 22). Asimismo, y sin ingresar en un examen del fondo del asunto planteado, en este caso en particular, el recurso de casación fundado en un supuesto agravamiento de las condiciones de detención del interno C.Z.S., por falta de atención médica adecuada en razón que las autoridades penitenciarias habrían postergado o negado sistemáticamente los pedidos administrativos de turnos médicos debe ser declarado inadmisible, pues la situación planteada como agravio excede las facultades y posibilidades del servicio penitenciario; es decir, la asignación de turnos y, por lo tanto, la demora existente para la materialización de los análisis de laboratorio y una consulta con un médico especialista en otorrinolaringología, se debe exclusivamente al funcionamiento general del sistema de salud.
Debe destacarse que el servicio penitenciario cumple con las acciones que corresponde para la realización de los estudios pertinentes, esto es, realiza las gestiones tendientes a obtener los turnos de salud extramuros por prescripción de sus médicos. Luego, realiza el traslado en la fecha del turno asignado. Pero la demora en la asignación de turnos responde a cuestiones administrativas del nosocomio local, que lógicamente ha de ponderar los recursos y disponibilidad con que cuenta, la urgencia del caso, etc., y a partir de allí designa la fecha del turno, cuestión que, cabe mencionar, se reitera, también sucede a cualquier ciudadano que pretenda la asistencia médica para la realización de estudios programados.
En suma, no se logra fundamentar por el recurrente un perjuicio sobre la salud del presentante en relación a la demora en la realización de un estudio concreto o la consulta médica con el especialista, que permita suponer que la tardanza referida acarrea un riesgo para la salud del interno, sino que se ha referido una disconformidad con la mecánica general del servicio penitenciario federal para gestionar turnos extramuros.
Presentaciones como la que se analiza únicamente generan un dispendio jurisdiccional, puesto que el recurrente no rebate adecuadamente los fundamentos de la resolución impugnada ni encuadra su planteo en los supuestos del art. 3 de la ley 23.098 propios de esta vía excepcional. La eventual demora en la asignación de turnos por parte de los nosocomios no implica per se un agravamiento en las condiciones de detención.
Este criterio es sostenido de forma unánime por la jurisprudencia actualizada en el orden nacional, pudiéndose mencionar que la Cámara Federal de Casación Penal, Sala de feria, el 19/01/2022, en autos: “Solicitante: Complejo Penitenciario Federal II De Marcos Paz Beneficiario: L.M.F. S/Legajo De Casacion”, ha entendido en un caso de similares características al aquí analizado que: “… El recurso de casación interpuesto por la defensa de un interno que, en representación de los reclusos de un pabellón penitenciario, promovió una acción de hábeas corpus alegando agravamiento de las condiciones de detención por demoras en la realización de prácticas médicas extramuros, debe declararse inadmisible, pues el recurrente no rebate Adecuadamente los fundamentos de la resolución impugnada ni encuadra su planteo en los supuestos del art. 3 de la ley 23.098 propios de esta vía excepcional. La eventual demora en la asignación de turnos por parte de los nosocomios no implica per se un agravamiento en las condiciones de detención…” (LALEY AR/JUR/175/2022). Igual criterio se sostuvo por la Cámara Federal de Casación Penal, sala IV, el 25/02/2026, autos: “Presentante: Complejo Penitenciario Federal II De Marcos Paz, Beneficiario: M.A.R. S/Legajo De Casacion”, entendiendo que: “…El recurso de casación interpuesto por la defensa de un interno que solicitó hábeas corpus por el presunto agravamiento de sus condiciones de detención, derivado de demoras en la realización de estudios médicos cardiológicos, debe declararse inadmisible, pues la defensa no logró demostrar la existencia de un agravio federal debidamente fundado ni acreditó que el reclamo no pueda ser atendido por la vía ordinaria correspondiente…” (LALEY AR/JUR/10208/2026).
Con relación a la vía escogida por el recurrente, es criterio de este Juez de Recursos que no procede el habeas corpus para desplazar a los jueces naturales de la causa. Esto es compartido en el orden nacional, donde se ha sostenido que: “…El recurso de casación interpuesto por la defensa de un interno que alegaba agravamiento ilegítimo de sus condiciones de detención debe rechazarse, pues no se advierte que sus cuestiones de salud se encuentren en estado de desatención: se han gestionado turnos médicos, concretado visitas regulares a especialistas y suministrado medicación para sus dolencias. Si bien el estado de salud constituye un cuadro dinámico que exige seguimiento celoso por parte del juez a cargo de la detención, el habeas corpus no autoriza a sustituir a los jueces propios de la causa en las decisiones que les incumben, correspondiendo en caso de agravio constitucional la interposición de los recursos legalmente previstos…” (LALEY AR/JUR/69243/2024). –el destacado me pertenece-.
III. Sobre el cuestionamiento a la anonimización mediante el uso de iniciales: Por último cabe mencionar, con respecto a la afirmación del recurrente que: “…El juzgador pretende justificar el cumplimiento de los estándares internacionales y de una perspectiva de derechos mediante un mero formalismo cosmético: resguardar la identidad del condenado utilizando únicamente sus iniciales en la resolución. Esta afirmación resulta un contrasentido intolerable y una burla al espíritu protector de los Derechos Humanos…”, que lejos de tratarse de un abordaje cosmético, la anonimización de los pronunciamientos de esta Alzada responde a los estándares de la Política de Calidad de nuestro máximo TSJ provincial a los que este Juez de Recursos adhiere en orden a la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad de la dependencia, así como también al respeto irrestricto de los derechos y garantías de los justiciables, no pudiendo desconocer el Sr. Defensor Oficial ante las Cámaras que los autos interlocutorios que recaen en esta instancia no solamente se publican en el sitio web del Poder Judicial sino que son objeto de publicación y comentario en las revistas jurídicas más reconocidas de nuestro país.
Para mayor abundamiento se recomienda al asesor técnico se sirva tener a bien proceder a la lectura de la resolución dictada por nuestro Excmo. Tribunal Superior de Justicia inscripta al Tº CLXXVII – Rº 167 – Fº 176/181, aunando lo explicitado precedentemente. Con lo cual entendemos que el pretendido agravio de la anonimización del resolutorio de esta Alzada, constituye una buena práctica -desde hace más de seis años-, que resguarda los derechos a la intimidad y protección de datos personales de las personas privadas de la libertad, sin causar menoscabo o gravamen irreparable al derecho de defensa, más aún considerando la publicidad de los fallos en portales institucionales y publicaciones jurídicas, no logrando fundamentar la denegación del servicio de Justicia que se alega, correspondiendo por ende su rechazo de plano. Que de conformidad con lo establecido por el art. 427 primer párrafo del CPP, cabe concluirse que el recurso de casación interpuesto no logra superar la valla formal para que se declare su admisibilidad, en razón que el interlocutorio que se ataca no reúne las condiciones objetivas de impugnabilidad exigidas por la norma del art. 440 del CPP, al no tratarse de una sentencia definitiva ni de un auto interlocutorio que pone fin al proceso, a la acción, a la pena o torne imposible que continúen las actuaciones o deniegue la extinción de la acción, conmutación o suspensión de la pena.
IV. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos.
V. Comunicaciones: En virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web. Por todo lo expuesto, de conformidad con las normas aludidas y en mi carácter de Juez de Recursos;
1. DECLARAR INADMISIBLE el recurso de casación deducido por el defensor oficial del detenido C.Z.S., contra la resolución recaída por el Sr. Juez Subrogante de Recursos de la Primera Circunscripción Judicial de fs. 01/02, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.-
2. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE mediante sne. 3º)- Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected]. 4º)- Fecho, DEVUELVASE al Juzgado de Origen.
(A.I.G.)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia