Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Necochea · Causa 12.576
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la sentencia con la modificación propuesta respecto a la actualización de la base regulatoria, aprobándose la liquidación a los fines regulatorios en la suma total de $ 41.875.166,80 (SCBA Ac. 4167/24). Atento el progreso parcial de los agravios y lo novedoso de la cuestión aquí debatida, las costas en ambas instancias se imponen por su orden (arts. 68 2° párrafo y 71 CPCC), difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 ley 14967).
(RGE:Identificacion en Receptoría )
Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial-Necochea En la ciudad de Necochea, a los 11 días del mes de febrero de 2025 reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, en acuerdo ordinario, a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados: "Z. N. A. c/ B. P. G. s/ Daños y Perj. Respe. Profesional (Excluido Estado)" Expte. 12.576, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código Procesal Civil y Comercial, resultó del mismo que el orden de votación debía ser el siguiente Sra. Jueza Doctora Laura Alicia Bulesevich, Sra. Jueza Doctora Ana Clara Issin y Sr. Juez Doctor Fabián Marcelo Loiza.
El tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1ª ¿Se ajusta a Derecho la sentencia dictada el 12/07/2024?
2ª ¿Qué pronunciamiento corresponde?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA BULESEVICH DIJO:
I. El 12 de julio de 2024 el Juez de primera instancia dictó sentencia resolviendo: “1) Declarar la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928 (T.O ley 25.561), en cuanto prohíbe la actualización o indexación de obligaciones dinerarias. 2) Aprobar la liquidación practicada a los fines regulatorios en la suma de Pesos sesenta millones setenta y dos mil doscientos noventa y cinco con 76/100 ($ 60.072.295,76), al día 4 de junio de 2024. 3) En cuanto a las costas, atento el principio objetivo de la derrota, se imponen a la actora vencida (art. 68 del CPC). 4) Diferir la regulación de honorarios para la oportunidad en que se encuentre firme la presente resolución.”
Para declarar la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928, solicitada por la demandada victoriosa en el juicio, tuvo en cuenta los parámetros establecidos en la nueva doctrina legal sentada por la SCBA en el fallo “Barrios” (Causa C. 124.096, sent. del 17/04/2024).
En esa lógica el juez consideró procedente la fórmula de actualización aplicada por la accionada en su presentación del 4/06/2024, consistente en IPC más 6% de interés puro anual, para actualizar la base regulatoria correspondiente al capital más los intereses reclamados en la causa (art. 23 de la ley 14.967 3° párrafo - supuesto de demanda rechazada).
Concluyó: “corresponde aprobar la liquidación practicada a los fines regulatorios en la suma de Pesos sesenta millones setenta y dos mil doscientos noventa y cinco con 76/100 ($ 60.072.295,76), al día 4 de junio de 2024. Ello con una tasa pura del 6% desde dicha fecha y hasta su efectivo pago (conf. S.C.B.A. causa C. 124.096, "Barrios, Héctor Francisco y otra contra Lascano, Sandra Beatriz y otra. Daños y perjuicios", del 17/04/2024 apartado VI. 2).”
II. La decisión fue apelada por la actora (v. memorial del 6/08/2024); impugnación que fue replicada por la contraria, solicitando su rechazo (v. contestación de memorial del 9/08/2024).
La apelante expone dos motivos de agravios. El primero lo encolumna bajo el título “Vulneración del debido proceso legal. Acceso a la justicia e igualdad ante la ley. Errónea interpretación del fallo Barrios y errónea aplicación automática del IPC”.
Afirma que “el a quo toma en consideración la realidad económica advertida en el precedente “Barrios”, realizando una transcripción casi textual de este documento, pero no realiza ningún análisis de la realidad económica del reclamo rechazado y del valor de este juicio. Es decir, se limita a describir la realidad inflacionaria y la consecuente depreciación de la moneda, pero guarda absoluto silencio en relación al contenido económico del juicio y status jurídico de las partes, cayendo en una interpretación y aplicación dogmática del fallo Barrios.”
Sostiene que el decisorio se aparta de la regla contenida en el art. 23 tercer y cuarto párrafo de la ley 14.967 y continúa alegando: “Encuentro aquí vulnerados el derecho al debido proceso legal, acceso a la justicia e igualdad ante la ley (art. 16 y 18 CN) por errónea interpretación del fallo “Barrios”, "Vera" y "Nidera” de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y fallos “Romero” y “Cambrea” -entre otros- emanados del Máximo Tribunal de la Nación, siendo la sentencia abstracta y en consecuencia arbitraria.” Su segundo agravio el apelante lo centra en la vulneración del derecho de propiedad a partir del contenido patrimonial del reclamo en demanda. Que -aduce- consistió en “lucro cesante correspondiente al monto abonado por el actor, perdidoso en un juicio laboral, más daño moral y psicológico”. Afirma que la actualización implica incrementar el valor de demanda en un 2801,44 %. Esto es, elevar el monto de $2.070.429 reclamados en demanda el 30/09/2019, a la suma de $ 60.000.000 al momento de practicarse la liquidación el 04/06/2024.
Reconoce: “asistimos a una fuerte crisis económica social donde los ingresos se ven licuados por el flagelo de la inflación y fluctuaciones de la moneda patológicas que condujeron a nuestro superior tribunal a flexibilizar su postura y permitir la actualización del crédito en procura de proteger el derecho de propiedad. Y es en este sentido que el propio actor Sr. Z., hoy perdidoso, sufre también los vaivenes del proceso inflacionario…”. Referencia su liquidación propuesta en la presentación del 18/06/2024 y por último solicita a este Tribunal “disponga morigerar la base regulatoria establecida por el a quo conforme al criterio del esfuerzo compartido y en el marco de un criterio equitativo demostrándose la injusticia de la sentencia en relación al monto aprobado.”
Finalmente solicita la imposición de costas en el orden causado por considerar que se trata de una cuestión dudosa de derecho, siendo reciente lo decidido por la SCBA. Hace reserva del caso federal.
III. El recurso interpuesto impone el análisis de dos cuestiones centrales:
1. La posibilidad de actualizar la base regulatoria ante el rechazo íntegro de la demanda (art. 23, 3°párrafo de la ley 14.967).
2. De ser procedente la primera cuestión, el mecanismo de actualización aplicable al caso, evaluando la alternativa de la reducción (art. 23, 4° párrafo de la ley 14.967) y/o del esfuerzo compartido.
La plataforma fáctica del caso resulta ser una demanda de daños y perjuicios iniciada el 27/09/2019 contra una abogada, persiguiendo la condena de $ 2.040.729,60 por alegada mala praxis en un juicio laboral en el que el actor fue demandado.
El 13/07/2023 este Tribunal dictó sentencia rechazando la demanda en su totalidad (Reg. elect. 94 S), revocando así lo decidido en la instancia. Seguidamente analizaré en forma separada las dos cuestiones señaladas.
III. 1. Actualización monetaria de la base regulatoria ante el rechazo de la demanda (supuesto art. 23, 3°párrafo de la ley 14.967). El Juez de la instancia –a pedido de la letrada demandada, victoriosa en el juicio de daños y perjuicios– declaró la inconstitucionalidad sobreviniente del art. 7 de la ley 23.928 y consideró procedente la actualización de la base regulatoria bajo los parámetros de la nueva doctrina legal sentada en el caso “Barrios” (SCBA C. 124.096 del 17/04/2024). Bien vale recordar que, refiriéndose a la base regulatoria, el art. 23 3° párrafo de la ley 14.967 establece que: “Cuando fuere íntegramente desestimada la demanda o reconvención, se tendrá como valor o monto del pleito el total reclamado, incluyéndose los intereses si hubieran integrado la pretensión”.
La actualización del monto inicial reclamado en la demanda fue expresamente reconocida por la actora al contestar el traslado de la liquidación practicada por la demandada y su planteo de inconstitucionalidad (v. presentación del 18/06/2024).
Allí la accionante afirmó: “en el contexto de crisis económica es esta parte quien hubiera encontrado amparo en la novedosa doctrina emanada del fallo Barrios, si la demanda hubiera prosperado total o parcialmente. A partir de un aparente silogismo jurídico se apropia ilegítimamente de un interés ajeno porque el crédito únicamente se habría desactualizado para el reclamante quien efectuó el desembolso afectándose en caso de admisión de la petición trasladada el derecho constitucional de propiedad del actor, habilitando el caso federal.”
Advierto así que, tal reconocimiento de actualización por parte de la actora –bajo la nueva doctrina legal– expone un sinceramiento en términos de realidad económica en juego, que en modo alguno admite su concesión para una sola de las partes del litigio, pues ello lo convertiría en una prerrogativa unilateral arbitraria.
En efecto, ello propiciaría que -en contextos de crisis inflacionarias- la parte actora litigara en el proceso pudiendo efectuar reclamos exorbitantes sabiendo, anticipadamente, que de perder el litigio los honorarios se verían ostensiblemente reducidos por la depreciación del monto de la demanda, pero contando con el bill de indemnidad que supondría actualizar a su favor el capital de condena, en caso de resultar vencedor. Sin dudas, un evidente estímulo –inadmisible por cierto– a litigar con temeridad, con fundamento en la inequidad y violación del principio de igualdad de las partes en el proceso (art. 16 CN, art. 11 CPBA, art. 34 inc. 5 c) del CPCC y arts. 1, 9 y 10 del CCyC).
En definitiva, como bien señala el accionante, la actualización ante una eventual distorsión económica lo amparaba a él, de haber resultado vencedor en el juicio, y consecuentemente, también a la demandada, que litigó bajo tales postulados de riesgo económico.
En el caso, dicha actualización monetaria impide que la depreciación del monto del reclamo -como derivación de la depreciación de la monedadesactualice la base regulatoria con clara afectación de la retribución de la tarea profesional, cuyos honorarios poseen carácter alimentario (art. 1 Ley 14.967)
Se procura, entonces, mantener la indemnidad de un monto que refleja la magnitud monetaria bajo la cual se litigó, en tanto la responsabilidad de los profesionales estuvo comprometida en función de ese real interés económico en juego.
El monto del asunto es la pauta inicial que el art. 16 de la ley 14.967 prescribe tener en cuenta -entre otras tantas que allí enumera- a efectos de la regulación de los honorarios.
Es que “La pauta fundamental para la fijación de la base arancelaria, en asuntos susceptibles de apreciación pecuniaria, es su cuantía” (Quadri, Gabriel Hernán, Honorarios profesionales. Abogados, procuradores y auxiliares de la justicia. Ed. Erreius, 1° ed., CABA, 2018, p. 100) Adviértase que el anterior art. 23 del Dec. Ley 8904/77 no contemplaba, en el supuesto de rechazo de demanda, la inclusión de los intereses al capital reclamado, pero sin embargo, preveía la posibilidad de actualizar el valor del pleito “al momento de la sentencia en base a los índices de depreciación monetaria, si ello fuere pertinente”.
En esa línea se sostenía: “En el supuesto de demanda rechazada en su totalidad, …corresponderá tomar el monto allí reclamado -en su caso debidamente actualizado- sin computar empero intereses…” (Kielmanovich, Jorge, Honorarios profesionales, Ed. Thomson Reuters La Ley, CABA, 2018, p. 306)
Bajo esa lógica indexatoria el art. 24 de la anterior ley arancelaria establecía la forma de determinar la depreciación monetaria, mediante un mecanismo de actualización -con remisión a los índices de precios al consumidor- que se mantuvo hasta la sanción de la Ley N° 23.928 de convertibilidad que, a partir del 1/04/1991 prohibió toda forma de indexación o actualización monetaria, prohibición que se mantuvo por la Ley 25.561 de Emergencia Pública y de Reforma del régimen cambiario (B.O. 7/1/2002) y por sus sucesivas prórrogas.
Sostienen Hitters y Cairo en su notable obra de consulta sobre la temática: “…con la sanción de la ley 23.928, el mecanismo establecido en el art. 24, LHP, ha quedado derogado, razón por la cual éste ha de aplicarse para recomponer todas las cuestiones ocurridas hasta el 31/3/1991 (fecha a partir de la cual tiene vigencia la normativa citada).
-…- el art. 4° de la ley 25.561 mantuvo el régimen rescisorio de cualquier proceso actualizatorio o indexatorio que había sido instaurado mediante el art. 7° de la ley 23.928)”. (Hitters Juan Manuel – Cairo Silvina, Honorarios de Abogados y Procuradores, Ed. Abeledo Perrot, 2° ed., Bs. As., 2011, pp. 271/272).
En ese escenario, resultaba lógico que “esta situación generaba en determinadas circunstancias que la dilación de los procesos y el efecto inflacionario, diluyeran la importancia económica del monto reclamado y con ello la base regulatoria y la consecuente cuantía de los honorarios a regular” (Valdez, Carlos Fernando, Ley de Honorarios de Abogados y Procuradores de la provincia de Buenos Aires, Ed. Hammurabi, 1° ed, Bs. As., 2018, p. 120).
En ese contexto, en el que se aspiraba a sostener y promover un sistema nominalista mediante la interdicción de toda actualización o indexación, fue sancionada la posterior y actual ley de honorarios 14.967 (promulgada el 04/10/2017), que cambió el art. 24 referido a la depreciación monetaria por la instauración del JUS.
Cabe aquí remitirse a los fundamentos de la ley 14.967 (https://normas.gba.gob.ar/documentos/0PzyXuLB.html) en los que expresamente se destaca la importancia del JUS arancelario en el contexto de la economía: “…Una de las modificaciones centrales de la reforma es la adopción generalizada del JUS como unidad de medida de toda regulación o estipulación de honorarios como modo de evitar asimetrías y desigualdades ocasionadas por variaciones en la economía, lo que conlleva certeza para partes, letrados y jueces.”
La doctrina señala que: “El nuevo ordenamiento eliminó la disposición referida a la actualización monetaria mediante índices al consumidor y dispuso que la regulación debe efectuarse en su equivalente en Jus (art. 15 inc. d)…Se trata de uno de los cambios más importantes en el ordenamiento arancelario, pues con ello se adopta una unidad de medida que evita la pérdida de valor de los honorarios como consecuencia de las variaciones en la economía, conservando el poder adquisitivo del arancel pese al transcurso del tiempo, más aún teniendo en cuenta el carácter alimentario y de remuneración que expresamente consagra la ley (art. 1°, LHA)”. (Ribera, Carlos Enrique, Honorarios de abogados en la provincia de Buenos Aires, Ed. Thomson Reuters La Ley, 1° ed., CABA, 2020, p. 276).
Ahora bien, en el supuesto específico de rechazo de la demanda se destaca en los fundamentos de la ley 14.967: “También se reguló para el caso de rechazo íntegro de la demanda, un piso de base regulatoria del cual no podrá descenderse”, prescribiendo así el art. 23 en dicho supuesto: “se tendrá como valor o monto del pleito el total reclamado, incluyéndose los intereses si hubieran integrado la pretensión. Los jueces sólo podrán apartarse de esta regla si su aplicación estricta arrojara resultados notoriamente inequitativos, lo que deberá ser fundado debidamente. En esos casos, la base regulatoria no podrá ser inferior al monto reclamado con más sus intereses reducida en un 50%”.
No obstante, como señalé, el contexto normativo y jurisprudencial de la ley 14.967 era diferente porque el principio nominalista se imponía como corsé normativo por imperio de la prohibición de actualización e indexación de la ley 23.928.
La nueva y reciente doctrina legal de la Suprema Corte permite otro análisis y hace viable la actualización monetaria, mediante un escrutinio prudente y realista de los casos sometidos a análisis de la judicatura, prescribiendo una lectura razonable del nominalismo, siendo que: “Tanto en el plano regulatorio como en el hermenéutico, el factor económico condiciona la opción jurídica y compele a la consideración circunstanciada de los impactos y mudanzas producidos a causa del deterioro patrimonial provocado por la depreciación de la moneda” (consid. V. 8 de la causa Barrios).
Allí se reconoce que: “…no es legítimo mirar de soslayo los efectos perniciosos que, en un contexto altamente inflacionario, provoca sobre las acreencias de las personas la interdicción de un adecuado mecanismo de actualización” (consid. V.11).
Así, abocados a dicha tarea y en pos de determinar el perjuicio concreto que causa la depreciación monetaria en cada caso en particular este Tribunal sostuvo que: “Se trata de ir de las generalidades y variables macroeconómicas a la microeconomía y particularidades del caso específico, acreditando concretamente el impacto de la depreciación monetaria en la acreencia. La certeza de los números no puede ser contra argumentada con afirmaciones dogmáticas, máxime cuando se trata de declarar la inconstitucionalidad de una ley al caso concreto.
Lo referenciado conlleva a que las partes asuman eventualmente la tarea de un nuevo capítulo en el litigio: mostrar la concreta brecha lesiva de su acreencia, causada por la depreciación monetaria en un determinado período de tiempo (art. 375 del CPCC). Y asimismo, exponer cuál es el mecanismo de actualización que estima "restaura" tal indemnidad. Pues ello, debe ser sometido al contradictorio, con debida bilateralización, en aras de garantizar un adecuado derecho de defensa al deudor” (Expte. 13.971, Reg. elect. 131 (S) del 17/10/24)
En el caso, la existencia de la brecha lesiva surge con elocuencia del escrutinio de los diferentes cálculos comparativos de la base regulatoria realizados por la letrada demandada (v. presentación del 4/06/2024), guarismos que no fueron cuestionados desde su faz contable por el actor al contestar el planteo (18/6/24).
Dichas diferencias en los cálculos evidencian la licuación del monto original reclamado en la demanda y la consiguiente afectación en la depreciación de la base regulatoria del proceso, plataforma de cálculo a partir de la cual se efectúa la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes.
Inexorablemente una base regulatoria depreciada implicará honorarios más bajos, porque si bien es cierto que, una vez regulados podrán conservar su valor mientras estén reflejados en JUS, habrán nacido ya depreciados si la regulación se efectuó a partir de un monto desactualizado por el transcurso del tiempo en períodos de aguda inflación. Vale mencionar que con anterioridad al fallo "Barrios" y sin planteos relativos a la inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928, la actualización de la base regulatoria fue considerada procedente por la Cámara Civil y Comercial de Azul -sala I- en los antecedentes Causa Nº 60633-2015, Causa Nº 66141-2020 y Causa 72034-2024.
En función de las consideraciones expuestas hasta aquí, corresponde confirmar la declaración de inconstitucionalidad sobreviniente del art. 7 de la Ley 23.928, y declarar procedente la actualización de la base regulatoria ante el rechazo íntegro de la demanda.
III. 2. Mecanismo de actualización aplicable al caso, evaluando la posibilidad de la reducción (art. 23 4° párrafo de la ley 14.967) y/o del esfuerzo compartido.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que “La justa retribución debe plasmarse mediante una decisión judicial que sea derivación razonada del derecho vigente de conformidad con las constancias de la causa, de modo que sustancialmente no traduzca un menoscabo a las previsiones constitucionales establecidas en los arts. 14 bis y 17 de la CN” (CS R 528 XXXVII, “Romero SA s/ Quiebra s/ Incidente revisión por Fisco Nacional DGI, 30/10/2006, t. 329, p. 4506)” (Carlos Enrique Ribera, “Honorarios de abogados en la provincia de Buenos Aires”, Ed. Thomson Reuters La Ley, 1° ed., CABA, 2020, p. 171)
La razonabilidad y justicia de la retribución fue señalada por la Suprema Corte como reflejo de la doctrina que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentara in re Cantos (C.I.D.H. sent. del 28-XI-02, párr. 55) cuando señaló que: “... para satisfacer el derecho de acceso a la justicia no basta que en el respectivo proceso se produzca una decisión judicial definitiva. También se requiere que quienes participan en el proceso puedan hacerlo sin el temor de verse obligados a pagar sumas desproporcionadas o excesivas a causa de haber recurrido a los tribunales. (SCBA, JUBA Sumario B95168, sent. del 08/07/2008).
En el caso, el apelante -actor perdidoso- cuestiona: “la sentencia apelada resulta muy perniciosa, cuando establece una base regulatoria que incrementa el valor de demanda en un dos mil ochocientos uno con cuarenta cuatro por ciento (2801,44 %), elevándolo de $ 2.070.429 -que el actor cuantificó con fecha 30/09/2019- a $60.000.000 que la demandada actualizó con fecha 4/06/2024, sin fundamentos objetivos para establecer un mecanismo de actualización del monto reclamado, apartándose de la normativa arancelaria aplicable art.23 in fine de la ley 14.967”. Estructurar la decisión judicial encolumnada bajo el mandato de la equidad conlleva a determinar un adecuado mecanismo de actualización “cuidando de evitar que el reconocimiento patrimonial final del capital exceda el valor real de la prestación debida”, tal como previene el considerando V.
16. c de “Barrios”.
Tal límite indexatorio subyace en la Ley 24.283 de desindexación (Promulgada el 17/12/1993), conocida como Ley “Martínez Raymonda”, que establece en su Art. 1: “Cuando deba actualizarse el valor de una cosa o bien o cualquier otra prestación, aplicándose índices, estadísticas u otro mecanismo establecidos por acuerdos, normas o sentencias, la liquidación judicial o extrajudicial resultante no podrá establecer un valor superior al real y actual de dicha cosa o bien o prestación, al momento del pago…”. Para ello, “es preciso que el órgano jurisdiccional adopte el curso de acción más consistente con los intereses implicados” (consid. 17 de “Barrios”) debiendo tenerse presente las particularidades de la causa en diálogo con los principios y las previsiones enumeradas en el considerando V. 17. d del fallo de nuestro Superior Tribunal Provincial. Esas directrices son: la interdicción del enriquecimiento sin causa y el abuso del derecho; la buena fe; la equidad; la equivalencia de las prestaciones; la morigeración de los resultados excesivos; en su caso, el esfuerzo compartido; y el principio de congruencia.
En el profuso análisis realizado por las Dras. Marisa Herrera y Ornela Piccinelli en la publicación “Los amigos de “Barrios” van a aparecer: colocando un precedente clave en su justo y necesario lugar” (Cita TR LALEY AR/DOC/1473/2024) destacan: “De acuerdo con el esquema de trabajo que la Suprema Corte provincial propone a las juezas y a los jueces de las instancias de grado —en quienes confía la correcta utilización de la herramienta, robusteciendo sus facultades de dirección y decisión del trámite— y tienen la función de dirimir este tipo de planteos, deben acometer un doble análisis de contexto, en diálogo con las circunstancias concretas de la causa: i) uno anterior a la declaración de inconstitucionalidad, para evaluar su necesidad, habida cuenta que —como dijimos antes— será el último recurso, una vez frustradas las demás alternativas y ii) otro posterior a ella para controlar el impacto de la decisión: avanza aquí en la faz que denominamos consecuencial, que lejos de desentenderse de las derivaciones de su intervención, se ocupa de proponer un test tendiente a evaluar la razonabilidad del resultado”.
Bajo tales directrices las autoras postulan, en el análisis de la dimensión contextual y el aspecto consecuencial, la obligada necesidad de efectuar una valoración posterior que pondere el resultado de la operación aritmética.
En definitiva la indemnidad del crédito siempre tendrá ínsita tensión con los derechos del deudor, constituyendo la equidad el reflejo de la equivalencia de las prestaciones; en el caso, la justa y razonable retribución de las tareas profesionales.
Se sostiene, así, en "Barrios": “En función de un mandato de equidad, esa circunstancia podría aconsejar, incluso en la materia abordada aquí, tomar en consideración el nivel y la evolución de los ingresos de los deudores”. (consid. v.10.b)
Efectuando tal análisis al presente caso observo que: al momento de interposición de la demanda -septiembre de 2019 - el salario mínimo vital y móvil (SMVM) era de $15.625 (Resolución 6/2019 del Ministerio de Producción y Trabajo, Consejo Nacional del Empleo, la productividad y el SMVM). Con ese parámetro el monto reclamado en demanda era de aproximadamente 130 salarios. Bajo tal razonamiento, al 04/06/24 -momento en que la demandada practicó la liquidación- el SMVM era de $ 234.315 (Resolución 9/2024), por lo que 130 Salarios Mínimos Vitales y Móviles equivalían a $30.460.950.
Tales sumas se condicen con los montos expuestos por la demandada en su liquidación, referenciando el valor del JUS a septiembre de 2019 (SCBA Ac. 3953/19), en el que la suma reclamada de $ 2.040.729 equivalía a 1189,23 Jus. Esos 1189,23 Jus al 4/06/24 (SCBA Ac. 4153/24) representaban la suma de $ 32.441.005,17.
En suma, se conjuga en justo equilibrio la evolución de los ingresos a partir del salario mínimo, vital y móvil, con la evolución progresiva del valor del Jus, cuya comparación -como se aprecia- refleja montos similares. Precisamente el Jus, como se desarrolló en el examen de la cuestión anterior, refleja el patrón arancelario específico que la ley 14.967 instauró para preservar el valor del honorario (arts. 15 inc. d, 24 y 54), en reemplazo de la anterior actualización por IPC (art. 24 Dec. Ley 8904/77). “La ley 14.967 pretende sentar un nuevo paradigma, protectorio de la real magnitud económica del honorario, en tiempo de progresiva y constante erosión de nuestro signo monetario” (Quadri, ob. cit, p. 147).
De tal modo se garantiza en forma integral el derecho del deudor, que no se ve sorprendido por resultados desproporcionados que pudieran llevarlo a cuestionar el acceso a la justicia, y a la par, se preserva el derecho a una justa retribución de la tarea profesional desarrollada durante más de 5 años de litigio, teniendo en cuenta la realidad económica del caso y el patrón específico de actualización de la actual ley arancelaria.
En consecuencia, con la actualización propuesta al Acuerdo se atiende de manera suficiente el interés del apelante concerniente a la reducción, resultando innecesario ingresar al supuesto del art. 23 in fine de la ley arancelaria o al de la teoría del esfuerzo compartido.
En base a todo lo desarrollado, concluyo que la conversión a Jus del monto de reclamo en demanda a la fecha de su interposición constituye, en el presente litigio, un mecanismo específico de actualización a fines de preservar el valor de la base regulatoria, en modo consistente con la plataforma arancelaria del caso, conforme las previsiones del art. 23 de la Ley 14.967 (art. 17 y 28 de la CN).
Tal como surge de la liquidación practicada por la demandada, tal base regulatoria representaba 1189,23 Jus, que conforme al valor del Jus vigente $ 35.212 (Ac. 4167/24), arroja la suma total de $ 41.875.166,80, monto que se propone al acuerdo sea aprobado como liquidación practicada a los fines regulatorios a la fecha de la presente sentencia.
Atento el progreso parcial de los agravios y lo novedoso de la cuestión aquí debatida, las costas de ambas instancias se imponen por su orden (arts. 68 2° párrafo y 71 CPCC).
Con las modificaciones propuestas voto por la AFIRMATIVA.
La Sra. Jueza Doctora Issin votó en el mismo sentido por análogos fundamentos.
El Sr. Juez Doctor Loiza votó en el mismo sentido por análogos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA BULESEVICH DIJO:
Corresponde confirmar la sentencia con la modificación propuesta respecto a la actualización de la base regulatoria, aprobándose la liquidación a los fines regulatorios en la suma total de $ 41.875.166,80 (SCBA Ac. 4167/24).
Atento el progreso parcial de los agravios y lo novedoso de la cuestión aquí debatida, las costas en ambas instancias se imponen por su orden (arts. 68 2° párrafo y 71 CPCC), difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 ley 14967).
ASI LO VOTO.
A la misma cuestión la Sra. Jueza Doctora Issin votó en el mismo sentido por análogos fundamentos.
A la misma cuestión planteada el Señor Juez Doctor Loiza votó en igual sentido por los mismos fundamentos.
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente:
Necochea, 11 de febrero de 2025.
VISTOS Y CONSIDERANDO: Por los fundamentos normativos, doctrinarios y jurisprudenciales expuestos en el precedente acuerdo se resuelve: Confirmar la sentencia con la modificación propuesta respecto a la actualización de la base regulatoria, aprobándose la liquidación a los fines regulatorios en la suma total de $ 41.875.166,80 (SCBA Ac. 4167/24). Atento el progreso parcial de los agravios y lo novedoso de la cuestión aquí debatida, las costas en ambas instancias se imponen por su orden (arts. 68 2° párrafo y 71 CPCC), difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 ley 14967).
Notifíquese mediante el depósito del presente en el domicilio electrónico constituido por las partes y a la Sra. Fiscal General, conforme of. recibido 4/2/2025 (art. 10 Ac. 4013 t. o. Ac. 4039 del 14/10/2021 SCBA):
Fin de la sentencia