Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Azul · Causa 59.228
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar parcialmente al recurso entablado por el demandado y su aseguradora, y atribuir el 70% de responsabilidad por el siniestro vial al demandado en autos, y el 30% al actor.
2Desestimar por inadmisible el recurso del actor contra el rechazo del rubro daño moral.
3Rechazar el recurso del accionado y la citada en garantía contra la indemnización del daño por incapacidad física y psíquica, y determinar, no obstante, que acorde lo resuelto en el Considerando II, el monto efectivo de condena por este rubro asciende a la suma de Pesos treinta y siete mil ochocientos ($37.800) más intereses.
4Rechazar el recurso del demandado y su aseguradora contra el acogimiento y cuantificación del daño por tratamiento psicológico y gastos farmacéuticos, y determinar en la suma de Pesos dos mil setecientos treinta ($2.730) más intereses, el monto efectivo de condena por este rubro, en razón de lo resuelto en el Considerando II.
5Hacer lugar parcialmente al recurso del accionado y la citada en garantía contra la indemnización del daño emergente en la moto, reduciendo su cuantificación a la suma de $2.168, y determinando el monto efectivo de condena, en razón de lo resuelto en el Considerando II, en la suma de Pesos mil quinientos diecisiete con sesenta centavos ($1.517,60) más intereses.
6Hacer lugar parcialmente al recurso del accionado y la compañía aseguradora contra la indemnización por privación de uso, reduciendo su cuantificación a la suma de $750, y, en razón …
Causa nº: 2-59228-2014 "ZAMUDIO HUGO EDUARDO C/ ROSSI HUGO PABLO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.ESTADO (USO AUTOM. S/LESIONES)"
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - OLAVARRIA
Sentencia Registro nº: 52 Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los 05 días del mes de mayo del año Dos Mil Quince, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores Jorge Mario Galdós, Víctor Mario Peralta Reyes y María Inés Longobardi, para dictar sentencia en los autos caratulados:“Zamudio, Hugo Eduardo c/ Rossi, Hugo Pablo s/ Daños y Perjuicios” (causa n° 59.228), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, arts. 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dra. Longobardi, Dr. Galdós y Dr. Peralta Reyes.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra - ¿Es justa la sentencia de fs. 260/272?
2da- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I Ó N-
A LA PRIMERA CUESTIÓN, la Sra. Jueza Dra. Longobardi dijo:
I) 1. Llegan los autos a esta instancia a fin de que se resuelvan los recursos de apelación articulados por el actor, Hugo Eduardo Zamudio (fs. 275), y por el demandado, Hugo Pablo Rossi, y su aseguradora “La Segunda Cooperativa Ltda. De Seguros Generales” (fs. 277), contra la sentencia definitiva de primera instancia (fs. 260/272), que hizo lugar a la acción de daños y perjuicios promovida, y condenó solidariamente al demandado y su aseguradora a abonar al demandante la suma de $61.780 más sus intereses a tasa pasiva, en virtud de los daños padecidos como consecuencia del accidente de tránsito acaecido con fecha 30/08/08. En su escrito inaugural (fs. 20/25 vta.) el actor relató que en la fecha mencionada, a las 19 hs. aproximadamente, venía circulando en dirección este-oeste por Avda.
Colón de la ciudad de Olavarría, en su ciclomotor Gillera Smash 2007, a velocidad moderada y con pleno dominio del rodado, y cuando casi había atravesado la calle Lavalle, un Peugeot 206 que venía circulando unos metros antes en la misma dirección y era conducido por el demandado, intentó girar hacia su derecha a mitad de calle y sin previo aviso, y lo embistió violentamente. Narró que el demandado circulaba más sobre el medio de la calzada, mientras que él lo hacía más sobre la derecha, y sostuvo que a tenor del art. 1.113 C.C., el demandado se presume responsable del accidente. Afirmó que como consecuencia del siniestro sufrió traumatismo de cráneo sin pérdida de conocimiento, traumatismo de hombro derecho y traumatismo dorso lumbar, y que fue trasladado al Hospital Municipal de Olavarría, en donde le fue diagnosticada la ausencia de lesiones óseas, se le efectúo sutura de herida cortante a nivel frontal izquierdo con tres puntos, y fue dado de alta con tratamiento analgésico y reposo.
Previo informe pericial que transcribió, estimó que su incapacidad física oscilaría entre el 22 y el 24% más un 10% en concepto de daño psíquico, y reclamó en consecuencia la suma de $96.000. Asimismo, peticionó una reparación de $40.000 en concepto de incapacidad psicológica, aduciendo padecer serios traumas y perturbaciones psicológicas, y alegando que tras el accidente sufrió síndrome depresivo reactivo con componentes fóbicos, diferentes niveles de bloqueos y disminución de diversas funciones del yo (como accesos emotivos incontrolables, insomnio, sueños repetitivos, crisis de ansiedad, confusión mental, estados regresivos, etc.). Demandó $50.000 en concepto de daño moral, así como $8.600 para gastos de tratamiento psicológico; $1.500 por gastos farmacéuticos y de consultas; $2.888 por daños ocasionados a la moto, y $1.000 por privación de su uso durante dos semanas.
A fs. 38/45 contestó la citada en garantía; efectuó las negativas del caso, y afirmó que su asegurado, Hugo Pablo Rossi, venía circulando a velocidad reglamentaria, y que al aproximarse a la intersección entre calle Colón y Lavalle, disminuyó aún más la velocidad y colocó la luz de giro derecha, observando que detrás suyo no circulaban vehículos próximos, con lo que comenzó a girar a su derecha, y cuando se encontraba ya posicionado sobre la intersección, apareció detrás, en forma súbita, a velocidad antirreglamentaria e intentando una maniobra de sobrepasamiento, el ciclomotor que conducía el accionante, embistiéndolo con la parte frontal en su parte lateral a la altura de la puerta. Sostuvo que el accidente se produjo por exclusiva culpa del actor por circular a velocidad excesiva, ser el agente activo de la colisión, circular sin cuidado y prevención, y perder el dominio efectivo y pleno del vehículo al no haber podido evitar el impacto. Solicitó se tenga en cuenta que el accionante conducía sin casco y, a todo evento, negó la procedencia de los rubros indemnizatorios reclamados.
A fs. 72/79 contestó la demanda el accionado por intermedio de igual apoderado que su aseguradora; alegó los mismos hechos y argumentos defensivos, y ofreció la misma prueba que su aseguradora.
2. Producida la prueba, se dictó el fallo recurrido que hizo lugar a la acción de daños y perjuicios entablada. Para ello, consideró lo dictaminado en la pericia de fs. 150/152 y su ampliación de fs. 167, en orden a que al girar hacia su derecha el auto fue embestido por la moto, y a que el automotor no iba totalmente volcado hacia el lado derecho de la calzada, permitiendo el avance de la motocicleta por ese lado y el posterior impacto. Subrayó que el único testigo de la causa fortaleció la posición del actor al no esclarecer la mecánica del accidente, y que las pruebas ofrecidas por el demandado nada aportaron, por cuanto la confesional fue desistida y la pericia arrojó el resultado ya expuesto. Citó jurisprudencia de esta Sala en virtud de la cual la indefinición sobre la forma en que sucedió el accidente hace subsistir la responsabilidad objetiva que el art. 1.113 del Cód. Civil atribuye al dueño o guardián de la cosa, y sobre esa base, consideró que la versión de los hechos aportada por la parte actora debe prevalecer. Tuvo así por cierto que el automóvil Peugeot 206 giró hacia la derecha sin advertir la maniobra con antelación suficiente, y destacó, por un lado, que el accionado no probó circular por el costado más próximo al giro efectuado, y, por el otro, que no se verifica prueba suficiente sobre alguna inconducta del conductor de la motocicleta.
En lo que atañe a la cuantificación de los daños, comenzó por ponderar el daño psíquico y físico en su vertiente patrimonial, merituando la historia clínica de fs. 111/117, así como la pericia médica de fs. 185/187 en cuanto determinó una incapacidad parcial y permanente del 10% de la total obrera. En lo que importa al daño psicológico, destacó que de la pericia de fs. 193/195, surge que el actor presentaría un trastorno depresivo que si bien sería previo al accidente, se habría visto agravado por él y por las minusvalías físicas que generó, y que, acorde el citado dictamen, el accionante tendría una incapacidad del 10%. Con sustento en lo anterior, determinó como indemnización por daño patrimonial físico y psíquico la suma de $54.000. En lo que concierne al tratamiento psicológico, valoró que la pericia recomendó un tratamiento de dos años una vez por semana, a lo que adjudicó un costo total de $2.400 atendiendo a un valor estimado de $100 por sesión. Hizo lugar a la indemnización por gastos farmacéuticos, considerando que, aún cuando no se hayan acompañado comprobantes de gastos, la atención inmediata del actor haya sido en un nosocomio municipal, y sólo se haya acompañado el certificado médico de fs. 107/109, acorde la entidad de las lesiones, resulta aplicable la máxima in re ipsa locquitur, habiéndole incumbido a la demandada la prueba de su innecesariedad. En razón de lo expuesto, fijó como indemnización por tratamiento psicológico y gastos farmacéuticos la suma total de $3.900. En lo atinente al daño material del ciclomotor Gilera Smash del demandante, consideró los presupuestos de fs. 16/17 reconocidos a fs. 127/129, y atendiendo a la contradicción en la que habría incurrido el experto en su dictamen de fs. 167 –en cuanto señaló que el valor actual de las reparaciones ascendería a la suma de $3.400 mas no aseguró que los daños en el asiento, tablero, espejos, manubrio, palanca de freno, bomba de frenos y cebador obedecieran al accidente-, estimó que acorde los presupuestos reconocidos, el rubro bajo análisis debía prosperar por la suma de $2.880 peticionada por el accionante.
Seguidamente, dispuso una indemnización prudencial de $1.000 en concepto de privación de uso del ciclomotor, ponderando para ello el informe de fs. 111/117 (y aclaraciones de fs. 167), acorde el cual el tiempo estimado de reparación de la moto sería de quince días. A continuación, rechazó lo pretendido en concepto de indemnización por daño moral, considerando que el actor omitió especificar la forma en que el accidente incidió en su faz espiritual, y subrayando que si bien en casos como el de autos el agravio extrapatrimonial se presume en materia probatoria, ello no exime a quien lo sostiene de la carga de alegar clara y concretamente de qué manera el mismo se suscitó.
A fs. 275 interpuso recurso de apelación la parte actora, y a fs. 277 hicieron lo propio el apoderado de la parte demandada y de la citada en garantía, fundándose lo recursos por conducto de las expresiones de agravios de fs. 288/290 vta. y 291/296 respectivamente; expresiones a su vez respondidas a fs. 300/301 vta. y 302/305.
3. En su expresión de fundamentos, el actor se agravia primeramente del rechazo del daño moral. Arguye al respecto que el daño moral no es susceptible de prueba directa y se infiere presuncionalmente, y que siendo que la sentencia de grado atribuyó el 100% de responsabilidad al demandado, quedaron acreditadas las lesiones físicas y psíquicas padecidas. De allí que, tras referir el contenido de la pericia psicológica, concluye que el rubro en cuestión debe tenerse por probado por la sola circunstancia antijurídica, e introduce los parámetros de cuantificación que entiende aplicables. Seguidamente, se agravia de que el decisorio haya fijado los intereses a tasa pasiva, poniendo de relieve que esa tasa no preserva el contenido patrimonial de la indemnización, y alienta la dilatación de los procesos por las aseguradoras. Cita el plenario “Samudio” de la Cámara Nacional en lo Civil así como otros precedentes de esa Cámara, y pone énfasis en la situación inflacionaria del país.
4. Por su parte, la demandada y la citada en garantía se agravian del acogimiento de la acción incoada, arguyendo inicialmente que el dictamen pericial en que se sustentó el fallo, lejos de atribuir responsabilidad al conductor del Peugeot 206, la atribuyó al actor, en tanto dictaminó que el vehículo embistente había sido la motocicleta, y expresó que “se puede considerar verosímil lo relatado por la demandada”. Insisten en que el demandado no incurrió en ninguna infracción de tránsito, siendo la actitud imprudente e imperita del actor lo que generó la colisión, al no observar la luz de giro, ni que el automóvil se había posicionado para girar. Arguyen que si bien no se pudo acreditar –por la ausencia de testigos- que la luz de giro se encontraba encendida, ello es irrelevante por cuanto el actor fue el sujeto activo de la colisión.
Agregan que la manifestación del experto de que el automóvil no circulaba totalmente volcado hacia su derecha, implica que efectivamente circulaba por la derecha pero que no lo hacía totalmente; lo cual debe ser ponderado considerando que el automóvil venía transitando por una avenida muy ancha, con lo que aún circulando por el carril derecho, siempre quedaría un espacio para que una motocicleta intente una maniobra de sobrepaso. Insisten en que pese a la impugnación de la parte actora, el perito ratificó la calidad de embistente de la motocicleta, con lo que el fallo de primer grado se ha apartado del dictamen pericial al no interpretarlo adecuadamente. En lo concerniente a los rubros indemnizatorios incluidos en el fallo, entienden que los perjuicios por incapacidad física y psíquica no se encuentran acreditados, y que la suma de $54.000 resulta excesiva.
Ponen de relieve que acorde el informe médico pericial las lesiones sufridas fueron leves, y que el actor es albañil y ha seguido trabajando hasta la actualidad, con lo que la falta de estudios específicos al momento del siniestro impide concluir que la lesión en el hombro derecho se derive total o parcialmente de él; máxime cuando –aducen- la actora no acreditó haber sufrido un golpe en el hombro derecho en el siniestro de autos. Arguyen que la interpretación que el fallo efectúa de la historia clínica del actor, implica modificar las apreciaciones del perito, y subrayan que si bien el experto dictaminó una incapacidad parcial y permanente del 10%, también destacó que esa incapacidad era susceptible de mejorar con un tratamiento kinesioterapéutico que no fue realizado por el Sr.
Zamudio. Asimismo, entienden que el daño psicológico no se encuentra probado, desde que en la pericia psicológica se dictaminó que el trastorno depresivo que padece el actor sería previo al accidente, relacionado con conflictos de su familia de origen. En lo concerniente a la indemnización de $3.900 por tratamiento psicológico y gastos farmacéuticos, se agravian, en lo que atañe al primero, de que se haya tomado $100 como valor estimado de la sesión cuando el accionante refirió uno de $80; y, en lo que concierne a los segundos, sostienen que deben dejarse sin efecto por cuanto el demandante no los acreditó, sino que acompañó constancias de prácticas efectuadas en el sector público. En lo que atañe a la indemnización de $2.880 fijada en concepto de daño emergente en la motocicleta, estiman que esa indemnización debe ser dejada sin efecto o sensiblemente disminuida, por cuanto no está acreditado que los daños que surgen del presupuesto acompañado por el actor hayan ocurrido, desde que, como lo señala en su pericia, el perito mecánico no pudo verificar su ocurrencia a partir de las fotos obrantes en autos.
Finalmente, se agravia de la indemnización de $1.000 concedida por privación de uso del ciclomotor, sosteniendo que al no encontrarse acreditados los daños aducidos en la moto, tampoco se encuentra acreditada la privación de uso invocada, y menos aún por un lapso de quince días.
Habiéndose cumplido los trámites procesales de rigor, la causa se encuentra en condiciones de ser abordada para el dictado de la presente sentencia.
II) 1. Reseñados los antecedentes relevantes, abordaré primeramente el embate intentado por el demandado y su compañía aseguradora, contra la responsabilidad en el evento dañoso que les atribuyó la sentencia de primer grado.
Para ello, destaco inicialmente que la responsabilidad del caso se encuadra, tal como se sostuviera en la instancia de origen, en los términos de la responsabilidad objetiva por el riesgo o vicio de la cosa, emanada del art. 1.113, 2° párr., última parte, del Código Civil. Ese precepto, aplicado expresamente por la Suprema Corte en los supuestos de colisión entre una motocicleta y un vehículo (SCBA, causas Ac. 41166, “Romero de Moreyra…”, del 10/9/91; Ac. 47958, “Rossi, Jorge c/ Donadía, Osvaldo”, del 8/6/93; esta Sala, causas nº 37031, “Ermaliuk, Héctor Gustavo...”, del 12/07/96, nº 42.348, “Fedalto, Carlos Ernesto...”, del 30/04/01; nº 45939 “Lucero Emilio Raúl y otros...”, del 25/11/03, entre otras) determina que “En los supuestos de daños causados con las cosas (….); si el daño hubiere sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, sólo se eximirá –el dueño o guardián- total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder.” (lo aclarado entre guiones me pertenece).
Sobre esa base normativa, el Máximo Tribunal local ha dicho que “quien acciona en función del art. 1113, 2º apartado, 2º párrafo del C.C., debe probar: a) el daño; b) la relación causal; c) el riesgo de la cosa; d) el carácter de dueño o guardián de los demandados” (S.C.B.A., Ac. 85775, “Calderucho, Roberto....”, del 24/03/04; Ac. 93337, “Suñe de Ares, Ángela...”, del 06/09/06; Ac. C101790, “Alegre, Lucía...”, del 29/04/09, entre otros; esta Sala, causa nº 55.548, “Mayo, Raúl...”, del 08/11/11, y causas nº 56.556 “Arbiza, Jorge Antonio...” y nº 56.557, “Curuchet, Dora...”; sent. única del 17/09/13; nº 59342, "Vidal, Gerardo David…”, del 09/04/14).
En el caso, los cuatro extremos exigidos por la jurisprudencia del Alto Tribunal se encuentran ab initio verificados. Así, los daños surgen prima facie acreditados a partir de las fotografías de fs. 19, los presupuestos de fs. 16 y 17, la historia clínica de fs. 115/116, las pericias de fs. 150/152, 167 y vta., 185/189, 193/195 vta.; la relación causal aparecería a partir de la pericia mecánica de fs. 150/152 y la declaración testimonial de fs. 220 y vta.; el riesgo de la cosa resulta del choque del accionante con un vehículo en movimiento; y, finalmente, el carácter de dueño o guardián del demandado fue reconocido en su contestación de demanda de fs. 83/90. Siendo ello así, corresponde evaluar si el accionado ha conseguido acreditar la ruptura total o parcial del nexo causal prima facie configurado, mediante la prueba de la culpa total o parcial de la víctima, o el hecho de un tercero por el cual no deba responder (art. 1113, 2° párr.
C.C.) Para ello, no es ocioso destacar, resulta irrelevante si ha mediado o no culpa del demandado en la causación del siniestro, pues, como se dijo, nos hallamos en el ámbito del art. 1113 del Cód. Civil cuyo factor de atribución no es subjetivo sino objetivo (cf. SCBA, causa C 105191, “Sánchez, José Luis…”, del 03/10/2012; en igual sentido, causas C 112545, “Falomir, Olga Irma…”, del 12/09/2012; C 97702, “Graneros, Ramón Antonio y otros…”, del 04/11/2009; Ac 91858, “Ferrer, Adrián Ismael…”, del 14/12/2005; Ac 85354, “Soria, Pedro O. y otros…”, del 10/03/2004; Ac 74632, “Sarda de Yumpa, Lidia M….”, del 21/11/2001; Ac 75959, “Benítez González, Víctor y otra…”, del 29/11/2000, entre otras). Ello sin perjuicio de que, como lo tiene dicho la Suprema Corte provincial, al tiempo de computarse una eventual exclusión de la responsabilidad del dueño o guardián “no puede dejarse de valorar el cuadro total de la conducta de todos los protagonistas para determinar si la de la víctima es excluyente de responsabilidad y en qué medida (conf.
Ac. 36.391, sent. del 23-IX-1986; Ac. 82.226, sent. del 6-XI-2002; entre otras)” (C 99805, “Páez, Néstor Argentino y otros…”, del 11/05/2011; AC 82266, “Acuña, Pablo y otra…”, del 06/11/2002; Ac 36391, “Segovia, Perfecto…”, del 23/09/1986, entre otras; el destacado me pertenece). En lo que concierne a la específica causal de eximición invocada por el demandado y su aseguradora –la conducta de la víctima-, el Máximo Tribunal local ha dicho que “La norma del 2do. ap., 2do. párr., del art. 1113 del Código Civil al hablar de la "culpa" de la víctima, o en su caso del tercero, se está refiriendo -en rigor- a la conducta de ésta como factor interruptivo de la relación de causalidad.” (SCBA; AC 84113, “Ferreira Marquez, Santiago…”, del 01/10/2003; Ac 65396, “Manes, Roberto Pedro y otro…”, del 05/04/2000, entre otros).
“En otros términos, no es computable la intención motivante de la conducta; la norma se contenta con menos, pues le basta con que el intérprete juzgue que ese comportamiento tuvo eficacia para cortar el nexo causal. Si además, esa conducta significó o tradujo irresponsabilidad, negligencia, culpa, la asunción de un riesgo innecesario o no, son elementos inútiles para juzgar los supuestos de liberación de la responsabilidad contemplada por el art. citado.” (C 101930, “Ipata, Maximiliano Julián…”, del 09/06/2010; C 97830. “Ferri, Elsa Albina…”, del 11/02/2009; C 89083, “Ayala, Fernando…”, del 12/11/2008; C 97577, “García, Luis…”, del 28/05/2008, Ac 89874, “Barramuño, Carlos Iván…”, del 07/02/2007; Ac 90443, “Adano, Enrique Germán…”, del 13/04/2005; Ac 86433, “Franco, Carlos Humberto…”, del 01/09/2004; AC 84442, “Scazzino, Eduardo Daniel…”, del 18/06/2003; Ac 75139, ”Gorordo, Eliseo Arnaldo…”, del 20/09/2000).
2. Sobre la base dogmática expuesta, señalo que para fundar la culpa de la propia víctima, el accionado y su aseguradora han argüido que el Sr. Zamudio apareció en forma sorpresiva y súbita, a velocidad antirreglamentaria y sin prestar debida atención al tránsito, circunstancia por la cual, mientras intentaba una maniobra de sobrepasamiento, embistió el automotor del demandado en su parte lateral derecha a la altura de la puerta, cuando éste pretendía girar reglamentariamente hacia su derecha (ver fs. 39 y 73). Como prueba parcial de esa afirmación, se advierte la prueba pericial producida en autos a fs. 150/152, en cuanto atribuyó al actor la calidad de embistente mecánico en el accidente de autos.
Al respecto, destaco que pese a la consabida relevancia que tradicionalmente se ha otorgado a la calidad de embistente y que esta Sala ha reconocido en diversos pronunciamientos (causas nº 37.439, “Domina, Nicolás Carmelo...”, del 30/05/96; nº 52.984, “Marquez, Mirta Graciela...”, del 06/08/09, entre otras), no son escasos los supuestos en que la citada calidad de embistente mecánico no resulta coincidente con la calidad de sujeto activo causante de la colisión, de allí que de aquella condición no necesariamente se siga la calidad de responsable en el siniestro vial (doct. causas SCBA C 108063, “Palamara, Cosme y otro…”, del 09/05/2012; C 102703, “Pellegrino, Irma Beatriz…”, del 18/03/2009; Ac 81623, “Jiménez de Aguirre, Nilda y otro…”, del 08/11/2006; Ac 93927, ”J. ,A….”, del 03/05/2006; AC 78526, “Caravaca, Cristian…”, del 19/02/2002; P 38066, “R. ,J.
P….”, del 22/03/1988; Ac 48754, “Vigano, Celeste César…”, del 03/08/1993; en igual sentido, esta Sala, causa n° 53.985, “Massaro…”, del 15/04/10). En el caso, entiendo que la presunción jurisprudencial iuris tantum de causación del siniestro que pesa sobre el conductor que reviste la calidad de embistente, no resulta suficiente para excluir –sí para morigerar, como más adelante se verá- la presunción legal de responsabilidad que pesa sobre el demandado en los términos del art. 1113 C.C. Ello así, por cuanto el demandado no añadió a la aludida calidad de embistente –acorde la carga que sobre él pesaba, art. 1113, 2° párr. C.C.- prueba adicional alguna que acredite un proceder de la víctima con aptitud suficiente para interrumpir completamente el nexo causal entre el riesgo de la cosa y los daños padecidos, pues no probó –vgr. mediante testigos, prueba pericial, fotografías de los daños sufridos por su automóvil etc.- su afirmación de que fue el actor el que, conduciendo a una velocidad excesiva y sin advertir la luz de giro presuntamente encendida, intentó una maniobra subrepticia de adelantamiento como consecuencia de la cual se produjera el siniestro.
Incluso, como lo refiere el dictamen pericial mecánico, el demandado no se hallaba totalmente volcado hacia la mano correspondiente al lado al que pretendía girar, pues de lo contrario no hubiera sido posible que la moto lo embistiera en su parte lateral derecha. Ese proceder entraña de su parte una violación del art. 53 de la Ley 11.430 por entonces vigente -cuyo texto es casi idéntico al art. 43 de la Ley nacional 24.449 actualmente aplicable cf. el art. 1 Ley 13927-, en cuanto obliga a quien va realizar un giro, entre otras precauciones, a circular como mínimo desde 30 metros antes, sobre el costado más próximo al giro a efectuar. Al respecto, ha dicho este Tribunal que “las disposiciones que deben tomar los conductores que pretenden doblar hacia la derecha para tomar la calle, encuentra fundamento en la seguridad de los automovilistas que circulan detrás del vehículo que intenta la maniobra, para darles tiempo a observarla y adoptar las necesarias precauciones para evitar accidentes” (esta Sala, causa nº 50.472, “Bassi, Luis Antonio...”, del 29/03/07). El incumplimiento por el demandado de esa norma de tránsito, pudo eventualmente dificultar al actor el advertir con suficiente antelación la maniobra de giro que aquél pretendía realizar, y, consecuentemente, la posibilidad de mantener el dominio del ciclomotor y evitar el impacto. Siendo ello así, estimo, como antes dije, que la calidad de embistente atribuida al accionante no resulta suficiente para tener por acreditada la ruptura total del nexo de causalidad entre la intervención de la cosa riesgosa y los daños padecidos por el Sr. Zamudio.
No obstante, entiendo que en las circunstancias del caso, la calidad de embistente adjudicada al accionante, permite atribuirle un porcentaje –menor- de incidencia en la causación del siniestro vial. Ello así considerando, en primer término, la verosimilitud que también reviste la mecánica del accidente alegada por el accionado conforme lo dictaminado por el experto a fs. 152; verosimilitud que no alcanza a ser neutralizada por lo manifestado a fs. 220 por el único testigo que declaró en autos (arts. 384 y 456 C.P.C.C.). A la aludida calidad de embistente, se suma la inexactitud de la versión de los hechos volcada en la demanda (en la que el accionante refirió a fs. 20 vta. haber sido embestido por el vehículo del demandado cuando la pericia mecánica arrojó otro resultado), así como el sólido fundamento de la presunción que perjudica al accionante, que no es otro que la suposición de incumplimiento del deber fundamental de todo conductor de “circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo o animal, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito.” (art. 51 inc. 3 Ley 11430) (en igual sentido, Cámara Civil y Comercial 1ª de San Nicolás, causas n° 3974, “Vitali Mario…”, del 26/03/2002, y n° 9280, “Viñales, Omar Pascual…”, del 26/05/2009; Cámara Civil y Comercial de Trenque Lauquen, causa n° 9600 “Miranda, Carlos Oscar…”, del 31/07/1990). En apoyo de la responsabilidad compartida que propongo, destaco que ante un accidente entre una camioneta y una motocicleta cuya mecánica resultó prácticamente idéntica a la de autos, y en el que, incluso, se había atribuido la calidad de embistente a la camioneta, la Suprema Corte provincial, en un reciente pronunciamiento con voto sin disidencia del Dr. Soria, entendió que no se había demostrado el absurdo de la decisión de la Sala I de la Cámara Civil y Comercial de Lomas de Zamora que, revocando el decisorio de primer grado, había hecho parcialmente lugar a la acción de daños y atribuido un 50% de incidencia causal y consecuente responsabilidad a cada una de las partes del accidente (SCBA, causa C 105.191, “Sánchez, José Luis…”, del 03/10/12).
En suma, concluyo que la presunción legal de responsabilidad que pesa sobre el demandado en los términos del art. 1113, 2° párr., última parte, del Código Civil, no ha sido desvirtuada por suficiente prueba en contrario del demandado y su compañía aseguradora, más sí ha sido morigerada en razón de la presunción hominis de causación del siniestro que pesa sobre el actor atento su calidad de embistente, razón por la cual estimo que la incidencia causal y consecuente responsabilidad por el siniestro vial resulta compartida, y propongo atribuirla en un 70% al demandado y en un 30% al actor de autos (arts. 901 y 1113, 2° párr. del Cód. Civ.; arts. 163 inc. 5, 164, 375, 384, 456 y 474 C.P.C.C.).
III. Referido lo anterior, procede ingresar en el análisis de los rubros indemnizatorios impugnados por el actor y por el demandado, destacando desde ya que la cuantificación de los daños concedidos en la instancia anterior sólo ha sido cuestionada por alta.
1. En primer término corresponde abordar la crítica que efectúa el accionante al rechazo de la indemnización pretendida en concepto de daño moral. Al respecto, el impugnante aduce que el daño moral no es susceptible de prueba directa desde que se infiere presuncionalmente de las lesiones físicas y psíquicas sufridas. De allí que, tras referir el contenido de la pericia psicológica practicada en autos, concluye que el rubro en cuestión debe tenerse por probado por la sola circunstancia antijurídica. A fin de evaluar la procedencia del agravio en tratamiento, subrayo que el argumento por el cual la sentencia de primer grado rechazó la procedencia del daño extrapatrimonial, no estuvo sustentado –como parecería entenderlo el actor recurrente- en una deficiencia probatoria, sino en la falta de mención de los perjuicios que el accionante ha sufrido en concepto de ese rubro, y que debieron ser alegados en forma clara y precisa como lo ordena el art. 330 inc. 4 C.P.C.C.
Ese argumento, único por el cual la sentencia de grado rechazó el daño moral –adviértase que el fallo, al igual que el actor recurrente, considera que en materia probatoria el daño moral derivado de un hecho antijurídico debe tenerse por probado in re ipsa; ver fs. 270 vta.-, no ha merecido crítica alguna por parte del actor recurrente. Por esa razón, estimo que la parcela del decisorio en estudio ha arribado consentida a esta instancia por ausencia de una crítica concreta y razonada (arts. 260 C.P.C.C) que permita a esta Alzada ejercer su competencia revisora sin vulnerar el principio de congruencia procesal, y sin afectar, por otra parte, el derecho de defensa de la contraria que, al no haber mediado una crítica concreta del referido argumento esencial, no ha vertido, tampoco, manifestación alguna al respecto.
En línea con el criterio que propongo, esta Sala ha dicho que en su expresión de agravios la parte debe seleccionar del discurso del magistrado aquel argumento que constituya estrictamente la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión. Efectuada esa labor de comprensión, incumbe luego a la parte señalar cuál punto del desarrollo argumental ha incurrido en un error fáctico o jurídico que revele el desacierto ulterior de la decisión (esta Sala, causa n° 57332, "Moyano de Córica, Mirta y otros…”, del 29/08/13; y jurisprudencia y doctrina allí citada: esta Sala causa n° 50.430, "Campomenosi...", del 15-3-07; Palacio, “Derecho Procesal Civil”, tomo V, págs. 266 y sgtes.; Loutayf Ranea, “El recurso de apelación en el proceso civil”, tomo 2, págs .155 y sgtes.).
En razón de la referida ausencia de una crítica concreta y razonada propongo al acuerdo desestimar por inadmisible el agravio del actor recurrente, relativo al rechazo del rubro indemnizatorio daño moral (arts. 260 y 261 C.P.C.C.).
2. A su turno, el demandado y su aseguradora se agraviaron del monto indemnizatorio fijado en concepto de incapacidades física y psíquica por entender que ellas no se encuentran acreditadas, y que el monto de $54.000 conferida al respecto resulta excesiva. Anticipo mi criterio en orden a que la referida suma –que, como se dijo, ha sido impugnada sólo por alta-, no resulta elevada en relación con las circunstancias del caso y las lesiones acreditadas y su incidencia patrimonial.
En lo que particularmente concierne a la incapacidad física derivada del traumatismo en el hombro derecho, señalo que si bien asiste razón al demandado respecto de la ausencia de estudios concretos realizados a la época del accidente que demuestren que esa incapacidad es producto del siniestro, considero que ello puede válidamente presumirse a partir de múltiples y concordantes indicios (art. 901 C.C. y 163 inc. 5 C.P.C.C.), a saber: la respuesta a la pregunta cuarta dada por el testigo Patricio A. B. Romero (fs. 220 y vta.) en cuanto refiere que vio que al actor le dolía un hombro; los estudios de Rayos X realizados al actor en razón de los traumatismos padecidos (ver fs. 115) así como la ecografía de hombro derecho ordenada al tiempo del accidente (ver fs. 15); la circunstancia de que acorde el informe de fs. 116 el actor hubiera sufrido escoriaciones en mano y codo –lo cual demuestra que el impacto fue soportado con los brazos y es razonable que ello pueda repercutir en uno de sus hombros-; el relato concordante de los hechos efectuado por el actor al realizarse la pericia psicológica de fs. 193 vta.; y, fundamentalmente, la descripción de las dolencias e incapacidad efectuada por el actor al interponer demanda, cuya proximidad a la fecha del siniestro (marzo de 2009; ver fs. 21 y vta.) y su confirmación en términos generales por la pericia médica (ver fs. 187), permite tener por acreditada la relación causal cuestionada.
Tampoco resulta de recibo el agravio del demandado sustentando en la manifestación del perito médico de que la incapacidad parcial y permanente dictaminada podía mejorar mediante tratamiento kinesioterapéutico (fs. 186 vta./187), por cuanto el perito dictaminó una incapacidad de carácter permanente, y, en todo caso, ello no constituye más que una mera posibilidad que no puede hacerse pesar sobre el actor por conducto de una merma en su derecho resarcitorio; máxime cuando en el caso no se ha pretendido una indemnización por gastos médicos futuros ajenos al tratamiento psicológico que más adelante se aborda.
En lo que importa a la incapacidad psicológica, destaco que si bien la pericia de fs. 193/195 refiere que el trastorno depresivo que posee el accionante sería anterior al siniestro de autos, también indica que ese trastorno se habría visto agravado por el accidente y las lesiones de él derivadas, razón por la cual cabe estimar que la incapacidad psíquica dictaminada por el experto debe ser indemnizada en una medida prudencial y ajustada al agravamiento antes referido.
Acorde lo dicho, estimo que la suma integral de $54.000 reconocida en concepto de daño material por incapacidad psíquica y física, no resulta excesiva acorde las circunstancias del caso y los últimos precedentes de esta Sala sobre la materia (causas n° 58.626 , “Arrouy, Pedro Luis…” del 29/12/14; n° 59.058 “Roldán, José Luis…”, del 18/02/15), razón por la cual propongo rechazar esa parcela del recurso del accionado y la citada en garantía, sin perjuicio de lo cual, considerando el 30% de responsabilidad en el siniestro adjudicado a la víctima en el Considerando II, el monto efectivo de condena por incapacidad física y psíquica quedará determinado en la suma de $37.800 con más sus intereses (arts. 901, 1066, 1067, 1068 y concs. del Cód. Civil; arts. 163 inc. 5, 165, 375, 384, 456 y 474 C.P.C.C).
3. En lo tocante a la indemnización de $3.900 dispuesta por tratamiento psicológico y gastos farmacéuticos, respecto del primero el demandado se agravia de que se haya tomado $100 como valor estimado de la sesión cuando el accionante refirió uno de $80; y, respecto de los segundos, aduciendo que el demandante no los acreditó y sólo acompañó constancias de prácticas efectuadas en el sector público. Adelanto mi criterio en orden a que las críticas referidas deben ser rechazadas. Ello así por cuanto el valor de $100 por sesión considerado en el fallo impugnado, es el informado en la pericia psicológica (ver fs. 195) acorde el cuestionario oportunamente ofrecido por el accionante, y no ha sido desvirtuado por prueba en contrario, de allí la razonabilidad de su consideración como dato emergente de la prueba, y la paralela inatendibilidad de la crítica efectuada por el impugnante (art. 474 C.P.C.C.).
Lo propio cabe decir respecto de la crítica al reconocimiento de gastos médicos y de farmacia fundada en que el accionante fue atendido en un hospital público y no acercó comprobantes de gastos, puesto que, conforme lo tiene reiteradamente dicho esta Sala, “Los gastos médicos pese a la falta de prueba de su desembolso efectivo y de la cuantía de lo pagado en tal concepto, surgen patentes de la acreditación misma de las lesiones que conllevan la presunción de que debieron efectuarse gastos médicos y paramédicos, aún en caso de ser atendido en un establecimiento público (arts. 499, 505, 1066, 1068, 1069, 1083 y concs. Cód. Civ. y 165 y 384 C.P.C.).” (esta Sala, causa n° 47714, “Vallejos Juan Alberto…”, del 07/04/05; en igual sentido causas n° 45939, “Lucero, Emilio Raúl y otros…”, del 25/11/03; n° 54.255, “Carrizo, Fermín Osvaldo…”, del 26/08/10) “porque existen erogaciones que no son cubiertas y son a cargo de los particulares” (esta Sala, causas n° 48.804 “Miñaur, Facundo Oscar…”, del 08/11/05; n° 54.767, “Lahitte, Raúl Ariel…”, del 15/03/11). Máxime cuando la suma de $1.500 dispuesta en autos, resulta prudente en atención a la ausencia de prueba específica de los gastos efectuados (cf. esta Sala, causas citadas “Miñaur” y Lahitte”, y causa n° 57474, “Bonachi, Elsa Norma…”, del 23/04/14).
En razón de lo expuesto, entiendo que acorde las circunstancias del caso y la prueba rendida, la suma de $3.900 fijada en concepto de indemnización por tratamiento psicológico y gastos farmacéuticos no resulta excesiva, razón por la cual propongo rechazar ese agravio de la parte demandada, sin perjuicio de lo cual, en razón de la responsabilidad compartida determinada en el Considerando II, el monto efectivo de condena deberá reducirse a la suma de $2.730 con más sus intereses (arts. 901, 1066, 1067, 1068 y concs. del Cód. Civil; arts. 165, 375, 384 y 474 C.P.C.C).
4. En lo referente a la indemnización de $2.880 fijada por daño emergente en la motocicleta, el accionado y su aseguradora estiman que debe ser dejada sin efecto o sensiblemente disminuida, por cuanto no está acreditado que los daños que surgen del presupuesto acompañado por el actor hayan ocurrido, desde que el perito mecánico no pudo verificarlos a partir de las fotos obrantes en autos. Adelanto que asiste razón parcial a los quejosos en esta parcela de su impugnación. En efecto, advierto que de las fotografías de fs. 19 -única prueba directa obrante en autos en relación con el daño emergente en la motocicleta-, en modo alguno surge la totalidad de los daños cuya reparación se presupuestó a fs. 16 y 17; daños que ni siquiera fueron descriptos en el escrito de inicio en vulneración del art. 330 del C.P.C.C. inc. 3. De allí que en respuesta a las impugnaciones efectuadas por el actor, el perito haya expresado el valor actual al que ascenderían las reparaciones presupuestadas a fs. 16 y 17, más haya aclarado –sin incurrir con ello en contradicción alguna- que “las fotografías no expresan nítidamente el detalle de las partes afectadas. Por ejemplo no puedo asegurar la rotura del asiento, tablero, espejos, manubrio, palanca de freno, bomba de frenos, cebador.” (ver fs. 167 vta.).
Siendo ello así, y pesando sobre el accionante la clara insuficiencia del material probatorio reunido en torno a la entidad de los daños producidos en la moto (art. 375 CPCC), considero que no resulta razonable confirmar la reparación de aquellos daños que fueron indicados por el experto como imperceptibles a partir de las fotografías obrantes a fs. 19 (asiento, tablero, espejos, manubrio, palanca de freno, bomba de frenos y cebador), razón por la cual propongo hacer lugar al recurso interpuesto por el accionado y su aseguradora, reduciendo el monto de los daños emergentes en la moto a la suma de $2.168 (que resulta de sustraer del monto total de los presupuestos acompañados a fs. 16 y 17 -$2.888- las sumas correspondientes a las partes de la moto antes referidas), y determinar que en razón de la distribución de responsabilidad por el evento dañoso emergente del Considerando II, el monto efectivo de condena por este rubro quedará reducido a la suma de $1.517,60 más sus intereses (arts. 901, 1066, 1067, 1068 y concs. del Cód. Civil; arts. 165, 375, 384, 474 y concs. del C.P.C.C.).
5. Finalmente, el demandado y la citada en garantía se agravian de la indemnización de $1.000 concedida por privación de uso del ciclomotor, sosteniendo que al no encontrarse acreditados los daños aducidos en la moto, tampoco se encuentra probada la privación de uso invocada, y menos aún por un lapso de quince días. Al respecto, considerando lo expuesto por el perito a fs. 167 vta. y la solución propuesta en el punto anterior –que importa una reducción del 25% en la indemnización por daño emergente-, propongo reducir en igual proporción la indemnización fijada en concepto de privación de uso, partiendo del presupuesto de que la reparación de menor cantidad de daños importa una correlativa disminución en el tiempo de demora de la reparación y, consecuentemente, un menor período de privación de uso para la víctima. Siendo ello así, propongo reducir la cuantificación del daño por privación de uso a la suma de $750, y determinar que, en razón de lo dispuesto en el Considerando II, el capital de condena por el que deberán responder el demandado y su aseguradora en concepto de este rubro equivale a la suma de $525 más intereses (arts. 901, 1066, 1067, 1068 y concs. del Cód. Civil; arts. 165, 375, 384, 474 y concs. del C.P.C.C.).
IV. Por otra parte, el actor se agravia de que el decisorio de la instancia previa haya fijado los intereses a tasa pasiva, poniendo de relieve que esa tasa no preserva el contenido patrimonial de la indemnización, y alienta la dilatación de los procesos por las aseguradoras. Cita el plenario “Samudio” de la Cámara Nacional en lo Civil así como otros precedentes de esa Cámara, y pone énfasis en la situación inflacionaria del país. Al respecto, soy del entendimiento de que esa parcela de su recurso tampoco puede prosperar, por cuanto a partir de los precedentes “Ponce” (C. 101.774) y “Ginossi” (L. 94.446), es doctrina legal del Máximo Tribunal provincial, vinculante para este Tribunal de Alzada (arts. 278 y 279 C.P.C.C), que, salvo supuestos de excepción no configurados en autos, la tasa que corresponde aplicar a los intereses moratorios devengados en el marco de acciones de daños y perjuicios, es la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a 30 días (SCBA, causas Rc 118964, “Cabrera, Crispín y otra…” del 17/12/2014; C 114340, “Vázquez, Nora Cristina…”, del 06/11/2013; C 112393, “Allamano de Rivada, Marta y otros…”, del 02/05/2013; C 104889, “Ferias Del Norte S.A.C.I.A….”, del 06/11/2013; esta Sala, causas n° 53122, “Acevedo Miguel Ángel…”, del 11/04/11; n° 54702, “Ibáñez, Domingo y otro…”, del 20/12/11; n° 55841, “Etchegaray, Pablo José…”, del 16/02/12; 58.335, “Muñoz, Celestino…”, del 25/03/14; n° 58.483, “Barbieri Walter…”, del 14/08/14; n° 58704, “Caruso, Sergio…”, del 21/08/14, entre otras).
Acorde lo expuesto, propongo al acuerdo rechazar el agravio en tratamiento y confirmar la tasa de interés pasiva aplicada en el decisorio recurrido (arts. 278 y 279 C.P.C.C.).
V. Finalmente, en lo que atañe a las costas, señalo que sin perjuicio de la responsabilidad compartida que propongo al acuerdo y lo previsto por el art. 274 del C.P.C.C., no corresponde modificar el modo en que fueron impuestas las costas de primera instancia, pues la Suprema Corte tiene dicho que “la circunstancia de que la demanda no prospere en su totalidad en razón de la atribución de responsabilidad concurrente no quita al demandado la calidad de vencido a los efectos de las costas, pues la admisión parcial de la demanda no resta relevancia a la necesidad de litigar a la que se vio sometido el accionante.” (SCBA, causas n° C 89530, “Díaz, Adrián…”, del 25/02/2009; C 106548, “Fernández Becerra…”, del 13/11/2012; C 87938, “Vivas, María Cristina…”, del 05/08/2009). Ello sin perjuicio de que, como consecuencia de la distribución de responsabilidad por el siniestro vial que propongo en este voto, las costas de la instancia anterior naturalmente se calculen sobre el monto de la demanda que en definitiva prospera acorde el 70% de responsabilidad atribuido al accionado. Sin embargo, en lo que respecta a las costas de Alzada, esta Sala tiene dicho que “El principio que sostiene que en las acciones resarcitorias las costas deben ser soportadas totalmente por el vencido aunque la acción hubiera prosperado parcialmente o hubiera mediado responsabilidad concurrente, no debe ser aplicado rígidamente en la Alzada. En segunda instancia debe atenderse al éxito parcial de los agravios a fines de no estimular la apelación apresurada de la víctima que conocería anticipadamente que cualquiera sea el resultado de su pretensión recursiva las costas siempre recaerán en la parte contraria.” (esta Sala, causas n° 38517, “Gómez, Liliana Herminia…”, del 01/07/1997; n° 40563, “Gascón, Máximo Jesús…”, del 22/10/99; n° 54702 “Ibáñez Domingo y otro…”, del 20/12/11, entre otras). De allí entonces que propongo imponer al accionante las costas de su recurso en atención a su carácter de perdidoso (art. 68 C.P.C.C.), y distribuir entre las partes las costas del recurso entablado por el demandado y su compañía aseguradora en razón de su acogimiento parcial, imponiendo el 60% a los mencionados y el 40% a la parte actora (art. 71 CPCC; esta Sala, causa n° 54702, “Ibáñez Domingo y otro…”, del 20/12/11).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Dres. Galdós y Peralta Reyes adhieren al voto que antecede, votando en idéntico sentido por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN, la Sra. Jueza Dra. Longobardi, dijo:
Atento a lo que resulta del tratamiento de la cuestión anterior, se r esuelve: 1) Hacer lugar parcialmente al recurso entablado por el demandado y su aseguradora, y atribuir el 70% de responsabilidad por el siniestro vial al demandado en autos, y el 30% al actor. 2) Desestimar por inadmisible el recurso del actor contra el rechazo del rubro daño moral. 3) Rechazar el recurso del accionado y la citada en garantía contra la indemnización del daño por incapacidad física y psíquica, y determinar, no obstante, que acorde lo resuelto en el Considerando II, el monto efectivo de condena por este rubro asciende a la suma de Pesos treinta y siete mil ochocientos ($37.800) más intereses. 4) Rechazar el recurso del demandado y su aseguradora contra el acogimiento y cuantificación del daño por tratamiento psicológico y gastos farmacéuticos, y determinar en la suma de Pesos dos mil setecientos treinta ($2.730) más intereses, el monto efectivo de condena por este rubro, en razón de lo resuelto en el Considerando II. 5) Hacer lugar parcialmente al recurso del accionado y la citada en garantía contra la indemnización del daño emergente en la moto, reduciendo su cuantificación a la suma de $2.168, y determinando el monto efectivo de condena, en razón de lo resuelto en el Considerando II, en la suma de Pesos mil quinientos diecisiete con sesenta centavos ($1.517,60) más intereses. 6) Hacer lugar parcialmente al recurso del accionado y la compañía aseguradora contra la indemnización por privación de uso, reduciendo su cuantificación a la suma de $750, y, en razón de lo resuelto en el Considerando II, determinar el monto efectivo de condena por este rubro en la suma de Pesos quinientos veinticinco ($525) más intereses. 7) Confirmar el decisorio de grado en cuanto fija la tasa de interés pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días. 8) Imponer al accionante las costas de su recurso (art. 68 C.P.C.C.), y distribuir las costas del recurso entablado por el demandado y su compañía aseguradora en un 60% a los mencionados y un 40% a la parte actora (art. 71 C.P.C.C.) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 del Decr. Ley 8904/77).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Dres. Galdós y Peralta Reyes adhieren al voto que antecede, votando en idéntico sentido por los mismos fundamentos.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Azul, 05 de mayo de 2015.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266, 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) Hacer lugar parcialmente al recurso entablado por el demandado y su aseguradora, y atribuir el 70% de responsabilidad por el siniestro vial al demandado en autos, y el 30% al actor. 2) Desestimar por inadmisible el recurso del actor contra el rechazo del rubro daño moral. 3) Rechazar el recurso del accionado y la citada en garantía contra la indemnización del daño por incapacidad física y psíquica, y determinar, no obstante, que acorde lo resuelto en el Considerando II, el monto efectivo de condena por este rubro asciende a la suma de Pesos treinta y siete mil ochocientos ($37.800) más intereses. 4) Rechazar el recurso del demandado y su aseguradora contra el acogimiento y cuantificación del daño por tratamiento psicológico y gastos farmacéuticos, y determinar en la suma de Pesos dos mil setecientos treinta ($2.730) más intereses, el monto efectivo de condena por este rubro, en razón de lo resuelto en el Considerando II. 5) Hacer lugar parcialmente al recurso del accionado y la citada en garantía contra la indemnización del daño emergente en la moto, reduciendo su cuantificación a la suma de $2.168, y determinando el monto efectivo de condena, en razón de lo resuelto en el Considerando II, en la suma de Pesos mil quinientos diecisiete con sesenta centavos ($1.517,60) más intereses. 6) Hacer lugar parcialmente al recurso del accionado y la compañía aseguradora contra la indemnización por privación de uso, reduciendo su cuantificación a la suma de $750, y, en razón de lo resuelto en el Considerando II, determinar el monto efectivo de condena por este rubro en la suma de Pesos quinientos veinticinco ($525) más intereses. 7) Confirmar el decisorio de grado en cuanto fija la tasa de interés pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días. 8) Imponer al accionante las costas de su recurso (art. 68 C.P.C.C.), y distribuir las costas del recurso entablado por el demandado y su compañía aseguradora en un 60% a los mencionados y un 40% a la parte actora (art. 71 C.P.C.C.) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 del Decr. Ley 8904/77). Regístrese. Notifíquese por Secretaría y devuélvase.
JORGE MARIO GALDOS PRESIDENTE CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II VICTOR MARIO PERALTA REYES MARIA INES LONGOBARDI JUEZ JUEZ CAMARA CIVIL Y COMERCIAL CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II SALA II
Fin de la sentencia