Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Haciendo lugar a los recursos de casación obrantes a fs. 755/767 vta. por la defensa del imputado ALBERTO ALEJANDRO ZAPATA GÓMEZ y a fs. 769/781 vta. por la defensa de SEBASTIAN CRUZ CID.
2Absolviendo por la duda (art. 4 C.P) a ALBERTO ALEJANDRO ZAPATA GÓMEZ; en orden al delito de LESIONES GRAVES (Art. 90 del C.P.), por el que fuera condenado.
3Modificando la pena impuesta en la presente Causa a SEBASTIAN CRUZ CID, fijándola en cuatro (4) años de cumplimiento efectivo, como autor responsable del delito de LESIONES GRAVES (art. 90 del c.P.), más accesorias legales.-
PROVINCIA: SANTA CRUZ LOCALIDAD: RIO GALLEGOS FUERO: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SECRETARIA: PENAL INSTANCIA: TERCERA SENTENCIA Nº:018 OBJETO: RECURSO DE CASACIÓN
FECHA: 16 de Octubre de 2014 AUTOS: "ZAPATA GÓMEZ ALBERTO ALEJANDRO Y CRUZ CID JOSE SEBASTIAN S/HOMICIDIO EN TENTATIVA EN GRADO DE COAUTORES" Expte. Nº Z-807/13/TSJ En la ciudad de Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, a los dieciseis días del mes de octubre de dos mil catorce, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia integrado por los vocales, Dras. Alicia de los Angeles Mercau y Paula Ernestina Ludueña Campos, bajo la presidencia a cargo del Dr. Enrique Osvaldo Peretti, con la asistencia del Sr. Secretario Dr. Ricardo Javier Albornoz, pronuncia la presente sentencia dictada en los autos caratulados "ZAPATA GÓMEZ ALBERTO ALEJANDRO Y CRUZ CID JOSE SEBASTIAN S/HOMICIDIO EN TENTATIVA EN GRADO DE COAUTORES" Expte. Nº Z-807/13/TSJ, en razón que la Excma. Cámara de la Primera Circunscripción Judicial a fs. 735/739 vta. resolvió condenar a Alberto Alejandro Zapata Gómez por ser autor penalmente responsable del delito de lesiones graves (art. 90 del C.P.) a la pena de tres (3) años de prisión de cumplimiento efectivo y condenar a José Sebastián Cruz Cid por ser autor penalmente responsable del delito de lesiones graves (art. 90 del C.P.) a la pena de cinco (5) años de prisión de cumplimiento efectivo. Que en esta instancia han actuado en calidad de partes, el imputado José Sebastián Cruz Cid, quien se encuentra asistido por el Sr. Defensor particular Dr. Carlos Víctor Muriete, el Dr. Víctor Robles, como defensor particular del Sr. Zapata Gómez y se desempeñó como Fiscal ante este Tribunal Superior de Justicia el Dr. Claudio Roberto Espinosa y,
I.-) Que, contra el interlocutorio dictado por la Excma. Cámara de la Primera Circunscripción Judicial que luce a fs. 735/739 vta., interpusieron recursos de casación los Defensores particulares en representación de los imputados, fundándolo en los artículos 439 y 440 del CPP, manifestando ambos defensores que "...esta sentencia es arbitraria pues atenta contra las garantías constitucionales del debido proceso y la defensa en juicio, toda vez que condenó sin conformar una relación razonable entre la responsabilidad penal y su consecuente pena, con la conducta criminal desplegada por el imputado. Esta defensa rechaza la pena impuesta a mi defendido por considerar que no se ha demostrado entidad suficiente en el accionar del imputado, con respecto a la afectación en el bien jurídicamente protegido, que amerite la aplicación de la mitad de la escala penal consagrada en el tipo penal adjudicado...".- Los defensores hicieron reserva del caso federal.-
A fs. 783/784 vta. se hace lugar a los recursos impetrados y se emplaza a las partes quienes mantuvieron los recursos a fs. 810 -Dr. Muriete por la defensa de Cruz Cid- y 811 -Dr. Robles por la defensa de Zapata Gómez-.-
El día 14 de febrero de 2014 por auto interlocutorio de este Alto Cuerpo, se tuvo por mantenido el recurso de casación articulado (fs. 815/816).-
Que, por auto de presidencia que luce a fs. 851, se citó a los interesados a la audiencia de debate que prescribe el art. 451 del C.P.P., cuya acta se encuentra agregada a fs. 860/861 vta., exponiendo los asistentes los fundamentos de sus respectivas posturas.-
II.-) En la audiencia de debate el Dr. Muriete (defensor de José Sebastian Cruz Cid) ratificó el recurso de casación presentado a fs. 769/781 vta. agregando que "...el recurso se ha de dividir en dos partes, argumentando sobre la nulidad en tanto el Dr. Robles se referirá a los hechos. Cuando se inició el debate en junio de 2013 esta parte formuló nulidad del requerimiento fiscal ya que el mismo era impreciso, en el momento de dictar sentencia rechazan la nulidad sosteniéndose que el requerimiento tiene contenido fáctico y es una pieza provisoria sujeta a los cambios que puedan producirse. La calificación es provisoria y puede ser modificada, lo que demuestra un claro desconocimiento de la doctrina y jurisprudencia al respecto que sostiene todo lo contrario.
Se afecta con la resolución el principio de congruencia y de identidad de los hechos. Con la postura del tribunal se deja abierta cualquier tipo de cambio de los hechos. Que la doctrina sostiene que la acusación no es provisoria sino formal. Que dicha cuestión se discutió en el caso Quiroga, la CSJN dijo que el fiscal tiene la facultad en el proceso acusatorio, siendo ajeno el magistrado a la acusación. El voto del Dr. Zaffaroni dice que hay dos momentos, uno que fija los hechos -requerimiento- y otro en donde se fija la pena. El fundamento del Tribunal Oral incurre en forma evidente en un desconocimiento del derecho. Que si el fiscal quiere modificar los hechos, hay todo un procedimiento al respecto.
El requerimiento consta de dos carillas y no refleja la conducta contra lege de ambos imputados que el Fiscal tenía que describir, no hay exposición de motivos para fundamentar tan grave acusación. Que en la descripción de los hechos son contradictorios, por un lado dice que Cid no interviene y por otro le da una participación integral. No está clara la conducta que se le reprocha a los imputados, de ahí que finalmente se los acusara por lesiones graves. Que el 330 establece que cuando los requisitos no se cumplen, se sanciona irremediablemente con la nulidad. La única pieza coherente es el auto de procesamiento pero el mismo no se ve reflejado en el requerimiento lo que afecta el derecho de defensa y el debido proceso legal.
No se describe la conducta, no hay una discriminación de cada uno de ellos en cuanto al accionar. Crea una confusión si es lesiones graves o tentativa, por lo tanto la pieza es nula y por ende es nula la sentencia porque no es un acto provisorio sino una acusación. Cruz Cid está detenido, por lo que dado la calificación legal no debería ser así ya que se abusó de la medida cautelar preventiva ya que se desvirtúa el fundamento de la misma ya que se la utiliza como una pena anticipada. Solicito se case la sentencia y se haga lugar a la nulidad y se absuelva a mi defendido de toda culpa y cargo...".- A continuación el Dr. Robles (defensor de Zapata Gómez) manifestó que ratificaba el recurso de fs. 755/767 y refirió que "...adhiero a los fundamentos de nulidad expresados por la defensa de Cruz.
Aclaró que la determinación de la pena se enuncia solamente los términos del art. 41 sin analizar los mismos e inmediatamente se fija la pena. No hay ningún tipo de análisis porque se arribó a la fijación del monto. No se ponderaron atenuantes, ni agravantes. La defensa no coarta, la facultad de fijación de la pena, sino se objeta que la misma es carente de fundamentación. Si bien es una facultad discrecional del tribunal, pero siempre y cuando la misma no caiga en arbitraria y carente de fundamentación. Que al no estar fundamentada es arbitraria tal cual como lo sostiene la jurisprudencia. Que en el caso en concreto todas las recomendaciones del artículo 41 mejoran la situación procesal de ambos imputados, por ejemplo lo que hace a la conducta de la víctima en el desarrollo de los hechos, la cual no tuvo una participación indiferente en donde de alguna manera influyó en el accionar de los imputados, toda vez que provocó una motivación interna en el actuar de éstos.
Que mi defendido se defiende de un accionar del denunciante ya que éste intenta agredir con un palo a mi defendido. Si se valora las circunstancias como se desarrollaron los hechos la atenuación es sumamente relevante, por lo que no se entiende la fijación del monto. Hay una participación mínima de mi defendido en los hechos. No se valoraron los informes sociales referidos a mi imputado los cuales deben ser tenidos en cuenta para la fijación del monto. Entiendo que al no estar motivada la fijación del monto, deviene arbitraria, por lo que se debe declarar la nulidad de la pena, correspondiendo la absolución de mi defendido...".- Para finalizar, el Dr. Claudio Roberto Espinosa, Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, expresó que "...referente a la falencia del requerimiento fiscal, el tratamiento que hace la Cámara es exacto en donde el requerimiento es una pieza acusatoria a diferencia del sistema acusatorio.
Que en el debate el tribunal director del proceso permitió la modificación de la calificación legal la cual es correcta. El tribunal de juicio tiene la facultad de confirmar o revocar la calificación legal, es decir que se puede efectuar cualquier modificación sin afectar el derecho de defensa. Con relación a la culpabilidad del imputado, Roxin sostiene que la culpabilidad es el fundamento de la pena. Por lo tanto en base a tal doctrina y siguiendo los arts. 40 y 41 está bien fundamentada. En cuanto a la coautoría se fundamenta con relación a determinados delitos, como ser el caso de autos. Solicito se confirme la sentencia...".- Atento todo lo manifestado por las partes intervinientes corresponde resolver las cuestiones a tratar: PRIMERA CUESTIÓN: ¿Resultan admisibles los recursos de casación interpuestos a fs. 755/767 vta. por la defensa del imputado ALBERTO ALEJANDRO ZAPATA GÓMEZ y a fs. 769/781 vta. por la defensa de SEBASTIAN CRUZ CID?
SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Se verifican las violaciones legales de orden procesal? TERCERA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.- Dada la importancia y complejidad de la causa, el Tribunal resuelve pasar a deliberar a los fines de dictar la presente sentencia y,
I.-) PRIMERA CUESTIÓN: ¿Resultan admisibles los recursos de casación interpuestos a fs. 755/767 vta. por la defensa del imputado ALBERTO ALEJANDRO ZAPATA GÓMEZ y a fs. 769/781 vta. por la defensa de SEBASTIAN CRUZ CID? A la primera cuestión planteada, este Tribunal Superior de Justicia, entiende que los recursos de casación en trato satisfacen los requisitos de tiempo y forma regulados en lo pertinente, por los artículos 446 y ccdtes. del C.P.P., a la vez que los impugnantes se encuentran legitimados para recurrir, y teniendo en cuenta que la sentencia objeto de los recursos se enmarca dentro de las resoluciones que el código de rito establece como susceptibles de ser impugnadas por esta vía (art. 440 C.P.P.), deben entonces admitirse los recursos de casación interpuestos.- Por todo lo expuesto, corresponde votar por la afirmativa.-
II.-) SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Se verifican las violaciones legales de orden procesal? En este entendimiento, y abocados ya en el estudio de los agravios presentados por la parte recurrente, corresponde analizar si en la sentencia impugnada, se constatan defectos procesales que nulifiquen la decisión.-
En tal sentido manifestó el Dr. Muriete, defensor de José Sebastián Cruz Cid, que el requerimiento de elevación a juicio era impreciso, nulo, agregó que se afectó el principio de congruencia y de identidad de los hechos, no se describe la conducta, no hay una discriminación de cada uno de ellos en cuanto el accionar.-
Agrega que la Excma. Cámara Criminal al sostener que el requerimiento de elevación a juicio es una pieza provisoria sujeta a los cambios que puedan producirse, incurre en un error, ya que tanto la doctrina como la jurisprudencia entienden que el requerimiento es un acto acusatorio de carácter definitivo.-
Corresponde destacar que la defensa de Alberto Alejandro Zapata Gómez adhiere a los planteos esgrimidos por el recurrente citado precedentemente.-
Al respecto, teniendo en cuenta los agravios defensivos corresponde abordar la problemática en estudio.-
En este sentido la doctrina sostiene que el requerimiento de elevación a juicio, constituye un acto procesal indispensable para la apertura del juicio propiamente dicho en tanto proviene del titular de la acción penal (Ministerio Público) y delimita el objeto fáctico de aquel. En dicho acto procesal se plasma la subsistencia del interés del Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal contra el imputado.- Concordante con esta línea de interpretación es la que adjudica al requerimiento de elevación a juicio un acto escencial toda vez que sobre el mismo se sustentará el debate oral y público. Ese acto tiene las características definitorias del concepto de acusación como imputación a una persona determinada de un hecho delictivo concreto y singular, y por ello constituye el presupuesto de un debate válido.
Así nuestro Cimero Tribunal sostiene "...nadie duda de que la existencia de un actor penal integra la garantía del debido proceso, por cuanto el juicio penal debe tener por base una acusación correcta y oportunamente intimada..." (Fallos: 125:10; 127:36; 189:34 y 308:1557), sin la cual el imputado no podrá defenderse adecuadamente (Voto Dr. Fayt en "Quiroga, Edgardo" C.S.J.N. 23/12/2004).- La jurisprudencia ha otorgado al requerimiento de elevación a juicio, un acto procesal de suma importancia a punto tal que se ha sostenido que constituye un verdadero acto de acusación (Marsilese, Pedro Julio y otro s/homicidio calificado C.S.J.N. 15/08/2002, M-886-XXXVI, recurso de hecho, causa 15888/98 y "Santillán" C.S.J.N. rto. 13/08/98, Fallos: 321:2021).- En síntesis, se puede argumentar que: a) el requerimiento de elevación a juicio es el que habilita la vía del debate; b) de ello se deriva que la requisitoria de elevación a juicio es la acusación indispensable para garantizar en uno de sus términos el debido proceso legal, siendo la base de juicio plenario; c) asimismo el requerimiento de acusación fija el hecho y a la persona sobre lo que versa el debate y la sentencia.
Lo confirma el artículo 364 del CPPP que prevé la ampliación del requerimiento fiscal ante determinadas circunstancias.- Finalmente corresponde traer a colación lo afirmado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que sostiene "...al determinar el alcance de las garantías contenidas en el artículo 8.2 de la Convención, la Corte debe considerar el papel de la "acusación" en el debido proceso legal vis-à-vis en el derecho de defensa. La descripción material de la conducta imputada contiene los datos fácticos recogidos en la acusación, que constituyen la referencia indispensable para el ejercicio de la defensa del imputado y la consecuente consideración del juzgador en la sentencia. De ahí que el imputado tenga derecho a conocer, a través de una descripción clara, detallada y precisa, los hechos que se le imputan.
La calificación jurídica de éstos puede ser modificada durante el proceso por el órgano acusador o por el juzgador, sin que ello atente contra el derecho de defensa, cuando se mantengan sin variación los hechos mismos y se observen las garantías procesales previstas en la ley para llevar a cabo la nueva calificación. El llamado 'principio de coherencia o de correlación entre acusación y sentencia' implica que la sentencia pueda versar únicamente sobre hechos o circunstancias contempladas en la acusación..."(Fermín Ramirez vs. Guatemala, 20/junio/2005).- Concluye la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sosteniendo "...por constituir el principio de coherencia o correlación un corolario indispensable del derecho de defensa, la Corte considera que aquél constituye una garantía fundamental del debido proceso en materia penal, que los Estados deben observar en cumplimiento de las obligaciones previstas en los incisos b) y c) del artículo 8.2 de la Convención...".
(Fermín Ramirez vs. Guatemala, 20/junio/2005).- Por todo lo expuesto, desde esa perspectiva, le asiste razón a la defensa cuando le asigna un carácter esencial al requerimiento de elevación a juicio, por lo que a contrario sensu incurre en un error la Excma. Cámara cuando le adjudica un carácter "provisorio" sujeto a los avatares del debate.-
En cambio, desde otro ángulo, corresponde aclarar que es correcto sostener que las calificaciones legales que se adjudiquen a los hechos en el requerimiento de elevación a juicio, si tienen carácter provisorio estando sujetas a lo que surja del plenario.-
La Corte Suprema tiene dicho que cualquiera sea la calificación jurídica, el hecho que se juzga debe ser exactamente el mismo que el que fue objeto de imputación y de debate en el proceso, es decir, aquel sustracto fáctico sobre el que los actores procesales desplegaron su necesaria actividad acusatoria o defensiva (Fallos: 314:333, 186:297, 242:227, 246:357, entre otros).- Sentados estos principios procesales corresponde analizar si a la luz de los cuestionamientos de mención se han afectado garantías constitucionales.-
II.1.-) Para abordar correctamente la cuestión corresponde recrear un pasaje de la sentencia donde los camaristas al analizar el escueto relato de los hechos sostienen: "...es sabido que la nulidad, como sanción por los actos írritos, solo debe ser declarada en salvaguarda del proceso y de los intereses de las partes. Ahora bien, para que se pueda sostener su procedencia debe existir un peligro o daño concreto al debido proceso legal, de lo que se deduce sin esfuerzo, que la simple omisión o defecto de un acto procesal no ocasiona la impugnación cuando del mismo no surgen consecuencias gravosas o agravio alguno a las legítimas pretensiones de los interesados...".- Le asiste razón a los sentenciantes, toda vez que en virtud del principio de trascendencia, no hay nulidad sin perjuicio, siendo lo señalado un requisito esencial para que proceda la declaración de invalidez de un acto procesal; en otros términos se tiene que acreditar de manera indefectible la existencia de una limitación de un derecho del imputado, vinculado en forma inmediata al buen orden del proceso y en forma mediata, a las garantías que son su causa.- Lo expuesto precedentemente obedece a que rige en materia procesal, el principio de conservación de los actos procesales en virtud del cual no corresponde declarar la invalidez por la invalidez misma, esto es en aras al purismo de las formas, en mero beneficio de la ley, porque ello importa un manifiesto exceso ritual no compatible con el buen servicio de justicia, en tanto la invalidez debe ser observada en relación con su función que es la situación de indefensión en que deja a la parte que alega.
(Cfr. Jauchen,Tratado de Derecho Procesal Penal, T. 2. Rubinzal Culzoni, pág.85).- Como bien lo sostiene la doctrina, las formas procesales no constituyen un fin en si mismas, sino que se orientan al logro de una meta principal en el procedimiento; dice Arocena "...ellas establecen el modo en que debe realizarse la actividad procesal, con la finalidad inmediata o mediata de hacer efectivas las garantías que consagra la Constitución Nacional para proteger los intereses involucrados en el ejercicio de la función judicial del Estado en lo penal. Por consiguiente, deberá escudriñarse la garantía constitucional implicada en la consagración de determinada forma procesal para, de ese modo, dilucidar si la observancia de las pautas de actuación establecidas por la última debe necesariamente acarrear la privación de los efectos jurídicos del proceder defectuoso..." (Arocena, Gustavo, "La nulidad en el proceso penal" Ed.
Mediterránea, 3ª edición ampliada y actualizada, pág. 69 y sgts.).- La Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha vedado la aplicación de esta sanción cuando no se encuentra dirigida a evitar la restricción de garantías esenciales de la defensa en juicio o de algún otro derecho (Fallos: 323:939), lo que constituye la esencia y finalidad del instituto bajo análisis. Téngase en cuenta que uno de los principios sustanciales en materia de nulidades es el de la trascendencia, concretado en la regla "pas de nullité sans grief" (conf. CSJN, Fallos 325:840, espec. voto del doctor Boggiano).- II.2.-) En el caso concreto de autos, en el requerimiento de elevación a juicio, al referirse en el punto tres a los hechos, menciona el día y la hora en que acaecieron los mismos -10/03/12, 06.00hs.-; de idéntica manera le atribuye a ambos imputados haber agredido a la víctima (Feu), asimismo destaca la utilización de un arma blanca y las lesiones producidas a la víctima.- Si bien es cierto el relato de los hechos ha sido escueto y en algún caso omite determinadas circunstancias -las cuales serán analizadas posteriormente al tratar la autoría-, lo cierto es que el Fiscal le atribuye a Cruz Cid en concreto, haber agredido a la víctima con el arma blanca en tanto que a Zapata le atribuye la agresión mediante puños y patadas.- La descripción de los hechos le permitió a Cruz ejercer plenamente su derecho de defensa, constatándose del relato efectuado por éste durante el debate tener pleno conocimiento de los hechos que le se reprochaban.-
A los efectos de una mejor ilustración sobre el tópico en estudio corresponde mencionar en forma muy sintética el descargo efectuado por el imputado, así menciona que no tuvo problemas con Feu, también destaca que conducía el vehículo el día de los hechos, que primeramente se bajó su consorte de causa y también reconoce haber participado en la reyerta y que utilizó un arma blanca para agredir a su contrincante.- Como se puede apreciar, Sebastian Cruz Cid, tenía pleno conocimiento del injusto o accionar que se le reprochaba; por otro lado, corresponde tener presente que el requerimiento de elevación a juicio, también se integra con el análisis que efectúa el Fiscal en el punto 4º: 'de los elementos valorados para requerir'.-
Así, en el mencionado apartado la Fiscalía meritúa el testimonio de la víctima (Feu), como así también los dichos de Leonel Jesús Arucci, Yanina Contreras, Diana Lorena Millaldeo, Emilce Curín, María Florencia Villagra, etc., quienes adjudican a Cruz la autoría y participación en los hechos.-
De idéntica manera, en lo referente a las lesiones sufridas por la víctima, en el requerimiento la fiscalía los acredita con los informes médicos obrante a fs. 02, 22 vta. y 97.-
En cuanto a Alberto Alejandro Zapata Gómez, conforme a la lectura que se diera del requerimiento de elevación a juicio al inicio del debate, permitió que éste ejerciera su descargo infiriéndose, conforme lo que surge del acta de debate (fs. 688/689), que éste también conocía el accionar que se le reprochara.-
En síntesis, si bien les asiste parcialmente razón a las defensas respecto a las objeciones que efectúan del requerimiento de elevación a juicio, no se afectó garantía constitucional alguna, toda vez que ambos imputados ejercieron plenamente su defensa material efectuando los descargos correspondientes.-
Por todo lo expuesto, corresponde rechazar los planteos de nulidad efectuados por los casacionistas.-
III.-) TERCERA CUESTIÓN ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.-
En este apartado, corresponde analizar la autoría y responsabilidad de José Sebastián Cruz Cid, para luego tratar la de Alberto Alejandro Zapata Gómez.-
En este sentido, los sentenciantes tienen por probados los hechos y las lesiones que sufriera Andrés Feu sosteniendo que "...tal afirmación encuentra respaldo probatorio no sólo en las distintas certificaciones médicas donde se consignan las heridas sino también los testimonios de Yanina Belén Contreras y Daiana Lorena Millalonco que vieron seriamente herido a Feu, con mucha sangre y las tripas afuera, corroborando lo dicho el efectivo policial que se encontraba en servicio adicional y que acudió al lugar, Héctor Ramón Olmedo...".- Agregan que "...también expresan haber visto no sólo la agresión sino también herido a Feu su sobrino Leonel Jesús Arrucci, Ezequiel Jesús Gallardo, Emilce Macarena Curín, Micaela Belén Leonetti y María Florencia Villagra...".-
Finalmente los sentenciantes meritúan las confesiones de los propios imputados quienes reconocen la autoría del hecho violento aunque diferentes intervenciones y consecuentes resposabilidades.-
Expresan que "...así Cruz Cid hubo de reconocer que fue él quien le asestó dos puñaladas; afirmación ésta que también fuera manifestada por el testigo presencial Leonel Jesús Arrucci, y Ezequiel Jesús Gallardo.-
Surge con meridiana claridad de lo expresado en la sentencia, que los señores magistrados, arribaron con certeza a la autoría y responsabilidad de Sebastian Cruz Cid; ello luego de realizar un análisis crítico, razonado y circunstanciado de las constancias del proceso, que les permitió sustentar una sentencia de condena.-
Corresponde aclarar que la defensa de Cruz, para nada cuestiona la participación y responsabilidad de su pupilo en los sucesos de autos, conformándose con lo vertido en el pronunciamiento; sin perjuicio de discrepar con el monto de la pena, lo cual será analizado posteriormente.-
En resumen, ante una revisión integral de los hechos debatidos, del conjunto de probanzas analizadas, no se advierte que se haya vulnerado el estado de inocencia que gozaba Sebastian Cruz Cid al momento en que los jueces valoraron el cuadro incriminante que pesaba en su contra, sino que, por el contrario, no ha quedado ninguna duda que debiera ser resuelta por imperio del principio rector del favor rei.- III.1.-) Con relación a la participación de Alberto Alejandro Zapata, los sentenciantes en forma muy escueta, dan por acreditada su responsabilidad, basando el pronunciamiento en que Zapata reconoció haber golpeado con golpes de puño y patadas al damnificado.-
Ahora bien, en el transcurso del debate, se acreditó en primer término, que Zapata mantuvo una pelea con la víctima; es decir los golpes se los deben merituar dentro de esa reyerta protagonizada por la víctima y el victimario.-
Es más, el Sr. Agente Fiscal de Cámara al efectuar la acusación refiere que previamente Feu lo habría agredido a Zapata Gómez con un palo de escoba, lo cual se lo debe tener por cierto, toda vez que el mencionado elemento -palo- ha sido certificado en autos dentro de los elementos incautados.-
Por otro lado, el mencionado accionar de Feu, ha sido reconocido por diversos testimonios, vertidos en el transcurso del debate.-
En este sentido, María Florencia Villagra, refiere que Feu "le partió un palo en la cabeza a Zapata"; en tanto los testigos Ezequiel Jesús Gallardo y Micaela Leonetti también destacan que "Feu tenía un palo".-
Cabe aclarar, que en el suceso no hay una coautoría funcional, es decir un acuerdo previo, entre ambos imputados para agredir a la víctima; mucho menos hay un acuerdo en la utilización de un arma blanca.-
El fundamento de lo merituado precedentemente, es destacado por el Sr. Fiscal de Cámara, al momento de alegar donde sostiene que "...la participación de cada uno de los imputados fue en forma independiente..."; en idéntico sentido razonó el Tribunal "...no corresponde considerar a Alberto Alejandro Zapata como coautor....".-
La propia víctima declaró en el debate que con Zapata se tomó a golpes de puño y que luego Cruz Cid intervino y le asestó las dos puñaladas no recordando lo sucedido posteriormente; al decir de Feu: "se le apagó la tele"; es decir que también adjudica un rol individual descartando un acuerdo previo.-
Resulta conveniente recordar, que todas las personas que iban a bordo del vehículo conducido por Cruz; son contestes en afirmar que desconocían que Cruz portara un arma blanca y que tomaron conocimiento de la existencia de la misma; cuando Cruz luego de sucedida la reyerta, al ascender al rodado manifiesto "lo corte, lo corte".-
Si bien es cierto que en el transcurso del debate los testigos manifestaron que una vez caída la víctima ambos lo agredieron mediante patadas, es sumamente dudoso sostener con certeza que haya sido Zapata quien provocó las lesiones en la zona de la nariz a la víctima.-
Es evidente que tanto en la instrucción, como en el plenario, se evaluaron los hechos en forma global; incluyendo en el reproche a Zapata las lesiones ocasionadas a la víctima con el arma blanca; circunstancia ésta que le era ajena al imputado; correctamente éste aspecto luego es subsanado en la sentencia cuando se analiza la calificación legal.-
Resulta claro que en el debate, se siguió el mismo criterio interpretativo, de ahí que no se profundizó el análisis de su responsabilidad y en forma muy sintética; en base a su propia defensa material, se condenó a Zapata.-
Desde otro punto de vista, el hecho de reconocer Alberto Alejandro Zapata, haber mantenido una pelea con la víctima e incluso haberlo agredido mediante patadas, no implica necesariamente establecer con certeza haberle provocado la lesión en el tabique nasal.-
Recordemos que la víctima, le adjudica más responsabilidad a Cruz que a Zapata; por otra parte Cruz también reconoció que agredió mediante patadas a la víctima.
Ante este marco fáctico, es imposible precisar, que fue Zapata quien le rompió la nariz a Feu.-
Suficientemente esclarecedor resulta ser la jurisprudencia que dice "...en cuanto a la proyección del denominado 'principio de inocencia' o 'presunción de inocencia' sobre el ámbito probatorio, corresponde decir que, en función del mismo, es la parte acusadora la que tiene a su cargo la demostración de la culpabilidad del imputado, y no éste la de su inocencia (voto de la mayoría, Dres. Tarditti y Rubio). Como forma de precisar la extensión de tales repercusiones del principio de inocencia, debe señalarse que la carga de los órganos de acusación de acreditar la existencia cierta de los extremos objetivos y subjetivos de la imputación alcanza a todas las circunstancias fácticas relevantes para la calificación jurídica del hecho que se enrostra al imputado.
No puede haber presunciones a ese respecto, por lo que corresponde al acusador demostrar, a través de las pruebas legalmente incorporadas al proceso, la verificación de los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal de marras. Con arreglo a lo expuesto, y en lo que específicamente aquí interesa, surge inconcuso que el acusador debe acreditar los aludidos presupuestos de aplicación del tipo penal en función del cual concretiza su pretensión persecutoria (voto de la mayoría, Dres. Tarditti y Rubio). La confesión del imputado y su falta de cuestionamiento a circunstancias que condicionan la aplicabilidad de determinada figura penal, nada dicen respecto de la obligación del órgano de la acusación de probar tales extremos.
Pesa sobre éste último, pues, dicha carga, ya que sólo a él corresponde acreditar los extremos objetivos y subjetivos de la imputación, vale decir, la postulación de que el imputado ha llevado a cabo, responsablemente, una conducta definida previamente como delito por la ley. Más la falta de confesión, e incluso la negativa del imputado a la comisión del delito que se le enrostra -acaecida en la presente causa- tornan mayormente insoslayable aún el acabado cumplimiento de la responsabilidad probatoria que incumbe al acusador (voto de la mayoría, Dres. Tarditti y Rubio)..." (TSJ, Sala Penal, S nº 104, 12/12/2002, "Moyano, Víctor Manuel, p.s.a. de robo calificado, etc. -recurso de casación-, Tarditti, Rubio y Cafure, en "Jurisprudencia penal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Tribunal Superior de Córdoba, M.
Hairabedián, M. Gorgas, J. Carot. Ed. Mediterránea, 2000/2012, pág. 628/629); "...No puede responsabilizarse al procesado por el delito de lesiones graves, por cuanto la relación entre la agresión imputada y el daño físico de la víctima es sólo una hipótesis, máxime que el informe forense, confirmante del carácter grave de la lesión, aventura un mecanismo determinante de ésta, pero lo hace sobre los dichos indiciarios del examinado, con la consiguiente afectación..." (C.Nac.Crim.Corr, sala 4ª, 9/4/87, Sounz Leonardo).- En resumen, las pruebas no han sido analizadas en forma integral, resultando insuficientes para fundamentar una condena, avalar una interpretación distinta, habilitaría una suerte de responsabilidad penal objetiva, contraria al principio de culpabilidad que exige que la acción punible le pueda ser atribuida al imputado tanto objetivamente como subjetivamente; circunstancias éstas que no han sido probadas en la causa.- Por lo expuesto, al acreditarse un error de derecho sustantivo, corresponde que este Tribunal case la sentencia y absuelva por aplicación del principio 'in dubio pro reo' previsto en el artículo 4 del Código Procesal Penal, a Alberto Alejandro Zapata Gómez, en orden al delito de lesiones graves por el cual se lo condenara.-
IV.-) Finalmente corresponde abordar los agravios defensivos de Sebastian Cruz, referentes a la arbitrariedad de la condena, sosteniendo el casacionista que en la sentencia no se han determinado mínimamente las circunstancias por las cuales el Tribunal fijó la pena en cinco años de prisión efectiva; afectándose de esta manera el derecho de defensa y el debido proceso legal.- Si bien es cierto, que la determinación del quantum de la condena, pertenece a la esfera discrecional del tribunal, ello es así siempre y cuando se expliciten las razones que den fundamento a la decisión.-
Desde el discurso jurídico, la pena es la consecuencia lógica de la imputación delictiva, resulta claro entonces, que esa consecuencia debe corresponderse con la cualidad y "cantidad" de esa imputación.-
Esta mensura de la pena, es la que ordenan las pautas de los arts. 40 y 41 del Código Penal que imponen evaluar la cuantía del injusto, la de la responsabilidad y las condiciones personales del incuso.
En síntesis los actos de la República, han de ser razonables, siendo el más razonable de todos, el que emana del poder judicial.-
Ninguna duda queda, desde este punto de vista, que dentro de la revisión de la sentencia, se incluye el monto de la sanción, como bien lo plantea el casacionista.-
Al respecto, resulta importante destacar, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una Opinión consultiva, sostuvo que la doble instancia penal es una de las condiciones que hacen al debido proceso legal y que abarca las condiciones que deben cumplirse para la adecuada defensa de los derechos en el proceso judicial (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Garantías Judiciales en la Emergencia, OC-9/87, PÁRR. 28. Así también, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su art. 14 inc. 5°, reconoce a toda persona el derecho a que el fallo condenatorio y la pena sean sometidos a un tribunal superior (art. 14.5). Recuérdese, que ambos poseen jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 C.N.).- En cuanto al alcance de la capacidad revisora en casación, que in re "Casal, Matías E. y otro" (de fecha 20/9/2005, Fallos: 328-3399), se determinó que la interpretación del art. 456 CPPN (que regula la procedencia del recurso de casación, el que es igual al art. 439 CPPSC) debe realizarse bajo la teoría del máximo rendimiento "...o sea, exigiendo que el tribunal competente en materia de casación agote su capacidad revisora conforme a las posibilidades y particularidades de cada caso, revisando todo lo que le sea posible revisar, archivando la impracticable distinción entre cuestiones de hecho y de derecho...".- Dentro del marco de la revisión integral, es evidente que en el caso en estudio, la pena fijada a Sebastian Cruz Cid, carente de la debida fundamentación.-
Sostienen Abel Fleming-Pablo López Viñals, al comentar el principio de legalidad o garantía de certeza de la pena que "...se trata, tal vez, de la más efectiva garantía frente al poder penal...Este principio de legalidad en la pena integra, junto con el principio de legalidad en el hecho y la exigencia de juicio previo, la trilogía o triple fundamento de legalidad requerido en un Estado de Derecho...Según estos principios el Estado se autolimita estableciendo con precisión, no sólo las conductas punibles, sino sus consecuencias. La legislación penal debe esforzarse por describir la pena que corresponde a cada delito con tanta certeza como sea posible lo que se cumple determinando la especie de pena, la escala penal y los parámetros a los que debe ajustarse la cuantificación de la sanción...". (Abel Fleming-Pablo López Viñals, Las Penas, Rubinzal-Culzoni editores, pág. 233).- Si alguna duda cabe respecto de la arbitrariedad, en la fijación del monto de la condena impuesta a José Sebastian Cruz, corresponde entonces transcribir literalmente lo sostenido en ese aspecto por los sentenciantes.-
Así del pronunciamiento se desprende "...para el caso de José Sebastian Cruz Cid, atendiendo las características de las lesiones que provocara, resulta justo aplicar la pena de (5) cinco años de prisión de cumplimiento efectivo en orden al delito de LESIONES GRAVES (art. 90 del C.P.)...".-
Señala la doctrina, "...la motivación de la decisión judicial que impone una pena debe permitir conocer de manera concreta cuáles son las razones por las que el tribunal ha escogido la sanción que aplica y no otra. Ese conocimiento no debe ser logrado mediante un esfuerzo de intuición, sino que ha de quedar claramente a disposición de quien lea el fallo, de manera que no sólo se advierta el marco legal aplicable, sino el uso particular que se ha hecho de él. Con esto indicamos categóricamente que son nulas por falta de fundamentación las sentencias que individualizan una pena asociándola a la simple referencia de un artículo de la parte general del Código Penal y a la mención de los artículos 40 y 41 del Código Penal..." (Fleming, Abel y López Viñals, Pablo "Las Penas", Rubinzal-Culzoni editores, 2009, pág. 440).- En igual sentido se expidió la jurisprudencia “La sola remisión formal a las condiciones de los arts. 40 y 41 del CP no satisface la exigencia de fundamentación de la pena, en cuanto no permiten apreciar de qué modo ellas trascienden al juicio sobre la mayor o menor peligrosidad del condenado y, en definitiva, inciden en la medida de la pena, tornando a la sentencia en arbitraria y generando su nulidad, porque impide su control.”.(TS Córdoba, Sala Penal, 7/8/00, “R., V. y otra”, LLC, 2001-684).- Se impone como consecuencia la respectiva fijación de la pena que corresponda, que debe ser realizada, por este Tribunal Superior de Justicia, evitando así el juicio de reenvío, en razón de presentarse en el caso los requisitos que así lo posibilitan.-
En tal sentido, es dable destacar, que "...una vez que se permite el control de la sentencia en casación –satisfaciendo el derecho de defenderse una vez más que posee el inculpado- es posible efectuar dentro del procedimiento de casación (conservando el derecho de audiencia y la controversia entre las partes) una adecuación de la sentencia en pena, sin lesionar por ello los principios del juicio oral y público..." (confr. CHIARA DÍAZ, Carlos y OBLIGADO, Daniel, La Casación Penal, Nova Tesis Editorial Jurídica, Rosario, 2000, p. 167).- Sentado lo expuesto, es dable aclarar que dentro del marco de la audiencia prevista por el art. 451 del C.P.P., cuya acta se encuentra agregada a fs. 860/861 vta., el condenado José Sebastian Cruz Cid tuvo oportunidad de hablar y ser oído por los miembros de este Tribunal.-
Es decir, se cumplió con el requisito establecido en el art. 41 inc. 2 C.P., en el sentido que: "...El juez deberá tomar conocimiento directo y de visu del sujeto, de la víctima y de las circunstancias del hecho en la medida requerida para cada caso...".-
Conforme lo expresara la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Niz, Rosa Andrea y otros s/rec. de casación", (N. 132.XLV, del 15/6/10), para que en la casación pueda reducirse directamente la pena, deberá tomarse conocimiento de visu del condenado en los términos del art. 41 inc. 2° C.P. No cumplir con este requisito le causa un perjuicio al encartado ya que la sanción impuesta permitía la aplicación de una pena menor.- Posteriormente, la Corte ha expresado respecto de esta obligación: "...Que se trata de una regla claramente destinada a garantizar el derecho del condenado a ser oído antes de que se lo condene, así como a asegurar que una decisión de esta trascendencia no sea tomada por los tribunales sin un mínimo de inmediación (el resaltado nos pertenece). Desde el punto de vista de la ley penal de fondo, una pena dictada sin escuchar lo que tiene que decir al respecto el condenado no puede considerarse bien determinada..." (CSJN, "Maldonado, Daniel Enrique y otro s/ robo agravado por el uso de armas en concurso real con homicidio calificado -causa N° 1174-., del 7/12/2005, Fallos: 328:4343).- Otra cuestión, de no menor trascendencia la constituye el hecho de que utilizar el "juicio de reenvío", en el caso particular, comprometería, la realización plena de la garantía del plazo razonable del proceso, de ahí que se ajuste a derecho fijar el monto de la pena, a éste Tribunal Superior de Justicia (arts. 75 inc. 22, C.N.; 8.1 CADH; 14.3.c PIDCyP).- En otros términos, realizar el reenvío de las presentes actuaciones, añadiría un tiempo aún más prolongado al actual proceso; siendo el total del mismo excesivo (dos años y medio) -teniendo en cuenta que se trata del delito de lesiones-, y no resguardándose de esta manera la garantía a un proceso penal rápido (art. 7 inc. 5° de la Convención Americana de Derechos Humanos).- Dado lo expuesto, corresponde entonces, habiéndose respetado los derechos del Sr. Cruz Cid, de acuerdo a la jurisprudencia y doctrina citadas, proceder a fijar el quantum punitivo, conforme a las pautas previstas por los art. 40 y 41 del Código Penal.-
En éste sentido debe merituarse como atenuante, el arrepentimiento de su obrar expresado en la audiencia, la colaboración efectuada en el transcurso del debate donde reconoció su participación y responsabilidad en el hecho; en igual sentido debe ponderarse la colaboración con el sustento del hogar.-
Como agravante, debe computarse la utilización de un arma blanca lo cual disminuyó la posibilidad de defensa de la víctima, las lesiones provocadas en ésta y sus secuelas, el haberse aprovechado de un estado de indefensión; y los motivos externos que lo llevaron a actuar.
También se debe tener en cuenta, el marco de pena en abstracto que fija el Artículo 90 del Código Penal (reclusión o prisión de uno a seis años).-
Por lo expuesto, y de conformidad con las pautas establecidas, éste Tribunal Superior de Justicia, entiende como razonable fijar la pena en CUATRO AÑOS DE PRISIÓN DE CUMPLIMIENTO EFECTIVO en orden al delito de LESIONES GRAVES (Art. 90 del C.P.), con más las accesorias legales.-
Por todo lo expuesto, de conformidad a lo establecido en los arts. 446 y 448, 454 C.P.P., corresponde HACER LUGAR a los recursos de casación interpuestos fs. 755/767 vta. por la defensa del imputado ALBERTO ALEJANDRO ZAPATA GÓMEZ y a fs. 769/781 vta. por la defensa de SEBASTIAN CRUZ CID, modificándose la resolución dictada a fs. 735/739 vta. por la Excma. Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial, absolviendo por la duda a ALBERTO ALEJANDRO ZAPATA GÓMEZ y CONFIRMANDO en cuanto a la responsabilidad penal atribuida a SEBASTIAN CRUZ CID, modificando la pena impuesta, fijándola en cuatro (4) años de cumplimiento efectivo más accesorias legales.- Tener presente para el momento procesal oportuno la reserva del caso federal efectuada a fs.767 y 781.-
Por ello, normas legales, jurisprudencia y doctrinas citadas, el EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
1. HACIENDO LUGAR a los recursos de casación obrantes a fs. 755/767 vta. por la defensa del imputado ALBERTO ALEJANDRO ZAPATA GÓMEZ y a fs. 769/781 vta. por la defensa de SEBASTIAN CRUZ CID.
2. ABSOLVIENDO por la duda (art. 4 C.P) a ALBERTO ALEJANDRO ZAPATA GÓMEZ; en orden al delito de LESIONES GRAVES (Art. 90 del C.P.), por el que fuera condenado.
3. MODIFICANDO la pena impuesta en la presente Causa a SEBASTIAN CRUZ CID, fijándola en cuatro (4) años de cumplimiento efectivo, como autor responsable del delito de LESIONES GRAVES (art. 90 del c.P.), más accesorias legales.-
4. Regístrese. Notifíquese. Oportunamente devuélvanse los autos mediante oficio de estilo.-
FIRMADO: Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Presidente Tribunal Superior de Justicia; Dra. Alicia de los Ángeles Mercau-Vocal; Dra. Paula E. Ludueña Campos- Vocal; Ante mí: Dr. Ricardo Javier Albornoz-Secretario.-
PROTOCOLIZACION: TSS2011S.141 TOMO:VI– SENTENCIAS- T.S.J.
REGISTRO Nº:018 FOLIO Nº: 114/123 SECRETARIA: 2
Fin de la sentencia