Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 38.795-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución (AD ROSA) n° 70/18 dictada en el expediente Actuación SIGEA n° 12552- 209-2012, en cuanto condena al Sr. Carlos A. Zarate al comiso de la mercadería por la infracción del art. 965 inc. a) del C.A.
2Costas al Fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-30100136-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 25 de Marzo de 2026 ADUANAS s/ recurso de apelación”.-
En Buenos Aires, reunidos los Vocales miembros de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino, para dictar sentencia en los autos caratulados “ZARATE CARLOS ALBERTO c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ recurso de apelación”, expte. nº 38.795-A, El Dr. González Palazzo dijo:
I. A fs. 13/24, se presenta por apoderado, la firma epígrafe e interponen recurso de apelación contra la Resolución (AD ROSA) n° 70/18, recaída en el SIGEA n° 12552-209-2012, en cuanto la condena por la presunta infracción tipificada en el art. 965 inc. a) del C.A. Realiza un breve relato de los hechos que dieron lugar a la resolución apelada. Hace consideraciones respecto de la Resolución General n° 3109/11 y del art. 965 inc a) del C.A. Expresa que por cuestiones de índole personal se debió ausentar del país en varias oportunidades. Agrega que se ha producido una interpretación errónea por parte del servicio aduanero en la definición de “domicilio”. Sostiene que no se utilizó el vehículo en ningún momento, jamás se incumplió con lo establecido en el art. 11 de la Resolución citada, toda vez que el mismo no se transfirió ni vendió. Señala que hizo uso del derecho establecido en el art. 14 de la Constitución Nacional. Manifiesta que la resolución no contiene limitación de ninguna característica o condición que implique que quien hace uso del derecho a nacionalizar un vehículo en el marco de retorno al país quede sujeto al control personal o en relación con sus movimientos. Considera que estando el vehículo en cuestión sin ser utilizado por una persona distinta a su titular y encontrándose en el domicilio denunciado, debe presumirse la no violación de las obligaciones asumidas como condición del beneficio. Insiste en que cualquier constancia a través de la cual se pueda probar el ingreso o el egreso del país nada aporta a esta supuesta violación al retorno definitivo. Sostiene que lo que se visualiza del registro de migraciones no implica que haya cambiado de residencia. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. A fs. 36/39, la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. Niega todas y cada una de las afirmaciones y hechos manifestados por la actora que no sean objeto de un expreso reconocimiento de su parte. Efectúa un relato de los hechos y contesta los agravios de la actora. Expresa que se constató que la recurrente no residía en el domicilio declarado y que de la consulta efectuada al sistema informático de la Dirección Nacional de Migraciones se advirtió que registraba sendos ingresos y egresos del Territorio Nacional, produciéndose una transgresión al régimen por el cual se concedió el beneficio en excepción a una prohibición a la importación para consumo. Resalta que el interesado no cumplimenta el principal requisito de la Resolución que es la de retornar al país con voluntad de residir definitivamente en él. Refiere al art. 956 inc a) del C.A. y a la Resolución General n° 3109/11. Cita jurisprudencia. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas que acompaña, hace reserva del Caso Federal y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. A fs. 44, se declara la causa de puro derecho. A fs. 47, se elevan los autos a la Sala “F” y quedan en estado de dictar sentencia.
IV. Las actuaciones administrativas SIGEA n° 12552-209-2012 se inician, a fs. 1, con la Solicitud de Retiro de Automotores, Motociclos y Velocípedos Usados. A fs. 28/30, luce la Disposición n° 685/12. A fs. 60, obra la denuncia n° 4/13. A fs. 69/70, se dispone la instrucción de sumario y se corre vista de todo lo actuado a la recurrente. A fs. 72, se notifica a la misma (22/11/13). A fs. 75/85, contesta la vista Carlos A. Zarate. A fs. 100/101, consta el Dictamen n° 103/18. Finalmente, a fs. 102/108, se dicta la Resolución (AD ROSA) n° 70/18, apelada en autos.
V. Que seguidamente corresponde resolver si se encuentra configurada la infracción tipificada en el artículo 965 inc a) del C.A., por la que se condena a la recurrente.
De las actuaciones administrativas surge que Carlos A. ZARATE documentó la Solicitud de Retiro de Automotores, Motociclos y Velocípedos Usados, de fecha 21/8/12, de un automóvil Mitsubishi, modelo Eclipse, año 2008, chasis n° 4A3AK24FX8E006344, con la finalidad de importar a consumo el automotor. Por consiguiente, la Aduana en el marco de la Resolución General n° 3109/1, dicta la Disposición n° 685/12 por la que autoriza la importación y nacionalización del vehículo mencionado.
Sin embargo, el servicio aduanero constató que el beneficiario no residía en el lugar declarado, habida cuenta de que contaba con numerosos egresos del Territorio Nacional, razón por la cual presumió que el Sr. Zarate no había vuelto para residir de manera definitiva en el país.
Por ende, se dispuso la instrucción del pertinente sumario administrativo, por la presunta comisión de la infracción prevista y penada en el art. 965 el inc a) del C.A., toda vez que el servicio aduanero entendió que se había transgredido la obligación de residir de manera permanente en el país.
Al contestar la corrida de vista en sede aduanera, el importador basó su postura defensiva argumentando que no se puede valorar de forma negativa la consulta al Sistema Informático de la Dirección Nacional de Migraciones, para entender que no existe retorno definitivo, pues no hay limitación alguna por la cual el retorno al país implique control personal al respecto o en relación a sus movimientos.
Pese a ello, el servicio aduanero dictó la resolución que aquí se apela comisando el vehículo en cuestión en los términos del art. 965 inc a) del C.A.
VI. Sentado lo anterior, en atención al modo en que se encuentra planteado el tema, corresponde previo a expedirme realizar ciertas consideraciones relacionadas al plexo normativo y las circunstancias particulares del caso.
El Código Aduanero establece en relación a las prohibiciones relativas que, la importación o la exportación en excepción a una prohibición puede ser autorizada bajo la condición del cumplimiento de determinadas obligaciones (art. 626) y que, ante el incumplimiento de dichas obligaciones, serán de aplicación las sanciones previstas al efecto (art. 629).
Que precisamente el art. 7, del Decreto n° 110/92, establece que los vehículos automotores usados no pueden ser nacionalizados, salvo determinadas excepciones en la que se incluyen los vehículos de propiedad de ciudadanos argentinos que retornen a residir definitivamente en él.
En el caso, la actora ha importado un automóvil al amparo de la Resolución n° 3109/11, la cual autoriza la importación a consumo de automotores usados de propiedad de ciudadanos argentinos que retornen en el país luego de haber residido más de dos años en el exterior (punto 2, art. 2 de la Resolución aludida). Asimismo, dicha normativa estableció que quien goza de la posibilidad de importar un automóvil usado, estará sujeto al régimen de comprobación de destino por el término de dos años, en cuyo lapso queda prohibida la enajenación a título gratuito u oneroso de dichos bienes (arts. 9 y 11 de la Resolución). En el caso, en la pertinente acta de comprobación de destino obrante a fs. 42, de fecha 9/1/13, consta que la recurrente se encontraba en el domicilio declarado, pudiéndose verificar la documentación pertinente y la constatación física del vehículo.
No obstante, el servicio aduanero al revisar las constancias del “Registro de Ingresos y Egresos”, de la Dirección Nacional de Migraciones, observó las entras y salidas del país de la recurrente, interpretando “…que el beneficiario no residía en el lugar declarado, sino que, de la consulta al Sistema Informático de la Dirección Nacional de Migraciones, se advirtió que el nombrado egresó del Territorio Nacional en fecha 5/4/12, no habiendo regresado hasta la fecha de actuación.” (véase a fs. 69 y 100 de las actuaciones administrativas). Además, sostuvo que “desde junio de 2012 a la fecha de comprobación el imputado permaneció mayor cantidad de tiempo en el exterior, incumpliéndose en consecuencia las obligaciones que condicionaron el beneficio que le otorgara en los términos de la Resolución General n° 3109/11.”.
VII. De todos modos, lo que examino de las circunstancias expuestas, es que ello no constituye prueba fehaciente de que la actora no residió de manera definitiva en el país, es decir, que el registro de migraciones no es prueba concluyente para sostener el incumplimiento del régimen en los términos pretendidos por el Fisco.
Incluso lo que asevera este último no es correcto, en cuanto sostiene que desde junio del 2012 a la fecha de comprobación, esto es 9/1/13, se encontraba fuera del país, puesto que el registro precedentemente mencionado (“Registro de Ingresos y Egresos”, de la Dirección Nacional de Migraciones) muestra la entrada al país de la recurrente en fecha 29/6/12 hasta el 8/10/12, con un nuevo ingreso el 13/12/12. Además, es limitado el período en el que la Aduana analiza la permanencia del Sr. Zarate -máxime si se tiene en cuenta el plazo de dos años en el que la recurrente se haya sujeto a la comprobación de destino-, ya que la nacionalización del vehículo fue efectuada el 1/10/12 y la primera y única comprobación de destino fue realiza en la fecha precitada (9/1/13). Es decir, que en un período menor a 3 meses, la Aduana con el único elemento que hasta ese momento pudo reunir –el registro de los ingresos y egresos-, concluyó en la falta de permanencia definitiva.
Que lo colectado por la Aduana a lo largo de la investigación –que sustenta la condena- ha sido solo el registro mencionado, que si bien esta circunstancia debiere ser tenida en cuenta como un indicio, a los fines probatorios no resulta suficiente para constituir una prueba irrefutable de que la actora no residía en el país.
En ese sentido, advierto que el servicio aduanero pudiera haber realizado sucesivas comprobaciones de destino, dentro de un período temporal que permitiere avizorar con cierto grado de certeza la una supuesta ausencia prolongada del país de la recurrente, puesto que la premura con la que analiza la cuestión impide que se realice una apreciación razonada de los hechos.
En síntesis, en virtud de lo dicho, entiendo que en el caso no se ha configurado la conducta prevista en el art. 965, inc. a), habida cuenta de que no se haya comprobado lo pretendido por la Administración. Por lo expuesto, VOTO POR revocar la Resolución (AD ROSA) n° 70/18 dictada en el expediente Actuación SIGEA n° 12552-209-2012, en cuanto condena al Sr. Carlos A. Zarate al comiso de la mercadería por la infracción del art. 965 inc. a) del C.A., con costas al Fisco.
Así lo voto.-
El Dr. Pablo A. Garbarino dijo:
Adhiero al voto del Dr. González Palazzo. ASÍ LO VOTO.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Revocar la Resolución (AD ROSA) n° 70/18 dictada en el expediente Actuación SIGEA n° 12552- 209-2012, en cuanto condena al Sr. Carlos A. Zarate al comiso de la mercadería por la infracción del art. 965 inc. a) del C.A.
2. Costas al Fisco.
Regístrese y notifíquese.
Suscriben la presente los Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino, en los términos del art. 1162 del CA.
Date: 2026.03.25 15:25:58 ART Date: 2026.03.25 17:07:08 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.03.25 17:07:35 -03:00
Fin de la sentencia