Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº8615/24 Sentencia: Definitiva Actor: Zocco, José Alberto.
Demandada: Demarchi SRL Objeto: Sumarísimo Fecha: 04-12-2024 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz a los cuatro días del mes de Diciembre de 2024, se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: “ZOCCO, JOSE ALBERTO C/DEMARCHI SRL S/SUMARISIMO", Expte. Nº 118/19 del año 2.019 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y de Familia de la ciudad de Las Heras, que ingresó en esta instancia bajo el N° 8615 A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Horacio Fernández; Griselda I. Bard y Humberto E. Monelos para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernández dijo:
I. A fs. 31/40 se presenta la Dra. Pamela Fernandez, en representación del Sr. José Alberto Zocco y promueve acción sumarísima de nulidad de despido discriminatorio y reinstalación en su puesto de trabajo conforme lo prescriben los arts. 47, 3 y 4 de la ley 23.551, art. 43 de la Constitución Nacional y art. 1 de la ley 23.592. Refiere que Demarchi Servicios S.R.L. es una empresa cuya actividad principal son los servicios de apoyo para extracción de petróleo y gas natural, explotación de minas y canteras y otras actividades secundarias y que presta servicios para la Operadora SINOPEC. Relata que el Sr. Zocco, es un obrero-trabajador que se desempeñaba en calidad de recorredor, realizando tareas como trabajador petrolero.
Sus labores eran de mantenimiento en horarios rotativos. Afirma que la demandada se negaba a respetar los derechos sindicales y que los trabajadores decidieron organizarse, llevando a cabo una asamblea que decide por mayoría absoluta remover como delegado al Sr. Omar Vera y elegir al actor en esa calidad, luego de lo cual se inicia una persecución de la empresa en contra de éste último. Dice que hasta el despido, llevo los reclamos de los compañeros a la oficina de Personal, organizando tareas colectivas, asesorando al conjunto de los trabajadores y siendo referente de los mismos. Relata la comunicación epistolar que se entablo entre actor y demandado, transcribiendo el tenor de las mismas. Agrega que el distracto operó el día 8 de enero de 2.018 invocando la empleadora una justa causa de despido fundado en el hecho de haberse presentado en su puesto de trabajo en estado de ebriedad, hecho que niega a través de un telegrama que transcribe.
Expone que de ser cierto ese episodio, constituye un accionar discriminatorio ante una enfermedad como es el alcoholismo y que sería violatorio de la legislación vigente. Afirma que se pretende una agresión que consiste en atacar los derechos sindicales del actor y que el despido se trata de una sanción encubierta, siendo arbitrario y totalitario ya que ni siquiera se cumplió con los recaudos establecidos en el reglamento oficial de Control de Alcohol y Drogas de Sinopec Argentina Exploration And Production Inc. Hace hincapié en la figura de Delegado Hecho con la cual se identifica y detalla las garantías legales y constitucionales como asi la tutela de la que gozaba. Invoca la ley 23592 y dice que el despido del actor constituye un despido discriminatorio.
Alude que el demandado pergeño una causal para encubrir la discriminación. Cita doctrina y jurisprudencia. Pide se decrete la nulidad del despido y se ordene la inmediata reinstalación en su puesto de trabajo. De manera supletoria y para el caso de que no se haga lugar a la nulidad del despido y la reinstalación del actor, reclama las indemnizaciones a que se hizo acreedor el actor por el despido incausado. Detalla los rubros, funda en derecho, ofrece prueba y hace su petición final.-
II. Habiendo fracasado la instancia conciliatoria, a fs. 73/75, se presenta el Dr. Luis Corvalan en carácter de apoderado de la Empresa Demarchi Servicios SRL y contesta demanda. Solicita su rechazo por falsa e improcedente. Formula una negativa especial de hechos. Bajo el título la Verdad de los Hechos, invoca que el actor no acredito la condición de haber sido elegido delegado y que la empresa actuó de acuerdo a las prescripciones legales que existen y ajustadas a derecho, afirmando que el despido fue legal. Sostiene que el hecho de efectuar reclamos verbales o escritos, participar en asambleas, mostrarse solidario ante las inquietudes de los demás o mantener cierto protagonismo, no pueden invocarse como función gremial. Vuelve a afirmar que el despido de Zocco fue ajustado a derecho, que no fue antisindical ni discriminatorio. Formula otras apreciaciones, cita antecedentes laborales del actor detallando que tuvo un llamado de atención el día 17 de abril de 2.017 por reiteradas faltas y llegadas tarde, fue suspendido por cinco (5) días en fecha 9 de Junio de 2.017 y con fecha 24 de Julio de 2.017 fue suspendido por 4 días por haber colisionado, estando todas consentidas por el actor. Dice que éste último jamás fue delegado gremial para la empresa y que no corresponde la indemnización por daño moral. Funda en derecho, ofrece prueba y hace su petición final.-
III. En PE 1449355-2024 se dicta sentencia a través de la cual, se hace lugar en forma parcial a la demanda interpuesta por José Alberto Zocco, contra Demarchi Servicios SRL, condenando a ésta última a pagar la suma que surja de la liquidación prevista en el art. 99 de la ley 1444 por los rubros que se hacen lugar en el considerando respectivo y bajo el título “Conceptos Reclamados Admitidos”. Se admiten los rubros Indemnización por Antiguedad, Sustitutiva de Preaviso, SAC proporcional sobre periodo de preaviso, Días trabajados mes de despido, Integración mes de despido, SAC integración mes de despido, SAC proporcional, Vacaciones no gozadas, SAC proporcional vacaciones no gozadas. Se rechaza el rubro Daño Moral por discriminación, se imponen las costas a la demandada y se difiere la regulación de honorarios.-
IV. Contra el fallo dictado, únicamente la demandada deduce y funda recurso de apelación en PE 1461170-2024. Al fundar sus agravios, formula diversas consideraciones críticas hacia la sentencia exponiendo que el planteo del actor no debe prosperar en lo que respecta a la indemnización establecida en el punto uno de la resolución como consecuencia de que el demandante no pudo probar que sufría de alcoholismo y que el empleador estaba al tanto de la situación, siendo un hecho aislado. Dice que la conducta representa una injuria tal que dio lugar a un despido injustificado. Agrega que no se ha producido prueba que acredite que el consumo de alcohol por parte del actor era una enfermedad y que el empleador hubiera sido informado de ello para ser objeto de tratamiento o de consideración, sosteniendo que la conducta del actor fue negligente e imprudente quedando en claro que la desvinculación está justificada.
Sostiene que la empresa se limitó a despedirlo sin realizar tratamiento ya que no padece enfermedad. Dice que se debe considerar que la demandada acompaño notas de sanciones realizadas al actor y que no fueron cuestionadas por éste, como así también que Zocco reconoció el examen de alcohol realizado el 25 de diciembre de 2.017. Detalla los rubros que a su entender no deben proceder. Se Agravia por último en cuanto a las costas y honorarios, solicitando se le impongan a la parte vencida.- En PE 1501792-2024 la parte actora contesta los agravios. Aduce que está plenamente probado, mediante cartas documentos, audiencias, testigos que su representado tenía alcohol al momento de realizarle el control de alcoholemia, y que lo que debería haber hecho la empresa Demarchi SA no era despedir con causa a Zocco, sino proceder de acuerdo al Reglamento oficial de control de alcohol y drogas de SINOPEC Argentino Exploration And Production Inc., siendo obligatorio para Demarchi ya que prestaba servicios para esa operadora.
Agrega que la demandada había firmado el reglamento y estaba obligada a su cumplimiento. Dice también que dicho reglamento tampoco refiere a una vez o varias veces del estado de alcoholismo y es por ello que el apelante yerra al decir que está justificada la desvinculación. Agrega que las supuestas sanciones disciplinarias, son una demostración de la persecución que sufrió Zocco por haber sido delegado gremial. En cuanto al agravio relativo a las costas y honorarios, afirma que no tiene asidero legal ya que se ha hecho lugar a la mayor parte de la demanda, lo que obliga al demandado al pago de todos los rubros reclamados, quedando solo afuera la indemnización por despido discriminatorio.-
V. Que expuestas las quejas de la parte demandada en contra de lo decidido en la instancia de grado, como así también la réplica que le dedico la actora, abordaré el tratamiento del primer agravio formulado mediante el cual critica la condena a pagar los rubros derivados del despido sin causa. Entre diversas consideraciones que formula, reduce su postura crítica al hecho de que el reclamante no pudo probar que sufría de alcoholismo y que el empleador haya estado al tanto de la situación, calificando el episodio como aislado y achacándole al actor una conducta negligente e imprudente que justificó la ruptura.-
En ese sentido tengo presente que la parte actora, al momento de entablar su acción, demando como pretensión principal, la nulidad del despido por discriminatorio y solicitó la reinstalación de su puesto de trabajo con fundamento en que el empleador no respetó sus derechos sindicales y sufrió una persecución por su actividad gremial, al punto que lo calificó como una sanción encubierta. Negó que haya concurrido a su puesto de trabajo en estado de ebriedad y sostuvo que no se cumplieron los recaudos establecidos en el reglamento oficial de Control de Alcohol y Drogas de la Operadora Sinopec Argentina Exploration And Production Inc.-
Es necesario remarcar lo dicho, ya que la resolución puesta en crisis por la demandada, hace lugar en forma parcial a la demanda y solo admite la introducida en carácter supletoria, esto es, las indemnizaciones por despido incausado. El juez de grado en sus considerandos entendió que no se acreditó que el despido fuera discriminatorio. Lo así resuelto, no fue recurrido por la actora y por ende se encuentra consentido y firme y es de ahí que el campo normativo que delimita el análisis a desarrollar, sale de la órbita de la ley 23.592 y se asienta en la norma laboral ordinaria.-
Así las cosas, la cuestión a tratar radica entonces en la causa invocada para el despido y fundamentalmente, si está justificada esa decisión.-
Parto de la base que la alcoholemia positiva del trabajador reclamante en ocasión de concurrir a sus tareas laborales el día 25 de diciembre de 2.017, ha quedado fuera de los márgenes del sub lite, pues, la condena recaída en grado, se funda en que no obra en la causa constancia de ningún tipo de ayuda al trabajador frente al test positivo del alcohol en sangre. Es este último aspecto lo que agravia a la apelante al sostener que le corresponde al trabajador acreditar padecer la enfermedad. La apoderada del operario despedido, al momento de contestar agravios, sostiene estar plenamente probado que su representado tenía alcohol en sangre al momento de realizarle el control de alcoholemia y que lo que debería haber hecho el empleador no era despedirlo sino proceder conforme al Reglamento Oficial de control de alcohol y drogas tal a lo resuelto en la resolución puesta en crisis.- Es decir y en otras palabras, no está en discusión que el trabajador demandante asistió a su puesto de trabajo el día señalado habiendo consumido previamente alcohol, al punto que ese hecho está reconocido por el propio trabajador en la audiencia del art. 47 de la ley 1444 y se da por cierto tanto en la resolución de grado como en las posturas asumidas por las propias partes en sus respectivos memoriales de apelación y de responde.
Es de ahí que lo que resta definir en consonancia al argumento que es materia de agravio, es, si esa causa, es motivo bastante para justificar un despido en los términos del art. 242 del LCT el que dispone en su parte pertinente: “Justa Causa: Una de las partes podrá hacer denuncia del contrato de trabajo en caso de inobservancia por parte de la otra de las obligaciones resultantes del mismo que configuren injuria y que, por su gravedad, no consientan la prosecución de la relación.”.- Se tiene dicho en esa dirección que para que “se configure injuria grave en los términos del artículo 242 de Ley de Contrato de Trabajo que impida la prosecución de la relación laboral y autorice el desplazamiento del principio de conservación del contrato de trabajo, la inconducta atribuida al trabajador deber ser de tal gravedad que importe un comportamiento negligente del dependiente y ocasione un serio perjuicio a los intereses del empleador, no susceptible de reparación a través de la aplicación de alguna de las medidas disciplinarias de menor envergadura que el ordenamiento normativo laboral prevé.
Conforme las reglas del onus probandi recae sobre quien invoca un hecho como justa causa de despido la carga de acreditar dicho extremo, en razón de ello, pesa sobre la demandada que alega dicha causal la carga de producir prueba contundente y asertiva que demuestre que la conducta del trabajador reviste un incumplimiento de tal magnitud que impide la prosecución del vínculo. (Cámara de Apelaciones en lo Laboral de Rosario – Bussi, Héctor Ariel c/JBS Argentina SA s/cobro de pesos – 27/3/2.017 – Fallos – Cita: MJ-JU-M-105365-AR/MJJ105365).- Apoyado sobre ese piso conceptual, tengo presente que la parte actora reconoce que la ruptura del vínculo de trabajo fue informado mediante la misiva Nro. 869952728 remitida el día 8 de enero de 2.018.
El texto de la misma obra agregado a fs. 52 y fue acompañada por la demandada. A través de esa comunicación epistolar, se le endilga haber asistido a su puesto de trabajo en estado de ebriedad detectado en un control de alcoholemia realizado por la operadora Sinopec. Esa causal fue expresamente desconocida por el trabajador a través del telegrama Nro. 092049804 de fecha 22 de Enero de 2018 agregado a fs. 2. La comunicación epistolar entre las partes continúa en iguales términos. La empleadora ratifica su postura rupturista mediante CD 857762315 agregada a fs. 51 achacándole al trabajador el haber llegado alcoholizado a su puesto de trabajo el día 25 de diciembre de 2.017 y éste último la rechaza a través de telegrama Nro. 092441384 obrante a fs. 4 en el que desconoce haber incurrido en una falta grave de incumplimiento a normas y políticas de trabajo de la operadora y de la empresa negando haber llegado alcoholizado el 25/12/2.017, invocando la nulidad del distracto por discriminatorio y violatorio del art. 1 de la Ley 23592 y arts. 40,48,50 y 52 de la Ley 23.551 por su calidad de activista sindical y delegado.- El diálogo epistolar aludido se encuentra reconocido por las partes.
Que a fs. 55/56 la demandada incorporo el registro de control de alcoholemia con los resultados obtenidos en las pruebas practicadas. Se observa de fs. 56 que el resultado de las pruebas del día 25/12/2.017 fue de 0,65 g/l la primera y de 0,52 g/l la segunda.-
Los testimonios aportados por la parte actora brindados por los ciudadanos Javier Enrique Farías, Miguel Eduardo Ojeda y Omar Vera, todos operarios petroleros, giraron en torno a las actividades gremiales llevadas a cabo por Zocco y en lo particular, respecto a los procedimientos o protocolos aplicados por la empresa para el supuesto de alcoholemia positiva, dieron versiones desde distintas ópticas. En el caso de Farías dijo que dependía si era reiterativo el alcoholismo, pero que entendía que no era causal de despido el alcohol en sangre. Por su parte Ojeda, adujo que no conocía la causa por la que fue despedido el actor y en cuanto al alcoholismo, afirmo que si se trataba de una enfermedad, tenía que tener un tratamiento o una rehabilitación, manteniendo el trabajador el cobro de los salarios.
Agrego que no conocía el procedimiento a aplicar pero sí que en los supuestos de adicción al operario se le ofrece un tratamiento. El ciudadano Vera, dijo que tanto la operadora como la contratista se tienen que hacer cargo del problema del alcoholismo de un trabajador, que tienen que recuperarlo. Sostuvo que el Convenio Colectivo de la actividad regula la cuestión y que la Obra Social y el Sindicato, cubrían el 100% de los gastos de internación y traslado ya que se trata de una enfermedad.- Por su parte la demandada acompaño como prueba documental a fs. 58/61 y 71 el procedimiento de seguridad, y en particular la Política de Alcohol y Drogas de la empresa Demarchi, Servicios SRL. A fs. 57, agrego bajo el título “Anexo de Seguridad”, una Declaración Jurada de Política de Alcohol y Drogas, mediante la cual se declara bajo juramento que a partir del mes de Octubre de 2.016, el declarante informará voluntariamente a la Operadora para la que trabaja y a la empresa Demarchi Servicios SRL, en caso de haber consumido o estar consumiendo cualquier tipo de droga legal o ilegal o alcohol en las direcciones o teléfonos mencionados, a fin de evitar sanciones ante un incumplimiento de procedimiento de seguridad PS04 Política de Alcohol y Drogas.
Dicha Declaración Jurada se encuentra debidamente suscripta por el actor Jose Zocco. Asimismo agrego diferentes notificaciones cursadas al nombrado de sanciones que recibió por otros motivos de incumplimientos a sus obligaciones laborales. La documental no se encuentra desconocida por el actor en la audiencia celebrada conforme al art. 47 de la ley 1444.- Como se anticipó, el consumo de alcohol del trabajador en forma previa a ingresar a laborar el día 25 de Diciembre de 2.016 deviene incontrovertible en ésta instancia. Corresponde entonces revisar, si esa conducta es suficiente para configurar una causa despido en los términos del art. 242 de la LCT. Surge de autos que el trabajador reclamante se desempeñaba bajo la categoría de recorredor, esto es, recorrer los pozos de petróleo dentro del área que tiene asignada y llevar a cabo tareas de mantenimiento.
Estas tareas, normalmente consisten en controlar pérdidas tanto en la traza de la cañería como en el pozo mismo, controlar presiones y toma de muestras que después son llevadas a un laboratorio para su estudio. También verifica que tipo de incrustaciones o agentes químicos podría llegar a tener el pozo, al igual que la presión y verifica que la dosificación sea la correcta y en su caso aumentar o disminuir la dosificación de químicos para evitar corrosiones, incrustaciones en cañerías, espuma o que la presión se levante. Para llevar a cabo esa labor, necesariamente debe trasladarse en vehículos que le permitan desplazarse por el área que tiene asignada, la que es conducida personalmente por el recorredor en el caso que ejerza la función de manera unipersonal o alternadamente si lo hace acompañado de otro operario de igual función.
Entiendo así que la actividad desarrollada por su propia naturaleza conlleva un riesgo ínsito que se potencia con el consumo de alcohol o de drogas ilegales y es de ahí la obligación de los trabajadores de cumplir con las políticas diseñadas por los empleadores. El actor, conocía esas políticas, al punto que suscribió una declaración jurada mediante la cual asumía el compromiso de informar voluntariamente si había consumido drogas legales, ilegales o alcohol para evitar sanciones. Es decir, sabía perfectamente cuál era la manera de evitar ser sancionado en caso de haber consumido alcohol. Y no solo eso, esa posibilidad que la empleadora puso a su disposición, era también la forma de acceder a los tratamientos y a los programas de rehabilitación si el consumo era problemático, o mejor dicho, si constituía una enfermedad.
El testigo Miguel Ojeda dio a conocer la cobertura de la prestación brindada por la Obra Social y el Sindicato. Como toda enfermedad debe ser anoticiada por el propio trabajador para permitirle a la dadora de trabajo adoptar otra postura, cosa que en el caso, a la luz de la prueba valorada, no ocurrió, ya que tal circunstancia no se encuentra acreditada. Es de ahí que juzgo equivocado el razonamiento del juez de grado al entender de que no obra en el expediente constancia de ningún tipo de ayuda al trabajador frente al test positivo de alcohol en sangre, pues, fue éste el que no informo de su consumo ni tampoco solicito el acceso a los tratamientos y a la asistencia necesaria tal como era su carga conforme al compromiso que asumió frente a su empleadora al suscribir la declaración jurada referida.
Entiendo por ende, que el trabajador, ha incumplido aquí con una obligación esencial resultante del contrato de trabajo, cual es la de ajustar su conducta a lo que es propio de un buen trabajador tal como se lo impone el art. 63 de la LCT, norma que fija el deber de las partes de este contrato de conducirse con buena fe. El operario, con su conducta de consumir alcohol y dar positivo al test de alcoholemia llevado a cabo en la jornada de trabajo del día 25 de Diciembre de 2.016, adopto un comportamiento que no solo puso en riesgo su persona sino la de terceros y los bienes de su empleadora. Era su obligación concurrir a su trabajo en condiciones psicofísicas óptimas en consonancia a las tareas laborales que desarrollaba y ello conllevaba a no consumir alcohol en forma previa al inicio de su jornada.
La actitud de José Alberto Zocco como se dijo, importó la transgresión a sus obligaciones esenciales y ello es motivo suficiente para justificar la decisión rupturista de su empleadora, pues su entidad, importó imposibilitar la continuidad de la relación laboral (arts. 62 y 63 LCT). En atención a todas las circunstancias valoradas, entiendo que en el caso, ha cedido el principio de conservación del empleo (arts. 10, 242, 243 y ccs. LCT).- Por lo expuesto, juzgo que el agravio en tratamiento debe prosperar declarando justificado el despido del actor y declarando abstracto el tratamiento del agravio contenido en el punto 5) del memorial bajo el título “En respecto a los rubros”, ello por la forma en la que decide.-
Que en cuanto al agravio relativo a las costas, entiendo que el mismo no puede ser aceptado en tanto el actor, pudo creerse con derecho a accionar como lo hizo y pudo haber requerido el tratamiento de rehabilitación y asistencia en cuanto a su bienestar de salud. Es por eso que considero que las costas deben ser soportadas en el orden causado (art. 68 CPCC).-
A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Griselda Bard dijo:
VI. Que coincido con el análisis de los agravios que formula el primer votante, en cuanto a que la causal de despido se encuentra debidamente justificada.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernández dijo:
VII. En función de lo expresado propongo que se dicte el siguiente pronunciamiento: 1º) Admitir el primer agravio formulado por la parte demandada. 2º) Revocar el punto 1) de la sentencia obrante a PE 1449355-2024 inscripta al Tº XV Rº 16 Fº 116/128, teniendo por justificado el despido 3°) Desestimar el restante agravio 4º) Imponer las costas en el orden causado (art. 68 C.P.C.). 5º) Diferir la regulación de honorarios profesionales del Dr. Luis Orlando Corvalan y de la Dras. Pamela Fernandez y Rosa Razuri hasta tanto se encuentren determinados los de la instancia de grado (art. 24 de ley 3330). 6º) Registrar, notificar y oportunamente devolver a la instancia de grado.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Griselda Bard dijo:
Por ello se dicta la siguiente sentencia Caleta Olivia, 04 de Diciembre de dos mil veinticuatro
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial
2. Revocar el punto 1) de la sentencia obrante a PE 1449355-2024 inscripta al Tº XV Rº 16 Fº 116/128 teniendo por justificado el despido.-
5. Diferir la regulación de los honorarios profesionales del Dr. Luis Orlando Corvalan y de la Dras. Pamela Fernandez y Rosa Razuri hasta tanto se encuentren determinados los de la instancia de grado (art. 24 de ley 3330).
6. Registrar, notificar y oportunamente devolver a la instancia de grado. El Dr. Humberto Eduardo Monelos no suscribe la presente por no existir disidencia entre los abajo firmantes.- Fdo. Griselda I. Bard- Jueza de Cámara; Horacio Fernández- Juez de Cámara; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara.-
Protocolización: A201052S.241 Tomo: CI Sentencia: 3092 Folio Nº: 163/168 Secretaria: 1
Fin de la sentencia