Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 46.427-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las Resoluciones Nros. 15/2016 y 16/2016, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional: a) Por la primera y segunda etapa procesal, en la suma de $ 3880 por la representación procesal y $9700 por el patrocinio letrado, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
B) Por la tercera etapa procesal, en la suma de $10.252 equivalente a 0,99 UMA por la representación procesal y de $25.629, equivalente a 2,46 UMAS por el patrocinio letrado, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes, conforme lo dispuesto por la ley 27.423.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe firma conjunta Número: IF-2022-126447990-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 23 de Noviembre de 2022
En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación), para dictar sentencia en el Expte. N°46.427-I caratulado “ Zucchi Jorge Alberto y Mesa María Olinda s/ apelación”, La Dra. O´Donnell dijo:
I. Jorge Alberto Zucchi y Maria Olinda Mesa interponen el recurso de apelación que prevé el art 76, inc. b) de la ley 11.683 contra las Resoluciones Nros. 15/2016 y 16/2016 dictadas el 29 de enero de 2016 por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mercedes de la Administración Federal de Ingresos Públicos en las que se estableció su responsabilidad personal y solidaria por las obligaciones determinadas a Rowel S.A. en concepto de impuesto al valor agregado por los periodos 5/2012 a 10/2012 y se los intimó a ingresar la suma de $78.626,44, más intereses resarcitorios (conf. art. 37, ley).
En su presentación en esta instancia, los recurrentes invocan la violación de garantías constitucionales y plantean la nulidad de las Resoluciones por no haberse hecho lugar a la prueba informativa ofrecida en la instancia administrativa, así como también haberse valorado de manera ilógica la documental aportada. Manifiestan que no se les puede imputar la responsabilidad por una deuda ajena, ya que ello atenta contra su seguridad jurídica. Mencionan también a continuación que “es la acusación la que debe probar el hecho”, extremo que entienden no se concretó. Además, infieren que es el Fisco Nacional el que tiene la potestad de recabar la información necesaria de los contribuyentes.
Entienden así que si la prueba informativa producida en la instancia anterior hubiera sido analizada, el juez administrativo habría constatado que ninguno de los dos pertenecía más a los organismos de dirección de Rowel S.A. y agregan que la falta de denuncia del nuevo presidente, el Sr. Rea, no les es imputable. Siguen diciendo que el control de las sociedades está a cargo del organismo fiscal y no de quienes ya no forman parte de ellas. Afirman que la responsabilidad imputada no está fundada en los arts. 6°, inc. d), y 8° inc. a) de la ley 11.683, sino solamente en elementos probatorios que carecen de fuerza.
Según afirman, la responsabilidad debe ser atribuida al Sr. Rea y/o al Sr. Benavidez por los cargos de presidente y director suplente, respectivamente, ejercidos en Rowel S.A., y al no haberse redargüido de falsedad las actas donde se asignaron tales cargos, no se los puede eximir de su responsabilidad.
En cuanto al uso de la clave fiscal de la Sra. Mesa con posterioridad a su cese como directiva de Rowel S.A. explican que fue solamente para evitar que la empresa dejara de funcionar y/o incumpliera con las obligaciones tributarias a su cargo.
En definitiva, sostienen que el juez administrativo no probó que en los períodos comprendidos en la determinación de deuda a Rowel S.A. hubiesen sido ellos los administradores, sino que eran solamente sus accionistas.
Finalmente, ofrecen prueba y solicitan que se revoquen las Resoluciones, con costas.
A fs. 114 la representación fiscal contesta el traslado de los recursos, solicitando que se rechace el recurso, también con costas.
II. A fs. 133 se abre la causa a prueba y se hace lugar a la informativa dirigida a la Inspección General de IV. Justicia y al Registro de la Propiedad Inmueble de La Plata, obrando sus resultados a fs.142/143 y 145/157. A fs. 160 se cierra el período probatorio y se elevan los autos a consideración de la Sala; por último, a fs. 163 se ponen autos para alegar, solamente haciendo uso de su derecho el Fisco Nacional en el escrito agregado a fs. 170/171. A fs. 173 quedan los autos en estado de dictar sentencia.
III. Corresponde referirse, en primer término, a la defensa de nulidad opuesta por los recurrentes por supuestos vicios en las Resoluciones, en particular al no haberse hecho lugar a la prueba informativa ofrecida con el objeto que la Inspección General de Justicia informara la inscripción de la designación de los integrantes del directorio en el año 2009, los Sres. Rea y Benavidez. Además, acusan nulidad por haberse valorado de manera ilógica la prueba documental aportada con la que habrían demostrado su falta de injerencia en la administración y gestión de Rowel S.A.
El planteo, por una y otra razón, debe ser rechazado. En primer término, porque no fue motivo de controversia si los Sres. Rea y Benavidez habían sido designados formalmente como Presidente y director suplente de Rowel S.A., respectivamente; lo que el Fisco Nacional cuestionó, en cambio, fue que realmente fueran ellos los que tomaran las decisiones de administración y gestión propias del cargo. Ello, justifica la decisión del juez administrativo de rechazar la prueba ofrecida en la instancia administrativa, la que, de cualquier manera fue admitida ante este Tribunal al disponer el entonces Vocal Instructor la apertura a prueba en este Expediente. Por el mismo motivo, no se advierte nulidad en la valoración de la prueba documental aportada en dicha sede, a lo sumo la discrepancia de los recurrentes con lo que pueda desprenderse de ella, que será valorada en la decisión a adoptarse en esta instancia. Pero el simple desacuerdo no es motivo suficiente para declarar la nulidad de un acto. Asimismo, cabe recordar que la nulidad no puede invocarse en forma abstracta, sino que es indispensable acreditar la existencia de afectación en algún derecho de quien la pide y un perjuicio concreto, requisitos que en el caso no se han invocado, menos aún acreditado.
Por ello, corresponde desestimar la defensa opuesta, sin costas (Fallos 336:70, “Bolland”).
IV. Corresponde decidir entonces si las Resoluciones recurridas se ajustan a derecho.
La deuda que se le reclama a los recurrentes tiene su origen en la fiscalización llevada cabo a Rowel S.A, en la cual se detectaron diferencias en el impuesto al valor agregado declarado en los periodos fiscales 5/2012 a 10/2012, como resultado de las verificaciones en la base de datos del organismo (Citi Compras). Ante la falta de conformidad con los ajustes por parte de Rowel S.A. se determinó de oficio su obligación en la Resolución N°110/2012 (DV RRMR), notificada el 4 de julio de 2014, que no fue recurrida, por lo que se dio inicio al procedimiento de determinación de oficio en cabeza del Sr. Zucchi y de la Sra. Mesa, en carácter de responsables solidarios.
Los recurrentes sostuvieron que en dichos períodos ellos no habían ejercidos los cargos ya que el Presidente era el Sr. Rubén Darío Rea, y el Sr. Damián Gastón Benavidez su Director suplente, pero que la Sra. Mesa mantuvo el uso de la clave fiscal por sugerencia de su asesor impositivo y para no entorpecer el funcionamiento de Rowel S.A. hasta la inscripción de los nuevos integrantes en la Inspección General de Justicia y, de ese modo, se siguieran cumpliendo a través de esa clave las obligaciones fiscales.
No se encuentra en discusión que Rowel S.A. presentó las declaraciones juradas del gravamen de los períodos fiscales aquí discutidos, que obran en copia a fs. 44/77; la determinación de oficio fue por diferencias encontradas en tales declaraciones.
Tales manifestaciones carecen de credibilidad si se tiene en cuenta que Rowel S.A., según la información agregada a las act. adm. (fs. 1/43, Cpo. Invest.) en el año 2006 se inscribió para ejercer la actividad de fabricación de aberturas y estructuras de madera para la construcción. En el año 2012, que es el período fiscal que aquí interesa, no tenía propiedades, sí tenía una cuenta en el Banco Provincia de Buenos Aires en cotitularidad con el Sr. Ruben Dario Rea, con acreditaciones tanto en dicho período como en el anterior 2011.
No está en discusión que el Sr. Zucchi y la Sra. Mesa eran sus accionistas desde el año 2007 hasta el 2010 con participaciones iguales, quienes a esa fecha sí tenían propiedades inmuebles, automóviles y cuentas bancarias siempre según la información obrante en las actuaciones administrativas extraídas de los propios sistemas de la Administración Tributaria. Además, los recurrentes adjuntaron como prueba documental a este Expediente copia del contrato de comodato suscripto el 1° de febrero de 2011 por el Sr. Zucchi con el Sr. Rea como Presidente de Rowel S.A. en el que el primero le cede el uso gratuito de un extenso listado de máquinas industriales que allí se detallan de su exclusiva propiedad que estaban en la planta industrial de Rowel S.A. También le cede en forma gratuita el uso del inmueble para desarrollar la actividad (fs. 43/55).
De ello se sigue que a esa fecha los principales activos de Rowel S.A., la planta industrial y las maquinas, estaban a nombre de sus dos accionistas.
Surge de las actuaciones administrativas algunas de las facturas de Rowel S.A. fueron emitidas con la leyenda Chichin “Permisivo de Rowel S.A.” a continuación (fs. 85/89, Cpo. IVA). Asimismo, “Aberturas Chichin” es el nombre del cartel que el personal de la fiscalización encontró en la puerta de acceso al domicilio de Rowel S.A. - aunque no fue atendido por nadie- y corresponde a la denominación comercial de la firma Kurmas S.A., otra empresa dedicada a la misma actividad de fabricación de aberturas que tiene el domicilio en el mismo lugar que Rowel S.A. El representante de dicha firma es el Sr. Damián Gastón Benavidez, quien hasta octubre de 2012 figuró en la nómina de empleados de Rowel S.A. (fs. 11 del Cpo IVA ant. adm.).
A su vez, el Sr. Benavídez era cotitular de la cuenta bancaria de Kurmas S.A. (fs. 15). Además del Sr. Benavidez, figuraba como socio de Kurmas S.A., el Sr. Rubén Darío Rea.
Según la información obrante a fs. 63/67 (Cpo. Resp. Sol.), el Sr. Rea fue empleado en relación de dependencia de la Sra. Mesa desde el 1/2007 hasta el 2/2011, luego de Rowel S.A. hasta el 10/2012 y luego, ya se dijo, de Kurmas S.A., con remuneraciones cuyo monto no corresponden a las del ejercicio del cargo de Director. En definitiva, quienes revestían como directivos de Rowel S.A. en el período fiscal 2012 comprendido en las Resoluciones recurridos eran empleados de dicha firma, en el caso del Sr. Benavidez, y de otra firma con domicilio en el mismo lugar y dedicada a la misma actividad, Kurmas S.A., en el caso del Sr. Rea. Eran, en ambos casos, eran empleados de los accionistas, los aquí recurrentes, los Sres. Zucchi y Mesa.
Por otro lado, a fs. 57 del Cpo. IVA obra el acta labrada por la fiscalización en el domicilio del Sr. Rea, donde el personal fue atendido por su cónyuge quien manifestó “…que su esposo había sido empleado de la firma Rowel S.A. y que en determinado momento con promesas de recibir una vivienda o un auto y dinero en efectivo, le habían propuesto figurar como socio de la mencionada sociedad juntamente con el Sr. Benavidez, que las promesas no habían sido cumplidas, iniciando en consecuencia juicio laboral, que ya no tenía contacto con los integrantes de la firma pero tenía conocimiento que mantenían el mismo domicilio fiscal en la calle Dr. Vera 134 de Moreno, aclara asimismo que habría firmado documentación de la firma Kurmas S.A.” .
En una nueva visita, la que obra en el acta de fs. 59, el Sr. Rea “…manifiesta que ratifica en su totalidad las manifestaciones emitidas por su cónyuge, expresando asimismo que las personas que seguían al frente de la fábrica de aberturas, eran los responsables originales de Rowel S.A.”, es decir, él mismo reconoce que integró el directorio por razones de necesidad económica.
Además, como consta a fs. 70, al concurrir al domicilio del Sr. Benavidez se verificó que era la casa de su hermano, quien manifestó que Damián Gastón Benavidez atravesaba junto a su familia una situación económica límite (situación de calle, sic) y que había aceptado figurar como “socio” de Kurmas S.A. a cambio de una vivienda en el predio de la fábrica ejerciendo la tarea de sereno del lugar.
Resulta claro, entonces, que los aquí recurrentes se aprovecharon de la precaria situación económica de los Sres. Rea y Benavidez y que los supuestos representantes de la sociedad, quienes aparecían formalmente ejerciendo los cargos, eran, en realidad, sus prestanombres, que aparecieron como representantes formales de una sociedad que no administraron ni gestionaron, y firmaron contratos de comodato de activos, máquinas y la planta industrial, sin que por otro lado los recurrentes, como accionistas, hayan acreditado haber abonado a sus supuestos directivos honorarios por dichas gestiones, lo cual deja sin sustento sus explicaciones y confirma que son inverosímiles. Las tareas de fiscalización dan clara cuenta que los aquí recurrentes fueron quienes administraron y tomaron decisiones en nombre de Rowel S.A. que es, precisamente, lo que determina su responsabilidad personal y solidaria de acuerdo a lo previsto en el art. 6° y también el art. 8°, inc. a) de la ley 11.683. Fueron ellos quienes tuvieron el uso de la clave fiscal, prueba de lo cual es que las declaraciones juradas de Rowel S.A. impugnadas por inexactas fueron presentadas por la Sra. Mesa, y fueron ellos también los que tuvieron la disposición de los fondos a través del uso de la cuenta bancaria.
Resulta aquí de aplicación la doctrina establecida por la Cámara que ejerce de alzada de este Tribunal en el fallo “De Llano Pablo Enrique” sentencia del 23 de octubre de 2009, en donde con referencia a la responsabilidad que prevén los arts. 6, inc. d), y 8, inc. a), de la ley 11.683, dijo: “…esta especie de responsabilidad -solidaria- por deuda ajena debe ser establecida por medio de ley. Ahora bien, ello no implica que, frente a un caso concreto, cuyos hechos y circunstancias no encuadren estrictamente en el presupuesto de hecho de la norma, pero en esencia justifiquen su aplicación, no se pueda aplicar las consecuencias allí previstas.”… “Que a la luz de todo lo hasta aquí expuesto no aparece como irrazonable que, por aplicación del principio de realidad económica anteriormente expuesto a una situación de hecho como la planteada en el caso, de encontrarse debidamente acreditado que el actor ejerciere efectivamente las funciones de administrador de la Sociedad Anónima involucrada, se lo considere responsable solidario en los términos de los arts. 6, inc. d), y 8, inc. a) de la ley 11.683 (t.o 1998 y sus modif.) aún sin estar designado de acuerdo a lo dispuesto en el art. 255 de la Ley de Sociedades Comerciales; sin que ello implique extender por analogía el supuesto de responsabilidad previsto en la norma al caso, pues en autos su aplicación -de encontrarse, como ya se dijo, efectivamente acreditada la circunstancia antes mencionada- no constituiría más que la aplicación del instituto de la realidad de los hechos”.
Dicha doctrina resulta de aplicación en el caso, en el que, como ya se dijo, resulta evidente que los recurrentes, dueños de Rowel S.A. designaron a empleados de sus propias empresas en los cargos societarios a cambio de promesas de dinero y vivienda debido a su condición de vulnerabilidad, tal lo que demuestran los testimonios recabados de sus familiares ante la fiscalización, al sólo efecto de sustraerse de su responsabilidad personal por las deudas fiscales de dicha empresa. Pero fueron ellos quienes ejercieron real y efectivamente la representación de la empresa y tuvieron a su cargo las decisiones en el manejo de los fondos, que es lo que interesa, en la recta aplicación del art. 8°, inc. a) de la ley 11.683.
A una conclusión similar arribó la Corte Suprema de Justicia de la Nación al fallar en “Paramio, Claudio”, sentencia del 11 de diciembre de 2014.
Por todo lo expuesto corresponde confirmar las Resoluciones Nros. 15/2016 y 16/2016, tanto en cuanto al capital como los intereses intimados en ellas, por aplicación del art. 37 de la ley 11.683, con costas. El Dr. Martín y la Dra. Gómez dijeron:
Que adhieren al voto precedente.
Por ello,
1. Confirmar las Resoluciones Nros. 15/2016 y 16/2016, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional: a) Por la primera y segunda etapa procesal, en la suma de $ 3880 por la representación procesal y $9700 por el patrocinio letrado, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
b) Por la tercera etapa procesal, en la suma de $10.252 equivalente a 0,99 UMA por la representación procesal y de $25.629, equivalente a 2,46 UMAS por el patrocinio letrado, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes, conforme lo dispuesto por la ley 27.423.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2022.11.23 15:45:29 -03:00 Date: 2022.11.23 16:25:59 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.11.23 16:42:18 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.11.23 16:42:19 -03:00
Fin de la sentencia