Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa Z-1.951/14-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la demandada a fs. 982/1002.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: Z-1.951/14-TSJ Interlocutorio N°: 380.-
Actor: ZUÑIGA JUAN DAVID Demandado: HORACIO ARENAS S.A.C.A.I Objeto: LABORAL Fecha: 3-6-16 Texto: TOMO VIII -OTROS RECURSOS- T.S.J..-
REGISTRO Nº 380 FOLIO Nº 1438/1441 PROT. ELECT. TSS1 012 O.161
Río Gallegos, 03 de junio de 2016
Los presentes autos caratulados: “ZÚÑIGA, JUAN DAVID C/ HORACIO ARENA S.A.C.A.I. S/ LABORAL”, Expte. Nº Z-22766/09 (Z-1951/14-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia en virtud del recurso extraordinario federal que articulara la demandada, por intermedio de su apoderado, a fs. 982/1002, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, contra la sentencia dictada por este Alto Cuerpo a fs. 970/978 vta., la que hace lugar al recurso de casación interpuesto por el actor a fs. 851/859.-
La sentencia atacada consideró procedente al recurso de casación de la parte actora y compuso positivamente la litis, haciendo lugar en forma parcial a la demanda.-
II. El recurrente suscita la instancia extraordinaria nacional alegando arbitrariedad; violación de la ley; violación de las garantías de defensa en juicio y debido proceso; y gravedad institucional (conf. fs. 988/991). Argumenta que el Tribunal se adentró en cuestiones que le estaban vedadas, como lo es el reexamen de las pruebas (conf. fs. 991 vta.). Sostiene que este Tribunal equivocadamente resuelve el tema del despido (conf. fs. 992). Plantea que el actor fue despedido por abandono de trabajo ante su negativa reiterada de presentarse a cumplir tareas (conf. fs. cit.). Afirma que este Alto Cuerpo sólo tuvo en cuenta los dichos de Zúñiga en lo atinente a la causal del distracto y que tal circunstancia “...tiñe de absoluta arbitrariedad...” la resolución recurrida (cfr. fs. cit.).
Añade que el actor le remitió una comunicación, que habría recibido el 6 de enero de 2009, por la cual le “...manifestaba haber iniciado un juicio, no identifica el juzgado ni la secretaría supuestamente intervinientes y mucho menos el número del expediente o su carátula completa...” (cfr. fs. 992/993); y agrega que: “Obviamente que esa comunicación no es una notificación de que algún Juez había decretado una medida cautelar, mucho menos podía ser tomada como seria en los términos y circunstancias en que la realizó. Y si nos atenemos al texto, la misma habría sido interpuesta el día 5 de enero de 2.009, esto es dieciocho (18) días después de la fecha en que debería haber retomado sus funciones.
Muestra clara que mucho interés en que se le restablecieran las supuestas condiciones de trabajo no tenía, y sí en todo caso de que se disolviera la relación laboral. Algo que en su análisis omite el tribunal” (cfr. fs. 993). Plantea que la sentencia impugnada “...sólo encuentra apoyo en los dichos de Zúñiga. Arbitrariedad manifiesta, ya que la prueba y los hechos ocurridos nos dicen lo contrario” (cfr. fs. 994). Afirma que se ha omitido aplicar la normativa vigente, en particular hace referencia al artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. fs. 994 y vta.). Dice que al actor sólo se le cambió el lugar de trabajo y que la empresa ejerció legítimamente el ius variandi (conf. 994 vta/995).
Asevera que no hay ni una sola prueba del perjuicio que le hubiera ocasionado al actor el cambio del lugar de trabajo (conf. fs. 997 vta.). Argumenta que tampoco es cierto que la intimación del artículo 244 LCT no pueda ser inferior a dos días hábiles (conf. fs. 998 vta.). Además, sobre este punto, se pregunta: “…qué diferencia hay entre un día o dos si el actor tenía intención de reincorporarse…” (cfr. fs. 999 vta.). Manifiesta que: “La resolución recurrida afecta el Derecho de Defensa de mi parte y como consecuencia se ve cercenado su derecho de propiedad” (cfr. fs. 999). Entiende que el despido del actor fue justificado pues la conducta de este habría afectado intereses legítimos de la demandada tanto en el orden patrimonial como moral (conf. fs. 1000).
Expresa que la violación legal en que habría incurrido la sentencia atacada excede el interés individual de las partes y conlleva un claro supuesto de gravedad institucional (conf. fs. 990 vta./991). Finalmente, solicita que se conceda el recurso extraordinario y se eleven los autos al más alto tribunal (conf. fs. 1001 vta.).- La parte actora por medio de su apoderado a fs. 1004/1011 contesta el traslado del recurso conferido a fs. 1003. Allí expresa que el recurrente introdujo extemporáneamente el caso federal (conf. fs. 1004 vta.): que no existe cuestión federal en autos (conf. fs. 1006); que las normas por cuya aplicación se agravia el apelante son de derecho común y por lo tanto estima que se encuentran excluidas del recurso extraordinario federal (conf. fs. 1008); y que no se presenta un supuesto de gravedad institucional (conf. fs. 1009).
También manifiesta que: “El primer agravio del demandado parece ser el de que el Excmo. Tribunal Superior se habría adentrado 'en cuestiones que incluso le estaban vedadas, como lo son las de reexaminar las pruebas'. Este 'agravio', en realidad no es tal, y de hecho, ni una línea le ha dedicado el recurrente para fundamentar lo que dice” (cfr. fs. cit.). Sostiene que los planteos del actor “…no pasan de una simple queja, una disconformidad con lo resuelto que ni siquiera habilita la revisión ordinaria en segunda instancia, y mucho menos, un REF” (cfr. fs. 1010). Aduce que el despido del trabajador fue injustificado; que el recurrente no acredita los requisitos exigidos por el artículo 244 LCT.
Asegura que es falsa la afirmación del apelante en relación lo tocante a que el Sr. Zúñiga no tenía intensión de reincorporarse a trabajar (conf. fs. cit.). Plantea que, en el contexto de la causa, el despido del actor debe considerarse como desproporcionado (conf. fs. 1011). Por último, solicita se deniegue la concesión del recurso interpuesto (conf. fs. cit.).- A fs. 1013, se ordena correr vista al Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo quien dictamina a fs. 1014/1015. Allí expresa - sobre la base de los argumentos que esgrime y a los cuales nos remitimos brevitatis causae - que debe declararse inadmisible el recurso impetrado.-
Que a fs. 1016 pasan los presentes autos al Acuerdo.-
III. Que corresponde entonces que este Tribunal verifique si se cumplen los requisitos de admisibilidad formales y sustanciales del recurso articulado por la parte demandada, tal y como lo dispone el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; los artículos 14 y 15 de la Ley Nº 48; y las Acordadas dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Nº 4/2007 (integrada por la Acordada Nº 3/2012), 31/2011 y 38/2011 (conf. TSJ Santa Cruz, Tomo VII, Otros Recursos, Reg. 351, Folio 1331/1335).- En ese orden, lo primero que se debe destacar es que el presente recurso se articuló ante este Tribunal Superior, dentro del plazo procesal y por quien tiene capacidad para recurrir, por lo que el recaudo exigido por el artículo 257 de CPC y C de la Nación se encuentra íntegramente cumplido.-
En segundo término, se observa que el recurrente dió cumplimiento con lo dispuesto en la Acordada Nº 38/2011 al presentar el recurso deducido en formato de hoja A 4.-
Continuando con la revisión de las formalidades que atañen a la materia, corresponde entonces, su análisis a la luz de las previsiones de la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 2º de la Acordada N° 3/2012 y el punto 2° de la Acordada 31/2011, que regula los requisitos que debe cumplir el escrito de interposición de un recurso extraordinario federal.-
En este análisis se constata que la presentación no supera las 40 páginas, cada página no sobrepasa los 26 renglones y ha sido escrita con letra claramente legible (art. 1). Cuenta, asimismo, con la carátula en hoja aparte con las exigencias establecidas en el artículo 2º de la norma mencionada.-
Asimismo, se advierte que el recurrente constituyó domicilio en la Capital Federal (conf. artículo 2º, inciso d) de la Acordada Nº 4/2007) y que consignó el código de usuario contemplado en la Acordada 31/2011, el cual resulta obligatorio en virtud de lo dispuesto por el artículo 4º de la Acordada Nº 3/2012.-
Analizando los recaudos exigidos por el articulo 3º de la Acordada 4/2007 y en particular por el inciso a), observamos que la resolución recurrida, tiene el carácter de sentencia definitiva en los términos que exigen el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y la jurisprudencia del Máximo Tribunal elaborada en la materia. Fue dictada por el máximo Tribunal de la Provincia y se agotaron las instancias revisoras locales.-
Es criterio sentado en la materia que la procedencia del recurso extraordinario requiere que la decisión apelada revista el carácter de sentencia definitiva, entendiéndose por tal aquella que pone fin al pleito o hace imposible su continuación, como así también las que causan un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior, siempre que priven al interesado de otros medios legales para obtener la tutela de sus derechos o impidan el replanteo de la cuestión en otro juicio (conf. sum. Fallos: 303:633).- En consecuencia, en el presente el recaudo en examen se encuentra debidamente cumplimentado.-
Con respecto a las restantes exigencias establecidas en el artículo 3º de la Acordada 4/2007, el escrito recursivo no consigue satisfacer las mencionadas en los incisos b), c), d) y e) del citado artículo.-
El recaudo del inciso b) del artículo 3º implica que el relato de los hechos, debe ser dividido en las distintas etapas procesales por los cuales discurrió (demanda, contestación de demanda, sentencias, agravios) y en cada una de ellas se deberá precisar la vinculación existente con la cuestión constitucional y convencional planteada (cfr. Gil Domínguez Andrés, “Técnica Jurídica del Recurso Extraordinario y del Recurso de Queja” Ed. Edial, Página 107). Presupuesto que no cumple el demandado.- Asimismo, el recurrente no logra demostrar cuál es el perjuicio constitucional personal, concreto, actual y no derivado de su propia actuación que el pronunciamiento impugnado le ocasiona, sino que sólo se limita a mencionar una serie de derechos que emanan de la Carta Magna y que, dice, han sido menoscabados (conf. art. 3º inc. c), de la Acordada 4/2007).-
Un capítulo aparte deberemos dedicar a la inobservancia del artículo 3º incisos d) y e) de la Acordada 4/2007 y 14 de la Ley 48. Para la admisibilidad del recurso extraordinario se exige que se haya debatido en el pleito una cuestión Federal (conf. Fallos 306:1740, 307:129).-
Seguidamente se procederá a su tratamiento a la luz de la doctrina sentada por el Cimero Tribunal Nacional (conf. autos: “Reynoso, Edgardo R. c. Borzi, Celia T.”, publicado en E.D. 126- 170 y 171) y por este Alto Cuerpo (conf. Tomo I, Otros Recursos, Reg. 34, Folio 100/103, entre otros), en cuanto obliga a resolver circunstanciadamente, por el Tribunal Superior de la causa, si el recurso cuenta, respecto de cada uno de los agravios que la originan, con fundamentación suficiente para dar sustento a la cuestión federal que se invoca (conf. Tomo VII, Otros Recursos, Reg. 369, Folio 1397/1401).- Así las cosas, la admisibilidad del recurso extraordinario requiere que el caso llevado a los estrados de la Corte Suprema sea uno de los previstos en los tres incisos del artículo 14 de la Ley 48. Es decir, la materia de dicha impugnación recursiva debe contener lo que se conoce como cuestión federal. Según la doctrina la cuestión federal es aquella que versa sobre la interpretación de normas o de actos federales de autoridades de la Nación, o acerca de los conflictos entre la Constitución Nacional y otras normas o actos de autoridades nacionales o locales (conf. Carlos R. Tribiño “El Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema”, Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, pág. 104).- La parte demandada funda el presente recurso extraordinario en el artículo 14º de la ley 48 sin especificar en cuál de sus incisos y sin indicar adecuadamente de qué forma fueron vulneradas las normas que considera infringidas (conf. fs. 983).-
En este sentido, es preciso aclarar que en este proceso no se resolvió en contra de la validez de una cláusula de la Constitución Nacional o de una ley del Congreso (art. 14º, inc. 1 de la Ley 48), no se declaró la validez de una Ley Provincial que fuese repugnante a la Constitución Nacional, Tratados o Leyes del Congreso (art. 14º, inc. 2 de la Ley 48), ni tampoco se resolvió en contra de la validez de un título, derecho, privilegio o exención fundado en una cláusula de la Constitución Nacional, de un Tratado o Ley del Congreso (art. 14º, inc. 3 de la Ley 48).- Esto es así ya que en el sub lite se resolvió, en definitiva, y en atención a las probanzas obrantes en autos, si se había configurado el distracto laboral por la causal del abandono/renuncia que regula el artículo 244 LCT o si el despido del Sr. Zúñiga fue incausado. Este Alto Tribunal entendió que nos encontrábamos ante el segundo supuesto, sin que para llegar a tal conclusión se haya debatido en el pleito ninguna cuestión federal, lo que hace inadmisible el recurso extraordinario.- En ese orden, tampoco se advierte en el escrito “la refutación de todos y cada uno de los fundamentos independientes que den sustento a la decisión apelada en relación con las cuestiones federales planteadas” (cfr. Acordada 4/2007, inciso d) del art. 3º), como así tampoco la “fundamentación autónoma” a que se refiere el artículo 15º de la Ley Nº 48 pues, según esta exigencia la presentación recursiva debe contener una crítica prolija del fallo impugnado, de modo tal que el recurrente debe rebatir todos los argumentos en que se apoya el tribunal para arribar a las conclusiones que lo agravian (conf. sum. Fallos: 308:2421). No se cumple con este recaudo cuando, como sucede en el recurso en estudio, los agravios vertidos no constituyen una crítica concreta y razonada de los argumentos en los que se apoya la sentencia (conf. sum. Fallos: 311:499 y 331:809).- Por último, no se advierte “la demostración de que media una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso, y de que la decisión impugnada es contraria al derecho invocado por el apelante con fundamento en aquéllas” (cfr. Acordada 4/2007, inciso e), art. 3º).-
Esto se sigue -como se observó más arriba- de la inexistencia de cuestión federal (conf. art. 14º de la Ley Nº 48), pues tales conceptos -cuestión federal y relación directa- no pueden concebirse, para el análisis de la admisibilidad, el uno sin el otro, ya que el recurso extraordinario nace frente a una cuestión federal (conf. Palacio de Caeiro, Silvia B., Recurso Extraordinario Federal, 2º Ed. Bs. As., La Ley 2012. págs. 431/432) (conf. TSJ Santa Cruz, Tomo VII, Otros Recursos, Reg. 362, Folio 1365/1368).-
IV. Que con respecto del otro carril por el que pretende encauzar el recurrente su recurso, debe recordarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación excepcional y no puede pretenderse, por su intermedio, la revisión de cuestiones no federales cuya solución es del resorte exclusivo de los jueces de la causa, si es que no se demuestran groseras deficiencias lógicas de razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo que impidan considerar el pronunciamiento de los jueces como la ‘sentencia fundada en ley’ a que hacen referencia los artículos 17º y 18º de la Constitución Federal (Fallo 325:3265 y sus citas).- Conteste con lo señalado ut supra, en materia de sentencias arbitrarias ha establecido reiteradamente que ella no tiene por objeto la corrección en tercera instancia de decisiones que a criterio de los recurrentes se estimen equivocadas (conf. sum.
Fallos 245:327), sino que, por el contrario, está dirigida a la revisión de los pronunciamientos en los que se advierta la inexistencia de las calidades mínimas para que el acto impugnado constituya una sentencia judicial (conf. sum. Fallos 237:74). Su finalidad es resguardar las garantías de defensa en juicio y debido proceso, exigiendo que los pronunciamientos de los jueces sean fundados y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (conf. sum. Fallos: 261:209 y 279:355).- Asimismo, no puede prosperar la arbitrariedad que se le enrostra a sentencia de marras, toda vez que no se observan en el pronunciamiento impugnado ninguno de los presupuestos que la configuran.
Sobre la materia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que “…no ha logrado demostrar la arbitrariedad de la sentencia ya que sólo se desprende del recurso una exposición reiteradas de meras discrepancias con los argumentos y fundamentos dados en el decisorio todo ellos relativos a cuestiones de hecho, prueba y a la interpretación asignada a normas de derecho común…” (cfr. Fallos: 325:2192 del Dictamen del Procurador General que la Corte hace suyo).- En función de lo antedicho y de la lectura del resolutorio atacado, se constata que este Alto Tribunal realizó una interpretación de los elementos probatorios y de la normativa aplicable que no se advierte como arbitraria. Ellos así, pues entendió que no se configuró la justa causa de despido por abandono de trabajo, ya que el actor no tuvo una postura abdicativa ni fue intimado a reincorporarse a sus funciones por un plazo adecuado (conf. art. 244, 245 y cctes.
LCT).- La tacha de arbitrariedad, en consecuencia, cabe sólo frente a desaciertos u omisiones de gravedad extrema, a resulta de los cuales los pronunciamientos no pueden adquirir validez jurisdiccional (cfr. sum. Fallos 311:1950 dictamen del Procurador General que la Corte Suprema comparte; asimismo 323:3139 del Dictamen del Procurador General al que la Corte remite). Ninguna de las circunstancias apuntadas acontece en autos, toda vez que este Tribunal ha explicado las razones jurídicas en las cuales se apoya la decisión, adunándolas con citas doctrinarias y jurisprudenciales que son contestes con el criterio sustentado.-
V. Que, por otro lado, cabe destacar que la alegada violación de garantías y derechos que provienen de manera directa de la Constitución Nacional (arts. 17, 18 y 31 C.N.) (conf. fs. 988 y 989 vta.) constituye una enunciación de principios y normas supuestamente vulnerados que no logran demostrar la configuración de la cuestión federal o la excepcional arbitrariedad en el caso.-
Sobre el particular, la CSJN ha establecido que la sola mención de la afectación de preceptos constitucionales no alcanza para abrir la vía extraordinaria (conf. sum Fallos: 310:2306). No basta la mera invocación, sino que se requiere la demostración plausible de la agresión a un derecho que la Carta Magna resguarda para que pueda prosperar la cuestión federal. De otro modo, la jurisdicción extraordinaria sería indebidamente privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional, aunque esté directa e inmediatamente regido por el derecho no federal (conf. sum Fallos: 310:2306).- En este sentido, el Máximo Tribunal de la Nación ha sostenido que “…para descalificar una sentencia por causa de arbitrariedad en el razonamiento legal se debe efectuar un análisis de los defectos lógicos que justifican tan excepcionalísima conclusión. Este no tiene por objeto convertir a la Corte en un tribunal de tercera instancia ordinaria, ni corregir fallos equivocados o que se reputen tales, sino que atiende a cubrir casos de carácter excepcional, en que deficiencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo, impida considerar el pronunciamiento de los jueces del proceso como la ‘sentencia fundada en ley’ a que hacen referencia los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional (conf. doctrina de Fallos: 311:786; 312:608; 314:458; 324:1378, entre muchos otros). Corresponde concluir entonces, que los planteos efectuados resultan inhábiles para alcanzar la apertura del remedio extraordinario federal, toda vez que carecen de debida fundamentación, soslayan los argumentos del resolutorio y sólo consisten en una mera disconformidad con el criterio jurídico aplicado en la solución dada a la causa.-
Por ello, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la demandada a fs. 982/1002.-
Fdo: Dra. Clara Salazar- Presidente, Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal; Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos- Vocal.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1012O.161 Tomo: VIII Interlocutorio: 380.-
Folio N°: 1.438/1441.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia