Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa Z-1.951/14-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el actor a fs. 851/859 y, en consecuencia, casar la sentencia de la Excma. Cámara en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 831/841.-
2Componer positivamente la litis, haciendo lugar a la demanda promovida por el Sr. Juan David Zuñiga en forma parcial, condenando a la demandada Horacio Arena S.A.C.A.I.C, a abonar al actor las sumas que arroje la liquidación a practicarse en la instancia de grado por los rubros y en base a las pautas señaladas en el considerando V y en el término de diez (10) días de quedar firme la misma, eximiendo a la demandada del pago de la multa prevista en el artículo 2 de la ley 25.323.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: Z-1.951/14-TSJ Sentencia N°: 588.-
Actor: ZÚÑIGA JUAN DAVID Demandado: HORACIO ARENA S.A.C.A.I Objeto: LABORAL Fecha: 22-6-15 Texto: TOMO XVII – SENTENCIA – T.S.J..-
REGISTRO Nº 588 FOLIO Nº 3.368/3.376 PROT. ELECT. TSS1 004 S.151
Río Gallegos, 22 de junio de 2015.-
Los presentes autos caratulados: “ZUÑIGA JUAN DAVID C/ HORACIO ARENA S.A.C.A.I s/ LABORAL”, Expte. Nº Z-22.766/09 (Z-1.951/14-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia a fin de dar tratamiento al recurso de casación interpuesto por la actora, a fs. 851/859, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 831/841, por cuanto revoca la sentencia dictada en primera instancia y rechaza la demanda instaurada por el Sr. Juan David Zuñiga, condenándolo en costas en ambas instancias (conf. fs. 841).-
II. Que, sucintamente en lo que interesa en esta etapa, el caso se presenta en los siguientes términos: el Sr. Juan David Zúñiga, por intermedio de sus apoderados, promueve demanda laboral en contra de la firma HORACIO ARENA S.A.C.A.I. solicitando el pago de las indemnización previstas en los artículos 232, 233 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, del artículo 2º de la Ley 25.323, SAC sobre preaviso, SAC 2º Semestre 2008 y los salarios de noviembre y diciembre de 2008 con más intereses, gastos y costas (conf. fs. 3). La demandada, por intermedio de su apoderado, contesta la demanda solicita el rechazo en todas sus partes, con costas (conf. 23). Afirma que el actor fue despedido por abandono de trabajo (conf. fs. 19) e impugna la liquidación practicada por el accionante (conf. fs. 22 y vta.).- La sentencia de primera instancia había hecho lugar -en forma parcial- a la demanda promovida y condena a HORACIO ARENA S.A.C.A.I. a pagar al actor “…la suma que resulte de la liquidación a practicar correspondiente a los siguientes rubros: 1º) Indemnización por despido -art. 245 LCT; 2°) Indemnización Sustitutiva de Preaviso -art. 232 LCT- 3°) Indemnización Mes Integrativo -art. 233 LCT-; 4°) Sueldo Anual Complementario -SAC-s/Preaviso; 5°) SAC 2da. Cuota e (sic) 6°) Indemnización art. 2, ley 25.323, ello con más un interés que se calculará conforme la tasa activa que publica el Banco Nación, desde que cada suma es debida y hasta… su efectivo pago…” (cfr. fs. 495). Asimismo rechaza el reclamo de la actora por falta de pago de los salarios del mes de noviembre y diciembre del año 2008 (conf. fs. cit.).-
III. Que contra la sentencia de Cámara, la parte actora interpone recurso de casación. Allí expone sus agravios. En primer lugar plantea que la sentencia atacada ha incurrido en violación de la ley “… al soslayar la aplicación del art. 244 LCT (abandono de trabajo) para analizar el distracto decidido por la demandada…” (cfr. fs. 852 vta.) Al respecto señala que la Cámara expresó: “… ‘Como proemio cabe señalar respecto al abandono de trabajo como causal del distracto laboral introducida por la demandada en su escrito de responde debe ser desestimada toda vez que por imperio del art. 243 de la L.C.T. rige la invariabilidad de la causa de despido explicitada en la comunicación del distracto… Se constata que la causa del despido fue la reticencia del trabajador a desempeñar sus tareas en el Supermercado Alas III a partir del 17/12/08, cambio de lugar de trabajo que se le comunica mediante carta documento que recibiera el 9/12/08’…” (cfr. fs. cit.) Continúa expresando: “De este modo, la Cámara fija la causal de despido en la inconcurrencia del trabajador a su nuevo lugar de trabajo (o, como dice la sentencia, su ‘reticencia a desempeñar sus tareas’ en la sucursal Alas III) luego de ser intimado, ausencia que, no obstante, a criterio de la Cámara no constituyó abandono de trabajo…” (cfr. fs. cit.).
Afirma que al actor se lo intimó a que se reincorporara a su trabajo bajo apercibimiento de considerarlo incurso en abandono de trabajo; por ende “… la afirmación de la Excma. Cámara de que el distracto no encuadró en el art. 244 LCT es inexacta, y genera graves consecuencias que, paradójicamente, terminan perjudicando al trabajador… a la Alzada parece escapársele que la ‘reticencia a prestar servicios’ constituye un caso típico de abandono de trabajo…” (cfr. fs. 853). Agregan que como consecuencia de no considerar el despido como un caso de abandono de trabajo “… la Cámara omitió analizar, en perjuicio de esta parte, si al adoptar la medida se habían respetado los requisitos propios de la causal regulada por el art. 244 LCT, en particular, el denominado elemento subjetivo...” (cfr. fs. 853 vta.).
Sobre esto último plantea que “... el Excmo. Tribunal Superior expone con toda claridad que el abandono de trabajo consiste en la no concurrencia al lugar de trabajo (justo al revés de lo resuelto por la Cámara en autos, que crea una nueva causal de despido independiente de la del art. 244 LCT), la cual debe estar calificada con el elemento subjetivo, que haga presumir una decisión abdicativa, que no puede inferir-se cuando el trabajador ha dado respuesta a la intimación y ha explicado los motivos de su decisión…” (cfr. fs. 854). Continúan diciendo, al respecto, que: “…El señor Zúñiga explicó repetidas veces a su empleadora, en los sucesivos telegramas, los motivos por los cuales reclamaba la modificación del último cambio de lugar de trabajo, de modo que es imposible hablar… de voluntad de abandonar la relación...” (cfr. fs. cit.).
Considera incorrecta la valoración del plazo de constitución en mora del actor. Señala que, según lo que se desprende del intercambio epistolar, la demandada intimó al Sr. Zúñiga por veinticuatro (24) horas para que se reincorpore a su trabajo. En tal inteligencia expresa que si la Ley de Contrato de Trabajo le otorga al empleador, en todos los casos, un plazo no inferior a dos días hábiles para responder, el trabajador debe contar al menos con un plazo igual; lo contrario implicaría afirmar que la LCT ha otorgado mejores derechos al patrón que al empleado, contradiciendo todos los principios que rigen el Derecho del Trabajo (conf. fs. 854 vta.). Asimismo afirma que el plazo de intimación de 24 horas, a los fines de poner en mora al actor, tampoco se ajusta a la doctrina legal sentada por el Excmo.
Tribunal Superior -Tomo XV, Sentencia, Registro 528, Folios 2962/2968- en los términos del artículo 3º de la Sección 6ª CPC y C lo que habilita la procedencia del recurso de casación, ya que, al dictado de la Sentencia de Cámara, no habían transcurrido tres años desde el dictado del antecedente citado, por lo que -entiende- que ésta constituiría Doctrina Legal obligatoria (conf. fs. 855). Añade que “…El primer apartamiento de la Doctrina Legal resulta de la omisión de la Excma. Cámara de verificar si en el caso se encontraba configurado el elemento subjetivo abandono de trabajo…” (cfr. fs. cit). Es decir, “…la existencia de la intención injustificada del trabajador de no retomar el débito laboral a su cargo…” (cfr. 853 vta.).
Considera que el segundo apartamiento de la Doctrina Legal se refiere al plazo mínimo de la intimación cursada por la demandada, el cual no podría ser inferior a dos días hábiles (conf. fs. 855). Expresa que la sentencia recurrida es autocontradictoria pues afirma y niega a la vez las mismas premisas. Sobre el particular destaca que: “…La demandada intimó al trabajador en los términos del art. 244 LCT, pero lo despidió por otra causal (‘reticencia’), de modo que el despido fue injustificado por no haber existido intimación previa acorde a la causal alegada para él, o La verdadera causal del despido fue el abandono de trabajo y no ‘reticencia’, de modo que la Cámara debió analizar la existencia de los requisitos del art. 244 LCT exigidos por el Excmo.
Tribunal Superior de Justicia como Doctrina Legal obligatoria (plazo no menos a dos días hábiles y existencia del elemento subjetivo). En ambos casos, es evidente que la sentencia recurrida es arbitraria y violenta la normativa vigente. Por ello, pedimos al Excmo. Tribunal Superior declare procedente el Recurso de Casación y haga lugar a la demanda...” (cfr. fs. 855 vta./856). También plantea que la Alzada no valoró adecuadamente la antigüedad del trabajador -diecisiete años- a los efectos de analizar la razonabilidad del despido (conf. fs. 856); ni tampoco tuvo en cuenta el argumento de que al momento del despido del actor, el 6 de enero de 2009, la demandada ya había recibido el telegrama donde le notifican el inicio del procedimiento sumarísimo del artículo 66 LCT (conf. fs. 856 vta.).
Le imputa a la sentencia objeto de recurso que se ha valorado arbitrariamente la prueba, “…De este modo, la Excma. Cámara tiene por no probado el impedimento de ingresar a trabajar aun antes de la fecha prevista para el último cambio, el 17/12/2008. Aquí, la Cámara ignoró la existencia de las exposiciones policiales realizadas por el actor los días 16 y 17 de diciembre de 2008, a las 6.00 am, minutos después de que se le impidiera el ingreso. Estas exposiciones, por su contemporaneidad con los sucesos, revestían mayor importancia que la declaración de los testigos propuestos por cualquiera de las partes. No obstante, la prueba no fue analizada sin argumento alguno...” (cfr. fs. 857 vta.). Aduce que no se aplicó el principio in dubio pro operario, sentado en el artículo 9º LCT que manda a resolver las situaciones dudosas a favor del trabajador, tanto en lo que respecta a la aplicación del derecho como a la valoración de la prueba, es más, se ha realizado una interpretación contra operario (conf. fs. 858 vta.).
Finalmente expresa que la condena en costas a su parte es injustificada y peticiona que se revoque junto con la sentencia de fondo. Mantiene reserva del caso federal (conf. fs. cit).- Que a fs. 951 y vta., obra interlocutorio de este Tribunal Superior de Justicia haciendo lugar al recurso de queja planteado por el actor a fs. 931/940, declarando mal denegado el recurso de casación interpuesto, y poniendo los autos a disposición de las partes en los términos del artículo 8º de la ley 1687, haciendo uso de ese derecho la parte demandada (conf. certificación de fs. 960).-
A fs. 955/959 comparece la demandada, por intermedio de apoderado solicitando el rechazo del recurso de casación en todas sus partes con costas (conf. fs. 955). Dice que los recurrentes invitan a este Alto Cuerpo a introducirse en típicas cuestiones probatorias y que es absurdo el análisis que hacen de la sentencia ya que citan de manera descontextualizada párrafos de la misma (conf. fs. 955 vta.). Agrega que la doctrina legal que citan los apoderados de la actora dista mucho de poder asemejarse a las cuestiones de autos; y que: “…No es cierto que la intimación del art. 244 no pueda ser inferior a dos días hábiles (por aplicación analógica del art. 57 de la LCT, según el actor). El citado artículo 244 refiere a las modalidades del caso, cuestión que ha recepcionado la jurisprudencia en sentido contrario a lo dicho por el actor…” (cfr. fs. cit.).
Afirma que la demandada no ha hecho un ejercicio abusivo del ius variandi, sino que existió una reticencia por parte del actor a cumplir con sus obligaciones (conf. fs. 956). Hace reserva del caso federal (conf. fs. 959).- A fs. 961/964 vta., dictamina el Señor Agente Fiscal por ante este Tribunal, considerando: “… comparto el análisis que han llevado a cabo los Sres Jueces de Cámara respecto de la situación planteada en autos…” (conf. fs. 962 vta.). Sostiene que “…el análisis se centra en verificar si la decisión de la demandada, alteró las condiciones esenciales del contrato, es decir si fue razonable y si causó algún tipo de perjuicio moral o material al trabajador… el cambio de lugar de trabajo, cuando se refiere al traslado del establecimiento, no puede ser discutido por el trabajador a quien sólo le quedaría la posibilidades de alegar que si dicho cambio lo perjudica reclamar el perjuicio que le ocasiona, por lo cual el empleador en forma unilateral puede adoptar la decisión de cambiar de lugar de trabajo al empleado siempre que sea dentro de los límites a los que me referí ut supra y sin causarle ningún tipo de perjuicios al trabajador […] Que tampoco el actor probó cuál fue el daño material que el cambio de lugar de trabajo le provocó, sobretodo considerando que el Alas III, quedaba a 20 cuadras aproximadamente de la anterior sucursal, que se encuentra en el centro donde hay transporte público, por lo cual no se advierte razón que dificulte el acceso a su lugar de trabajo, lo que encuentra mayor sustento si tenemos en cuenta que vivimos en en (sic) una ciudad pequeña donde las distancias son cortas, por lo cual no me resulta excesivo el ejercicio del jus variandi por parte del empleador…” (cfr. fs. 963 vta.).
Culmina diciendo “… Lo hasta aquí expuesto me lleva a concluir que la Sentencia de Cámara, se encuentra ajustada a derecho, no surgiendo de la misma errónea aplicación de la Ley, ni de la doctrina legal vigente como tampoco absurdo en la valoración de la prueba, conforme lo alegara el recurrente, siendo opinión de esta Fiscalía que el recurso de casación interpuesto por el actor no debe proceder…” (cfr. fs. 964 y vta.).- Que, a fs. 968, se llaman autos para dictar sentencia.-
IV. Que antes de ingresar al análisis puntual de las impugna-ciones del recurrente es conveniente efectuar algunas reflexiones.-
“…el derecho laboral tiene un carácter tuitivo para el traba-jador, a fin de contrarrestar la desigualdad entre los contratantes (conf. ACKER-MAN, Mario, TOSCA, Diego y MAZA, Miguel, ‘Los principios del derecho del trabajo’, en la obra colectiva: Tratado del derecho del trabajo, Director: ACKERMAN, Mario, Coordinador: TOSCA, Diego, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2005, T. I, p. 319/320). Se intenta asegurar una igualdad real entre las partes -dentro de las limitaciones de la realidad económica-. En atención a lo expuesto, al momento de resolver el presente, como tiene dicho este Alto Tribunal, debe considerarse que: ‘…por imperio del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, las normas del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social revisten carácter de Orden Público y, por tanto, de aplicación obligatoria, conformando un mínimo protectorio que jamás debe ser avasallado por los contratantes (recordando el fundamento de desigualdad entre las partes que da origen al orden tuitivo del Derecho Laboral) y cuya observancia debe ser garantizada por los magistrados?’ (cfr. Tomo XIII, Sentencia, Reg. 472, Folio 2565/2572). El principio protectorio -como se adelantó- tiene raigambre constitucional, ya que el art. 14 bis C.N. reza: ‘El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador…’. Sobre el particular Vazquez Vialard afirma: ‘…de acuerdo con la directiva que el constituyente ha establecido, el Congreso de la Nación tiene que adaptar las técnicas y procedimientos adecuados para mantener un cierto nivel de equilibrio entre dos partes que, comúnmente, tienen distinta capacidad de diálogo…’ (cfr. VAZQUEZ VIALARD, Antonio, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Astrea, Buenos Aires, 2008, t. 1, p. 111)…” (cfr. TSJ Santa Cruz, Tomo XVII, Sentencia, Reg. 585, Folio 3347/3353).- Con estas premisas se resolverá el sub lite.-
V. Que pasando al estudio de los agravios, en primer término analizaremos lo atinente a la causa de despido del actor. A estos fines es pertinente realizar un sucinto resumen del intercambio epistolar habido entre las partes.-
Mediante Carta Documento Nº E 1103159 5, recepcionada el 9 de diciembre de 2008, la demandada le comunica al actor que a partir del 17 de diciembre de 2008 comenzaría a prestar funciones en la sucursal ALAS III, sita en Estrada y Zapiola, a las órdenes del gerente Carlos Gonzales quien le determinaría su cargo y función (conf. fs. 34/35).-
A través de Telegrama Ley 23.789 N° CD 945579831 el Sr. Zúñiga requiere a la demandada que deje sin efecto la modificación de las condicio-nes de trabajo antedichas. Afirma que este nuevo cambio, sumado a la modificación del 14/11/08 -cuando se lo habría trasladado del Alas II al Alas VI-, y del 1 de diciembre de 2008 -cuando se le habría ordenado regresar al Alas II-, constituyen un ejercicio irrazonable del ius variandi por parte de la empresa, puesto que se trata del tercer cambio de condiciones de prestaciones de servicio en un mes. Hace reserva de considerarse despedido o de ejercer la acción judicial prevista en el artículo 66 segundo párrafo LCT (conf. fs. 97).- Mediante Carta Documento Nº CD 94558072 4, recepcionada el 18 de diciembre de 2008, la demandada rechaza el Telegrama del 11 de diciembre de 2008, remitido por la actora y ratifica su Carta Documento E 1103159-5 -que informaba el traslado de lugar de trabajo a la sucursal Alas III- (conf. fs. 100 y 359).-
El Sr. Zúñiga remite Telegrama Ley N° CD 94554012 4, del 16 de diciembre de 2008, -recepcionado el 17/12/2008-, informando al demandado que se presentó a trabajar y el guardia de seguridad no lo dejó ingresar, alegando ordenes del gerente. Intima por 48 horas para que se aclare su situación laboral (conf. fs. 98 y 359).-
A través de la Carta Documento CD Nº 94795760 7, recibida el 19 de diciembre de 2008, la demandada rechaza el Telegrama descripto en el párrafo anterior por considerarlo improcedente y dice desconocer la situación “… SUPUES-TAMENTE OCURRIDA EL 16/12/2008 DADO QUE LA MISMA NO NOS CONSTA…”. Asimismo le reitera que deberá prestar funciones en la Sucursal Alas III a partir del 17 de diciembre de 2008 y rechaza que haya existido un ejercicio abusivo de derecho por parte de la empresa (conf. 37/38 y 359).-
El actor, mediante Telegrama Ley Nº CD94556651 5, recibido el 27 de diciembre de 2008, rechaza las Cartas Documento del empleador Nº 947957607 y 945580724 -del 17 y 18 de diciembre respectivamente- e informa que, si se mantienen las modificaciones de la prestación laboral a su cargo, haría uso de las prerrogativas que le acuerda la Ley 26.088, en cuanto lo faculta a peticionar el restablecimiento de las condiciones alteradas, sin perjuicio de considerarse despedido por exclusiva culpa y responsabilidad de la empresa (conf. fs. 102 y 359).-
Ya ingresando al estudio de las misivas que determinan el despido del actor, se constata que la ruptura del vínculo laboral se produce invocando la causal de abandono de trabajo. Este extremo surge, en primer lugar, de la Carta Documento CD Nº 94556677 5 y constancia de recepción del 1 de enero de 2009 (confr. fs. 39/40). Allí expresamente la demandada le manifiesta al actor que: “…NO IMPORTANDO SU TRASLADO A LA SUCURSAL ALAS III UN EJERCICIO IRAZONABLE (sic) DE LAS FACULTADES DE DIRECCIÓN DE ESTA EMPRESA NI SE ALTERAN MODALIDADES ESENCIALES DEL CONTRATO NI SE CAUSA PERJUICIO MATERIAL NI MORAL A SU PERSONA. EN CONSECUENCIA INTIMAMOS VEINTICUATRO (24) HORAS PRESENTARSE A REALIZAR SUS TAREAS EN EL LUGAR INDICADO OPORTUNAMENTE BAJO APERCIBIMIENTO DE CONSIDERAR QUE HA HECHO ABANDONO DE TRABAJO...” (cfr. fs. 40).- Por Telegrama Ley N° CD 94554605 6, el actor rechaza esta Carta Documento CD 94556677 5 por considerarla improcedente, falaz y maliciosa. Expresa que resulta improcedente la intimación a reincorporarse al trabajo, ya que en numerosas oportunidades se ha presentado a trabajar en el Alas II y se le negó, en cada una de ellas, el acceso a su puesto de trabajo. Le informa que hará uso de la facultad prevista en el artículo 66 LCT (conf. fs. 105).-
También el actor, por intermedio de Telegrama Ley Nº CD94795929 3, le informa a la contraparte que ha iniciado proceso caratulado: “Zúñiga, Juan David c. Horacio Arena S.A.C.A.I. S/ sumarísimo laboral”, en el que, en ejercicio de las facultades otorgadas por el artículo 66 LCT, ha solicitado, como medida cautelar, el restablecimiento de las condiciones de trabajo alteradas. Seguida-mente intima a la sociedad para que se abstenga de innovar en la situación de hecho existente a ese momento (5 de enero de 2009) y, en particular, de notificar el despido amenazado por un supuesto abandono de trabajo de su parte (conf. fs. 106).- Luego, la demandada, mediante Carta Documento Nº CD 94795947 0, recepcionada el 6 de enero de 2009 (conf. fs. 32), despide al actor. En dicha misiva le expresa: “…Ante su negativa a prestar servicios desde 17/12/08 en el lugar que se le indicara oportunamente, habiendo sido debidamente intimado a ello, lo que constituye injuria grave porque manifiesta su incumplimiento al deber funda-mental de prestar su trabajo queda despedido por su culpa a partir de la fecha. Liquidación y certificados a su disposición. QUEDA USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO...” (cfr. fs. 33).-
El actor rechaza el despido mediante Telegrama Ley Nº CD 94795406 1 por considerarlo improcedente en razón de lo expresado en sus anteriores telegramas e intima al pago del sueldo anual complementario correspondiente al segundo semestre del 2008; los sueldos de diciembre de 2008 y enero de 2009; y las indemnizaciones de los artículos 232, 233 y 245 LCT (conf. fs. 108).-
Por Carta Documento N° CD 94795405 8, recepcionada el 7 de enero de 2009, la demandada rechaza el TCL Nº CD 94795406 1 por improcedente y extemporáneo; y ratifica el despido (alegando justa causa) comunicado mediante CD 947959470 (cfr. fs. 41/42). De igual manera, por Carta Documento CD 94554628 5, recepcionada el 8 de enero de 2009, la demandada ratifica el despido. Además niega categóricamente haber sido notificado de medida cautelar alguna (conf. fs. 44 y 359).-
Del intercambio epistolar relatado surge que la demandada despidió al actor invocando injuria grave (conf. fs. 33). La injuria laboral es considerada como “… el incumplimiento de las obligaciones de prestación o de conducta [que] impide la prosecución del contrato, por afectar gravemente la normal convivencia de las partes...” (conf. Fernández Madrid, Juan Carlos, Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, Ed. La Ley, Buenos Aires, Tomo II, pág. 1845). La demandada califica como injuria grave a la negativa del actor a prestar servicios en el lugar que se le indicara oportunamente, habiendo sido intimado a ello (conf. fs. 33).- Para determinar el lugar en el que debía presentarse el Sr. Zuñiga y el carácter de la intimación que se le formuló debemos remitirnos al contenido de la Carta Documento CD 94556677 5. Allí se lo intima para que se presente a trabajar en la sucursal Alas III, bajo apercibimiento de considerarlo incurso en “abandono de trabajo” (conf. 40).-
A los fines de aclarar sobre la causal invocada para el despido, es oportuno recordar que existen dos tipos de abandono de trabajo: 1) renuncia e 2) incumplimiento. Sobre este tema nos dice Miguez: “…El primero está dado por la voluntad concurrente de las partes (art. 241 LCT) que traduzca inequívocamente el abandono de la relación. Estos actos resultan inicialmente de una prolongada conducta omisiva bilateral que demuestra el mutuo desinterés de la relación, que puede ir acompañado por actos positivos de distinto carácter, todo lo cual pondría en evidencia la decisión de extinguir el vínculo. El abandono incumplimiento, en cambio, se caracteriza por la abstención voluntaria e injustificada del deber contractual de prestación laboral, cuya gravedad constituye injuria impeditiva de la prosecución de la relación. El trabajador no cumple con su deber de prestación de servicios (art. 84 L.C.T.) sin causa que legitime su actuar. A los efectos previstos en el art. 244, la ley requiere la conjunción de ciertos requisitos -sumados al incumpli-miento-…” (cfr. Miguez, Gerardo, “La figura del abandono de trabajo”, TySS, 1996, pág. 40/41).- En similar sentido explaya Fernández Madrid al comentar el artículo 244 LCT, “…Para que exista abandono de servicio o abandono incumplimiento, debe mediar una violación voluntaria e injustificada del trabajador a sus deberes de asistencia y prestación efectiva del trabajo… el abandono del trabajo como acto de incumplimiento del trabajador sólo se configura previa constitución en mora, mediante intimación de reintegro hecha en forma fehaciente y por el plazo que impongan las modalidades de cada caso…” (cfr. Fernández Madrid, Juan Carlos, Ley de Contrato de Trabajo comentada y concordada, Ed. La Ley, Tomo III, pág. 2057/2058).- De lo antedicho se debe concluir que en el caso sub examine el distracto laboral debe analizarse en atención a la causal del abandono que disciplina el artículo 244 LCT. Asiste razón al recurrente al expresar que la Cámara omitió analizar el despido a la luz de lo normado por dicho artículo.-
Para que la omisión del trabajador de prestar su fuerza laboral sea invocable como justa causa de despido, el artículo citado impone al empleador una carga que consiste en la previa constitución en mora de aquel, “… mediante intimación hecha en forma fehaciente a que se reintegre al trabajo, por el plazo que impongan las modalidades que resulten en cada caso…” (cfr. art. 244 LCT). De hecho, se puede deducir que es con este fin (poner en mora al trabajador) que la empresa remite al actor la Carta Documento CD 94556677 5 (cfr. fs. 40).-
Sobre esta cuestión este Alto Cuerpo ha entendido que: “… el abandono de trabajo, como supuesto especial de injuria escogido por la demandada para encuadrar la denuncia del contrato, requiere para su configuración: a) la inejecución por el trabajador, sin aviso, de la prestación laboral; b) la intimación de reintegro, dentro de un plazo razonable según las circunstancias y c) la persistencia del trabajador en su conducta omisiva, durante el plazo fijado (confr. CNTrab., SALA VIII, S.D. 34.385 del 31/08/2007, Expte. N° 26.066/2005, “Rodríguez, Liliana Inés c/Servicios Horizontales S.A. s/despido”, (M.-L.), elDial.com - AL25CC)...” (cfr. Tomo XV, Sentencia, Reg. 528, Folio 2.962/2.968). Así, si falta alguno de estos requisitos no existirá abandono de trabajo por parte del trabajador.- Sobre la causal de extinción del contrato de trabajo por abandono (art. 244 LCT), es oportuno traer a colación lo dicho por Raúl Horacio Ojeda, al tratar los elementos inmateriales necesarios para que se configure, a saber: “… no se puede disponer la extinción por esta causa en los casos de huelga o de retención individual de tareas (exceptio non adimpleti contractus) en los términos del artículo 1201 del Código Civil, aunque fueran injustificadas.
Tampoco si el empleado no se presentó a prestar servicios porque tenía motivos que, justificados o no, expuso como explicación de su falta de concurrencia al trabajo… o si el dependiente se negó a realizar horas extras, o a aceptar el caso concreto de ius variandi…” (cfr. Raúl Horacio Ojeda, Ley de Contrato de Trabajo, comentada y concordada, 2da. Edición Actualizada, Ed. Rubinzal Culzoni, Tomo III, pág. 408).- En el caso que nos ocupa se advierte que tampoco quedó configurado el elemento subjetivo que el artículo 244 LCT exige para la existencia del abandono de trabajo. Esto es así ya que de las constancias obrantes en autos surge que el actor siempre ha manifestado su voluntad de continuar la relación laboral.
El punto de conflicto se centraba en la razonabilidad o no del cambio de lugar de trabajo; y potencial cambio de cargo y funciones. Para acreditar lo antedicho se puede destacar que el Sr. Zúñiga solicitó a la demandada que se dejaran sin efecto las modificaciones a sus condiciones de trabajo (conf. fs. 97); le informó que con fecha 16 de diciembre de 2008 se había presentado a trabajar y no lo habrían dejado ingresar (conf. fs. 98); le advirtió que si mantenía las modificaciones a la prestación laboral haría uso de las prerrogativas de la ley 26.088 (conf. fs. 102); le expresó que en numerosas oportunidades se había presentado a trabajar en la sucursal Alas II y no lo habrían dejado ingresar (conf. fs. 105); y le anotició que había iniciado juicio caratulado: “Zúñiga, Juan David c.
Horacio Arena S.A.C.A.I. S/ sumarísimo laboral”, en el que había solicitado, como medida cautelar, el restablecimiento de las condiciones de trabajo alteradas e intimado a la sociedad para que se abstenga de innovar en la situación de hecho existente a ese momento (5 de enero de 2009) y, en particular, de notificar el despido amenazado por un supuesto abandono de trabajo de su parte (conf. fs. 106). Asimismo el actor expuso ante la Policía, con fecha 17 de diciembre de 2008 y 2 de enero de 2009, que no se le había permitido ingresar a trabajar (cfr. fs. 341, 342 y 343). También se encuentran agregadas en autos copias certificadas del expediente caratulado “Zúñiga, Juan David C/ Horacio Arena S.A.C.A.I.
S/ Sumarísimo Laboral” Expte N° 12735/09, de trámite ante el Juzgado de Primera Instancia N° 2 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Río Gallegos, Secretaría N° 2 (conf. fs. 171/208 vta.) y en los cuales consta el dictado de la mencio-nada medida cautelar no innovativa (conf. fs. 196/197 vta.).- En atención a lo expuesto, de ninguna manera se puede presumir que el actor haya tenido una voluntad abdicativa de su puesto de trabajo. No es óbice para arribar a esta conclusión la declaración testimonial de Darío Eduardo Lujan, quien era responsable de recursos humanos de la empresa demandada al momento del despido del actor (conf. fs. 413). Este testigo afirma que el Sr. Zúñiga aceptó voluntariamente el cambio de sucursal (ver respuesta a la pregunta quinta, a fs. 413).
Sin embargo, esta manifestación es contradictoria con las misivas y actas enumeradas en el párrafo anterior. Además, el Sr. Luján expresa que el cambio del Sr. Zúñiga a la Sucursal Alas III era para que el actor reforzara con su experiencia el sector carnicería y que de ninguna manera el cambio de sucursal le significarían un cambio de funciones (ver respuestas séptima y octava, a fs. 413 vta.). Empero, esta respuesta también incurre en contradicción. En este caso con la Carta Documento E 1103159-5, recepcionada el 9 de diciembre de 2008, remitida por la misma demandada en la cual expresamente se le informa al actor que el Gerente de la Sucursal Alas III, Sr. Carlos Gonzalez, dispondría de su cargo y función (cfr. fs. 34/35).- Vinculado con lo antedicho, es oportuno recordar que el ius variandi es la facultad que se le acuerda al empresario “… de variar, modificar, alterar las condiciones de trabajo del personal.
Pero este derecho -reconocido al empleador- sólo puede ejercerse con criterio prudente y sin agravios para el trabaja-dor...” (conf. Sardegna, Miguel Ángel, Ley de Contrato de Trabajo y sus reformas, Editorial Universidad, Buenos Aires, 1999, pág. 262).-
Sobre el particular Fernández Madrid nos dice que: “…El ‘ius variandi’, que se refiere a la modificación de las condiciones que hacen a la prestación de la labor, tiene su fundamento en el poder de dirección o reglamentario del empleador, ya que las condiciones esenciales de una relación contractual no pueden ser cambiadas por decisión unilateral de una de las partes, pero tampoco el poder de dirección puede ser ejercido arbitrariamente por lo que la ley lo reglamenta en el art. 66 de la L.C.T. (CNAT, Sala II, junio 6-983, ‘Forastieri, Juan A. c. Astra Compañía Argentina de Petróleo S.A.’; CNAT, Sala I, marzo 13-987, ‘Viñas, Miguel Angel y otros c. Obra Social Supervisores Ind. Metalúrgica de la República Argentina’) y debe recordarse que el núcleo duro del contrato es inmodificable. Por eso el trabajador se incorpora a la empresa en una categoría y por una remuneración establecida, en un horario y lugar determinado, teniendo derecho a permanecer en tales condiciones. (CNAT, Sala VII, julio 12-996, ‘Herrera, Gabriel A. c. Comalfri S.A.’)… en principio, el trabajador no puede ser obligado a prestar sus servicios en tiempo, lugar o condiciones diversas de las convenidas sin su consentimiento, pues ello afectaría su derecho de propiedad del empleo…” (conf. Fernández Madrid, Juan Carlos, “Ley de contrato de trabajo. Comentada y anotada”, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2009, Tomo II, pág. 810/811).- Jurisprudencialmente se ha considerado que el cambio de funciones y/o del lugar de prestación de tareas puede constituir, dadas ciertas circunstancias, un ejercicio irrazonable del ejercicio del ius variandi (cfr. Cámara NTrab, Sala II, “E., W. c Swiss Medical S.A. s/ despido”, del 18 de julio de 2014, publicado en DT 2014 (diciembre) Cita Online AR/JUR/45114/2014; entre otros).-
Específicamente se ha entendido como un ejercicio irrazonable de la facultad otorgada al empleador en el artículo 66 LCT el cambio de funciones del trabajador, pero sin especificar cuáles serían las nuevas; cuestión similar a la que se presenta en autos. Así se ha dicho: “…Cabe memorar que la facultad que otorga la ley al empleador en relación con la organización de la empresa, contemplada en el art. 66 de la LCT no puede ser ejercida en forma discrecional sino que debe sujetarse a los siguientes límites: 1) que no importen un ejercicio irrazonable; 2) que no alteren modalidades esenciales del contrato de trabajo y; 3) que no causen perjuicio material ni moral al trabajador. Aun suponiendo -por vía de hipótesis- que el cambio fuera razonable por la supuesta necesidad del sector ‘Compras Nacionales’ de contar con más cantidad de personal, lo cierto es que la demandada no ha descripto concre-tamente las tareas que debía efectuar la actora en el otro sector, por lo que no puede predicarse que el cambio dejara a resguardo las modalidades esenciales del contrato de trabajo, en el caso: la categoría contractual.
Es así que, aun cuando los testigos que declararon a propuesta de la accionada dan cuenta de una fuerte negativa de la actora a ‘prestar tareas’ en el sector asignado, lo cierto es que los elementos de la causa resultan insuficientes para calificar de ‘injustificada’ tal actitud ni, por tanto, que importara la imposibilidad de proseguir con el vínculo contractual (conf. art. 242, LCT). En tal contexto, considero que debe confirmarse la sentencia de grado en cuanto reputa injustificado el despido dispuesto por la patronal y admite el reclamo indemnizatorio incoado...” (CNTrab., Sala V, “Escobar, Lorena Perla c. Vestiditos S.A. s/ despido”, del 31 de julio de 2013, Publicado en DJ 11/12/2013, 65, DT 2014 (febrero), 318, cita online: AR/JUR/5195/2013).- El actor, al estimar abusivo el cambio de lugar de trabajo; y el potencial cambio de funciones que podría disponer la empresa, actuó de buena fe, intimando a la rectificación de la medida patronal antes de utilizar alguna de las herramientas legales que lo faculta el artículo 66 LCT (considerarse despedido o peticionar una medida cautelar de restablecimiento de las condiciones alteradas).
Luego, demostrando una vez más su intención de permanecer en su trabajo, el actor inicia proceso sumarísimo laboral el 5 de enero de 2009 (conf. fs. 195), es decir, el día anterior a recibir la carta documento de despido (conf. fs. 32/33) tendiente a que se ordenara el restablecimiento de las condiciones de trabajo alteradas (conf. fs. 191). Allí obtiene de la justicia la medida cautelar no innovativa, retrotrayendo su situación laboral a aquella que poseía con anterioridad a los cambios dispuestos por la demandada (conf. fs. 197 vta.). Inclusive respalda la postura reticente del actor lo resuelto por el Juez que dictó la medida cautelar de marras, quien afirma que ha comprobado “… en forma objetiva la modificación indebida de las condiciones de trabajo…” (cfr. fs. cit.).- En síntesis, el Sr.
Zúñiga intentó por todos los medios continuar con la relación laboral, pero en el lugar, cargo y condiciones que considera-ba que le correspondían.-
Ergo, no es procedente sostener que el actor haya incurrido en abandono de trabajo, cuando la parte demandada no acreditó en la litis, el elemento subjetivo exigido en la norma de referencia, consistente en la intención o voluntad del trabajador de discontinuar el vínculo laboral.-
Ahora bien, una de las principales controversias entre las partes se centra en determinar si el plazo de 24 hs. -que la empresa le otorgó al Sr. Zúñiga para que reinicie su prestación laboral- (conf. fs. 40) fue suficiente o no al fin de ponerlo en mora, en atención a lo reglado en el artículo 244 LCT. Sobre esta cuestión ya se ha expedido este Cimero Tribunal, llegando a la conclusión de que la intimación al empleado debe ser de al menos dos (2) días. Al respecto se dijo: “…Además, para que el abandono del empleo quede justificado, como causal de incumplimiento del trabajador y justificante del despido con causa, en el artículo 244 de la LCT se le exige a la empleadora que cumpla con los siguientes requisitos: constitución en mora, intimación a reanudar tareas y un plazo adecuado ‘a las modalidades del caso’. En cuanto al plazo adecuado, se ha sostenido que ‘-si bien no se encuentra previsto un plazo expreso- en mi opinión, nunca puede ser inferior al de dos días hábiles, que resulta de aplicar el que contempla el art. 57 de ese mismo texto legal (cfme, esta Sala en autos ‘Corradi, Roberto Sergio c/ Promotora del Buen Ayre S.A. s/ Despido’ S.D. 28.886 del 20.3.97)…” (cfr. Tomo XV, Sentencia, Reg. 528, Folio: 2961/2963).- En virtud de ello, la Cámara debió analizar el despido a la luz del artículo 244 LCT -abandono de trabajo- teniendo presente el plazo mínimo que este Alto Tribunal exigía para que se configurara la mora del trabajador (al menos dos días) y constatar la existencia o no de la voluntad del empleado de terminar con la relación laboral (elemento subjetivo exigido por el art. 244 LCT); pero no lo hizo.-
De conformidad con lo antedicho se debe sostener que no se configuró la justa causa de despido por abandono de trabajo, ya que el actor no tuvo una postura abdicativa ni fue intimado a reincorporarse a sus funciones por un plazo adecuado (conf. art. 244, 245 y cctes. LCT).-
Sin embargo, y aunque se llegasen a configurar los supuestos para tener por acreditada la causal de despido invocada por el demandado, la extinción del vínculo resultaría desproporcionada en atención a la falta de antece-dentes del pretenso “ofensor” (conf. art. 242 LCT). Es decir, la empresa, antes de disponer el despido, debió valorar la extensa antigüedad del actor (17 años), ya que ingresó a trabajar el 14 de mayo de 1991 y fue despedido el 6 de enero de 2009 (conf. fs. 9, 18 y vta. y 444 vta.) y considerar atendibles las razones invocadas por el Sr. Zúñiga para oponerse a los cambios a los que se lo sometía toda vez que las actitudes del actor siempre se limitaron a realizar una defensa férrea, pero legítima de sus derechos.- En concordancia con lo anterior se ha dicho en doctrina: “…Si el despido aparece como desproporcionado con la falta cometida, como el despido es una medida expulsiva que pone fin a la relación de trabajo, lo que configura una sanción irrevocable que no da lugar a su supresión o sustitución por otra sanción, según lo previsto por el art. 67 de la LCT, la consecuencia será que el despido decidido por el empleador no valdrá como denuncia con justa causa sino simplemente como denuncia sin causa o sin justa causa, lo que lo responsabilizará por el pago de las indemnizaciones por despido… La parte injuriante debe haber excedido, en su conducta frente a la otra, por su hacer o por su omisión, de lo que puede considerarse como tolerable, y el exceso debe haber sido tal que no consienta la continuación de la relación…” (cfr.
Etala, Carlos Alberto, ob. cit. pág. 240/242).- Por su parte, jurisprudencialmente se ha entendido que: “…El acto u omisión que puede generar injuria debe revestir suficiente entidad que no deje duda en el ánimo del juez de que se está en presencia de una falta realmente grave que destruye definitivamente el principio de disciplina y mutuo respeto que debe imperar en las relaciones entre empleadores y trabajadores, debiéndose tener en cuenta para apreciar la gravedad, la antigüedad del empleado, sus antecedentes, su comportamiento anterior, es decir, todas las circunstancias personales de hecho que pueden haber rodeado el caso (CNTrab, Sala X, 26/12/02, DT, 2003-B-1699)…” (cfr. aut. y ob. cit. pág. 244).- Determinado el despido sin causa, ahora corresponde analizar los rubros que deberán abonarse al actor, como así también los montos de referencia para que, en la instancia correspondiente, se practiquen las liquidaciones de acuerdo con lo aquí resuelto.-
En consideración a ello se le reconoce a Juan David Zúñiga el derecho a percibir los siguientes rubros: 1) indemnización por antigüedad (art. 245 LCT), 2) indemnización sustitutiva de preaviso (art. 232 LCT), 3) sueldo anual complementario s/ preaviso (art. 232 LCT), 4) indemnización integración por mes del despido (art. 233 LCT), y 5) sueldo anual complementario segunda cuota del año 2008. Todos estos ítems fueron solicitados por el actor en su demanda (conf. fs. 9).-
A efectos de fijar el monto salarial a partir del cual se calcularán las indemnizaciones debidas se tomará la mejor remuneración normal y habitual percibida por el actor (conf. art. 245 LCT), tal como consta en el recibo de sueldo de fs. 91/92 ($ 3.022,05) -monto propuesto por el accionante a fs. 9 y no objetado por el demandado (conf. fs. 16/23)-.-
Igualmente, se deberá tener en cuenta para efectuar la liquida-ción de la indemnización, la fecha de ingreso del actor, esto es 14 de mayo de 1991 (conf. fs. 3 vta. y 16 vta.).-
También corresponde aquí tratar la revocación de la multa del artículo 2 de la ley 25.323 planteada por la demandada en su escrito de apelación (conf. fs. 507). Esto es así, toda vez que al resultar victoriosa en la sentencia de Cámara, no se encontraba obligada a replantear la cuestión ante esta instancia.-
En su escrito de apelación, Horacio Arenas S.A.C.A.I, solicita que se revoque la multa prevista en el artículo 2 de la Ley 25.323. Afirma que su aplicación no es automática y que su imposición debe ser resuelta con carácter restrictivo y sólo en aquellos supuestos en que no exista prueba alguna de la causa o la invocada resulte totalmente improcedente (conf. 507 vta.). Concluye diciendo que: “…Creemos que por lo expuesto en forma alguna se puede condenar a mi parte a abonar esta multa, ya que si bien fue intimado con fecha 11/01/2011, ya se lo había despedido invocando una justa causa…” (cfr. fs. 508).-
El artículo 2 de la Ley 25.323 establece: “…Cuando el empleador, fehacientemente intimado por el trabajador, no le abonare las indemnizaciones previstas en los artículos 232, 233 y 245 de la Ley 20.744 (texto ordenado en 1976) y los artículos 6° y 7° de la Ley 25.013, o las que en el futuro las reemplacen, y, consecuentemente, lo obligare a iniciar acciones judiciales o cualquier instancia previa de carácter obligatorio para percibirlas, éstas serán incrementadas en un 50%. Si hubieran existido causas que justificaren la conducta del empleador, los jueces, mediante resolución fundada, podrán reducir prudencialmente el incremento indemnizatorio dispuesto por el presente artículo hasta la eximición de su pago.”.- Encontramos, en el sub lite, viable la excepción prevista en el segundo párrafo del precepto transcripto toda vez que el motivo del desenlace del contrato fue razonablemente controvertido en sede judicial (como se desprende de los considerandos anteriores).
A raíz de ello, juzgamos aplicable al caso la jurisprudencia que señala: “… ‘Las espinosas circunstancias de la causa y que desembocaron en el despido del trabajador determinan que en el caso resulte inaplicable el art. 2° de la ley 25.323. Es que no hay dudas que el desahucio sin invocación de causa -ad nutum- y la posterior intimación para lograr su pago, hace operar la sanción prevista en la norma de que se trata (50% de incremento de las indemnizaciones por antigüedad y preaviso). Ahora, la cuestión se vuelve compleja ante un despido que a la postre resulta injustificado, pero con una alegación que prima facie puede tornarse cierta. En el sub examen tenemos un empleador vencido, pero el motivo que provocó el desenlace del contrato fue controvertido… Por ello debe usarse de la facultad que otorga la última parte del mencionado artículo y eliminar la indemnización a que se refiere¼’ (confr.
Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, sala laboral, 26/04/2007, ‘Maldonado, Daniel A. c. Venturi Hermanos SACIF’, Publicado en: LLC 2007 (junio), 497 - DJ 2007-III, 513, Cita Online: AR/JUR/1342/2007). Conteste con lo señalado, se ha manifestado que dicha excepción resulta aplicable cuando surge de la causa que el empleador pudo considerar un acto del dependiente como causa justificada para el despido pero no pudo probarla en juicio o que existió pero no justificaba el despido (confr. Grisolía, Julio Armando, Régimen Indemnizatorio en el Contrato de Trabajo, 4ª ed., Nova Tesis Editorial Jurídica, Rosario, 2007, pág. 484)…” (cfr. TSJ Santa Cruz, Tomo XVII, Sentencia, Reg. 576, Folio: 3.279/3.288).- Por los motivos explicitados, se exime a la demandada del pago de la indemnización prevista en el artículo 2º de la ley 25323.-
Es pertinente señalar que este Tribunal no puede ingresar a analizar si correspondía o no condenar al pago de los sueldos de noviembre y diciembre de 2008 ya que dichos ítems fueron rechazados por la sentencia de primera instancia y no fueron apelados. Lo mismo cabe decir en cuanto a los intereses, ya que al no ser objeto de agravio en el recurso de apelación deducido por la parte demandada (conf. fs. 502/508) y haber adquirido firmeza, deberá aplicarse la tasa activa que publica el Banco Nación desde que cada suma es debida, tal como lo decidió el Juez de Primera Instancia (conf. fs. 495).-
VI. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el actor a fs. 851/859 y en consecuencia casar la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 831/841. En consecuencia, se decide componer positivamente la litis haciendo lugar a la demanda promovida por el Sr. Juan David Zuñiga en forma parcial, condenando a la demandada Horacio Arena S.A.C.A.I.C, a abonar al actor las sumas que arroje la liquidación a practicarse en la instancia de grado por los rubros y en base a las pautas señaladas en el considerando V y en el término de diez (10) días de quedar firme la misma eximiendo a la demandada del pago de la multa prevista en el artículo 2 de la ley 25.323.- Por aplicación del principio objetivo de la derrota, las costas en todas las instancias deben ser impuestas a la demandada perdidosa (art. 68 CPCC por remisión del art. 121 de la Ley 1444), difiriéndose la regulación de honorarios hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (confr. Resolución General AFIP Nº 689/1999) y sean regulados en las instancias anteriores, y teniendo presente la reserva del caso Federal efectuada a fs. 858 vta.-
Por todo ello, oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Tribunal Superior de Justicia,
1. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el actor a fs. 851/859 y, en consecuencia, casar la sentencia de la Excma. Cámara en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 831/841.-
2. Componer positivamente la litis, haciendo lugar a la demanda promovida por el Sr. Juan David Zuñiga en forma parcial, condenando a la demandada Horacio Arena S.A.C.A.I.C, a abonar al actor las sumas que arroje la liquidación a practicarse en la instancia de grado por los rubros y en base a las pautas señaladas en el considerando V y en el término de diez (10) días de quedar firme la misma, eximiendo a la demandada del pago de la multa prevista en el artículo 2 de la ley 25.323.-
4. Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervi-nientes en la casación hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (confr. Resolución General AFIP Nº 689/1999) y sean regulados en las instancias anteriores.-
Fdo: Dra. Clara Salazar -Presidente-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau –Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1004S.151 Tomo: XVII Sentencia: 588.-
Folio N°: 3.368/3.376.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia