Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 31.699-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la Resolución (DE PRLA) Nº 4236, recaída en el expediente administrativo SIGEA Nº 12039-1481-2007, en cuanto impone multa a la firma importadora “BOSISIO S.A.”, la que asciende a la suma de DOS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON 04/100 ($ 2.219,04). Costas por sus respectivos vencimientos, los que se imponen en un 72% a cargo de la importadora y en un 28% a cargo de la demandada.
2Confirmar los arts. 2º, 3º y 4º de la Resolución (DE PRLA) Nº 4236, efectuando la salvedad de que, en caso de proceder, la multa sustitutiva de comiso se fija en la suma de SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON 04/100 ($ 7.976,04).
3Confirmar parcialmente el art. 6° de la Resolución (DE PRLA) N° 4236, en tanto exige el pago de tributos a ambas co actoras, los que ascienden a la suma de DOS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON 04/100 ($ 2.219,04), con más el CER y los intereses del art. 794 que deben calcularse desde el 06/04/11 hasta la fecha de efectivo pago. Costas a las co actoras.
4Declarar que la responsabilidad de la firma aseguradora queda circunscripta por el capital al límite máximo de la póliza nro. 23819 que asciende a la suma de TRECE MIL PESOS ($ 13.000.-) con más el CER y los intereses del art. 794 del C.A.
5Revocar parcialmente la Resolución (DE PRLA) N° 4236 en tanto exige el pago de tributos a ambas co actoras, en concepto de IVA adicional y de las percepciones de IVA adicional e Impuesto a las Ganancias. Costas a la demandada. …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-107122705-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 12 de Septiembre de 2023 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados: “ZURICH ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/Recurso de Apelación”, Expte. N° 31.699-A, y su acumulado N° 32.006-A, caratulado “BOSISIO S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación El Dr. Garbarino dijo:
I. Que a fs. 17/26 se presenta la firma “ZURICH ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.”, mediante apoderado e interpone recurso de apelación contra la Resolución (DE PRLA) N° 4236 dictada en fecha 5/07/11, en el marco de las actuaciones administrativas SIGEA N° 12039-1481-2007, por la cual se la intima al pago de tributos, en su carácter de garante de la firma importadora “BOSISIO E HIJOS S.A.” quien habría incurrido en la presunta comisión de la infracción prevista y penada en el art. 970 del Código Aduanero, todo ello en relación con la destinación de importación temporaria DIT Nº 00 001 IT14 003647 C. e agravia de que la resolución aduanera omite determinar el límite de responsabilidad y/o el monto por el cual debe responder. Cuestiona la liquidación practicada por la Dirección General de Aduana, pues sostiene que contiene rubros improcedentes tales como el derecho adicional, IVA adicional e impuesto a las ganancias. Plantea la prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos. Entiende que no es aplicable el CER sobre el capital e intereses. Ofrece prueba documental e informativa. Hace reserva del caso federal y solicita se dicte sentencia revocando la resolución apelada en lo que es objeto de agravios, con costas al Fisco.
III. Que a fs. 34/47 y vta., la representación fiscal contesta el traslado del recurso de la firma aseguradora que le fuera oportunamente conferido. Niega todos y cada uno de los hechos y el derecho invocados por la contraria que no sean objeto de un expreso reconocimiento de su parte o que surjan de las actuaciones administrativas. Manifiesta que las actuaciones administrativas comienzan con el incumplimiento de la importadora al régimen de Importación Temporaria con respecto a la DIT Nº 00 001 IT14 003647 C. Sostiene que se encuentra acabadamente comprobado en autos que la importadora no reexportó ni nacionalizó la totalidad de la mercadería amparada al despacho de importación temporaria en trato. Dice que la obligación fue asumida en dólares y que nada manifestó al momento de corrérsele vista en las actuaciones administrativas. Añade que la póliza fue pactada en dólares. Señala que no hubo corrida de vista en pesos, sino corrida de vista en pesos con más el CER y, en consecuencia, es inexcusable la aplicación de los arts. 4º y 8º del Decreto 214/02 (CER) toda vez que tratándose en autos de una obligación contraída con anterioridad a la ley 25561, esa suma garantizada debe (y debió) liquidarse conforme el art. 20 de la ley 23.905, al transformarse a pesos obviamente fue con CER. Manifiesta que es improcedente el Derecho Adicional. Menciona que la recurrente garantizó todos los conceptos reclamados por su mandante. Agrega que los tributos fueron, sin duda, garantizados in totum. Entiende que todos los actos realizados en sede aduanera fueron totalmente legales y en el marco de un proceso no prescriptivo. Considera que es aplicable el CER sobre capital e intereses. Ofrece como prueba documental las actuaciones administrativas SIGEA 12039-1481-2007, hace reserva del caso federal y solicita que se confirme el fallo aduanero apelado, con expresa imposición de costas.
IV. Que, por su parte, la firma “BOSISIO S.A.” por apoderado interpone recurso de apelación contra la Resolución (DE PRLA) N° 4236/11 por medio de la cual se la condena al pago de una multa que asciende a la suma de $2.219,04.- por la presunta comisión de la infracción prevista y penada en el art. 970 del Código Aduanero, como asì también al pago de una multa de $10.341,30.- por resultar la mercadería de “importación prohibida”, y para el caso de no efectivizarse el comiso de la mercadería en cuestión y, además, se le exige la suma de $4.584,30.- en concepto de tributos adeudados más CER e intereses, todo ello en relación con la destinación de importación temporaria DIT Nº 00 001 IT14 003647 C.
Señala que la mercadería ingresada por el Régimen de Importación Temporaria, que consistió en doce cilindros, fue ingresada con el objeto de repararla para luego reexportarla nuevamente a consumo. Añade que dicha reexportación se efectivizó en diversas operaciones de Exportación a Consumo, llevadas a cabo dentro del plazo legal, mediante los permisos de embarque 00 001 EC03 21511 P con fecha 07/07/2000 y 00 001 EC03 25068 D, con fecha 15/11/2000. Dice que de conformidad a lo dispuesto por la Nota DGA 565/2000 emitida por el Departamento Técnica de Importación que reglamenta el procedimiento para la importación temporaria de mercaderías para reparación, la empresa presentó como condición previa al otorgamiento del cumplido de embarque, el correspondiente Certificado de Tipificación y Clasificación emitido por el Instituto de Tecnología Industrial (INTI) a través de la Secretaría de Industria y Comercio de la Naciòn, en adelante SIC.
Añade que la citada nota se refiere a la importación de mercaderías extranjeras sin discriminar entre aquellas que con anterioridad a su introducción en el territorio aduanero ya han tenido libre circulación en el territorio aduanero; circunstancia que omite aplicar los principios y excepciones previstos en la exposición de motivos y del art. 566 y cctes. del C.A., como por ejemplo, entre otros, el hecho de que no puede considerarse a esta mercadería como prohibida. Rechaza la exigencia de comiso de la misma como la pretensión de sustituir éste con el pago de una multa. Informa que el CTC 1910/2002 se encuentra extraviado, y que ello se puso en conocimiento de la Aduana en el marco de las actuaciones administrativas.
Impugna la liquidación de tributos y la pena de comiso. Ofrece prueba informativa, hace reserva de caso federal y solicita su sobreseimiento.
V. Que mediante resolución de fecha 17 de junio de 2014, a fs. 108, se dispone la ACUMULACIÓN del expediente Nº 32006-A caratulado “BOSISIO S.A. s/ apelación” a las presentes actuaciones, toda vez que se tratan de dos recursos interpuestos contra la misma resolución aduanera, originadas en una misma causa.
VI. Que a fs. 92ref/102ref., y vta., la representación fiscal contesta el traslado del recurso interpuesto por la firma importadora “BOSISIO S.A.”. Niega todos y cada uno de los hechos y el derecho invocados que no sean objeto de un especial reconocimiento de su parte o que surjan de las actuaciones administrativas. Manifiesta que se ha configurado la infracción prevista y penada por el artículo 970 del Código Aduanero toda vez que la firma importadora no ha regularizado en su totalidad la situación de la mercadería introducida temporariamente en el término concedido.
Dice que la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporaria recae sobre la firma importadora. Añade que es la actora quien debe demostrar en forma fehaciente y con la documentación aduanera pertinente que ha cumplido acabadamente con sus obligaciones dentro del plazo legal otorgado. Señala que la pena de comiso se encuentra ajustada a derecho toda vez que la mercadería es de importación prohibida por encontrarse en el Anexo III de la Resolución Nº 748/95 y sus modificatorias. Sostiene que la actora no acompaña documentación que avale sus dichos en cuanto a la reexportación de la mercadería importada temporariamente pues para realizar la pertinente descarga es necesario contar con el Certificado de Tipificación y Clasificación ya que es un requisito necesario. Afirma que ha seguido todos los pasos reglados por el Código Aduanero, a saber la apertura a prueba, se investigó sobre los permisos de embarque, se remitieron las actuaciones a las áreas técnicas correspondientes a fin de arribar a un fallo justo y sobre la verdad objetiva y jurídica y que de ello se desprende a todas luces que no se puede deslindar la responsabilidad de la actora alegando haber extraviado el CTC. Cita jurisprudencia de la Excma. Cámara que haría a su pretensión. Ofrece como prueba documental las actuaciones administrativas SIGEA 12039-1481-2007, hace reserva del caso federal y solicita que se confirme el fallo aduanero apelado, con expresa imposición de costas.
VI. Que en las actuaciones administrativas SIGEA N° 12039-1481-2007 consta a fs.1 el Acta de Denuncia 1409/04, en la que se deja constancia que la firma “Bosisio S.A.” se encontraría incursa en la presunta comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero toda vez que no habría reexportado o importado a consumo la mercadería importada temporariamente al amparo de la destinación Nº 00 001 IT14 003647 C cuyo vencimiento habría operado el 06/01/2001. A fs. 7 obra ensobrada la destinación de importación temporaria. A fs. 9, con fecha 31/07/2006 se dispone la instrucción del sumario en los términos del art. 1090 inc. c) del Código Aduanero. A fs. 11 luce la clasificación y valoración de la mercadería. A fs. 13 obra la determinación de tributos y multa. A fs. 20 se corre vista de todo lo actuado a la firma importadora, imputándosele la infracción prevista en los términos del art. 970 del C.A. y, asimismo, se cita a la Compañía de Seguros (ambas firmas se notifican en fecha 18/03/11 conforme surge de la cédula y el aviso de recibo que lucen a fs. 23 y 24, respectivamente). A fs. 25 contesta la vista la firma importadora “Bosisio S.A.”, sosteniendo que la mercadería fue reexportada mediante los PE 00 001 EC03 021511 P y PE 00001 EC03 025068 D, adjuntando copia de los mismos. Por su parte, a fs. 42/44 la firma aseguradora “Zurich Argentina Cía de Seguros S.A.” contesta la vista conferida. A fs. 45 se abre la causa a prueba. A fs. 55 se da por decaído el derecho a producir la prueba en relación con el CTC. A fs. 59/64 se encuentra la Resolución (DE PRLA) Nº 4236 de fecha 5 de julio de 2011, apelada en la especie.
VII. Que, con carácter previo, corresponde analizar el planteo de prescripción de la pretensión aduanera introducido por la aseguradora, respecto del cargo formulado por la Resolución N° 4236/2011 en lo que se refiere a los tributos.
Que la cuestión se encuentra expresamente regulada por los artículos 803 y siguientes del C. A., el cual establece que prescribe por el transcurso de cinco (5) años la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera, la que comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiere producido el hecho gravado, conforme lo dispone el art. 804, primera parte. Por aplicación de las citadas normas resulta que la prescripción de la acción del Fisco comenzó a correr el 1 de Enero de 2002, toda vez que el hecho gravado ocurrió al vencimiento del plazo de permanencia de la mercadería importada temporalmente que, en el presente caso, operó el 06/01/2001.
Que, por su parte, el art. 805 del C.A. determina que la prescripción para percibir los tributos se suspende, entre otros supuestos, desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilite el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión.
Ahora bien, cuando el inc. a) del art. 805 del Código Aduanero expresa “...decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo” se refiere a la fecha en que queda expedita la Resolución aduanera. Ello es así, por cuanto con el simple dictado de la Resolución aduanera, el servicio aduanero no posee aún el ejercicio de la acción para percibir los tributos, es decir, no tiene abierta la vía ejecutiva, sino que, además, necesita notificar esa Resolución y esperar a que la misma quede firme para habilitar la acción. De allí que el art. 805, inc. a) del C.A., debe interpretarse en el sentido de que la acción del fisco para percibir tributos se suspende desde la apertura de sumario hasta que quede firme la Resolución aduanera, notificada, que pone fin al procedimiento. De conformidad con las constancias de las actuaciones administrativas, la resolución que dispone la instrucción del sumario data de fecha 31/07/2006, por lo que desde la mencionada fecha y hasta que quede firme la Resolución aduanera, la prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos se mantiene suspendida en los términos del art. 805 inciso a) del C.A.
Que, en consecuencia, cabe concluir que aún no ha operado la prescripción de la acción del fisco para percibir los tributos con lo cual corresponde el rechazo de la excepción formulada por la aseguradora.
VIII. Que, sentado lo precedente, corresponde dilucidar en autos si la resolución apelada se ajusta a derecho en lo que ha sido materia de recurso.
Que se le imputa a la firma importadora la presunta comisión de la infracción al régimen de importación temporaria tipificada en el art. 970 del C.A. por no cumplir en tiempo y forma, con la reexportación de la mercadería amparada por la destinación de importación temporaria N° 00 001 IT14 003647 C.
Que el vencimiento del plazo acordado para la permanencia de la mercadería acaeció el 06/01/2001. Que el servicio aduanero mediante la Resolución (DE PRLA) Nro. 4236/11 resolvió condenar a la firma importadora al pago de una multa y, asimismo, se la condenó a la pena de comiso de la mercadería por ser ésta, presuntamente, de importación prohibida, fijando una multa sustitutiva y, además, se formuló cargo en concepto de tributos, intimando a la importadora y a la compañía aseguradora a la cancelación de éstos, por considerar que no resultó acreditada la reexportación de la totalidad de la mercadería correspondiente a la DIT citada, no cumpliendo en consecuencia con las obligaciones asumidas como consecuencia del régimen de importación temporaria.
Que, en desacuerdo con dicha decisión, la firma importadora BOSISIO S.A. recurre a este Tribunal Fiscal pues considera haber reexportado la totalidad de la mercadería importada temporariamente, en tiempo y forma, es decir antes de que venciera el plazo de permanencia de la mercadería introducida temporariamente, por medio de las copias simples de los Despacho de Exportación a Consumo acompañados por la misma en las actuaciones admnisitrativas.
IX. Que este Tribunal Fiscal tiene dicho en reiterada jurisprudencia que sólo puede demostrarse la reexportación de la mercadería con los permisos de embarque o solicitudes de destinación de exportación debidamente oficializadas, teniendo en cuenta sus cumplidos e imputación específica a la DIT en cuestión y con los certificados de tipificación y clasificación (CTC) que correspondan.
Que la forma de acreditar la salida de la mercadería introducida temporariamente, es dejando constancia en el cuerpo del permiso de embarque respectivo que la mercadería allí documentada coincide con la importada previamente en forma temporaria, de modo que el servicio aduanero se encuentre en condiciones de efectuar el debido control.
Que el Certificado de Tipificación y Clasificación (CTC) resulta un documento fundamental para evaluar la descarga de un despacho de importación temporaria, ya que permite determinar la cantidad de insumo importado que fue utilizada en la elaboración del producto que finalmente es exportado, así como los porcentajes de pérdidas, residuos, mermas y sobrantes resultantes del proceso productivo llevado a cabo por la empresa. Que la firma importadora “BOSISIO S.A.” no ha acompañado copia certificada del CTC N° 1910/2002 en cuestión. Asimismo, del análisis de la prueba de autos se observa que la interesada no impulsó el pedido de informes a la Secretaría de Industria a fin de requerir la remisión de dicho documento en original o copia certificada.
Que la falta del Certificado de Tipificación y Clasificación no constituye un simple incumplimiento formal en el que se perjudica el normal funcionamiento de control del servicio aduanero sino que es una conducta que afecta al fondo, es decir, hace a la infracción principal pues ello impide evaluar, en el caso concreto que nos ocupa, si la mercadería importada mediante la D.I.T. N° 00 001 IT14 003647C fue utilizada en el proceso productivo y exportada mediante el permiso de embarque que señala la recurrente. De ahí que se encuentran, en autos, suficientes elementos que avalan lo manifestado por el servicio aduanero respecto de la no reexportación de la mercadería importada temporariamente por lo que se concluye que la recurrente BOSISIO S.A. ha incurrido en la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A.
Que, por otra parte, hay que señalar que conforme surge del Anexo III de la Resolución Nº 748/95 y modificatorias se encuentra prohibida la importación a consumo de este tipo de mercaderías por lo que cabe estar a lo resuelto por el servicio aduanero respecto a la pena de comiso o, en su defecto, al pago de una multa sustitutiva de dicho comiso.
X. Que la recurrente considera que los tributos reclamados no deben de ajustarse por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) creado por la ley 25.561 y su reglamentación.
Que la liquidación de tributos que obra a fs. 13 de las actuaciones administrativas fue efectuada en pesos, moneda, en la que también se expresó el importe de los tributos cuando se corrió a la importadora y a la aseguradora la vista del art. 1101 del CA (v. fs. 20 y vta., ant. adm.), pese a que en el cuerpo del DIT el ítem fue expresado en dólares.
Que los tributos debían liquidarse en dólares atento a que, en el caso de autos se trata de hechos imponibles acaecidos con anterioridad a la vigencia de la ley 25.561. La deuda en concepto de tributos fue alcanzada por las normas de dicha ley y del decreto 214/02 el que en su art. 1° establece que a partir del 3/02/02 quedan transformadas en pesos las obligaciones de dar sumas de dinero -cualquiera fuere su causa u origen- expresadas en dólares existentes a la fecha de la sanción de la ley 25.561 y que no se encontrasen ya convertidas a pesos. Que esas obligaciones de dar sumas de dinero, que debieron expresarse en dólares, se habrían convertido a pesos a razón de U$S 1 = $1 más el CER, en los términos de los arts. 1, 4, y 8 del referido decreto 214/02. En consecuencia, a la fecha en que la aduana corrió vista a la firma importadora y a la aseguradora en fecha 2/12/10 (v. fs. 20 y vta., de las act. adm.), es decir, cuando ya se encontraba en vigor el decreto 214/02 habría correspondido pesificar la deuda $1= U$S 1 y aplicar el CER. Y en efecto, en la mencionada corrida de vista el servicio aduanero le intimó el pago a ambas firmas en pesos e hizo reserva por el CER que incluyó luego en la resolución apelada.
Que sobre el tema en cuestión, la CSJN sostuvo que “...al tratarse de una obligación de dar sumas de dinero que a la fecha de la sanción de la ley 25.561 y el decreto 214/02 se encontraba expresada en U$S resultan aplicables las disposiciones de los arts. 1, 4 y 8 del decreto 214/02 máxime habida cuenta de que no fue cuestionada su constitucionalidad” (sent. 27/4/10 en “Bridgestone Firestone Argentina SA”).
Que, así las cosas, la exigencia del CER contenida en la resolución apelada en la especie resulta ajustada a Derecho respecto de la aseguradora y en relación con los tributos aduaneros.
Que, en relación a los intereses, la recurrente se agravia de que sería improcedente el cómputo de los mismos sobre el C.E.R..
Que, si bien por el art. 7º del decreto 410/02 se estableció que a las relaciones jurídicas previstas en el art. 8º del decreto 214/02, no le serían aplicables las tasas de interés estipuladas en el art. 4º del decreto 214/02, es preciso señalar que ello no constituye obstáculo alguno a la aplicación de intereses sobre el tipo de obligaciones allí previstas.
Que cabe recordar que lo que establece el art. 4º del decreto 214/02 es la aplicación de una tasa de interés mínima para los depósitos y una máxima para los préstamos vinculados con el sistema financiero, es decir que, en el caso de deudas en moneda extranjera con el sistema financiero, lo que vino a establecer el art. 4º del decreto 214/02 es una limitación forzosa a la tasa de interés aplicable a esas deudas por parte de las entidades financieras, y no el devengamiento de intereses para obligaciones que originariamente no lo preveían, así como tampoco de ello se colige la prohibición de que las obligaciones no vinculadas con el sistema financiero devenguen intereses resarcitorios.
Que, ante la existencia de interpretaciones divergentes respecto del alcance o no de esa limitación a las tasas de interés a aplicar a las obligaciones resultantes de contratos o relaciones jurídicas previstas en el art. 8º del decreto 214/2002 (en particular, a obligaciones entre particulares), el Poder Ejecutivo Nacional estableció en el art. 7º del decreto 410/02, que no le serán aplicables a las situaciones jurídicas alcanzadas por el art. 8º del decreto 214/2002 las tasas de interés estipuladas en el art. 4º del decreto 214/02, sin que ello implique, como se señalara anteriormente, la prohibición de aplicar intereses sobre ese tipo de obligaciones, sino que por el contrario, lo que se estableció es que ese tipo de obligaciones se encontraban excluidas de la limitación establecida respecto de las deudas con el sistema financiero.
Que, ello así, resultan de plena aplicación sobre la obligación tributaria aquí discutida, los intereses resarcitorios devengados desde el vencimiento del plazo de diez días, contados desde la fecha de notificación de la liquidación de tributos a la aquí recurrente en virtud de la norma específica que regula las tasas de interés aplicables a las obligaciones tributarias aduaneras (conf. art. 794 del C.A.).
XI. Que determinada la procedencia del reclamo y, en consecuencia, la responsabilidad de la firma aseguradora, corresponde analizar los planteos de la misma en relación al límite del seguro de caución.
Que conforme surge de la póliza de seguro número 23819 (ver a fs. 131 de autos la copia certificada de la póliza) la compañía de seguros apelante garantizó al servicio aduanero el pago en efectivo hasta la suma de dólares estadounidenses U$S 13.000.- por eventuales obligaciones en concepto de tributos como consecuencia de la operación de importación temporaria 00 001 IT14 003647 C.
Que tratándose de una póliza emitida con anterioridad a la vigencia de la ley 25561 y al decreto 214/01 resulta aplicable lo dispuesto en el art. 4 de la Resolución General 1528/03 (AFIP): “Las garantías expresadas en dólares estadounidenses constituídas con anterioridad a la fecha de sanción del Decreto 214/02 y que se hallaban pendientes a dicha fecha, se considerarán convertidas a pesos a razón de UN DÓLAR ESTADOUNIDENSE (u$s 1) = UN PESO ($ 1). Sobre los montos resultantes se aplicará el Coeficiente de Estabilización de Referencia (C.E.R.) hasta la extinción de dichas garantías”
Que, por lo tanto, al importe de la póliza, que asciende a la suma U$S 13.000.-, le es aplicable el art. 4 de la RG 1528/03 antedicho, con lo cual debe entenderse emitida por $ 13.000.-, monto al que deberá adicionársele el CER más los intereses .
XII. Que en relación con los agravios formulados por la compañía aseguradora respecto del IVA adicional y del impuesto a las ganancias, resulta de aplicación al caso de autos la doctrina sustentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos caratulados “CLADD ITA S.A. (TF 22.343-A) c/ D.G.A.”, de fecha 26/11/2019, donde se expidió, con relación a las percepciones de IVA adicional e impuesto a las ganancias. Allí el Alto Tribunal expresó que “cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (arg. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir la obligación resultante del período fiscal.”; ello con fundamento en que en el caso "Volkswagen Argentina SA (TF 22.179-A) c/ DGA", fallado el 23 de agosto de 2011, la Corte consideró -tal como lo resumió la señora Procuradora Fiscal en su dictamen- que las percepciones establecidas en los citados reglamentos no constituyen pagos a cuenta de tributos cuyos hechos imponibles recaigan sobre las operaciones de importación.”. Ello así, habiendo transcurrido, en el presente caso, el período fiscal al que correspondían dichas percepciones (fecha en la se consideró importada a consumo la mercadería importada temporariamente) corresponde declarar extinguida la facultad del servicio aduanero para reclamar dichos anticipos.
XIII. Que siguiendo el tratamiento de los agravios de la compañía aseguradora en relación al derecho adicional exigido en autos, cabe destacar que el mismo resulta improcedente por expresa aplicación de la doctrina sustentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos caratulados “FRISHER SRL (TF 16236- A) c/ A.N.A.” e “IEF Latinoamericana S.A. (TF 16.912-A) c/ D.G.A.”, ambos del 14/08/2013; sin perjuicio de señalar que he declarado la inconstitucionalidad de dicha norma al votar con fecha 31/07/13 la causa N° 23.469- A, caratulada “La Mercantil Andina Cía. Argentina de Seguros S.A. c/ D:G.A. S/ apelación”, que tramitara por ante la Vocalía de la 13a Nominación (Sala “E”).
Que conforme lo expresado, reformulo la liquidación que luce a fs. 13 de los antecedentes administrativos:
TRIBUTOS
Valor en aduana de la mercadería en infracción: $ 5.757.-
Derechos de importación (14%) $ 805,98 TE (0,5%) $ 28,79 Base imponible IVA $ 6.591,77 IVA (21%) $ 1.384.27 TOTAL TRIBUTOS ADEUDADOS $ 2.219,04.
TOTAL MULTA 2.219,04
XIV. Que, en consecuencia, resulta ajustado a derecho confirmar la infracción endilgada por la Aduana, dejando a salvo el criterio asumido por el Dr. Garbarino – por razones de celeridad y economía procesal, y en atención a la inveterada posición adoptada por la mayoría de esta Sala – en relación a la potestad sancionatoria de la Administración, esbozado ya en numerosos precedentes (“Aluar Aluminio Argentino SACI y Otro c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 24.840, del 02/12/13; “Blanco, Eduardo Jorge c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 24.553-A, del 03/12/13 y “Nutribras SA c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 36.507-A, del 06/03/12, entre otros). Conforme lo expuesto, VOTO por:
1. Confirmar parcialmente la Resolución (DE PRLA) Nº 4236, recaída en el expediente administrativo SIGEA Nº 12039-1481-2007, en cuanto impone multa a la firma importadora “BOSISIO S.A.”, la que asciende a la suma de DOS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON 04/100 ($ 2.219,04). Costas por sus respectivos vencimientos, los que se imponen en un 72% a cargo de la importadora y en un 28% a cargo de la demandada.
2. Confirmar los arts. 2º, 3º y 4º de la Resolución (DE PRLA) Nº 4236, efectuando la salvedad de que, en caso de proceder, la multa sustitutiva de comiso se fija en la suma de SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON 04/100 ($ 7.976,04).
3. Confirmar parcialmente el art. 6° de la Resolución (DE PRLA) N° 4236, en tanto exige el pago de tributos a ambas co actoras, los que ascienden a la suma de DOS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON 04/100 ($ 2.219,04), con más el CER y los intereses del art. 794 que deben calcularse desde el 06/04/11 hasta la fecha de efectivo pago. Costas a las co actoras.
4. Declarar que la responsabilidad de la firma aseguradora queda circunscripta por el capital al límite máximo de la póliza nro. 23819 que asciende a la suma de TRECE MIL PESOS ($ 13.000.-) con más el CER y los intereses del art. 794 del C.A.
5. Revocar parcialmente la Resolución (DE PRLA) N° 4236 en tanto exige el pago de tributos a ambas co actoras, en concepto de IVA adicional y de las percepciones de IVA adicional e Impuesto a las Ganancias. Costas a la demandada.
6. Imponer las costas de lo resuelto en los puntos 3 y 5 de la presente – determinación tributaria – en un 18% a cargo de las co actoras y en un 82% a cargo de la demandada.
El Dr. Christian M. González Palazzo dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Pablo Garbarino Que, en virtud del acuerdo que antecede, SE
1. Confirmar parcialmente la Resolución (DE PRLA) Nº 4236, recaída en el expediente administrativo SIGEA Nº 12039-1481-2007, en cuanto impone multa a la firma importadora “BOSISIO S.A.”, la que asciende a la suma de DOS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON 04/100 ($ 2.219,04). Costas por sus respectivos vencimientos, los que se imponen en un 72% a cargo de la importadora y en un 28% a cargo de la demandada.
2. Confirmar los arts. 2º, 3º y 4º de la Resolución (DE PRLA) Nº 4236, efectuando la salvedad de que, en caso de proceder, la multa sustitutiva de comiso se fija en la suma de SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON 04/100 ($ 7.976,04).
3. Confirmar parcialmente el art. 6° de la Resolución (DE PRLA) N° 4236, en tanto exige el pago de tributos a ambas co actoras, los que ascienden a la suma de DOS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON 04/100 ($ 2.219,04), con más el CER y los intereses del art. 794 que deben calcularse desde el 06/04/11 hasta la fecha de efectivo pago. Costas a las co actoras.
4. Declarar que la responsabilidad de la firma aseguradora queda circunscripta por el capital al límite máximo de la póliza nro. 23819 que asciende a la suma de TRECE MIL PESOS ($ 13.000.-) con más el CER y los intereses del art. 794 del C.A.
5. Revocar parcialmente la Resolución (DE PRLA) N° 4236 en tanto exige el pago de tributos a ambas co actoras, en concepto de IVA adicional y de las percepciones de IVA adicional e Impuesto a las Ganancias. Costas a la demandada.
6. Imponer las costas de lo resuelto en los puntos 3 y 5 de la presente – determinación tributaria – en un 18% a cargo de las co actoras y en un 82% a cargo de la demandada.
Regístrese. Notifíquese a la DGA (33-69345023-9), a la Dra. Mariela Virginia Luciani (27-14569887-7) y a la Dra. Marta Nora Chiappe (27-05617314-0). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Garbarino y González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del C.A.).
Date: 2023.09.12 10:16:43 -03:00 Date: 2023.09.12 10:41:46 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.09.12 10:41:47 -03:00
Fin de la sentencia