Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 32.549-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la resolución resolución DE PRLA nº 7606/11, recaída en la Actuación Administrativa n° 608514-76-2005, declarando que los tributos adeudados ascienden a SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($ 61.480,37) con más el C.E.R. aplicable a la fecha de pago, en concepto de derechos de importación, tasa de estadística, e I.V.A., todo ello con más los intereses devengados desde el 3/1/2011 hasta la fecha del total y efectivo pago, monto que queda comprendido en las sumas garantizadas por las pólizas aquí involucradas.
2Costas por su orden respecto a los rubros IVA adicional y adelanto de ganancias.
3Con respecto a los demás rubros, costas conforme los mutuos vencimientos, las que se determinan en un 21% a cargo de la actora y en un 79% a cargo de la demandada.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-11817587-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 7 de Febrero de 2022 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN En Buenos Aires, se reúnen los Señores vocales miembros de la Sala “F” Dres. Miguel Nathan Licht (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18° Nom.), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, a fin de resolver en los autos caratulados: “ZURICH ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. C/ DIRECCION GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, expediente n° 32.549-A.
El Dr. Licht dijo:
I. A fs. 2/24, se presenta por apoderado la firma ZURICH ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., e interpone recurso de apelación contra la resolución DE PRLA nº 7606/11, recaída en la actuación SIGEA n° 608514-76-2006, por medio del cual se la intima, en su carácter de garante de la obligación tributaria, al pago de la suma de DOSCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($290.985,80) en concepto de tributos adeudados, con más los correspondientes intereses, por infracción al art. 970 del C.A. Hace un resúmen de los hechos y expone, como primer agravio, que la acción del Fisco para percibir tributos estaría prescripta. Señala que el art. 803 del C.A. establece que la acción del fisco para percibir tributos regidos por la legislación aduanera prescribe a los cinco años. Manifiesta que para que quede configurada la circunstancia suspensiva del art. 805 inc. a) deben darse los requisitos previstos en el art. 1094 del C.A. y que en el caso de autos, la liquidación se practicó de manera tardía a la apertura del sumario. Aduce que la AFIP procedió a verificar créditos en el concurso de COMPAÑÍA GENERAL DE SEMILLAS, pero respecto al crédito en cuestión devuelve las actuaciones atento a que la prescripción del art. 56 de la ley 24522 había operado el 8/4/2011, la propia DGA interpreta que le es aplicable tal norma y sus efectos. Aduce violación del derecho de defensa. Alega el límite de la responsabilidad de la aseguradora. Impugna determinados rubros de la liquidación que considera improcedentes. Subsidiariamente, se agravia de la liquidación en dólares del IVA Adicional, Impuesto a las Ganancias, sosteniendo que deberían liquidarse en pesos. Cita el fallo Volkswagen. Ofrece prueba y solicita se haga lugar a la apelación impetrada, con costas.
II. A fs. 30/35 se presenta la representante fiscal y contesta el traslado del recurso conferido solicitando su rechazo, con costas. En primer lugar, niega todas las afirmaciones esgrimidas por la actora en su escrito de inicio, y a continuación realiza un breve relato de lo actuado en sede administrativa. Respecto de la excepción de prescripción que plantea la actora, explica que la acción no ha prescripto sino que se encuentra suspendida. Sostiene que la apertura del sumario contencioso, encuentra fundamento en lo establecido por el art. 1094 del plexo normativo. Manifiesta que la garantía se encuentra pendiente de cancelación y activa. Alega que la corrida de vista y la rebeldía de la firma importadora faculta a su mandante a perseguir a la firma garantizadora por ser codeudora solidaria, lusa llana y principal pagadora de las obligaciones inherentes al régimen libremente elegido por ellas. Plantea que la firma importadora no habría cumplido con sus obligaciones en relación al régimen de importación temporaria, habiéndose configurado el siniestro. Indica que la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes a dicho régimen recae sobre la importadora y que la misma fue declarada rebelde. Afirma que al producirse el incumplimiento por parte del importador, el asegurador debe proceder a hacer efectivo el cumplimiento de la obligación que nace del contrato de seguro de caución.
III.-. A fs. 124 se elevan los autos a la Sala “F” y se ponen para alegar. Posteriormente se llama autos a sentencia.
IV. De la compulsa de las actuaciones administrativas Nº 608514-76-2006 surge que las mismas se inician a fs. 1 con el acta de denuncia nº 2058/04 por la infracción tipificada en el art. 970 del CA respecto de la destinación de importación temporaria Nº 00 001 IT14 002808 A, presentada por la firma COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEMILLAS S.A. A fs. 3 obra consulta de declaración detallada. A fs.4 obra la carpeta contenedora del D.I.T. n° 00 001 IT14 002808 A y documentación relacionada al mismo. A fs. 7 con fecha 25 de octubre de 2006 se dispone la instrucción del sumario. A fs. 10 obra la liquidación de tributos. A fs. 11 obra la determinación de tributos y multa. A fs. 18 obra consulta de garantía global o unitaria. A fs. 19 y vta., con fecha 19 de noviembre de 2010, se corre vista a la firma importadora y se cita a la aseguradora, en su carácter de garante de la obligación tributaria cuya notificación a la aquí actora, es del día 16 de diciembre de 2010 y a la importadora el 29/11/2010. A fs. 31/37 contesta vista la aseguradora. A fs. 45 la aduana conforme al resultado negativo de notificación dirigida a la CIA ARGENTINA DE SEMILLAS S.A., la notifica de la vista al domicilio fiscal y al especial que surgen de las constancias informáticas. A fs. 51/52 vta. obran agregadas las pólizas 26578, 25344. A fs. 83 se declara la rebeldía de COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEMILLAS S.A. A fs. 89/93 y vta. obra la resolución n° 7606 de fecha 24/10/2011, aquí apelada la cual fuere notificada a la aquí actora el 6/11/2012.
V. En relación con el agravio respecto a la violación al derecho de defensa por negación de pruebas en la instancia anterior, ha de señalarse que no se le causa a la recurrente indefensión o gravamen que no pueda ser subsanado mediante la intervención de este Tribunal, atento a la posibilidad de que dispone, en esta instancia, de ofrecer y producir prueba con toda amplitud y exponer los argumentos que estime convenientes, sin restricción alguna. En efecto, resulta de aplicación al caso la doctrina de la C.S.J.N., que sostiene que cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación al art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior (entre otros, Fallos 205:549 y 267:393).
Primera cuestión VI.- Corresponde tratar el agravio interpuesto por la recurrente respecto a la presunta prescripción de la acción del Fisco para el cobro de los tributos reclamados mediante la resolución aquí recurrida.
Tal como sostuve in re: “EX-2019-91486944- APN-SGASAD#TFN, AFIANZADORA LATINOAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. c/ DGA s/ apelación”; EX-2019-97789030- APN-SGASAD#TFN “AIT S.A.
c/ DGA s/ apelación” y EX-2019-72410244- APN-SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, entre otras, encuentro que la interrupción o suspensión del curso de la prescripción opera en los casos en que se notifica el auto de apertura del sumario.
Ello es así en virtud de lo establecido en el artículo 1012 inciso b) del C.A. en cuanto dispone que “Sin perjuicio de los actos cuya notificación estuviere expresamente prevista en los procedimientos regulados en este Código, deberán ser notificados (…); b) Los (…) que en alguna medida, afectaren derechos subjetivos o intereses legítimos” carácter que - sin duda- reviste el auto de apertura del sumario, en tanto su dictado ha sido previsto por el legislador como causa de interrupción o suspensión de la prescripción. En orden a ello, no puede pasar desapercibido que la notificación de los actos administrativos tiene trascendental importancia en el procedimiento administrativo (García de Enterría, E. -Fernández, T.R., "Curso de Derecho Administrativo", t. 1, p. 541), dado que resulta fundamental para preservar la seguridad jurídica (confr. Entrena Cuesta, R. "Curso de derecho administrativo", Madrid, 1981, 7a. ed., vol. 1, p.212), constituyéndose como un deber de información impuesto como carga a la administración en garantía de los derechos de los particulares (Garrido Falla, F. "Régimen de impugnación de los actos administrativos", ed. Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1956, págs. 275 y ss.), vinculándose así su régimen con la garantía de la defensa en juicio, el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de la buena fe (González Pérez, J., "Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo", Madrid, 1977, pág. 582).
La circunstancia de que los artículos 805 inc. a) y 937 inc. a) del C.A. - aplicables al caso- establezcan que el curso de la prescripción se interrumpe por el mero dictado del auto por el cual se ordena la apertura del sumario, no autoriza sin más a acordar a ese acto administrativo efectos jurídicos con prescindencia de la debida notificación en contraposición con el principio general establecido en el artículo 11 de la Ley 19.549. Ello así, a poco que se advierta que es propio de la interpretación de las leyes indagar su verdadero sentido y alcance mediante un examen atento y profundo de sus términos que consulte la racionalidad del precepto y la voluntad del legislador, teniendo en cuenta su conexión con las demás normas que integran el ordenamiento jurídico vigente, con el que deben armonizar del modo que mejor concuerden con los principios y garantías de la Constitución Nacional (Fallos 297:142; 299:93, 301:460; 302:1600, 314:1445, 1717 y 1784, entre muchos otros). Es que, jurídicamente no puede hablarse de acto administrativo en la plenitud de su esencia, en la medida que no produzca sus efectos jurídicos propios a través de la forma previamente encauzada por el ordenamiento jurídico y cuando esta forma -como es el caso de la notificación- aparece como un procedimiento insoslayable para la administración, no cabe duda, a mi entender, que allí estamos hablando de algo más que de la mera "eficacia", sino de la entidad jurídica, es decir, su "validez".
Con arreglo a lo dicho y en relación al caso que nos convoca, entiendo que el auto de apertura del sumario dictado el 25/10/06, posterior al vencimiento del plazo quinquenal previsto en los arts. 803 del C.A., no puede reputarse válido.
Conforme surge de las actuaciones administrativas tenidas a la vista, la apertura de sumario de fecha 25/10/06 no fue efectivamente notificada a las partes. Esta notificación constituye una exigencia impuesta por la ley cuyo incumplimiento, reitero, afecta la validez misma del acto.
En virtud de lo expuesto, el acto examinado carece de la entidad suficiente para producir la suspensión de la prescripción de la acción para perseguir el cobro de tributos en los términos art. 805, inc. a), del C.A. Habiéndose iniciado el cómputo de dicha prescripción el 1/1/03 -en tanto se trata de una importación temporaria cuyo vencimiento se produjo el 28/5/2001 con prorroga al 23/5/2002-, la misma operó, no habiendo mediado causales interruptivas y/o suspensivas, el 31/12/07 (cfme. arts. 803, 804 y 805 del C.A.), es decir, con anterioridad al dictado de la resolución DE PRLA n° 7606/11, aquí apelada, dictada el 24/10/11 (ver fs. 89/93 vta. de las act.) y notificada el 24/10/12 en la mesa de terminal a la importadora y a la aquí actora el 6/11/2012 y según la constancias de fs. 94/vta. y 95 vta. de las act., respectivamente.
En virtud de ello, corresponde declarar la prescripción de la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos relativos al DIT n° 00 001 IT14 002808A.
El Dr. Garbarino dijo:
Que la cuestión prescriptiva debatida en la litis encuentra adecuada respuesta en los votos emitidos por el suscripto in re “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. c/ D.G.A s/ Recurso de Apelación”, expediente n° 35.294-A; al que se encuentra acumulado el que lleva número 35.363-A, caratulado “DANCAN S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación”, que tramitaran por ante la Vocalía de la 18° Nominación y que resultan – en ese aspecto- sustancialmente análogas a la presente, por lo que corresponde remitirse a dichos argumentos, por razones de brevedad y economía procesal, en toda su extensión. ASI LO VOTO.
El Dr. Gonzalezz Palazzo dijo:
A la primera cuestión planteada por mi distinguido colega de grado, en tanto entiende que es menester la notificación del auto que dispone la apertura del sumario para dotarlo así de los efectos previstos en el art. 937 y 805 inc .a) del código de fondo, considero que nuestro Tribunal cimero –como bien lo destaca el Dr. Garbarinoen “Wonderland S.R.L. c/ Aduana Rosario” finiquitó la prístina discusión introducida. Su académica introducción en el debate sólo puede generar un innecesario dispendio jurisdiccional que afecta al ya demorado objetivo de arribar a lo pretendido: la sentencia definitiva.
Por ello, y ciñéndome al thema decidendum, adhiero a lo propuesto por el Dr. Garbarino en tanto entiende que corresponde rechazar el planteo de prescripción de las acciones del fisco para imponer la multa y para perseguir el cobro de tributos relativos al DIT n° 00 001 IT14 002808 A.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
Rechazar el planteo de prescripción de las acciones del fisco para perseguir el cobro de tributos relativos al DIT n° 00 001 IT14 002808 A.
Segunda Cuestión El Dr. Licht dijo:
I. Sin perjuicio de lo expuesto en el apartado anterior, y en atención al criterio mayoritario de esta Sala “F”, corresponde a este Tribunal determinar si resulta ajustada a derecho la exigencia tributaria que fuera intimada a cancelar la firma ZURICH ARGENTINA CIA. DE SEGUROS S.A., en su calidad de garante de la obligación tributaria, respecto del D.I.T. N ° 00 001 IT14 002808 A, documentado por la firma importadora COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEMILLAS S.A., por la comisión de la infracción prevista y penada en el art. 970 del C.A. La firma importadora no probó haber regularizado la situación de la mercadería importada temporariamente mediante el D.I.T. que nos ocupa, al vencimiento del plazo de permanencia otorgado –que operó el 28/05/2001 y que fuera prorrogado al 23/05/2002–, por lo cual la Aduana tramitó el sumario contencioso (Actuación Nº 608514-76-2005), que concluyó con la condena impuesta a la firma importadora, en los términos del art. 970 del C.A. y la formulación del cargo por tributos adeudados, los que son reclamados a la importadora y a su garante. Dicho pronunciamiento sólo fue recurrido por la aseguradora ZURICH ARGENTINA CIA. DE SEGUROS S.A., a través del recurso que nos ocupa.
Cabe señalar que la no regularización en término de la mercadería ingresada temporariamente configura, prima facie, el ilícito previsto y penado por el art. 970 del C.A., y no una mera infracción formal, por cuanto de conformidad con lo dispuesto en el art. 972, ap. 2, del C.A., se considera que el incumplimiento de la obligación de reexportar o de importar la mercadería dentro del plazo acordado afecta la finalidad tenida en cuenta para el otorgamiento del régimen.
Se destaca, así, que no se trata de una interpretación aduanera, sino que el requisito de reexportación en término está expresamente previsto en la norma, y ello por cuanto el legislador, al regular el instituto de la importación temporaria, expresamente consideró que se trataba de un régimen en el que la mercadería quedaba sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla con anterioridad al vencimiento del plazo acordado (art. 250 del C.A.).
Además de la sanción prevista en el art. 970 del C.A., que prevé una multa en cabeza del importador, deben abonarse los gravámenes que gravan la importación para consumo de la mercadería no exportada, de conformidad con lo establecido en el art. 274, ap. 1, inc. a), y ap. 2, siendo responsables de su pago la importadora y la aquí recurrente, en su carácter de garante.
En efecto, la firma importadora de la mercadería bajo el régimen de importación temporaria garantizó el pago de tributos, exigibles como consecuencia de su eventual incumplimiento, conforme lo previsto en el art. 453, inc. c), del C.A., que prevé que el seguro debe cubrir los “eventuales” tributos que correspondieren para la importación para consumo y utilizó a ese fin el “seguro de caución” contemplado en el art. 455 del C.A., otorgado, como ya quedara demostrado, por la aquí recurrente.
Cabe recordar que la finalidad del seguro de caución es la ejecutabilidad inmediata de la garantía, frente al incumplimiento del tomador (CNCom, Sala A, nov. 26, 1981, INDESA S.A. c/ APOLO CIA. DE SEGUROS, La Ley, 1982-B, 416, E.D. 97-588; CNFed Civil y Com., Sala III, julio 14, 1998, EMPRESA FERROCARRILES ARG. c/ AGENCIA ABRAXAS TURISMO S.R.L. Y OTRO, La Ley 1998-E, 549). El seguro de caución es el seguro concertado con el objeto de garantizar al asegurado, hasta la suma máxima estipulada, el pago en efectivo que debe percibir del proponente con quien contrata, teniendo por finalidad el pago inmediato por parte de la aseguradora ante el mero incumplimiento del deudor (CNCom, Sala A, precedente citado).
En este orden de ideas, también cabe destacar que en el seguro de caución los actos, declaraciones u omisiones del tomador no afectan en ningún caso los derechos del asegurado frente al asegurador (CNCom, Sala B, julio 8- 1996, ALBA CIA. DE SEGUROS c/ GIORGETTI, Alejandro H. y otro, La Ley 1997-E, 1011).
Asimismo, surge de las condiciones pactadas y de la naturaleza del seguro contratado, que en el caso del seguro de caución el asegurador adquiere el carácter de pagador principal y fiador solidario, añadiendo su responsabilidad a la del obligado primigenio, que se supone solvente y fiel cumplidor de sus obligaciones por tratarse de una entidad aseguradora, perteneciendo este “tipo” de seguro a los contratos de garantía, cuyo objeto es la eliminación del riesgo de la mora (CNCom., Sala B, oct. 23, 1990, E.D. 142,479). Tampoco el asegurador goza del derecho de excusión, con lo que no cabe agotar ningún procedimiento previo contra los bienes del deudor.
La Aduana, en su carácter de asegurado o acreedor frente al incumplimiento del tomador del seguro - importadorno se encuentra obligada a cumplir con otros requisitos más que la determinación de dicho incumplimiento y si se tiene en cuenta que el tomador no acreditó el cumplimiento del régimen de destinación suspensiva de importación temporaria y no cuestionó el fallo que ordenó la formulación del cargo por tributos, permitiendo que quedara firme, tiene así la Aduana acción contra el asegurador, dándose por indiscutible el siniestro.
En definitiva, la Aduana ha determinado e intimado al pago de los tributos adeudados como consecuencia de que, al vencimiento del plazo de la destinación suspensiva de importación temporaria (28/5/2001 prorrogado al 23/5/2002), no se probó la regularización de la mercadería involucrada. La responsabilidad de la aseguradora por el pago de los tributos adeudados es consecuencia inmediata del incumplimiento del tomador del seguro y la falta de pago por parte del mismo, tal como ha sido expresamente asumido a través de la garantía o seguro de caución oportunamente otorgado.
II. Sentado lo que antecede y como ya quedara expuesto, no se encuentra controvertido que mediante las pólizas de seguro de caución n° 26.578 y 25344, la aquí apelante aseguró a la Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General de Aduanas el pago en efectivo de hasta la suma máxima de SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DÓLARES (u$s 62.500) y DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS DOS DÓLARES (u$s 17.802), respectivamente, con más la que pudiere resultar en exceso por aplicación del art. 1122 del C.A., que resulte obligado a efectuarle la firma COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEMILLAS S.A. como consecuencia de la operación de importación temporaria documentada mediante el D.I.T. N° 00 001 IT14 002808 A.
Surge de las constancias de las actuaciones administrativas, y no ha sido desvirtuado en autos, que la firma importadora no regularizó la situación de las mercaderías importadas temporariamente al amparo del D.I.T. en trato, bajo el régimen del decreto 1439/96 al vencimiento del plazo de permanencia otorgado.
En consecuencia, ha quedado configurada la infracción prevista y penada en el art. 970 del C.A., y surge la responsabilidad de la recurrente, en su carácter de garante, de los tributos adeudados como consecuencia de la importación para consumo de la mercadería importada temporariamente.
En dicho entendimiento, la aquí recurrente, en virtud de la garantía dada, responde por todos los tributos adeudados por la importadora que gravaban la importación para consumo de la mercadería al tiempo de producirse el siniestro, esto es, al tiempo de la infracción (arts. 274). El tope está dado por el monto de la garantía.
III. Previo a efectuar la liquidación de lo adeudado en concepto de tributos por la totalidad de la mercadería en infracción, corresponde que me expida sobre la incorporación en la misma del derecho adicional, que fuera reclamado en la liquidación practicada en las actuaciones administrativas y del cual la aquí actora se ha agraviado.
Al respecto, corresponde revocar el derecho adicional por aplicación al caso de autos del fallo recaído in re “IEF LATINOAMERICANA SA (TF 16.912-A) c/DGA”, del 14/8/13, en el que aplica y remite en lo pertinente a las consideraciones y criterio establecido en la causa “FRISHER SRL (TF 16.236-A) c/DGA”, también del 14/8/13, en la que revocó la exigencia del derecho adicional previsto en el art. 15 de la res. ME 72/92, limitando el pago a los casos en que se solicita la importación para consumo regular de las mercaderías importadas temporariamente.
IV. En relación al agravio relativo a los rubros IVA adicional y Ganancias, debe señalarse la reciente doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA SA c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01) s/DGA” (TF 22.343-A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos.
Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”.
Justamente, sobre esa base, concluye que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”.
Ello así, resulta evidente que, en el presente caso, la DGA carece de facultades para exigir los importes exigidos en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
V. En virtud de lo expuesto, corresponde modificar la exigencia tributaria surgida de la liquidación practicada por el servicio aduanero a fs. 11 de las act. adm., conforme se detalla a continuación:
Valor en aduana del saldo de mercadería no regularizada: $255.901,68 Derechos de Importación (2%) $5.118,03 Tasa de estadística (0,5%) $1.279,51 Base imponible I.V.A.: $ 262.299,22 I.V.A. (21%) $55.082, 83 Total tributos adeudados: $ 61.480,37 más intereses.
En consecuencia, la aseguradora adeuda, en su carácter de garante, el importe de los tributos determinados precedentemente (derechos de importación, tasa de estadística, e I.V.A), todo ello sin perjuicio de los intereses devengados sobre dichos rubros, hasta la fecha de su efectivo pago, en los términos de los arts. 794, 1101 y 1103 del C.A.
VI. En cuanto a los intereses comprometidos en la póliza son los intereses resarcitorios devengados desde la fecha de vencimiento del plazo de diez días, contados desde 16/12/2010, vale decir, desde el 3/1/2011, siendo aquella la fecha en que la aseguradora se notificó de la corrida de vista del sumario a fs. 26 vta. de los antecedentes administrativos, conforme surge de aplicar lo dispuesto por el art. 794 del C.A.
VII. En definitiva, y como ya se expresó, se desprende de las pólizas de marras que la aquí actora aseguró a la D.G.A. hasta la suma máxima de OCHENTA MIL TRESCIENTOS DOS DOLARES (u$s 80.302), mientras que el monto de la deuda tributaria por la operación aquí en trato asciende a SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($61.480.37) -junto con los intereses devengados en virtud del art. 794 del C.A Por haber sido constituida en dólares la garantía aludida, con anterioridad a la sanción de la ley 25.561 de Emergencia Pública y Reforma al Régimen Cambiario, la misma resulta alcanzada por las prescripciones de dicha ley así como por las del decreto 214/02 del 3/2/2002, en particular sus arts. 4° y 8° que fueran transcriptos, a efectos de la determinación de la equivalencia en moneda nacional, de las sumas expresadas en la respectiva póliza en dólares estadounidenses. Siendo así, el monto de la póliza expresado en dólares estadounidenses quedó convertido a pesos en relación $ 1 = u$s 1, con más la aplicación del coeficiente de estabilización de referencia (C.E.R.), establecido en la ley 25.713, aplicable a la fecha en que se efectúe el pago.
También, en virtud del art. 4° de la resolución general n° 1528/03 “Las garantías expresadas en dólares estadounidenses constituidas con anterioridad a la fecha de sanción del decreto 214/02 y que se hallaban pendientes a dicha fecha, se considerarán convertidas a pesos a razón de UN DÓLAR ESTADOUNIDENSE (u$s 1) = UN PESO ($ 1). Sobre los montos resultantes se aplicará el Coeficiente de Estabilización de Referencia (C.E.R.) hasta la extinción de dichas garantías.”
Teniendo en consideración que los tributos adeudados ascienden a $ 61.480.37 y que la suma garantizada asciende a u$s 80.302 –o $ 80.302 más el CER- resulta indudable que la garantía otorgada por la aquí apelante cubre la deuda tributaria, por lo que corresponde, también en dicho aspecto, la confirmación de la disposición atacada.
Por ello, VOTO POR:
1. Confirmar parcialmente la resolución DE PRLA nº 7606/11, recaída en la Actuación Administrativa n° 608514-76-2005, declarando que los tributos adeudados ascienden a SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($ 61.480,37), en concepto de derechos de importación, tasa de estadística, e I.V.A., todo ello con más los intereses devengados desde el 3/1/2011 hasta la fecha del total y efectivo pago, monto que queda comprendido en las sumas garantizadas por las pólizas aquí involucradas.
2. Costas por su orden respecto a los rubros IVA adicional y adelanto de ganancias.
3. Con respecto a los demás rubros, costas conforme los mutuos vencimientos, las que se determinan en un 21% a cargo de la actora y en un 79% a cargo de la demandada.
El Dr. Pablo A. Garbarino dijo:
Adhiero al voto del Dr. Miguel Licht.
El Dr. González Palazzo dijo:
Adhiero a lo propuesto por el Dr. Licht.
Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente la resolución resolución DE PRLA nº 7606/11, recaída en la Actuación Administrativa n° 608514-76-2005, declarando que los tributos adeudados ascienden a SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($ 61.480,37) con más el C.E.R. aplicable a la fecha de pago, en concepto de derechos de importación, tasa de estadística, e I.V.A., todo ello con más los intereses devengados desde el 3/1/2011 hasta la fecha del total y efectivo pago, monto que queda comprendido en las sumas garantizadas por las pólizas aquí involucradas.
2. Costas por su orden respecto a los rubros IVA adicional y adelanto de ganancias.
3. Con respecto a los demás rubros, costas conforme los mutuos vencimientos, las que se determinan en un 21% a cargo de la actora y en un 79% a cargo de la demandada.
Regístrese y notifíquese. Firme que quede la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Dres. Miguel Nathan Lich (vocal subrogante de la Vocalía de la XVIII Nom.), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2022.02.04 19:08:47 -03:00 Date: 2022.02.07 15:27:29 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.02.07 15:53:00 -03:00 Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.02.07 15:53:01 -03:00
Fin de la sentencia