Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2022-123232422-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la nulidad del artículo 2° de la Resolución (DE PRLA) Nro. 598/2018, dictada en el marco de las Actuaciones SIGEA nro. 12073-358-2009 en fecha 20 de febrero de 2018 y notificada a la recurrente en fecha 24 de octubre de 2022.
2Costas a cargo del Fisco Nacional.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-46088263-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 8 de Mayo de 2026
Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, para resolver el EX-2022- 123232422-APN-SGASAD#TFN caratulado: “ZURICH COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ recurso de apelación”, y El Dr. Garbarino dijo:
I. Que en autos se presenta, por apoderada, la firma Zurich Compañía Argentina de Seguros S.A., e interpone recurso de apelación contra la Resolución (DE PRLA) N° 598/2018, de fecha 20/2/2018, dictada en el expediente administrativo SIGEA Nº 12073-358-2009, que fuera notificada con fecha 24/10/2022, mediante la cual se resolvió archivar sin más trámite el sumario en los términos de la Instrucción General n° 09/17 (art. 1°), como así también condenar mediante su artículo 2° a la firma “SUPERGLASS S.A.” y a su parte -en carácter de garante de la referida empresa- al pago de U$S 3.441,19 en concepto de tributos adeudados y $ 7.809,53 en concepto de Percepción de IVA Adicional y de Impuesto a las Ganancias, por presunta infracción al artículo 970 del Código Aduanero, en relación a la Importación Temporal 08 001 IT16 000048 E, cuyo vencimiento operaba el 4 de enero de 2010.
En primer término, articula la nulidad de las actuaciones sumariales y de la resolución en trato, articulando en primer lugar la nulidad del auto de apertura del sumario, fundado en los requisitos que establece el artículo 1094 del Código de rito, por carecer de los recaudos básicos que la norma impone y de la Resolución que no fue precedida del auto por el que se debió correr vista de las actuaciones y su notificación. Señala que la Aduana no notificó la pertinente corrida de vista de las actuaciones administrativas, no pudiendo ejercer su derecho de defensa. Destaca que toma conocimiento del sumario recién con la notificación de la resolución aduanera aquí apelada. Agrega que el proceder del servicio aduanero en el caso en examen no cumple el principal objeto de la formulación del sumario, que consiste en comprobar la existencia de una infracción aduanera (art.1091, inc. a) del C.A.), configurando las actuaciones antecedentes a la resolución apelada, una simple denuncia y una liquidación, sin elementos de base para ello. A su vez, plantea la violación del principio del debido proceso adjetivo como así también la vulneración del derecho a obtener una resolución judicial dentro de un plazo razonable. Asimismo, plantea la prescripción de la acción de la DGA en materia tributaria, toda vez que al momento de ser notificada de la Resolución Nro. 598/18 de fecha 20 de febrero de 2018, esto es el 24/10/2022 –a más de cuatro años y medio después de su dictado-, ya se encontraba prescripta la acción del Fisco para percibir tributos, cuyo plazo resulta del artículo 803 del Código Aduanero, de conformidad con lo que establece el artículo 805, inc. a), del citado cuerpo legal. Agrega que no hay ningún acto de interrupción entre la fecha de la citada Resolución y la Notificación de la misma, por lo que a su juicio ha fenecido el término de prescripción quinquenal. Se agravia en relación al límite de responsabilidad del garante, destacando la suma máxima asegurada en la especie. Cita doctrina y jurisprudencia. Ofrece prueba, funda en derecho y efectúa reserva de caso federal. Finalmente, solicita se revoque la Resolución apelada, con costas a la DGA.
II. Que, corrido el traslado de ley, se presenta la representación fiscal, contesta el traslado del recurso que le fuera conferido y ofrece las actuaciones administrativas correspondientes a la causa. Formula una negativa genérica de los argumentos de hecho y de derecho esgrimidos por la actora en su escrito de demanda. Analiza el contenido de la Instrucción General (DGA) nro. 09/2017 aplicada en autos, aseverando que, a contrario de lo postulado por la actora, la formulación de cargo por la diferencia tributaria resultante de considerar la mercadería importada para consumo, sin perjuicio del archivo de las actuaciones sumariales por considerar antieconómico su prosecución en relación a la presunta infracción, establecido en la referida normativa se compadece con lo normado por el artículo 274 del Código Aduanero. Rechaza la nulidad planteada por su contraria, habida cuenta que según su enfoque los requisitos que prevé el artículo 1094 del Código de rito fueron debidamente cumplimentados, derivándose de ello la validez del auto de instrucción sumarial. Afirma la plena vigencia de la acción de la DGA para percibir los tributos reclamados en autos, negando que haya operado la prescripción de la acción para perseguir el cobro de tributos, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 805 y concordantes del Código Aduanero, toda vez que se instruyó sumario dentro del plazo legal suspendiéndose así la prescripción. Manifiesta con respecto la documentación relativa a la póliza y al carácter de obligados solidarios. Se pronuncia sobre la cuestión de fondo y contesta los planteos relativos a la determinación tributaria. Se allana parcial y exclusivamente en relación a las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias. Cita jurisprudencia. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas de la causa. Hace reserva del caso federal. Finalmente, solicita se dicte sentencia confirmando la resolución recurrida, con expresa imposición de costas a la contraria.
III. Que en fecha 8/9/2023 esta Sala tuvo por allanado parcialmente al Fisco Nacional respecto a las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, con costas a la demandada.
IV. Que, sentado ello, cabe destacar que las actuaciones SIGEA 12073-358-2009 correspondientes a la presente causa se inician a fs. 1 con el Acta denuncia 167/2009 contra la firma SUPERGLASS S.A., por la presunta comisión de la infracción contenida en el artículo 970 del Código Aduanero. A fs. 2 obra liquidación de tributos y multa. A fs. 3 luce Orden de Intervención y a fs. 16 Acta de Comprobación. A fs. 18 se agrega el P.E. de referencia, a fs. 21/23 la Factura Comercial, a fs. 23 la Instrucción de Descarga de Temporales, a fs. 27/28 el C.T.I.T., a fs. 68/69 el Informe 467/2009 (DV CODD), a fs. 71 la Nota 1071/2009 (DV CODD) y a fs. 72 la Nota 617/2009 (DE FIAM). A fs. 73, en fecha 10/06/2013, se dicta el auto de apertura del sumario, y se giran las actuaciones a la Sección Verificación. A fs. 74 obra glosada la valoración de la mercadería en trato y a fs. 75/76 y 79 la determinación de tributos y multa. A fs. 80 surge la consulta al sistema SUMARCHI, de la que se desprende que no existen antecedentes de sumarios archivados en cabeza de la importadora. A fs. 81/82 obra la Resolución (DE PRLA) 598/18, de fecha 20/02/2018, apelada en autos. A fs. 85 se notifica a la firma importadora y a fs. 86 a la compañía aseguradora, ambas con fecha 24/10/22.
V. Que posteriormente se elevan los autos a esta Sala “F” y quedan en estado de dictar sentencia.
VI. Que se le imputa a la firma importadora Superglass S.A. la presunta comisión de la infracción al régimen de importación temporaria, tipificada en el artículo 970 del Código Aduanero, por no cumplir en tiempo y forma con la reexportación o, en su defecto, la importación a consumo de la mercadería amparada por la D.I.T. 08 001 IT16 000048 E , cuyo vencimiento operaba el 4 de enero de 2010, por lo que la compañía aseguradora interviniente debe responder por los tributos adeudados en la especie, en su calidad de garante de la operación aduanera en trato.
Que, bajo tales premisas, corresponde -en primer lugar- tratar la nulidad de la resolución apelada opuesta por la actora, con fundamento en que el Administrador dispuso sin más el archivo del sumario y la intimó al pago de tributos, sin posibilidad alguna de defensa al respecto, al no haberle notificado la corrida la vista prevista en el artículo 1101 del Código Aduanero, lo que vulnera la garantía constitucional de la defensa en juicio y del debido proceso legal.
Que el Código Aduanero establece que las infracciones aduaneras, salvo aquellas que tuvieren previstas sanciones aplicables en forma automática, se juzgarán conforme al procedimiento reglado en el Capítulo Tercero del Título II de la Sección XIV, por lo cual cuando el servicio aduanero tome conocimiento de la presunta configuración de una infracción aduanera, deberá practicar todas las diligencias necesarias para investigar los hechos, a cuyo efecto podrá ejercer todas las funciones de control que las leyes le acuerden (cfme. arts. 1080 y 1081 del C.A.). Que el artículo 1091 del citado texto legal establece que: “El sumario tiene por objeto; a) comprobar la existencia de una infracción aduanera; b) determinar los responsables; c) averiguar las circunstancias relevantes para su calificación legal y la graduación de las penas aplicables; d) disponer las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las penas que pudieren corresponder” y el artículo 1094 del mentado plexo normativo, vigente a la fecha de los hechos, disponía: “En la resolución que dispusiere la apertura del sumario, el administrador determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción, con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados”. Que, en las actuaciones administrativas relativas a la causa, no obra ninguna constancia que dé cuenta de que se hayan efectuado las diligencias necesarias a los fines de verificar la existencia de comisión de la infracción, que según consta en la denuncia aduanera, habría sido Prima Facie verificada.
Que, por su parte, el artículo 1101 del Código Aduanero dispone que: “Cumplidas las medidas dispuestas de conformidad con el artículo 1094, el administrador correrá vista de lo actuado a los presuntos responsables por el plazo de DIEZ (10) días, a fin de que presenten sus defensas, ofrezcan toda la prueba y acompañen la documental que estuviere en su poder. Si no tuvieren en su poder la prueba documental, la individualizarán indicando su contenido, el lugar y la persona en cuyo poder se encontrare”.
Que la Aduana omitió asimismo notificar la corrida vista de lo actuado, al/los presunto/s responsables de la infracción Prima Facie verificada y, concretamente, de las obligaciones tributarias emergentes del DIT nro. 08 001 IT16 000048 E, cuyo vencimiento operaba el 4 de enero de 2010, limitándose a dictar la resolución que se apela en la causa disponiendo el archivo del sumario en los términos de la Instrucción Gral. 9/17 y la formulación de cargo a la empresa importadora y a la aquí recurrente, en su carácter de garante por los tributos adeudados por el presunto incumplimiento del DIT en cuestión (confr. art. 274 del C.A.).
Por ende, resulta claro que, en el caso bajo examen, la Aduana se apartó del procedimiento reglado por el Código Aduanero para las infracciones, ya que, luego del dictado de la instrucción de sumario, ninguna intervención se le otorgó a la firma aseguradora, siendo que los actos procesales cumplidos posteriormente, en su totalidad, fueron realizados por el servicio aduanero. Es decir, no existió la oportunidad de acompañar o, en su defecto, solicitar el agregado de la documentación que pudiera acreditar el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el régimen de importación temporaria.
Por lo demás, corresponde destacar que la firma actora recién tomó conocimiento del sumario en trato al ser notificada del dictado de la resolución apelada en autos, en fecha 24/10/2022 (confr. fs. 86 act. adm.), en la que se le reclama el pago de los tributos que corresponderían por el incumplimiento del DIT en trato.
Bajo tales premisas, deviene necesario recordar que la existencia del procedimiento administrativo tiene por finalidad constituir el marco en el cual la recurrente va a poder discutir la legalidad y procedencia del reclamo tributario que pretende percibir la Administración y es en el marco del mismo, donde se debe garantizar al contribuyente el ejercicio de su derecho de defensa, consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Que, justamente, el procedimiento para las infracciones resulta ser la etapa procesal oportuna para acreditar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la beneficiaria del régimen, por lo que no cabe duda que la omisión de notificar la corrida de vista de los actuados, desnaturaliza el procedimiento y no puede considerarse cumplida con la notificación de la resolución apelada.
En definitiva, y toda vez que la omisión de notificar la corrida de vista a la compañía aseguradora aquí recurrente, le impidió ejercer debidamente su derecho de defensa tutelado por el artículo 18 de la Constitución Nacional, causándole un perjuicio que no es susceptible de ser subsanado en esta instancia, vulnerándose así elementales principios de jerarquía constitucional, el derecho a ser oído y derecho al debido proceso, en cuanto se exige el pago de tributos por la supuesta comisión de la infracción prevista en el artículo 970 de la ley 22.415 sin haberse verificado ni constatado la misma -conforme artículo 274 apartado 1 y 2-, no cabe más que declarar la nulidad del artículo 3° de la resolución apelada en cuanto intima a la aseguradora aquí actora al pago de tributos, con costas al Fisco Nacional.
VII. Que, sentado ello, corresponde entender en el planteo impetrado por la firma recurrente respecto de la prescripción de la acción del Fisco Nacional para exigir tributos. Que la resolución apelada en la litis fue dictada el 20/02/2018 y notificada recién el 24 de octubre de 2022, por lo que los agravios de la parte actora introducidos en materia prescriptiva en la presente causa encuentra adecuada respuesta en los fundamentos de los votos emitidos por el suscripto in re “EX-2019-112544550- ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S A”, del 3 de febrero de 2022, IF-2022-10838655-APN-VOCXVIII#TFN y “EX-2022-71387564- -APN- SGASAD#TFN- MERISANT ARGENTINA S.R.L.”, del 7 de septiembre de 2023, entre muchos otros.
En efecto, cabe destacar que el plazo de prescripción respecto de los tributos es el de cinco años que prescribe el artículo 803 del CÓDIGO Aduanero, que comenzó a correr el 1/1/2011, en los términos del artículo 804, inciso b), de la ley 22.415 (atento a que el vencimiento de la operación en trato operó el 4/01/2010), debiendo haber fenecido el 1/1/2016, de no haberse producido causales suspensivas o interruptivas.
Por otra parte, desde el instante en que se dispuso la apertura del sumario (fs. 73 act. adm.) el plazo quinquenal para que el Fisco pueda exigir tributos se suspendió "hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo, cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión” (art. 805, inc. a), del C.A.).
VIII. Que, bajo tales postulados, corresponde tener en consideración que la notificación de los actos administrativos tiene trascendental importancia en el procedimiento administrativo, constituyéndose como un deber de información impuesto como carga a la Administración, en garantía de los derechos de los particulares, en tanto su régimen se vincula indudablemente con la garantía de la defensa en juicio, el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de la buena fe, las causales de suspensión de la prescripción que surgen del artículo 805, inciso a) del Código Aduanero -norma que fuera declarada inconvencional por el suscripto in re “LA EQUITATIVA DEL PLATA S.A. DE SEGUROS c/ D.G.A. s/ recurso de apelación” (Expte. Nro. 30.630-A), del 6 de marzo de 2015, que tramitara por ante la Vocalía de la 16° Nominación; entre muchos otros- deben interpretarse a la luz de la doctrina del “plazo razonable” de tramitación de los procesos, que fuera fijada por la Corte Suprema a partir del precedente “Losicer, Jorge Alberto y otros c/ BCRA”, del 26 de junio de 2012, siendo que la misma ha sido objeto de expreso seguimiento por la Cámara Contencioso Administrativo Federal en los autos “Aero Vip S.A. (Sala V, 19/6/2014) y “Alles Import SACIFI“ (sala I, 8/4/2014), entre otros; y por esta Sala “F” del Tribunal Fiscal en las causas “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. c/ D.G.A S/ apelación (Expte. nº 15.598-A, sentencia del 5/12/2013 -voto del suscripto-) y “Carossio Vairolatti & Cía. S.R.L. c / DGA s/ apelación” (Expediente n° 16.915-A, sentencia del 11/7/2013), entre muchas otras.
Cabe destacar que, si bien desde la fecha en que se dispusiera la apertura del Sumario hasta el dictado de la resolución en crisis -fechada el 20 de febrero de 2018- el plazo de prescripción se encontraba suspendido, en los términos del artículo 805, inciso a), del C.A., no debe perderse de vista que dicho acto administrativo recién se notificó a la recurrente el día 24 de octubre de 2022, es decir, casi cuatro años y ocho meses después de su dictado -constituyendo un extremo fáctico de vital importancia temporal a los fines de la resolución del agravio prescriptivo de naturaleza tributaria expresamente articulado en la litis, cuyo tratamiento ningún Tribunal de Justicia puede soslayar-, cuando el curso de la prescripción había ampliamente fenecido, puesto que el servicio aduanero contaba con cinco días hábiles para notificar la citada resolución en los términos del artículo 40 de la ley 19.549, después del dictado de la resolución apelada.
IX. Que, en tales condiciones, y toda vez que no existe en el Código Aduanero norma que imponga plazo alguno a la DGA para notificar las distintas resoluciones, corresponde aplicar en forma supletoria las disposiciones de la Ley de Procedimientos Administrativos y su decreto reglamentario, conforme se desprende en modo palmario del artículo 1017 de la ley 22.415 -más allá que la normativa que rige en la actualidad, es decir la Ley 27.742, también conocida como Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, actualizó la Ley de Procedimientos Administrativos, disponiendo en su artículo 1 bis, inciso e), apartado iv) que “Cuando no se hubiere establecido un plazo especial para la realización de trámites, notificaciones y citaciones, cumplimiento de intimaciones y emplazamientos y contestación de traslados, vistas e informes, aquél será de diez (10) días”-, reanudando su cómputo a partir de dicho instante.
Que, por su parte, el artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo –vigente al momento de los hechos analizados- dispone que “las notificaciones se diligenciarán dentro de los CINCO (5) días computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas”.
X. Que, por ello, cabe colegir que la aplicación en el ámbito del procedimiento aduanero de la disposición contenida en la referida normativa no afecta ni desnaturaliza las disposiciones contenidas en el régimen especial de la ley 22.415, pues con las disposiciones formales que rigen en el ámbito del procedimiento ante organismos administrativos y, en particular, en materia de notificaciones, no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se busca lograr que el particular tenga conocimiento cierto del acto y quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses. Es decir, se procura no producir al administrado una situación de inferioridad o dificultad para el ejercicio de tales derechos (confr. Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosos Administrativo Federal, in re “Pindapoy S.A.I.C.”, del 18/2/1994), por lo que una sana interpretación de las normas en juego conduce a concluir que la suspensión de la prescripción a la que hace expresa referencia el artículo 805, inc. a), del CÓDIGO Aduanero, en la litis sólo operaba hasta el quinto día hábil posterior a la resolución que inexcusablemente se debe notificar, reanudando su cómputo a partir de dicho instante.
XI. Que, por lo demás, y sin perjuicio del modo en que se decide el agravio bajo análisis, este Tribunal no puede dejar de señalar la honda preocupación que implica la extensa duración del sumario aduanero de marras, en el cual la DIT en trato ha vencido en fecha 4 de enero de 2010 y la resolución apelada ha sido notificada a la recurrente el 24 de octubre de 2022, es decir, casi 5 (cinco) años después, cuadra repetir, de haber sido dictada (20/02/2018).
Por consiguiente, se concluye que la acción del Fisco para exigir tributos se encontraba prescripta al momento de la notificación de la resolución aquí apelada, incluso aun si se tuvieran en consideración las causales de suspensión establecidas en los artículos 17 de las leyes 26.840 (B.O. 3/6/2013) y 27.572 (B.O. 26/8/2020) en materia tributaria, por lo cual corresponde hacer lugar a este planteo, con expresa imposición de costas (en el mismo sentido, esta Sala in re “3M ARGENTINA SACIFIA”, del 3 de febrero de 2023); siendo que la solución que aquí se sustenta guarda cabal consonancia con los principios de certeza y de seguridad jurídica que deben salvaguardarse en los procedimientos, ya que una solución contraria podría importar que la Aduana notificara en cualquier momento (por ejemplo, transcurriendo varios años, lustros, decenios, etc.) una resolución datada antes de que operara la prescripción, con la consiguiente incertidumbre en cuanto a los derechos de los administrados (en el mismo sentido, esta Sala “F” in re “EX-2019-112544550- ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S A”, del 3 de febrero de 2022, IF-2022-10838655-APN-VOCXVIII#TFN, voto del Dr. Pablo Garbarino), y sin respetar la mencionada garantía del plazo razonable de tramitación de procesos aduaneros, de raíz tanto constitucional como convencional, vinculada estrechamente con el derecho al debido proceso adjetivo, cuyo irrestricto respeto corresponde a este Tribunal siempre salvaguardar.
XII. Que, por último, corresponde puntualizar que en la especie el servicio aduanero ha procedido –cabe precisar que sólo en materia infraccional, pues también ha formulado un cargo aduanero a la empresa importadora y a la compañía aseguradora interviniente-, al “archivo”, sin más trámite, de las presentes actuaciones en los términos de la Instrucción General N° 9/17 dela DGA (art. 1° Resol. DE PRLA n° 598/2018). Por lo tanto, y en la medida en que el suscripto considera que dicha decisión aduanera se ha tornado definitiva e irrevocable, no corresponde pronunciarse sobre dicho extremo, al no existir en la litis un planteo concreto de la interesada en relación a ello, màxime cuando la jurisdicción de este Tribunal se encuentra en este supuesto limitada por los términos del escrito en recurso (confr. doctrina de Fallos: 296:291; 302:283; entre muchos otros).
Asimismo, el archivo del presente Sumario en la faz infraccional implicó indudablemente una renuncia de la DGA a ejercer la potestad sancionatoria, por lo que ello impide ingresar en el examen de dicho agravio (confr. Sala I Contencioso Administrativo Federal in re “Denso Manufacturing Argentina S.A.”, del 11 de octubre de 2022).
XIII. Que, en definitiva, entiendo que la forma en que se resuelve tanto la cuestión tributaria como el reproche infraccional es la más adecuada en aras de la seguridad jurídica y la legalidad, al resultar sus efectos compatibles con los demás derechos fundamentales, preservando la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional; siendo que, en tal sentido, siempre se deben aplicar, en debida forma, todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, C.N.).
XIV. Que ello es así, en virtud de que las normas específicas que rigen toda cuestión litigiosa deben ser interpretadas considerando armónicamente la totalidad del ordenamiento jurídico y los principios y garantías de raigambre constitucional, para obtener un resultado adecuado, pues la admisión de soluciones notoriamente disvaliosas no resulta compatible con el fin común, tanto de la tarea legislativa como de la judicial (Fallos: 255:360; 258:75; 281:146; 302:813. Y si bien resulta cierto que la primera exigencia de cualquier método hermenéutico en la interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador, también lo es, y desde el plano normativo, la de estimar que uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la inteligencia de una norma y su congruencia con el resto del sistema a que está engarzada, es la consideración de sus consecuencias (Fallos: 234:482; 295:1001).
XV. Que, asimismo, no debe jamás olvidarse que la función específica de los magistrados exige siempre conjugar los principios contenidos en la ley con los elementos fácticos del caso, pues el consciente desconocimiento de unos u otros no se compadece con la misión -SUBLIME- de administrar justicia (doctr. Fallos: 234:482; entre muchos otros).
XVI.-Que por la forma en que se resuelve la presente no corresponde analizar los demás planteos de la actora. Por las razones expuestas en los Considerandos que anteceden, VOTO por:
1. Declarar la nulidad del artículo 2° de la Resolución (DE PRLA) Nro. 598/2018, dictada en el marco de las Actuaciones SIGEA nro. 12073-358-2009 en fecha 20 de febrero de 2018 y notificada a la recurrente en fecha 24 de octubre de 2022.
2. Declarar la prescripción de la acción del Fisco Nacional (DGA) para percibir tributos en relación a la firma ZURICH COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. en las presentes actuaciones.
3. Costas a cargo del Fisco Nacional.
El Dr. González Palazzo dijo:
Que, en razón de los fundamentos desarrollados por el Sr. Vocal instructor para dar sustento a la nulidad que postula – y comparto –, entendiendo que la ponzoña esparcida desde la omisión en disponer de la corrida de vista abarca – claro está – la resolución que se recurre, entiendo que no corresponde adentrarse en la suerte de la acción del Fisco para percibir tributos en el sentido propuesto por el Dr. Garbarino, y por ello, sólo cabe como respuesta definitiva a la cuestión la declaración de nulidad del acto resolutivo por el que se excitó esta jurisdicción, con costas a la perdidosa.
El Dr. Soria dijo:
Que adhiere al punto 1 del voto del Dr. Garbarino.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Declarar la nulidad del artículo 2° de la Resolución (DE PRLA) Nro. 598/2018, dictada en el marco de las Actuaciones SIGEA nro. 12073-358-2009 en fecha 20 de febrero de 2018 y notificada a la recurrente en fecha 24 de octubre de 2022.
2. Costas a cargo del Fisco Nacional.
Regístrese. Notifíquese. Oportunamente, archívese.
Date: 2026.05.06 18:24:03 ART Date: 2026.05.06 18:34:27 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Juan Manuel Soria Vocal Vocal Subrogante Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.05.08 07:29:53 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.05.08 07:30:21 -03:00
Fin de la sentencia