Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción · Causa 7296
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº: 7296 Sentencia: 2782 Actor: Zurita, Franco Alexis Demandada: Rectificaciones S.R.L.
Objeto: Laboral-Cobro de Pesos Fecha: 03-06-2019 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz a los tres días del mes de junio de dos mil diecinueve, se reúnen los señores miembros de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: “ZURITA, Franco Alexis c/ RECTIFICACIONES CALETA S.R.L. s/ Laboral- cobro de pesos”, Expte. Nº 36.188 del año 2017 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia Nº 1 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de esta ciudad, que tuviera ingreso en la instancia bajo el Nº 7296. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Dr. Humberto Eduardo Monelos, Dra. Griselda I. Bard y la Dra. Connie R. Naves para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
I. Que los Dres. María Laura De Santis y Gabriel Damián Ariel Ruiz como apoderados del Sr. Franco Alexis Zurira (en realidad Zurita conforme carta poder de fs. 8) promueven demanda contra RECTIFICACIONES CALETA SRL por cobro de indemnizaciones salariales por despido incausado, rectificación y entrega del certificado de trabajo, de remuneraciones y haberes; multa del art. 80 de la LCT, multa por conducta maliciosa del art. 275 de la LCT, actualización monetaria, astreintes, costas y costas. Relatan los antecedentes de la relación laboral, renuencia a percibir certificados médicos, impedimento a tomar tareas y el despido con causa comunicado a su cliente que es impugnada y hace referencia a la promoción de acción administrativa. Analizan técnicamente el intercambio epistolar e impugnan el despido con causa respecto a la real ocurrencia y la gravedad de la causa invocada con referencia a la proporcionalidad. Califican de “desválidos” a dos antecedentes por violar el non bis in ídem uno de los cuales fue objeto de oportuna sanción, y ser vaga la imputación de descuido de herramientas. Sin perjuicio de considerar la prueba de sus invocaciones solicitan a todo evento la aplicación de los arts. 7 y 12 de la LCT. Practican liquidación y fundan la procedencia de los ítems. Plantean la inconstitucionalidad del tope indemnizatorio regulado por el art. 245 de la ley 20744. Ofrecen prueba reserva el caso federal y anuncian la suscripción de un pacto de cuota litis.
II. Que corrido traslado, en la audiencia del art. 47 de fs. 77 registrada en video, fracasada la etapa de conciliación la parte demandada con la documental de fs. 66/69 y escrito de fs. 70/76, por intermedio de su letrado apoderado el Dr. Omar Lazo contesta la demanda, reconoce la carta que comunica el despido, desconoce la totalidad del resto de la documental, impugna la liquidación y formula negativa de distintos hechos alegados que se tienen presente. Da su versión de los hechos con especial referencia a una sanción anterior y afirma que la causal del despido es la invocada en la comunicación. Pide el rechazo de la demanda. Impugna los rubros reclamados en términos que se tienen presentes.
Reserva el caso federal y ofrece prueba. A fs. 85, la parte actora amplia ofrecimiento de prueba y a fs. 91 se abre la causa a prueba, proveyendo la ofrecida por las partes. Producida la obrante en autos a fs. 404 se fija la audiencia del art. 70 de la ley 1444 haciendo uso del derecho de alegar sobre el mérito de la prueba solo la parte actora en escrito presentado en sobre cerrado que se agrega a fs. 411/414. Ya a fs. 407 se había dispuesto el pase a sentencia que se deja sin efecto por no haberse agregado el alegato. Suplida la omisión a fs. 415 pasan nuevamente a despacho y se dicta la sentencia obrante a fs. 416/426 que hace lugar parcialmente a la demanda promovida por el Sr. Franco Alexis Zurita contra Rectificaciones Caleta SRL por la relación laboral extinguida el 1/3/17, establece la mejor remuneración normal y habitual ($ 20.869)homologada a la fecha del distracto, como oficial mecánico bajo convenio de SMATA, debiendo abonar la demandada: en concepto de despido incausado (art. 245 de la LCT) la suma de $41.738; la de $ 32.478,17 en concepto de SAC sobre indemnización, la sustitutiva del preaviso del art. 232 en la de $ 20.869 con más 1739,08 como SAC; integración del mes de despido $ 20.195,81 más $1.682 como SAC, en el término de 10 días de notificada y firme la presente, la suma que resulte de la liquidación que se realizará por Secretaría conforme las pautas del considerando respectivo o la que resulte al momento del efectivo pago a los fines de la recomposición del capital, desde que las sumas fueron debidas, con costas a la demandada.
El capital de condena respecto de los rubros indicados devengará un interés moratorio desde la producción del despido 1/3/17 y hasta el efectivo pago aplicando la tasa activa del Banco de la Nación. Hace también lugar parcialmente a la demandada y ordena a la demandada efectivizar el perentorio plazo de dos días hábiles de notifica la sentencia la inmediata confección y entrega de los certificados de servicios y de trabajo al actor con los lineamientos indicados en los considerandos, bajo apercibimiento de ejecución, con costas a la demandada perdidosa. Rechaza la multa por incumplimiento del art. 80 de LCT y las indemnizaciones previstas por el art. 2 de la ley 23.323 y la sanción del art. 275 de la LCT e imponer una multa de $10.000 por incomparecencia a la audiencia de conciliación y reiterar su comportamiento renuente a la buena fe procesal en la segunda audiencia a favor del actor (art. 40 LO).
Regula honorarios profesionales, reitera impone las costas a la demandada vencida y hace saber a las partes y letrados las denuncias que deben hacer. Determina la tasa de justicia.
III. Que a fs. 432 el apoderado de la demandada interpone recurso de apelación y lo sostiene con el escrito de fs. 433/437 en que expresa agravios. El recurso se le concede en relación y con efecto suspensivo. Por providencia simple de fs. 433 que se corrige el error por presidencia de este tribunal declarando que debe serlo libremente y con efecto suspensivo a fs. 450. La representación de la parte actora contesta los agravios con la pieza de fs. 441/446.
Los autos se elevan con la certificación de estilo de fs. 449 y recibidos, como se indicó precedentemente se aclara que el recurso debe entenderse concedido libremente y con efecto suspensivo. Notificado ello a las partes, a fs. 454 se llama autos a sentencia. Consentido el llamado a fs. 455 se dispone el pase a estudio fijando el orden para ello.
IV. Que el recurrente se agravia en primer término por haberse catalogado al despido como incausado y afirma que la causa del despido fue la invocada en la comunicación (el retiro del lugar de trabajo paralizando las tareas laborales) por carta documento del 1 de marzo de 2017. Entiende acreditada la causal por la propia exposición policial realizada por el actor ya que entiende que el horario de presentación corrobora el retiro y que no se acreditó que Carlos Vázquez le pidiera que se retirara, y que al solicitar se regularizara la situación laboral no hace referencia a que Carlos Vázquez le había solicitado que se retirara. Remarca que Carlos Vázquez no es el dueño y menciona a los dueños indicando que el nombrado es el encargado de la rectificadora.
Entiende que el Sr. Zurita se retiró sin autorización alguna y por lo tanto sin respetar los criterios de colaboración y buena fe, ni el principio de buen trabajador y de prestación de servicios con la dedicación adecuada. Califica de legítimo el despido. Destaca que la patronal cumplió sus obligaciones y se refiere a antecedentes disciplinarios desfavorables; que está acreditado el retiro sin autorización y que al no realizar su trabajo afectó la producción. Critica que la Sra. Jueza se refiera a un despido verbal pues fue comunicado por Carta Documento y que entendiera no acreditada la conducta atribuida al Sr. Zurita para calificarlo de incorrecto y contradictorio pero luego calificada de insignificante el retiro del lugar de trabajo como para considerar la culpa del trabajador.
Le agravia que se considere insignificante esta conducta, toda vez que existía una anterior sanción que fuera consentida y que está reconocida la pelea con un compañero. Entiende que el hecho detonante del despido no puede analizarse aisladamente sino que se deben tener en cuenta los antecedentes desfavorables del trabajador y el apercibimiento que, nuevos actos de disciplina serían sancionados con medidas más severas y que en este contexto se debe realizar la determinación. Critica que en la sentencia, para justificar la determinación, se exprese que luego del alta médica se le negó la recepción de los certificados médicos y califica de improcedente esta consideración toda vez que en el responde se afirma haberlos recibido y que no se efectuaron descuentos ni sanción por ausencia injustificada y los recibos de sueldo lo acreditan.
Considera equivocada la invocación del principio constitucional del non bis in ídem y sostiene que su parte no ha concatenado los antecedentes ni violado el non bis in ídem y que el actor fue despedido por un incumplimiento contemporáneo al despido y que, en 2016, en la sanción, se le advirtió que de sucederse otro hecho sería sancionado más severamente. Por ello ante el nuevo incumplimiento, entiende, que el despido está justificado y pide que así se declare. En el segundo agravio se queja en subsidio, para caso de rechazo del primer agravio, por la condena a abonar SAC sobre la indemnización. Afirma que esa condena no tiene fundamento normativo y que la indemnización por antigüedad del art. 245 de la LCT se hace referencia a la remuneración mensual, normal y habitual.
Afirma que no corresponde adicionarle lo que la Sra. Jueza califica como SAC sobre indemnización, que no fue objeto de reclamo. Pide se revoque.
En el tercer agravio se alza contra la condena a la confección y entrega de los certificados de servicios y de trabajo del actor con los lineamientos indicados en los considerandos y argumenta que finalizada la relación se hizo entrega del certificado de trabajo en sede administrativa (indica expediente y acta) y que ese acta fue acompañado por la parte actora en su inicio. Destaca que la impugnación del 18 de agosto de 2017 contra certificados entregados el 24 de abril de 2017 resulta extemporánea con argumentos formalistas y para pretender un rédito económico e indebido enriquecimiento y por ello debe rechazarse el rubro. Hace notar que la sentencia refiere que esa documentación debe ser entregada “con los lineamientos indicados en los considerandos” pero que en los considerandos no existen lineamientos formulados por la Sra.
Jueza respecto de cómo debe ser confeccionada la documentación laboral obligatoria. Se refiere a la impugnación del trabajador mediante telegrama del l8 de agosto de 2017, pero no determina si dichas impugnaciones resultan procedentes o no. Hace notar que con relación a la mejor remuneración ella coincide con la consignada en la certificación correspondiente al mes de febrero de 2017 pero no puede ser utilizada en todos los períodos pues la remuneración va variando mes a mes y reitera que está confeccionada correctamente. Y señala que no existen diferencias salariales admitidas en la sentencia. Se agravia porque con relación al certificado de trabajo la Sra. Juez no determina cuales serían los errores en su confección que determine que debe expedirse uno nuevo.
Invoca que existe una clara afectación del derecho del debido proceso que garantiza el art. 18 de la Constitución Nacional. Ataca en el cuarto agravio la condena a pagar una multa de $ 10.000 por incomparecencia injustificada de la demandada a la audiencia de conciliación. Hace notar que como letrado apoderado de la demandada tiene facultades para representar a la demandada y compareció a las audiencias de conciliación acompañado por el señor José Alejandro Vázquez Villalba, uno de los dos socios de la demandada conforme contrato social obrante en la causa. Sostiene que por ello no se puede sostener que la demandada no ha comparecido en forma injustificada. Resalta que en dichas audiencias se informó que la otra socia no compareció por encontrarse en la ciudad de Buenos Aires.
Califica de incorrecto que la magistrada considere que José Alejandro Vázquez Villalba no tiene facultades para intervenir en dichas audiencias pese a ser uno de los dueños de la empresa por lo que no se puede considerar una actuación en forma renuente a la buena fe procesal que amerite una multa de $10.000. Para el hipotético de confirmarse la multa solicita se reduzca al 10% del salario mínimo y vital por haber comparecido uno de los socios y la otra estar viviendo en Buenos Aires y califica de excesivo rigor formal que se haya considerado que el socio José Alejandro Vázquez Villalba no estaba legitimado para comparecer a la audiencia de conciliación para aplicar la multa del art. 44 de la ley 1444.
En el quinto agravio ataca los honorarios regulados por resultar violatorios de lo dispuesto por la ley 3330 y art. 22 de la ley 1444 al superar el 20% del valor del litigio. Sostiene que la escala del art. 18 de la ley 3330 se encuentra limitado por el art. 22 de la ley 1444. Entiende que ni aún aplicando los interés desde la fecha del distracto puede llegarse a la regulación cuestionada a la que solo puede llegarse con un monto de capital e intereses de $ 350.000.
También le agravia que se haya establecido que las sumas fijadas para honorarios devengarán una tasa de interés del 12% anual y que solo debe aplicarse la tasa activa para no incurrir en doble aplicación de intereses y que debe aplicarse a partir de la regulación y hasta el efectivo pago por lo que no se le debe adicionar el 12%.
Pide se haga lugar a los agravios vertidos.
V. Que al contestar el traslado la parte actora razona respecto del primer ataque contra la sentencia y sostiene que el accionado el 25/2/17 le ordenó retirarse al Sr. Zurita quien se dirigió a realizar una exposición a la comisaría y que luego fue despedido argumentado que se retiró sin permiso sumando que el actor tenía sanciones y descuidaba las herramientas. Remarca que no existe una sola prueba de que el actor se haya ausentado del trabajo y que aún en caso afirmativo ese hecho no configura injuria de entidad necesaria para despedir. Afirma que no existe una sola prueba de descuido de las herramientas ni sanciones al respecto. Afirma que por las características de los hechos no son susceptible de ser sumadas. Rechaza el agravio contra el pago del SAC sobre la indemnización sosteniendo la procedencia de este proceder y citando jurisprudencia.
Señala las deficiencias que a su juicio ostentan los certificados de trabajo, remuneraciones y haberes entregados con cita de la legislación y resoluciones que se deben emplear y señala que no refleja la real fecha de la extinción laboral ni contiene en el cálculo de los haberes del mes de febrero de 2017 los importes de las licencias médicas de las vacaciones no gozadas ni la indemnización final.
Al contestar el agravio por el monto de los honorarios de los letrados del actor sostienen que se ajusta a la normativa vigente, que sus trabajos fueron oportunos procesalmente y jurídicamente conducentes y que “la imposición de costas al vencido “empresa” en materia de Derecho Individual del Trabajo, no está limitada al 20% del monto de la demanda.”
A continuación la parte actora realiza una transcripción del alegato de bien probado, en remisión que va en contra de lo dispuesto en el segundo párrafo del art. 90 de la ley 1444.
VI. Que a los fines del tratamiento del primer agravio es bueno señalar en primer término que el quejoso se agravia sosteniendo que a su juicio está probado que el actor se retiró el 25 de febrero de 2017 a las 10hs 30' sobre la base de la presencia del actor en la Comisaría realizando una exposición y que al pedir se aclare la situación laboral no se hace mención a la actitud del Sr. Carlos Vázquez y niega el despido verbal. El art. 242 de la LCT establece:
“Una de las partes podrá hacer denuncia del contrato de trabajo en caso de inobservancia por parte de la otra de las obligaciones resultantes del mismo que configuren injuria y que, por su gravedad, no consienta la prosecución de la relación. La valoración deberá ser hecha prudencialmente por los jueces, teniendo en consideración el carácter de las relaciones que resulta de un contrato de trabajo, según lo dispuesto en la presente ley, y las modalidades y circunstancias personales en cada caso.”
Se requiere que existe una reacción de la parte ofendida que sea oportuna y proporcional frente a una injuria que debe tener concurrente presencia de elementos objetivos y subjetivos. El elemento objetivo esta en la inobservancia de las obligaciones que surgen del contrato por el que se debe ajustar la conducta a lo que es un buen empleador o un buen trabajador y al afectar la relación puede extinguirla por justa causa cuando por su magnitud torna imposible la relación. Entre los elementos subjetivos tenemos la imputabilidad al incumplidor es decir mediar dolo o culpa que el ofendido debe ponderar prudentemente para llegar a una última ponderación por el juez. Y el ofendido debe reaccionar causalmente, en forma proporcional y oportuna.
Aisladamente la injuria atribuida por el retiro a media mañana del lugar de trabajo aisladamente no tiene una gravedad que justifique la denuncia causada del contrato de trabajo. Se hace referencia a que habría paralizado las tareas laborales que tenía que ejecutar aunque no se las describe como para determinar el daño a la empleadora, aunque en la audiencia de posiciones el actor detalla sus tareas en una máquina a la que se le cargaban las medidas y se la limpiaba y la máquina rectificaba. Ergo no se advierte un daño económico para la demandada provocado por el actor (verbigracia un trabajo que quedó trunco o un contrato que la empresa no pudo cumplir), motivo por el cual la injuria hubiera merecido una sanción.
Por otro lado no está claro que se trató de una actitud asumida por el trabajador o si obedeció a una invitación a retirarse formulada por “el dueño Carlos Vázquez” como se denunció en la exposición policial obrante a fs. 17. Cabe analizar sí, como pretende la esforzada representación de la recurrente, debe tomarse en consideración un antecedente disciplinario del 5 de octubre de 2016. Pondero especialmente que no se ha invocado reiterados incumplimientos sino un antecedente único y oportunamente sancionado sin que se haga referencia a posteriores incumplimientos objeto de castigo y su correlación con la regla “non bis in ídem” (valga el latinismo) que impide el doble juzgamiento y condena por el mismo hecho.
Por ello considero que este antecedente no tiene fuerza para permitir la sanción extrema a un retiro del lugar de trabajo a media mañana, en circunstancias poco claras, que no permiten justificar una reacción tan severa del ofendido. Cabe agregar que no se acreditó en autos el “incorrecto uso y consiguiente deterioro, de las máquinas y herramientas provistas a su cargo para el desempeño de sus tareas (violación del art. 86 de la LCT), de lo cual fue advertido reiteradamente para que desempeñe correctamente sus tareas, sin que Ud. revierta dicha inconducta.” que se atribuye como causal concurrente en la comunicación del distracto. Ello sin perjuicio de hacer notar que en esos términos la imputación es imprecisa, ambigua y no cumple con la condición de contener “expresión suficientemente clara de los motivos en que se funda la ruptura del contrato” que impone el art. 243 de la LCT a fin de permitir el derecho de defensa de la otra parte respecto del incorrecto uso y deterioro de máquinas y herramientas que se le atribuye.
En tales condiciones entiendo que no resulta atendible el primer agravio y propongo al Acuerdo su rechazo.
Ingresando al segundo agravio la sentencia condena al pago de la suma $41.738 en concepto de indemnización del art. 245 de la LCT y la suma de $3.478,17 en concepto de SAC sobre indemnización. Ello provoca el rechazo del recurrente. Y como se ha planteado el reclamo se advierte que esta condena carece de fundamento legal. El tema es interesante y ha sido mal encarado en la sentencia. El viejo art. 245 de la LCT establecía que el cálculo de la indemnización se hacía sobre la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante el último año. La ley 25.877 modifica el término percibida y lo cambia por “devengado” lo cual lleva a que se pueda entender que se debe incluir el SAC proporcional en la mejor remuneración antes del cálculo. En la sentencia no se aclara si a los fines de la mejor remuneración se incluyó el SAC. El plenario 322 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo determinó que no corresponde incluir en la base salarial del primer párrafo del art. 245 de la LCT la parte proporcional del SAC. Podemos tomar una u otra postura sobre el tema, pero la condena a abonar el SAC sobre la indemnización del art. 245 de la LCT no se encuentra fundada claramente en la sentencia, ni se explica sí para determinar la mejor remuneración se incluyó el SAC como salario diferido y devengado. Por ello debe admitirse el agravio. Es atendible el tercer agravio del recurrente habida cuenta que en los considerandos no se indican los lineamientos que deben contener los certificados de servicios y de trabajo que se manda entregar. De autos surge la entrega de los mismos y no se indica en la sentencia cuales son los vicios que pueden contener los que impugna el actor. Si fueran los impugnados por el actor, debió analizarlos y aclarar cual o cuales de los lineamientos se debía corregir.
La impugnación de fs. 18 entiendo no es atendible habida cuenta que se ataca las facultades del firmante, pero a más que el propio actor en posiciones se refirió al Sr. Carlos Vázquez como el dueño, obra en autos a fs. 312/315 copia juramentada del poder general de administración y disposición otorgado por la socia Gerente de “Rectificaciones Caleta SRL” a favor del Sr. Carlos Félix Vázquez actuación que la magistrada tienen en cuenta al analizar los dichos del actor en la audiencia de prueba. En tales condiciones la condena del punto II de la sentencia en crisis debe ser revocada desde que no surge de la sentencia los lineamientos que deben contener la documental que se manda confeccionar nuevamente.
Por otro lado ello no causa agravio al actor que cuenta con la posibilidad de recabar esa documentación u obtenerla de la AFIP. Propongo admitir el agravio y revocar el punto II) de la sentencia. En el cuarto agravio la parte ataca la multa de $ 10.000 impuesta en el punto III de la sentencia con fundamento en el art. 44 de la LO. En considerandos no se extiende la sentencia en detallar el comportamiento sancionado, más que en el último párrafo de fs. 422 vta. último párrafo/423. Allí deja constancia que se presenta José Alejandro Vázquez integrante de la firma demandada “pero sin acreditar personería alguna como para vincular sus actor a la firma que intenta representar” por lo que razona que “debo considerar la incomparecencia de la firma al acto procesal de conciliación de fs. 54 y 77 y de absolución de posiciones en los términos del art. 86 LSC de fs. 311 en los términos del art. 44 LO.” Dicha norma establece: “ Cualquier persona citada por los jueces o tribunales colegiados que presten servicios en relación de dependencia, tendrá derecho a faltar a sus tareas, sin perder su remuneración durante el tiempo necesario para acudir a la citación.
Los jueces o tribunales colegiados podrán imponer a las partes que debidamente citadas, no comparecieren sin causa justificada, multas que podrán oscilar entre el 10% y el 20% del importe mensual del salario mínimo vital vigente a la fecha en que debieron acudir a dicha citación. En caso de reincidencia, las multas se podrán elevar hasta alcanzar inclusive el 100% del salario mencionado. Esta resolución será inapelable. Las multas previstas en esta ley deberán ser pagadas dentro de los tres días siguientes a la notificación. Dichos fondos ingresarán al Fondo del Poder Judicial, destinándose a la dotación de la biblioteca del Tribunal……” No huelga destacar que a la fecha de las audiencias del art. 47 de la ley 1444 el salario mínimo vital era de $ 8.860, lo que permite advertir sin mucho esfuerzo que existió un claro exceso en las facultades sancionatorias, al superar el máximo de la ley.
Cabe señalar que el propio actor detalló que se trataba de una sociedad de familia un padre no integrante de la sociedad, pero apoderado (fs.312/315 y grabación del acta de posiciones) y dos hermanos: una designada gerente y el restante socio, quien concurre a las audiencias del art. 47 de la ley 1444, socio de la SRL que como se señaló está constituida por los dos hermanos. A las audiencias del art. 47 concurre el socio no la gerente con letrado apoderado de la demandada quien señala que la gerente está en Buenos Aires. Aparece como excesivo que, explicado el motivo de la inasistencia se fija una nueva audiencia, siendo que existía un socio presente quien podría hacerse responsable ante la sociedad de lo que autorizara a letrado apoderado.
Es también excesivo que para justificar una multa que excede el máximo legal se invoque la inasistencia a la audiencia de posiciones, conducta que tiene otras consecuencias para la parte como se resolvió en la interlocutoria de fs. 318/319 al no aceptar que lo hiciera Carlos Félix Vázquez por entender no suficiente el poder que presentó.
Por ello considero que ha sido nula la sanción impuesta por exceder el máximo legal y propongo revocarla por la concurrencia del letrado apoderado.
Que en el quinto agravio la parte recurrente por intermedio de su letrado se queja por cuanto los honorarios regulados exceden el limite del 20% del valor del litigio establecido en el art. 22 de la ley 1444, que desde ya se aclara que no estaba limitada a la empresa que pierde como se pretende a fs. 443 en negritas.
A los fines del agravio debe hacerse una aclaración respecto de los porcentajes de la ley 3330 (que se excedieron en el caso) y la limitación del art. 22 de la ley 1444 que pone un tope del 20% del valor del litigio aparecen como enfrentados y chocan contra lo dispuesto por el art. 277 de la LCT. Es una cuestión interesante, con dos soluciones posibles, y que fuera tratada anteriormente por este tribunal, in re ALVAREZ SAAVEDRA, Claudia Raquel c/ VALENTE, Oscar y FUENTES, Rosa s/ Laboral-cobro de pesos”, Expte. Nº 14.709, número de cámara 6856, con voto del suscripto y adhesión de la Dra. Naves, al entender que había llegado el momento en que se debía analizar el tema en profundidad apartándonos de la sencilla solución que empleábamos. En aquella oportunidad analizamos si la ley 3330 no modifica, como ley posterior, lo dispuesto por el art. 22 de la ley 1444. La respuesta parecía sencilla, pero a poco surgen interrogantes, toda vez que si bien en su art. 91 manda derogar la ley 1519 “y toda otra norma que se oponga a la presente” el art. 90 dispone que “esta ley no modifica disposiciones arancelarias especiales contenidas en otras leyes.” Cabía preguntarse si el art. 22 de la ley 1444 se encuentra derogado o no por el art. 91 de la ley 3330. Y para desentrañar el interrogante se debía resolver si se trata o no de una disposición arancelaria especial. Respondí en aquellos actuados, con la adhesión de la Dra. Naves que a nuestro entender, el tope del art. 22 de la ley del rito se encuentra alcanzado por la derogación dispuesta por el art. 91 de la ley 3330, habida cuenta que establece para las regulaciones de letrados y apoderados de la parte vencedora, mientras que el art. 90 de la misma ley se refiere a nuestro entender a disposiciones arancelarias especiales contenidas en otras leyes. (verbigracia ley de concursos y quiebras).
Aclarado ello se debió establecer en aquellos autos, en solución aplicable a esta causa, como juega la norma del art. 277 de la LCT, que también pone un tope del 25% en concordancia con el actual 730 del Código Civil y Comercial y con el viejo art. 505 del Código de Vélez Sarsfield. De conformidad con el art. 2 del Código Civil y Comercial estimamos que la interpretación de esta norma se debe realizar teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas y las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento. Ello quiere decir que para ser coherentes con todo el ordenamiento, debemos entender, analizando las palabras, que el art. 277 de la LCT no pone un tope al porcentaje sobre el monto juicio para el cálculo del honorario, sino a la responsabilidad que cabe al derrotado por el pago de las costas procesales, incluidos los honorarios profesionales, de tal modo que el vencido sólo responde por las costas de primera o única instancia hasta el 25% del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo.
Es decir son de aplicación las normas y porcentajes de la ley de arancel local, (se trata de un aspecto no delegado por las provincias que conservaron la facultad de legislar sobre aranceles de honorarios), pero el vencido sólo debe responder hasta el porcentaje del 25% referido, previo prorrateo entre los beneficiarios como establece la norma nacional. Queda claro que la LCT en el segundo párrafo del art 277 establece que la responsabilidad por el pago de las costas procesales, incluidos los honorarios profesionales de todo tipo allí devengados y correspondientes a la primera o única instancia, no excederán del 25% por ciento del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo.
Y cuando las regulaciones practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos locales exceden ese porcentaje se deberá prorratear para determinar hasta cuanto responde el vencido. Ello sin perjuicio del derecho del profesional a reclamar a su cliente las diferencias (art. 69, 73, 74 y concordantes de la ley 3330). Este tope juega únicamente para los honorarios de primera instancia conforme los claros términos de la citada normativa. En el escrito en tratamiento se cuestiona que la suma de los honorarios de los profesionales de la parte actora y de la demandada superan el 20% siendo que la norma que se invoca pone tope a los honorarios de los profesionales de la parte vencedora como lo hace el art. 277 de la LCT que ponen el limite de responsabilidad en las costas, aunque aclarando que para el porcentaje de prorrateo no se tomaran en cuenta los honorarios de los profesionales que patrocinaron o asistieron al condenado en costas.
La ley 3330 en su art. 29 establece que para determinar el monto del proceso que resulte de la sentencia o transacción se computan los intereses a la tasa activa del Banco de la Nación calculados a la fecha de la regulación. Pero no obstante ello aún sumando intereses a la fecha de la regulación ( 48,8552%) se advierte que los honorarios regulados superan el porcentaje de la ley de arancel 3330 al ser el monto del juicio a la fecha de la sentencia calculado en esa forma de $ 148.264,30 y la regulación cuestionada supera el 50% para los letrados de la parte actora. También se cuestiona la gran diferencia que existe entre los honorarios de la parte actora con los del Dr. Lazo. Los honorarios del Dr.
Lazo no han sido apelados por el letrado por bajos habida cuenta que al recurrir lo hizo por la participación acordada es decir por la demandada y en ningún momento por propio derecho. Y al resolver como propongo en el sentido que la responsabilidad de la demandada se limita al 25% del monto de la sentencia y existir un pacto de honorarios del 20% de las sumas que el cliente perciba se violaría el tope del pacto de cuota litis. Es decir puede ser cuestionable una acción para el cobro de la diferencia aspecto que habría que estudiar llegado el caso.
Los restantes aspectos del quinto agravio relativo a la doble imposición de intereses no es atendible por no existir tal duplicidad de intereses. La Sentencia se ajusta a las pautas de la ley de arancel en el art. 18 y el art. 74 que corresponde a tasas aplicables en distintos períodos.
Corresponde, habida cuenta que se modifica el monto de la condena, y exceder además la regulación el porcentaje de ley, ejercer la facultad del art. 278 del CPCC adecuando los honorarios conforme la manda legal.
Para ello tengo en cuenta que el monto de la condena, si mi propuesta es aceptada por el Acuerdo, asciende a la suma de pesos ochenta y seis mil doscientos veinticuatro, con ochenta y siete ctvs. (86.224,87) y que sumados los intereses a la tasa activa del Banco de la Nación a la fecha de este voto nos da un monto del pleito de ciento cincuenta y seis mil setecientos sesenta y tres pesos con treinta y siete centavos ($ 156.763,37).
Propongo adecuar los honorarios de los profesionales en la siguiente forma: regular el honorario de los Dres. María Laura De Santis y Gabriel Damián Ariel Ruiz, como letrados apoderados de la parte actora, en conjunto y proporción de ley en la suma de $45.000 y el correspondiente para el Dr. Omar Lazo, como letrado apoderado de la parte demandada en la suma de $30.000. Conf. Arts. 1,3,12,13,18,19,20,49 y concordantes de la ley 3330 y art. 278 del CPCC.
VII. Que por las razones expuestas en mi voto es que considero que la sentencia no es justa conforme surge del alcance dado al tratamiento de los agravios motivo por el que promoveré una revocación y modificación parcial de la sentencia. Así lo voto.
A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
VIII. Que coincido con la respuesta dada por el primer votante a las cuestiones sometidas al Acuerdo. Debo agregar que entiendo improcedente el requerimiento que realiza la Juzgadora de la comparecencia personal de la parte, en el caso de la representante de la sociedad demandada, y consecuentemente la multa aplicada. Debe tenerse presente que la ley 1444 es clara cuando en el art. 20 contempla expresamente la posiblidad de comparecer a juicio por medio de representante, por medio de la cual el representante con poder suficiente puede actuar en nombre y representación de otro. Lo que debe conjugarse con las prescripciones propias del Código Civil y Comercial que permiten celebrar actos jurídicos entre vivos por medio de representantes (art. 358) y particularmente se señala en el art. 366 "cuando un representante actúa dentro del marco de su poder, sus actos obligan directamente al representado y a los terceros..." , adoptando de este modo una técnica legislativa específica y diferenciada del mandato. Por tal razón y compartir los demás fundamentos expresados por el Dr. Monelos adhiero pues al voto que antecede. A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
IX. Que por las razones expuestas en mi voto entiendo justo y equitativo dictar el siguiente pronunciamiento que pongo a consideración del Acuerdo: 1º) Admítanse parcialmente los agravios vertidos por el representante de la parte demandada. 2º) Rechácese el primer agravio y admítanse con el alcance indicado los demás expresados de la demandada con el alcance y por los motivos expuestos en los considerandos. 3º) Revóquese la sentencia parcialmente en cuanto manda pagar $3478,17 como SAC sobre la indemnización del art. 245 de la LCT y en cuanto manda confeccionar nuevos certificados de servicios y de trabajo conforme lineamientos no expuestos en los considerandos. 4º) Revocar la multa de $10.000 impuesta en el punto III del “Resuelvo” por exceder el máximo de la ley y no corresponder cuando la parte concurre por apoderado. Costas a la demandada en su calidad de vencida (art 68 del CPCC). 5º) Fíjese en el 25% del monto de la sentencia por honorarios de los letrados apoderados del actor que deberá soportar el demandado vencido conforme el art. 277 de la LCT, y adecuando los honorarios, al modificarse el monto de la condena conforme autoriza el art. 278 del CPCC y la apelación fíjese el honorario de los Dres. María Laura De Santis y Gabriel Damián Ariel Ruiz, como letrados apoderados de la parte actora, en conjunto y proporción de ley en la suma de cuarenta y cinco mil pesos($45.000) y el correspondiente para el Dr. Omar Lazo, como letrado apoderado de la parte demandada en la suma de treinta mil pesos ($30.000) por los trabajos de primera instancia y por los de esta instancia se le regula para los Dres. María Laura De Santis y Gabriel Damián Ariel Ruiz, como letrados apoderados de la parte actora, en conjunto y proporción de ley en la suma de once mil doscientos cincuenta ($11.250)y el correspondiente para el Dr. Omar Lazo, como letrado apoderado de la parte demandada en la suma de diez mil quinientos($10.500)(Conf. Arts. 1,3,12,13,18,19,20,24,49 y concordantes de la ley 3330 y art. 278 del CPCC.) Y confírmese la sentencia en lo dispuesto respecto de la tasa de interés de los honorarios por cuanto la sentencia se ajusta a las pautas de la ley de arancel en el art. 18 y el art. 74 que corresponde a distintos períodos. 5º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
X. Que considero justa y equitativa la propuesta realizada por el primer votante. Adhiero a su voto.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 3 de junio de dos mil diecinueve
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y jurisprudenciales citadas y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1. Admítanse parcialmente los agravios vertidos por el representante de la parte demandada.
2. Rechácese el primer agravio y admítanse con el alcance indicado los demás expresados de la demandada con el alcance y por los motivos expuestos en los considerandos.
3. Revóquese la sentencia parcialmente en cuanto manda pagar $3478,17 como SAC sobre la indemnización del art. 245 de la LCT y en cuanto manda confeccionar nuevos certificados de servicios y de trabajo conforme lineamientos no expuestos en los considerandos.
4. Revóquese la multa de $10.000 impuesta en el punto III del Resuelvo de la sentencia por exceder el máximo de la ley y no corresponder cuando la parte concurre por apoderado. Costas a la demandada en su calidad de vencida (art 68 del CPCC)
5. Fíjese en el 25% del monto de la sentencia que deberá soportar por honorarios de los letrados apoderados del actor que deberá soportar el demandado vencido conforme el art. 277 de la LCT, y adecuando los honorarios al modificarse el monto de la condena conforme autoriza el art. 278 del CPCC y la apelación fíjese el honorario de los Dres. María Laura De Santis y Gabriel Damián Ariel Ruiz, como letrados apoderados de la parte actora, en conjunto y proporción de ley en la suma de cuarenta y cinco mil pesos ($ 45.000)y el correspondiente para el Dr. Omar Lazo, como letrado apoderado de la parte demandada en la suma de treinta mil pesos ($30000) por los trabajos de primera instancia y por los de esta instancia se regula para los Dres. María Laura De Santis y Gabriel Damián Ariel Ruiz, como letrados apoderados de la parte actora, en conjunto y proporción de ley en la suma de once mil doscientos cincuenta ($11.250) y el correspondiente para el Dr. Omar Lazo, como letrado apoderado de la parte demandada en la suma de diez mil quinientos pesos ($10.500) (Conf. Arts. 1, 3, 12, 13, 18, 19, 20, 24, 49 y concordantes de la ley 3330 y art. 278 del CPCC. Y confírmese la sentencia en lo dispuesto respecto de la tasa de interés de los honorarios por cuanto la sentencia se ajusta a las pautas de la ley de arancel en el art. 18 y el art. 74 que corresponde a distintos períodos.
5. Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen.La Dra. Connie R. Naves suscribe la presente sin emitir opinión por no existir disidencia en los demás firmantes.-
FDO. Humberto Eduardo Monelos -Juez de Cámara-; Griselda I. Bard -Jueza de Cámara Presidente-, Connie R. Naves -Jueza de Cámara-.
Ante Mi: Carolina M. Lima -Secretaria de Cámara Protocolización: A201017S.191 Tomo: XC Sentencia: 2782 Folio Nº: 181/191 Secretaria: 1
Fin de la sentencia