Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa Z-2381/19-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte recurrente a fs. 467/475 y en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 477 y vta.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: Z-2381/19-TSJ Interlocutorio N°: 3567 Actor: ZURITA FRANCO ALEXIS Demandada: RECTIFICACIONES CALETA S.R.L Objeto: LABORAL - COBRO DE PESOS Fecha: 08-07-2020 Texto: TOMO XXXI -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3567 FOLIO Nº 6165/6168 PROT. ELECT. TSS1 023 I.201
Río Gallegos, 8 de julio de 2020.-
Los presentes autos caratulados: “ZURITA FRANCO ALEXIS c/ RECTIFICACIONES CALETA S.R.L. s/ LABORAL - COBRO DE PESOS”, Expte. Nº Z-36.188/17 (Z-2381/19-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que, llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia en virtud del recurso de casación articulado por la parte demandada, por intermedio de su letrado apoderado, Dr. Omar Lazo (cfr. fs. 467/475), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 449/459 vta..-
La parte accionada recurre el fallo de Segunda Instancia aduciendo quebrantamiento de forma, violación de la ley y doctrina legal en los términos de los artículos 2º y 3º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- (cfr. foja 467 vta.) y arbitrariedad (cfr. fs. 473/474 vta.).-
II. En la especie, el Sr. Zurita promovió demanda laboral con el objeto de percibir los créditos indemnizatorios derivados del despido dispuesto por la demandada.-
La sentencia de Primera Instancia reputó injustificada la decisión rupturista adoptada por la empleadora. En consecuencia, hizo lugar parcialmente a la demanda entablada, ordenando el pago de los siguientes rubros: indemnización por despido, SAC sobre indemnización por despido, sustitutiva del preaviso omitido, SAC sobre preaviso, integración del mes de despido y SAC sobre este último rubro, con más intereses. Además, ordenó la confección y entrega de los certificados de trabajo, según las pautas explicadas en los considerandos, aplicó una multa a la accionada por incomparecencia injustificada a la audiencia de conciliación, reguló los honorarios de los profesionales intervinientes, homologó el pacto de cuota litis obrante en la causa e impuso las costas a la demandada vencida (cfr. fs. 409/419 vta.).- A su turno, la Excma. Cámara de Apelaciones hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la accionada. Revocó la decisión de origen en cuanto ordenó el pago del SAC sobre indemnización por despido y la confección de nuevos certificados de servicios y de trabajo. Dejó sin efecto asimismo la multa impuesta y reguló los honorarios profesionales de ambas instancias (cfr. fs. 449/459 vta.).-
En lo que aquí resulta relevante, el Tribunal de Alzada entendió que no resultaba atendible el agravio de la demandada tendiente a acreditar que la disolución del vínculo laboral se produjo con justa causa. Concretamente, afirmó que la injuria endilgada al trabajador -consistente en su retiro del lugar de trabajo antes de la finalización de la jornada laboral- no tenía una gravedad que justificara la denuncia del contrato de trabajo, máxime cuando la empleadora no acreditó un daño económico. Ponderó que un único antecedente disciplinario y oportunamente sancionado no tenía la fuerza suficiente para sustentar una reacción tan adversa. Destacó igualmente que la imputación relativa al uso incorrecto y consiguiente deterioro de herramientas de trabajo efectuada en la misiva de despido era ambigua e incumplía con los recaudos del artículo 243 de la Ley de Contrato de Trabajo (cfr. fs. 453 vta./454).- En relación a los estipendios profesionales, la Excma.
Cámara de Apelaciones puntualizó que el tope del artículo 22 de la Ley Nº 1444 se encuentra alcanzado por la derogación dispuesta por el artículo 91 de la Ley Nº 3330, mientras que el artículo 90 de esta última norma refiere a disposiciones arancelarias especiales contenidas en otras leyes (cfr. foja 456). Asimismo reputó que el artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo debía ser interpretada de modo coherente con todo el ordenamiento jurídico, por lo que entendió que la norma precitada no pone un tope sobre el monto del juicio para el cálculo de los honorarios, sino a la responsabilidad que cabe a la derrotada por el pago de las costas procesales, incluidos los honorarios (cfr. foja 456 vta.).- En este entendimiento, expresó que habida cuenta de que se modificó el monto de condena correspondía ejercer la facultad estipulada en el artículo 278 del CPC y C (cfr. foja 457 vta.).
En consecuencia, fijó los honorarios de los letrados apoderados del actor en la suma de pesos cuarenta y cinco mil ($ 45.000) -en conjunto y proporción de ley- y los del letrado apoderado de la demandada en pesos treinta mil ($ 30.000) por los trabajos de Primera Instancia y por los de Segun- da Instancia reguló el monto de pesos once mil doscientos cincuenta ($ 11.250) y pesos diez mil quinientos ($ 10.500), respectivamente (cfr. foja 459 y vta.).- Contra este pronunciamiento la demandada interpone recurso de casación, motivándolo en las causales de quebrantamiento de forma y violación de la ley en los términos de los artículos 2º y 3º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- (cfr. foja 467 vta.) y arbitrariedad (cfr. fs. 473/474 vta.).-
En cuanto al quebrantamiento de forma alegado, la recurrente afirma que la sentencia en crisis ha sido dictada violando principios procesales y constitucionales elementales, tales como la igualdad, propiedad y el debido proceso (cfr. foja 470 vta.).-
Expresa que se encuentra acreditado el hecho de que el dependiente se retiró de su lugar de trabajo sin autorización el día 25 de febrero de 2017 (cfr. foja cit.). Agrega que ante este hecho, resulta desacertado que la decisión cuestionada exija la verificación de un daño económico (cfr. foja 471).-
Idénticos argumentos emplea para sustentar la tacha de arbitrariedad endilgada a la pieza sentencial en embate, al sostener que omite la aplicación de los artículos 84 y 242 de la Ley de Contrato de Trabajo (cfr. foja 474). Sostiene además que la sentencia contradice las constancias de autos, pues se encuentra acreditado que el actor se retiró injustificadamente de su lugar de trabajo, lo cual configura por sí sola la causal que justifica la finalización de la relación laboral por culpa del trabajador (cfr. foja 473 y fs. 474 y vta.).- En relación a la violación de la ley denunciada, postula que el fallo del Tribunal de Alzada aplica incorrectamente lo dispuesto por la Ley Nº 3330, regulando erróneamente los honorarios de Primera y Segunda instancia de todos los letrados intervinientes (cfr. foja 471 vta.). Alega que resulta improcedente la suma fijada como monto base del proceso, puesto que recién a partir de que quede firme la sentencia corresponde efectuar su liquidación de conformidad a lo prescripto por el artículo 99 de la Ley Nº 1444 (cfr. foja 472). Postula que la regulación de los honorarios de los letrados de la parte actora infringe lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Nº 1444, por cuanto supera el tope establecido en dicha norma (cfr. foja 473).- Hace reserva del caso federal (cfr. foja 474 vta.).-
A foja 477 y vta. la Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por la demandada.-
A foja 499 pasan los presentes al Acuerdo.-
III. Sentado ello se debe, en esta etapa, efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de verificar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado.-
Para realizar esta faena no debe perderse de vista que -tal como lo ha sostenido reiteradamente este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraor- dinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior de Justicia pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio.-
Para que esta vía tenga andamiento resulta imperativo que la recurrente despliegue una técnica impugnativa adecuada, de modo que el escrito portador de su recurso formule una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento jurisdiccional, sin que reúna tal condición aquélla que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos básicos, determinaciones o fundamentos sobre los que se asienta.- En términos generales, este Alto Tribunal ha sostenido que la crítica concreta y razonada que se exige como requisito de la fundamentación de la senda recursiva debe apuntar a demostrar la incorrecta demarcación de la base fáctica (incorrecta valoración de la prueba y de la limitación de la situación y relaciones jurídicas) o la incorrecta calificación legal de la misma, esto es, la deficiente conexión de los hechos con el ordenamiento. Es decir, que si la recurrente ataca uno, o todos los elementos del silogismo utilizado por el magistrado para arribar a su conclusión, esto es, la base fáctica, la base normativa o la base resolutiva, la fundamentación del recurso debe consistir en una operación lógica, que apunte a demostrar la falsedad de la premisa mayor, de la menor o de la conclusión (cfr. Interlocutorio, Tomo XXXI, Reg. 3545, Folio Nº 6104/6109).- A la luz de estas premisas, resulta dable anticipar que la pieza recursiva de fs. 467/475 no satisface mínimamente los recaudos reseñados, lo que conduce indefectiblemente a declarar su inadmisibilidad.-
IV. A poco que se profundice en el análisis del escrito recursivo, se advierte que gira en torno a la disconformidad respecto del modo en que la Excma. Cámara de Apelaciones examina la configuración de la injuria determinante del distracto laboral. Esta cuestión resulta inaudible en sede de casación, salvo que se alegue y demuestre que nos encontramos en presencia de un caso excepcional de absurdo, circunstancia que la recurrente no logra demostrar con éxito.- En su agravio inaugural, la recurrente invoca el quebrantamiento de forma para sustentar su recurso extraordinario (cfr. fs. 470 vta./471 vta.).-
La recurrente no consigue evidenciar la configuración de vicio alguno en torno a las formas y solemnidades prescriptas para el procedimiento y el acto sentencial, por lo que este planteo deviene estéril. Más aún, la simple lectura de la pieza recursiva denota de forma prístina la ausencia total de toda crítica tendiente a abonar la causal invocada.-
La articulación así deducida no tiene cabida en esta instancia excepcional, por cuanto la misma no alcanza a afectar la sentencia atacada, cuya ponderación refleja un desenvolvimiento sistemático, objetivo y serio de la relación entre la decisión del caso y sus constancias concretas, con la ley aplicable y las garantías constitucionales en juego.-
Por otra parte, debe tenerse presente que evaluar la conducta de las partes con anterioridad a la rescisión del vínculo laboral para determinar la existencia o no de injuria legitimante del despido, es una potestad privativa de los jueces de grado y, como tal, no puede ser revisada en la instancia extraordinaria. La transgresión del límite que encuentra tal facultad se constata sólo ante la evidencia de una apreciación absurda de los hechos y pruebas de la causa; o en la afirmación y comprobación de que la valoración de la injuria invocada fue efectuada por el juzgador de origen sin la prudencia que la ley le exige (art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo).- En tal sentido, este Tribunal Superior de Justicia tiene dicho que: “…las cuestiones de hecho y prueba -respecto de la causa del despido- resultan ajenas a la instancia extraordinaria, en tanto se encuentran reservadas a los jueces de grado; no pudiendo la discrepancia constituirse en fundamento para su habilitación, al no probarse que ese derecho con el cual disiente, haya sido aplicado en forma erró- nea, o que tal operación resulte violatoria a la ley (confr.
Tomo VIII, Sentencia, Reg. 294, Folio 1591/1594) y que ‘…‘...La valoración de la existencia de injuria…y la conclusión acerca de la oportunidad en que cesó la relación laboral, son cuestiones de hecho irrevisables en casación…’...’ (confr. Tomo III, Interlocutorio, Reg. 236, Folio 406/410). Igualmente, este Tribunal tiene expresado que la apreciación de las circuns- tancias que condicionan el despido, son cuestiones de hecho que escapan al recurso de casación articulado (confr. Tomo VI, Sentencia, Reg. 213, Folio 1145/1148) y que ‘…la apreciación de las circunstancias que condicionan el despido demostrando si es justo o no, es una cuestión de hecho…’ (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo IX, Interlocu- torio, Reg. 1277, Folio 1690/1691; Tomo X, Interlocutorio, Reg. 1383, Folio 1924/ 1926.).” (cfr.
Interlocutorio, Tomo XXIV, Reg. 2929, Folio 4681/4684).- Por otra parte, las censuras sometidas a juzgamiento por la recurrente en torno a la regulación de honorarios concretada por el tribunal a quo (cfr. fs. 471 vta./473) tampoco resultan suficientes para superar el presente juicio de admisibilidad formal, puesto que la revisión que se pretende en esta instancia extraordinaria se sustenta en cuestiones de hecho y prueba. Recientemente este Tribunal Superior de Justicia ha dicho al respecto que: “...en oportunidad de efectuar este Excmo. Tribunal Superior de Justicia el examen preliminar del recurso articulado en orden a la materia que lo sustenta, corresponde advertir preliminarmente que al tratarse la cuestión planteada de un tema sobre regulación de honorarios, la misma es extraña en principio, a la vía extraordinaria intentada, tal como reiterada doctrina de este Alto Cuerpo y de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires lo han señalado al considerar que: ‘La regulación de los honorarios judiciales de los profesionales es irrevisable en casación, ya sea en su monto como en las bases adoptadas para fijarlos pudiendo excepcionalmente ser considerados cuando no se trata del cuestionamiento de las bases tomadas para ese fin sino de la ausencia de las mismas, lo que torna arbitrario el pronunciamiento desde que no resulta de elementos objetivos obrantes en la causa’ (SCBA, abril 22-1980, ‘Carle Juan C. c.
Madoni y Moretti Soc. en Com. por Acc.’, Rep., L.L. T. XL, JZ, 2131, sum. 178, T.S.J., Santa Cruz, -Interlocutorio-, Tomo II, Reg. 193, Folio 323/325, ídem, Reg. 214, Folio 358/359, ídem, Tomo III -Interlocutorio-, Reg. 289, Folio 466/468)…” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXXI, Reg. 3551, Folio 6126/6130).- El fundamento de esta tesitura radica en que, en principio, este Alto Cuerpo no está habilitado para revisar las cuestiones de hecho.-
En función de lo antedicho, es oportuno señalar que la revocación de una sentencia por arbitrariedad o absurdo es un remedio excepcional (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomos VIII, Reg. 282, Folio 1531/1533 y XV, Reg. 513, Folio 2877/2883) para neutralizar los efectos dañosos del desvío de las reglas de la sana crítica.-
Esta carga no ha sido cumplimentada por el interesado, quien no asume la exigencia de formular un cuestionamiento concreto y eficaz a las conclusiones definitorias del fallo y en consecuencia, no logra demostrar que la ponderación de la injuria realizada por el Tribunal de mérito hubiera sido efectuada sin la prudencia que la ley le exige o que la determinación del monto del juicio, la apreciación de los trabajos profesionales cumplidos y la aplicación de normas arance- larias hayan sido efectuadas de manera arbitraria.- En suma, se observa que la recurrente pretende recrear la meri- tación y valoración jurisdiccional sin llegar a producir una crítica razonada, profunda, visceral, concreta y eficaz de la estructura sentencial atacada (cfr. TSJ Santa Cruz, In- terlocutorio, Tomo XXI, Reg. 2701, Folio 4131/4135), lo que torna inhábil al recurso en estudio para ser considerado admisible.-
Respecto a la denuncia de violación de principios constitucionales -tales como el de igualdad y debido proceso- (cfr. foja 470 vta.) deviene aplicable la doctrina de este Tribunal Superior de Justicia que dice: “…la sola mención de normas y principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de qué manera se habrían afectado las garantías que ellas tutelan no es base idónea de agravio…”. (cfr. Interlocutorio, Tomos XXVI, Reg. 3143, Folio 5153/5156 y XXVII, Reg. 3200, Folio 5271/5274).- En síntesis, al examinar los términos del recurso interpuesto se advierte que las conclusiones de la Excma. Cámara de Apelaciones no son refutadas mediante argumentos conducentes para poner en evidencia un decisivo error en la sentencia en crisis. Así, la recurrente tan sólo indica su discrepancia con la sentencia atacada propiciando una interpretación distinta de los hechos y de la normativa en la que se funda, invocación que por sí sola no basta en el ámbito del recurso que nos ocupa dada la limitación extraordinaria de la instancia y en especial por la exclusión del análisis de los hechos y la prueba, materia que compete a los jueces de grado con las salvedades propias de la materia en orden al absurdo o a la arbitrariedad.- Conforme al análisis efectuado precedentemente, se concluye que el recurso de casación articulado por la parte recurrente a fs. 467/475 no logra habilitar la presente instancia, por lo que corresponde declararlo mal concedido y en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 477 y vta., de conformidad con lo establecido en el artículo 7 y concordantes del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, teniendo presente la reserva del caso federal efectuada a foja 474 vta.-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte recurrente a fs. 467/475 y en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 477 y vta.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidente- Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1023I.201 Tomo: XXXI Interlocutorio: 3567 Folio N°: 6165/6168 Secretaría: 1
Fin de la sentencia