Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa EX-2022-27347551-APN-SGAI#TFN
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-129511975-APN-VOCI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 31 de Octubre de 2023 SGAI#TFN En la fecha se reúne la Sala “A” del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Agustina O’Donnell (Vocal Subrogante de la 1° Nominación), la Dra. Laura Amalia Guzmán (Vocal Titular de la 2° Nominación) y el Dr. Pablo Alejandro Porporatto (Vocal Subrogante de la 3° Nominación) para dictar sentencia en el N° EX-2022- 27347551- -APN-SGAI#TFN, caratulado: “ZURSCHMITTEN S.R.L. s/ recurso de apelación”.
La Dra. Agustina O’Donnell dijo:
I. Zurschmitten S.R.L. interpone el recurso de apelación que establece el art. 76 inc. b) de la ley 11.683 contra la Resolución N° 17/2022, dictada el 25.2.2022 por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Santa Fe de la Administración General de Ingresos Públicos, en la que se determinó de oficio su obligación en el impuesto al valor agregado de los períodos fiscales 4/2017 a 8/2019 por la suma de $2.287.361,21 más intereses resarcitorios (conf. art. 37, ley).
Además, se le aplicó una multa por omisión de acuerdo al art. 45 de la misma ley de $426.777,04 por los períodos fiscales 4/2017 a 11/2017, equivalente al setenta por ciento (70%) del impuesto determinado de oficio, y de $1.677.679,72, por los períodos fiscales 12/2017 a 8/2019, equivalente al ciento por ciento (100%). Explica en su presentación ante este Tribunal que desarrolla como actividad principal la fabricación de muebles y partes de muebles, principalmente de madera, bajo tres modalidades: 1) la venta de muebles standard en salón de ventas, 2) la venta e instalación de muebles a medida en inmuebles existentes y 3) la locación de obras de carpintería de madera en inmuebles en construcción.
Destaca que tiene una planta industrial en la que fabrica placares, vestidores y amoblamientos de cocina y baño y que la fiscalización no visitó ninguna de las construcciones en las que realizó las obras de carpintería en madera y en las que dispone de obradores. Agrega que traslada materiales, personal y maquinarias a las obras y que allí culmina con el proceso de fabricación de los productos y posterior instalación.
A continuación, resume sus agravios de la siguiente manera:
a. La errónea interpretación del juez administrativo al calificar a las obras que realiza como “venta de cosas muebles” y gravarlas al 21%, en lugar de considerarlas “obras sobre inmueble ajeno” y gravarlas con la alícuota del 10,5%. Destaca que realiza obras de carpintería, construye inmuebles a medida, no vende muebles terminados, ni vende materiales para la construcción de viviendas, ni artefactos a ser instalados en las mismas. b. Un obrador no es asimilable al armado de una fábrica dentro de la propiedad de un tercero, sino el lugar de trabajo específico dentro de una construcción en donde se dispone de un espacio para realizar obras específicas, en este caso de carpintería de madera.
c. La inexistencia de perjuicio fiscal ya que no se trata de ventas a consumidores finales sino a responsables inscriptos que computaron un crédito fiscal inferior al pretendido lo que se traduce en un saldo técnico mayor a favor de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Informa también que en el curso del procedimiento de fiscalización rectificó las declaraciones juradas del gravamen por los períodos fiscales 5/2017 a 3/2020 en las que incluyó los ajustes vinculados a la diferencia de alícuota exclusivamente por las ventas facturadas en comprobantes Tipo B a consumidores finales. Hace saber que continúa la controversia únicamente por las operaciones facturadas con comprobantes Tipo A por operaciones con empresas constructoras a las que aplicó la alícuota reducida del 10,5%. En efecto, señala en su escrito que: “(…) El 12 y el 13/01/2022 la contribuyente presentó las declaraciones juradas rectificativas de IVA por los períodos 12/2017 a 08/2019 ajustando el débito fiscal a la tasa del 21% para las ventas efectuadas a consumidores finales mediante facturas tipo B, continuándose únicamente por las Facturas A a la tasa del 10.5% efectuadas a empresas constructoras”.
Alega a continuación en su defensa que “(…) no puede haber una obra de carpintería de madera que no sea realizada sobre un inmueble. La obra no consiste en elaborar un mueble sino en construirle a un inmueble un mueble sobre el mismo, sin individualidad propia”, encuadrando su operatoria en el inc. a) del art. 3° de la ley. Como prueba de sus dichos, aporta únicamente documental y solicita que se revoque la Resolución en todas sus partes, con costas.
II. A su turno, contesta el traslado del recurso la representación fiscal, que solicita se confirme su Resolución, también con costas.
Explica que de la documentación recabada en el procedimiento de fiscalización, constató que en los períodos comprendidos en dicho acto el 56% de la facturación de Zurschmitten S.R.L. fue al 10,5% de alícuota, el 34% a la alícuota general (21%) y el 10% a ambas alícuotas, aun cuando su principal actividad es la fabricación de amoblamientos de baño y/o cocinas y su posterior colocación en las obras.
El criterio del juez administrativo es que las prestaciones fueron adicionales o complementarias y ejecutadas sin modificar la estructura del inmueble, sin edificar, erigir, o hacer una obra nueva de arquitectura o de ingeniería, por lo que no le corresponde el beneficio previsto en la normativa invocada.
Agrega, por último, que la empresa, por una cuestión de conveniencia, termina de fabricar los muebles en el lugar de las obras, pero entiende que ello no les quita el carácter de bienes muebles. Así pues, los trabajos no se realizan sobre el inmueble, es decir, no modifican sustancialmente la estructura del mismo, por lo que deben gravarse a la alícuota general.
III. Mediante PV-2023-61243042-APN-VOCI#TFN se elevan y se ponen los autos a consideración de la Sala. Por IF-2023-126241577-APN-VOCI#TFN quedan en estado de dictarse la sentencia.
IV. Corresponde decidir si la Resolución recurrida se ajusta a derecho, más precisamente si a las operaciones que allí se describen les corresponde el tratamiento del art. 3°, inc. a) de la ley del impuesto al valor agregado, como sostiene el recurrente, o el del inc. c), como sostiene el juez administrativo. Dicha norma dispone, en lo que aquí interesa, que “Se encuentran alcanzadas por el impuesto de esta ley las obras, las locaciones y las prestaciones de servicios que se indican a continuación:
“a) Los trabajos realizados directamente o a través de terceros sobre inmueble ajeno, entendiéndose como tales las construcciones de cualquier naturaleza, las instalaciones —civiles, comerciales e industriales—, las reparaciones y los trabajos de mantenimiento y conservación. La instalación de viviendas prefabricadas se equipara a trabajos de construcción”.
“c) La elaboración, construcción o fabricación de una cosa mueble —aun cuando adquiera el carácter de inmueble por accesión— por encargo de un tercero, con o sin aporte de materias primas, ya sea que la misma suponga la obtención del producto final o simplemente constituya una etapa en su elaboración, construcción, fabricación o puesta en condiciones de utilización”.
De este encuadramiento dependerá la alícuota que debe aplicarse, ya que el art. 28 de la ley dispone en su cuarto párrafo:
“Estarán alcanzados por una alícuota equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la establecida en el primer párrafo: (…) c) Los hechos imponibles previstos en el inciso a) del artículo 3° destinados a vivienda, excluidos los realizados sobre construcciones preexistentes que no constituyan obras en curso y los hechos imponibles previstos en el inciso b) del artículo 3° destinados a vivienda.”
Por su parte, el art. 66 de la misma norma remite para la aplicación de estas disposiciones al decreto 1230/96 en el que, en lo que aquí más interesa, en su art. 2° se dispone que, “a) Se entenderá que los trabajos sobre inmueble ajeno u obras sobre inmueble propio, según corresponda, están destinados a vivienda, cuando por las características de la construcción pueda considerarse que la misma ha sido concebida para ese fin, quedando facultada la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA, dependiente del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, para establecer las condiciones en que deberá acreditarse el cumplimiento de dicho requisito”.
A continuación, también establece que, “c) Atento a que la reducción de la alícuota dispuesta para los trabajos sobre inmueble ajeno u obras sobre inmueble propio definidos en el inciso a) de este artículo, ha sido establecida exclusivamente respecto de esos hechos imponibles, dicha reducción no resulta aplicable a las ventas por incorporación de bienes de propia producción que puedan configurarse a raíz de la realización de los mismos. Por lo tanto, la reducción de la alícuota no alcanza a los bienes de propia producción que se incorporen a trabajos realizados sobre inmueble ajeno, los que deberán facturarse separadamente, no resultando aplicable a su respecto lo dispuesto en el encabezamiento y en el numeral 3) del quinto párrafo del artículo 9 de la ley”.
Los incisos en cuestión constituyen lo que reputados doctrinarios de este gravamen como Rubén Marchevsky denominan el segundo y el cuarto hecho imponible del impuesto, conocidos como “trabajo sobre inmueble ajeno” y “elaboración de cosa mueble por encargo”, respectivamente. Según este autor, en la configuración del segundo hecho imponible concurren tres elementos, que son: i) el trabajo debe ser realizado sobre un inmueble, ii) el trabajo puede realizarse directamente o a través de terceros contratados y iii) el inmueble debe ser de un tercero1. Así pues, es claro que la ley se refiere a “trabajos” o a construcciones de cualquier índole o cualquier tipo de tarea que consista en erigir una obra. Además, las instalaciones pueden ser civiles, comerciales o industriales. Cabe agregar también el requisito de que el inmueble sea ajeno, siendo indistinto que sea efectuado directamente o a través de un tercero (subcontratistas).
Ahora bien, el cuarto hecho imponible del impuesto contenido en el art. 3° inc. c) abarca las cosas muebles que se elaboren por encargo de un tercero. Dicho inciso entonces tipifica la elaboración, construcción o fabricación de una cosa mueble, con indiferencia del aporte de materias primas, aun cuando la cosa mueble adquiera el carácter de inmueble por accesión y cualquiera sea la etapa del proceso productivo.
Además, surge del propio texto legal que el trabajo quedará comprendido en este inciso independientemente de que el mismo constituya la entrega de un producto terminado y acondicionado para su venta o una etapa intermedia de elaboración.
En el caso, surge de los Considerandos de la Resolución y del Informe Final de Inspección en el que se resumen las tareas llevadas a cabo y la documentación recolectada en el curso de la fiscalización que da fundamento a la pretensión fiscal, que el origen de la misma fue haberse detectado que en los períodos fiscales 04/2017 a 08/2019 la empresa había facturado el 56% de sus ventas a la alícuota del 10,5% -el 62% a personas con DNI, sin CUIT, y el 38% a empresas constructoras-, el 34% a la alícuota general y el 10% a ambas alícuotas.
En esta instancia, como ya se dijo, debe evaluarse únicamente el ajuste respecto de la utilización de la alícuota reducida por las ventas a empresas constructoras ya que las realizadas con consumidores finales fueron conformadas, tal lo que da cuenta el propio recurrente en su presentación ante este Tribunal. Ello, a su vez, surge de las act. adm., ya que de un total de débitos fiscales inicialmente ajustados de $30.572.880,45, la empresa regularizó $26.845.710.
No se encuentra en discusión que Zurschmitten S.R.L. posee su planta fabril, oficinas comerciales y de venta en la localidad de San Jerónimo Norte, provincia de Santa Fe, y un showroom de ventas en la ciudad de Rosario de la misma provincia. Tampoco que sus actividades principales son la fabricación, distribución y venta de muebles en general, y que se especializa en amoblamientos de cocina y baños, placards y vestidores en viviendas. Es decir fabrica cosas muebles con individualidad propia que luego son instaladas en obras, pero, cabe ya decirlo, no es la colocación y el ajuste de placares, vestidores, amoblamientos de cocina y baños lo que caracteriza su operación, sino que lo principal es la elaboración de dichos muebles.
Siguiendo a la doctrina antes citada, puede decirse que si para ello tuvo que hacer ajustes en la obra, éstos no revisten entidad para caracterizar a la operación como “obra sobre inmueble ajeno” por cuanto los mismos constituyen tareas meramente accesorias a la fabricación, que se realizan sobre muebles ya armados en el taller y no sobre la estructura del inmueble, con la finalidad de ponerlas en condiciones de utilización. En su presentación ante este Tribunal, Zurschmitten S.R.L. alega que “…no puede haber una obra de carpintería de madera que no sea realizada sobre un inmueble”, pero los comprobantes que reflejan sus ventas a las empresas constructoras, que obran en las voluminosas act. adm., fueron emitidos por conceptos genéricos tales como “mesadas”, “piezas varias”, etc., pero en ninguno de ellos se hace referencia a prestaciones de servicios en las obras con personal que puedan ser encuadradas en la normativa que rige el beneficio. Es decir, no adjuntó ni en esta instancia ni en la previamente sustanciada prueba alguna del efectivo traslado de materiales o de contratistas desde su planta a las obras, tampoco se refirió a los operarios que tuvo a dichos fines en su nómina o que contrató, lo que deja sin sustento probatorio sus dichos.
A la misma vez, se queja de que la fiscalización no se hizo presente en ninguna de las construcciones en las cuales realizó las obras de carpintería en madera y dispuso de obradores, pero sin perjuicio de la imposibilidad temporal de realizar la constatación in situ pretendida, a la misma vez no realizó esfuerzo alguno por probar dicho extremo a través de otros medios, como los antes aludidos, o a través de la existencia de máquinas o enseres para llevar a cabo dichas prestaciones y/o locaciones.
Así, debe concluirse que las operaciones realizadas por Zurschmitten S.R.L. fueron correctamente encuadradas en el inc. c) del art. 3° de la ley porque lo que hizo, conforme a los antecedentes obrantes en las actuaciones administrativas, fue fabricar los muebles y luego llevarlos a su destino ya elaborados -tal como se advierte con los remitos acompañados en dichas actuaciones-; una vez en la obra, completó el armado de los muebles, pero ello, como ya se dijo, en modo alguno convirtió su trabajo en una obra sobre inmueble ajeno que, también ya se dijo, es lo único que está beneficiado en la ley con la alícuota reducida.
Ello así, máxime cuando en el Informe de Inspección ya referido se deja constancia que se circularizó a las empresas constructoras a las que se facturaron las ventas a la alícuota del 10,5% a las que les solicitó, entre otros elementos, presupuestos, órdenes de compra, así como contratos con la identificación de las operaciones y condiciones pactadas, que no fueron aportados. Así, por ejemplo, una de las firmas circularizadas, Mundo Desarrollos S.A., en la nota de pedido que consta a fs. 191, que luego dio lugar a la emisión de la Factura “A” a fs. 192, informó que en ella se incluyeron conceptos como “mueble de cocina”, “mueble de lavadero”, “placard” y “marcos para espejo” que se gravaron al 10,5%. Así, la falta de documentación con el detalle de los trabajos que dice haber realizado, sumado a la ausencia de un detalle preciso en los comprobantes fiscales emitidos a sus clientes, dificulta identificar a las prestaciones que consideró alcanzadas por el beneficio.
Por otro lado, de los resultados de la prueba informativa rendida en la instancia administrativa previa se desprende que al responder sobre los trabajos realizados por la firma apelante, las empresas constructoras dieron cuenta de que Zurschmitten S.R.L. llevaba materias primas o productos semielaborados y completaba su construcción o instalación en las obras (v. fs. 50/55 del Cuarto Cuerpo de ant. adm. Determinación de Oficio), manifestaciones que se compadecen con el encuadramiento de las operaciones efectuado por el juez administrativo en el art. 3°, inc. c) de la ley. A mayor abundamiento, Marchevsky al comentar los alcances de dicha norma señala que “Convenimos que es ciertamente controvertido analizar, en ciertos casos, la accesoriedad. Sin embargo, en otros, ni siquiera es procedente el análisis; son aquellos en los que quien provee la mano de obra y colocación es el fabricante de los bienes. El decreto mismo se encarga de excluirlos del beneficio, al ser de propia producción”2.
Respecto a la interpretación del mismo precepto, al fallar este Tribunal en el precedente “Música Funcional S.A.”, del 8.6.1993 señaló que “(…) los trabajos sobre inmueble ajeno deberán consistir en una construcción o mejora sobre él o instalaciones –civiles, comerciales, industriales- que se incorporen al inmueble por accesión o lo beneficien, (…)”, pero esa construcción o mejora está ausente cuando se instala una cocina o un comedor, que son cosas muebles que ya tenían su propia individualidad.
Es importante también traer a colación el antecedente “Fumacol Argentina S.A.” de la Cámara que ejerce como alzada de este Tribunal del 8.9.1992 que en su considerando XI expresó: “(…) se deduce que la actora vende cosas muebles que poseen individualidad propia antes de su colocación y que ésta sólo constituye un accesorio de la venta.”
No debe perderse de vista, asimismo, que también es criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que las normas que conceden beneficios fiscales deben interpretarse estrictamente (Fallos 320:2669, entre muchos otros), y que por tratarse de excepciones al principio de generalidad receptado en la Constitución Nacional no pueden crearse por inducciones o extenderse por interpretación a casos no contemplados (Fallos 319:1311), y en el caso no se ha demostrado que las operaciones de Zurschmitten S.R.L. participen de las características de las construcciones, instalaciones o trabajos a los que se refiere el art. 3°, inc. a) de la ley del gravamen, y con ello les corresponda el beneficio que concede su art. 28.
Por todo lo expresado, corresponde confirmar la determinación de oficio practicada en la Resolución recurrida. Por último, no habiendo agravios concretos en relación a los intereses resarcitorios sólo cabe su confirmación en este acto. No obstante ello, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida como resarcimiento por la mora en que se ha incurrido como contribuyente en la cancelación de las obligaciones tributarias (cfr. CSJN, “Citibank NA”, sentencia del 1.06.2000).
Por consiguiente, corresponde confirmar la Resolución N° 17/2022, tanto en cuanto al capital, como los intereses resarcitorios intimados en ella, con costas.
V. Las consideraciones ya expresadas dan cuenta de la omisión incurrida por Zurschmitten S.R.L. al haber presentado declaraciones juradas del impuesto consignando datos inexactos en la alícuota aplicable que implicaron un menor ingreso de lo debido, configurándose el elemento objetivo de la infracción tipificada en el art. 45 de la ley 11.683 en el que fue encuadrada su conducta.
En cuanto al elemento subjetivo, cabe aquí recordar que al analizar esta figura, en Fallos 322:519, “Casa Elen- Valmi de Claret y Garello”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que “...surge claramente del texto transcripto que no es exigible una conducta de carácter doloso del contribuyente que deba ser acreditada por el organismo recaudador”, más tampoco demostró un obrar diligente, ni rindió prueba en esta instancia para acreditarlo o dificultades para la interpretación de los preceptos aplicables que pudieren llevar a este Tribunal a excusar su responsabilidad.
Por el contrario, se advierte que el recurrente rectificó gran parte de la pretensión fiscal que se le formulara inicialmente, incluyendo en declaraciones juradas rectificativas los débitos fiscales por la diferencia de alícuota respecto de operaciones con consumidores finales, y respecto de la pretensión fiscal subsistente, que es la que fue determinada de oficio y recurrida ante este Tribunal, no probó en contrario, ni por ende demostró que por las mismas operaciones, identificadas de la misma manera en los comprobantes, pero a empresas constructoras, le correspondiera otro tratamiento fiscal.
Por ello, corresponde confirmar también la sanción aplicada en la Resolución recurrida, con costas. 1 MARCHEVSKY, Rubén, Impuesto al valor agregado – Análisis integral, Ed. Errepar, Buenos Aires, 2006, p. 143 y ss. 2 Ob. Cit., p. 853 La Dra. Laura Amalia Guzmán dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto de la Dra. O’Donnell.
El Dr. Pablo Alejandro Porporatto dijo:
Que adhiero al voto de la Dra. O’Donnell.
Por ello SE RESUELVE:
Confirmar la Resolución N° 17/2022, con costas.
Regístrese, notifíquese y archívese.
Date: 2023.10.31 11:44:37 -03:00 Date: 2023.10.31 12:20:49 -03:00 Laura Amalia Guzman Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Subrogante Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.10.31 12:46:47 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Subrogante Vocalía I Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.10.31 12:46:48 -03:00
Fin de la sentencia