Abriendo la norma
Decreto-Ley provincial 21.209/1957 · 1957
D ECRETO-LEY 21209/57
NOTA: Ver artículo 4 de la Ley 9682.
Modificando el régimen establecido para el funcionamiento del Fuero Rural en la Provincia.
Departamento de Asuntos Agrarios
La Plata, 20 de noviembre de 1957.
Visto la necesidad de agilizar el procedimiento creado para los Tribunales Rurales por Decreto-Ley 868/57, y
CONSIDERANDO
Que debe evitarse toda intervención del Poder Ejecutivo en las cuestiones que se someten a la decisión judicial.
Que si bien el procedimiento establecido por el Decreto-Ley 868/57, concuerda y respeta las disposiciones constitucionales, la inclusión de los miembros de las comisiones de Conciliación y Arbitraje, dentro del Presupuesto General de la Administración Pública, puede llegar a constituir un motivo de ataque a la autonomía del Poder Judicial.
Que la supresión de esas comisiones posibilitará mayor rapidez en la tramitación, aún manteniendo la intervención de los representantes gremiales de las partes afectadas.
Que consecuentemente la eliminación de esos organismos determina la necesidad de reestructurar las jurisdicciones territoriales antes establecidas.
Que debe ampliarse la competencia de los Tribunales Rurales a efectos de que intervengan en las cuestiones que se susciten por aplicación de la ley nacional de la transformación agraria y su reglamento.
Que debe crearse un procedimiento ágil para el tratamiento de esos conflictos, que permita el cumplimiento de los fines jurídicos-sociales perseguidos por esa ley.
Por ello,
EL INTERVENTOR FEDERAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO
DECRETA CON FUERZA DE LEY
Apruébanse las modificaciones proyectadas al decreto ley 868/57, el que queda redactado de la siguiente forma:
Créanse, como parte integrante del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, a los efectos del artículo 149 de la Constitución de Buenos Aires los Tribunales Rurales, cuya organización, competencia y procedimientos se regirá por las normas que el presente decreto ley establezca.
Sin perjuicio de la jurisdicción atribuida por el artículo 149° de la Constitución de Buenos Aires a la Suprema Corte de Justicia, extiéndese a las cámaras de apelaciones en lo Civil y Comercial de la Provincia, la competencia necesaria para entender como Tribunal de Alzada del Fuero Rural el que además estará integrado por los Juzgados de Primera Instancia Rurales y por el Ministerio Público.
REQUISITOS
Todas las disposiciones constitucionales de la Provincia referente a los jueces letrados de Primera Instancia, relativas a las calidades para ser Juez, a la designación remoción, garantías y obligaciones son aplicables a los magistrados de los Tribunales Rurales, quienes deberán poseer además, especial versación en la materia.
Los secretarios deberán reunir las mismas calidades exigidas para serlos en la justicia ordinaria.
JURISDICCION TERRITORIAL
Las Cámaras de Apelaciones en lo Civil y Comercial ejercerán la jurisdicción atribuida por el artículo 2° del presente decreto ley, dentro del Departamento Judicial en el cual tengan su asiento.
La Cámara de Bahía Blanca entenderá como Tribunal de Alzada en las cuestiones que se tramiten ante el Juzgado de Tres Arroyos.
Los jueces de primera instancia rural tendrán jurisdicción dentro de los límites territoriales que, de acuerdo a su asiento, se establece a continuación:
a) Juzgado de Primera Instancia Rural del Departamento Judicial Capital, con asiento en la ciudad de La Plata, tendrá jurisdicción sobre los distritos comprendidos dentro del referido Departamento
b) Juzgado de Primera Instancia Rural del Departamento Judicial de Mercedes con asiento en la ciudad de Mercedes, tendrá jurisdicción sobre los distritos comprendidos dentro de dicho Departamento.
c) Juzgado de Primera Instancia Rural del Departamento Judicial de San Nicolás con asiento en la ciudad de San Nicolás, tendrá jurisdicción sobre los distritos comprendidos por ese Departamento
d) Juzgado de Primera Instancia Rural del Departamento Judicial de Azul con asiento en la ciudad de Azul, ejercerá jurisdicción sobre los distritos comprendidos dentro de dicho Departamento
e) Juzgado de Primera Instancia Rural del Departamento Judicial de Dolores con asiento en la ciudad de Dolores, tendrá jurisdicción sobre los distritos comprendidos por ese Departamento y además Mar Chiquita, Balcarce, General Pueyrredón y General Alvarado.
f) Juzgado de Primera Instancia Rural de Tres Arroyos con asiento en la ciudad de Tres Arroyos, tendrá jurisdicción sobre los siguientes partidos: Tres Arroyos, González Chaves, Necochea y Lobería.
g) Juzgado de Primera Instancia Rural del Departamento Judicial de Bahía Blanca con asiento en la ciudad de Bahía Blanca, ejercerá jurisdicción sobre los distritos de: Patagones, Villarino, Bahía Blanca, Coronel Rosales, Coronel Pringles, Tornquist, Puan, Saavedra, Coronel Suárez, Adolfo Alsina, Guaminí, Caseros y Coronel Dorrego.
Cada Juzgado de Primera Instancia rural tendrá dos secretarías.
DE LAS COMISIONES ASESORAS
Ante cada Juzgado de Primera Instancia Rural funcionará una Comisión Asesora integrada por un representante de los arrendadores y otro de los arrendatarios o aparceros y oportunamente por un ingeniero agrónomo
Los integrantes de las comisiones referidas en el artículo anterior deberán reunir los requisitos que reglamentariamente se establezcan y serán designados por la Suprema Corte de las ternas que anualmente le remita el Poder Ejecutivo y que se formarán de acuerdo a lo que determine la respectiva reglamentación. El ingeniero agrónomo será designado por el juez o las partes en los casos y forma que prevé el presente decreto-ley.
La Comisión Asesora asistirá al juez cuando así lo determine el presente decreto-ley.
INTEGRACION
Cuando por excusación, recusación, ausencia o impedimento debe reemplazarse a un Juez de Primera Instancia Rural, lo reemplazará el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial a que pertenezca y que esté en turno. Si el excusado recusado, ausente o impedido, fuera un miembro de la Comisión Asesora, lo reemplazará el suplente designado.
En su caso de las recusaciones o excusaciones cuestionadas, entenderá:
a) El Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del turno del respectivo Departamento Judicial, si se tratare de Juez de Primera Instancia Rural.
b) El Juez de Primera Instancia Rural respectivo si fuera un miembro de la Comisión Asesora.
Las integraciones que resulten con arreglo a lo dispuesto por el artículo anterior, en ningún caso deberán ser notificadas a las partes y el reemplazante entrará en funciones sin perjuicio del deber de excusarse si correspondiere o del derecho de las partes del recusarlo dentro de las veinticuatro (24) horas de conocida su designación.
MINISTERIOS PUBLICOS
Los miembros de los ministerios públicos de cada Departamento Judicial, intervendrán en los juicios que se sustancien en los respectivos tribunales rurales, debiéndose designar al que deba actuar ante el Tribunal de Tres Arroyos.
COMPETENCIA
Compete a los tribunales conocer:
I.- En las cuestiones que versen sobre materia legislada por el Código Rural, leyes que lo complementan o que legislan sobre materia rural, entre las que se enuncian:
a) Cuestiones suscitadas con motivo de la prenda rural, del crédito rural y del seguro rural.
b) Conflictos por obras nuevas y/o modificación del curso natural o artificial de las aguas en zonas rurales.
c) Las cuestiones que se susciten con motivo de las leyes de sanidad animal y vegetal, seguridad rural y de conservación.
d) Comodatos uso y habitación sobre predios rústicos
e) Caza, pesca, apicultura y forestación
f) Tránsito de productos forestales y agropecuarios en general
g) Marcas, contramarcas y señales
h) Concentración de frutos
i) Servidumbre de tránsito y caminos que afecten a predios rústicos
j) Alambrados, muros, cercos y fosos en predios rústicos
k) Cuestiones que se susciten entre las cooperativas, asociaciones e instituciones agropecuarias y sus componentes con motivo de las relaciones emergentes de las explotaciones agropecuarias y las que se susciten entre componentes de sociedades destinadas a la explotación agropecuaria cuando el litigio versare sobre dicha explotación.
l) Juicios de desalojo de predio rústico, cualquiera sea el origen de la ocupación y en general toda causa sobre daños y perjuicios, contratación de trabajos y ejecución de obras vinculadas a la explotación agrícola, ganadera, frutícola, hortícola y forestal, siempre que no exista relación de dependencia entre las partes, ni se refiera a la comercialización de la producción. Considérase predio rústico o rural al ubicado fuera de la parte urbana de las ciudades o pueblos. Considérase planta urbana de las ciudades o pueblos el núcleo de población cuyo fraccionamiento se encuentre representado por manzanas y solares o lotes.
II.- En los juicios de expropiación que entable la Provincia, de tierras destinadas a los fines de la Ley Orgánica de Colonización.
III.- En las cuestiones originadas con motivo de la aplicación de la Ley Orgánica de Colonización.
IV.- En los conflictos, suscitados entre arrendadores y arrendatarios y/o aparceros con motivo de los respectivos contratos de arrendamiento y/o aparcería; de las leyes sobre esa materia y de las leyes sobre transformación agraria y su reglamento.
Será Tribunal competente el del lugar donde estuviese ubicado el inmueble objeto del litigio. Si se tratare de más de uno o de bien que se extienda sobre jurisdicciones distintas, la competencia corresponderá al Tribunal correspondiente a la parte donde se encuentra la principal población o en su defecto al más cercano.
En los casos del artículo 13°, inciso 4°, las reglas del artículo anterior se aplicarán sin perjuicio del preferente derecho del arrendatario y aparcero para elegir el Tribunal de su domicilio en los casos en que fuese actor.
El Tribunal Rural ante el que se hubiera promovido una demanda, deberá inhibirse de oficio si considera que el asunto no es de su competencia en razón de la materia; sin embargo una vez contestada la demanda o tenida por contestada en rebeldía sin objetarse la competencia, quedará ésta fijada definitivamente para el Tribunal y las partes.
Los jueces de los Tribunales Rurales sus secretarios y los miembros de las comisiones asesoras no podrán ser recusados sin causa y regirá para los mismos las causales de excusación y recusación establecidos en el Código de Procedimientos Civil y Comercial, en cuando no sean contrarios a las disposiciones del presente decreto-ley
La recusación deberá deducirse en el primer escrito que se presente o audiencia a que se concurra. Cuando la causa fuere sobreviviente o desconocida por la parte, ésta podrá deducirla dentro del tercer día de saberla y bajo juramento de haber llegado recién a su conocimiento.
En la recusación se observarán las siguientes reglas:
a) En el escrito que se presente o exposición verbal que se haga, se expresarán las causas de recusación que se invoquen, nombres profesión y domicilio de los testigos que hayan de declarar y cuyo número no podrá exceder de tres, y las demás pruebas de que quiera valerse acompañando los documentos en que constase la causal aducida. La recusación será desechada si no se llenaren los requisitos expresados, o si se propusiera fuera de término, imponiéndose las costas a la parte que la hubiera deducido.
b) Deducida la recusación se le hará saber al recusado para que manifieste si son o no ciertos los hechos alegados. Si los reconociere se hará lugar a la recusación sin más trámite. Si los negare, conocerá del incidente el juez que corresponda de acuerdo con el artículo diez.
c) Si el Tribunal que conoce en la recusación encuentra suficientes las probanzas presentadas al ser deducidas, decidirá sin más trámites. En caso contrario ordenará se practiquen las diligencias de prueba solicitadas, las que deberán producirse dentro de los diez (10) días de recibidas las actuaciones. Resuelto el incidente, si resultare fundada la recusación, se entregará al Tribunal de acuerdo a lo previsto en el artículo diez.
d) Deducida la recusación el recusado se expedirá sin otro trámite en ese mismo acto o dentro de las 24 horas. Si la admitiese, al hacerlo en la presencia de las partes, o en audiencia inmediata decretada y notificada a ese fin se procederá de acuerdo con el articulo 10° según se trate. Si la negare, los autos serán remitidos de inmediato al Tribunal competente para que ordene las diligencias de prueba y reciba las pertinentes, resolviendo en definitiva y sin recurso alguno el incidente. Mientras dure la substanciación del incidente – que se tramitará por pieza separada – se suspenderán los procedimientos indispensables, no así los términos para contestar la demanda, evacuar, traslado, practicar diligencias que no exijan la intervención personal del recusado o celebrar la audiencia que estuviese designada.
En caso de que la recusación fuese deducida con notoria temeridad o maliciosamente con el propósito de dilatar u obstruir el curso del proceso, el Juez al desestimarla, aplicará las sanciones disciplinarias previstas en los artículos 15° y 16° del Código de Procedimientos Civil y Comercial sin perjuicio de la condenación en costas.
IMPULSO PROCESAL
El procedimiento deberá ser impulsado de oficio aunque no medie requerimiento de parte. Los Jueces Rurales sin perjuicio de los deberes a su cargo tendrán la facultad de requerir a los litigantes para instarlos en calidad de consejeros con el fin de que supriman sus diferencias y se concilien razonable y equitativamente; de investigar ex oficio, pudiendo ordenar las medidas probatorias que estimen necesarias tendientes a lograr el esclarecimiento de la verdad. Podrán asimismo ordenar las medidas necesarias o convenientes para evitar la nulidad del procedimiento y realizar a petición de parte y antes de trabada la litis las inspecciones oculares que le fueran requeridas.
ACUMULACION
Puede el demandante acumular todas las acciones que tenga contra una misma parte, siempre que sean de la competencia del mismo tribunal, no sean excluyentes y puedan sustanciarse por los mismos trámites. A su turno los Tribunales Rurales tendrán facultades para disponer la acumulación de autos en razón de la identidad o analogía de las controversias siempre que medien causas de economía procesal y no se disminuyan las garantías esenciales de la bilateralidad del contradictorio y de la defensa en juicio. Sin embargo el Tribunal podrá ordenar la separación de los procesos cuando la acumulación resultare inconveniente, en cuyo caso, los distintos procesos quedarán radicados en la misma Secretaría.
REPRESENTACION
Sin perjuicio de la intervención de los representantes necesarios o promiscuos en cuanto al patrocinio y la representación de las partes, regirá lo dispuesto en la ley 5177
NOTIFICACIONES Y TRASLADOS
Las providencias quedarán notificadas por ministerio de la ley, los días martes y viernes o el siguiente hábil si alguno de ellos no lo fuere, posterior a aquel en que hubiere sido dictado, sin necesidad de nota, certificado y otra diligencia.
Se notificarán por cédula o telegrama colacionado bajo pena de nulidad, en el domicilio de los litigantes:
a) El emplazamiento de la demanda
b) La citación para absolver posiciones
c) La sentencia definitiva o intelocutoria que tengan fuerza de tales
d) Las resoluciones que en cada caso se indique
EXCEPCIONES
Las únicas excepciones admisibles como previas, son:
a) Incompetencia de jurisdicción
b) Falta de personería de las partes o de sus representantes
c) Litispendencia
d) Cosa Juzgada
Las excepciones del artículo 25° deberán interponerse dentro del tercer día contando desde la fecha de la notificación de la citación y el emplazamiento para contestar la demanda.
NULIDADES
Las nulidades del procedimiento sólo se declararán a petición de parte.
La parte que haya originado el vicio que produzca la nulidad o que hubiera renunciado expresa o tácitamente a diligencia o trámites instituidos en su interés, no podrá impugnar la validez del procedimiento.
COSTAS
Las costas se impondrán al que resulte condenado.
En caso de conciliación o cuando el que entendiere en autos encontrare mérito para ello, las impondrá en el orden causado.
Las partes responderán de los gastos efectuados por el Juzgado en cumplimiento de las disposiciones de esta ley sobre notificaciones, peritajes, inspecciones oculares, en la medida en que sean impuestas las costas de acuerdo con el artículo anterior. La liquidación que resulte deberá abonarse dentro del quinto día de notificado, bajo apercibimiento de aplicarse el quíntuple en concepto de multa y remitir los antecedentes a representante fiscal para su cobro por vía de apremio. Sin perjuicio, el Juez podrá ordenar el depósito previo, necesario para realizar la diligencia.
VERSIONES DE LAS AUDIENCIAS
Durante las audiencias las partes, a costa de quien lo citare, podrá hacer tomar versiones taquidactilográficas de lo que se actúe. En este caso tales servicios serán utilizados también en beneficio de la otra parte.
DERECHO SUPLETORIO
Cuando no fueren aplicables las normas del presente decreto-ley, regirá el procedimiento que determine el Código de Procedimientos Civil y Comercial o las leyes especiales según la naturaleza del juicio.
Fin del texto
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