Abriendo la norma
Decreto-Ley provincial 5.875/1963 · 1963
DECRETO-LEY 5875/63
Licitaciones y contratos. Acciones civiles. Embargos
LA PLATA, 12 de JUNIO de 1963.
CONSIDERANDO:
Que es conveniente dictar normas que regulen las controversias de carácter civil que se susciten entre los particulares y la Provincia, sus Reparticiones Autárquicas o las Municipalidades;
Que el sometimiento de tales controversias o una reclamación administrativa previa permitirá obviar inconvenientes e irregularidades que la experiencia ha puesto de relieve, y facilitará la mejor defensa de los intereses de la administración, en beneficio en definitiva de los propios administrados, sin desmedro de los derechos de los particulares;
Que el procedimiento que se propicia no importa sustraer a la Provincia, sus Reparticiones Autárquicas o las Municipalidades de la posibilidad de ser demandadas por acciones civiles y ejecutadas en sus bienes, como lo disponen los artículos 42 y concordantes del Código Civil, ni retacear los medios legales de que disponen los acreedores en virtud de la norma del artículo 605, Inciso 1° del mismo Código, desde que sólo se trata de someter toda reclamación de orden civil a una instancia administrativa previa en la que los particulares podrán hacer valer y obtener sin inconveniente alguno el reconocimiento de sus legítimos derechos;
Que no se pretende crear un privilegio irritante en beneficio de la Provincia, sus Reparticiones Autárquicas o las Municipalidades, sino proveerlas de un medio que les permita adecuar la defensa de los intereses de la colectividad a la complejidad propia de la administración de un Estado moderno;
Que el embargo preventivo es una medida de carácter precaucional que la Ley otorga a quien en principio acredita el carácter de acreedor, para aquellos casos en que pueda temerse que el deudo oculte, disminuya o disipe sus bienes, o devenga insolvente;
Que tratándose de la Provincia, sus Reparticiones Autárquicas o las Municipalidades, no es admisible que puedan disminuir su responsabilidad a los efectos del cumplimiento de las decisiones judiciales;
Que tratándose de una materia de naturaleza exclusivamente procesal, es del resorte de las Provincias legislar sobre el particular;
Que en consecuencia, en salvaguardia de los intereses generales es conveniente determinar por vía legislativa la improcedencia del embargo preventivo contra la Provincia, sus Reparticiones Autárquicas o las Municipalidades, cuando la acción se funde en una obligación de dar sumas de dinero;
Por ello,
EL COMISIONADO FEDERAL EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES,
EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO, DECRETA CON FUERZA DE
LEY:
Los Jueces que conozcan en las acciones civiles que se promuevan contra la Provincia, sus Reparticiones Autárquicas o las Municipalidades, no podrán darle curso sin que se acredite haber precedido la reclamación de los derechos controvertidos ante el Poder Ejecutivo, órgano administrativo competente o Departamento Ejecutivo, según fuere el caso, y su denegación por parte de éstos.
Si la administración no dictase resolución dentro del plazo de 6 meses de iniciado el reclamo, el interesado deberá requerir el pronto despacho, y si a partir de éste transcurriesen otros 3 meses sin producirse dicha resolución, la acción podrá ser llevada directamente ante los Tribunales, acreditándose la promoción del reclamo administrativo y el transcurso de los plazos precisados. A este efecto, las autoridades competentes deberán expedir de inmediato las certificaciones que los interesados requieran.
La demanda se comunicará por oficio y el término para contestar será de 30 días, y el mayor que corresponda según las distancias con arreglo a las Leyes vigentes, si la demanda se dedujera fuera del asiento del Tribunal.
Cuando la acción se funde en una obligación de dar sumas de dinero, no procede el embargo preventivo contra la Provincia, sus Reparticiones Autárquicas o las Municipalidades.
Las disposiciones precedentes se incluirán como Cláusula General en todas las licitaciones y contrataciones que realice la Provincia, sus Reparticiones Autárquicas o las Municipalidades.
Deróganse las disposiciones legales que se opongan al presente Decreto-Ley.
El presente Decreto-Ley será refrendado por todos los Ministros Secretarios de Estado en Acuerdo General.
Comuníquese oportunamente a la Honorable Legislatura.
Comuníquese, publíquese, dése al Registro y “Boletín Oficial” y archívese.
Fin del texto
Sin tarjeta de crédito. Conectá tu sistema judicial y hacele tu primera consulta a la IA.
El equipo de Veredicta te responde por WhatsApp o por correo.