Abriendo la norma
Decreto-Ley provincial 9.168/1978 · 1978
DECRETO – LEY 9168/78
NOTA: Ver Ley 13566, ref: Derogación del presente Dec-Ley.
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE
LEY
Los propietarios o encargados de todo tipo de establecimientos, fondos y casas de comercio, mayoristas o minoristas, con o sin venta al público, con o sin personal en relación de dependencia, podrán determinar libremente los días y el horario de actividades, apertura y cierre y duración de la jornada. Podrán desarrollar su actividad en días domingos y feriados sin sujeción a jornada mínima, ni obligatoriedad de compensar cerrando en día hábil.
El régimen de trabajo del personal en relación de dependencia, se ajustará a las disposiciones de la legislación nacional en la materia y sus reglamentaciones.
Las farmacias o casas de expendio de especialidades medicinales con o sin venta al público, quedan comprendidas en el régimen de la presente ley, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones derivadas del servicio público que cumplen.
(Por Ley 13566 quedan sin efecto alguno las penalidades previstas en el presente artículo) Toda acción de personas o entidades, cualquiera sea su forma de organización o denominación, que modifique, obstaculice, altere o restrinja la libertad horaria establecida en la presente ley, será sancionada con:
a) Apercibimiento;
b) Multa de hasta el monto de diez (10) sueldos mínimos de la Administración Pública Provincial;
c) Retiro de la personería jurídica, cuando corresponda a entidades.
La aplicación de las sanciones establecidas en los incisos a) y b) se efectuará por el órgano que determine el Poder Ejecutivo, y la dispuesta en el inciso c) se hará efectiva por el órgano competente en materia de policía societaria.
Las sanciones previstas en el artículo anterior, se aplicarán a las autoridades de las entidades o a las entidades mismas. Las sanciones a las entidades sólo procederán cuando los hechos punibles sean directa consecuencia de una decisión de la Asamblea o hubieran sido ratificados por ésta.
Será a cargo exclusivo del infractor el pago de las multas; si los responsables fueran varios, responderán solidariamente. Las entidades no podrán solventar las multas que se apliquen a quienes integren sus órganos. La infracción a esta disposición se considerará motivo de sanción.
Las autoridades de las personas jurídicas sometidas a la competencia del órgano de aplicación, están obligadas a poner en conocimiento de la primera Asamblea que se celebre, el texto de la resolución que haya impuesto sanciones.
Para la aplicación de las sanciones previstas en la presente ley serán de aplicación las disposiciones del Libro V, Título IV del Código de Procedimiento Penal de la Provincia.
Las multas que imponga el órgano de aplicación, deberán hacerse efectivas dentro de los cinco (5) días que se encuentren consentidas y firmes. A los efectos de la ejecución, el testimonio o fotocopia de la resolución sancionatoria firmada por el titular del órgano de aplicación, constituirá título ejecutivo.
Las Municipalidades denunciarán ante el órgano de aplicación toda comisión de acciones encuadradas en el artículo 4° de la presente ley.
Derógase la Ley 8.599.
Cúmplase, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Oficial y archívese.
Fin del texto
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