Abriendo la norma
Ley provincial 10.859 · 1990
LEY 10859
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
Declárase necesaria la reforma parcial de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Adóptase la modalidad de reforma por vía de Legislatura conforme lo contempla el artículo 192º inciso b) de la Constitución Provincial.
Serán objeto de reforma los siguientes artículos: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 19, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 53, 55, 59, 60, 62, 71, 88, 90 inciso 2), 91, 92, 93, 94, 95, 96, 100, 110, 113, 117, 119, 127, 128, 132, 134, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 199 y 200.
Los artículos alcanzados por la reforma quedarán conforme a la redacción de los mismos que en el Anexo a la presente se incorporan.
El Poder Ejecutivo convocará al electorado de la Provincia de Buenos Aires, para que dentro de los ciento ochenta (180) días de la sanción de la presente se expresen en pro o en contra de la enmienda.
Facúltase al Poder Ejecutivo el establecimiento de la modalidad mediante la cual se llevará a cabo el Plebiscito.
El Poder Ejecutivo dispondrá la amplia difusión del texto de la enmienda sujeta a Plebiscito.
Facúltase al Poder Ejecutivo a efectuar en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio Vigente, las adecuaciones necesarias para realizar la difusión de la reforma parcial aprobada y para convocar a Plebiscito.
Comuníquese al Poder Ejecutivo.
La Provincia de Buenos Aires, como parte integrante de la República Argentina, constituye un Estado social y democrático de derecho. Se organiza bajo la forma representativa, republicana y federal, y tiene el libre ejercicio de todos los poderes y derechos que por la Constitución Nacional no hayan sido delegados al Gobierno de la Nación. Se rige por los principios del pluralismo político, la participación popular, la solidaridad y la justicia social.
La soberanía reside en el pueblo, que la ejerce a través de sus representantes y demás autoridades legítimamente constituidas, y por sí, de acuerdo a las formas de participación que la presente Constitución reconoce.
Los límites territoriales de la Provincia son los que por derecho le corresponden, con arreglo a lo que la Constitución Nacional establece y sin perjuicio de las cesiones o tratados interprovinciales que puedan celebrarse autorizados por la Legislatura, por la Ley sancionada por dos tercios de votos del número total de los miembros de cada Cámara.
La Provincia, como Estado Federal Autónomo, tiene el dominio originario de su mar y sus ríos territoriales, con su lecho, subsuelo, y espacio aéreo; y de todos los recursos, sustancias y fuentes naturales de energía que se encuentren en su territorio. El uso y la explotación de esos recursos podrán ser objeto de convenios con el Gobierno Federal, o de Tratados Interprovinciales conforme a la Constitución Nacional.
El uso de la libertad religiosa y de conciencia, queda sujeto a lo que prescriben la moral y el orden público. Nadie está obligado a declarar la religión que profesa.
La Provincia reconoce y garantiza a la Iglesia Católica, Apostólica, Romana, el libre y público ejercicio de su culto. Las relaciones entre ésta y el Estado se basan en los principios de autonomía y cooperación. Igualmente garantiza a los demás cultos reconocidos su libre y público ejercicio.
Todos los habitantes de la Provincia son por su naturaleza, libres e independientes y tienen derecho perfecto de defender y ser protegidos en su vida desde la concepción, y en su libertad, intimidad, reputación, seguridad y propiedad.
Nadie puede ser privado de su libertad o propiedad sino por vía de penalidad, con arreglo a la Ley anterior al hecho del proceso y previa sentencia legal de Juez competente.
Ninguna persona será encarcelada por deudas en causa civil, salvo los casos de fraude o culpa especificados por Ley.
Los habitantes de la Provincia son iguales ante la Ley, sin distinción de sexo, raza, religión, nacionalidad, lengua, opinión o cualquier otra condición social o económica. La Ley debe ser una misma para todos y tener una acción y fuerza uniforme.
Es deber de la Provincia promover el pleno desarrollo de la persona humana, la igualdad de oportunidades y la efectiva participación de todos en la organización política, económica y social.
(Ver Ley 10900) La libertad de expresar pensamientos y opiniones por cualquier medio es un derecho asegurado a todos los habitantes de la Provincia. Esta libertad se ejercitará en el respeto de los derechos reconocidos en esta Constitución, y en el derecho de la comunidad a acceder a toda la información.
La Legislatura no dictará medidas preventivas ni Leyes o Reglamentos que coarten la libertad de prensa.
Los delitos cometidos por medio de la prensa nunca se reputarán flagrantes.
En ningún caso puede disponerse el cierre de los talleres, emisoras u oficinas donde se desenvuelvan las empresas periodísticas, ni disponerse el secuestro de las ediciones, equipos, o accesorios, salvo por orden de órgano judicial competente.
Toda persona que de modo actual o inminente sufra una restricción arbitraria de su libertad personal puede recurrir ante cualquier Juez, aunque lo sea de un Tribunal colegiado.
Igualmente se procederá en caso de agravación ilegítima de las condiciones en que se cumpla la privación de la libertad.
La presentación no requerirá formalidad alguna y podrá realizarse por sí mismo o a través de terceros, aún sin mandato.
El Juez, con conocimiento de los hechos y de resultar procedente, hará cesar inmediatamente y dentro de las veinticuatro horas la restricción o amenaza.
Incurrirá en mal desempeño el Juez o Funcionario que no cumpla con las disposiciones de este artículo.
Toda persona podrá interponer acción de amparo contra cualquier decisión, acto u omisión de autoridad o de particulares que, con manifiesta ilegalidad o arbitrariedad, pusiere en peligro actual o inminente, restringiere, limitare o amenazare el ejercicio de los derechos reconocidos en esta Constitución o en la Constitución Nacional, a fin de que el Juez arbitre los medios para el inmediato restablecimiento del ejercicio del derecho afectado. Esta acción procederá siempre que no pudieren utilizarse por razones de urgencia los medios ordinarios sin daño grave e irreparable y no procediese el recurso de “Habeas Corpus”.
Son inviolables los papeles privados, la correspondencia epistolar y cualquier otra forma de comunicación personal por el medio que sea. La Ley determinará los casos de excepción en que por orden judicial fundada podrá procederse a su examen o interceptación.
El trabajo es un derecho y un deber social.
La Provincia, dentro de la competencia de sus Poderes, protege el trabajo en todas sus formas, aplicaciones y manifestaciones; en particular asegura el goce de los derechos que la Constitución y las Leyes Nacionales reconocen al trabajador, así como el cumplimiento de las obligaciones de los empleadores.
Reglamenta las condiciones en que el trabajo se realiza, y otorga una especial protección a la mujer y al menor que trabajan.
Promueve la formación y la capacitación de los trabajadores mediante institutos adecuados e impulsa la colaboración entre empresarios y trabajadores y la solución de sus conflictos colectivos por la vía de la conciliación y el arbitraje.
Establece Tribunales especializados para la decisión de los conflictos individuales de trabajo, con un procedimiento breve, oral y expeditivo, con beneficio de litigar sin gastos para los trabajadores.
Las prisiones son hechas para seguridad y prevención y no para mortificación de los detenidos.
El régimen de las penitenciarías, será reglamentado de manera que constituyan centros de trabajo, educación, tratamiento y moralización.
Todo rigor innecesario hace responsables a las autoridades que lo ejerzan.
La actividad económica y el capital deben estar al servicio del hombre, y cumplir una función social. El Estado orientará las actividades económicas de acuerdo a los principios de esta Constitución, elaborando planes con la participación de los sectores sociales y económicos correspondientes.
Se reconoce y garantiza la iniciativa económica privada, la que deberá armonizarse con los derechos de la persona y la comunidad.
La propiedad privada es inviolable en el marco de su función social.
La expropiación por causa de utilidad pública procederá previa calificación por Ley y pago de una indemnización justa.
El Estado Provincial se compromete a:
1) Contribuir a la formación y defensa de la familia en su carácter de núcleo fundamental de la sociedad, y proteger en lo material y moral la maternidad, la infancia, la juventud y la ancianidad, ya sea directamente o a través de las Instituciones orientadas a ese fin.
2) Realizar una política de previsión, prevención, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con discapacidad.
3) Promover la organización de un sistema integral de seguridad social, tendiente al establecimiento del seguro social obligatorio, y de jubilaciones y pensiones móviles, irreductibles y proporcionales a la remuneración del mismo cargo en la actividad.
4) Promover el acceso a una vivienda digna para todos sus habitantes y la constitución del asiento del hogar como bien de familia.
5) Reconocer la salud como derecho fundamental de sus habitantes y garantizar el acceso a la misma.
6) Promover un sistema educativo que garantice la libertad de aprender y enseñar y estimular el desarrollo de la cultura en todos sus aspectos, tanto autóctonos como universales. La libertad de aprender y enseñar no podrá ser coartada por medidas preventivas.
7) Promover la investigación científica y tecnológica y la transferencia de sus resultados a la sociedad.
Es deber de la Provincia garantizar a todos sus habitantes el efectivo acceso a la Justicia en igualdad de condiciones y respetar a la defensa en el ejercicio de su función.
Todos los habitantes tienen derecho a vivir en un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.
Los Poderes Públicos velarán por la utilización racional de los recursos naturales, la defensa y restauración del patrimonio urbanístico y ambiental y la protección y mejoramiento de la calidad de vida como derecho fundamental de la persona.
Todo habitante estará legitimado para accionar en defensa de los derechos reconocidos en este artículo. La Ley determinará las responsabilidades derivadas de su violación.
La Provincia promoverá y coordinará el desarrollo científico, la investigación y capacitación tecnológica y la transferencia de conocimientos a la sociedad fijando prioridades de acuerdo con la planificación pertinente.
La investigación científica básica recibirá tratamiento prioritario por parte del Estado, teniendo como objetivo el bien público y el progreso de las ciencias.
La investigación tecnológica estará destinada preponderantemente a incrementar los grados de autonomía tecnológica, a impulsar el desarrollo del sistema productivo y en general, a solucionar los problemas de la Provincia.
El Estado apoyará la formación de recursos humanos en las áreas de investigación científica y tecnológica, facilitando los medios y condiciones apropiadas de trabajo.
El Estado estimulará las inversiones en investigación científica, innovación tecnológica y perfeccionamiento de sus recursos humanos.
La Provincia reconoce a las entidades económicas, profesionales, gremiales, sociales y culturales, y especialmente a las Cooperativas y Mutuales, garantizándoles el pleno derecho a su constitución, desenvolvimiento y participación en la vida social, sobre la base de su organización pluralista y democrática.
No podrá autorizarse empréstito alguno sobre el crédito general de la Provincia ni emisión de fondos públicos, sino por Ley sancionada por dos tercios de votos de los miembros presentes de cada Cámara.
Toda Ley que sancione empréstitos deberá especificar los recursos especiales con que deba hacerse el servicio de la deuda y su amortización.
Ningún impuesto establecido o aumentado para sufragar la construcción de obras especiales, podrá ser aplicado interina o definitivamente a objetos distintos de los determinados en la Ley de creación, ni durará por más tiempo que el que se emplee para redimir la deuda que se contraiga. Asimismo, ningún impuesto creado por la Provincia o los Municipios podrá implicar la múltiple imposición entre las distintas jurisdicciones.
Los empleados públicos a cuya elección o nombramiento no provea esta Constitución, serán nombrados por el Poder Ejecutivo, sin otra condición que la idoneidad.
No podrán acumularse más de un empleo a sueldo en una misma persona, aunque éstos sean nacionales, provinciales o municipales, con excepción de la docencia en ejercicio y los que expresamente establezca la legislación.
Toda alteración de la presente Constitución dispuesta por un poder no constituído regularmente, será nula.
Todo el que se alzare contra las autoridades legítimamente constituídas o intentare alterar, suprimir o reformar la presente Constitución fuera de los procedimientos en ella previstos, quedará inhabilitado a perpetuidad para ejercer cargos públicos sin perjuicio de las acciones civiles y penales que le fueran aplicables. El no acatamiento de las órdenes o actos de usurpadores del Gobierno de la Provincia será legítimo. Todo habitante está obligado a organizarse en defensa del orden institucional.
Quienes en esas circunstancias ejercieren las funciones previstas para las autoridades de esta Constitución, quedan inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos o empleos públicos.
La atribución del sufragio popular es un derecho inherente a la calidad de habitante de la Provincia y un deber que se desempeñará con arreglo a las prescripciones de esta Constitución y a la Ley de la materia. El sufragio será universal, secreto y obligatorio.
Los electores pueden proponer a la Legislatura proyectos de Ley. La solicitud debe estar suscripta por el porcentaje de electores que la Ley determine.
Todo asunto de interés general provincial puede ser sometido a consulta popular o “referendum”.
La Provincia reconoce y garantiza la existencia de los Partidos Políticos. Los que expresan el pluralismo ideológico concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a las Leyes. El Estado Provincial contribuye económicamente a su sostenimiento. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. A ellos incumbe en forma exclusiva la nominación de los candidatos a los cargos públicos electivos.
La proporcionalidad de la representación será la regla en todas las elecciones populares para integrar cuerpos colegiados, a fin de dar a cada opinión un número de representantes proporcional al número de sufragios obtenidos, según el sistema que para la aplicación de este principio determine la Ley.
A los efectos de mantener la regla establecida en este artículo, la Legislatura determinará la forma y oportunidad del reemplazo por suplentes, de Legisladores, Concejales y Consejeros Escolares, en los casos de vacante.
La Legislatura dictará la Ley Electoral, esta será uniforme para toda la Provincia y se sujetará a las disposiciones precedentes y a las que se expresan a continuación:
1) Cada uno de los Partidos en que se divida la Provincia, constituirá un Distrito Electoral; los Distritos Electorales serán agrupados en Secciones Electorales. No se formará ninguna Sección Electoral a la que le corresponda elegir menos de tres Senadores y seis Diputados.
La Capital de la Provincia formará una Sección Electoral.
2) Se votará personalmente y por boletas en que consten los nombres de los candidatos.
3) Los electores votarán en el Distrito Electoral de su residencia.
4) Los electores estarán obligados a desempeñar las funciones electorales que les encomienden las autoridades creadas por esta Constitución y la Ley Electoral; se determinarán sanciones para los infractores.
Habrá una Junta Electoral permanente, integrada por los Presidentes de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de Cuentas y de tres Cámaras de Apelación del Departamento de la Capital, que funcionará en el lugar que le asigne la Legislatura, bajo la presidencia del primero. En caso de impedimento serán reemplazados por sus sustitutos legales.
No podrán votar los ciudadanos inhibidos por la Ley Electoral.
El Poder Legislativo de la Provincia será ejercido por dos Cámaras, una de Diputados y otra de Senadores, elegidos directamente por el Pueblo, con arreglo a las prescripciones de esta Constitución y a la Ley de la materia.
Es incompatible el cargo de Diputado con el de empleado a sueldo municipal, provincial, nacional o de miembro de los Directorios de los establecimientos públicos de la Provincia. Exceptúanse los de la docencia en ejercicio y las Comisiones eventuales.
Todo ciudadano que siendo Diputado aceptase cualquier empleo de los expresados en el primer párrafo de este artículo, cesará por ese hecho de ser miembro de la Cámara.
Es de competencia exclusiva de la Cámara de Diputados:
Acusar ante el Senado al Gobernador de la Provincia y sus Ministros, al Vicegobernador, a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, al Procurador General de la misma y al Fiscal de Estado por delitos en el desempeño de sus funciones o falta de cumplimiento a los deberes de su cargo.
Para usar de esta atribución, deberá preceder una sanción de la Cámara por dos tercios de votos de sus miembros presentes, que declare que hay lugar a formación de causa.
Cualquier habitante de la Provincia tiene acción para denunciar ante la Cámara de Diputados el delito o falta, a efectos de que se promueve la acusación. La Ley determinará el procedimiento de estos juicios.
Esta Cámara se compondrá de cuarenta y dos Senadores. La Legislatura, por dos tercios de votos del total de los miembros de cada Cámara, podrá elevar esta cantidad hasta cincuenta, como máximo.
La misma Ley establecerá el número de habitantes que ha de representar cada Senador.
Las Cámaras abrirán automáticamente sus Sesiones Ordinarias, el primer día hábil del mes de Marzo y la cerrarán el 15 de Diciembre de cada año. Funcionarán en la Capital de la Provincia, pero podrán hacerlo por causas graves en otro punto, precediendo una disposición de ambas Cámaras que lo acuerde.
ARTICULO 88: Al aceptar el cargo los Diputados y Senadores jurarán comprometiéndose por la Patria a cumplir y hacer cumplir fielmente la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, y a desempeñar con lealtad y honradez el cargo respectivo. La fórmula de juramento podrá ampliarse de acuerdo con las convicciones religiosas de quien lo preste.
Fin del texto
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