Abriendo la norma
Ley provincial 11.233 · 1992
LEY 11.233
Texto Actualizado con las modificaciones introducidas por la Ley 13155.
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
Adhiérase la Provincia de Buenos Aires al régimen instituido por la Ley Nacional 23.877.
(Texto según Ley 13155) Podrán acceder al crédito fiscal que se establece en la presente, las personas físicas y las de existencia ideal públicas o privadas, que resulten beneficiarias de la Ley nº 23877.
ARTICULO 3.- (Artículo incorporado por Ley 13155) El monto de crédito fiscal que se asignará a cada beneficiario no podrá exceder el cincuenta por ciento (50%) del presupuesto total del proyecto.
(Artículo incorporado por Ley 13155) El crédito fiscal a que se refiere el artículo anterior, se instrumentará mediante certificados que se emitirán al efecto. El cupo de tales certificados será establecido anualmente en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Provincial.
Dichos certificados podrán ser utilizados por sus titulares, o en su caso, por los endosatarios, para la cancelación de sus obligaciones fiscales emergentes del impuesto sobre los Ingresos Brutos.
ARTICULO 5º.- (Artículo incorporado por Ley 13155) El Poder Ejecutivo procederá a la reglamentación de la presente determinando el órgano de aplicación de conformidad con el artículo 21º de la Ley nacional nº 23.877 y demás requisitos que sean necesarios a los fines de la obtención, emisión y utilización de los certificados de crédito fiscal.
ARTICULO de forma: Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, a los nueve días del mes de abril de mil novecientos noventa y dos.
LEY 23.877
Promoción y fomento de la investigación y desarrollo, transmisión de tecnología y asistencia técnica - Beneficiarios - Consejo consultivo - Constitución
Las instituciones oficiales de investigación y desarrollo que adhieran a la presente ley, quedan facultadas para establecer y/o contratar unidades de vinculación, con la finalidad de que dispongan de una estructura jurídica que les permita una relación más ágil y contractual con el sector productivo de bienes y/o servicios.
Una o varias unidades de vinculación podrán constituir agrupaciones de colaboración con una o varias entidades productivas y/o de servicios.
A los efectos de cumplimentar lo dispuesto en el art. 5°, las instituciones oficiales de investigación y desarrollo adheridas a la presente ley:
a) Deberán reglamentar la relación con su unidad de vinculación, los sistemas de afectación y remuneración adicional de su personal, las normas y criterios de uso de instrumental e infraestructura de laboratorios, el aporte inicial y todo requerimiento que determine la autoridad de aplicación de la presente ley;
b) Podrán establecer asignaciones adicionales para el personal. Las mismas deberán ser extraídas de los fondos producidos por los proyectos que desarrollen.
Las unidades de vinculación:
a) Podrán adoptar la forma de sociedad civil, cooperativa, comercial o mixta, rigiéndose en cada caso por la legislación correspondiente;
b) Deberán tener como único objeto el estipulado en el art. 1° de la presente ley;
c) Quedarán habilitadas para actuar, luego de ser evaluado y aprobado su reglamento por la autoridad de aplicación correspondiente;
d) Podrán efectuar contratos de colaboración con empresas del sector público o privado entre sí;
e) Deberán prever "a priori" la participación en los derechos adquiridos por resultados exitosos, del personal involucrado en tales proyectos.
Las empresas públicas o privadas del sistema productivo nacional de bienes o servicios, adheridos a la presente ley:
a) Podrán utilizar los instrumentos de promoción a que se hace referencia en el art. 9° de esta ley;
b) Podrán, a los efectos del art. 3° inc. a), constituir agrupaciones de colaboración:
1. Será condición "sine qua non", en la constitución de las agrupaciones de colaboración, que el socio empresario forme parte de la dirección de la misma;
2. Deberán especificarse en todos los casos que corresponda aportes, derechos, obligaciones y porcentajes de retorno para cada parte en caso de resultados exitosos, previéndose una contribución no inferior y equivalente a un 5% del total percibido por la unidad de vinculación, para integrar el Fondo para la Promoción y fomento de la innovación que se crea en el art. 12° de la presente ley.
c) Se regirán, en relación con lo estipulado en el art. 3°, incs. b) y c), por el reglamento correspondiente.
Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a instrumentar los siguientes mecanismos:
a) De promoción y fomento financieros:
Estarán a cargo de las entidades financieras, habilitadas a tales efectos por el Banco Central de la República Argentina, y se encuentren adheridas a la presente ley;
b) De promoción y fomento fiscales:
El Poder Ejecutivo nacional fijará anualmente un cupo de créditos fiscales, que podrá ser utilizado sólo para la modalidad indicada en el art. 10°, incs. a) 1 y b) de esta ley.
Las empresas beneficiarias podrán imputarlos al pago de impuestos nacionales, en un monto no superior al 50% del total del proyecto y deberán ser utilizados en partes iguales en un plazo de tres años. Su otorgamiento estará a cargo de la autoridad de aplicación;
c) De promoción y fomento no financieros:
Serán provistos por el Estado, de acuerdo a previsiones presupuestarias, aportes del Tesoro o surjan genuinamente por la aplicación de la presente ley, y sean adjudicados con cargo de devolución pero sin intereses. Su otorgamiento estará a cargo de la autoridad de aplicación;
d) De promoción y fomento especiales:
Se entienden como tales a aquellos que fueren creados, transitoria o permanentemente, y que no estuvieren contemplados en las categorías anteriores, inclusive aquellos que sean adjudicables sin cargo de devolución. Su otorgamiento estará a cargo de la autoridad de aplicación cuando correspondiere.
La autoridad de aplicación establecerá un sistema de evaluación de proyectos que contemplará, al menos, su factibilidad económica, tecnológica y el porcentaje de riesgo, y que estará a cargo de terceros no involucrados en el proyecto ni en el otorgamiento del instrumento de promoción.
Los instrumentos de promoción y fomento de la innovación podrán ser solicitados por las entidades adheridas a la presente ley de acuerdo con las siguientes modalidades:
a) Proyectos de investigación y desarrollo:
1. Por las agrupaciones de colaboración.
2. Por las empresas que dispongan, creen o conformen, departamentos o grupos de investigación y desarrollo.
3. Por las unidades de vinculación que cuenten con un aval empresario;
b) Proyectos de transmisión de tecnología y/o de asistencia técnica, cuya ejecución esté a cargo de una unidad de vinculación:
Sólo por las empresas productivas.
A los fines del objeto de la presente ley, se deberán priorizar a:
a) La micro, pequeña y mediana empresa, adoptando como criterio para su definición, el establecido por la res. 401/89 del Ministerio de Economía;
b) Aquellos proyectos que sean de interés nacional, provincial o de actividad sectorial.
Créase el Fondo para la Promoción y Fomento de la innovación cuyo destino específico será las previsiones de los incs. c) y d) del art. 9° de la presente ley.
El Fondo creado por el artículo anterior se constituirá con:
a) El aporte que realice el Estado Nacional a través del presupuesto de la Nación, y decretos y leyes especiales;
b) Contribuciones y subsidios de otras reparticiones o dependencias oficiales y privadas;
c) El producido estipulado en el art. 8° inc. b.2) de la presente ley;
d) Los aportes resultantes de convenios o acuerdos con organismos internacionales o extranjeros;
e) Legados, donaciones y herencias.
La Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación, será la autoridad de aplicación de la presente ley.
Serán funciones de la autoridad de aplicación:
a) Formular la reglamentación general;
b) Habilitar las unidades de vinculación;
c) Aprobar y determinar los porcentajes con que serán beneficiados los proyectos que soliciten los instrumentos de promoción y fomento estipulados en la sección V de la presente ley (arts. 9°, 10°, 11° y 12°), cuando correspondiere;
d) Disponer del destino de los fondos coparticipados a la Nación, y el de las provincias no adheridas según lo establecido en los arts. 19° y 20° de la presente ley;
e) Proponer al Poder Ejecutivo nacional los instrumentos de promoción y fomento para cada ejercicio económico;
f) Proponer al Poder Ejecutivo nacional, la estructuración de un sistema de fondos de inversión o capital de riesgo, bajo los lineamientos establecidos en el art. 3°, inc. f);
g) Reglamentar el sistema de evaluación a que hace referencia el art. 9° "in fine";
h) Establecer pautas generales para estructurar sistemas de capacitación, reentrenamiento y formación empresaria y de personal; y de capacitación en negocios para la micro, pequeña y mediana empresa, los que deberán ser provistos por terceros.
En todos los casos la autoridad de aplicación requerirá el asesoramiento del Consejo Consultivo para la Promoción y Fomento de la Innovación, que se crea en la sección VII de la presente ley.
La tramitación de los temas indicados en los incs. b) y c) del presente artículo se iniciará por el Consejo Consultivo, quien los elevará a la autoridad de aplicación.
Créase el Consejo Consultivo para la Promoción y Fomento de la Innovación, cuyas funciones serán asesorar y proponer acciones ante la autoridad de aplicación.
El Consejo Consultivo para la Promoción y Fomento de la Innovación, será presidido por el Secretario de Ciencia y Tecnología y estará constituido por los representantes de los siguientes organismos:
a) Uno por el Ministerio de Economía de la Nación;
b) Uno por el Ministerio de Defensa;
c) Dos por las provincias adheridas;
d) Uno por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas;
e) Uno por la Comisión Nacional de Energía Atómica;
f) Uno por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial;
g) Uno por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria;
h) Dos por el Consejo Interuniversitario Nacional;
i) Uno por el Consejo de Rectores de universidades privadas;
j) Uno por las unidades de vinculación;
k) Cuatro por las organizaciones gremiales productivas;
l) Uno por la Confederación General del Trabajo;
m) Dos por el sector financiero;
Serán designados por el Poder Ejecutivo a propuesta de los organismos respectivos, quien además reglamentará su funcionamiento.
El Consejo Consultivo podrá reunirse en pleno y en comisiones permanentes, de acuerdo con el reglamento que regule su funcionamiento.
El Consejo Consultivo podrá integrar una secretaría permanente, cuya estructura orgánica, personal y medios necesarios para su funcionamiento serán provistos por el organismo que esté a cargo de la misma.
El Poder Ejecutivo nacional invitará a las provincias y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Los instrumentos de promoción y fomento de la innovación, nacionales, indicados en el art. 9° de la presente ley, se distribuirán de la siguiente forma:
a) El veinticinco por ciento (25%) para la Nación;
b) El setenta y cinco (75%) para el conjunto de las provincias y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
La distribución que resulte por aplicación del art. 19°, inc. b), se efectuará entre las provincias adheridas y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con los siguientes porcentajes:
Buenos Aires
17,0
Capital Federal
5,5
Catamarca
2,5
Córdoba
6,5
Corrientes
4,0
Chaco
3,5
Chubut
2,5
Entre Ríos
4,5
Formosa
2,5
Jujuy
3,5
La Pampa
2,5
La Rioja
2,5
Mendoza
4,5
Misiones
2,5
Neuquén
3,0
Río Negro
3,0
Salta
4,5
San Juan
3.5
San Luis
2,5
Santa Cruz
2,5
Santa Fe
6,5
Santiago del Estero
3,5
Tierra del Fuego
2,5
Tucumán
4,5
La provincia que adhiera a la presente ley, tendrá como autoridad de aplicación al organismo de ciencia y tecnología provincial, debiendo constituir un consejo consultivo.
La autoridad de aplicación provincial tendrá como funciones:
a) Administrar la alícuota determinada en el art. 20° y los fondos que se prevean a nivel provincial.
b) Aprobar los proyectos que se sometan a su consideración.
A los efectos del objeto de la presente ley, exceptúanse del art. 136° de la ley de contabilidad general de la nación a los organismos públicos adheridos y habilitados por la presente ley.
La presente ley deberá ser reglamentada dentro de los ciento ochenta días de su promulgación.
Derógase toda legislación que se oponga a la presente ley.
Comuníquese, etc.
Fin del texto
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