Abriendo la norma
Ley provincial 11.482 · 1996
LEY 11482
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
Adhiérese la Provincia a la Ley de Inversiones Mineras N° 24196 y a la Ley de Reordenamiento Minero N° 24224.
El régimen de Inversiones Mineras implementado por la Ley N° 24.196, será de aplicación en todo el ámbito de la Provincia. Los Municipios podrán adherirse al presente régimen a través de ordenanzas dictadas por cada jurisdicción.
Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a convenir con la Autoridad de Aplicación de la Ley 24.196, los mecanismos de instrumentación de la misma, según lo establecido en el artículo 24.
Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a designar un representante titular y un suplente ante el Consejo Federal de Minería, creado por la Ley 24.224.
Elimínase el impuesto a los sellos para todos aquellos actos jurídicos relacionados con la prospección, exploración, explotación y beneficio de sustancias minerales, con excepción de los hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos.
Declárase de Interés Provincial el dictado de un Código de Procedimientos Mineros armonizado con el resto del país y que contemple las particularidades de la minería provincial.
El Poder Ejecutivo Provincial actualizará el Catastro Minero de acuerdo a las nuevas tecnologías utilizadas actualmente.
Propíciase la utilización de rocas ornamentales y minerales industriales en las obras públicas y planes de vivienda provinciales.
Comuníquese al Poder Ejecutivo.
LEY 24196
REGIMEN DE INVERSIONES PARA LA ACTIVIDAD MINERA
La autoridad de aplicación emitirá un certificado con las contribuciones tributarias y tasas aplicables a cada proyecto, tanto en el orden nacional como provincial y municipal, vigentes al momento de la presentación, que remitirá a las autoridades impositivas respectivas.
Cualquier alteración al principio de estabilidad fiscal, enunciado en el presente título, por parte de las provincias y municipios, que adhieran y obren de acuerdo al art. 4°, última parte, dará derecho a los inscriptos perjudicados a reclamar ante las autoridades nacionales o provinciales, según correspondiera, que se retengan de los fondos coparticipables que correspondan al fisco incumplidor, los montos pagados en exceso, para proceder a practicar la devolución al contribuyente.
Los sujetos acogidos al presente régimen de inversiones podrán deducir en el balance impositivo del impuesto a las ganancias el cien por cien (100%) de los montos invertidos en gastos de prospección, exploración, estudios especiales, ensayos mineralúrgicos, metalúrgicos, de planta piloto, de investigación aplicada, y demás trabajos destinados a determinar la factibilidad técnico-económico de los mismos.
Las deducciones referidas en el presente artículo podrán efectuarse sin perjuicio del tratamiento que, como gasto o inversión amortizable, les corresponda dé acuerdo con la ley de impuesto a las ganancias.
Las inversiones de capital que se realicen para la ejecución de nuevos proyectos mineros y para la ampliación de la capacidad productiva de las operaciones mineras existentes, como así también aquellas que se requieran durante su funcionamiento, tendrán el siguiente régimen de amortización en el impuesto a las ganancias:
a) Las inversiones que se realicen en equipamiento, obras civiles y construcciones para proporcional la infraestructura necesaria para la operación, tales como accesos, obras viales, obras de captación, y transporte de aguas, tendido de líneas de electricidad, instalaciones para la generación de energía eléctrica, campamentos, viviendas para el personal, obras destinadas a los servicios de salud, educación, comunicaciones y otros servicios públicos como policía, correos y aduanas, se amortizarán de la siguiente manera:
El sesenta por ciento (60%) del monto total de la unidad de infraestructura, en el ejercicio fiscal en el que se produzca la habilitación respectiva, y el cuarenta por ciento (40%) restante en partes iguales en los dos (2) años siguientes.
b) Las inversiones que se realicen en la adquisición de maquinarias, equipos, vehículos e instalaciones, no comprendidas en el apartado anterior se amortizarán un tercio por año a partir de la puesta en funcionamiento.
Las utilidades provenientes de los aportes de minas y de derechos mineros, como capital social, en empresas que desarrollen actividades comprendidas en el presente régimen de acuerdo a las disposiciones del capítulo III, estarán exentas del impuesto a las ganancias. El aportante y las empresas receptoras de tales bienes deberán mantener el aporte en sus respectivos patrimonios por un plazo no inferior a cinco (5) años continuados, contados a partir de su ingreso, excepto que por razones debidamente justificadas la autoridad de aplicación autorice su enajenación. Si no se cumpliera con esta obligación, corresponderá el reintegro del monto eximido de acuerdo con lo establecido en la ley de impuesto a las ganancias. En caso que el incumplimiento sea de la empresa receptora, la misma será solidariamente responsable del pago del reintegro juntamente con el aportante.
La ampliación del capital y emisión de acciones a que diere lugar la capitalización de los aportes mencionados en el párrafo anterior estarán exentas del impuesto de sellos.
El avalúo de las reservas de mineral económicamente explotables, practicado y certificado por profesional responsable, podrá ser capitalizado hasta en un cincuenta por ciento (50%) y el saldo no capitalizado constituirá una reserva por avalúo. La capitalización y la constitución de la reserva tendrán efectos contables exclusivamente, careciendo por tanto de incidencia alguna a los efectos de la determinación del impuesto a las ganancias.
La emisión y liberación de acciones provenientes de esta capitalización, así como la modificación de los contratos sociales o de los estatutos, cualquiera fuera su naturaleza jurídica, en la medida en que estén determinadas por la capitalización aludida, estarán exentas de todo impuesto nacional, incluido el de sellos. Igual exención se aplicará a las capitalizaciones o distribuciones de acciones recibidas de otras sociedades con motivo de la capitalización que hubieren efectuado estas últimas.
Los gobiernos provinciales que adhieran al presente régimen deberán establecer exenciones análogas a las previstas en el presente artículo, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones.
Los avalúos de reservas de mineral a que se refiere este título, deberán integrar el pertinente estudio de factibilidad técnico-económica de la explotación de tales reservas y se ponderarán los siguientes factores básicos:
a) Reservas medidas.
b) Características estructurales del yacimiento y sus contenidos útiles.
c ) Situación del mercado a servir.
d ) La curva de explotación prevista.
e) Estimación de la inversión total requerida para la explotación de las reservas medidas.
Los inscriptos en el presente régimen de inversiones para la actividad minera estarán exentos del impuesto sobre los activos, a partir del ejercicio fiscal en curso al momento de la inscripción.
Cuando el sujeto inscripto desarrolle simultáneamente actividades no comprendidas en el art. 5° o excluidas por el art. 6 , el alcance de la exención se limitará a los activos afectados a las actividades comprendidas en el régimen.
Anualmente dentro de los treinta (30) días a partir del vencimiento para la presentación de la declaración jurada del impuesto a las ganancias, los inscriptos deberán presentar una declaración jurada donde se indiquen los trabajos e inversiones efectivamente realizados, manteniendo debidamente individualizada la documentación y registración relativa a dichas inversiones.
El tratamiento fiscal establecido por el presente capítulo queda fuera del alcance de las disposiciones del título II de la ley 23.658 y del dec. 2.054/92.
A los efectos de las disposiciones técnico-impositivas nacionales, serán de aplicación las disposiciones de la ley 11.683, t.o. 1.978 y sus modificatorias.
Los inscriptos en el presente régimen estarán exentos del pago de los derechos a la importación y de todo otro derecho, impuesto especial, gravamen correlativo o tasa de estadística, con exclusión de las demás tasas retributivas de servicios, por la introducción de bienes de capital, equipos especiales o parte o elementos componente de dichos bienes, y de los insumos determinados por la autoridad de aplicación, que fueren necesarios para la ejecución de actividades comprendidas en el presente régimen de acuerdo a las disposiciones del capítulo III.
Las exenciones o la consolidación de los derechos y gravámenes, se extenderá a los repuestos y accesorios necesarios para garantizar la puesta en marcha y desenvolvimiento de la actividad; las que estarán sujetas a la respectiva comprobación del destino, el que deberá responder al proyecto que motivó dichos requerimientos.
Los bienes de capital, partes, accesorios e insumos que se introduzcan al amparo de la liberación de los derechos y gravámenes precedentemente establecida, sólo podrán ser enajenados, transferidos o desafectados de la actividad objeto del permiso, una vez concluido el ciclo de la actividad que motivó su importación o su vida útil si fuera menor. En caso de ser reexportada o transferida a una actividad no comprendida en el capítulo III, deberá procederse al pago de los derechos, impuestos y gravámenes que correspondan a ese momento.
La autoridad de aplicación establecerá las prácticas que garanticen el cumplimiento de las disposiciones del presente artículo.
Las provincias que adhieran al régimen de la presente ley y que perciban regalías o decidan percibir, no podrán cobrar un porcentaje superior al tres por ciento (3%) sobre el valor “boca mina” del mineral extraído.
A los efectos de prevenir y subsanar las alteraciones que en el medio ambiente pueda ocasionar la actividad minera, las empresas deberán constituir una previsión especial para tal fin. La fijación del importe anual de dicha previsión quedará a criterio de la empresa, pero se considerará como cargo deducible en la determinación del impuesto a las ganancias, hasta una suma equivalente al cinco por ciento (5%) de los costos operativos de extracción y beneficio.
Los montos no utilizados por la previsión establecida en el párrafo anterior deberán ser restituidos al balance impositivo del impuesto a las ganancias al finalizar el ciclo productivo.
La autoridad de aplicación de la presente ley y sus disposiciones reglamentarias, será la Secretaría de Minería de la Nación el organismo específico que lo sustituya.
La autoridad de aplicación podrá ampliar plazos y aceptar modificaciones de las declaraciones juradas sin otro requisito que una sucinta explicación de las razones.
En todo lo relativo a la aplicación de esta ley, el Poder Ejecutivo nacional concertará con las autoridades provinciales el ejercicio de las facultades constitucionales concurrentes.
Los inscriptos deberán presentar ante la autoridad de aplicación con carácter de declaración jurada, una descripción de las tareas y estudios a ejecutar, y de las inversiones a realizar con su respectivo cronograma.
La autoridad de aplicación verificará, por sus medios o por quien ella indique, las tareas realizadas conforme a las declaraciones que presenten los interesados por cada ejercicio fiscal, de acuerdo a las normas reglamentarias que dicten al efecto, y emitirá el correspondiente certificado.
Los inscriptos en el presente régimen deberán aportar a la autoridad de aplicación la información geológica de superficie de las áreas exploradas. Esta se incorporará al Banco de Datos de la Secretaría de Minería, cuyo objetivo es el de registrar para consulta pública toda la información geológica del territorio nacional.
A los fines de la presente ley son infracciones las siguientes:
a) Falsedad de las informaciones presentadas bajo declaración jurada.
b) Demora o reticencia en entregar información, la declaración jurada o los comprobantes requeridos.
El incumplimiento de las disposiciones de la presente ley, sin perjuicio de las que les pudiera corresponder de conformidad con las disposiciones de las leyes 11.683, texto ordenado y sus modificatorias; 22.415 y 23.771, dará lugar a la aplicación de las siguientes sanciones:
a) Caducidad total o parcial del tratamiento otorgado, por falsedad de la información presentada bajo declaración jurada.
b) Multas variables según la gravedad y reiteración hasta un máximo de un quince por ciento (15%) de las sumas declaradas, por demora o reticencia de la entrega de la información.
La autoridad de aplicación determinará los procedimientos para la aplicación de las sanciones dispuestas en el presente artículo.
Deróganse las disposiciones de la ley 22.095 y sus disposiciones reglamentarias a partir de la promulgación de la presente.
Los beneficiarios de la ley 22.095. con excepción del art. 9° del capítulo III, continuarán comprendidos en el régimen de dicha ley, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones que pudieran corresponder en virtud del art. 25 del dec. 2.054/92.
La autoridad de aplicación para los proyectos a que se refiere el párrafo anterior será la establecida por la presente ley.
Comuníquese, etc.
LEY 24224
Reordenamiento minero - Cartas Geológicas de
la República Argentina - Consejo Federal de
Minería - Canon Minero - Derogación de la
ley 21.593 - Código de Minería - Modificación
Sanción: 23 de Junio de 1.993
Promulgación: 8 de julio de 1.993
Publicación: B.O. 19/7/93
Citas legales: ley 21.593: XLVIII-D, 4.179; ley 1.919 (Código de Minería); 1.881-1.888, 230
REORDENAMIENTO MINERO
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