Abriendo la norma
Ley provincial 2.898
IMPUESTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA PARA EL AñO 1905.
LEY 2898
Impuesto a la producción agropecuaria para 1905.
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ETC.
Desde el 1º de Enero de 1905, el impuesto a la producción agropecuaria será pagado por los ocupantes de predios rústicos, fijándose como cuota anual el 5 % sobre el valor del inmueble, según la estimación hecha para la contribución territorial.
El pago del impuesto se hará en dos cuotas semestrales, iguales, en la oficina de valuación del distrito, durante los meses de Febrero y Agosto. Los deudores morosos incurrirán en multa de 5 % mensual, sobre la cuota adeudada, pudiendo el Poder Ejecutivo destinarla a remunerar los servicios de los agentes encargados de demandar judicialmente el cobro del impuesto hasta el 30 %.
Los propietarios de terrenos ocupados por un solo arrendatario en virtud de contrato de locación inscripto en el Registro de la Propiedad, podrán eximirse de responsabilidad para con el Fisco, haciendo tomar razón del contrato en la oficina de rentas del distrito respectivo. En tales casos, la acción fiscal sólo podrá ejercitarse sobre los bienes del arrendatario y las cosechas y ganados existentes sobre el terreno, aun cuando se alegue que ellos no le pertenecen.
Fuera del caso previsto en el artículo anterior, el propietario del inmueble responde solidariamente con los ocupantes por el pago del impuesto, multas y gastos causídicos originados por ejecución judicial; pero tendrá derecho a exigir de cada ocupante el pago de la parte proporcional que le corresponda, y podrá ejercer la acción judicial ejecutiva, usando de los mismos procedimientos y gozando de iguales privilegios que el Fisco en los juicios por cobro de impuestos.
Cuando el impuesto hubiese de prorratearse entre dos o más ocupantes de un mismo campo y no se llegase a un acuerdo con el propietario sobre la parte que cada uno debe abonar, el caso será resuelto sumariamente y sin apelación, por un tribunal formado por el juez de paz, el valuador y el alcalde del cuartel en que el inmueble esté ubicado.
Los gastos que se originen serán a cargo de aquel cuya pretensión hubiese sido desestimada, y si ambos lo hubiesen sido, los gastos se pagarán por partes iguales.
El propietario puede exigir de los arrendatarios u ocupantes -sin esperar la época del pago- que reconozcan por escrito la parte de impuesto que a cada uno le corresponderá; y, en caso de negativa, procederá como se establece en el artículo anterior.
La copia autorizada de la resolución del tribunal creado por el artículo 5º, o el reconocimiento escrito, firmado por el ocupante, constituyen el título con que el propietario puede ejecutar al deudor.
Si el ocupante intentase trasladar a otro lugar los ganados, los productos cosechados u otros bienes que posea en el inmueble que ocupa, sin haber satisfecho el impuesto a la producción o dado al propietario garantías suficientes, que aseguren el pago en su oportunidad, éste puede pedir embargo preventivo de bienes bastantes para asegurar el reintegro de lo que sea obligado a abonar, de acuerdo con el artículo 4º.
Vencidos los plazos fijados en el artículo 2º, los valuadores ante los jueces de paz y los procuradores fiscales ante los jueces de primera instancia, según el monto de lo adeudado, iniciarán ejecución contra los deudores morosos, en la misma forma establecida para el cobro de la Contribución Territorial.
En los certificados que expidan las Oficinas de Rentas sobre pago de la Contribución Territorial, para efectuar traslaciones de dominio de inmuebles ubicados fuera de los centros urbanos, deberá consignarse que no se adeuda el impuesto a la producción, sin cuyo requisito ningún escribano podrá autorizar la enajenación, bajo pena de multa igual al duplo del impuesto adeudado.
Desde la vigencia de la presente Ley, queda abolida la guía para la circulación de los productos agropecuarios, manteniéndose únicamente -y al solo objeto de acreditar la propiedad- para los ganados y cueros, la guía que expedirán los intendentes municipales, de acuerdo con las disposiciones del Código Rural (1), y fijándose en dos pesos moneda nacional el derecho municipal por cada una.
(1) Ley Nº 469
Queda prohibido a las Municipalidades establecer impuestos o derechos, cualquiera que sea la forma o denominación que se les dé, sobre los ganados, frutos del país, forrajes o cereales, con excepción del derecho de abasto autorizado por el artículo 52 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (1).
Las personas a quienes se obligase a pagar impuestos contrarios a lo establecido en el presente artículo, tendrán derecho a demandar ante los jueces de paz a cualquiera de los que, como municipales o mayores contribuyentes, hayan votado la ordenanza que contraríe esta disposición, exigiendo que reintegren con sus bienes propios las sumas que los demandantes hubiesen abonado y los perjuicios que por tal concepto hayan sufrido.
Son aplicables al Impuesto a la Producción las excepciones establecidas en la Ley de Impuesto de Contribución Territorial.
Declárase renta municipal el 20 % del Impuesto a la Producción. Los valuadores liquidarán diariamente y entregarán a los respectivos intendentes la parte que corresponda al Municipio.
Se entenderá predio rústico, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 1º, los terrenos no comprendidos en los centros urbanos, o sea las manzanas y quintas.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Al solo efecto de servir de base para la aplicación del impuesto a la producción, el Poder Ejecutivo hará practicar la valuación de la propiedad territorial fuera de los centros urbanos, existente dentro de la zona inundable, comprendida en la Ley de Desagües.
El procedimiento para efectuar la nueva valuación será el mismo establecido en la Ley de Impuesto Territorial de 1904; pero el Poder Ejecutivo podrá reducir los plazos, de manera que la operación quede practicada en un término que no exceda de setenta y cinco días.
Comuníquese al Poder Ejecutivo.
(1) Ley Nº 2383.
Fin del texto
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