Abriendo la norma
Ley provincial 3.466
Obras sanitarias y aguas corrientes en ciudades y pueblos.
LEY 3466
Obras sanitarias y aguas corrientes en ciudades y pueblos.
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS, ETC.
El Poder Ejecutivo, por medio de las oficinas de Obras de Salubridad y Mapa Topográfico y Geológico y con el personal técnico y extraordinario que juzgue conveniente, hará practicar los estudios y formular los proyectos necesarios para la construcción de obras de salubridad y aguas corrientes, conjunta o separadamente, en aquellas ciudades o pueblos de la Provincia, cuya capacidad económica lo permita; y cuyas municipalidades quieran acogerse a los beneficios de esta Ley.
El Poder Ejecutivo sacará a licitación la construcción de las obras mencionadas en series de varias ciudades o pueblos, sobre la base de que su pago se hará con el producido de las mismas, que quedará afectado exclusivamente a ese objeto; como asimismo todas las obras con más los terrenos y dependencias que se destinen por Gobiernos o Municipalidades al efecto, deduciéndose sólo los gastos de conservación, explotación y administración hasta la total extinción de la deuda.
La Provincia garantizará a los constructores de cada una de las obras a efectuarse, un interés anual hasta de un cinco por ciento y el uno por ciento de amortización acumulativa al año, sobre el valor total de cada uno de ellos para el caso de que su producido sea nulo o no alcance a servir ese porcentaje.
El Poder Ejecutivo tomará las sumas que por tal concepto tenga que abonar, reteniéndolas de la parte que le corresponda a las respectivas Municipalidades, por concepto de impuestos fiscales, o con la afectación especial de cualquier otro recurso municipal que éstas ofrezcan como garantía.
Autorízase igualmente al Poder Ejecutivo, para el caso de que tenga algún inconveniente la financiación de la obra en la forma determinada en los artículos 2º y 3º, para emitir hasta la suma de cinco millones de pesos moneda nacional en fondos públicos de la deuda interna o externa con interés hasta de un cinco por ciento y uno por ciento de amortización acumulativa anual, bajo las siguientes condiciones:
a) El empréstito podrá ser negociado en su totalidad o por series a medida que lo requiera su aplicación, y colocado a un tipo no menor del noventa por ciento;
b) La amortización de los títulos se hará por sorteo mientras estén a la par o arriba de la par y por licitación cuando estén abajo de la par; reservándose el Gobierno el derecha de hacer amortizaciones extraordinarias en cualquier tiempo;
c) El servicio de los títulos se hará trimestral o semestralmente y se atenderá con el producido de las obras, tornándose de Rentas Generales corno anticipo y con imputación a la presente, las sumas que fuesen necesarias.
Autorízase igualmente al Poder Ejecutivo para que saque también a licitación conjuntamente con el empréstito, el tanto por ciento sobre el costo de las obras que se pretenda como utilidad de las mismas.
La explotación y conservación de las obras, estará a cargo del Gobierno hasta el pago total de su costo e intereses correspondientes, después de lo cual pasarán a ser de propiedad de las Municipalidades respectivas.
En caso de que éstas resolvieran adquirir las obras antes de extinguida su deuda, podrán hacerlo cancelando con el Gobierno de la Provincia el importe de las mismas.
Las obras se licitarán por series de varias ciudades o pueblos, según lo determina el Poder Ejecutivo, y podrán hacerlo a medida que las oficinas técnicas a que se refiere el artículo 1º vayan entregando los estudios que se les encomienden.
Queda autorizado el Poder Ejecutivo para hacer las expropiaciones que sean necesarias para la ejecución de las obras, de acuerdo con las prescripciones de la Ley de la materia.
Queda asimismo autorizado el Poder Ejecutivo, para establecer en los contratos respectivos todas aquellas cláusulas que considere tendientes a la mejor ejecución de las obras dentro de las prescripciones de la presente Ley.
Declárase obligatorio para todas las casas situadas en los radios a que alcancen los servicios de cloacas y aguas corrientes, el uso de las mismas, en las condiciones y plazos que fijará el Poder Ejecutivo.
El Poder Ejecutivo determinará, en cada caso, las tarifas a cobrarse por los mencionados servicios, así como también los gastos del personal, conservación y explotación de los mismos, debiendo requerir previamente la autorización legislativa.
Destínase hasta la suma de pesos cien mil moneda nacional, que serán pagados a medida que sean necesarios, de Rentas Generales, con imputación a la presente Ley, para los gastos que originen los estudios a efectuarse.
Esta suma será reembolsada a Rentas Generales del producido de la obra o del empréstito que se realizase para la construcción de las mismas, proporcionalmente a cada localidad.
Los estudios y proyectos se harán por series simultáneas de ciudades o pueblos, principiando por aquellas o aquellos cuya salubridad e higiene requiera con mayor urgencia estas obras, debiendo acompañarse a cada proyecto a más de los planos, presupuestos y pliegos de bases y condiciones, un estudio sobre tarifas, producción de las obras y gastos de explotación de las mismas.
La administración de las obras que con arreglo a esta Ley se ejecuten, estará a cargo de la Dirección de Obras de Salubridad.
Comuníquese, etc.
Fin del texto
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