Abriendo la norma
Ley provincial 3.538
LEY 3538
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
La Dirección General de Rentas procederá al apremio de los deudores morosos o infractores de las leyes de impuestos por medio de los Valuadores o Procuradores Fiscales y de acuerdo con las disposiciones siguientes:
Los juicios serán tramitados ante la justicia de paz, o la de primera instancia, a elección de la Dirección General de Rentas.
Será título suficiente para el apremio la constancia oficial expedida por la Dirección General de Rentas.
El juez examinará el documento con que se inicie la ejecución y si lo encontrase en forma librará mandamiento de embargo, siguiéndose, en lo demás, el procedimiento ejecutivo en cuanto no esté modificado por la presente ley.
Las únicas excepciones admisibles serán:
1º.-Falta de personería en el demandado.
2º.- Litis pendencia en otro Juzgado o Tribunal competente.
3º.- Falsedad del título.
4º.-Prescripción de diez años.
5º.-Pago o entregas parciales.
Cuando los alquileres bastasen para cubrir el monto de la ejecución en un término prudente, no se seguirá el apremio contra la propiedad.
Si fuese posible la subdivisión del inmueble, la venta se limitará a la parte precisa para el pago de la ejecución y gastos. En tal caso servirá de base el ochenta por ciento de la parte proporcional de valuación que señale la Dirección General de Rentas.
En los edictos citando a los propietarios desconocidos de inmuebles, se determinarán éstos con la mayor precisión posible.
Los jueces no admitirán, en caso alguno, el desistimiento del juicio sin previa comprobación auténtica del depósito o pago del importe de la ejecución y gastos, u orden de la Dirección General de Rentas.
Del importe de la venta el juez ordenará que la suma necesaria para el pago al Fisco sea transferida a la orden de la Dirección General de Rentas, y que el saldo, deducidos los gastos, permanezca depositado a la orden del juzgado y disposición de quien corresponda.
A propuesta de los representantes del Fisco, los jueces de paz nombrarán en esas gestiones alguaciles especiales encargados de diligenciar los mandamientos.
Los honorarios de los alguaciles serán abonados por los ejecutados, a la terminación de la ejecución y en ningún caso podrán exigir su pago anticipadamente.
La sentencia de trance y remate que se dicte en estos juicios por los jueces letrados de primera instancia es irrecurrible.
Los valuadores, procuradores, fiscales y alguaciles no tendrán, en ningún caso, derecho, ni aun cuando se ordene la suspensión de una gestión, para cobrar suma alguna al Fisco.
Autorizase a la Dirección General de Rentas para disponer del importe de las multas recaudadas en los juicios ante los jueces de paz en los gastos de ejecución, remuneración a los procuradores y liquidación de la deuda atrasada.
La Dirección de Rentas podrá acordar con los deudores morosos plazos y cuotas para el pago de los atrasos y multas.
Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fin del texto
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