Abriendo la norma
Ley provincial 3.589
LEY 3.589
CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL
PARCIALMENTE DEROGADA POR LEY 11.922. (VER LEY 12.339 y 12.505) MANTIENE FUERO DE MENORES)
VER LEYES 11922, 12059, 12160, Y 12772 REFERENTE A FUERO DE MENORES EN CAUSAS PENALES.
TEXTO ACTUALIZADO DEL TEXTO ORDENADO POR DECRETO N° 1.174/86 Y LAS MODIFICACIONES POSTERIORES INTRODUCIDAS POR LAS LEYES 11.243, 11597 Y 11.624
(Texto según Ley 10.358). Todo imputado será defendido por el Defensor Oficial, quien intervendrá en el proceso hasta que sea sustituido por el abogado de la matrícula que propusiere aquél. Esta sustitución no se considerará operada mientras el defensor particular no haya aceptado el cargo y constituido domicilio. Al imputado, en el acto de la indagatoria, se le hará saber esto y el derecho que tiene a nombrar defensor.
En el caso del artículo 126° segunda parte, en tanto no sea aceptado el cargo por el letrado asistente particular, cumplirá tal función el Defensor Oficial.
Si el expediente pasara de un Departamento del interior a la Suprema Corte, el imputado será defendido por el Defensor Oficial del Departamento Judicial de La Plata que corresponda, mientras el defensor particular no fije domicilio en dicha ciudad.
Lo mismo ocurrirá con el Defensor Oficial respectivo, cuando el expediente pasare de un departamento judicial a otro.
(Texto según Ley 10.358). El Defensor y, en el caso del artículo 126° segunda parte, el letrado asistente del imputado, podrán asistir a las diligencias que se ordenaren en el sumario a partir del momento que aceptaren el cargo conferido.
En los casos en que se hubiere decretado el secreto del sumario, dicho derecho quedará limitado a las diligencias en que intervenga el imputado, procesado o no. (1)
El procesado podrá defenderse personalmente si, a juicio del Juez, esta defensa no obstare a la buena marcha del juicio.
(Texto según Ley 10.358). El defensor particular y el Oficial, al presentar los escritos de defensa, ofrecerán toda la prueba que tuvieren, acompañando, en su caso, los respectivos interrogatorios.
Si no tuvieren prueba que ofrecer, lo expresarán así.
Si el defensor del procesado no se expidiere dentro de los términos legales, el Juez procederá en la forma determinada en el artículo 62° de este Código.
(Texto según Ley 10.358). La falta de cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4°, se castigará con multa de uno a diez "Jus". El Juez, en ese caso, mandará comparecer al procesado para que exprese si tiene pruebas que ofrecer y de su exposición correrá vista al defensor, quien deberá ofrecerlas dentro del tercer día, bajo apercibimiento de ser sustituido en el acto.
(Texto según Ley 10.358). El imputado tendrá derecho a pedir se lo caree con los testigos de cargo. El Juez podrá denegar tal solicitud cuando mediare un reconocimiento cumplido en los términos del artículo 139° de este Código.
(Texto según Ley 10.358). El Juez y la Cámara, una vez estudiado el expediente para sentenciar, harán comparecer al acusado para tomar conocimiento personal de él y para que exponga por sí o por intermedio de su defensor lo que crea conveniente en su descargo. De la diligencia se pondrá simple nota en los autos cuando no se hiciere alegación alguna, en caso contrario se levantará acta detallada de la diligencia.
En el caso de que el acusado se encuentre detenido o el comparendo hubiese sido solicitado por el acusado o su defensor, el incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será causal de nulidad de la sentencia.
La jurisdicción criminal es improrrogable.
(Texto según Ley 10.358). Para determinar la competencia se tendrá en cuenta el lugar en que se ha cometido el delito, con las salvedades expuestas a continuación.
(Texto según Ley 10.358). Si el lugar en que se ha cometido el delito fuere desconocido, será competente el Juez que hubiere prevenido en la causa.
(Texto según Ley 10.358). Si una misma persona hubiere cometido dos o más delitos, o se tratare de delitos conexos por pluralidad de agentes, para determinar la competencia se observarán las reglas siguientes:
1- Conocerá de todos ellos el Juez que fuere competente para juzgar el delito primeramente cometido, debiendo tenerse en cuenta, en su caso, lo dispuesto por el artículo 14° de este Código.
2- Si respecto de dos o más delitos, no se supiere cuál de ellos ha sido cometido primero, será competente para entender en todos ellos el que lo fuere para el delito más grave; o en su defecto, el que hubiere procedido a la detención del imputado, por sí o por intermedio de los funcionarios policiales; o el que en primer término hubiere recibido la declaración del artículo 126° ó 126° segunda parte, de este Código, si se tratare de procesos por delitos que no admiten detención.
Una vez producida la acusación, el proceso queda definitivamente radicado ante el Juez que conozca del mismo. Las otras causas que se promuevan contra el acusado en estos casos, se iniciarán y terminarán ante el mismo Juez, pero seguirán en pieza por separado.
El sobreseimiento provisorio no impedirá la acumulación de las causas que se sustancien con posterioridad al dictado del mismo.
Si en un mismo juicio hubiere varios procesados, podrá cualquiera de ellos pedir que se forme causa por separado a su respecto, siempre que esta medida pueda evitar retardos, dificultades o abreviar la prisión preventiva de algunos de los inculpados. De la resolución del Juez no se dará recurso alguno.
Es aplicable a estos casos lo dispuesto en el artículo 15°.
(Texto según Ley 10.358). El Juez que estuviere conociendo en una causa, será competente para entender en las que se promuevan por delitos cometidos con posterioridad por el imputado, o por delitos anteriores que recién se descubrieren, entendiéndose por tales aquellos en que no exista sumario anterior.
En todos los casos, la declaración de incompetencia no podrá dictarse hasta tanto no esté firme el auto que dispone la vista al Agente Fiscal, a los fines que establece el artículo 215° de este Código.
El Magistrado que reciba la causa podrá, por única vez, disponer medidas ampliatorias del sumario.
El conocimiento de los procesos penales corresponde al Juez que se encontrare de turno a la fecha de comisión del delito; cuando ésta fuera incierta, corresponderá el conocimiento al Juez que hubiere estado de turno a la fecha de la primera actuación judicial o policial, cualquiera fuera el ámbito territorial donde se hubiere producido. En ningún caso será competente el Juez que se encontrare de turno a la fecha del auto o resolución que, en otro expediente judicial o administrativo, dispusiera la formación de la causa o denuncia del hecho.
Si después de formulada la acusación se presentare o fuere habido algún reo prófugo en causa seguida también contra otros procesados que estén sufriendo prisión preventiva, se formará expediente por separado en lo que se refiere al primero, testimoniándose las piezas pertinentes, sin que se interrumpa la prosecución y fallo de la causa con relación a los segundos. Ese fallo no importará un prejuzgamiento.
La competencia de los tribunales encargados de la justicia penal, se extiende a resolver, al sólo efecto de la represión, las cuestiones civiles propuestas con motivo de los hechos perseguidos.
(Texto según Ley 10.358). Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior las cuestiones a que se refieren los artículos 1.104° del Código Civil y 74° del Código Penal, de las que debe conocer la jurisdicción civil y comercial.
Los Jueces del Crimen se sujetarán a las reglas del Derecho Civil, Comercial, etcétera, en las cuestiones a que se refiere el artículo 16°.
(Texto según Ley 4.633). A los efectos de la fiscalización de los impuestos provinciales, de cualquier naturaleza que sean, los Jueces del Crimen en las ciudades cabeceras del Departamento Judicial y los Jueces de Paz en los demás partidos, expedirán las órdenes de allanamiento necesarias, a petición de la Dirección General de Rentas o de los funcionarios responsables que la misma faculte expresamente. A toda solicitud de allanamiento, deberá acompañarse declaración jurada de dos empleados de la repartición, en que se exprese el nombre y domicilio del presunto contraventor, la disposición infringida y el local a allanarse. Los allanamientos se realizarán con sujeción a las normas de este Código, por empleados fiscales y con asistencia de la Policía local.
Las cuestiones de competencia, cuando se trate de jurisdicciones de distinta naturaleza o se promuevan con Jueces de fuera de la Provincia, se substanciarán en la firma siguiente:
1- Pueden promoverse por inhibitoria o por declinatoria y no se suspende el sumario, ni la prosecución de la causa, cuando existan detenidos sufriendo prisión preventiva.
2- La inhibitoria se intentará ante el Juez que se considere competente, pidiéndole dirija oficio al que se estime no serlo, para que se inhiba y remita la causa.
3- El que hubiere optado por uno de los medios señalados en el inciso 1, para promover la competencia, no podrá abandonarlo y recurrir al otro, ni emplearlo simultánea o sucesivamente, debiendo pasar por el resultado de aquel a que hubiese dado preferencia.
El simple aviso al Juez que se tiene por incompetente de haberse interpuesto la inhibitoria, no importa el ejercicio simultáneo de ambas excepciones.
4- En el escrito de inhibitoria se expresará que no se ha empleado la declinatoria. Si resultare lo contrario, el recurrente será condenado en las costas, aunque se decida en su favor la competencia, o aunque él la abandone en lo sucesivo.
5- El Juez a quien se proponga la inhibitoria, la resolverá sin más trámite, dentro del tercero día. Su auto se notificará a las partes y éstas podrán interponer dentro del mismo término, los recursos de reposición y apelación en subsidio.
6- Consentido el auto de inhibitoria, se librará oficio en caso de que se hubiere hecho lugar, con transcripción del mismo y de lo demás que el Juez estime conducente para fundar su competencia.
7- El Juez requerido, cuando sea de la Provincia, procederá como se indica en el inciso 5.
8- Consentida o ejecutoria la sentencia en que los Jueces se hubiesen inhibido del conocimiento de la causa, se remitirán los autos al Juez que hubiere propuesto la inhibitoria, con emplazamiento de las partes para que puedan comparecer ante él para usar de su derecho, y se pondrán a su disposición, el proceso, las pruebas materiales del delito y los bienes embargados.
9- Si se negara la inhibición, se comunicará al Juez requeriente lo resuelto, en la forma del inciso 6, exigiendo contestación sobre el reconocimiento de la jurisdicción, o que se remita la causa a quien corresponda para que se decida la cuestión.
10- Recibido el oficio expresado en el inciso anterior, el Juez que haya propuesto la inhibitoria, dictará auto desistiendo o sosteniendo su competencia, sin más trámite, en el término de tercero día.
11- Consentido o ejecutariado el auto en que el Juez desista de la inhibitoria, lo comunicará al juez competente, remitiéndole todo lo actuado para que pueda mandarlo unir a los autos.
12- Si el Juez insistiera en la inhibitoria lo comunicará al que hubiere sido requerido de inhibición, para que remita los autos al superior que corresponda, haciéndolo él de lo actuado ante su Juzgado, todo lo que se hará brevemente.
13- Los Tribunales que hayan resuelto la competencia, remitirán dentro de tercero día, la causa y las actuaciones que hubiesen tenido a la vista para decidirla, al Juez declarado competente.
14- Si la cuestión de competencia empeñada entre dos o más Jueces fuere negativa, por rehusar todos entender en una causa, la decidirá la Suprema Corte provincial, si se tratara de Jueces de la Provincia, y la Corte Nacional, si uno de los Jueces no fuera de la Provincia.
La misma regla se observará en las cuestiones de competencia positiva.
15- Las declinatorias se substanciarán por cuerda separada, en la forma determinada por los artículos 21°, inciso 1 y 22°, segundo apartado, según sea el caso.
16- Las inhibitorias y las declinatorias propuestas en las causas criminales, no suspenderán el curso de éstas, que se continuará:
a) Por el que haya empezado el conocimiento de la causa;
b) Si los dos hubiesen empezado en la misma fecha, por el Juez requerido de inhibición.
17- Todas las actuaciones que se hubieren practicado durante el sumario hasta la decisión de la competencia, serán válidas, sin necesidad de que se ratifiquen ante el Juez que sea declarado competente.
Sin embargo, el Juez a quien correspondiese la instrucción o el conocimiento de la causa, podrá ordenar la ratificación de las declaraciones o diligencias que estimase convenientes, y en todo caso, el Ministerio Fiscal y los interesados podrán pedir esa ratificación.
Si se tratara de cuestiones de la misma naturaleza y entre jueces de la Provincia pero de distinto Departamento Judicial, se observarán las siguientes reglas:
1- Si la cuestión la promueve el Juez por considerarse incompetente, lo declarará así por medio de un auto en que se narrará el caso y se notificará al Fiscal, al acusado o su defensor y al querellante en los casos en que intervenga.
Dentro de los tres (3) días de la notificación, las partes pueden pedir reposición y apelar en subsidio para ante la Cámara del Departamento, quien resolverá sin substanciación alguna.
De todo se formará incidente agregándose un certificado sobre la fecha y lugar en que se cometió el delito, Juez que previno en el mismo y demás antecedentes que sirvan para ilustrar el caso. No se suspenderá la prosecución de la causa principal ni se remitirá al Juez que se crea competente ni al superior, si éste no lo pide expresamente.
La infracción a esta regla importa falta grave para el Juez.
2- Si la cuestión la promueve el Juez que se considere competente, con el fin de reclamar la causa o el procesado, de otro Juez, se observará en lo pertinente el procedimiento establecido en el inciso anterior.
3- Consentido el auto sobre competencia o confirmado por el superior, el Juez dirigirá oficio a quien corresponda. El Juez a quien se pretenda atribuir el conocimiento de la causa, procederá de acuerdo con lo establecido para el Juez requeriente.
4- El auto del Juez requerido se comunicará al Juez requeriente cuando fuere conforme a la resolución de éste.
En caso contrario, elevará todas las actuaciones relativas a la competencia, a la Suprema Corte para que resuelva la cuestión y lo hará saber al otro Juez para que proceda en la misma forma.
(Texto según Ley 10.358). Si la cuestión de competencia se promueve por Jueces del mismo Departamento Judicial, el que se crea competente o incompetente, se dirigirá por oficio, a la Cámara de Apelación en lo Penal para que resuelva la incidencia sin más trámite, y al mismo tiempo lo hará saber al otro Juez. Este puede dirigirse al superior, exponiendo las razones que tenga para creer que le corresponde o no el conocimiento del asunto.
Las cuestiones de competencia a que se refiere este artículo y los dos anteriores, que se promuevan por el Agente Fiscal, por el imputado o su defensor, se sustanciarán en la forma que se determina en el Libro V, Sección II, Título I de este Código, en los casos en que hubiere detenido. En los demás casos, la resolución que se dicte a petición de los sujetos mencionados y del querellante, o en su caso de oficio, será apelable en relación.
Después de producida la acusación, ni el Juez ni las partes pueden promover cuestiones de competencia, salvo el caso del artículo 20° de este Código, en que podrán hacerlo en cualquier momento del proceso.
El Tribunal que deba resolver las cuestiones de competencia tendrá en cuenta la mejor y más pronta administración de justicia.
Los Jueces, cualquiera que sea su grado o jerarquía, sólo podrán ser recusados por las causas enumeradas en esta ley.
(Texto según Ley 10.358). Son causas de recusación:
1- El parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado civil, o el segundo de afinidad, con alguna de las partes.
2- El parentesco dentro del segundo grado de afinidad o consanguinidad con el letrado o representante de alguna de las partes que intervengan en la causa.
3- Estar o haber sido denunciado o querellado por alguna de ellas, como autor, cómplice o encubridor de un delito.
4- Haber sido defensor de alguna de las partes, emitido dictamen en el proceso como letrado, fiscal o perito, declarado como testigo o dictado sentencia o resolución en el proceso sobre los puntos a decidir, salvo el caso de la prisión preventiva y excarcelación.
5- Ser o haber sido denunciante o querellante del que lo recusa.
6- Ser o haber sido tutor o curador de alguno que sea parte en la causa.
7- Haber estado en tutela o curatela de alguno de los expresados en el inciso anterior.
8- Tener el Juez, su cónyuge, o sus parientes o afines en línea recta, pleito pendiente con el recusante.
9- Tener interés directo o indirecto en la causa.
10- Tener comunidad o sociedad con alguna de las partes, excepto si la sociedad fuese anónima.
11- Ser acreedor, deudor, o fiador de alguna de las partes.
12- La amistad íntima, que se manifieste por frecuencia de trato.
13- La enemistad manifiesta, odio o resentimiento que se demuestren por hechos graves y conocidos.
14- Haber recibido el Juez beneficio de importancia, o después de iniciado el proceso, presentes o dádivas, aunque sean de poco valor.
Los Comisarios de Policía sólo pueden ser recusados con motivo atendible, y conocerá de ella breve y sumariamente el Juez del Crimen respectivo, sin recurso alguno.
Los representantes del Ministerio Fiscal y los Secretarios de Primera Instancia, podrán ser recusados por las causas determinadas en el artículo 24°; con excepción de la designada en el inciso 5 en lo que se refiere al Fiscal.
Los Secretarios y Ujieres de la Suprema Corte y Cámara de Apelación, no son recusables, pero deberán manifestar toda causa de impedimento que tuvieren, para que, tomada en consideración por la Corte o Cámara que conozca el pleito, provea lo que corresponda.
Los Jueces de la Suprema Corte de Justicia, de las Cámaras de Apelación y de Primera Instancia, pueden ser recusados por el procesado, al presentar su primer escrito. Siendo la causa sobreviniente, o jurando el recusante haber llegado recién a su conocimiento, puede hacer uso de este derecho en cualquier tiempo, antes de pronunciarse sentencia o resolución.
El procesado además puede recusar al Juez en el acto de concurrir a prestar su declaración indagatoria, expresando la causa o causas en que se funde, lo que se hará constar; debiendo suspenderse el interrogatorio. Pasado el acto sin ejercitar ese derecho el procesado, en adelante no podrá éste, o su defensor, si hubiese concurrido, recusar al Juez, salvo que la causa fuese sobreviniente, o la dedujere con el juramento de haber recién llegado a su conocimiento.
Al deducirse la recusación, deberá expresarse la causa en que se funde, indicándose los nombres de los testigos y su residencia, y acompañándose o mencionándose los documentos de que el recusante intente valerse.
Los testigos no podrán ser más de seis por cada causa de recusación, ni el recusante podrá valerse de otros que los indicados al deducirse la recusación.
Si en el escrito de recusación, no se alegare determinadamente alguna de las causas comprendidas en el artículo 24°, o se presentare fuera de la oportunidad designada en las disposiciones precedentes, será desechada por el Juez o Tribunal, sin darle curso.
De la recusación de los representantes del Ministerio Fiscal, entenderá el Tribunal o Juez que estuviera conociendo de la causa.
Deducida la recusación de un Secretario de Primera Instancia, el Juez averiguará sumariamente el hecho en que se funde y sin más trámite resolverá el artículo.
Los Jueces de la Suprema Corte y Cámaras de Apelación, que se encuentren en algunos de los casos del artículo 24°, se excusarán dentro de veinticuatro horas de pasados los autos al acuerdo. El Presidente, en su caso, se excusará inmediatamente que la causa sea puesta a su despacho. Siendo el motivo sobreviniente, el vocal a quien comprenda, debe manifestarlo en primera oportunidad.
Los Jueces de Primera Instancia, en los mismos casos del artículo anterior, se inhibirán de oficio del conocimiento de la causa, debiendo remitir sin más trámite el proceso al que debe reemplazarlos.
Si éste entendiere que aquélla es improcedente, seguirá conociendo, no obstante en la causa, y formará incidente por separado que remitirá a la Cámara, para que resuelva lo que corresponda.
Los representantes del Ministerio Fiscal y los Secretarios de Primera Instancia, manifestarán ante el Tribunal o Juez que conozca del proceso, los motivos de excusación que tuviesen, debiendo dárseles por separado y proveer a su reemplazo en la forma determinada por la ley.
(Texto según Ley 10.358). Aceptada la recusación o excusación, los autos quedarán radicados en el Juzgado que corresponda o con intervención del Magistrado que resulte desinsaculado, aunque con posterioridad desaparezcan las causas que originaron la excusación o recusación.
(Texto según Ley 10.358). Si el Juez recusado no reconoce la verdad de la causa que se invoca, se sustanciará por separado del proceso o causa principal sin suspender ésta, formándose incidente y sin que quede separado el funcionario del conocimiento de la causa. Si se hiciere lugar a la recusación, las actuaciones practicadas por el Juez separado, serán nulas si así lo pidiere el recusante.
Del incidente de recusación cuando no se reconozca la causal invocada, entenderá la Cámara en juicio oral y sumario.
En los casos de recusación de un Juez de la Cámara, conocerán de ella, los Camaristas o Camarista, que quedase hábil.
Si ninguno quedase hábil, la Cámara se integrará con Conjueces de la lista correspondiente, mediante desinsaculación.
Los autos y providencias judiciales, serán notificados dentro de las veinticuatro (24) horas después de dictados, o antes si el Juez o Tribunal lo ordenaren o estuviere así dispuesto para casos determinados.
Las notificaciones serán diligenciadas por los Secretarios o Ujieres; y no siendo esto posible, por el empleado mayor de dieciocho (18) años que el Juez o Tribunal designe.
Para el caso de que las notificaciones se hicieren en la oficina, se extenderán en el expediente, pudiendo la persona a quien se haga, sacar copia de la resolución.
La notificación será firmada por el que la practicare y por el interesado. Si éste no supiere, no pudiere, o no quisiere firmar, lo hará un testigo requerido al efecto, no pudiendo servirse de los dependientes de la oficina.
Si la notificación se hiciere en el domicilio de las partes, el Secretario o empleado llevará una copia o cédula donde se encuentre transcripta la providencia o resolución a notificar, que leerá al interesado haciéndole entrega de un testimonio igual y al pie de la primera que se agregará al expediente, pondrá constancia de todo, con expresión del día, hora y lugar en que se practicó la diligencia, observando a su respecto lo que se prescribe en el artículo precedente.
Si se trata de sentencias definitivas, o interlocutorias con fuerza de tales, se transcribirá solamente la parte dispositiva de las mismas.
Si un auto comprende varios puntos, se extractará en la cédula la parte pertinente.
Si el Secretario, Ujier o empleado no encontrare a la persona a quien va a notificar, cualquiera que fuera el tiempo o la causa de la ausencia, entregará la cédula a alguna de las personas que residan en la casa, empezando por los parientes del interesado y prefiriendo entre éstos, siempre que fuere posible, el más caracterizado; y a falta de aquéllos, a sus empleados o sirvientes, si unos u otros tuviesen más de dieciocho años. Si no se hallare persona alguna dentro de la casa o habitación designada, hará la entrega a un vecino que sepa leer, prefiriendo al más inmediato, y procediendo en todos éstos casos en la forma designada en el artículo anterior.
Si el vecino o vecinos requeridos, o las demás personas a quienes se refiere este artículo, se negaren a recibir la cédula o dar su nombre y firmar, será ella fijada en las puertas del domicilio constituido, en presencia de un testigo, que firmará la diligencia.
Durante el plenario no podrá hacerse notificación alguna en domingo o día de fiesta, cívica o religiosa, ni antes de las siete de la mañana o después de las siete de la tarde, salvo los casos de habilitación de días u horas o si se tratare del juicio oral.
En plenario las citaciones a los testigos y demás personas que no sean parte directa en el juicio y cuya comparecencia se considere necesaria o conveniente para la prosecución de la causa, se practicarán por el Secretario o empleado con las mismas formalidades establecidas para las notificaciones.
Deberá expresarse además en la cédula, el apercibimiento de que, en caso de no comparecer a la primera citación sin justa causa, será traído por la fuerza pública, sin perjuicio de ser procesado como reo de desacato.
La cédula del emplazamiento contendrá los requisitos establecidos para las notificaciones y el término en el cual ha de comparecer el citado.
Si el que ha de ser notificado, citado o emplazado, se hallare ausente del lugar del juicio, pero dentro de la Provincia, la notificación o citación se hará por medio de oficio al Juez del lugar o a las autoridades policiales; mas si se hallare fuera de la Provincia, se verificará por medio de exhorto.
Si la notificación ha de hacerse a un detenido o condenado que se encuentre en la cárcel, puede cometerse al Alcaide de la misma.
(Texto según Ley 10.358). Durante el sumario, las citaciones y emplazamientos, se harán por escrito, expresando el objeto de las mismas, por medio de órdenes directas a las autoridades policiales, aún para obtener en el momento la comparecencia de los citados y sin que sean sustanciales las demás formas que quedan establecidas.
Será falta grave para el requirente no atender a los testigos citados dentro del horario que se les haya hecho saber. Si los testigos lo pidieren, se les suministrará pasaje oficial para concurrir a la audiencia.
Las resoluciones y diligencias judiciales se dictarán y practicarán dentro de los términos señalados para cada una de ellas. Cuando no se fijen términos, se practicarán dentro de tres (3) días.
Serán improrrogables los términos judiciales cuando la ley expresamente no disponga lo contrario.
Los términos de días no comprenden aquél desde el cual empieza a correr, o sea en el que se dicte la decisión o se efectúa o realiza el acto o acontecimiento que sirve para determinar su comienzo, aún en el caso que la notificación se hubiese hecho en el mismo día, y correrán desde el día siguiente a esta diligencia.
En el término de meses se comprenderán los días feriados.
El Juez habilitará los días y horas inhábiles para las diligencias de carácter urgente. Durante el sumario y en el juicio oral, todos los días y horas son hábiles.
(Texto según Ley 10.358). Los términos se considerarán vencidos a la medianoche del día respectivo. El escrito no presentado dentro del horario judicial en que venciere su plazo, sólo podrá ser entregado válidamente en la secretaría que corresponda, el día hábil inmediato y dentro de las dos primeras horas del despacho.
Vencido un término se tendrá por decaído el derecho por su solo transcurso, sin necesidad de acusación de rebeldía, y el Juez proveerá lo que corresponda al estado de la causa.
Se fijan los siguientes términos judiciales:
1- Cuarenta y ocho (48) horas para las notificaciones que se hagan dentro de la ciudad donde tenga su asiento el Juzgado.
2- Veinte (20) días para dictar sentencia definitiva en primera instancia, en los Juzgados del Crimen.
3- Diez (10) días para los autos interlocutorios en la misma instancia.
4- Tres (3) días para las simples diligencias de trámite.
Para segunda instancia, se señala el doble del término fijado para dictar sentencia y autos interlocutorios en primera.
Los términos para resolver o fallar, empiezan a correr tres (3) días después de consentida la providencia de autos.
(Texto según Ley 10.358). Las causas deberán concluirse dentro de los siguientes plazos:
1- A los diez (10) días de iniciado el sumario de prevención ante la Policía si hubiere algún detenido y a los treinta (30) días si no lo hubiere. En las causas en que por la complejidad de las mismas o una circunstancia extraordinaria así lo requiriera, por única vez, el Juez podrá prorrogar dicho término por auto fundado y por un plazo igual.
2- Al año en los Juzgados de Primera Instancia y a los seis (6) meses en las Cámaras de Apelación, cuando hubiere algún detenido, contándose dicho plazo a partir del día de la detención en el primer caso y desde la recepción de causa en la Alzada en el segundo.
3- Cuando no hubiere detenidos, los plazos del inciso anterior podrán prorrogarse por auto fundado, por un término que no exceda de seis (6) meses.
El incumplimiento de los plazos indicados, salvo las causas justificadas del artículo 59°, será considerado falta grave, responsabilidad que alcanzará al Fiscal para el caso que omitiere hacer saber dicha circunstancia al Procurador General.
(Texto según Ley 10.358). En los términos del artículo anterior no se computará:
1- El tiempo que se emplee en diligencias de prueba que deban practicarse fuera de la Provincia.
2- El tiempo que estuviere con licencia el Juez de la causa, cuando esté corriendo el término para dictar sentencia definitiva y la licencia no excediere de quince (15) días.
3- El tiempo que demore en resolverse por el superior algún incidente de los que suspenden la tramitación de la causa.
4- El tiempo que demore la solución de las cuestiones de competencia y las recusaciones, cuando suspendan la tramitación del juicio.
5- El tiempo que se empleare en practicar diligencias para mejor proveer. Este tiempo no podrá exceder de veinte (20) días.
6- En el caso del inciso 1 del artículo 58°, el tiempo que demore la causa por ante el Juzgado interviniente, luego de su remisión a los efectos de lo establecido en el artículo 127° de este Código.
Vencidos los términos señalados en los artículos 57° y 58° si el Juez o la Cámara no hubieran terminado ni fallado la causa, lo comunicarán a la Suprema Corte y Procurador General, con un informe para que se resuelva lo que corresponda. Ese informe deberá reiterarse cada quince (15) días, mientras la causa no esté terminada. La omisión en el cumplimiento de estos requisitos importará falta grave.
Si uno de los vocales de la Cámara no devuelve despachado el expediente dentro del término que en cada caso fijará al llamar autos el Presidente, éste lo conminará para que lo haga en plazo prudencial, que se hará constar en los autos.
Esta disposición es aplicable a los Magistrados que integran el Tribunal.
Si a pesar de ese emplazamiento no se expidiere el funcionario que tuviere en su poder los autos, el Presidente lo comunicará de oficio a la Suprema Corte, debiendo reiterar la comunicación cada diez (10) días. Estas resoluciones se consignarán en un libro que estará a disposición del público.
(Texto según Ley 10.358). El defensor particular deberá expedirse en el término que marca este Código para formular la defensa, expresar agravios, responder o contestar cualquier traslado. Si no lo hiciere incurrirá en multa de uno a diez "Jus", debiendo expedirse en el plazo que se ha fijado. Si incurriere en un nuevo incumplimiento, en la misma causa, será separado inmediatamente de la defensa.
Las correcciones mencionadas serán apelables para ante la Cámara, debiéndose formar incidente por separado, sin que ello paralice la causa principal.
A solicitud del acusado o su defensor, se concederá una prórroga para evacuar dichos trámites, la que no excederá del término prorrogado.
(Texto según Ley 10.358). El Juez o Tribunal que no aplicare las correcciones que marca el artículo anterior y los artículos 64°, 65° y 68°, incurrirá en multa de uno a veinte "Jus" la primera vez y, en caso de reincidencia, será suspendido en el ejercicio de sus funciones por un (1) mes, debiendo aplicar esta última corrección el Jury de Enjuiciamiento. Las multas se harán efectivas en el sueldo de los Magistrados y las impondrá la Suprema Corte.
(Texto según Ley 10.358). Si el Defensor Oficial no se hubiere expedido dentro de los términos a que se refiere el artículo 62°, el acusado será proveído, sin más trámite, de otro Defensor Oficial o particular, apercibiéndose al funcionario remiso la primera vez. La repetición del hecho será castigada de oficio con multa de uno a diez "Jus", incurriendo el Juez que dejare de aplicarla, en las sanciones previstas por el artículo 63°.
En caso de que se nombre un abogado de la matrícula al procesado, sus funciones serán carga pública y gratuita.
El Agente Fiscal y el Fiscal de Cámara tendrán para expedirse en la acusación, expresión de agravios y réplica, el término de seis (6) y nueve (9) días respectivamente, que podrá ser prorrogado por otro tanto en las causas graves, siempre que la prórroga se pida antes de vencer el término. Si no se expidieren en el término respectivo, el Secretario del Juzgado o Tribunal, sin necesidad de requerimiento de parte, dará cuenta de ello y serán separados sin más trámite de la causa y sustituidos en la forma que corresponda y con las sanciones del artículo anterior.
Toda vista o traslado que no tenga un término fijado por este Código se decretará sin más trámite y deberá evacuarse dentro de tres (3) días.
(Texto según Ley 10.358). Los Fiscales y el Fiscal de Cámara y los Defensores Oficiales, quedarán notificados de las providencias judiciales el día de la recepción de los autos en su despacho. El término para expedirse en los traslados y vistas se contará desde el día siguiente al de la notificación.
Si un Secretario o Ujier demora la notificación, el libramiento de oficios, la remisión de expedientes al Juez o Tribunal a quien corresponda, o comete otras faltas análogas, será apercibido la primera vez por su superior inmediato y suspendido hasta por quince (15) días en caso de reincidencia.
El vencido en la causa será condenado por el Juez al pago de las costas. Pero si reclamare por vía de apelación, la Cámara podrá exonerarlo de las mismas. Igual regla se aplicará en los incidentes, cualquiera que sea su naturaleza.
No se impondrá nunca las costas a los procesados que fueren absueltos, ni a los que hubieren sufrido prisión preventiva por un término superior al de la condena.
Son deberes de los Jueces:
1- Asistir a las audiencias y diligencias que deba realizar personalmente, con excepción de aquellas en que la delegación estuviere autorizada.
2- Decidir las causas, en lo posible, de acuerdo con el orden en que hayan quedado en estado, salvo las preferencias que nazcan de cuestiones de urgencia. Siempre se entenderá de urgencia la causa que mantenga a un procesado privado de libertad.
3- Dictar las resoluciones con arreglo a los plazos establecidos por este Código.
4- Dirigir el procedimiento, debiendo, dentro de los límites impuestos por las circunstancias:
a) Concentrar en un mismo acto todas las diligencias que sea necesario realizar, en tanto las mismas sean compatibles con la coetaneidad.
b) Señalar, antes de dar trámite a cualquier actuación, los defectos u omisiones de que adolezca, ordenando que se subsanen dentro del plazo que fije, y disponer de oficio toda diligencia que fuere necesaria para evitara nulidades.
c) Mantener la igualdad de las partes en el proceso.
d) Prevenir y sancionar todo acto contrario al deber de lealtad, probidad y buena fe.
e) Vigilar para que en el trámite de la causa se procure la mayor economía procesal y celeridad, ello sin desmedro del derecho de defensa.
f) Determinar las tareas que competen al personal del Juzgado, dictando las reglamentaciones necesarias.
(Texto según Ley 10.358). Son facultades de los Jueces:
1- Ordenar, de oficio, las diligencias necesarias para el esclarecimiento de la verdad de los hechos en juzgamiento, respetando el derecho de defensa y antes del llamamiento de autos.
2- Disponer, en cualquier momento, la comparecencia de peritos, testigos y víctimas, para interrogarlos acerca de aquello que creyere necesario.
(Texto según Ley 10.358). Son deberes de los secretarios, sin perjuicio de los que les imponen otras disposiciones legales y reglamentarias:
1- Disponer, bajo su sola firma, la agregación de partidas, exhortos, oficios, pericias y en general de cualquier documento o actuación que se haya requerido en la causa.
2- Recibir indagatoria del artículo 126° y 126° segunda parte, de este Código, en las causas correccionales, cuando el Juez lo disponga.
3- Recibir las declaraciones testimoniales que el Juez disponga, y en plenario solamente cuando cualquiera de las partes no pida, con tres (3) días de anticipación, que lo haga el Juez personalmente.
4- Remitir la causa a la Cámara, a los representantes del Ministerio Público, y disponer la entrega de la copia de la acusación fiscal a los procesados detenidos.
5- Suscribir los oficios ordenados en la causa, excepto los que se dirijan al Gobernador de la Provincia, Ministros, Subsecretarios del Poder Ejecutivo, funcionarios análogos y Magistrados Judiciales.
En las diligencias que está autorizado a sobrellevar el secretario, las incidencias que se planteen serán resueltas por el mismo, pero las partes podrán pedir al Juez que revea la decisión.
(Texto según Ley 10.358). Cualquiera fuere su naturaleza, las resoluciones judiciales serán refrendadas únicamente por el Juez o Jueces.
(Texto según Ley 10.358). La firma del secretario, juntamente con la del Juez y demás intervinientes, sólo será indispensable en las actas que instrumenten la declaración indagatoria del artículo 126° y 126° segunda parte de este Código y en toda otra en la que cumpla la función de actuario.
(Texto según Ley 10.358). La persona capaz de estar en juicio puede denunciar la perpetración de los delitos que dan lugar a la acción pública.
El damnificado u ofendido o sus representantes legales, pueden asimismo denunciar los delitos de que hubieren sido víctimas.
Siendo víctima, se considerará hábil para denunciar al menor imputable.
(Texto según Ley 10.358). La denuncia puede hacerse verbalmente o por escrito, personalmente o por mandatario con poder especial, ante el Juez competente, Ministerio Fiscal o los funcionarios de policía. Cuando la denuncia se formule ante el Ministerio Fiscal, el funcionario a cargo del mismo podrá practicar las diligencias que estime imprescindibles para la promoción de la acción pública, las que tendrán carácter de encuesta preliminar limitada a dicho fin. En caso de que alguna de las diligencias no pueda ser reproducida en plenario, el Fiscal solicitará al Juez de turno ordene su producción bajo el control del Defensor de Pobres y Ausentes en turno, decisión que será inapelable y deberá fundarse en caso de denegatoria.
El funcionario que reciba una denuncia hará constar la identidad del denunciante por la libreta de enrolamiento o por dos testigos, o por juramento si le fuese desconocida o hará mención expresa de su conocimiento y requerirá todos los datos y antecedentes que puedan servir para el mejor esclarecimiento de los hechos. Si el denunciante fuere desconocido o no supiere firmar, se le tomarán las impresiones digitales.
No se admitirá denuncia de descendientes contra ascendientes, consanguíneos o afines, o viceversa; ni de un cónyuge contra el otro, ni de hermano contra hermano. Esta prohibición no comprende la denuncia de delito ejecutado contra el denunciante o una persona cuyo parentesco con el denunciante sea más próximo que el que lo liga con el denunciado.
Toda autoridad o todo empleado público que, en el ejercicio de sus funciones, adquiera el conocimiento de la perpetración de un delito que dé nacimiento a la acción pública, estará obligado a denunciarlo a la autoridad competente. En caso de no hacerlo, incurrirá en las responsabilidades establecidas en el Código Penal.
Los empleados de policía tienen la obligación de denunciar todo delito de acción pública, cualquiera que sea la forma en que haya llegado a su conocimiento.
Los médicos, parteras, farmacéuticos y demás personas que profesan cualquier ramo del arte de curar, denunciarán dentro de veinticuatro (24) horas los envenenamientos y otros graves atentados personales, cualesquiera que sean, en los que hayan prestado los servicios de su profesión. Se exceptúa de la obligación impuesta por este artículo, el caso en que las personas mencionadas hubieren tenido conocimiento del delito por revelaciones que les fuesen hechas bajo expreso o tácito secreto profesional.
El denunciante no contrae obligación que lo ligue al procedimiento judicial, ni incurre en responsabilidad alguna, salvo el caso de calumnia. Las costas originadas a consecuencia de denuncias evidentemente falsas, o presentadas con injustificable ligereza, se declararán a cargo del mismo denunciante, después de oírle breve y sumariamente. El auto que se dicte en este caso es apelable en relación, por el condenado.
La acción penal es privada o pública. Es privada en los casos de delitos que sólo pueden ser castigados a querella de parte, según el Código Penal. Es pública en todos los demás casos.
(Texto según Ley 10.358). La acción pública corresponde a los Agentes Fiscales, Fiscales de Cámara y Procurador de la Suprema Corte, quienes deberán vigilar la sustanciación de las causas evitando que aquellas prescriban. Deberán también controlar la legalidad de los procedimientos –tanto en sumario como en plenario- para evitar la configuración de eventuales nulidades. En los delitos contra la honestidad se aplicarán los artículos 71°, 72° y 74° del Código Penal.
(Texto según Ley 10.358). La acción resarcitoria, que se funde en daños causados por delitos, podrá ejercerse en la causa penal a título de actor civil, en cuyo caso la demanda podrá proponerse hasta que se ordene el pase en vista dispuesto por el artículo 213° de este Código.
(Texto según Ley 10.358). El particular damnificado, por un delito de los que dan lugar a la acción pública, podrá intervenir en el juicio penal, por sí con patrocinio letrado o por apoderado, pero sólo con las facultades que este Código establece, pudiendo:
1- Solicitar las diligencias útiles para comprobar el delito y descubrir a los culpables.
2- Pedir el embargo de bienes suficientes para asegurar el pago de la indemnización civil y costas.
El embargo procederá cuando se haya decretado la detención del imputado y el Juez fijará la cantidad en que ha de hacerse efectivo.
Este auto es apelable en relación y al sólo efecto devolutivo.
3- Asistir a la indagatoria del prevenido y a las declaraciones de los testigos, con facultad para repreguntar solamente a estos últimos y plantear incidente de inhabilidad.
4- Recusar en los casos que le está permitido al acusado.
5- Activar el procedimiento y pedir el pronto despacho de la causa.
6- Apelar y decir de nulidad, del auto de sobreseimiento y de la sentencia absolutoria de primera instancia. Si el Fiscal de Cámara no mantuviere dicho recurso se le correrá vista al particular damnificado, para que exprese agravios, en el mismo término fijado para aquel funcionario, debiendo declararse desierto el recurso, con costas, si no se expidiere en el traslado conferido.
En caso en que se desechare por el Juez las pruebas ofrecidas por el damnificado éste podrá apelar, debiendo formarse incidente por separado, el que, con un informe del Juez, elevará al Superior para que lo resuelva dentro de seis (6) días.
(Texto según Ley 10.358). Para tomar la intervención a que se refieren los artículos 86° y 87°, el damnificado no tendrá que ser citado y deberá presentarse espontáneamente sin hacer retrogradar la causa. No reviste el carácter de parte, sino al solo objeto de su presentación y con los límites impuestos por este Código.
(Texto según Ley 10.358). Al damnificado, si se hubiere presentado y fijado domicilio, se le notificará únicamente el auto de sobreseimiento y la sentencia.
Si revistiere el carácter de actor civil, regirá lo dispuesto por el Código Procesal Civil y Comercial a ese efecto, y la demanda tramitará por incidente separado, quedando supeditada su precedencia formal a que se formule acusación.
Solamente podrá presentarse como actor civil, el titular del bien jurídicamente protegido por la norma penal de que se trate o sus herederos, debiendo coincidir la persona del imputado con la del demandado.
La acción privada corresponde al ofendido, quien podrá querellarse y promover en tal carácter el juicio criminal.
El mismo derecho tienen los representantes legales de los incapaces, por los delitos cometidos en la persona y bienes de sus representados.
La querella en todo delito se promoverá siempre por escrito y debe expresar:
1- El nombre y apellido del querellante.
2- El nombre, apellido y domicilio del querellado.
En caso de ignorar esta circunstancia, se deberá hacer la designación del querellado por las señas que mejor pudieran darle a conocer.
3- La relación circunstanciada del hecho, con expresión del lugar, año, mes, día y hora en que se ejecutó, en cuanto fuere posible.
4- Las diligencias que se deberán practicar para la comprobación del hecho.
5- La firma del querellante o de otra persona a su ruego, si no supiere o no pudiere firmar. En este último caso la querella deberá firmarse ante el secretario del Juzgado, quien deberá poner en el escrito la impresión digital del querellante.
El querellante particular puede desistir de la querella, quedando sujeto a las responsabilidades que establezca la sentencia y no podrá renovarla en adelante.
(Texto según Ley 10.358). El querellante podrá presentarse personalmente con patrocinio letrado, o por medio de mandatario letrado con poder especial.
(Texto según Ley 10.358). Se tendrá por desistido de la querella por delito privado, al que pidiere el sobreseimiento, adhiriere al solicitado por otro o dejare vencer el término para presentar la acusación. También se lo tendrá por desistido, si dentro de los cinco (5) días de haber sido notificado de la intimación personalmente o por cédula, no oblare la tasa de justicia, no abonare las costas a que hubiere sido condenado o no urgiere el procedimiento. La intimación podrá disponerse de oficio o a petición de la parte contraria.
Se tendrá también por abandonada la querella privada cuando, por muerte o por haberse incapacitado el querellante para continuar la acción, no compareciere ninguno de sus herederos o representantes legales a sostenerla, dentro del término que fije el Juez, teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada caso.
El que promoviere querella por un delito privado, contrae responsabilidad personal cuando hubiere procedido maliciosamente.
El querellante por delito privado será siempre condenado en las costas, cuando se le dé por desistido de su acusación o se deseche la misma. El auto que se dicte en este caso, así como en el de los artículos 94°, 95°, y 96°, es apelable en relación.
(Texto según Ley 10.358). En la instrucción del sumario se observarán las siguientes reglas:
1- Se practicarán sin demora las diligencias necesarias para constatar la existencia del hecho punible y de las personas responsables de su ejecución.
2- Se decretará la detención del presunto culpable en los casos y en la forma que este Código lo autoriza.
3- Se adoptarán las medidas para que no se altere la situación de todo lo relativo al objeto del crimen y estado del lugar en que fue cometido.
4- Se ordenará, cuando ello sea conveniente, que ninguna persona se aparte del lugar del delito o sus adyacencias antes de cumplir las primeras diligencias.
5- Se empleará la fuerza pública cada vez que sea necesario para la instrucción de las diligencias respectivas.
6- Se requerirá al primer médico que fuera habido para que preste los auxilios de su profesión y dé los informes del caso. El médico que se niegue a prestar los servicios será castigado con multa de uno a veinte "Jus", que aplicará el Juez como corrección disciplinaria la primera vez, y arresto hasta por diez (10) días en caso de reincidencia. Este auto es apelable por el médico penado.
7- Se requerirá a la víctima de todo delito de acción pública dependiente de instancia privada o a su representante legal, manifieste si está en su voluntad instar la acción.
Todo funcionario policial tiene el deber de prevenir en la instrucción del sumario.
Los Jueces podrán ordenar a los Comisarios de partido directamente, la ejecución de diligencias en los procesos en que intervengan dentro de los límites del partido. El empleado instructor recibirá directamente órdenes del Juez para la instrucción.
El Jefe de Policía dentro del término de 24 horas, designará a requisición del Juez, el funcionario policial que deberá instruir el sumario. Hecha la designación la hará saber dentro del mismo término al Juez de la causa y no podrá substituir al funcionario encargado de la instrucción sin consentimiento de aquel Magistrado. Si el Juez no accediere a la substitución cuando el Jefe de Policía la considere indispensable, el caso será resuelto por la Suprema Corte con los antecedentes que deberán serle remitidos. Continuará la instrucción hasta que el caso sea resuelto, el empleado que estuviera encargado de ella.
(Texto según Ley 10.358). El Ministerio Público, el defensor y el letrado asistente del imputado, en el caso del artículo 126° segunda parte, podrán proponer diligencias durante el sumario que serán ordenadas por el Juez si fueren pertinentes y útiles. La resolución que se dicte será inapelable y en caso de denegatoria deberá fundarse.
Si el delito cuya investigación se persigue, ha dejado vestigios o pruebas materiales de su perpetración, el Juez los hará constar en el sumario, recogiéndolos, además, inmediatamente y conservándolos para el plenario, si fuere posible.
Si es habida la persona o cosa objeto del delito, el Juez describirá detalladamente su estado y circunstancia.
En los casos de muerte por heridas, deberá consignarse su naturaleza, situación y número de ellas, haciendo además constar la posición en que se hubiere encontrado el cadáver y la dirección de los rastros de sangre, y demás que se notare.
Si las circunstancias que se observen en la persona o cosa pudieren ser mejor apreciadas por peritos, el Juez hará el nombramiento de éstos, haciéndose constar por diligencia el reconocimiento y el informe que expidieren.
Si fuere conveniente, para mayor claridad o comprobación de los hechos, se levantará un plano del lugar, suficientemente detallado, o se hará el retrato de las personas que hubiesen sido objeto del delito, o la copia o diseño de los objetos o instrumentos del mismo. El plano, copia o diseño se unirá a los autos.
El Juez procurará recoger en los primeros momentos las armas, instrumentos o efectos de cualquier clase que puedan tener relación con el delito y se hallen en el lugar en que éste se cometió o en sus inmediaciones, o en poder del reo o de otra persona, extendiendo diligencia con expresión del lugar, tiempo y ocasión en que se encontraron y describiéndolos minuciosamente, para que se pueda formar idea cabal de los mismos y del lugar y circunstancia de su hallazgo.
La diligencia será firmada por la persona en cuyo poder fueron hallados, notificándose a la misma el auto que manda recogerlos.
Si en el acto de describirse a la persona o cosa objeto del delito y los lugares, armas, instrumentos o efectos relacionados con el mismo, estuvieren presentes o fueren reconocidos por personas que puedan declarar acerca del modo en que aquél hubiese sido cometido y de las causas de las alteraciones que se observaren en dichos lugares, armas, instrumentos o efectos, o acerca de su estado anterior, serán examinadas inmediatamente después de la descripción.
Los instrumentos, armas y efectos a que se refiere el artículo 105° se sellarán si fuese posible, ordenándose su retención y conservación.
Las diligencias a que esto diere lugar, se firmarán por la persona en cuyo poder se hubieren encontrado, o en su defecto por dos testigos.
Si los objetos no pudieren, por su naturaleza, conservarse en su forma primitiva, el Juez acordará lo que estime más conveniente para conservarlos del mejor modo posible.
Si no aparecen huellas o vestigios del delito, el Juez averiguará y hará constar, siendo posible, si la desaparición de las pruebas materiales ha ocurrido natural, casual o intencionalmente, las causas de la misma o los medios que para ello se hubieren empleado, procediendo en seguida a recoger y consignar en el sumario las pruebas de cualquier otra clase que se puedan adquirir de la perpetración del delito.
Si el delito fuere de los que no dejan huella material de su perpetración, el Juez procurará hacer constar, por declaraciones de testigos y por los demás medios de comprobación, la ejecución del delito y sus circunstancias, así como la preexistencia de la cosa, cuando hubiese tenido por objeto la substracción de la misma.
Si la instrucción tuviere lugar por causa de muerte violenta o sospechosa de criminalidad, antes de procederse al entierro del cadáver o inmediatamente después de su exhumación, hecha la descripción ordenada por el artículo 102°, se identificará por medio de testigos que, a vista del mismo, den razón satisfactoria de su conocimiento. Se tomarán asimismo las impresiones digitales del cadáver.
No habiendo testigos de conocimiento, si el estado del cadáver lo permitiera, se expondrá al público antes de practicarse la autopsia, por tiempo a lo menos de veinticuatro (24) horas, anunciándose por la prensa o carteles, el sitio, hora y día en que se hubiese hallado y el Juez que estuviese instruyendo el sumario, a fin de que quien tenga algún dato que pueda contribuir al reconocimiento del cadáver o al esclarecimiento del delito o su circunstancia, lo comunique a dicho Juez.
Si a pesar de tales prevenciones no fuera el cadáver reconocido, recogerá el Juez todas las prendas del traje con que se le hubiese encontrado, a fin de que puedan servir oportunamente para hacer la identificación.
En los sumarios a que se refiere el artículo 110°, cuando por la percepción exterior no aparezca de una manera manifiesta e inequívoca la causa de la muerte, se procederá a la autopsia del cadáver, por el médico de los Tribunales, o por el de Policía, o por ambos conjuntamente cuando el Juez lo repute necesario. El perito o peritos encargados de la autopsia deberán describir exactamente la operación e informarán sobre la naturaleza de las heridas o lesiones. Los médicos deberán expresar en su informe, en cuanto sea posible, la clase y condiciones del arma empleada, haciendo la descripción detallada de la misma, y el origen del fallecimiento y sus circunstancias.
En todos los casos, sea cual fuere el procedimiento empleado para el reconocimiento de las heridas o lesiones, los peritos deberán manifestar si en su opinión la muerte ha sobrevenido a consecuencia de aquella o si ha sido el resultado de causas preexistentes o posteriores, extrañas al hecho consumado.
En los casos en que se extraiga un cadáver del agua se averiguará:
1- Si la muerte ha sido resultado de la asfixia producida por el agua.
2- Si ha sido causada por alguna enfermedad de que padeciera el ahogado.
3- Si habiendo recibido la muerte por acto de tercero fue después arrojado al agua el cadáver.
En los casos de lesiones corporales, el Juez ordenará que los peritos determinen prolijamente en su informe la importancia de esas lesiones y el tiempo que han inutilizado para el trabajo al paciente. Tendrán en cuenta los peritos si concurren en las lesiones algunas de las circunstancias siguientes para constarlas en su informe:
1- Si han inutilizado al paciente de una manera permanente.
2- Si le han ocasionado deformaciones, permanentes del rostro.
3- Si han puesto en peligro su vida.
4- Si le han producido una debilitación permanente en la salud, de un órgano o de un sentido.
5- Si le han ocasionado una dificultad permanente de la palabra, o una enfermedad mental o corporal, cierta o probablemente incurable.
6- Si le han producido la pérdida de un sentido, o de un órgano o del uso del mismo, o de la palabra o de la capacidad de engendrar o concebir.
7- Si el paciente ha sido inutilizado para el trabajo por lo menos o por más de un mes.
Tratándose de infanticidio, el Juez hará que los peritos expresen en su informe la época probable del parto, declarando si la criatura ha nacido viva, el tiempo que ha vivido, las causas que razonablemente hayan podido producir la muerte, y si en el cadáver se notan o no lesiones.
En el caso de aborto se hará constar la preexistencia de la preñez, los signos demostrativos de la expulsión violenta del feto o embrión las causas que hayan determinado el hecho y las circunstancias de haber sido provocados por la madre o por algún extraño, de acuerdo o contra la voluntad de aquella, y los demás antecedentes que, según el Código Penal, deben tenerse en cuenta para apreciar el carácter y gravedad del delito.
En los envenenamientos deberá el Juez ordenar que se practique la autopsia para determinar los efectos que el veneno pueda haber producido sobre los distintos órganos y que sirvan para comprobar la causa de la muerte y la substancia que la haya producido.
Deberá asimismo, ordenar el análisis químico del veneno y de las substancias a que se atribuye ese carácter, para lo cual mandará recoger todas las cosas que pueda servir de base a la operación.
Si se trata de robos o de cualquiera otro hecho cometido con efracción, violencia o escalamiento, el Juez hará constar y describir las huellas y rastros del delito, ordenando que los peritos expliquen de qué manera, con qué instrumentos o medios y en qué época consideran que el hecho ha sido verosímilmente ejecutado.
Hará también constar en su caso, si por las violencias ejercidas para consumar el robo se ha puesto en peligro de muerte a alguna persona, o se ha alterado permanentemente su salud; si el robo se ha cometido en despoblado o en banda, o en despoblado y con armas, o en lugares poblados y en banda.
En los delitos de robo, hurto, estafa y en cualquiera otro en que deba hacerse constar la preexistencia de las cosas robadas, si no hubiese testigos presenciales del hecho, se recibirá información sobre los antecedentes del que se presentare como agraviado, y sobre todas las circunstancias que ofrecieren indicios de hallarse éste poseyendo aquéllas al tiempo en que resulte cometido el delito.
En los casos de falsedad cometida en instrumento público o privado, se hará por peritos el cotejo de los verdaderos con los falsos; si se tratare de falsedad que se comete contrahaciendo o fingiendo letra, firma, sello o marca, el Juez mandará practicar también por peritos el cotejo de la firma, letra, sello o marca argüidos de falsos, con otras indubitadas.
Si por tratarse de falsificación cometida en instrumentos públicos o efectos existentes en dependencias del Estado hubiere imprescindible necesidad de tenerlos a la vista para su reconocimiento pericial y examen por parte del Juez, se reclamarán de las oficinas o autoridades correspondientes, sin perjuicio de devolverlos después de terminada la causa.
En los casos de incendio, el Juez hará que los peritos determinen si ha habido peligro común para las propiedades, para algún archivo público, biblioteca o museo, si ha sido causa inmediata de la muerte de alguna persona o la ha puesto en peligro de muerte.
Deberá igualmente determinarse la importancia aproximativa de los daños y perjuicios ocasionados por el incendio.
En todos los delitos que causen daño o pérdida o entrañasen la amenaza de un peligro para los bienes, el Juez deberá comprobar la fuerza o astucia empleada, los medios o instrumentos de que se haya servido el delincuente, la existencia del daño recibido o por recibirse, la gravedad del perjuicio para la propiedad o para la vida, la salud, o la seguridad de las personas.
Si en caso de accidente en las líneas férreas se produjere la muerte o lesión de alguna persona, el conductor del tren hará detener a éste para recoger al muerto o herido, haciendo constar, ante todo, su situación y estado, y dará aviso sin demora a la autoridad policial más próxima para que ésta comunique el hecho al Juez competente.
El conductor o jefe del tren, al dar cuenta del hecho, manifestará su nombre y domicilio, y el de las personas conocidas que viajaran con él.
(Texto según Ley 10.358). Existiendo semiplena prueba o indicios vehementes de la comisión de un delito y motivo bastante para sospechar que una persona es autor o partícipe del mismo, el Juez procederá a recibirle declaración indagatoria. En ningún caso bastará la sola denuncia.
Aún cuando no existiere el estado de sospecha a que se refiere el párrafo anterior, el Juez podrá citar al imputado al sólo efecto de prestar declaración informativa. En tal caso, dicho llamamiento no implicará procesamiento, pero el imputado y el letrado asistente tendrán todas las garantías, derechos y deberes correspondientes al procesado y su defensor.
Asimismo, toda persona contra la cual se dirija una imputación penal, deberá ser oída por el Juez de la causa cuando así lo requiera y dentro de los cinco (5) días de formulada tal petición, aplicándose a dicho fin lo dispuesto en los párrafos primero y segundo de este artículo.
(Texto según Ley 10.358). Si el presunto autor o partícipe de un delito estuviere detenido, el Juez deberá recibirle la declaración indagatoria del artículo 126° de este Código dentro de las setenta y dos (72) horas de producida su detención, en sede judicial, salvo que, por la naturaleza del hecho o que por circunstancias extraordinarias el Juez resuelva, por auto fundado, recibirla en otro lugar.
Este término podrá prorrogarse por veinticuatro (24) horas más, si la persona detenida así lo solicitare para designar defensor.
(Texto según Ley 10.358). Si la persona se negare a declarar, se lo hará constar por acta en la causa, la que deberá ser firmada por el Juez, el procesado, su defensor si concurriere y el secretario.
La declaración indagatoria deberá cumplirse previa notificación al defensor, bajo pena de nulidad.
La negativa a declarar, no implica presunción en contra de quien la formulare, lo que se le hará saber al declarante antes de comenzar el acto, también bajo pena de nulidad.
(Texto según Ley 10.358). Antes de su declaración o de su negativa a declarar, el Juez le hará saber al deponente el hecho que se le imputa, los elementos que obran en su contra, el Juzgado que interviene y el derecho que tiene a nombrar defensor o letrado asistente, nombramientos que podrá realizar en ese mismo acto, o solicitar una prórroga por veinticuatro (24) horas más para prestar declaración indagatoria y a tal fin.
Si la persona estuviere detenida, también se le hará saber cualquier proposición de defensor que pudieren haber realizado sus familiares o personas de su confianza.
Si no designare defensor particular, se le hará saber el nombre del Defensor Oficial y del Agente Fiscal.
El Juez antes de interrogar al declarante sobre el hecho que se investiga en la causa, lo hará respecto de su nombre, apellido, sobrenombres y apodos, si los tuviere, edad, estado civil, profesión y oficio u ocupación, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, domicilio y principales lugares de residencia anteriores; condiciones de vida, nombres, estado civil, profesión u ocupación de sus padres; y si ha sido procesado anteriormente, por qué causa, ante qué Juez y el resultado de la misma.
(Texto según Ley 10.358). Se permitirá al declarante manifestar cuanto tenga por conveniente para su descargo o para la explicación de los hechos, evacuándose con urgencia las citas y demás diligencias que propusiere por sí o por su letrado asistente o defensor, si el Juez las estimare conducentes para la comprobación de las manifestaciones efectuadas.
(Texto según Ley 10.358). El declarante podrá dictar por sí mismo su declaración. Si no lo hiciere lo hará el Juez, debiendo en cuanto fuere posible, consignar las mismas palabras de que se hubiere valido aquél y sus giros de lenguaje.
Si el interrogado fuese sordomudo y supiere leer, se le harán por escrito las preguntas; si supiera escribir contestará por escrito, y si no supiere ni lo uno ni lo otro, se nombrará un intérprete, por cuyo conducto se le harán las preguntas y se recibirán las contestaciones.
Será nombrado intérprete un maestro de sordomudos si lo hubiere en el lugar, y en su defecto, cualquiera que supiere comunicarse con el interrogado.
El nombrado prestará juramento en presencia del sordomudo, antes de comenzar a desempeñar el cargo.
Se procederá también a nombrar intérprete cuando el declarante no supiere el idioma nacional.
(Texto según Ley 10.358). Concluida la declaración, el deponente podrá leerla por sí mismo y el Juez le hará saber que le asiste ese derecho. Si no lo hiciere por sí, por su defensor o letrado asistente, el secretario se la leerá íntegramente, haciendo mención expresa de la lectura y del requerimiento que hará para que manifieste si se ratifica de su contenido o si tiene algo que añadir o enmendar. Todo ello bajo pena de nulidad.
El abogado defensor o letrado asistente, en el caso del artículo 126° segunda parte, no podrán intervenir durante la declaración para dar indicación alguna al deponente. Podrán sin embargo aconsejar, de viva voz, en el momento que se le haga saber el derecho de negarse a declarar, que así lo haga; como así pedir que se modifique el acta en cuanto no consigne fielmente lo expresado por el imputado. Igualmente, concluido el acto y antes que el declarante se retire del Juzgado, tendrá derecho a sugerir al Juez la formulación de alguna pregunta o preguntas. Si el Juez las considera pertinentes reabrirá el acto y con la salvedad de lo dispuesto en el artículo 128° formulará la o las preguntas.
De igual derecho podrá hacer uso el Agente Fiscal.
La declaración, bajo pena de nulidad, será firmada por todos los que han intervenido en ella; y si el declarante lo quisiere, rubricará cada una de sus fojas o pedirá que se rubriquen por el Juez, en caso de que no supiere o no pudiere hacerlo.
Si el interrogado no quisiere, no supiere o no pudiere firmar, se hará que firme la declaración un testigo hábil.
(Texto según Ley 10.358). No se harán enmiendas, raspaduras o correcciones en la diligencia de la declaración, debiendo salvarse las faltas o errores que se hubieren cometido, al final de la misma.
(Texto según Ley 10.358). Concluida la declaración indagatoria o negándose a prestarla, el Juez le comunicará al detenido si el delito por el que se lo procesa es excarcelable. Si lo es bajo caución personal o real y en ese caso el monto de la misma. Si se fijare caución juratoria, otorgará la excarcelación de oficio.
El imputado podrá declarar cuantas veces desee, en cualquier estado del proceso y se le recibirá inmediatamente declaración si tuviere relación con la causa. La petición podrá ser formulada por sí, su defensor o letrado asistente.
El careo entre los procesados se verificará en la misma forma que entre los testigos, pero sin recibirles juramento ni promesa de decir verdad.
Esta diligencia sólo podrá decretarse en los casos en que los procesados la solicitaren como medio de defensa.
En los casos en que se impute la perpetración de un hecho punible a persona cuyo nombre se ignore o fuere común a varias, el Juez o funcionario encargado de la instrucción ordenará el reconocimiento de ésta por el que le hubiere dirigido la imputación o cargo.
(Texto según Ley 10.358). La diligencia de reconocimiento se practicará poniendo a la vista del que hubiere de verificarla, la persona que ha de ser identificada con otras de características físicas semejantes que nunca podrán ser menos de tres.
Compuesta la fila de personas, la que deba ser reconocida elegirá su ubicación entre aquéllas. Acto seguido se introducirá a quien debiere verificar el reconocimiento y, previo juramento o promesa de decir verdad, será interrogado acerca de:
1- Si persiste en su declaración anterior.
2- Si después de ella ha visto personalmente o en imágenes a la persona a quien atribuye el hecho y, en caso afirmativo, en qué lugar y por qué motivo.
3- Si entre las personas que componen la fila se encuentra la que designó en su declaración o imputación y, en caso afirmativo; que la señale clara y precisamente, como asimismo, manifieste las semejanzas o diferencias que observe entre el estado actual de aquélla y el que presentaba en la época a que en su declaración se refiere.
Cuando el Juez advierta la posibilidad de que el enfrentamiento perjudique el resultado del acto o importe riesgo personal para el testigo de reconocimiento, podrá disponer que éste se realice de manera tal que la persona que debe reconocer no se muestre a los integrantes de la fila. Ambas diligencias de reconocimiento sólo podrán practicarse, bajo pena de nulidad, con notificación al defensor particular u Oficial o letrado asistente, en su caso, veinticuatro (24) horas antes del acto como mínimo, quienes podrán asistir al mismo desde los preparativos de la fila.
Mientras se prepare el acto, el testigo será ubicado en lugar donde no pueda ver ni oír los preparativos del mismo, ni al imputado. El quebrantamiento de esta disposición importará falta grave para el responsable de la diligencia.
Se levantará acta en la que consten todas las circunstancias del trámite, así como los nombres, domicilio y demás datos personales de los que hubieren formado la fila. El acta será firmada por todos los intervinientes en la diligencia, debiendo tomarse placas fotográficas de las secuencias del acto principal, las que formarán parte integrante de la misma.
(Texto según Ley 10.358). El que deba ser examinado puede elegir el punto en que quiera colocarse entre los que le acompañan y pedir que se excluya de la reunión a cualquier persona que juzgue sospechosa.
El Juez podrá limitar el uso de ese derecho cuando crea que se obra con malicia.
Cuando fueren varios los que tuvieren que identificar a una persona, el acto deberá practicarse separadamente con cada uno de ellos, sin que puedan comunicarse entre sí hasta que se haya efectuado la última de las diligencias.
A fin de que puedan servir como prueba de identidad, se hará constar con la minuciosidad posible las señas personales del procesado.
El Juez a quien corresponda la instrucción procurará comprobar en el sumario las circunstancias personales del procesado, que puedan tener influencia para determinar su mayor o menor responsabilidad.
(Texto según Ley 10.358). En todos los casos en que a una persona se le impute un delito, el instructor ordenará inmediatamente el examen médico del imputado si tiene motivo para creer que concurren algunas de las circunstancias del artículo 34° inciso 1 o artículo 81° inciso 1 apartado a) e inciso 2 del Código Penal.
La edad del procesado se acreditará por los medios que prescribe la legislación común.
Se procederá a recibir declaración a todas las personas que se creyere que tienen conocimiento del hecho que se relaciona con el delito o sus autores, cómplices o encubridores. Si algún testigo de éstos no fuere examinado, se pondrá constancia de la causa que haya obstado al examen.
(Texto según Ley 10.358). Todo habitante de la Provincia, que no esté impedido, tiene la obligación de concurrir al llamamiento judicial, para prestar declaración como testigo. El Estado Provincial expedirá pasaje oficial si el interesado lo requiere y se hará cargo del salario caído, en los casos que corresponda.
Se exceptúa de lo dispuesto en el artículo anterior:
1- Las personas que no pueden comparecer al Juzgado por enfermedad, edad avanzada o decoro de sexo, en cuyo caso el Juez con su secretario se trasladarán a su domicilio donde se les recibirá la declaración.
2- Los primeros magistrados de la Nación y de la Provincia, los Ministros, Jefe de Policía, los prelados, los individuos del Senado del Clero, los del Congreso Nacional y Cámaras Provinciales, los de los Tribunales superiores, los Jueces, los Jefes militares desde Coronel inclusive y agentes diplomáticos, los cuales prestarán su declaración por medio de informe.
No serán admitidos como testigos:
1- Los eclesiásticos sobre los hechos que les hayan sido revelados en la confesión.
2- Los defensores de un acusado, respecto de lo que les haya sido confiado en esa calidad.
3- Los abogados y procuradores cuando se trate de hechos o circunstancias de que hayan tenido conocimiento por las revelaciones hechas por sus clientes en el ejercicio de su ministerio.
4- Los médicos, farmacéuticos, parteras y toda otra persona sobre los hechos que por razón de su profesión les hayan sido revelados.
5- Las personas que al tiempo de declarar no se encuentren, por razón de su estado físico, moral o mental, en estado de decir la verdad.
No podrán ser llamados ni admitidos como testigos, con la excepción del artículo 79°, párrafo 2, o si fuesen presentados por el procesado en el interés de la defensa, o si lo hicieren espontáneamente, en cuyo caso se les hará presente que sólo pueden hacerlo en ese sentido:
1- El cónyuge del procesado, aun cuando esté legalmente separado.
2- Sus ascendientes o descendientes legítimos o naturales, legalmente reconocidos.
3- Sus hermanos legítimos o naturales reconocidos.
4- Sus afines hasta el segundo grado.
5- Los tutores y pupilos recíprocamente.
(Texto según Ley 10.358). Hasta tres (3) días después de recibida la última declaración testimonial, las partes podrán promover el incidente del artículo 247° de este Código.
El Juez apreciará, según las reglas de la sana crítica, las circunstancias y motivos que corroboren o disminuyan la fuerza probatoria de sus declaraciones en oportunidad de dictar sentencia definitiva.
(Texto según Ley 10.358). La habilidad de un testigo está determinada por su capacidad, probidad, conocimiento del hecho sobre el que depone e imparcialidad.
Salvo decisión debidamente fundada, no podrán ser llamados como testigos los menores de doce (12) años.
Si el testigo no compareciere el día señalado o se negare a declarar sin causa justificada, se observarán las siguientes reglas:
1- En caso que no obedeciere a la primera citación se le hará comparecer por la fuerza pública a la audiencia siguiente.
2- Si se negare a declarar, se le tendrá arrestado por cuarenta y ocho (48) horas, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra por su desobediencia.
(Texto según Ley 10.358). Cada testigo deberá ser examinado separadamente por el Juez en presencia del secretario, bajo pena de nulidad.
Antes de declarar prestará juramento o prometerá decir verdad de todo lo que supiere o le fuere preguntado y será instruido de las penas en que incurren los que se producen con falsedad.
Será además preguntado por su nombre, apellido, estado civil, edad, profesión, domicilio, si es pariente por consanguinidad o afinidad del imputado, la víctima o el particular damnificado; si es amigo íntimo o enemigo de los mismos; si tiene interés directo en la resolución de la causa; y si es dependiente, deudor, acreedor o tiene otro género de relación con el imputado, víctima o particular damnificado.
Si el instructor lo considera conveniente o cuando se trate de personas desconocidas que no sepan escribir o sin domicilio, le tomará las impresiones digitales que se agregarán a los autos. Lo mismo se hará cuando lo pida el acusado. En cada una de las fojas de la declaración se tomará la impresión de uno de los dedos del testigo, en los casos del párrafo anterior.
Terminada cada declaración, permanecerán en el Juzgado hasta que concluya la audiencia, impidiéndose que se comuniquen entre ellos.
En caso de que el testigo sea ciego o no sepa leer ni escribir, el Juez nombrará para que lo acompañe una persona mayor de edad que firmará la declaración después que aquél la hubiese ratificado, bajo pena de nulidad.
Es aplicable a los testigos, en lo pertinente, lo dispuesto respecto a la declaración del inculpado.
Para los casos a que se refiere el artículo anterior, ni para otros semejantes, podrá servir de testigo el que sea dependiente de la secretaría.
Si el objeto presentado fuere algún escrito, será rubricado por el Juez y por el testigo que lo ofreciere, o por el secretario en caso de que el testigo no supiere hacerlo.
En las declaraciones que se presten evacuando citas, no se leerá al testigo la diligencia en que ésta se hubiere hecho constar.
Tampoco se le leerá su declaración cuando se le llame a declarar nuevamente en plenario, si así lo pidiere alguna de las partes.
No se consignará en los autos las declaraciones de testigos que, según el Juez, fueren manifiestamente inconducentes para la comprobación de los hechos objeto del sumario. Tampoco se consignará en cada declaración, las manifestaciones que se hallaren en el mismo caso, pero se designará siempre todo lo que pueda servir de cargo como de descargo al procesado.
Si de la instrucción aparece que algún testigo se ha producido con falsedad, se mantendrá compulsar las piezas conducentes para la averiguación de este delito, y se formará separadamente el debido proceso.
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