Abriendo la norma
Ley provincial 3.650
LEY 3650
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
Créase el “Departamento Provincial del Trabajo”, bajo la dependencia del Ministerio de Gobierno.
El Departamento tendrá a su cargo, además de las obligaciones que tiene actualmente la Oficina de Estadística, a que se refiere la Ley de 5 de octubre de 1888, las siguientes:
a) Preparar la reglamentación del trabajo en la Provincia, investigando, reuniendo, clasificando metódicamente y publicando periódicamente los datos relativos a todas las formas de trabajo en la misma, y en general a la situación industrial, social, escolar y sanitaria de los trabajadores.
b) Organizar y dirigir la inspección y vigilancia del trabajo, velando por el cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas, que se dicten sobre la materia.
c) Mantener una asesoría jurídica para obreros, que auxilie a éstos en sus reclamos por salarios no pagados y demás cuestiones de trabajo, redactándoles escritos, dándoles informes, etcétera.
El Departamento reunirá todos los datos sobre el salario, costo de la vida, accidentes del trabajo, seguros, higiene industrial, trabajo de mujeres y niños, trabajo agrícola, ofertas y demandas de brazos, situación de las familias, huelgas y cierres, trabajo a domicilio, riesgo de trabajo, datos demográficos sobre natalidad y morbilidad, educación y moralidad obrera, asociaciones de socorros mutuos y demás hechos que se refieran a la situación y mejoramiento de la vida obrera. Publicará los datos anteriores en monografías especiales o en un boletín periódico.
Los patrones de las fábricas, los dueños de explotaciones agrícolas y en general todas las personas a que se refiere esta ley, están obligados a suministrar los datos e informes que les sean requeridos por el Departamento, para el desempeño de su cometido.
El que se negare a suministrarlos o los suministrare con falsedad, incurrirá en una multa de cincuenta a cien pesos por la primera vez, y de cien a quinientos pesos en cada reincidencia o en su defecto sufrirá el arresto equivalente, según las disposiciones del Código Penal.
Si se tratase de empleados provinciales, podrá imponérseles una suspensión hasta de quince días sin goce de sueldo y el doble en caso de reincidencia.
El Departamento del Trabajo queda autorizado para requerir datos y utilizar las funciones de los diversos organismos administrativos de la Provincia, que dependan directa o indirectamente del Poder Ejecutivo. En lo que respecta a las municipalidades, el Poder Ejecutivo gestionará que ellas le presten todo el concurso posible.
El Departamento establecerá un servicio de inspección y vigilancia directa y permanente, en todos los establecimientos afectados a esta ley, a los efectos de obtener el cumplimiento de ella y las demás leyes obreras que la Legislatura de la Provincia o el Congreso Nacional dicten independientemente de este servicio directo, el Departamento del Trabajo podrá cometer a los organismos administrativos, directa o indirectamente, dependientes del Poder Ejecutivo, funciones de inspección y vigilancia. Por el consentimiento de las Municipalidades, estas funciones podrán igualmente ser delegadas a las mismas.
Los inspectores de trabajo, debidamente autorizados, tienen derecho a penetrar en los locales, donde se ejerza una industria o comercio, durante las horas destinadas al trabajo.
La negación del patrón importará una infracción a esta ley, que se penará con una multa de cien a quinientos pesos, sin perjuicio de procederse al allanamiento, previa orden requerida por el director del Departamento.
El Departamento no podrá comunicar ni publicar, sin el consentimiento del interesado, los nombres de las personas, empresas o sociedades a que se refieren los datos e informes. Todo empleado o agente debe abstenerse de revelar los secretos industriales o comerciales de que hubiera tenido conocimiento en razón de su cargo.
Las penas a que se refieren los artículos 4º y 7º serán aplicadas por el Departamento del Trabajo, con apelación ante la justicia del crimen. En la interposición del recurso y la tramitación de éste, se aplicarán las disposiciones de los artículos 437, 438 y 439 del Código de Procedimiento Penal.
Los gastos que demande el cumplimiento de esta ley mientras no se incluyan en el presupuesto general de la Administración, los ordenará el Poder Ejecutivo de rentas generales, con imputación a la misma, hasta la suma de diez mil pesos moneda nacional, para lo cual se declara de urgencia la derogación.
El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley.
Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fin del texto
Sin tarjeta de crédito. Conectá tu sistema judicial y hacele tu primera consulta a la IA.
El equipo de Veredicta te responde por WhatsApp o por correo.