Abriendo la norma
Ley provincial 4.007
Ensanche del ejido de capitan sarmiento partido de bartolome mitre.
LEY 4007
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
Declárase ejido del pueblo de Capitán Sarmiento, en jurisdicción del partido de Bartolomé Mitre, la extensión comprendida dentro de los siguientes linderos:
Al nordeste con las propiedades de T. E. Dowling, Jenet, A. T. Earnshaw, Francisco Scabini, Carlos Gradín, Antonio y Francisco Reigosa y Santiago Delaney.
Al sudeste con las propiedades de Rosa Dogherty, Anita Egan, Brígida B. de Egan, Juan Manzini, María V. de Manzini, Juan Bozzini, Santos Celotto, Luís Remuzzi, Julio L. Peyret y Mary Beyrin.
Al sudoeste con las propiedades de Santamarina en el partido de Carmen de Areco y Elías Romero y Sucesión de Juan Duggan, en el partido de San Antonio de Areco.
Al noroeste con las propiedades de E. G. Duggan, V. Lado, Sociedad Anónima “Estancias Juan Duggan”, Abraham Ferrario, J. D. Spinetta, Ernestina Urioste de Bullrich hasta encontrar el límite Noroeste.
El plano del ejido se levantará conformándose a la traza ya existente, en manzanas, quintas y chacras, declarándose de propiedad pública las calles existentes y de utilidad pública las que en el futuro fueren necesarias.
Autorízase al Poder Ejecutivo a expropiar los terrenos necesarios para el ensanche del ejido actual del pueblo de Capitán Sarmiento.
A los efectos del artículo anterior considéranse indispensable la expropiación de los terrenos siguientes:
227.11.94 hectáreas a José Ramón Apaolaza.
454.40.94 hectáreas a Carmen Z. de Apaolaza.
281.57.43 hectáreas a Carmen Z. de Apaolaza.
843.70.00 hectáreas a Elvira Urioste de Gómez Molina.
202.48.80 hectáreas a Abraham Ferrario.
84.47.00 hectáreas a Salvador Armiretti.
84.37.00 hectáreas a Antonio Santamarina y una franja frente a la estación de ferrocarril de 20 metros de ancho, que partiendo de la calle Leandro N. Alem llegue hasta la calle Roque Sáenz Peña, como asimismo las chacras de propiedad de Carmen Z. de Apaolaza, que quedan en el límite sur del actual ejido, de una superficie de más o menos 162 hectáreas, 43 áreas.
Para verificar la expropiación el Poder Ejecutivo queda facultado para hacer uso del crédito al que afectará las mismas tierras expropiadas o imputará la ley de 28 de noviembre de 1922, artículo 5, inciso f).
Cuando el Estado haya tomado posesión de la tierra, la dividirá en chacras de 10 y 20 hectáreas, debiendo previamente dejar reservas destinadas a usos públicos y procederá a la venta en subasta pública de acuerdo con las siguientes condiciones:
a) Las tierras serán sacadas a la venta con la base de lo que hubieran costado, más los gastos que se hubieren ocasionado en concepto de pago por expropiación, mensura e intereses que se hubieran abonado por el uso del crédito.
b) Ningún comprador podrá obtener más de dos lotes y en ningún caso, más de veinte hectáreas.
c) Toda chacra deberá ser poblada y trabajada dentro de los dos años de adquirida, bajo pena de nulidad de la venta.
d) El pago se efectuará en nueve cuotas, a saber: la primera equivalente al 20 por ciento al contado y el 80 por ciento restante en ocho cuotas anuales del 10 por ciento cada una con más el interés que no excederá del seis y medio por ciento anual que se pagará por semestres anticipados. El remate será realizado por la Dirección de Tierras.
El producto líquido que resultare de la venta de las tierras, una vez que el Poder Ejecutivo se haya reintegrado los gastos originados por la presente ley, será entregado a la Municipalidad del partido para que sea empleado en el mejoramiento de los caminos.
El Poder Ejecutivo reservará una extensión de 15 hectáreas para la instalación de un matadero.
Las escrituras serán otorgadas por intermedio de escribanos de la localidad, designados por los compradores.
Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley, que se declaran de urgencia, se pagarán de Rentas Generales, con imputación a la misma.
Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fin del texto
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