Abriendo la norma
Ley provincial 4.130 · 1933
LEY 4130
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE
LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
La Dirección General
de Rentas,
la Dirección
de Obras Sanitarias,
la Dirección
de Desagües y las Municipalidades, procederán al apremio de los deudores morosos o infractores a las leyes de impuestos o contribuciones y ordenanzas de tasa, siguiéndose el procedimiento ejecutivo en cuanto no esté modificado por la presente ley.
Si fuesen varios los bienes pertenecientes a una misma persona, la deuda podrá acumularse en una sola ejecución y ésta promoverse ante el Juez del domicilio del ejecutado respecto de cualquiera de los bienes y cualquiera sea su valor.
Si no se conociese en forma indudable el domicilio del ejecutado, será considerado su domicilio el inmueble o negocio de que aquél es dueño y cuyos impuestos, contribuciones o tasas se ejecutaren siempre que el inmueble o negocio se encuentre habitado.
Cuando fuere terreno baldío o la persona del dueño sea desconocida o desaparecida, se citará al ejecutado o al que resulte ser propietario por edictos que se publicarán durante cinco días individualizando el inmueble o negocio con la mayor precisión posible y determinando el concepto de la deuda que se ejecuta. Si vencido dicho término no compareciere, se le nombrará defensor al de ausentes de la jurisdicción a que corresponda el juicio y con él se entenderán los trámites.
Esos edictos, como los de remate o de otra naturaleza, se publicarán en el Boletín Oficial, y en un diario o periódico de la localidad, si lo hubiere, quedando autorizado el actor para requerir esas publicaciones sin el previo pago, el cual se verificará a la terminación del juicio y será exigido al contribuyente.
Será título ejecutivo para el apremio, la planilla o liquidación de deuda expedida por los funcionarios u oficinas debidamente autorizadas para hacerlo acompañada de un escrito iniciando el juicio.
Presentado el escrito de iniciación y examinado el instrumento por el Juez, si éste lo encontrase en forma, citará de remate al deudor por el término de tres días, para que oponga excepciones.
Si dentro de ese término abonare la suma reclamada, no deberá otro gasto que las diligencias del Alguacil, las reposiciones del sellado, el Impuesto de Justicia y la publicación de edictos si la hubiere.
En el auto en que se cite de remate al deudor, se le intimará constituya domicilio dentro del radio de dos kilómetros del asiento del Juzgado, bajo apercibimiento de seguirse el juicio en su rebeldía y notificársele las sucesivas providencias por simple nota, en los días que para ese efecto haya designado el Juzgado.
Las sentencias de trance y remate, cuando no se hubieran opuesto excepciones, serán inapelables. Su notificación, si el ejecutado no hubiera constituido domicilio, se le hará por cédula en el que se le conociere o en el bien, y cuando esto no fuera posible por intervenir alguna de las circunstancias del artículo 4, bastará que la notificación de la sentencia se realice personalmente o por cédula al señor Defensor de Ausentes.
Las únicas excepciones admisibles serán:
a) Falta de personería en el demandado.
b) Litis pendencia.
c) Falsedad de título por sus formas extrínsecas.
d) Prescripción de diez años.
e) Pago total o parcial.
La prueba de esta última excepción deberá acompañarse con el escrito en que se deduzca y consistir exclusivamente en los recibos de pagos expedidos por los funcionarios autorizados al efecto o en instrumentos públicos o en actuaciones judiciales ya sean originales o debidamente autenticados. La prueba de las demás excepciones deberá ofrecerse con el escrito en que se opongan. No procediéndose así, se desechará sin más trámite la excepción o excepciones y se dictará la sentencia de remate.
Cuando los alquileres bastasen, en un término que no exceda de seis meses, para cubrir el monto de la ejecución, podrá procederse a su embargo, o en su defecto, aún conociéndosele bienes al ejecutado, a trabar en contra de éste inhibición general.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, podrá obtenerse directamente el embargo de bienes del ejecutado y perseguirse su venta. Si fuese posible la subdivisión, tratándose de inmuebles, la venta se limitará a la parte que el actor considere suficiente para el pago de lo ejecutado, gastos y costas, siendo facultativo del mismo actor la elección de esa parte, que podrá requerir, si lo estima necesario, sea previamente ubicada, medida, deslindada y amojonada por un agrimensor.
En tal caso, servirá de base el ochenta por ciento de la parte proporcional de valuación que señale
la Dirección General
de Rentas.
En el cargo de perito agrimensor para efectuar la subdivisión del inmueble, como de rematador en el caso de venta del bien o bienes, se designará por la autoridad judicial a la persona que sea propuesta por el representante del actor, pudiendo sólo ser recuperada con causa hasta tres días después de notificado el nombramiento por nota del Secretario, siendo causas legales de recusación las mismas establecidas para los peritos y los jueces.
A tal fin,
la Dirección General
de Rentas formará una lista de agrimensores y martilleros patentados y fijará su número, siendo a cargo exclusivo de éstos realizar los gastos que exija el cumplimiento de su cometido sin que puedan en ningún caso pedir anticipos de fondos en concepto de gastos u honorarios.
La Dirección General
, por intermedio de
la Oficina
de Asuntos Legales, indicará en cada caso y por sorteo a la persona que deba proponerse de la expresada lista.
Si el interesado no aceptare el cargo, sin causa justificada, se lo excluirá de la lista respectiva.
Cuando no pudiera obtenerse el título de propiedad ni un segundo testimonio del mismo, previo informe del Registro de
la Propiedad
y de
la Dirección General
de Rentas,
la Dirección
de Tierras y Geodesia procederá a formalizar las bases del título.
Del importe de la venta de los inmuebles o de bienes de otra naturaleza, el Juez ordenará que la suma necesaria para el pago al Fisco de lo ejecutado y de los gastos y costas, sea transferida a la orden de
la Dirección General
de Rentas, con especificación de lo que corresponda por estos dos últimos conceptos. El saldo permanecerá depositado a la orden del Juzgado y a disposición de quien corresponda.
Los Jueces no admitirán, en caso alguno, el desistimiento del juicio, sin previa comprobación de haberse depositado o pagado el importe de la ejecución y gastos causídicos, salvo en aquellos casos en que así se le ordenare al representante del Fisco por intermedio de
la Oficina
de Asuntos Legales de
la Dirección General
de Rentas.
Todas las notificaciones o diligencias que deban practicarse en los juicios seguidos ante
la Justicia
de Paz, como las que a éstos se encomienden por oficios que se libren en los juicios tramitados ante
la Justicia
de Primera Instancia, podrán practicarse por intermedio de alguaciles especiales que designará
la Dirección General
de Rentas.
Bastará que el Procurador Fiscal que intervenga en el asunto, o el Valuador del partido en que tenga que realizarse la diligencia o un Inspector ad hoc de
la Oficina
de Asuntos Legales, indique por escrito a la autoridad judicial de menor cuantía aun cuando obre por delegación de la de Primera Instancia, si ésta misma no se lo hiciera saber en el oficio quien es la persona del Alguacil en cada caso, para que el señor Alcalde o Juez de Paz lo tenga por nombrado y pueda sin más requisitos llenar su cometido.
Los Jueces de Paz o Alcaldes, en ningún caso, podrán demorar más de quince días el diligenciamiento de los oficios librados por los Jueces de Primera Instancia en los juicios de apremio, ni el despacho, durante el mismo tiempo, de los juicios que se sigan ante su jurisdicción, bajo apercibimiento de incurrir en falta grave.
Los Valuadores, Inspectores ad hoc o el Procurador, quedan facultados para formular ante
la Justicia
de Paz cualquier petición tendiente a obtener el diligenciamiento en forma de los Oficios de Primera Instancia.
Los Alguaciles especiales tendrán como retribución, el importe de la diligencia que practiquen conforme al arancel vigente, dictado en acuerdo extraordinario por
la Suprema Corte
de Justicia el 25 de julio de 1891, siendo ese derecho arancelario el único a cargo de los ejecutados por diligencias de Oficiales de Justicia titulares de los Juzgados de Paz o Alcaldías o de los especiales a que se refiere esta ley.
Los Alguaciles especiales tendrán derecho, además, a percibir del Fisco un porcentaje del 3 por ciento sobre las multas que ingresen provenientes de los juicios en que hayan intervenido. El máximo de esta retribución, en cada juicio, no podrá exceder de cincuenta pesos.
Tanto los Alguaciles titulares como los especiales, al pie de toda diligencia que practiquen, deberán dejar constancia de la distancia recorrida y costo de la diligencia, en cada caso sin excepción, bajo apercibimiento de pérdida de sus derechos arancelarios. No podrán hacerlos efectivos antes del cobro al contribuyente deudor, ni aún gastos de movilidad, salvo los Oficiales de Justicia titulares en los casos en que, practicada la diligencia, se llegare a la comprobación de que se trata de una deuda o propiedad ficticia o que el ejecutado resulte insolvente, en cuyos casos deberá serle abonada por el actor
Los Alguaciles, ya sean especiales, nombrados por
la Dirección General
de Rentas o titulares de los Juzgados de Paz o Alcaldías, en ningún caso podrán negarse a efectuar la diligencia que se le encomiende ni demorarla más de diez días. Si ello ocurriere, será suficiente causal para que los primeros sean directamente separados de sus cargos por
la Dirección General
de Rentas y para que los últimos sean suspendidos por un mes en sus funciones y exonerados en caso de reincidencia, debiendo para esto elevarse la correspondiente denuncia a
la Suprema Corte
de Justicia.
El Procurador o Valuador Fiscal, que se comprobare hubieren percibido derechos arancelarios de Alguacil y no los satisfaciere a este dentro del término máximo de quince días, como así el Valuador que hubiere sido autorizado para percibir honorarios y gastos y no los abonare a quien correspondan o no los girare a
la Dirección General
de Rentas dentro de igual término, incurrirá también en falta grave, debiendo ser la primera vez suspendido por el término de un mes y la segunda separado de sus funciones. Lo mismo se procederá cuando el Procurador, Valuador o Alguacil realizare el cobro de honorarios sin que le asista derecho alguno, y en estos casos se procederá además a la devolución inmediata de lo percibido indebidamente, que, de no hacerse, motivará su destitución con prohibición de reingresar a
la Administración Pública.
El actor no está obligado a dar fianza en el caso de los artículos 512 y 534 del Código de Procedimiento, y los embargos e inhibiciones que soliciten sus representantes en los juicios de apremio, deberá decretarse sin exigirse la caución a que se refieren los artículos 453 y 474 de dicho Código.
Los letrados, procuradores o valuadores, no tendrán en ningún caso derecho a cobrar suma alguna al Fisco, aun cuando se le ordene la suspensión o desistimiento del juicio.
La fijación de los honorarios por vía de estimación, cuando no exista regulación judicial, será practicada por el Jefe de
la Oficina
de Asuntos Legales, en la siguiente proporción: en los juicios hasta 500 pesos moneda nacional, el 15 por ciento como máximo; en los juicios por mayor cantidad a la indicada, no excederán del 10 por ciento.
Si los interesados no estuviesen conformes con la fijación que se haga por el Jefe de
la Oficina
de Asuntos Legales, previa reclamación escrita, con informe de éste en cada caso acerca de la importancia del asunto, cantidad de los trabajos, utilidad de éstos y duración del juicio, y prescindiendo entonces de aquella fijación, se efectuará por
la Dirección General
de Rentas, con apelación ante el Ministerio de Hacienda.
Para la liquidación del porcentaje que les acuerda la ley de Presupuesto a los Directores Letrados, Procuradores, Alguaciles y demás empleados encargados de la ejecución, es indispensable:
a) Que hayan ingresado las multas a Tesorería General.
b) Que no exista reclamo por devolución.
c) Que no se haya iniciado juicio contra el Fisco, por repetición de lo pagado.
d) Que no se haya hecho el pago bajo protesta, en cuyo caso se abonará los porcentajes, previa fianza a satisfacción del Poder Ejecutivo.
Si después de liquidado y pagado un porcentaje, el Poder Ejecutivo fuera condenado en juicio a devolver la multa al contribuyente el importe de aquél se descontará de la primera liquidación que se haga a favor del que lo hubiera recibido.
La Dirección General
de Rentas podrá acordar a los deudores morosos plazos y cuotas para el pago de los atrasos y multas en las condiciones siguientes:
a) Reconocimiento previo de la multa.
b) Pago en el acto de los gastos causídicos.
Las facilidades acordadas por el artículo anterior quedarán sin efecto sin más trámite si el contribuyente se propusiese contratar con respecto a la propiedad motivo del plazo quedando obligado a satisfacer íntegramente su deuda.
Los plazos a que se refiere el artículo 34 no podrán exceder del término de seis meses,
La Dirección General
de Rentas no podrá renovar el plazo si no se amortiza como mínimo, un 25 por ciento de la deuda.
Los representantes del Fisco actuarán en papel simple, y el impuesto profesional que deben satisfacer los Letrados y Procuradores, se abonará a la terminación de los juicios en el acto de hacerse las reposiciones de sellos e Impuestos de Justicia.
La ejecución de la deuda atrasada, que por su monto corresponde a
la Justicia
de Paz, se hará por los respectivos Valuadores o Procuradores que para cada partido designare
la Dirección General
de Rentas, cuando lo creyera de mayor conveniencia:
Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fin del texto
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