Abriendo la norma
Ley provincial 4.552 · 1937
Reintegración de costas en los juicios criminales.-.
LEY 4552
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE
LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
En todo proceso criminal será competente, para entender en la ejecución de las costas, el mismo juez de la causa.
A los efectos de la ejecución de las costas, los instructores y demás funcionarios o empleados que intervengan, harán constar en cada diligencia onerosa al Fisco, cuál es su importe y vigilarán porque sea oportunamente reintegrado.
También deberán investigar los Instructores y hacer constar cuáles son los medios de vida y los recursos de las personas que pudieran ser condenadas a reintegrar las costas.
Toda vez que haya motivo para dictar auto de prisión preventiva, el Juez ordenará en el mismo trabar embargos preventivos sobre los bienes de la persona afectada por dicho auto, en cantidad que se considere suficiente para responder al pago de las costas y gastos del proceso y para indemnizar a los damnificados, si éstos lo pidieren, y lo comunicará inmediatamente al Registro de
la Propiedad. A
falta de bienes podrá decretarse la inhibición general del procesado.
Dicho embargo y, en su defecto, la inhibición preventiva, se regirán por las normas del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial. De su resultado se notificará al Fiscal que intervenga en la causa, quien podrá pedir las ampliaciones y demás medidas de seguridad que estime convenientes.
En los delitos cometidos por los conductores de vehículos, serán éstos embargados inmediatamente por el Instructor y no se podrá nombrar depositarios de dichos vehículos a los mismos individuos cuya responsabilidad se investiga, salvo que sean los propietarios y acrediten su responsabilidad por las costas del juicio.
Una vez determinado el monto definitivo de las costas y los gastos causídicos, mediante certificado del actuario, en el que se hayan sumado las fojas a reponer, gastos de telégrafo nacional y de empresas particulares y pasajes; el Juez de oficio, librará mandamiento de intimación y embargo contra el deudor y de sus resultados dará conocimiento al Fiscal de la causa para que prosiga la ejecución en la forma prescripta por las leyes de procedimiento en lo Civil y Comercial. Las únicas excepciones admisibles serán las de pago, remisión y prescripción.
Los fiscales llevarán un registro de las causas donde haya sumas a cobrar, de acuerdo con las instrucciones y bajo el control del Procurador General de
la Suprema Corte
de Justicia.
Las ejecuciones de las costas podrán delegarse con asentimiento del Procurador General, en
la Dirección General
de Rentas de
la Provincia
, la cual designará los funcionarios encargados del apremio. Estos cobrarán como retribución una cuota parte de sus cobranzas efectivas de acuerdo con el arancel que fije el Poder Ejecutivo.
Ningún fiscal ni cobrador de costas podrá hacer desistimientos, remisiones de deudas ni renuncia de derechos que afecten al Fisco, sin autorización expresa del Procurador General de
la Suprema Corte.
Los fondos líquidos que ingresen con motivo de la aplicación de esta ley, se distribuirán, en la proporción que corresponda, para refuerzo de las partidas a las cuales se hubiere imputado el gasto anticipado.
Comuníquese al Poder Ejecutivo
Fin del texto
Sin tarjeta de crédito. Conectá tu sistema judicial y hacele tu primera consulta a la IA.
El equipo de Veredicta te responde por WhatsApp o por correo.