Abriendo la norma
Ley provincial 4.709 · 1938
Sobre deudores del impuesto inmobiliario.(1937-Deudas-cuotas-multas).
LEY 4709
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE
LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES,
SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
Dentro del plazo de noventa días a partir de la fecha de promulgación de la presente Ley, los deudores de impuesto inmobiliario de años atrasados, que hayan celebrado arreglos con el Fisco para la amortización de la deuda en cuotas y que cancelen dicha deuda, tendrán derecho a una quita del 20 %, que se liquidará sobre el saldo adeudado por impuesto. Las multas se liquidarán en todos los casos ajustándolas al 5 % del referido saldo y con prescindencia de cualquier convenio anterior. Sobre las multas así reajustadas se practicará el mismo descuento del 20 %. Quedan condonados los intereses de Ley.
Juntamente con la deuda que se cancele deberán hacerse efectivos los gastos causídicos producidos por ejecución, practicándose también sobre su monto una quita del 20 %.
La misma quita del 20 % se efectuará sobre las deudas pendientes por otros impuestos en atraso, incluso la contribución de obras sanitarias, cuando el deudor proceda a su pago total en el plazo señalado por la presente Ley. Exceptúanse de los beneficios de esta Ley los impuestos a
la Transmisión Gratuita
de Bienes y Papel Sellado.
Sobre las sumas adeudadas que arrojen los padrones fiscales se acumulará una multa equivalente al 10 % que con el monto de la deuda será el total del débito liquidable por ambos conceptos a los efectos del descuento, condonándose íntegramente los intereses. Los gastos de ejecución serán satisfechos en la proporción a que se refiere el artículo anterior.
El Poder Ejecutivo reducirá en un 5 % el importe de la segunda cuota del Impuesto Inmobiliario del año en curso para los que procedan a su pago en el plazo normal de percepción. Los contribuyentes que hayan pagado la totalidad del impuesto a la fecha de la promulgación de esta Ley, tendrán derecho a la devolución del referido 5 % sobre el importe de la segunda cuota.
El Poder Ejecutivo podrá prorrogar los plazos de la presente Ley por un término que no exceda al 31 de diciembre del año en curso, si las circunstancias demostraran su conveniencia.
Los gastos de publicidad y cualquier otro que demande la aplicación y cumplimiento de la presente Ley, se imputará a Rentas Generales con cargo a la misma, a cuyo efecto declárase de urgencia.
Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fin del texto
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