Abriendo la norma
Ley provincial 7.616 · 1970
DEROGADO POR LEY 10081
DECRETO LEY 7616/1970
Texto Actualizado con las modificaciones introducidas por las Leyes 9602, 9544, 8807 y 8753.
NOTA: Ver Ley 9416 , ref : adjudica lotes- art. 72 de la presente.
La Plata
, 10 de julio de 1970.
VISTO la autorización del Gobierno Nacional, concedida por Decreto 5713/969, y en ejercicio de las facultades legislativas que le confiere el artículo 9º del Estatuto de
la Revolución
Argentina
,
EL GOBERNADOR DE
LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES,
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE
LEY
CÓDIGO RURAL
Apruébase el Código Rural de
la Provincia
de Buenos Aires , cuyo texto se acompaña como Anexo I y se declara formando parte integrante de la presente ley .
Cúmplase, comuníquese, publíquese, dése al Registro y “Boletín Oficial” y archívese.
TEXTO DEL CÓDIGO
TÍTULO PRELIMINAR
Artículo 1.- Este código regula los hechos, actos y bienes de la actividad rural de la provincia de Buenos Aires, en materias que
la Constitución Nacional
atribuye a su jurisdicción.
Artículo 2.- A los efectos de este código se entiende por establecimiento rural todo inmueble que, estando situado fuera de los ejidos de las ciu dades o pueblos de
la Provincia
, se destine a la cría, mejora o engorde del ganado, actividades de granja o cultivo de la tierra, a la avicultura u otras crianzas, fomento o aprove chamiento semejante.
También se entiende por establecimien to rural y sometidos a las disposiciones de este código, toda otra forma de explotación derivada directa o indirectamente de la actividad rural, esté ubicado o no dentro de los ejidos urbanos y tenga o no domicilio rural.
El Poder Ejecutivo queda facultado para reglamentar el manejo y tenencia de colonias de abejas y otras especies animales y vegetales, estableciendo las limitaciones administrativas al ejercicio de tales actividades.
Cuando este código, en cualquiera de sus disposiciones, se refiere a las obligaciones y derechos del propietario, se entenderá comprendido al poseedor, arrendatario, aparcero o tenedor por cualquier título del predio, salvo que el texto establezca excepciones o discriminaciones.
El presente código reconoce la propiedad intelectual de nuevas variedades de plantas o de razas de animales con valor económico creadas en el territorio de
la Provincia. El
Poder Ejecutivo está facultado para establecer un registro al efecto.
Las violaciones a las normas del presente código que no tengan prevista pena especial, serán castigadas con las sanciones que determine
la Ley
Rural
de Faltas.
El Poder Ejecutivo queda facultado para propiciar y difundir la enseñanza técnica y realizar la asistencia educativa, específicas a la comunidad rural, tendiente a elevar los niveles de vida y de producción y el mejor uso de los recursos naturales, en el modo y forma que la reglamentación establezca.
LIBRO PRIMERO
DEL SUELO
SECCIÓN PRIMERA
LA PROPIEDAD RURAL
Todo propietario de un inmueble clasificado como establecimiento rural está obligado a tenerlo deslindado y amojonado.
El Poder Ejecutivo queda facultado para reglamentar:
a) El modo y la distancia a que deberán colocarse los mojones.
b) Material con que se confeccionarán los mojones y sus condiciones exteriores.
c) Las excepciones al artículo anterior.
El deslinde y amojonamiento podrá hacerse judicial o extrajudicialmente. En este último caso se hará por escritura pública sus cripta por los colindantes.
La remoción y reposición de mojones se hará con la intervención del organismo competente y citación de los colindantes. De la operación se levantará un acta y se entregará una copia a los interesados que la soliciten, archivando el original en su poder.
Esta disposición no rige para los casos de mensura judicial.
El propietario que encuentre removido uno o más mojones podrá requerir que se practique una inspección ocular con la presencia de dos testigos. Cumplida la diligencia se labrará un acta, entregándose una copia al propietario, a los efectos de la reposición.
Quien no diere cumplimiento a las disposiciones de deslinde sin causa justificada, será sancionado con una multa, sin perjuicio de ser emplazado para que realice los trabajos bajo apercibimiento de ser efectuados a su costa.
El que removiere o reemplazare mojones sin observar lo dispuesto en el artículo 12 será penado con multa.
CAPÍTULO II
Cercos
Todo establecimiento rural deberá cercarse por su límite y frente a caminos públicos, siempre que el gasto del cerco no sea superior al 10% de la valuación fiscal del inmueble.
El Poder Ejecutivo determinará el plazo dentro del cual deberá cumplirse la obligación de cercar, en las diferentes zonas de
la Provincia
, el material a emplearse y tipos de tranqueras.
En caso de incumplimiento y sin perjuicio de la multa que corresponda al contraventor, el organismo competente intimará la realización de la obra dentro de un término no mayor de seis meses bajo apercibimiento de hacerla por cuenta del obligado.
El valor de lo invertido por la autoridad será abonado por los propietarios en cuyo beneficio se construyó el cerco, debiendo perseguirse su cobro, en caso necesario, por la vía de apremio.
Es obligación de los colindantes mantener los cercos divisorios en buen estado y repararlos en caso de deterioro o destrucción. Los gastos emergentes serán soportados en la proporción lineal en que se aproveche el cerco de que se trata salvo dolo o culpa imputable a alguno de ellos o de los que estén a su servicio.
Los trabajos de mantenimiento y reparación de los cercos divisorios podrán ser realizados por cualquier colindante, previo aviso formal a los demás.
El propietario que cerque su establecimiento rural deberá respetar las servidumbres que tenga constituidas a favor de los otros predios y efectuar el trabajo de manera que no perjudique el tránsito público y el desagüe natural de los terrenos.
Queda prohibido construir corrales sobre cercos divisorios o realizar sobre las mismos obras que los perjudiquen.
Los propietarios de inmuebles rurales colindantes están obligados al pago de la me dianera al propietario colindante que construya o tenga construido un cerco que contribuya a cerrar su propiedad, determinándose la cantidad a pagar por cada lindero en función de la extensión lineal de que se aproveche.
No se podrá reclamar la concurrencia al pago del cerco divisorio cuando éste no reúna las condiciones mínimas de seguridad y duración que establezca por reglamentación el Poder Ejecutivo, ni por un costo superior al de un cerco usual, aunque el vecino lo haya hecho construir a mayor costo.
Los cercos construidos dentro de las zonas expropiadas para caminos públicos podrán ser retirados por
la Provincia
o las municipalidades, haciendo a su costa los cercos y pagando solo la indemnización que corresponda por el terreno desalojado y por las construcciones que existieren en él.
CAPÍTULO III
Caminos públicos
Los propietarios de un fundo rural están obligados a permitir:
Que se depositen transitoriamente sobre sus propiedades por el plazo que el organismo competente determine, las tierras u otros materiales provenientes de la construcción, reparación o limpieza de los caminos, prefiriendo dentro de cada predio los sitios próximos al camino indicados por los mismos propietarios. Los materiales arrojados deberán colocarse de manera que no dejen desperfectos en el natural declive de los terrenos de dominio privado.
El acarreo de los materiales destinados exclusivamente a la construcción o conservación de los caminos públicos, por los puntos menos perjudicables al predio.
La ocupación temporaria de los terrenos para depósito de los materiales, herramientas, maquinarias u otros objetos, así como el establecimiento de carpas u otros tipos de viviendas provisionales en cuanto sean necesarios para el estudio, construcción y conservación de los caminos y por el tiempo absolutamente indispensable para esos trabajos, debiendo imponerse la obligación en condiciones que molesten menos a los propietarios.
El pastoreo de los animales utilizados en los vehículos o maquinarias en las condiciones del inciso anterior. Esta obligación solo podrá imponerse en campos de pastoreo naturales y no cultivados y el pago del pastoreo se abonará de acuerdo con el precio vigente en la zona.
La extracción de toda clase de materiales expropiados para la construcción y reparación de los caminos próximos a ellos. La extracción se verificará tratando de perjudicar lo menos posible al propietario y en cuanto sea racional, dejando el terreno en condiciones de nivel o declive semejantes a aquellas en que se hallaba antes de la misma.
Están exentos de las obligaciones a que se refiere el artículo anterior, las casas, patios, corrales, huertas, jardines y otros sitios similares.
La Provincia
deberá restituir los terrenos y las cosas al estado en que se encontraban antes de las situaciones previstas por el artículo 26.
Cuando
la Provincia
no restituyere las cosas al estado anterior, el propietario podrá reclamar indemnización por los perjuicios que le irroguen las obligaciones que le impone el artículo 26.
Las obligaciones mencionadas en el artículo 26 solo podrán exigirse previo aviso al propietario con un plazo no menor a cinco días hábiles. La notificación deberá acompañarse de la pertinente resolución del organismo competente.
Todos los caminos de
la Provincia
son públicos, salvo que comiencen y terminen dentro de una misma heredad. No obstante, un camino será considerado público si de hecho ha estado pública o notoriamente entregado al uso común. Cuando para poder tener acceso a un camino público sea imprescindible utilizar un camino privado, los propietarios de los fundos respectivos están obligados a permitir el paso.
Es obligación de los propietarios mantener en buen estado de conservación los accesos de sus fundos a los caminos públicos.
Queda absolutamente prohibido a los particulares realizar cualquier tipo de obra, construcción o instalación que de algún modo dañe, cierre, obstruya o desvíe en forma directa o indirecta un camino público o el tránsito público.
A pesar de lo dispuesto en el artículo anterior, podrán realizarse obras, construcciones o instalaciones que de algún modo se relacionen con un camino público, con expresa autorización del organismo competente. Este solo la otorgará si la obra, construcción o instalación beneficia al camino y al tránsito, garantiza la seguridad pública, no obstaculiza la conservación del camino y encuadra en las disposiciones legales reglamentarias.
Las obras, construcciones o instalaciones efectuadas en violación de lo dispuesto en los dos artículos anteriores serán destruidas por la autoridad por cuenta del contraventor, en cualquier tiempo, si luego de la intimación formulada no restituye las cosas al estado anterior, en el plazo que se le indique, el que no podrá exceder de 30 días; todo sin perjuicio de la pena que pudiera corresponderle.
En los caminos públicos el Poder Ejecutivo reglamentará las condiciones especiales y los casos en que se podrán permitir los accesos de otros caminos, calles, propiedades linderas, en forma tal que se contemplen preferentemente la seguridad y comodidad del tránsito.
Esta reglamentación tendrá en cuenta también las restricciones que al uso de la propiedad privada deban imponerse para obtener:
Visibilidad amplia.
Condiciones del tipo de edificación e instalaciones.
Conservación de bellezas naturales.
Creación y mantenimiento de arboledas.
Los propietarios y concesionarios de acequias y canales que atraviesan un camino público, deberán construir puentes o acueductos, con permiso previo del organismo competente.
El Poder Ejecutivo determinará por vía de reglamentación la distancia mínima a la que podrá edificarse en los inmuebles con frente a caminos públicos.
Queda prohibido a los propietarios colindantes efectuar trabajos u obras que tengan por resultado desviar artificialmente hacia el camino las aguas pluviales o las de acequias y canales o impedir la recepción de las aguas que provengan del camino.
Los propietarios que donaren al Estado fracciones de tierra con destino a la apertura, construcción, rectificación o ensanche de caminos, quedarán exentos del pago de la contribución de mejoras hasta la concurrencia del valor de lo donado.
Los propietarios que planten árboles de sombra en los costados del camino, tendrán derecho a compensar la contribución de mejoras hasta un valor equivalente al doble del costo de las plantaciones, a partir del segundo año de la plantación.
El organismo competente puede autorizar la construcción de caminos públicos para unir localidades o fundos rurales a pedido de los particulares, siempre que éstos donen los terrenos por donde pasarán.
Todo profesional con título habilitante que autorice planos de inmuebles rurales está obligado en todos los casos a configurar en los mismos y a mencionar en la respectiva memoria descriptiva que presente, los caminos públicos existentes dentro de la propiedad o en sus límites. Las oficinas técnicas no aconsejarán la aprobación de los planos que no llenen estos requisitos.
El organismo competente ejercerá el contralor de la subdivisión de inmuebles rurales destinados a la explotación agropecuaria, asegurando que los lotes resultantes no estén por debajo de las superficies mínimas que el Poder Ejecutivo determine mediante reglamentación, como constitutivas de la unidad económica de explotación. La determinación de las superficies constitutivas de la unidad económica, deberá efectuarse teniendo en cuenta las características de la zona, la calidad de la tierra, el tipo de cultivo y la existencia o falta de riego, estableciéndose su extensión de modo de permitir una explotación próspera.
A los efectos del artículo anterior toda subdivisión de inmuebles que se realice, con destino a la actividad agropecuaria, deberá ser aprobada por el organismo competente, sin cuyo requisito previo no procederán las inscripciones correspondientes en las dependencias provinciales ni su protocolización en los registros notariales. Los titulares del dominio que deseen obtener la aprobación a que se refiere este artículo, deberán acompañar al plano que proponen un estudio agroeconómico demostrativo de la conveniencia de la subdivisión suscripto por profesional matriculado especializado.
El organismo competente elevará al Poder Ejecutivo, para su aprobación, la determinación que efectuará de partidos o zonas agrarias, conteniendo las dimensiones que en cada caso correspondan a la unidad econó mica. En tal supuesto, los interesados en efectuar subdivisiones podrán solicitarlas sin presentar el estudio agroeconómico a que se refiere el artículo anterior, siempre que se acredite que la subdivisión no altera las dimensiones señaladas en la precitada reglamentación.
Los particulares que demuestren mediante el estudio citado que las dimensiones de unidad económica del inmueble que procuran dividir son diferentes de las establecidas por el Poder Ejecutivo, podrán deducir recurso administrativo contra la decisión denegatoria que pueda dictar el organismo competente, pudiendo entablar en su oportunidad demanda contencioso administrativa.
TÍTULO III
CONSERVACIÓN DE
LA PROPIEDAD RURAL
CAPÍTULO ÚNICO
Ámbito público y privado
Declárase de interés público en todo el territorio de
la Provincia
la conservación del suelo agrícola, entendiéndose por tal el mantenimiento y mejora de su capacidad productiva.
Para la aplicación de las normas sobre conservación de suelos y el mantenimiento de su fertilidad, el Poder Ejecutivo deberá determinar previamente las regiones o áreas de suelos erosionados, agotados y degradados.
A tales efectos se entiende por:
a) Erosión: el proceso de remoción y transporte notorios de las partículas de suelo por acción del viento y/o del agua en movimiento, que determinan la pérdida de su integridad.
b) Agotamiento: disminución notoria de la aptitud productiva intrínseca del suelo por excesiva extracción de nutrientes y sin la debida reposición de los mismos.
c) Degradación: (salinización, alcalinización y acidificación); ruptura del equilibrio de las propiedades físico químicas del suelo que condicionan su productividad, particularmente originada por su explotación inadecuada o por el régimen hidrológico.
El Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo competente, controlará la conservación del suelo, a cuyo efecto estará facultado para:
a) Efectuar el relevamiento edafológico del territorio de
la Provincia
y establecer la aptitud de las tierras para agricultura, ganadería, bosque y reserva.
b) Determinar y difundir técnicas de manejo cultural y recuperación de suelos.
c) Establecer normas obligatorias para el mejor aprovechamiento de la fertilidad y fijar regímenes de conservación.
d) Ejecutar obras imprescindibles de conservación del suelo que por razones de magnitud o localización quedan excluidas de la acción privada.
e) Asesorar en la ejecución de trabajos de conservación del suelo agrícola y propender a la formación de una conciencia conservacionista desde la enseñanza elemental.
f) Formar técnicos especializados en conservación de suelos.
El Poder Ejecutivo podrá prohibir o limitar temporariamente la decapitación del suelo agrícola para fines industriales cuando ello implique riesgo para el mantenimiento de reservas hortícolas vecinas a centros urbanos.
Por decapitación debe entenderse la elimina ción de la capa superficial del suelo cultivable y que anula sus condiciones naturales para la producción agrícola.
Podrán declararse de utilidad pública y sujetas a expropiación las tierras de propiedad privada erosionadas, agotadas o degradadas o que en ellas se hallen dunas, médanos, lagunas permanentes o estén ubicadas en las nacientes de los ríos. La disponibilidad de las mismas queda circunscripta única y exclusivamente a la aplicación de planes de recuperación y su explotación deberá efectuarse bajo regímenes conservacionistas. El Poder Ejecutivo concretará la expropiación mediante el régimen legal vigente.
El Poder Ejecutivo queda facultado para:
a) Determinar la posibilidad agrológica del regadío en las regiones donde se proyecten obras de riego.
b) Clasificar los suelos por su aptitud para el riego en los proyectos oficiales de aprovechamiento hídrico, de acuerdo con lo cual se fijará el área a regarse en cada uno.
c) Establecer en las regiones libradas o a librarse al regadío de cultivos, sistemas de avenamiento, caudales, dotaciones y turnos racionales de riego que correspondan a los mismos.
d) Investigar los recursos naturales de
la Provincia
en materia de fertilizantes (abonos y correctores).
e) Establecer la condición de fertilizantes y verificar su composición y calidad.
f) Determinar la eficacia de los abonos y correctores y fomentar su uso racional.
g) Llevar estadísticas completas sobre fertilizantes.
El propietario u ocupante legal de un predio está obligado a:
a) Denunciar la existencia de erosión o degradación manifiesta de los suelos.
b) Ejecutar los planes oficiales de prevención y lucha contra la erosión, degradación y agotamiento de los suelos que se establezcan.
c) Realizar en su predio los trabajos necesarios de lucha contra la erosión o degradación por salinización tendientes a evitar daños a terceros.
Si los trabajos a que se refieren los incisos b) y c) del artículo anterior no se llevaran a cabo, el organismo competente emplazará al propietario u ocupante legal a ejecutar los mismos. Vencido el término del emplazamiento, en caso de no haberse efectuado tales trabajos y salvo razones de fuerza mayor, procederá a realizarlos por cuenta y riesgo del responsable, sin perjuicio de las sanciones que reglamentariamente se establezcan.
El Poder Ejecutivo adoptará las medidas indispensables para que en el planeamiento y ejecución de obras públicas (caminos, vías férreas, defensas de márgenes fluviales, canales, urbanizaciones, etc.) se apliquen las técnicas de conservación del suelo y del agua.
El Poder Ejecutivo propiciará la constitución de consorcios voluntarios de productores para la conservación del suelo.
El organismo competente podrá elevar para su aprobación por el Poder Ejecutivo las prácticas o técnicas que deberán cumplimentar los titulares de dominio al realizar sus explotaciones agropecuarias.
El desconocimiento de tales reglamentos permitirá al citado organismo, una vez intimado el productor y comprobada la contravención, calificar el ejercicio irregular del dominio, en el área o áreas que se señalen. Tal calificación permitirá al organismo competente disponer la prohibición de los trabajos realizados y la ejecución de las medidas de conservación que el reglamento del Poder Ejecutivo autorice.
El Poder Ejecutivo afectará al régimen de colonización regulado por este código las tierras fiscales que considere aptas para tal fin y las privadas que por cualquier título se incorporen a este régimen, a cuyo efecto desarrollará su cometido con sujeción a las presentes normas y a las que concordantemente establezca por vía reglamentaria.
Las tierras para colonizar serán divididas en lotes que constituyan unidades económicas de explotación. Se organizarán colonias de adjudicatarios acordes con los dictados de la economía, de la convivencia social y de la técnica y ciencia agrícola.
En cada colonia podrán reservarse las superficies que se consideren necesarias para instalación de escuelas, centros cívicos, institutos de investigaciones, chacras experimentales, puestos camineros, cooperativas, comercios o cualquier otra unidad conveniente para el interés común.
Las parcelas a que se hace referencia en el artículo anterior podrán transferirse, arrendarse o adjudicarse en venta mediante licitación, remate público o en forma directa.
Las fracciones de tierras sobrantes y las mejoras incorporadas a las mismas, que resulten inadecuadas a los fines de la colonización, podrán ser enajenadas mediante licitación o remate público. Cuando se trate de entidades oficiales o particulares de bien público, la venta podrá realizarse en forma directa.
La colonización privada se realizará de acuerdo a la reglamentación que el Poder Ejecutivo dicte.
CAPÍTULO II
Expropiación de inmuebles
Solo podrán expropiarse con fines de colonización, previa declaración de utilidad pública, por ley especial en cada caso, aquellos inmuebles que sean insuficientemente explotados. Se consideran como tales cuando la inversión realizada en ellos no alcanzara al 50% de su valuación fiscal actualizada, comprendiéndose como inversión toda mejora, cultivo, plantación o cualquier clase de gasto de explotación, incluyendo el valor de las maquinarias y de los animales que allí se mantengan.
En todos los trámites expropiatorios necesarios para la adquisición de inmuebles se aplicará
la Ley General
de Expropiaciones vigente en
la Provincia.
CAPÍTULO III
Ocupación de inmuebles adquiridos
A los ocupantes de inmuebles en el momento en que éstos fueren incorporados al régimen de colonización q ue hubieren trabajado en los mismos por lo menos durante los dos últimos años agrícolas y reunieren los requisitos exigidos en el artículo 72 se les podrá adjudicar directamente las unidades económicas en que se subdividen. A tales efectos, una vez dividido el inmueble y fijado el valor de los lotes resultantes, el organismo competente los ofrecerá en adjudicación a los ocupantes ajustados a las condiciones establecidas, quienes deberán decidirse por escrito dentro del plazo de noventa días de notificados.
Los ocupantes que no manifiesten interés en la adjudicación ofrecida y los que no encuadren en las exigencias establecidas, deberán desocupar el inmueble dentro del plazo que para cada caso determine el Poder Ejecutivo.
CAPÍTULO IV
Precio de venta y forma de pago
El precio de venta de los lotes, sus cuotas de amortización y tasa de interés, serán fijados por el Poder Ejecutivo, observando directa relación con el valor de productividad y con el valor promedio de venta de los campos de la zona durante los dos últimos años, a fin de que en armonía con el tipo de explotación prevista, el adjudicatario pueda atender la deuda con normalidad mediante su trabajo habitual.
El lote será pagado por el adjudicatario de la siguiente forma:
a) El diez por ciento, como mínimo, de su valor al contado.
b) El saldo del precio, mediante cuotas semestrales, en un plazo máximo de quince años.
Podrá concederse prórroga para el pago de las cuotas estipuladas cuando mediaren causas justificadas.
El adjudicatario podrá efectuar amortizaciones extraordinarias en la forma que de termine el Poder Ejecutivo.
CAPÍTULO V
Adjudicación de lotes
(Ver Ley 9416 ). Con excepción de los casos previstos por el artículo 66 los lotes resultantes de la subdivisión serán ofrecidos públicamente para ser adjudicados con promesa de venta a los aspirantes que reúnan las condiciones siguientes:
a) Poseer la aptitud personal, capacidad económica y antecedentes agrarios suficientes, a juicio del organismo competente, para realizar una explotación racional del lote.
b) Buena conducta y moralidad suficientemente acreditadas.
c) No ser propietario él ni su cónyuge o alguno de los familiares a su cargo de otro predio rural que constituya unidad económica; ni tener una cuota parte en condominio o sociedades, representativa de aquella unidad económica.
d) No desarrollar habitualmente otra actividad económica que haga presumir que el lote constituirá una fuente de recursos complementaria de su economía familiar.
Los lotes se adjudicarán por concurso entre quienes reúnan las condiciones re queri das por el artículo anterior. Se le dará la mayor publicidad y permanecerá abierto por un mínimo de treinta días.
En igualdad de condiciones se dará preferencia al aspirante que tenga familia a su cargo, que viva o trabaje con él y a colonos de
la Provincia
sobre los que haya recaído sentencia judicial de desalojo por causas que no les sean imputables.
Si a juicio del organismo competente hubiera aspirantes que reunieran iguales condiciones para la adjudicación, se procederá a sortearlos, con la debida publicidad y conocimiento de los interesados.
No se adjudicará más de una unidad económica a una misma persona.
CAPÍTULO VI
Obligaciones de los adjudicatarios
El adjudicatario con promesa de venta tendrá las siguientes obligaciones:
a) Efectuar los pagos correspondientes en la forma estipulada.
b) Residir verdadera y permanentemente en el lote con su familia y explotarlo directamente en forma racional.
c) Construir su vivienda de acuerdo con las condiciones y en el plazo que se establezca.
d) No ceder, ni arrendar total o parcialmente el lote.
e) Conservar en buen estado las mejoras existentes en el lote.
f) Cumplir las normas generales de explotación que se impartan para cada colonia.
CAPÍTULO VII
Extinción de las adjudicaciones
Las adjudicaciones caducarán por renuncia, abandono del lote, incapacidad física o fallecimiento de su titular o por cancelación dispuesta por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el capítulo que antecede o en la promesa de venta.
Por excepción a lo dispuesto en el artículo anterior, podrá transferirse la adjudicación:
a) En caso de renuncia, abandono del lote o incapacidad física, al cónyuge, hijos u otra persona -en este orden de preferencia- que reuniere las condiciones del artículo 72 y hubiere residido y trabajado en el lote por lo menos durante los dos últimos años agrícolas.
b) En caso de fallecimiento, al cónyuge o herederos en el orden y con los derechos prioritarios fijados en el Código Civil o a falta de éstos, persona capacitada, siempre que reuniere las condiciones señaladas en el inciso anterior.
Declarada la caducidad por renuncia, abandono del lote, incapacidad física o fallecimiento, el 25% de las amortizaciones con más la totalidad de los intereses devengados hasta la fecha de recuperación del lote, quedarán como pago de la ocupación.
En el supuesto de cancelación, se retendrán por el mismo concepto la totalidad de los intereses y amortizaciones que correspondan hasta la entrega del lote.
En todos los casos las mejoras útiles a la explotación incorporadas por el adjudicatario se indemnizarán al valor que tengan a la fecha de reintegro del lote.
Las sumas que en caso de caducidad por fallecimiento, correspondieren a favor del causante serán depositadas a la orden del juez competente y a nombre de la sucesión.
CAPÍTULO VIII
Transmisión del dominio
Cumplidas las obligaciones establecidas en el artículo 77 y a los cinco años a partir de la fecha de toma de posesión, se otorgará al adjudicatario la escritura traslativa de dominio, con garantía hipotecaria a favor de
la Provincia
por el saldo del precio del lote y por un plazo máximo de 10 años.
El colono no podrá transferir ni gravar el lote a favor de terceros si previamente no ha saldado su obligación hipotecaria. Tal prohibición se insertará como cláusula especial en la respectiva escritura.
(DEROGADO) Las tierras fiscales del Delta bonaerense se distribuirán de la siguiente manera:
a) Con promesa de venta, en superficies constitutivas de unidades económicas.
b) En arrendamiento, en superficie mayor a la unidad económica.
c) En venta a entidades de bien público.
(DEROGADO) Decláranse de utilidad pública y sujetas a expropiación las superficies necesarias para vías de comunicación con el interior de cada isla. En su caso, el importe de la indemnización correspondiente será acreditado a favor del propietario cuando éste fuere deudor del Fisco por la adquisición del inmueble.
CAPÍTULO II
Adjudicación con promesas de venta
(DEROGADO) El lote a adjudicar cuando cuente con acceso directo a curso navegable o camino público no podrá tener un frente superior a la mitad del fondo, salvo en aquellos casos en que aplicando este criterio la superficie resultante sea inferior a la unidad económica.
(DEROGADO) La adjudicación con promesa de venta se otorgará previo concurso de selección a personas de existencia visible que reúnan las condiciones siguientes:
a) Poseer la aptitud personal, capacidad económica y antecedentes agrarios suficientes a juicio del organismo competente para realizar una explotación racional del lote.
b) Buena conducta y moralidad suficientemente acreditadas.
c) No ser propietario él ni su cónyuge de otro predio en el Delta constitutivo de una unidad económica ni tener una cuota parte en condominio o sociedades, representativa de aquella unidad económica.
d) No adeudar arrendamientos al Fisco.
En igualdad de condiciones serán preferidos aquellos que se comprometan a radicarse en el lote solicitado.
(DEROGADO) El adjudicatario quedará sujeto a las siguientes obligaciones:
a) Pagar regularmente los servicios estipulados.
b) Explotar el lote bajo su control directo, con arreglo al plan presentado por el mismo y aprobado por el organismo competente, el cual fijará los plazos de ejecución. Cualquier mejora fuera de dicho plan deberá ser autorizada previamente por el citado organismo.
c) Construir una población habitable dentro de los dos primeros años a partir de la toma de posesión.
d) Impedir la instalación y arraigo de toda vegetación que dificulte el tránsito por la ribera.
e) Dar cuenta a la autoridad competente en caso de intrusión.
(DEROGADO) El adjudicatario no podrá arrendar, ceder ni transferir por cualquier título la tierra adjudicada. El Poder Ejecutivo podrá autorizar dichos actos después del cuarto año, siempre que se haya cumplido estrictamente y sin excepción con las obligaciones del artículo anterior, en cuyo caso la persona con la que se contratare deberá reunir las condiciones que determina el artículo 86.
(DEROGADO) Las adjudicaciones caducarán por renuncia, abandono del lote, incapacidad física o fallecimiento de su titular o por cancelación dispuesta por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en este capítulo o en la promesa de venta.
(DEROGADO) Por excepción a lo dispuesto en el artículo anterior, podrá transferirse la adjudicación:
a) En caso de renuncia, abandono del lote o incapacidad física, al cónyuge, hijos u otra persona -en este orden de preferencia- que reuniere las condiciones del artículo 86 y hubiere trabajado en el lote por lo menos durante los 2 últimos años.
b) En caso de fallecimiento, al cónyuge o herederos en el orden y con los derechos prioritarios fijados en el Código Civil o, a falta de éstos, persona capacitada; siempre que reunieren las condiciones señaladas en el inciso anterior.
(DEROGADO) Declarada la caducidad de la adjudicación, solo se indemnizarán las plantaciones, zanjas, construcciones y demás mejoras útiles cuya incorporación haya sido autorizada por el organismo competente.
(DEROGADO) Después de transcurridos tres años, el adjudicatario tendrá derecho a que se le otorgue la escritura de transferencia de dominio, siempre que haya cumplido con las obligaciones estipuladas en el artículo 87 y tenga plantado como mínimo, de acuerdo con el plan aprobado, el 40% de la superficie total del lote.
(DEROGADO) Los adjudicatarios tendrán un plazo máximo de diez años para cumplir con el mínimo exigible en el artículo anterior. Vencido este término, la adjudicación caducará de pleno derecho.
(DEROGADO) La mensura de los lotes estará a car go de los adjudicatarios, quienes se obligarán a pres entarla antes de escriturar. Las escrituras respectivas se otorgarán por ante
la Es criba nía General
de Gobierno.
(DEROGADO) El precio de venta de la tierra libre de mejoras se fijará en base a la productividad estimada en los últimos cinco años y será abonado en la siguiente forma:
a) El adjudicatario comenzará a efectuar los pagos de los servicios desde la fecha de escrituración del lote.
b) La ocupación del lote devengará un canon que será fijado porcentualmente sobre el valor total a contar desde el día de toma de posesión, que se pagará en la forma determinada en el inciso siguiente.
c) La escritura de transferencia de dominio se otorgará con hipoteca en primer término en garantía del total que resulte del precio fijado al lote, más el canon devengado por ocupación hasta el día de la escritura. Dicho total deberá ser abonado por el adjudicatario en cuotas anuales, iguales y sucesivas, cuyo servicio con más la tasa de interés anual será fijado reglamentariamente. Sin embargo podrá otorgarse escritura traslativa del dominio, sin gravamen hipotecario, si el adjudicatario que cumpliere con las obligaciones de los artículos 87 y 92 solicitare pagar íntegramente el importe del canon y el precio del lote en el acto de escriturar.
d) El colono tendrá derecho a realizar en cualquier época, una vez escriturado el lote a su favor, amortizaciones extraordinarias no inferiores al 5% del valor de la deuda original.
(DEROGADO) En caso de fuerza mayor se podrán conceder prórrogas para el pago de los s er vicios.
CAPÍTULO III
Adjudicación en arrendamiento
(DEROGADO) El Poder Ejecutivo podrá otorgar en arrendamiento superficies mayores de la unidad económica y en las siguientes condiciones:
a) El plazo del arrendamiento será de diez años. El contrato podrá establecer la opción a favor del arrendatario por hasta dos períodos consecutivos más, debiendo ajustarse al comienzo de cada uno el precio del arrendamiento.
b) En caso de rescisión del contrato de arrendamiento por incumplimiento del mismo, se concederán dos meses de plazo para retirar las mejoras que no se consideren conveniente indemnizar.
c) Los solicitantes tienen la obligación de presentar el plan de explotación con especifi cación de construcción de canales, viviendas, galpones y otras mejoras que se propongan realizar, para cuya confección deberá tenerse en cuenta que la superficie mínima a plantar en el término de diez años será del 30%, debiendo totalizar el 80% a los veinte años para el caso de renovación del contrato. En caso de ser aprobado dicho plan, constituirá la base para la confección del contrato de arrendamiento.
d) A la terminación del contrato las obras de canalización, dragado y drenaje realizadas por el arrendatario quedarán a beneficio del Fisco. El Poder Ejecutivo podrá rescindir en todo o en parte el contrato de arrendamiento, cuando el arrendatario así lo solicite.
(DEROGADO) Los arrendatarios no podrán ceder total o parcialmente las tierras locadas , salvo casos de fuerza mayor y previa autorización del Poder Ejecutivo. En ningún caso podrán subarrendarse.
(DEROGADO) La operación de mensura y deslinde de las fracciones arrendadas en los términos del artículo 97 que no tenga planos aprobados, correrá por cuenta de los arrendatarios antes de entregarles la posesión del lote.
(DEROGADO) El precio del arrendamiento se fijará sobre la base de porcentajes que se establecerán de acuerdo con el valor de la tierra, determinado conforme lo dispone el artículo 95.
CAPÍTULO IV
Venta a entidades de bien público
(DEROGADO) El Poder Ejecutivo podrá vender a e ntidades de bien público fracciones adecuadas al desarrollo de sus actividades específicas.
(DEROGADO) La escrituración a favor de la entidad adjudicataria estará condicionada a la realizac ión por la misma, dentro del plazo que se f ije, de las obras determinantes de la venta.
(DEROGADO) La mensura de la fracción vendida deberá realizarla la entidad recurrente antes de recibir la posesión.
El precio de venta será fijado por el Poder Ej ecutivo en cada caso teniendo en cuenta las condiciones del lote y la finalidad de la operación.
TÍTULO III
De las tierras y sobrantes fiscales rurales
El organismo competente en materia agraria ejercerá la administración de las tierras rurales del dominio privado de
la Provincia
, con sujeción a las disposiciones de este código y demás disposiciones vigentes.
A tal fin entiéndese por “tierras rurales" aquellas que, ubicadas dentro o fuera del ejido urbano, constituyan, por lo menos, una unidad eco nómica de explotación agraria.
Artículo 105.- El Poder Ejecutivo procederá a la venta de las tierras rurales que no se consideren aptas para ser destinadas al régimen especial de colonización, conforme a las leyes a que se refiere el artículo anterior.
Lo dispuesto en los artículos que anteceden se aplicará también en relación con los sobrantes fiscales que surgieren con motivo de mensuras aprobadas oficialmente.
LIBRO SEGUNDO
DE
LA FAUNA Y
FLORA
SECCIÓN PRIMERA
DE
LA PRODUCCIÓN GANADERA
Declárase obligatorio para todo propietario marcar su ganado mayor y señalar su ganado menor. Autorízase a utilizar como complemento la señal en el ganado mayor.
Si se tratara de animales de pura raza se los podrá identificar por medio de tatuajes y/o reseñas según especies.
La omisión de la marca o señal en el ganado de edades mayores a las fijadas en el artículo 144 implica presunción de mala fe contra su poseedor.
Es obligatorio para todo propietario de hacienda el registro a su nombre de las marcas o señales que usare. Las marcas y señales solo pueden ser usadas por su titular.
El Estado provincial es el exclusivo propietario de los sistemas de diseños de marcas y señales de ganado.
La marca consistirá en un dibujo, diseño o signo impreso a hierro candente o por procedimientos que produzcan análogos efectos y sean autorizados por el organismo competente.
La señal consistirá en un corte o incisión en la oreja del animal.
La marca deberá tener una dimensión máxima de diez centímetros y mínima de siete en todos sus diámetros y no se a dmitirá en su diseño signo o adorno que contribuya a confundir su identificación y diferenciación frente a otra.
En todo el territorio de
la Provincia
no podrá haber dos marcas iguales. Si las hubiere, deberá anularse la más reciente. Se reputan iguales aquellas marcas que puedan representar un mismo o muy semejante diseño, o cuando uno de los diseños, al superponerse sobre el otro, lo cubra en todas sus partes.
( Texto según Ley 9602) No podrán existir señales iguales dentro de cada Circunscripción Catastral y sus colindantes, ya pertenezcan éstas a un mismo o distintos partidos de
la Provincia. Si
las hubiere, se anulará la más reciente. Las señales deben usarse en
la Circunscripción Catastral
para la que han sido otorgada .
El derecho sobre la marca o señal se prueba con el boleto expedido por el organismo competente, o en su defecto, por las constancias de sus registros.
Las resoluciones judiciales pasadas en autoridad de cosa juzgada sobre materia de este título serán notificadas al organismo competente para su conocimiento y, en su caso, para que se efectúen las anotaciones a que hubiere lugar.
PARÁGRAFO 1 - Adquisición o pérdida de la marca o señal
La marca o señal se concede por el término de diez años a partir de su registro, pero podrá conservarse por otros términos iguales por renovaciones sucesivas.
El derecho sobre la marca o señal se adquiere por la inscripción en el registro. También se adquiere el derecho a la marca o señal por sucesión a título universal o singular, en los derechos del titular inscripto. En tales casos deberán efectuarse en el registro las anotaciones de la respectiva transferencia.
El derecho sobre la marca o señal se pierde:
a) Por expiración de los plazos fijados por el artículo 127, si no fueren renovadas y sin necesidad de formalidad previa.
b) Por anulación en el caso de los artículos 114 y 115.
c) Por transmisión de los derechos.
d) Por renuncia expresa del titular.
e) Por disolución o extinción de la sociedad o asociación titular.
f) Por sentencia judicial.
g) Por cancelación declarada por autoridad competente.
h) Por el no uso durante un término de tres años.
Con excepción de los incisos a) y h) del artículo anterior, la extinción de la marca o señal se considerará producida recién desde su inscripción en el registro.
PARÁGRAFO 2 - Registro
Para poder registrar una marca o señal ante el organismo competente se requie re, como requisito e sencial y previo a todo trámite, acreditar el carácter de propietario u ocupante legal de un inmueble rural en
la Provincia.
A la marca o a la señal registrada se le asignará separadamente una numeración inmutable, siguiendo el orden correlativo. Dicha numeración tendrá carácter permanente dentro de
la Provincia
y, por lo tanto, no será susceptible de variaciones.
Los solicitantes de marcas o señales nuevas pueden proponer el diseño o características de su predilección. El organismo competente procederá a cotejarlos con los ya registrados y se expedirá por la aceptación o rechazo, según se encuentren o no en las condi ciones previstas por los artículos 114 y 115. En caso de rechazarlo, indicará el diseño más aproximado que se encuentre en condiciones de ser conferido.
No se podrá proponer más de un diseño en una misma solicitud.
Otorgado el diseño por el organismo competente y hecha efectiva la tasa que corresponda, se procederá a inscribir la marca o señal en el registro y a entregar el correspondiente boleto.
Cuando fueren dos o más personas las que soliciten conjuntamente una marca o señal, deberá registrarse a nombre de cada una de ellas y serán considerados cotitulares.
PARÁGRAFO 3 - Renovación
Todo titular de una marca o señal, a fin de conservar su derecho sobre la misma, deberá renovarla a su vencimiento ante el organismo competente, acompañando el boleto correspondiente, siempre que mantuviere los requisitos exigidos por el presente código. La renovación deberá ser solicitada dentro del término de un año a partir de la fecha de su vencimiento.
Las marcas o señales que se hallaren al tiempo de su vencimiento pendientes de trámites judiciales o administrativos podrán ser renovadas aun cuando hubiesen transcurrido los términos del artículo anterior, siempre que la renovación se solicite dentro de los tres meses de notificada la resolución judicial o administrativa final. Pasado ese término no podrá renovarse.
A fin de que la marca o señal no se elimine del registro por aplicación del artículo 120, inciso a), los interesados solicitarán antes de su vencimiento la reserva de la misma, justificando la circunstancia a que se refiere este artículo mediante el certificado del actuario o autoridad administrativa competente.
PARÁGRAFO 4 – Transferencia
Considérase transferencia todo cambio de titular o razón o nombre social. El titular de una marca o señal podrá transferir su derecho sobre la misma, debiendo realizar el acto ante el organismo competente o ante el intendente municipal del partido al que la marca o señal correspondiere o estuviere inscripta para su uso. El adquirente deberá reunir el requisito establecido por el artículo 122.
Las marcas o señales podrán ser transferidas por escritura pública o por sentencia judicial siempre que se reunieren los requisitos exigidos por el artículo 134.
Las transferencias a que se refiere el artículo 129 deberán otorgarse en dos actas de un mismo tenor que contendrán los siguientes requisitos:
a) Lugar y fecha de otorgamiento.
b) Nombre y apellido del funcionario interviniente.
c) Nombre y apellido, número de documento de identidad, nacionalidad, edad, profesión y estado civil del transmitente y del adquirente.
d) Grado de parentesco entre las partes, si lo hubiere.
e) Acreditación por parte del adquirente de que es propietario u ocupante legal de un inmueble rural en
la Provincia.
f) Indicación de marca o señal a transferir, con su dibujo o característica respectivamente, y constancia de su número inmutable, folio y libro de inscripción.
g) Manifestación jurada sobre si se transfieren o no animales y, en caso afirmativo, su número, clase y raza.
h) Aceptación expresa del adquirente.
i) Constancia de haberse dado íntegra lectura del acta.
j) Firma de las partes, funcionario que intervino y sello oficial.
El adquirente de la marca o señal deberá solicitar la inscripción de la transferencia ante el organismo competente, acompañando copia del acta correspondiente, el boleto transferido o su duplicado y una solicitud que reúna los requisitos que se exijan.
El registro perfecciona las transferencias que hasta ese momento carecerán de efectos legales.
A los fines de la inscripción de las transferencias efectuadas por escritura pública, el testimonio de ésta reemplazará al acta.
Las transferencias judiciales deberán igualmente inscribirse en el registro, a cuyo efecto el juez interviniente librará oficio al organismo competente, en el que hará constar los datos exigidos por los incisos c), e) y f) del artículo 131 de este código.
En caso de que uno o más titulares o socios falleciere o transmitiere, renunciare, abandonare o se le cancelaren sus derechos sobre una marca o señal, los interesados deberán gestionar la correspondiente transferencia, de tal manera que quede claramente establecido quiénes continuarán como titulares.
El requisito deberá llenarse igualmente, en caso de fallecimiento de uno de los cónyuges, cuando la marca sea bien ganancial.
En caso de fallecimiento del titular de la marca o señal o de su cónyuge, no se dará trámite a ninguna petición sobre renovación, transferencia, duplicado o cualquier anotación en el registro, sin orden del juez de la sucesión.
Exceptúase de este requisito cuando haya urgencia en la marcación, señalamiento o traslación de la hacienda de la sucesión, e n cuyo caso el organismo competente expedirá, a solicitud de los herederos del causante, un certificado provisional en el que se hará constar que se autoriza al solo y único efecto de marcar, señalar o trasladar hacienda y que no será válido para vender animales.
PARÁGRAFO 5 - Duplicados y rectificaciones
En caso de pérdida o extravío de un boleto de marca o señal, el organismo competente otorgará duplicado que llevará expresa constancia de su calidad de tal y de que queda caduco y sin ningún efecto el original.
El solicitante de un duplicado de boleto de marca o señal hará constar en su presentación todos los datos que posea sobre el boleto extraviado, tales como el número inmutable, el libro y folio de inscripción, diseño o característica.
El organismo competente dejará constancia en el registro de los duplicados de boleto que extienda, en el lugar correspondiente a la marca o señal de que se trate.
Efectuado un asiento en el registro, no podrá ser rectificado, modificado o adicionado, sino en la forma establecida por los artículos siguientes.
Toda rectificación, modificación o adición, será registrada por orden dispuesta en las actuaciones que al efecto se sustancien, para lo cual el interesado presentará una solicitud en la que especificará claramente en qué consiste la corrección.
Para la rectificación, cambio o adición de nombres y apellidos u otras circunstancias personales, el interesado acompañará la información judicial pertinente y, en los demás casos, los elementos probatorios necesarios, pudiendo el organismo competente solicitar los que estime conveniente.
Si de las actuaciones originales resultare que el error es imputable a la repartición de origen, la corrección será exceptuada del pago de la tasa correspondiente.
PARÁGRAFO 6 - Marcación y señalada
(Texto según Ley 9544) Es obligatorio marcar el ganado mayor antes de cumplir el año y señalar el ganado menor antes de cumplir seis meses de edad. Está prohibido contramarcar.
Podrá hacerse uso de una "marca de venta", sin perjuicio de la marca que acredita la propiedad del ganado.
(Texto según Ley 8753) El ganado vacuno deberá ser marcado en el cuarto posterior o en la quijada, siempre del lado izquierdo.
La marca se impondrá en la posición que figure en el boleto y coincidente con la línea vertical.
Los sitios únicos e invariables en que se señalará al ganado menor serán ambas orejas. Queda prohibido señalar trozando ambas orejas, como así también la horqueta, punta de lanza o bayoneta hechas a la raíz.
Prohíbese marcar o señalar sin tener el respectivo boleto otorgado por el organismo competente, debidamente registrado en la municipalidad del lugar y sin que ésta haya otorgado el permiso respectivo.
El Poder Ejecutivo reglamentará la forma y procedimiento que se aplicará, para efectuar las operaciones de marcación y señalada.
PARÁGRAFO 7 - Contralor municipal
Quedan facultadas todas las municipalidades de
la Provincia
, dentro de sus respectivos partidos, para ejercer el contralor determinado en este código y su reglamentación, en todo lo relativo a marcas y señales.
Toda marca o señal que se otorgue deberá ser registrada en la municipalidad del partido en que se usare. A ese efecto, cada municipalidad llevará los registros encuadernados y foliados, uno para las marcas y otro para las señales.
En ellos se irán asentando las marcas y señales a medida que se presenten para su inscripción, con su diseño, número inmutable y demás constancias del boleto respectivo.
En los libros a que se refiere el artículo anterior, a continuación de la anotación original, se dejarán espacios suficientes para registrar las sucesivas renovaciones, transferencias, rectificaciones y cualquier otra anotación que se efectúe en el organismo competente.
En todos los casos la municipalidad asentará la debida constancia en el boleto respectivo y en los lugares a ella destinados.
Las municipalidades no expedirán guías de campaña, certificados o autorización de venta, ni autorizarán la marcación o señalamiento del ganado sin la previa comprobación de haberse registrado la marca o señal y de estar en vigencia de acuerdo con lo dispuesto, por este código.
El organismo competente y las municipalidades se relacionarán directamente entre sí, a los efectos del cumplimiento del presente código.
Cuando deba hacerse referencia a marcas o señales inscriptas se mencionará en todos los casos el número inmutable, el nombre y apellido del titular y el libro y folio de inscripción.
Fin del texto
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