Abriendo la norma
Ley de la Ciudad 325
Apruébanse las normas de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, que como ANEXO A forman parte de la presente.
La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, dentro de los noventa (90) días de promulgada la presente, deberá remitir a la Legislatura, para su aprobación, las normas básicas de auditoría específicas para el accionar del organismo.
La Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establecerá su sede y fijará su domicilio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Las relaciones que la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires en virtud de la normativa vigente, deba entablar con la Legislatura de la Ciudad, se efectúan a través de su Presidente.
La estructura orgánica y la distribución de funciones de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, atiende al debido cumplimiento de una auditoría integral que abarque todos los aspectos presupuestarios, económicos, financieros, patrimoniales, informáticos, legales y de gestión, incluyendo los dictámenes sobre los estados contables financieros de los entes fiscalizados. El diseño de estructura orgánica abarca los requisitos prescriptos en la Ley 70 y posibilita el cumplimiento de los objetivos de la Ley.
Apruébase la Estructura Orgánico Funcional, Responsabilidades Primarias y Acciones de la Auditoría General de La Ciudad de Buenos Aires, que obra como "Anexo A" de la presente.
El dictamen que sobre la cuenta de inversión de los fondos públicos debe realizar la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con lo estipulado en el artículo 136 inc.a) de la Ley 70, es elevado a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, dentro de los cuatro meses de recibida.
La Auditoría General de la Ciudad debe elaborar anualmente un plan de auditoría que establezca el desarrollo de las auditorias previstas para el ejercicio, el cual debe ser elevado a la Legislatura, para su aprobación antes del 1° de Octubre. Hasta tanto se dicten las normas de auditoría externa específicas para el accionar del organismo, la Auditoría General de la Ciudad utiliza los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y las Normas Generales de Contabilidad para el Sector Público adoptadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, dictadas por Organismos Profesionales en Ciencias Económicas, las normas de la Auditoría General de la Nación, y las del Banco Central de la República Argentina.
Las contrataciones de servicios profesionales de auditoría se llevan a cabo mediante procedimientos que aseguren la participación amplia y la adjudicación diversificada, previo a la fijación de requisitos de idoneidad y antecedentes entre otros, que aseguren el respeto a las normas técnicas y el cumplimiento de los objetivos de auditoría. En todos los casos, la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires se reserva la conducción, control de calidad de eficacia y de eficiencia de las tareas. A los fines de las contrataciones de servicios, la Auditoría General de la Ciudad habilita y mantiene actualizado un registro propio de lo actuado por los auditores y consultores contratados por la Auditoría General de la Ciudad.
Apruébase el reglamento de Registro y Contrataciones de Auditores y Consultores externos de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, que obra como "Anexo A.4" de la presente.
La Auditoría General de la Ciudad establece un sistema de información permanente para el eficaz control de la aplicación de los recursos provenientes de la utilización del crédito público y seguimiento de la evolución de la deuda pública.
Para el desempeño de su tarea la Auditoría General de la Ciudad podrá realizar todo acto, contrato u operación que se relacione con su competencia, con arreglo al programa anual de actividades y al presupuesto aprobado, y teniendo en cuenta su independencia funcional y financiera. La Auditoría General de la Ciudad puede acordar y coordinar la realización de auditorías conjuntamente con otros organismos de control y establecer convenios especiales en el área de su competencia. La Auditoría General de la Ciudad requerirá a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires la información y colaboración necesaria para el cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 70. En el orden internacional podrá formar parte de las organizaciones integradas por entes fiscalizadores y acordar los mecanismos de cooperación que estime convenientes.
La Memoria Anual de la Auditoría General de la Ciudad, se eleva antes del 1º de abril, y debe contener los resultados de su labor anual, exponiendo las conclusiones de los dictámenes, los resultados de las auditorías realizadas, las conclusiones de los estudios especiales y el seguimiento producido de los puntos significativos de los informes anteriores.
El Plan Anual de Auditoría y el proyecto de Presupuesto se elevan antes del 1º de Octubre. En ambos casos, se acompaña una reseña de la acción institucional. La Auditoría General de la Ciudad, establece sus necesidades financieras de conformidad con los objetivos y metas del plan anual, las que una vez incorporadas a la programación financiera del Gobierno de la Ciudad, obligan a la autoridad competente al libramiento de los fondos con estricta regularidad.
Cuando la Auditoría General de la Ciudad sesiona para el tratamiento de temas específicos vinculados con el universo auditado, puede citar a participar de las reuniones a cualquier funcionario de las estructuras administrativas, organismos o entes cuya gestión se encuentre vinculada o interesada en los temas a tratar.
Toda vez que, frente al requerimiento de colaboración, informes, documentación etc., formulado por la Auditoría General de la Ciudad a los fines del cumplimiento de sus funciones, encuentre una negativa, silencio, tardanza u obstaculización al mismo, el responsable de la auditoría encomendada está obligado a: Insistir ante las autoridades del organismo enviando una segunda petición acompañada de la primera, mediando entre ambas siete (7) días corridos. En caso de persistir el silencio, negativa o tardanza del requerido, el máximo responsable de la auditoría informará al Colegio de Auditores sobre tal situación, a través del Gerente respectivo, una vez transcurridos los siete (7) días corridos contados a partir de la insistencia. El Colegio de Auditores queda facultado para ampliar los plazos señalados, en aquellos casos en que las circunstancias lo requieran. En caso contrario, o persistiendo el incumplimiento pese a la prórroga concedida, el Colegio de Auditores emite el dictamen correspondiente, remitiéndolo a la máxima autoridad del organismo o entidad de que se trate, recomendando la iniciación de las acciones pertinentes, o iniciando las acciones judiciales por sí, si resultare procedente. Dicho dictamen es también remitido a la Legislatura y a la Sindicatura General de la Ciudad.
La Auditoría General de la Ciudad debe implementar un archivo y su correspondiente mecanismo de actualización en el que consten las estructuras orgánicas de todas las dependencias, organismos, entes, sociedades, etc., sujetas a su control, sus normas de creación y funcionamiento como así también las normas de procedimiento y legales que hagan a la administración de los recursos de la Ciudad de Buenos Aires.
La Auditoría General de la Ciudad en coordinación con el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo de la Ciudad tomará las medidas necesarias para cumplir su función de autoridad de verificación de los artículos 132 in fine de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y 136 inc.i) de la Ley 70.
A los fines de la publicidad de los dictámenes, informes, resoluciones y memoria anual, la Auditoría General de la Ciudad mantiene una página de Internet actualizada con dicho material, sin perjuicio de las restantes medidas de publicidad y de acceso irrestricto que se dispongan. Asimismo, puede publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad o en otro medio de comunicación masiva aquella documentación que se estime pertinente.
La Auditoría General de la Ciudad, una vez estimados los costos que demande el examen especial que, conforme lo estipulado en el artículo 136 inciso g) de la Ley 70, debe efectuar, solicita a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires la reprogramación de las metas previstas en su plan anual de auditoría y/o los recursos adicionales pertinentes.
Rigen las causas de excusación y recusación del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, y es el Colegio de Auditores el órgano que decide a su respecto. La solicitud de excusación así como la de recusación, deben ser fundadas y tratadas por el Colegio en la primera oportunidad posible. Si no hubiera considerado la solicitud dentro de los treinta días de presentada, se la tendrá por aceptada.
El quórum del Cuerpo se constituye con la presencia de por lo menos cuatro de sus miembros. Las decisiones del Colegio de Auditores requieren cuatro (4) votos de sus miembros.
Los Auditores Generales podrán agregar los fundamentos de su voto al expediente por el que se tramite el dictamen de la mayoría.
Hasta tanto no se sancione una Ley que regule el sistema de contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires y que organice la administración de sus bienes, continuará rigiendo la normativa prevista por la Cláusula Transitoria III de la Ley 70.
Apruébanse los Niveles Escalafonarios y Salariales correspondientes al personal de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, que obra como "Anexo A.5" de la presente. ANEXO A.4 REGLAMENTO DE REGISTRO Y CONTRATACIONES DE AUDITORES Y CONSULTORES EXTERNOS DE LA AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Artículo 1°.- En virtud de lo establecido en el artículo 144, inciso d) de la Ley N° 70 y los artículos 7º y 8º de las normas de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, que integran el Anexo A, créase en el ámbito de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, el Registro Permanente de Auditores y Consultores Externos de la AGC, regulado por las disposiciones que integran el presente Anexo. Artículo 2°.- A los efectos de la aplicación de las disposiciones del presente reglamento y de todo otro documento contractual relacionado, se aplicarán las siguientes denominaciones: REPACE por Registro Permanente de Auditores y Consultores Externos de la AGC. AGC, por Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y CONTRATADO, con referencia a todo profesional independiente y/o sociedades civiles o comerciales legalmente constituidas, cuyo objeto exclusivo sea la prestación de servicios de auditoría y consultoría especializadas en auditoría externa del sector público y/o privado.
En todos los casos la AGC se reserva, para sí, la planificación, conducción superior y control de calidad del trabajo ejecutado.
El contratado se ajustará en la ejecución del contrato a las reglas de buen arte sobre la materia y a las directivas que la AGC le haga saber en cada caso por escrito, sea antes de la iniciación, en oportunidad de recabarse informes o consultas o con motivo de la supervisión de los trabajos. La AGC podrá supervisar el desarrollo del trabajo encomendado, por intermedio de la/s persona/s que a tal efecto designe sin necesidad de notificación previa. Las tareas de supervisión no deberán entorpecer el normal desarrollo del trabajo del contratado.
Los equipos de trabajo aprobados por la AGC no podrán ser modificados sin su previo consentimiento. Las empresas contratadas asumen el compromiso irrevocable de incorporar dentro de sus equipos de trabajo al personal permanente de la AGC, cuando ésta así lo establezca.
La Dirección requirente comunicará a la Dirección de Planificación los incumplimientos en que incurran los profesionales independientes y las empresas de auditoría y consultoría durante la ejecución del contrato, los que deberán ser informados al Colegio de Auditores, a los efectos de que éste resuelva sobre la procedencia de la aplicación de las medidas previstas en los artículos 33 a 35. Dentro de los quince (15) días posteriores a la finalización del contrato, la Dirección requirente elevará un informe a la Dirección de Planificación sobre el desempeño del contratado en el transcurso de la relación contractual, con indicación de la causa de su extinción, el que deberá ser incorporado a su legajo individual.
Las modalidades de pago de las prestaciones a cargo de los contratados se regirán por las cláusulas particulares que establezcan los pertinentes contratos.
El contrato se extingue por: 1. Vencimiento del plazo de vigencia estipulado. 2. Renuncia del contratado. 3. Muerte o incapacidad del profesional independiente. 4. Disolución de la empresa contratada que haga imposible la prosecución de los trabajos, siempre que las causas de la misma no le fueran imputables. 5. Rescisión dispuesta por la AGC.
En cualquier momento el contratado podrá renunciar con la única condición de comunicarlo fehacientemente a la AGC, con una antelación no menor a quince (15) días. En tal supuesto, el contratado solo tendrá derecho a percibir la parte proporcional correspondiente a las prestaciones ejecutadas con posterioridad al último pago.
En el supuesto del inciso 4 del artículo 29, la empresa tendrá derecho al cobro de los trabajos ejecutados a satisfacción de la AGC.
La AGC podrá rescindir el contrato sin expresión de causa, previa notificación al contratado, sin que ello genere a favor de éste otro derecho que el de percibir la parte proporcional correspondiente a las prestaciones ejecutadas.
La AGC podrá disponer en cualquier momento la rescisión unilateral del contrato, por causa imputable al contratado, sin que a éste le corresponda indemnización alguna, en los siguientes casos: 1. Cuando el contratado incurra en dolo, fraude o grave negligencia o impericia o contravenga gravemente las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato; 2. Cuando la documentación presentada sea objeto de observaciones de tal magnitud que demuestren que se ha desvirtuado la esencia del encargo y las deficiencias no fueran subsanadas en el plazo razonable que fije la AGC; 3. Quiebra o concurso civil fraudulento o culpable del contratado; 4. Incumplimiento de las obligaciones emergentes del presente Reglamento, las cláusulas particulares previstas en el contrato, las Normas Básicas de Auditoría Externa de la AGC y las resoluciones que, oportunamente, dicte el Colegio de Auditores con incidencia en la relación convencional.
En cualquiera de los casos previstos en el artículo anterior, la AGC liquidará y pagará al contratado únicamente por los trabajos recibidos en forma satisfactoria, siempre que ello correspondiere en función de su naturaleza. Asimismo, el contratado deberá, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de notificada la rescisión, entregar a la AGC toda la documentación que se encontrare en su poder vinculada a la prestación o prestaciones que le hayan sido encomendadas.
En los casos de rescisión por causas imputables al contratado, la AGC procederá a la cancelación de la inscripción en el REPACE e informará tal situación a la entidad que tenga a su cargo la matrícula pertinente. Transcurridos cinco (5) años, la AGC podrá considerar una nueva solicitud de inscripción. DISPOSICIONES GENERALES
JURISDICCIÓN. Para todos los efectos legales que puedan emerger de las relaciones contractuales que con arreglo al presente Reglamento se suscriban, será competente el fuero en lo Contencioso-Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, con expresa exclusión de cualquier otro fuero y jurisdicción.
CÓMPUTO DE LOS PLAZOS. Los plazos se contarán: a) Cuando se fijen en días, por días hábiles administrativos. b) Cuando se fijen en semanas, por períodos de siete (7) días corridos. c) Cuando se fijen en meses, de acuerdo a lo que dispone el Código Civil.
Fin del texto
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