Abriendo la norma
Ley de la Ciudad 52
RÉGIMEN DE LAS HERENCIAS VACANTES
Cuando una sucesión sea reputada vacante, con arreglo a las disposiciones del Código Civil, en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Procurador o Procuradora General de la Ciudad debe designar curador o curadora de la herencia a uno o más abogados/as que sean integrantes del organismo a su cargo, sin perjuicio de la intervención que compete al Ministerio Público.
La Procuración General de la Ciudad es parte legítima en el juicio sucesorio a partir de la reputación de vacancia. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo precedente, el juez o jueza interviniente puede requerir, o admitir la intervención que corresponda de la Procuración, cuando considere que existe la posibilidad de herencias presuntivamente vacantes.
Se considera denunciante a toda persona de existencia visible o jurídica que, sin obligación legal, haga saber a la Procuración General de la Ciudad la existencia de bienes o valores vacantes de los cuales ésta no tenga conocimiento. No pueden ser considerados denunciantes: a. los abogados o abogadas, procuradores o procuradoras y funcionarios o funcionarias de la Procuración General de la Ciudad; b. los funcionarios o funcionarias o empleados o empleadas del Estado que, por razón de su oficio público hayan llegado a tener conocimiento de la existencia de bienes vacantes.
La denuncia de herencias vacantes podrá realizarse por escrito de manera presencial a través de la Mesa de Entradas de la Procuración General o a través de los medios digitales dispuestos para ese fin. La misma deberá ser firmada ológrafa o electrónicamente por quien la efectúe y contener: a. nombre y apellido, profesión, domicilio real, legal y electrónico del o de la denunciante; b. nombre, apellido, estado civil, último domicilio real del o de la fallecido/a, fecha y lugar del deceso; y, c. naturaleza de los bienes, circunstancias que acrediten y su ubicación y monto y demás elementos que permitan formar criterio acerca de la eficacia de la acción que pudiera iniciarse. La Sede Electrónica será el medio para la gestión de los trámites, avisos, comunicaciones y notificaciones de las actuaciones. La Procuración General de la Ciudad se expedirá respecto de la denuncia, mediante acto administrativo que se notificará al o a la denunciante, quien puede interponer los recursos previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Al escrito de denuncia se le asignará fecha y hora en base a la presentación digital o de recepción del escrito en la Mesa de Entradas de la Procuración General. La recepción de todas las denuncias se asentará en registros que la autoridad de aplicación implementará al efecto. La Procuración General dejará constancia de si se ha recibido otra denuncia respecto del mismo caso e indicará el número de orden que corresponda. En dicho supuesto, la primera denuncia excluirá a las siguientes, por lo que éstas permanecerán reservadas a resultas de la resolución que recaiga sobre la primera.
Para acceder al beneficio que la ley prevé respecto de los y las denunciantes, éstos deben cumplir con las siguientes condiciones: a. acompañar, dentro de los quince (15) días de serle requerida, la partida de defunción del o de la causante o, en su defecto, dar indicación precisa de la jurisdicción a la que pertenece la oficina del Registro Civil que la hubiese expedido. El plazo podrá ampliarse en treinta (30) días si él o la causante hubiere fallecido en el extranjero; y, b. depositar o transferir en la cuenta de la Procuración General dentro de los quince (15) días de serle requerida, la suma necesaria para cubrir los gastos de publicación de edictos, la que se reintegrará al liquidarse la participación que le otorga la ley.
La Ciudad de Buenos Aires reconoce al denunciante el diez por ciento (10%) del valor líquido de los bienes denunciados. Para determinar el valor deben descontarse las deudas y cargas de la sucesión y los gastos causídicos. Si la incorporación de los bienes a la Ciudad se produjera en especie, a los efectos de esta participación la misma debe determinarse sobre el valor que resulte de la tasación realizada en sede judicial.
La autoridad que intervenga en los casos de fallecimiento de alguna persona a quien no se le conozcan herederos debe comunicar al Procurador o Procuradora General telegráficamente, dentro de las 24 (veinticuatro) horas, la iniciación de las actuaciones. También debe remitir copia del inventario y demás documentación que puede ser útil a los fines sucesorios.
Los funcionarios de la Ciudad que tomen conocimiento de la existencia de bienes presuntamente vacantes por fallecimiento de su titular, deben comunicarlo inmediatamente al Procurador o Procuradora General.
Si por negligencia de las autoridades o funcionarios/as en el cumplimiento de las obligaciones que imponen los artículos anteriores, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resulta perjudicada, el o la negligente es patrimonialmente responsable de los daños causados, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que puedan corresponderle.
El Procurador General debe adoptar todas las medidas necesarias para establecer el patrimonio del causante y asegurar o conservar los bienes. Puede además, sin consentimiento del o de la denunciante, abstenerse de iniciar o proseguir el juicio sucesorio cuando en base a los antecedentes con que cuente resulte que los gastos a originarse superen los eventuales beneficios, por la exigüidad de los bienes del causante.
Los bienes que componen la herencia reputada como vacante deben ser enajenados en público remate a través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires en un plazo de sesenta (60) días hábiles administrativos, contados desde la reputación de vacancia. El producto de los bienes subastados debe incorporarse al fondo creado en el artículo siguiente una vez pagadas las deudas del causante, deducidos los gastos causídicos y, en su caso, pagada la comisión que corresponda al denunciante. Durante los primeros 10 días hábiles del plazo establecido en el párrafo anterior, el Ministerio de Educación podrá solicitar que un bien particular que componga la herencia reputada vacante no sea subastado, para ser destinado a su área de competencia. Para ello, el Procurador General deberá dar vista al Ministerio de Educación de los bienes reputados como herencia vacante, el primer día hábil posterior desde la reputación de la misma.
Los bienes que la Ciudad obtenga en concepto de herencias vacantes deben incorporarse a un fondo de afectación específica de la Secretaria de Educación para gastos en inversión.
La presente ley se aplica a partir de su publicación a las sucesiones que se inicien y a las que se encuentran en trámite, donde todavía no se haya producido la incorporación del dominio de los bienes vacantes al Estado Nacional.
El Procurador o la Procuradora General debe adoptar las disposiciones para que, en todos los juicios sucesorios en los que haya reputación de vacancia, cuyos bienes se encuentren en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los abogados o abogadas de la Procuración se presenten a fin de hacer valer los pertinentes derechos.
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