Abriendo la norma
Ley de la Ciudad 5.688
SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
La presente Ley establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo referente a su composición, misión, función, organización, dirección, coordinación y funcionamiento, así como las bases jurídicas e institucionales para la formulación, implementación y control de las políticas y estrategias de seguridad pública.
A los fines de la presente Ley se define como seguridad pública a la situación de hecho basada en el derecho en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establecen la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La seguridad pública implica la acción coordinada y la interacción permanente entre las personas y las instituciones del sistema democrático, representativo y republicano, particularmente, los organismos componentes del Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La seguridad pública es deber propio e irrenunciable del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que debe arbitrar los medios para salvaguardar la libertad, la integridad y derechos de las personas, así como preservar el orden público, implementando políticas públicas tendientes a asegurar la convivencia y fortalecer la cohesión social, dentro del estado de derecho, posibilitando el goce y pleno ejercicio, por parte de las personas, de las libertades, derechos y garantías constitucionalmente consagrados.
El Ministerio de Justicia y Seguridad es el organismo encargado de elaborar los lineamientos generales en materia de seguridad, tendientes a llevar a cabo el diseño de las acciones preventivas necesarias y las tareas de control. Realizará las tareas de control y aplicará el régimen disciplinario sancionatorio de la actuación policial, conforme lo establecido por el Artículo 35 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene como finalidad la formulación, implementación y control de las políticas de seguridad pública desarrolladas en el ámbito local, aquellas referidas a las estrategias sociales de prevención de la violencia y el delito, así como las estrategias institucionales de persecución penal, de seguridad preventiva comunitaria y de seguridad compleja.
Son objetivos del Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad: 1. Facilitar las condiciones que posibiliten el pleno ejercicio de las libertades, derechos y garantías constitucionales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2. Mantener el orden y la tranquilidad pública en todo el territorio de la Ciudad, con excepción de los lugares sujetos a jurisdicción federal. 3. Proteger la integridad física de las personas, así como sus derechos y bienes. 4. Promover y coordinar los programas de disuasión y prevención de delitos, contravenciones y faltas. 5. Establecer los mecanismos de coordinación y colaboración para evitar la comisión de delitos, contravenciones y faltas. 6. Promover la investigación de delitos, contravenciones y faltas, así como la persecución y sanción de sus autores. 7. Promover el intercambio de información en los términos de esta Ley. 8. Dirigir y coordinar los organismos de ejecución de pena a los fines de lograr la reinserción social del condenado, en cumplimiento de la legislación vigente. 9. Establecer los mecanismos de coordinación entre las diversas autoridades para apoyo y auxilio a la población en casos de siniestros o desastres, conforme a los ordenamientos legales vigentes en la materia. 10. Garantizar la seguridad en el tránsito a través de la prevención del riesgo vial y el control de la seguridad vial. 11. Regular y controlar la prestación de los servicios de seguridad privada.
El Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está constituido por los siguientes componentes: 1. El Jefe de Gobierno; 2. El Ministerio de Justicia y Seguridad; 3. El Poder Legislativo; 4. El Poder Judicial; 5. Las Juntas Comunales; 6. La Policía de la Ciudad; 7. El Cuerpo de Bomberos; 8. El Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte; 9. El Servicio de reinserción social; 10. El Instituto Superior de Seguridad Pública; 11. El Consejo de Seguridad y Prevención del Delito; 12. El Sistema de Gestión de Información de Seguridad Pública; 13. El Sistema Penitenciario; 14. El Sistema de Emergencias; 15. El Sistema de Seguridad Privada; 16. Foros de la Seguridad Pública; y 17. Los Agentes en Calle.
El Sistema Integral de Seguridad Pública y el diseño de políticas públicas en la materia en la Ciudad de Buenos Aires adopta los siguientes principios rectores: 1. Gobierno civil: por medio del control civil sobre la gestión institucional y el proceso de formación y capacitación de los actores del Sistema Integral de Seguridad Pública y garantizando el acceso a la información. 2. Cercanía: a través del conocimiento de las necesidades de la comunidad y la adaptación consecuente de la prestación de los servicios de seguridad, promoviendo la gestión democrática de las instituciones de la seguridad y la desconcentración de la organización policial a nivel comunal. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debe implementar acciones para promover el acceso igualitario de todas las personas a la justicia, incluido el establecimiento de un sistema de recepción de denuncias desconcentrado territorialmente. 3. Participación ciudadana: promoviendo la integración con la comunidad y la participación de los ciudadanos y las organizaciones civiles con las autoridades encargadas de la seguridad en cada una de las comunas en el diagnóstico y la propuesta de estrategias y políticas en materia de seguridad. 4. Innovación: estimulando la modernización de la gestión administrativa y la incorporación de nuevas tecnologías en el desarrollo de los procedimientos y servicios. 5. Transparencia: implementando mecanismos eficaces, eficientes y ágiles en los procesos y procedimientos que tengan por objeto tutelar y proteger la seguridad pública. 6. Prevención: desarrollando estrategias y medidas tendientes a reducir las causas generadoras de conductas ilícitas, coordinando políticas sociales con políticas de seguridad con especial atención a los grupos poblacionales más vulnerables. 7. Desburocratización: desarrollando nuevas formas de organización y racionalización para la simplificación de los procedimientos administrativos. 8. Eficacia y eficiencia: con el fin de alcanzar los objetivos propuestos mediante una correcta asignación y un mejor aprovechamiento de los recursos del Estado, reduciendo los tiempos de los procedimientos. 9. Información estadística confiable: mediante la recopilación de datos relevantes en materia de seguridad sobre la base de indicadores estandarizados por el Ministerio de Justicia y Seguridad, a efectos de desarrollar informes confiables y oportunos que permitan adoptar políticas públicas eficaces en la materia.
El Jefe de Gobierno, en su carácter de titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires y Jefe de la Administración, o el funcionario que éste designe o en quien delegue esta competencia, debe articular el Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Ministerio de Justicia y Seguridad, debe formular y presentar anualmente a la Legislatura de la Ciudad el Plan General de Seguridad Pública que debe contener la misión o premisa dominante, las metas generales y los objetivos específicos de la política de seguridad pública, así como las estrategias y directivas generales para su gestión, implementación y control. Dicha presentación se realiza junto con el giro del proyecto de presupuesto de gastos y recursos de la Ciudad y sus entes autárquicos y descentralizados.
El Jefe de Gobierno puede delegar en el Ministerio de Justicia y Seguridad las responsabilidades establecidas en la presente Ley. El Ministerio de Justicia y Seguridad es responsable de la planificación estratégica de las políticas de seguridad pública basándose en las siguientes funciones: 1. La reunión de información estadística confiable a través de la producción y sistematización que realicen las dependencias a su cargo. 2. La elaboración, implementación y evaluación de las políticas y las estrategias de seguridad pública y de las directivas generales y específicas necesarias para su gestión y control, a través de las áreas dependientes competentes para ello. 3. La planificación estratégica basada en la elaboración y formulación de la estrategia institucional asentada en la realización del diagnóstico institucional y de los planes de reforma y modernización institucional, así como de las estrategias de control social e institucional de la violencia y de las diferentes modalidades delictivas. 4. La gestión del conocimiento en materia de seguridad pública a través de la planificación, producción, coordinación y evaluación del conocimiento institucional referido a la situación y el desempeño de los componentes del Sistema Integral de Seguridad Pública, así como del conocimiento criminal referido a la situación del delito y la violencia en el nivel estratégico. 5. La dirección superior de la Policía de la Ciudad, a través de las dependencias que determine su estructura, mediante la planificación estratégica, el diseño y formulación de las estrategias policiales de control de la violencia y el delito, la conducción y coordinación funcional y organizativa de sus diferentes instancias y componentes. Es, asimismo, responsable de la dirección del accionar específico, así como también de las actividades y labores conjuntas con otros cuerpos policiales y fuerzas de seguridad, el Cuerpo de Bomberos, el servicio de Seguridad Privada y el Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, de acuerdo con sus funciones y competencias específicas. 6. La gestión administrativa general de la Policía de la Ciudad en todo lo que compete a la dirección de los recursos humanos, la reglamentación del servicio de policía complementaria y del servicio complementario de prevención de incendios, la planificación y ejecución presupuestaria, la gestión económica, contable, financiera y patrimonial, la planificación y gestión logística e infraestructural y la asistencia y asesoramiento jurídico-legal. 7. La dirección y coordinación del sistema de prevención de la violencia y el delito, especialmente en la formulación, implementación y evaluación de las estrategias de prevención social de la violencia y el delito. 8. La coordinación integral de la participación ciudadana en asuntos de seguridad pública. 9. La fiscalización del sistema de seguridad privada y la administración del régimen sancionatorio y de infracciones, a través de las dependencias a su cargo. 10. La elaboración, implementación y evaluación de las políticas y las estrategias en materia penitenciaria y de reinserción social de los condenados y de las directivas generales y específicas necesarias para su gestión y control. 11. La planificación, organización y ejecución de la capacitación, formación e investigación científica y técnica en materia de seguridad pública tanto para el personal policial como para los funcionarios y demás sujetos públicos y privados vinculados a la materia, a través del Instituto Superior de Seguridad Pública. 12. Intervenir en la elaboración y evaluación de las políticas y estrategias de seguridad vial y su implementación a través del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte. 13. La coordinación de los distintos componentes del Sistema de Emergencias. 14. La Oficina de Transparencia y Control Externo.
Los componentes del Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires no pueden ser auditados o controlados sino por los organismos creados por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o por las leyes que en su consecuencia se dicten.
El Ministerio de Justicia y Seguridad coordina el ejercicio de las respectivas funciones de los componentes del Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad para el cumplimiento de los objetivos previstos en la presente Ley.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhiere a la Ley Nacional N° 24.059, de Seguridad Interior, al Decreto N° 1.273/92, y participa e integra en todas las instancias creadas por la Ley Nacional N° 25.520 de Inteligencia Nacional.
El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, establece las formas y modalidades en que se articula la acción de los distintos ministerios en apoyo a los esfuerzos que se desarrollen para la prevención integral del delito.
Es un derecho de los ciudadanos y un deber del Estado de la Ciudad promover la efectiva participación ciudadana en asuntos de seguridad pública, a través de los mecanismos dispuestos en la presente Ley y en las reglamentaciones que en consecuencia se dicten.
El Ministro de Justicia y Seguridad aprueba los medios para canalizar las vías de participación y denuncia ciudadanas.
La participación ciudadana se efectiviza a través de la actuación de los Foros de Seguridad Pública (FOSEP).
Los Foros de Seguridad Pública se constituyen como ámbitos de participación y colaboración entre la sociedad civil y las autoridades, para la canalización de demandas y la formulación de propuestas en materia de seguridad pública.
Los FOSEP se desarrollan en el ámbito territorial de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose uno por cada una de ellas.
Los FOSEP promueven la efectiva participación ciudadana para la formulación de propuestas y seguimiento en materia de políticas públicas de seguridad. Las propuestas de los FOSEP son consideradas prioritarias para la planificación de los planes de prevención.
Cada FOSEP está integrado por: 1. Organizaciones de la sociedad civil o entidades comunitarias y vecinales con personería jurídica, domicilio y actuación en el ámbito territorial de la Comuna correspondiente. 2. El representante de la Junta Comunal que tenga entre sus atribuciones la temática de la seguridad pública. 3. Un representante de cada una de las fuerzas de seguridad con actuación en la Comuna correspondiente. 4. Un representante del Ministerio de Justicia y Seguridad. 5. Un representante del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A los fines de su funcionamiento los FOSEP cuentan con los siguientes Registros: 1. Registro de Organizaciones de la sociedad civil o entidades comunitarias y vecinales con personería jurídica señaladas en el artículo 23, inciso 1 de la presente Ley. 2. Registro de Vecinos que deseen participar a título individual de las reuniones plenarias que organice el Foro de su Comuna.
Los FOSEP tienen las siguientes funciones: 1. Formular propuestas para el Plan General de Seguridad Pública. 2. Colaborar en los asuntos vinculados a la seguridad pública comunal, en la forma y con los alcances que determine la reglamentación. 3. Evaluar la implementación de políticas públicas de seguridad en la Comuna. 4. Formular sugerencias y presentar propuestas en materia de seguridad pública. 5. Informar y asesorar a los vecinos acerca de toda cuestión atinente a la seguridad pública en la Comuna. 6. Establecer una relación permanente con las dependencias policiales que actúen dentro de su jurisdicción. 7. Evaluar el funcionamiento de la actuación policial en el ámbito de la Comuna. 8. Invitar a autoridades, funcionarios públicos, organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas y culturales tanto públicas como privadas, con actuación en su ámbito territorial para tratar cuestiones referentes a la seguridad pública. 9. Participar del Sistema de Información para la Prevención Comunitaria del Delito y la Violencia (SIPREC). 10. Coordinar conjuntamente con autoridades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas con actuación en su ámbito territorial, la organización de cursos, seminarios y talleres abiertos al público que versen sobre cuestiones inherentes a la seguridad pública. 11. Facilitar la comunicación, el entendimiento y la cooperación entre los distintos actores comunitarios, las dependencias policiales de su jurisdicción y las autoridades gubernamentales. 12. Participar en la elaboración y control de las estrategias y planes de prevención social de la violencia y el delito llevados a cabo por los organismos públicos especializados en la materia. 13. Constituirse en un ámbito de intercambio de información y experiencias respecto de sus propios barrios, los problemas específicos que padecen y los principales lugares de conflictividad, a los fines de formular aportes a los planes de seguridad y prevención relativos a la correspondiente Comuna. 14. Convocar a reuniones plenarias periódicas de los FOSEP a los inscriptos en los Registros establecidos en el artículo 24. La evaluación prevista en el inciso 7 se realiza sin la participación de los representantes de las fuerzas de seguridad.
Los vecinos que no integren ninguna de las organizaciones mencionadas en el artículo 23, inciso 1, pueden participar en los FOSEP a título individual, bajo las siguientes modalidades: 1. Presentando ante el Foro de su Comuna una iniciativa, reclamo o petición por escrito, que el Foro debe considerar en la próxima reunión. 2. Participando de los talleres y seminarios que el Foro organice o coordine. 3. Participando de la reunión plenaria que organice el Foro de su Comuna.
La integración de la Coordinación de los FOSEP es definida por la autoridad de aplicación de la presente y tiene las siguientes funciones: Convocar a todas las instituciones, organizaciones de la sociedad civil, entidades comunitarias y vecinales que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 23, inciso 1 y vecinos, a inscribirse en los registros previstos en el artículo 24. Promover la conformación de los Foros en cada una de las Comunas. Brindar el soporte administrativo para el buen funcionamiento y gestión de los Foros. Elaborar las actas con las resoluciones de los foros que serán firmadas por los vecinos y organizaciones participantes. Coordinar las acciones y relación de los Foros con el Gobierno de la Ciudad y con las Comunas. Canalizar, a través del representante del Ministerio de Justicia y Seguridad o el organismo que en un futuro lo reemplace, las respuestas y consideraciones realizadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las propuestas e inquietudes surgidas en cada Foro. Elaborar un informe de gestión de las demandas surgidas en los foros que deberá ser puesto a consideración de los participantes en el siguiente encuentro para su evaluación. Remitir un informe semestral que describa las actividades realizadas por los Foros con sus respectivas iniciativas, reclamos o peticiones, al Ministro de Justicia y Seguridad, quien lo remitirá a la Legislatura y a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Coordinar el seguimiento de las iniciativas, reclamos o peticiones realizadas por cada uno de los Foros. Establecer una mesa de trabajo permanente con la Junta Comunal.
Las sugerencias y propuestas que surjan de los Foros son puestas en conocimiento de la autoridad de aplicación, del Consejo de Seguridad y Prevención del Delito y del Comité de Seguimiento de Seguridad Pública creado por la Ley 3253.
Toda persona puede solicitar y recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna ante los órganos que componen el Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme las disposiciones vigentes del régimen general de acceso a la información pública.
El funcionario público o agente responsable que en forma arbitraria obstruya el acceso del solicitante a la información requerida o la suministre en forma incompleta u obstaculice de cualquier modo el acceso a la información que el Gobierno de la Ciudad debe suministrar, es considerado incurso en falta grave.
La denegatoria de la información debe ser dispuesta por un funcionario de jerarquía equivalente o superior a Director General, en forma fundada. Sólo puede rechazarse un requerimiento de información si se exponen de manera detallada los elementos y las razones por las cuales su entrega puede ocasionar un daño al bien jurídico protegido.
Los órganos que componen el sistema integral de seguridad pública no están obligados a suministrar información cuando: 1. Se prevea un mecanismo especial para la tramitación de la solicitud, ya sea por su naturaleza, materia o características, conforme las normas vigentes. 2. Afecte la intimidad de las personas o bases de datos con información de domicilios o teléfonos o datos personales. 3. Se trate de información obtenida con carácter confidencial o esté protegida por el secreto bancario. 4. Su publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la defensa o tramitación de una causa judicial o de cualquier tipo que resulte protegida por el secreto profesional. 5. Se trate de notas internas con recomendaciones u opiniones producidas como parte del proceso previo a la toma de una decisión de Autoridad Pública que no formen parte de los expedientes. 6. Sea esencial para resguardar la estrategia o dirección de la investigación u operación tendiente a hacer efectivo el deber de seguridad pública en el marco del Sistema Integral de Seguridad Pública establecido en la presente ley. 7. Su reserva sea esencial para resguardar el respeto a los derechos de las personas, la protección de la seguridad pública, el orden público, la salud y la moral pública.
Los interesados, oferentes, contratistas o subcontratistas que participen en procedimientos de selección o de contrataciones vinculadas con la prestación del servicio de seguridad pública, tienen la obligación de guardar confidencialidad aún después de la extinción del procedimiento o contrato, en todo cuanto se relacione con el objeto de aquél, salvo requerimiento judicial.
Créase la Oficina de Transparencia y Control Externo de la Policía de la Ciudad, órgano desconcentrado del Ministerio de Justicia y Seguridad. Quedan sujetos a su ámbito de competencia todos los integrantes de la Policía de la Ciudad, tengan o no estado policial, y el personal retirado. Los miembros de la Policía de la Ciudad no pueden integrar la Oficina de Transparencia y Control Externo. Su personal ingresa por concurso público de oposición y antecedentes, conforme los requisitos que establezca la reglamentación. Los miembros de la Policía de la Ciudad deberán presentar una Declaración Jurada Patrimonial Integral al inicio y al final de su función y una actualización en forma anual.
Son funciones de la Oficina de Transparencia y Control Externo: 1. Investigar las situaciones en las que intervenga personal de la Policía de la Ciudad y en las que se denuncie o se presuma razonablemente la existencia de irregularidades. 2. Sustanciar los sumarios administrativos y proponer al Ministro de Justicia y Seguridad, cuando corresponda, las sanciones disciplinarias a aplicar. Cuando de los hechos investigados se pueda presumir la comisión de delitos, la Oficina comunica dicha circunstancia al citado Ministro a los fines de las presentaciones judiciales que pudieran corresponder. 3. Elaborar programas y políticas de prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en el ámbito de las fuerzas de seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y proponer su implementación al Ministro de Justicia y Seguridad. 4. Planificar programas y acciones tendientes a prevenir aquéllas conductas vinculadas con la actuación del personal policial que puedan constituir faltas éticas y abusos funcionales graves y proponer su implementación al Ministro de Justicia y Seguridad. 5. Recibir las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de los miembros de la Policía de la Ciudad y colaborar con la autoridad de aplicación de la Ley 4.895. 6. Elaborar un informe anual sobre el desempeño de la Policía de la Ciudad en materia de promoción de los derechos humanos.
Los miembros de la Oficina de Transparencia y Control Externo de la Policía de la Ciudad deben actuar conforme los siguientes principios: 1. Independencia de criterio, entendida como la responsabilidad de preservar la objetividad en la consideración de los hechos y ser imparcial en la formulación de conclusiones y recomendaciones. El personal debe excusarse de intervenir en aquellas investigaciones en las cuales su independencia de criterio pueda verse afectada por cualquier motivo. 2. Idoneidad, entendida como la formación técnica y experiencia profesional adecuadas para realizar las tareas que se requieran. En tal sentido se debe fomentar la capacitación permanente encaminada a la actualización técnico-profesional y perfeccionamiento en materias que hagan al objeto y finalidad del organismo. 3. Debido cuidado y diligencia profesional, entendida como el recto criterio a la hora de seleccionar los métodos y procedimientos a aplicar en el curso de una investigación o tarea a desarrollar. 4. Secreto profesional. El personal que intervenga en las investigaciones y sumarios debe mantener total reserva respecto a la información a la que acceda en el curso de su tarea, excepto cuando las normas o la autoridad competente dispongan la publicidad de la información.
Para el cumplimiento de sus funciones la Oficina de Transparencia y Control Externo de la Policía de la Ciudad tiene acceso irrestricto a toda documentación, información, sistemas informáticos, de comunicación y de imágenes de la Policía de la Ciudad, debiendo solicitarla a través del Ministro de Justicia y Seguridad o el funcionario que éste designe. Constituye falta grave la obstrucción, ocultamiento, falsedad, reticencia o retardo injustificado en el suministro de la información requerida.
La Oficina de Transparencia y Control Externo de la Policía de la Ciudad articula su actividad con la del órgano bajo la órbita de la Policía de la Ciudad encargado de sustanciar los procedimientos disciplinarios. A estos efectos: 1. La Oficina de Transparencia y Control Externo tiene acceso directo a la totalidad de la información relacionada con los procedimientos administrativos sustanciados por el órgano policial, a su simple requisitoria. 2. El órgano policial debe informar a la Oficina de Transparencia y Control Externo sobre la apertura de todo nuevo procedimiento en el cual se investigue la comisión de una falta disciplinaria o la existencia de una irregularidad. 3. Si la Oficina de Transparencia y Control Externo decidiese instruir una investigación por un hecho que es investigado por el órgano policial, el sumario de la Oficina de Transparencia inhibe la prosecución del órgano policial. En este caso, éste último debe remitir las actuaciones a la Oficina de Transparencia de manera inmediata a los efectos de su unificación. Asimismo, el órgano policial no puede iniciar sumarios por hechos investigados por la Oficina de Transparencia y Control Externo. 4. Si en el transcurso de sus investigaciones el órgano policial arribase a la conclusión de la posible comisión de un hecho delictivo, debe informarlo de manera inmediata a la Oficina de Transparencia y Control Externo, junto a todos los antecedentes del caso, a los efectos dispuestos en el artículo 35, inciso 2, in fine.
El Ministerio de Justicia y Seguridad implementa un sistema de protección para el personal de la Policía de la Ciudad destinado a las víctimas, testigos o denunciantes de ilícitos, irregularidades administrativas, hechos de corrupción, faltas de integridad, abusos funcionales y/o delitos, frente a actos o hechos que tengan por objeto la intimidación, discriminación, castigo o represalia por la denuncia o testimonio brindados. La reglamentación establece los procedimientos de recepción de las denuncias y testimonios y las medidas de protección disponibles, pudiendo contemplarse la reserva de identidad. Las denuncias no podrán ser realizadas bajo la figura del anonimato. Las medidas de protección deben ser aplicadas contra todos los actos, resoluciones, prácticas formales o informales que afecten o amenacen en modo directo o indirecto la integridad personal, la seguridad, la integridad o libertad sexual, las relaciones laborales, el desarrollo de la carrera, la reputación personal o profesional del integrante de la Policía de la Ciudad que brinde denuncia o testimonio sobre los hechos señalados en el primer párrafo, o de su grupo familiar directo. Todos los procedimientos deben basarse en los principios de efectividad, celeridad, inmediatez, concentración, economía procesal, oralidad, proporcionalidad y confidencialidad. El sistema contemplará la asistencia psicológica de víctimas, testigos y denunciantes cuando las circunstancias del caso así lo exigieran, durante el transcurso del procedimiento. Asimismo, podrá disponerse como medida de protección el traslado preventivo del lugar de trabajo o el cambio de situación de revista de la persona protegida.
La Oficina de Transparencia y Control Externo debe someter anualmente a la ciudadanía, por las vías que la reglamentación establezca, el expediente íntegro de diez (10) investigaciones relevantes sobre faltas cometidas por el personal policial que se hayan concluido, y en las cuales hayan quedado firmes las resoluciones recaídas. La publicidad de la información contemplada en este artículo debe atenerse a lo dispuesto en el artículo 32.
Créase la Defensoría del Personal de la Policía de la Ciudad, órgano desconcentrado dependiente del Ministro de Justicia y Seguridad, cuya misión es la defensa, protección y promoción integral de los derechos humanos y demás derechos e intereses individuales, colectivos y difusos del personal de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tutelados en la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las leyes y las reglamentaciones frente a los actos, hechos u omisiones de la administración.
Los miembros de la Policía de la Ciudad no pueden integrar la Defensoría del Personal de la Policía de la Ciudad. Su personal ingresa por concurso de oposición y antecedentes.
Son funciones de la Defensoría del Personal de la Policía de la Ciudad: 1. Garantizar el debido proceso legal del personal de la Policía de la Ciudad. 2. Proponer mecanismos de salvaguarda de los derechos del personal de la Policía de la Ciudad, velando por el cumplimiento de sus derechos y garantías y de un sano ambiente laboral, tutelando el cumplimiento de los preceptos establecidos en la presente ley frente a actos, hechos u omisiones de la administración pública y de la propia institución policial en desmedro de sus integrantes. 3. Promover el respeto integral de los derechos del personal al interior de la Policía de la Ciudad. 4. Asistir y asesorar al personal policial respecto de la discriminación laboral por razones de género, raza, religión, orientación sexual o cualquier otro motivo de discriminación ilegítima.
La Defensoría del Personal de la Policía de la Ciudad tiene legitimación administrativa y procesal y actúa con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad.
Para el cumplimiento de sus funciones la Defensoría del Personal de la Policía de la Ciudad tiene acceso irrestricto a toda documentación, información, sistemas informáticos, de comunicación y de imágenes de la Policía de la Ciudad. Constituye falta grave la obstrucción, ocultamiento, falsedad, reticencia o retardo injustificado en el suministro de la información requerida.
Los integrantes de la Defensoría del Personal de la Policía de la Ciudad tienen la obligación de guardar confidencialidad, aún luego de cesar en sus cargos, respecto de la información a la que tengan acceso relacionada con el despliegue operativo, métodos de investigación o cualquier otro aspecto cuya divulgación a terceros pueda comprometer la eficacia del accionar de la Policía de la Ciudad.
El Mapa del Delito, el Sistema de Información para la Prevención del Delito y la Violencia (SIPREC) y la Encuesta de Victimización integran el sistema de gestión de información de seguridad pública.
El sistema de gestión de información de seguridad pública tiene como finalidad: 1. Elaborar el Mapa del Delito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme las disposiciones contenidas en la presente Ley; 2. Proveer información integral, relevante, mensurable, confiable y oportuna sobre la seguridad pública en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 3. Realizar estudios e investigaciones para la formulación de las políticas de seguridad; 4. Identificar las problemáticas en materia de seguridad y realizar propuestas para la formulación de políticas sobre la base de la información producida; 5. Promover y coordinar el intercambio de información con las organizaciones públicas y privadas vinculadas a la seguridad.
El sistema de gestión de información de seguridad pública debe: 1. Desarrollar informes y estadísticas sobre la criminalidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2. Establecer criterios técnicos y metodológicos para la construcción de indicadores. 3. Brindar asesoramiento en la materia a las áreas competentes y contribuir al mejoramiento de los registros estadísticos. 4. Monitorear y realizar el control de calidad de los resultados estadísticos. 5. Sistematizar y brindar información criminal y estadística a las áreas que la requieran para la elaboración de políticas de seguridad. 6. Coordinar el intercambio de información entre los diferentes componentes del sistema integral de seguridad pública. 7. Establecer mecanismos de intercambio de información con el gobierno nacional y los gobiernos provinciales. 8. Intercambiar información con los poderes judiciales, ministerios públicos e instituciones que administren información de utilidad para la elaboración de informes y estadísticas. 9. Coordinar la recolección de información atinente a los delitos. 10. Proveer la información necesaria para el sistema nacional de información criminal (SNIC).
El sistema de gestión de información de seguridad pública de producir: 1. Indicadores básicos a partir de todas las fuentes de información disponibles, asegurando una adecuada sistematicidad, continuidad y homogeneidad en la producción de los datos. 2. Información sobre la incidencia de la victimización en la sociedad, desagregada según su tipo, características de las víctimas, delitos, y contravenciones denunciados y no denunciados, lugar, hora y modalidad de producción. 3. Información sobre las causas tramitadas por el sistema judicial desagregada en delitos y contravenciones, detenciones realizadas, características de los individuos procesados y condenados a través del mismo, las personas bajo supervisión y reincidentes, incluyendo como mínimo, edad, sexo, nivel educativo, nacionalidad y estado civil. 4. Información sobre percepción de la ciudadanía sobre aspectos relacionados con la seguridad y las instituciones vinculada a estos. 5. Otras variables que determine la autoridad de aplicación.
Los datos suministrados al sistema de gestión de información de seguridad pública sólo pueden utilizarse con fines estadísticos, sin individualizar a las personas involucradas en los hechos de referencia.
Todas las personas que por razón de sus cargos o funciones tomen conocimiento de datos estadísticos o censales deben observar la debida reserva, confidencialidad y sigilo, resultado de aplicación, en el caso de incumplimiento, lo dispuesto en la legislación penal.
La información producida por el sistema de gestión de información de seguridad pública es de libre acceso a través del sitio web del Gobierno de la Ciudad.
El mapa del delito constituye una herramienta de gestión dirigida a la recopilación, procesamiento y análisis de la información concerniente a las actividades delictivas que se desarrollan en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El mapa del delito tiene por finalidad: 1. Avanzar en la elaboración de un diagnóstico certero de las causas y procesos que confluyen en los hechos delictivos registrados en las distintas Comunas. 2. Contribuir a la elaboración de estrategias de prevención y conjuración del delito. 3. Promover un direccionamiento estratégico de los recursos humanos y logísticos de los servicios de seguridad. 4. Favorecer una respuesta oportuna a los requerimientos de la población en materia de seguridad.
Constituyen fuentes del Mapa del Delito: 1. Los componentes del Sistema Integral de Seguridad Pública mencionados en el artículo 8 de la presente Ley. 2. Los Ministerios Públicos y Poderes Judiciales de la Nación y provinciales. 3. El Observatorio Metropolitano de Seguridad Pública del Instituto Superior de Seguridad Pública de la Ciudad. 4. La Agencia Gubernamental de Control. 5. La Policía Federal Argentina, la Prefectura Naval, la Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. 6. El Registro Nacional de Reincidencia y el Servicio Penitenciario Nacional. 7. El Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 8. El SAME 9. Los espacios de participación ciudadana que aborden la temática de seguridad. 10. Las Universidades Nacionales con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 11. La Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los organismos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comprendidos en el artículo 56 deben remitir a la autoridad de aplicación toda la información que le solicite en el marco de su competencia, dentro del plazo de quince (15) días hábiles desde la recepción del correspondiente requerimiento. La obstrucción, ocultamiento, falsedad, reticencia o retardo injustificado en el suministro de la información requerida constituye falta grave.
La autoridad de aplicación se encuentra facultada a celebrar los convenios de cooperación para recabar información de las restantes instituciones públicas o privadas enumeradas en el artículo 56.
El Ministerio de Justicia y Seguridad comunica anualmente a la Legislatura y publica el mapa del delito. Dicho mapa debe ser incorporado en la presentación del presupuesto anual y programa general de gobierno a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según establece la Ley 70.
El SIPREC compone el sistema de gestión de información de seguridad pública y desarrolla técnicas y metodologías que, mediante la participación ciudadana, posibilitan elaborar muestreos poblaciones que proporcionan información cuantitativa aproximada de hechos delictivos y situaciones de violencia y conflicto ocurridos en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus características.
El SIPREC recaba información cuantitativa y cualitativa sobre delitos y situaciones de violencia y conflicto ocurridos en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, proporcionada directamente por los vecinos, hayan o no puesto en conocimiento del hecho a las fuerzas de seguridad o al Ministerio Público.
El sistema de información para la prevención comunitaria del delito y la violencia (SIPREC) tiene las siguientes funciones: 1. Elaborar y mantener actualizadas las estadísticas de victimización, percepción del delito y evaluación del desempeño policial de la Ciudad sobre la base de la información recabada. 2. Brindar pautas y prioridades para la elaboración de los cuestionarios de las encuestas de victimización, percepción y evaluación. 3. Realizar en forma anual una encuesta domiciliaria de victimización, percepción y evaluación. 4. Identificar situaciones conflictivas locales en los barrios de la Ciudad, especialmente aquellas que preocupan en forma prioritaria a la población. 5. Efectuar estudios comparativos de las estadísticas oficiales de criminalidad con la información recabada y las encuestas anuales de victimización. 6. Incorporar a la comunidad a las tareas de prevención del delito y la violencia, impulsando la participación en la formulación de propuestas que contribuyan a este fin y dialogando en forma permanente con los foros de seguridad pública (FOSEP), asambleas vecinales, organizaciones no gubernamentales, consejos profesionales, asociaciones civiles y con la ciudadanía en general.
El Ministerio de Justicia y Seguridad realiza anualmente una encuesta de victimización en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Ministerio de Justicia y Seguridad presenta el proyecto de encuesta al Consejo de Seguridad y Prevención del Delito de la Ciudad, para su consideración, en su primera sesión plenaria de cada año. El proyecto debe contener el plan de trabajo para el desarrollo de la encuesta.
La encuesta de victimización de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debe tomar en cuenta las recomendaciones establecidas por la Organización de Naciones Unidas, a través de su órgano especial UNICRI (Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigación sobre Delincuencia y Justicia).
La encuesta de victimización puede ser producida con medios y recursos propios del Gobierno, o tercerizada a través de convenios con universidades nacionales con asiento en la Ciudad u organizaciones especializadas.
El resultado de la encuesta de victimización de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe ser publicado en la página web de la Ciudad.
Créase la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que cumple con las funciones de seguridad general, prevención, conjuración, investigación de los delitos, protección y resguardo de personas y bienes, y de auxiliar de la Justicia.
La Policía de la Ciudad es una institución civil armada, jerarquizada profesionalmente, depositaria de la fuerza pública del Estado en el ámbito de la Ciudad, con excepción de los lugares sujetos a jurisdicción federal.
La Policía de la Ciudad depende jerárquica y funcionalmente del Jefe de Gobierno a través del Ministerio de Justicia y Seguridad. A los fines de cumplimentar los requisitos del artículo 39 de la Ley Nacional Nº 25.877 y las normas conexas de las Leyes Nacionales N° 24.241, 23.660, 23.661, 24.013 y 24.557, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será considerado empleador del personal de la Policía de la Ciudad, quedando expresamente facultado para inscribirse en dicho carácter ante la Administración Federal de Ingresos Públicos y celebrar los convenios previstos en los Artículos 224 y 429 de la presente Ley. El Ministro de Justicia y Seguridad designa y remueve el personal de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
La Policía de la Ciudad integra el Consejo de Seguridad y Prevención del Delito, en los términos de la Ley 1689.
La Policía de la Ciudad adhiere al Convenio Policial Argentino y solicita su reconocimiento como miembro de la Organización Policial Argentina, ratificándose por este medio el Reglamento del Convenio.
La Policía de la Ciudad coopera dentro de sus facultades con la Justicia Local, la Justicia Federal, y la de las Provincias, para el cumplimiento de sus funciones jurisdiccionales cuando así se le solicitare, conforme la disponibilidad de los recursos presupuestarios asignados.
La Policía de la Ciudad adhiere, en los términos del Decreto Nacional N° 684/62, y por intermedio de la Policía Federal Argentina, a la Organización Internacional de Policía Criminal (O.I.P.C. - INTERPOL).
La gestión de la Policía de la Ciudad, como integrante del sistema de seguridad, se sujeta a los siguientes principios rectores: 1. Gobierno civil: por medio del control civil sobre la gestión institucional y el proceso de formación y capacitación de los actores del Sistema Integral de Seguridad Pública y garantizando el acceso a la información. 2. Desconcentración: entendida como distribución territorial del servicio policial para lograr un mejor conocimiento de la idiosincrasia y de la conflictividad del barrio en que desempeña sus funciones y una mejor relación con la comunidad local. 3. Proximidad: entendida como estrategia de organización enfocada a un trabajo policial en estrecha colaboración con los recursos de la comunidad, desarrollando vínculos con sus actores representativos y de acercamiento a los vecinos que redunden en lazos beneficiosos tanto para la policía como para la sociedad en la solución de sus problemas. 4. Profesionalización: se desarrolla durante toda la carrera mediante la formación y la capacitación continua y permanente de los integrantes en la adquisición de competencias y habilidades especializadas para el cumplimiento adecuado de sus funciones. 5. Participación ciudadana: promoviendo la integración con la comunidad y la participación de los ciudadanos a través de los canales establecidos en las normas vigentes, y participando en los ámbitos de colaboración entre la sociedad civil y las autoridades encargadas de la seguridad en cada una de las comunas. 6. Prevención y proactividad: mediante el trabajo en forma eficiente y proactiva en las medidas destinadas a reducir el riesgo de que se cometan delitos y contravenciones y se produzcan efectos perjudiciales en las personas y en la sociedad, y en la coordinación de políticas sociales con las políticas de seguridad con especial atención a los grupos poblacionales más vulnerables. 7. Innovación tecnológica: incorporación y desarrollo de nuevas tecnologías para mejorar la gestión institucional y la transparencia, incrementar la protección del personal policial en el ejercicio de sus funciones, disuadir la comisión de delitos y contravenciones, mejorar la previsión de conductas delictivas y la investigación de nuevas formas de criminalidad. 8. Investigación criminal: generando análisis amplios sobre tendencias y amenazas en materia delictual, cooperando para la formulación de políticas en el área de la seguridad pública y en el diseño y preparación de las instituciones cuya función sea la lucha contra el delito. 9. Bienestar y desarrollo policial: se promueve el bienestar moral y material y el desarrollo del personal policial mediante los beneficios, la asistencia y la cobertura social y de salud que establecen las normas vigentes para los integrantes de la Policía de la Ciudad, sus familiares y derechohabientes en caso de fallecimiento. 10. Información estadística confiable: implica la obligación de llevar registros de datos sobre información criminal conforme indicadores estandarizados por el Ministerio de Justicia y Seguridad, a efectos de desarrollar informes eficaces y oportunos sobre la criminalidad en la Ciudad de Buenos Aires. 11. Transparencia y rendición de cuentas: todo el personal integrante de la Policía de la Ciudad tiene la obligación de presentar una declaración jurada patrimonial, conforme la normativa vigente. Asimismo, la Policía de la Ciudad debe generar estadísticas sobre desempeño policial.
La conducción de la Policía de la Ciudad está a cargo de un Jefe de Policía, con rango y atribuciones de Subsecretario. En su función el Jefe de Policía es asistido por un Subjefe de Policía. El Jefe de Gobierno designa al Jefe y al Subjefe de la Policía de la Ciudad, a propuesta del Ministro de Justicia y Seguridad.
El Jefe de Gobierno debe publicar el nombre y antecedentes del candidato para Jefe de la Policía de la Ciudad en el Boletín Oficial de la Ciudad y en el sitio de internet oficial del Gobierno de la Ciudad durante diez (10) días hábiles. Los habitantes de la Ciudad y las organizaciones de la sociedad civil pueden presentar observaciones fundadas a la candidatura durante un plazo de diez (10) días hábiles posteriores al fin de la publicación. Vencido el plazo para la presentación de las observaciones, el Jefe de Gobierno efectúa la designación o reinicia el procedimiento establecido en este artículo.
Corresponde al Jefe de Policía 1. Conducir orgánica y funcionalmente la Fuerza, siendo su responsabilidad la organización, prestación y supervisión de los servicios policiales de la ciudad, en el marco de la Constitución, de la presente Ley y de las restantes normas aplicables. 2. Dictar resoluciones, impartir directivas y órdenes generales o particulares necesarias para el cumplimiento de su misión. 3. Proponer al Ministro de Justicia y Seguridad la estructura orgánica de las dependencias, organizando los servicios a través del dictado de resoluciones internas. 4. Proponer al Ministro de Justicia y Seguridad o a quien éste designe, los ascensos ordinarios del personal de Oficiales de Dirección y de Supervisión. 5. Proponer al Ministro de Justicia y Seguridad o a quien éste designe, los ascensos extraordinarios y menciones especiales por actos destacados del servicio, debiendo acreditarse fehacientemente los méritos. 6. Proponer la realización de convenios con Fuerzas de Seguridad y Policiales, nacionales y provinciales, y proponer al Ministro de Justicia y Seguridad los relativos a las fuerzas de seguridad y policiales extranjeras con fines de cooperación y reciprocidad.
Corresponde al Subjefe de Policía acompañar al Jefe en sus funciones y cumplimentar todas aquellas que le sean delegadas, y reemplazarlo en caso de ausencia, enfermedad, muerte, impedimento temporal, renuncia o remoción, con las mismas funciones y atribuciones de aquel.
El ámbito de actuación territorial y la esfera de actuación funcional de las unidades operacionales de la Policía de la Ciudad, así como su composición, dimensión y despliegue son establecidas por el Ministerio de Justicia y Seguridad, sobre la base de la descentralización territorial prevista en la Ley 1777.
Las tareas que desarrolla el personal de la Policía de la Ciudad constituyen un servicio público esencial tendiente a la promoción de las libertades y derechos de las personas y, como consecuencia de ello, a su protección ante hechos lesivos de dichas libertades y derechos.
El personal policial debe adecuar su conducta durante el desempeño de sus funciones al cumplimiento, en todo momento, de los deberes legales y reglamentarios vigentes, por medio de una actividad cuyo fin es garantizar la seguridad pública. Actuará con el grado de responsabilidad y ética profesional que su función exige y tendrá como meta la preservación y protección de la libertad, los derechos de las personas y el mantenimiento del orden público.
En la actuación del personal policial tienen plena vigencia los siguientes principios: 1. El principio de sujeción a la ley, por medio del cual el personal policial debe adecuar sus conductas y prácticas a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes así como a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos ratificados por la República Argentina, el Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley y los Principios de las Naciones Unidas sobre el Uso de la Fuerza y Armas de Fuego. 2. El principio de oportunidad, según el cual el personal policial cuenta con discrecionalidad conforme a deber para prescindir de la actuación funcional cuando, de acuerdo con las circunstancias del caso, la injerencia resulte inapropiada o inidónea para su fin. La discrecionalidad lleva ínsito el deber de evaluar previamente el riesgo, bajo propia responsabilidad del funcionario actuante. 3. El principio de proporcionalidad, según el cual toda injerencia en los derechos de las personas debe ser idónea y necesaria para evitar el peligro que se pretende repeler y no puede ser excesiva. Por medida idónea se entiende aquella que sea apta para evitar el peligro; por necesaria, aquella que, entre las medidas idóneas, sea la menos lesiva para el individuo y para la generalidad; por no excesiva, aquella que no implique una lesión desproporcionada respecto del resultado perseguido. 4. El principio de gradualidad, por medio del cual el personal policial debe privilegiar las tareas y el proceder preventivo y disuasivo antes que el uso efectivo de la fuerza, procurando siempre preservar la vida y la libertad de las personas en resguardo de la seguridad pública. En el uso de armas serán de preferencia las incapacitantes no letales siempre que fuera apropiado, con miras a restringir cada vez más el empleo de medios que puedan ocasionar lesiones o muertes. 5. El principio de responsabilidad, según el cual el personal policial responde personal y directamente por los hechos que en su actuación profesional realizare en infracción de las disposiciones de esta ley, sin perjuicio de la responsabilidad civil que pueda corresponder a la administración pública.
Durante el desempeño de sus funciones el personal policial debe adecuar su conducta a los siguientes preceptos generales: 1. Actuar con responsabilidad, respeto a la comunidad, imparcialidad e igualdad en el cumplimiento de la ley. 2. No infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar ilegítimamente la orden de un superior o cualquier tipo de circunstancias especiales o situación de emergencia pública para justificar la comisión de delitos contra la vida, la libertad o la integridad de las personas. 3. Asegurar la plena protección de la integridad física, psíquica y moral de las personas bajo su cuidado o custodia. 4. No cometer, instigar o tolerar ningún acto de corrupción que suponga abuso de autoridad o exceso en el desempeño de sus funciones y labores, persiga o no fines lucrativos, o cualquier acto que consista en uso indebido o excesivo de la fuerza, abuso verbal o mera descortesía. 5. Impedir la violación de normas constitucionales, legales y reglamentarias durante su accionar o el de otras fuerzas, organismos o agencias con la que se desarrollen labores conjuntas o combinadas, o en las conductas de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, con las que se relacione. De la inconducta o del hecho de corrupción deberá dar inmediata noticia a la autoridad superior u organismo de control competente. 6. Mantener en reserva las cuestiones de carácter confidencial, particularmente las referidas al honor, la vida y los intereses privados de las personas, de que tuvieran conocimiento, a menos que el cumplimiento de sus funciones o las necesidades de la justicia exijan estrictamente lo contrario.
En ningún caso el personal de la Policía de la Ciudad, en el marco de las acciones y actividades propias de sus misiones y funciones, puede: 1. Inducir a terceros a la comisión de actos delictivos o que afecten a la intimidad y privacidad de las personas. 2. Influir indebidamente en la situación institucional, política, militar, policial, social y económica del país, en su política exterior, en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o en asociaciones o agrupaciones legales de cualquier tipo. 3. Obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas por el solo hecho de su raza, fe religiosa, orientación sexual o identidad de género, acciones privadas u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción. 4. Alojar niños y adolescentes, menores de dieciocho años, en comisarías. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debe organizar y mantener instituciones específicas y especializadas como dispositivo de alojamiento para personas menores de dieciocho años de edad que resultaren privadas de la libertad por la presunta comisión de delitos. Se establece el plazo de doce (12) horas como límite para el alojamiento de personas menores de edad en dependencias asentadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En todos los casos de detención de niños y adolescentes se dará inmediata intervención al Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 5. Exponer públicamente la detención de niños y adolescentes.
Las órdenes emanadas de un superior jerárquico se presumen legales. El personal policial no guardará deber de obediencia cuando la orden de servicio impartida sea manifiestamente ilegal o contraria a los derechos humanos, su ejecución configure manifiestamente un delito, o cuando provenga de autoridades no constituidas de acuerdo con los principios y reglas contenidos en la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si el contenido de la orden de servicio implicase la comisión de una falta disciplinaria, el subordinado debe formular la objeción siempre que la urgencia de la situación lo permita.
El personal policial debe comunicar inmediatamente a la autoridad judicial competente los delitos y contravenciones que llegaren a su conocimiento durante el desempeño de sus funciones.
El deber del personal policial de intervenir para evitar cualquier tipo de situaciones riesgosas o de conflictos que pudieran resultar constitutivos de delitos, contravenciones o faltas, rige durante su horario de servicio ordinario o complementario. Cuando el personal se encuentre fuera del horario de trabajo y tome conocimiento de situaciones que requieran intervención policial tiene el deber de dar aviso a personal policial en servicio o al servicio de atención telefónica de emergencia. No está obligado a identificarse como tal ni a intervenir, pero si lo hiciera actuará en calidad de órgano del estado y se regirá según las facultades y obligaciones que corresponden al personal en servicio.
La Policía de la Ciudad conforma su organización y desarrolla sus actividades institucionales en función de la prevención, conjuración e investigación de los delitos. A tales efectos, se define como: 1. Prevención, a las acciones tendientes a impedir, evitar, obstaculizar o limitar aquellos hechos que, dadas determinadas circunstancias y elementos objetivos y concurrentes, pudieran resultar delictivos o pudieran configurar actos atentatorios de la seguridad pública, así como las acciones consistentes en la planificación, implementación, coordinación o evaluación de las operaciones policiales, en el nivel estratégico y táctico, orientadas a prevenirlos. 2. Conjuración, a las acciones tendientes a neutralizar, hacer cesar o contrarrestar en forma inmediata los delitos, contravenciones o faltas en ejecución, utilizando cuando sea necesario el poder coercitivo que la ley autorice y evitando consecuencias ulteriores. 3. Investigación, a las acciones tendientes a conocer y analizar los ilícitos y hechos que vulneran la seguridad pública, sus modalidades y manifestaciones, las circunstancias estructurales y coyunturales en cuyo marco se produjeron, sus factores determinantes y condicionantes, las personas o grupos que lo protagonizaron como autores, instigadores o cómplices y sus consecuencias y efectos institucionales y sociales mediatos e inmediatos. Cuando la investigación se desarrolla en la esfera judicial, comprende la persecución de los delitos y contravenciones consumados a través de las acciones de inteligencia criminal tendientes a constatar su comisión y sus circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución, individualizar a los responsables y reunir las pruebas para acusarlos.
Son funciones específicas de la Policía de la Ciudad: 1. Brindar seguridad a personas y bienes. 2. Mantener el orden y la seguridad pública. 3. Implementar mecanismos de disuasión frente a hechos ilícitos o que afecten la seguridad pública. 4. La Policía de la Ciudad recibe denuncias solamente en caso de flagrancia o cuando sea necesaria su inmediata intervención para evitar las consecuencias del delito, la pérdida de la prueba o la fuga de sus partícipes y, ante el conocimiento de un hecho ilícito, actúa de acuerdo con las normas procesales vigentes. 5. Auxiliar en materia de seguridad vial de la autoridad de control establecida en el Código de Tránsito y Transporte aprobado por la Ley 2148. 6. Intervenir en toda campaña y plan preventivo de seguridad que implemente el Ministerio de Justicia y Seguridad, en los términos que le sea requerido. 7. Colaborar con las autoridades públicas ante una situación de emergencia. 8. Coordinar el esfuerzo policial con el resto de los agentes sociales que intervienen en la comunidad. 9. Mantener una relación de cooperación con la comunidad en la labor preventiva. 10. Recoger las cosas perdidas y proceder con ellas de acuerdo a las prescripciones del Código Civil y Comercial de la Nación. 11. Actuar como auxiliar de la justicia en los casos en que expresamente se le requiera. 12. Asegurar el orden público y el normal desenvolvimiento durante la realización de actos comiciales nacionales, de la Ciudad o de las Juntas Comunales. 13. Asistir a las víctimas, tomando en cuenta sus derechos y garantías. 14. Inspeccionar, cuando fuera necesario, los registros de pasajeros en hoteles y casas de hospedaje. 15. Asegurar el orden público en ocasión de los eventos deportivos o artísticos masivos. 16. Coordinar su accionar, en cuanto corresponda, con la Policía Judicial conforme los protocolos de actuación que se establezcan.
Sin perjuicio de las facultades y obligaciones previstas en otras leyes y reglamentos, el personal policial está facultado para privar de su libertad a las personas cuando, en el desempeño de funciones preventivas, existan indicios que hagan presumir que una persona pudiera relacionarse con la preparación de algún delito de acción pública o contravención, o fuera necesario para evitar un peligro para terceros o para las autoridades y se negara a identificarse o no tuviera ninguna documentación que permita acreditar su identidad. La privación de la libertad debe ser notificada inmediatamente a la autoridad judicial competente y no puede durar más del tiempo estrictamente necesario para su identificación, que no podrá exceder de cuatro horas. Finalizado ese plazo, en todo caso, la persona aprehendida debe ser puesta en libertad o, cuando corresponda, a disposición de la autoridad judicial competente. El procedimiento debe ajustarse a lo previsto por el artículo 153 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cuando, en el desempeño de funciones preventivas, hubiera motivos urgentes que hicieran presumir que una persona porta entre sus efectos personales o adheridas a su cuerpo o en el vehículo en que circula, cosas constitutivas de un delito o que pudieran poner en peligro a terceros o a las autoridades en el marco de un operativo policial, el personal podrá disponer que se efectúen registros personales. En estos actos deberá respetarse el pudor de las personas, que serán requisadas por autoridades del mismo sexo. Previamente, se invitará a las personas a mostrar sus efectos. En caso de negarse se procederá a revisar sus ropas, elementos que porten y vehículos. De lo actuado se labrará acta y se dará inmediata noticia al fiscal. Si se encontraren cosas susceptibles de secuestro, a los fines probatorios o de comiso, quedarán a disposición del fiscal. En el acta deberán constar los motivos que justificaron la actuación.
Sin perjuicio de las facultades y obligaciones previstas en otras leyes y reglamentos, cuando en el desempeño de funciones preventivas se hallaran cosas relacionadas con un hecho ilícito o que pudieran servir como medios de prueba o pongan en peligro a terceros o a las autoridades en el marco de un operativo policial, el personal policial dispondrá su secuestro, dará inmediata noticia al fiscal y las pondrá a su disposición. De lo actuado se labrará acta en la que deberán constar los motivos que justificaron la actuación.
El personal policial podrá ingresar a morada o casa de negocio únicamente en los casos en que la demora en recabar la debida autorización judicial implique un grave riesgo para su vida o integridad física, la de los moradores o de un tercero, o cuando ponga en peligro el cumplimiento de un deber de humanidad. De lo actuado se dará inmediata noticia a la autoridad judicial competente.
La regulación sobre el uso de las armas de fuego está sujeta a los Principios Básicos sobre Empleo de la Fuerza y Armas de Fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas y demás normativas internacionales y regionales de derechos humanos en las condiciones de su vigencia. El personal policial debe respetar al usar las armas los principios de proporcionalidad, racionalidad, necesidad y responsabilidad.
Se deben registrar todos los casos en que el personal policial hace uso de armas de fuego y emitir los informes de todos aquellos sucesos en que como consecuencia de este uso resultaren personas fallecidas o lesionadas. Anualmente la Oficina de Transparencia y Control Externo de la Policía de la Ciudad debe realizar un informe en el que se presentan estos hechos y se exponen las medidas adoptadas a fin de controlar y reducir los daños para la vida o la integridad física del personal policial y externo a la institución causado por el uso de las armas de fuego.
Para hacer uso de la fuerza directa, el personal policial deberá identificarse y dar una previa advertencia, salvo cuando ello pusiera en peligro a las personas protegidas o al funcionario del servicio, se creara un riesgo para su vida o la de otras personas, o resultara inadecuado o inútil dadas las circunstancias del caso. La fuerza directa se ejercerá en función del resguardo de la seguridad pública solamente para hacer cesar una situación en que, pese a la advertencia previa u otros medios de persuasión empleados por el funcionario del servicio, se persista en el incumplimiento de la ley o en la inconducta grave. La fuerza directa se utilizará en la medida estrictamente necesaria, idónea para su fin y siempre que no le infligiera al infractor un daño excesivamente superior al que se quiere hacer cesar.
Sólo se podrá hacer uso de armas de fuego cuando otras medidas de fuerza directa no hayan tenido éxito o cuando presumiblemente no lo tendrán. Su empleo contra personas únicamente estará permitido cuando el objetivo no pueda alcanzarse mediante el uso de armas de fuego dirigido contra cosas. El uso de armas de fuego dirigido contra personas sólo estará autorizado con el fin de incapacitarlas para el ataque. No se realizarán disparos con altas probabilidades de tener efectos mortales, salvo cuando sea el único medio para repeler un peligro grave e inminente para la vida. No podrán emplearse armas de fuego contra personas que según su apariencia sean menores de dieciocho años, salvo cuando se trate del único medio para repeler un peligro grave e inminente para la vida. El uso de armas de fuego no estará permitido cuando ponga en peligro a personas que manifiestamente no estén involucradas en la creación del riesgo, salvo cuando se trate del único medio para repeler un peligro grave e inminente para la vida. En todos los casos, el personal policial deberá obrar de modo de reducir al mínimo los posibles daños y lesiones a los infractores y a terceros ajenos a la situación.
La intervención policial en concentraciones o manifestaciones públicas debe garantizar el respeto y la protección de los derechos de los participantes, así como reducir las afectaciones que la concentración o manifestación cause o pudiere causar en los derechos de las personas que no participan de ella y en los bienes públicos. En el cumplimiento de estos objetivos, el personal policial debe otorgar preeminencia a la protección de la vida y la integridad física de todos los involucrados. No está autorizado a la portación de armas de fuego y municiones de poder letal el personal policial que por su función en el operativo esté destinado a entrar en contacto físico directo con los manifestantes.
Es obligatorio para todo el personal policial interviniente en manifestaciones públicas portar una identificación clara que pueda advertirse a simple vista en los uniformes correspondientes.
La Policía de la Ciudad implementa acciones y medidas de protección de personas que fueran dispuestas en procesos judiciales en los que se investiguen delitos y contravenciones, aplicando los siguientes principios rectores: Eficiencia de los medios de protección. Los medios de protección seleccionados deben ser los más eficientes para la protección de la persona sujeto de la medida; No revictimización. Deben utilizarse los medios de protección que reduzcan al mínimo la intromisión en la esfera de vida de la persona respecto de la cual se ordenó la protección, preservando en la mayor medida posible la intimidad; Enfoque diferencial. Las medidas de protección deben adecuarse a las condiciones de la persona protegida, y en particular al grado de vulnerabilidad que presenten en razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, discapacidad, condición social u otras análogas. Tecnología. La protección puede realizarse utilizando los recursos tecnológicos que optimicen la eficiencia de las medidas y la no re victimización de los afectados. Equidad en el uso de los recursos. La aplicación de recursos técnicos y humanos a la protección debe ser equitativa y eficiente, a efectos de propender a la mejor calidad de la prestación del servicio público de seguridad en la Ciudad.
Cuando un magistrado judicial de cualquier jurisdicción solicite la asistencia de la Policía de la Ciudad para garantizar la protección de una persona en el marco de un proceso, el requerimiento deberá ser cumplimentado conforme lo previsto en el artículo 73 de esta Ley. Toda medida de protección específica de bienes y/o personas (ya sea consigna, custodia u otra) dispuestas por un magistrado judicial de cualquier jurisdicción se notificará a la Policía de la Ciudad, la cual deberá disponer la más adecuada, teniendo en cuenta los principios establecidos en el artículo 101 de la presente Ley, debiendo informar a la autoridad jurisdiccional competente la decisión adoptada. En caso que una orden de protección ya implementada pueda reemplazarse por otra que cumpla de manera más efectiva con los principios establecidos en el artículo 101 de la presente Ley, la Policía de la Ciudad procederá a su adecuación, informando al magistrado judicial interviniente la decisión adoptada.
El estado policial es la situación jurídica resultante del conjunto de deberes, derechos y obligaciones del personal, tanto en actividad como en situación de retiro, de la Policía de la Ciudad, establecidos por esta Ley y por las demás normas que en su consecuencia se dicten.
Los integrantes de la Policía de la Ciudad revisten el carácter de funcionarios públicos y su relación de empleo se rige por la presente Ley.
El personal con estado policial está sometido a un régimen de dedicación exclusiva con expresa prohibición de cualquier otra actividad que fuera refutada incompatible, riesgosa o que pueda resultar en desmedro del rendimiento físico o psíquico de sus funciones.
El personal con estado policial de la Policía de la Ciudad no puede desarrollar las funciones propias de la gestión administrativa, la dirección de los recursos humanos, la gestión económica, contable, presupuestaria y patrimonial, la gerencia logística e infraestructural no operacional, la asistencia y asesoramiento jurídico-legal, las relaciones institucionales y cualquier otra función de carácter no policial. Sin perjuicio de ello, en aquellos casos en que el personal con estado policial presente una disminución permanente de su capacidad laborativa, se puede autorizar excepcionalmente y de manera fundada el desarrollo de las tareas indicadas en el párrafo anterior. En este caso, el personal no percibe los suplementos que por la vía reglamentaria se establezcan para retribuir la efectiva prestación de determinados servicios, o aquellos destinados a compensar el riesgo profesional ligados a las actividades propias del estado policial.
El Ministro de Justicia y Seguridad otorga el correspondiente estado policial a los oficiales egresados del Instituto Superior de Seguridad Pública.
El estado policial se pierde por baja de la Policía de la Ciudad.
El Ministerio de Justicia y Seguridad puede establecer el servicio de Policía Complementaria, reglamentar sus condiciones, organizar su prestación y fijar su precio. La organización del servicio de Policía Complementaria se efectúa en exclusivo interés de los particulares que lo contraten en las condiciones que establece la reglamentación, y en ningún caso puede implicar una disminución, menoscabo o afectación de cualquier índole del servicio público de seguridad brindado por la Policía de la Ciudad. La asignación de los servicios complementarios se efectúa priorizando aquéllos servicios particulares que, por su naturaleza y características de prestación coadyuven al interés público tales como eventos públicos masivos, eventos deportivos, seguridad bancaria, seguridad en medios de transporte público y todos aquellos que la autoridad de aplicación defina como tales. Créase el Fondo Especial del Servicio de Policía Complementaria, que se integra con los recursos que se obtengan por la prestación de los servicios de Policía Complementaria a terceros y por las transferencias de crédito que retribuyan la prestación de este servicio a otros órganos o entes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o a las Comunas de la Ciudad. Los recursos del Fondo Especial de Policía Complementaria se dedican a financiar la prestación del servicio y, en caso de existir un excedente, a la adquisición de los bienes destinados a la prestación del servicio público de seguridad que el Ministerio de Justicia y Seguridad determine.
El estado policial confiere los siguientes derechos esenciales: 1. La percepción de los sueldos, suplementos y demás asignaciones que las disposiciones legales determinen para cada grado, cargo y situación de revista. 2. La jerarquía y el uso del grado correspondiente, con los alcances establecidos en la presente Ley y su reglamentación. 3. El uso del armamento provisto por la Institución, del uniforme, insignias, atributos y distintivos propios del grado, antigüedad, especialidad y función de acuerdo a las disposiciones reglamentarias pertinentes. 4. La capacitación permanente para la mejora del desarrollo de sus funciones y labores policiales. 5. La estabilidad en el empleo de acuerdo a lo establecido en esta Ley y sus normas reglamentarias. 6. El desarrollo de la carrera profesional en igualdad de oportunidades. 7. Los ascensos, conforme a las normas de la reglamentación correspondiente. 8. El servicio médico-asistencial y social para sí, y los familiares a cargo, conforme a las normas legales y reglamentarias vigentes. 9. La percepción del haber de retiro para sí y de pensión para sus derechohabientes, conforme a las disposiciones legales sobre la materia.
El estado policial impone los siguientes deberes y obligaciones esenciales: 1. Adecuar su conducta pública y privada a las normas éticas acordes al estado policial y su calidad de funcionario público. 2. Desempeñar su función de acuerdo con las leyes y reglamentaciones vigentes y cumplir con los principios básicos de actuación previstos en esta Ley y sus normas complementarias. 3. Prestar eficientemente el servicio policial en las condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad determinados por la autoridad competente. 4. Obedecer toda disposición u orden emanada del superior jerárquico competente que reúna las formalidades del caso y tenga por objeto la realización de actos de servicio con los límites establecidos en esta Ley, en la Constitución Nacional y en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 5. Aceptar el grado, distinciones o títulos concedidos por autoridad competente y de acuerdo con las disposiciones vigentes. 6. Ejercer las facultades de mando y disciplinarias que para el grado y cargo establece la reglamentación correspondiente. 7. Presentar y actualizar la declaración jurada de sus bienes y las modificaciones que se produzcan en su situación patrimonial y en la de su cónyuge, con la periodicidad y requisitos que establezca la normativa vigente en la materia. 8. Desempeñar los cargos, funciones y comisiones del servicio dispuestas por la superioridad o autoridad competente. 9. Asistir a las actividades de capacitación, actualización, entrenamiento y especialización que establezca el Instituto Superior de Seguridad Pública. 10. Guardar secreto, aún después del retiro o baja de la Institución, en todo cuanto se relacione con los asuntos del servicio que por su naturaleza o en virtud de disposiciones especiales impongan esa conducta, salvo requerimiento judicial. 11. En caso de baja voluntaria seguir desempeñando las funciones correspondientes hasta el término de treinta (30) días, si antes no fuera reemplazado o aceptada su dimisión. 12. Someterse a la realización de los estudios y exámenes psicofísicos establecidos en la reglamentación correspondiente. 13. Cuidar y mantener en buen estado de uso y aprovechamiento los bienes provistos para el desempeño de la labor policial. 14. Cumplir con el régimen disciplinario previsto en la presente Ley y su reglamentación cualesquiera fuere su situación de revista. 15. Peticionar y realizar las tramitaciones pertinentes siguiendo la vía jerárquica correspondiente. 16. Comparecer en las actuaciones o sumarios administrativos en carácter de testigo.
El estado policial acarrea las siguientes prohibiciones: 1. Participar en actividades políticas, partidarias, gremiales o sectoriales, o el desempeño de cargos electivos, mientras se encuentre en actividad. 2. Patrocinar trámites o gestiones administrativas o judiciales referentes a asuntos de terceros vinculados con la institución. 3. Desempeñar otros cargos, funciones o empleos, en el ámbito público o privado, remunerados o no, excepto el ejercicio de la docencia en la forma que lo establezca la reglamentación, mientras permanezca en el servicio efectivo. 4. Dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o de cualquier otra forma prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste. 5. Realizar por sí o por cuenta de terceros gestiones tendientes a obtener el otorgamiento de una concesión o adjudicación en la Administración Pública centralizada o descentralizada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 6. Representar o patrocinar a litigantes o intervenir en gestiones judiciales o extrajudiciales contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, salvo en causa propia.
El personal en situación de retiro está sujeto a los siguientes derechos y obligaciones: 1. Tiene los deberes y derechos del personal en actividad con las limitaciones propias de su situación que establezca la reglamentación. 2. Está sujeto al régimen disciplinario con el grado, título y distinciones con que hubiere pasado a retiro, y en las condiciones que establezca la reglamentación. 3. El personal retirado puede ser convocado a prestar servicio activo por resolución fundada del Ministro de Justicia y Seguridad cuando situaciones excepcionales lo ameriten. La reglamentación establece los recaudos y alcances que debe contener el llamado. En todos los casos la convocatoria reviste el carácter de obligatoria para quien fuere llamado. 4. El personal convocado no acumula años de servicios ni evoluciona en la carrera salvo situación extraordinaria dispuesta por decreto del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 5. No tiene facultades disciplinarias excepto que desempeñe funciones policiales conforme lo dispuesto en el inciso 3 del presente artículo. En ese caso, las tendrá exclusivamente respecto del personal que preste servicios directamente a sus órdenes. 6. Debe concurrir al mantenimiento del orden público, la seguridad, la prevención y la conjuración del delito. Los actos cumplidos en virtud de este deber legal son considerados para todos sus efectos como ejercidos por personal en actividad. 7. Puede ocupar cargos públicos y desempeñar funciones privadas compatibles con el decoro y la jerarquía policial, según lo prescriba la reglamentación. 8. Puede hacer uso del uniforme, credencial y armas en la forma que determine esta Ley y su reglamentación. 9. No puede hacer uso de su grado, uniforme, distintivos, arma u otros atributos propios de su jerarquía en actividades comerciales, políticas o manifestaciones públicas de cualquier índole, salvo que lo autorice expresamente la reglamentación vigente.
El personal con estado policial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires adquiere estabilidad en el empleo después de transcurridos doce (12) meses de efectiva prestación de servicios como Oficial de la institución y una vez que hubiere aprobado las evaluaciones de rendimiento y aptitud que determine la reglamentación. Durante el tiempo en que el personal carezca de estabilidad tiene todos los derechos y deberes previstos en esta Ley y dicho lapso debe ser computado para la antigüedad en la carrera profesional.
La estabilidad en el empleo no comprende a la estabilidad en el cargo o función ni da derecho a continuar gozando de los suplementos inherentes al mismo.
La estabilidad en el empleo del personal con estado policial sólo se pierde por la baja justificada por las causales establecidas en la presente Ley, las normas reglamentarias, y previo sumario administrativo, si correspondiese.
La jerarquía es el orden que determina las relaciones de superioridad y dependencia. Se establece por grados. Grado es la denominación de cada uno de los niveles de la jerarquía. La escala jerárquica es el conjunto de los grados ordenados y clasificados. Superioridad policial es la que tiene un policía respecto a otro por razones del cargo, de jerarquía o de antigüedad.
El ejercicio de la superioridad consiste en el ejercicio del mando a través de la emisión de una orden de servicio legal y legítima de parte de un superior y su cumplimiento estricto por un subordinado durante el desarrollo de las funciones propias del servicio y de acuerdo con las prescripciones y los límites establecidos por la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente Ley y por las normas reglamentarias.
El ejercicio de la superioridad puede tener cuatro modalidades diferenciadas: 1. La superioridad jerárquica, que es la que se ejerce sobre otro como consecuencia de la posesión de un grado superior en la escala jerárquica. 2. La superioridad por antigüedad es la que, a igual grado, se determina, sucesivamente, por antigüedad en el grado, por la antigüedad general, por la fecha de ascenso al grado inmediato anterior y por la edad. 3. La superioridad orgánica, que es la que se ejerce sobre otro como consecuencia de la ocupación de un cargo de la estructura orgánica con funciones de dirección o conducción, independientemente de su grado. 4. La superioridad funcional, que es la que se ejerce sobre otro durante el desarrollo de una misión, operación o actividad concreta y específica, ordenada por un superior y en la que se asigna responsabilidades y atribuciones precisas de mando a un efectivo que tiene un grado o un cargo igual o inferior al de los demás integrantes de la misión, operación o actividad, siempre que medien razones de servicio que así lo justifiquen.
Para el personal del mismo grado, y sin tener en cuenta la antigüedad, se establece el siguiente orden de precedencia: 1. Personal en situación de actividad. 2. Personal en situación de retiro llamado a prestar servicios. 3. Personal en situación de retiro.
La Policía de la Ciudad cuenta con un escalafón único denominado Escalafón General Policial.
La escala jerárquica reconoce cuatro categorías: 1. El Cuadro de Oficiales Superiores. 2. El Cuadro de Oficiales de Dirección. 3. El Cuadro de Oficiales de Supervisión. 4. El Cuadro de Oficiales Operativos.
El Escalafón General Policial cuenta con los siguientes grados en orden decreciente: 1. Comisario General 2. Comisario Mayor 3. Comisario Inspector 4. Comisario 5. Subcomisario 6. Principal 7. Inspector 8. Oficial Mayor 9. Oficial Primero 10. Oficial
El Cuadro de oficiales Superiores está integrado por el personal con estado policial que alcance los grados de Comisario General, Comisario Mayor y Comisario Inspector. El Cuadro de Oficiales de Dirección está integrado por el personal con estado policial que alcance los grados de Comisario y Subcomisario. El Cuadro de Oficiales de Supervisión está integrado por el personal con estado policial que alcance los grados de Principal e Inspector. El Cuadro de Oficiales Operativos está integrado por el personal con estado policial que alcance los grados de Oficial Mayor, Oficial Primero y Oficial.
El Escalafón General Policial cuenta con cuatro especialidades en las cuales revista el personal con estado policial de la Policía de la Ciudad: 1. Seguridad 2. Investigaciones 3. Policía Científica 4. Tecnologías de la Información y Comunicaciones El Ministro de Justicia y Seguridad puede, por resolución fundada, incrementar, fraccionar o eliminar las especialidades enunciadas.
La especialidad Seguridad está conformada por el personal con estado policial abocado exclusivamente al desarrollo de las actividades y acciones propias de las funciones de seguridad.
La especialidad Investigaciones está conformada por el personal con estado policial abocado exclusivamente al desarrollo de las actividades y acciones propias de las funciones de investigación.
La especialidad Policía Científica está conformada por el personal con estado policial abocado exclusivamente al desarrollo de las actividades y acciones propias de las funciones de policía científica.
La especialidad Tecnologías de la Información y Comunicaciones está conformada por el personal con estado policial abocado exclusivamente al desarrollo de las actividades y acciones propias de las funciones de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
Son requisitos para ser miembro de la Policía de la Ciudad: 1. Ser ciudadano argentino nativo o por opción. 2. Tener, al momento de ingreso, entre 18 y 30 años de edad. 3. Tener estudios secundarios completos. 4. Acreditar aptitud psicofísica compatible con la función y tarea a desarrollar. 5. Declarar bajo juramento cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 6. Acreditar una conducta pública adecuada al ejercicio de la función pública y a la función específica que reglamenta la presente Ley. 7. Aprobar los programas y requisitos de formación y capacitación que establezca el Instituto Superior de Seguridad Pública. 8. Residir dentro del radio de 80 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. 9. Cumplir con las condiciones fijadas por la presente Ley y sus normas reglamentarias.
Podrá ingresar a la Policía de la Ciudad, personal que acredite experiencia anterior en otras fuerzas de seguridad o armadas, con estado policial o militar, siempre que hubiese obtenido la baja en su fuerza de origen. Este personal está eximido del requisito establecido en el inciso 2 del artículo 130, exclusivamente. La reglamentación establece los requisitos mínimos de edad e idoneidad que deba cumplir.
No pueden desempeñarse como miembros de la Policía de la Ciudad las siguientes personas: 1. Quienes hayan sido condenados o se encuentren procesados o con auto de citación a juicio o acto procesal equivalente por incurrir en actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático, aun cuando se hubieren beneficiado por un indulto, amnistía o condonación de la pena. 2. Quienes hayan sido condenados o se encuentren procesados o con auto de citación a juicio o acto procesal equivalente por violación a los derechos humanos. 3. Quienes hayan sido condenados, o se encuentren procesados o con auto de citación a juicio o acto procesal equivalente por delito doloso de cualquier índole. 4. Quienes se encuentren inhabilitados para el ejercicio de cargos públicos. 5. Quienes hayan sido sancionados con exoneración o cesantía en la Administración Pública Nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en las fuerzas policiales o de seguridad federales o provinciales u organismos de inteligencia. 6. Quienes se encontraren incluidos en otras inhabilitaciones propias de la Policía de la Ciudad de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.
El régimen de carrera profesional del personal con estado policial se basa en los principios de profesionalización, eficiencia funcional, capacitación permanente y evaluación previa a cada ascenso, atendiendo a la satisfacción plena de las acciones tendientes a resguardar y garantizar la seguridad pública.
El nivel académico exigido para el ascenso a cada cuadro se determina de acuerdo con el siguiente esquema: Cuadro Mínimo nivel académico exigible Oficiales Superiores Título de Grado Oficiales de Dirección Título de Grado Oficiales de Supervisión Título Terciario Oficiales Operativos Título Secundario Los niveles académicos se acreditan con títulos oficiales.
Los requisitos y exigencias profesionales para que el personal con estado policial de la Policía de la Ciudad se incorpore a cada especialidad son establecidos en la reglamentación.
La incorporación y el desarrollo de la carrera profesional del personal en cada especialidad debe resultar de su opción vocacional así como también de la formación y capacitación que reciba, del desempeño profesional durante el ejercicio de sus funciones y las necesidades de la institución policial. Debe priorizarse la especialización del personal y evitarse los cambios de especialidad. Sin perjuicio de ello, el personal con estado policial que cumpliere servicios en una de las especialidades previstas en la presente Ley puede continuar su carrera profesional en otra especialidad siempre que reúna los requisitos exigidos para ello y cumpla con las condiciones de aptitud y evaluación exigidas de acuerdo con la reglamentación.
La ocupación de los cargos orgánicos de la Policía de la Ciudad es resuelta de acuerdo con el mérito y los antecedentes de los candidatos y siguiendo los mecanismos de selección que se implementen a través de la reglamentación, los cuales deben regirse por los siguientes criterios: 1. La formación y capacitación profesional. 2. El desempeño de la carrera profesional. 3. Los antecedentes funcionales y disciplinarios. La reglamentación determina los grados, el perfil profesional y las destrezas o formación profesionales para la ocupación de cada cargo orgánico.
Los ascensos y promociones del personal con estado policial correspondientes a los Cuadros de Oficiales Superiores, de Dirección y de Supervisión son dispuestos por el Ministro de Justicia y Seguridad o por el funcionario en quien éste delegue la competencia. Los ascensos y promociones de los Oficiales Operativos son dispuestos por el Jefe de Policía. El Ministro de Justicia y Seguridad debe publicar la lista de los candidatos para el ascenso al Cuadro de Oficiales Superiores en el Boletín Oficial de la Ciudad y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad durante diez (10) días, incluyendo los nombres y los antecedentes curriculares de las personas propuestas. Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior, el Ministro de Justicia y Seguridad procede a dictar el acto administrativo correspondiente.
El ascenso se otorga siempre al grado inmediato superior. El ascenso puede tener carácter de ordinario o extraordinario y a quien le es otorgado le crea la obligación de prestar servicio efectivo durante un (1) año como mínimo, de acuerdo con lo que determine la reglamentación.
El ascenso ordinario se confiere anualmente para satisfacer las necesidades orgánicas de la institución y abarca al personal que haya cumplido las exigencias establecidas en esta Ley y su reglamentación.
El ascenso extraordinario puede producirse por las siguientes causas: 1. Actos destacados del servicio cuyo mérito se acredite fehaciente y comprobadamente. 2. Por pérdida grave de las aptitudes físicas o psíquicas o por fallecimiento a causa de un acto de los contemplados en el inciso 1.
Los ascensos extraordinarios son concedidos por el Ministro de Justicia y Seguridad, a propuesta del Jefe de Policía.
La calificación de las aptitudes del personal que se deba considerar, tanto para el ascenso como para la eliminación, está a cargo de las Juntas de Calificaciones, que se integran en el modo y oportunidad en que determine la reglamentación, la cual debe prever su conformación con personal policial, funcionarios designados por el Ministro de Justicia y Seguridad y representantes del Instituto Superior de Seguridad Pública. Las Juntas de Calificaciones son órganos de asesoramiento del Ministro de Justicia y Seguridad y del Jefe de la Policía, quienes resuelven sobre el particular.
Para los ascensos ordinarios, la reglamentación establece el régimen de calificaciones del personal, los tiempos mínimos de permanencia en el grado, el régimen de promociones y las condiciones de aptitud y formalidades para los ascensos y promociones. Asimismo la reglamentación debe prever mecanismos que habiliten la publicidad y el acceso a la información de los actos administrativos que dispongan los ascensos y promociones en la institución.
La reglamentación establece los mecanismos de la promoción y ascenso a un grado superior dentro de la carrera profesional, la que debe ajustarse a los siguientes requisitos: 1. La disponibilidad de vacantes en el grado al que se aspira. 2. La acreditación de los conocimientos profesionales y títulos oficiales requeridos para el desempeño de las funciones o los cargos orgánicos correspondientes al grado a cubrir. 3. La aprobación de los cursos de ascenso o nivelación. 4. La declaración de aptitud profesional establecida por un comité de evaluación. 5. El tiempo mínimo de permanencia en el grado. 6. La acreditación de las condiciones psicofísicas necesarias.
Sin perjuicio de lo que se establezca en la reglamentación respectiva son causales de inhabilitación para el ascenso y promoción: 1. Hallarse bajo sumario judicial con auto de procesamiento, auto de elevación a juicio o acto procesal equivalente. 2. Hallarse bajo sumario administrativo por falta grave hasta su resolución.
La formación y capacitación permanente del personal con estado policial de la Policía de la Ciudad es competencia del Instituto Superior de Seguridad Pública, conforme las disposiciones pertinentes de la presente Ley.
La formación y capacitación del personal policial debe garantizar: 1. El desarrollo de las aptitudes y valores necesarios para el ejercicio responsable de las funciones y labores asignadas, con conciencia ética, solidaria, reflexiva y crítica. 2. La propensión a un aprovechamiento integral de los recursos humanos y materiales existentes y asignados. 3. El incremento y diversificación de las oportunidades de actualización y perfeccionamiento del personal con estado policial. 4. El logro de la formación y capacitación especializada, científica y técnica general, procurando siempre su contenido humanístico, sociológico y ético.
El Instituto Superior de Seguridad Pública imparte los cursos de ascenso mencionados en el inciso 3 del Artículo 145 y toma las evaluaciones correspondientes.
Los cursos de ascenso son diferenciados de acuerdo con la jerarquía y la especialidad de los cursantes.
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