Abriendo la norma
Ley de la Ciudad 732
Todos los poderes y organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, particularmente en las áreas de atención general al público y en todas aquellas que ante un evento público así lo requiera, deberá contar al menos con un agente por turno con conocimiento de la Lengua de Señas Argentina (LSA) o con herramientas tecnológicas, con el objeto de facilitar la atención y prestar funciones en todas las actividades, discursos y pronunciamientos realizadas por los mismos con el objeto de promover la igualdad de oportunidades para todas las personas sordas e hipoacúsicas.
La reglamentación establecerá los programas de estudio oficiales y gratuitos que el Gobierno de la Ciudad dictará por sí o a través de convenios que realice con entidades habilitadas a tal fin, a los efectos de capacitar en el uso de la Lengua de Señas Argentina a los agentes que actualmente prestan servicios en los organismos en cuestión y que deseen ser capacitados. En caso de no contar con el personal necesario para ser capacitado, podrá contratar personal específico registrado en una base de datos, de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS).
El órgano de aplicación confeccionará un Registro con los nombres, funciones y horario en el que se desempeñan los agentes que ostentan la preparación exigida por la presente norma.
Los organismos del Gobierno de la Ciudad deberán cumplir con las disposiciones de la presente ley en un plazo de doce (12) meses contados a partir de su reglamentación.
El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los treinta (30) días de su promulgación y establecerá la forma de selección del personal inscripto en el Registro, creado en el artículo 3° de la presente y el reconocimiento a ésta tarea complementaria de sus habituales funciones.
El Poder Ejecutivo alentará a los entes privados de servicios públicos, que brinden prestaciones en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, para que adhieran a lo normado por la presente ley.
Los gastos que demande la implementación de la presente ley serán imputados a la partida presupuestaria correspondiente.
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