Abriendo la norma
Ley provincial 5.097 · 2003
Código Procesal Penal de la Provincia de Catamarca.
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA SANCIONAN CON FUERZA DE LEY:
Nadie podrá ser penado sino en virtud de un proceso previamente tramitado con arreglo a este Código, ni juzgado por otros jueces que los designados de acuerdo con la Constitución de la Provincia y competentes según sus leyes reglamentarias, ni considerado culpable mientras una sentencia firme no lo declare tal, ni perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho.
Toda disposición de la Ley que coarte la libertad personal o limite el ejercicio de un derecho o facultad concedida a los sujetos del proceso o establezca sanciones procesales, deberá ser interpretada restrictivamente. Las leyes Penales no podrán interpretarse analógicamente.
Las leyes procesales penales se aplicarán desde su publicación aún en los procesos por delitos anteriores, salvo disposición en contrario.
La Corte de Justicia de la Provincia dictará, de oficio a propuesta de otros tribunales o del Ministerio Público Fiscal, las normas prácticas que sean necesarias para aplicar este Código.
La acción penal pública, se ejercerá exclusivamente por el Ministerio Público Fiscal y se iniciará de oficio siempre que no dependa de instancia privada. Su ejercicio no podrá suspenderse, interrumpirse ni hacerse cesar, salvo expresa disposición legal en contrario.
La instancia privada a que se refiere la ley sustantiva, cuando es condición previa al ejercicio de la acción penal, consistirá en la denuncia hecha por la víctima o, en orden excluyente, por los padres, el tutor, el curador o el guardador. Será considerado guardador, la persona que tenga al incapaz a su cuidado por cualquier motivo legítimo. La instancia privada es irrevocable y se extenderá de derecho contra todos los que hayan participado del delito.
La acción penal privada se ejercerá por medio de querella, en la forma establecida en este Código para los juicios de esta clase.
El ofendido penalmente por un delito de acción pública, sus heredos forzosos, representantes legales o mandatarios, podrán intervenir en el proceso como querellante particular, en la forma especial que este Código establece, y sin perjuicio de ejercer conjuntamente la acción civil resarcitoria. Si el querellante particular se constituyera, a la vez en actor civil, podrá formular ambas instancias en un solo escrito con observancia de los requisitos previstos para cada acto.
El Tribunal o el Fiscal de Instrucción deberán resolver, con arreglo a las disposiciones legales que las rijan, todas las cuestiones que se susciten en el proceso, a excepción de las prejudiciales
Cuando la solución de un proceso penal dependa de la solución de otro y no corresponda la acumulación de ambos, el ejercicio de la acción se suspenderá en el primero después de la investigación penal preparatoria, hasta que en el segundo se dicte sentencia firme.
También se suspenderá el proceso, luego de la investigación penal preparatoria, cuando la existencia del delito dependa de una resolución que deba dictarse en jurisdicción diferente a la Penal, hasta que recaiga sobre ella sentencia firme.
Cuando se deduzca una excepción de prejudicialidad, el Tribunal o el Fiscal de Instrucción, podrán aprecia, no obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, si la cuestión invocada es seria, fundada y verosímil. En caso de que aparezca opuesta con el exclusivo propósito de dilatar el proceso, se ordenará que éste continúe.
Cuando la resolución que ordene o deniegue la suspensión fuere dictada por el Fiscal de Instrucción, podrá ser objeto de oposición. El Juez de control de garantías resolverá, sin sustanciación, en el término de tres días. La resolución no será apelable. Cuando el auto que ordena o niega la suspensión fuere dictado por el Juez de control de garantías podrá ser apelado.
Resuelta la suspensión del proceso de acuerdo con los arts. 10 y 11, se ordenará la libertad del imputado, previa constitución de domicilio, pudiendo disponerse las restricciones previstas en el artículo 279 practicarse los actos urgentes de investigación.
El juicio civil que fuere necesario, podrá ser promovido y proseguido por el Fiscal en lo Civil y Comercial, con citación de todos los interesados.
La acción civil para la restitución de la cosa obtenida por el delito y el resarcimiento del daño causado podrá ser ejercida por el damnificado o, en los límites de su cuota hereditaria, sus herederos, o por los representantes legales o mandatarios de ellos, contra los partícipes del delito y, en su caso, contra el civilmente responsable. Solo podrá ejercerse la acción civil en el proceso penal si se tratare de un delito doloso, y en los delitos culposos únicamente si se tratare de un homicidio o lesiones gravísimas. Estas limitaciones no regirán en los casos de conexión de causas en las que se imputen delitos culposos y dolosos, ni en los casos de conexión de causas en las que se imputen otros delitos culposos además de los enumerados o mediare entre ellos un concurso ideal de delitos.
La acción civil deberá ser ejercida por el Asesor Penal: 1.- Cuando el titular de la acción careciera de recursos y, sin constituirse en actor civil, le delegue su ejercicio. 2.- Cuando el titular de la acción sea incapaz de hacer valer sus derechos y no tenga quién lo represente, sin perjuicio de la representación promiscua
Excepto en el proceso de menores, la acción podrá ser ejercida desde el comienzo de la investigación penal preparatoria pero la absolución del acusado no impedirá que el Tribunal de Juicio se pronuncie "sobre ella" en la sentencia (artículo 406), ni la ulterior extinción de la pretensión penal impedirá que la Corte de Justicia decida sobre la civil.
Si la acción penal no pudiere proseguir por haberse suspendido su ejercicio, por rebeldía o locura del imputado, la civil podrá ser ejercida ante la jurisdicción respectiva.
Si se formulare requisitoria fiscal según Art. 340 o querella según Art. 414 contra un legislador, magistrado o funcionario sujeto a juicio político, enjuiciamiento o juicio de destitución, el Juez de control de garantías o la cámara de juicio competente, respectivamente, practicarán una investigación sumaria que no vulnere la inmunidad del imputado. Cuando existiere mérito para el juzgamiento, se solicitará el desafuero, antejuicio o destitución, ante quien corresponda, acompañando copia de las actuaciones y expresando las razones que lo justifiquen. La investigación sumaria no podrá exceder de dos meses, bajo pena de caducidad. Si un legislador, Magistrado o Funcionario sujeto a juicio político, enjuiciamiento o destitución, fuere aprehendido, la autoridad judicial dará cuenta inmediatamente a la Legislatura, al Jurado de enjuiciamiento o a la Corte de Justicia, según corresponda y resolverá sobre la libertad en el termino de veinticuatro horas. Si se decide no liberarlo, el plazo de la investigación sumaria será de quince días, contados a partir de que quede firme esta disposición. Cuando deba intervenir la Cámara de Juicio en las investigaciones sumarias, ejercerá su jurisdicción siempre en colegio. Todas las resoluciones del Juez de control de garantías serán apelables por el Ministerio Fiscal, el querellante o por los afectados por la persecución. La persona contra la cual se dirige la investigación podrá presentarse ante la autoridad judicial competente y dar su versión de los hechos.
Si se produjere el desafuero o la destitución, el Juez de control de garantías remitirá las actuaciones al Fiscal de Instrucción para que inicie la investigación penal preparatoria, en la tendrán valor los actos que aquel hubiere practicado con arreglo a sus normas. En los casos de delitos de acción privada las actuaciones serán remitidas a otra Cámara de Juicio, para que ésta de curso a la querella. En caso contrario, el Juez de control de garantías o la Cámara que practicaron las investigaciones declararán por auto que no se puede proceder y archivarán las actuaciones. La decisión del Juez de control de garantías será apelable por el Ministerio Fiscal y el querellante.
Cuando se proceda contra varios imputados y sólo alguno de ellos goce de privilegio constitucional, el proceso podrá formarse y seguir con respecto a los otros.
La jurisdicción penal es improrrogable. Ella abarca el conocimiento de todos los delitos cometidos en el territorio de la Provincia, excepto los de jurisdicción nacional o militar y será ejercida por los Tribunales que la Constitución y que las leyes instituyan.
Cuando a una persona se le impute una infracción de jurisdicción provincial y otra de jurisdicción nacional o militar, el orden de juzgamiento se regirá por Ley Nacional. De igual forma se procederá en los demás casos de delitos conexos. Sin perjuicio de ello, el proceso de jurisdicción provincial podrá tramitarse simultáneamente con el conexo, cuando no determine un obstáculo para el ejercicio de las jurisdicciones o para la defensa del imputado.
Cuando a una persona se le impute una infracción de jurisdicción de la Provincia y otra cometida fuera de ella, primero será juzgado en Catamarca, si el delito imputado aquí es de mayor gravedad o si teniendo la misma pena, su fecha de comisión es más antigua. De igual forma se procederá en los demás casos de delito conexos.
Cuando una persona hubiere sido condenada en diversas jurisdicciones y correspondiere unificar penas (C.P.58), el Tribunal solicitará o remitirá copia de la sentencia según hubiere impuesto la pena mayor o la menor. El condenado cumplirá la pena en la provincia, cuando en ésta se disponga la unificación, salvo que la ley determine lo contrario.
La Corte de Justicia juzgará de los recursos de inconstitucionalidad, casación, revisión y de la queja contra la denegación de recursos del Tribunal de Sentencia.
Juicio por jurado popular. La jurisdicción será ejercida por juicio por jurado popular cuando se traten de causas cuyo máximo de la pena para, el o los de los delitos atribuidos, teniendo en cuenta las reglas del concurso sea superior a veinte (20) años y conforme lo establecido en la Ley especial que regula el procedimiento del Juicio por Jurado Popular.
La Cámara de Juicio como Tribunal Colegiado o a través de sus Salas Unipersonales, juzgará en única instancia de los delitos cuyo conocimiento no se atribuya a otro Tribunal.
Jurisdicción Colegiada. La jurisdicción será ejercida en forma colegiada: 1) Cuando se traten de causas complejas, o cuando no siéndolo, el máximo de la pena para el o los delitos atribuidos, teniendo en cuenta las reglas del concurso sea superior a quince (15) años y hasta veinte (20) años de prisión o reclusión. 2) Cuando la persona imputada, su defensa o el Ministerio Público se opusieran al ejercicio unipersonal de la jurisdicción.
Fuera de los supuestos previstos en el inc. 1 del artículo anterior, la Cámara se dividirá en tres Salas Unipersonales, a los fines del ejercicio de la jurisdicción, asumiendo cada uno de sus miembros las funciones propias del Presidente y del Tribunal. Se procederá de acuerdo a las normas del juicio común. Regirá el artículo 410.
Tribunal de Apelación Penal.- El Tribunal de Apelación, conocerá en forma colegiada o a través de sus salas unipersonales, los recursos que se deduzcan contra las resoluciones de los Jueces de Control de Garantías. En lo pertinente rigen los Artículos 29 y 30. También entenderá en las cuestiones de competencia que se suscitaren entre los tribunales jerárquicamente inferiores.
El Juez de Control de Garantía, practicará: 1.- La investigación sumaria prescripta por el artículo 20. 2.- Las medidas que le correspondan durante la investigación Fiscal.
El Juez Correccional juzgará en única instancia, de los delitos de acción pública que estuvieren reprimidos con prisión no mayor de cinco años o penas no privativa de la libertad.
Si en el territorio donde ejerce sus funciones, no hubiere Fiscal de Instrucción o Delegado Judicial, el Juez de Paz Letrado cumplirá los actos propios de este último. Deberá remitir las actuaciones al órgano judicial competente dentro de los cincos días a contar de su iniciación, más en caso de difícil investigación, aquél podrá prorrogar este término por otro tanto.
Para determinar la competencia se tendrán en cuenta todas las penas establecidas por la ley para el delito consumado y las circunstancia agravantes de calificación, no así la acumulación de penas por concurso de hechos de la misma competencia; pero siempre que sea probable la aplicación del artículo 52º del Código Penal, será competente la Cámara de Juicio.
La incompetencia por razón de la materia deberá ser declarada aún de oficio en cualquier estado del proceso. El Tribunal que la declare remitirá las actuaciones al que considere competente y pondrá a su disposición los detenidos, si los hubiere. Sin embargo fijada la audiencia para el debate sin que se haya planteado la excepción, el Tribunal juzgará de los delitos de competencia inferior.
La inobservancia de las reglas para establecer la competencia material, determinará la nulidad de los actos cumplidos con excepción de los que no se puedan repetir. La disposición no rige cuando un Juez de competencia superior hubiere actuado en una causa atribuida a uno de competencia inferior.
Será competente el Tribunal del lugar en el que el hecho se hubiere cometido. En caso de tentativa, el del lugar donde se cumplió el último acto de ejecución; en caso de delito continuado o permanente, el de aquel en donde comenzó a ejecutarse.
Si se ignora o duda en qué circunscripción se cometió el hecho, será competente el tribunal que prevenga en la causa.
En cualquier estado del proceso, el tribunal que reconozca su incompetencia territorial remitirá las actuaciones al competente y pondrá a su disposición los detenidos que hubiere, sin perjuicio de realizar los actos urgentes de investigación.
La inobservancia de las reglas sobre competencia territorial sólo producirá la nulidad de los actos de investigación cumplidos después que se haya declarado la incompetencia.
Se formará un solo proceso y entenderá en él, un mismo Tribunal: 1.- Cuando han sido ejecutados simultáneamente por varias personas reunidas, o en distintos lugares o tiempos, o si ha mediado acuerdo delictual; 2.- Cuando un delito ha sido ejecutado para perpetrar o facilitar la comisión de otro, o para procurar al autor o a otro el provecho ilícito o la impunidad; 3.- Cuando a una persona se le imputaran varios delitos.
El Tribunal competente para el caso de los delitos conexos, será: 1.- Aquel competente para juzgar el delito mas grave; 2.- En caso de igual pena, el competente para juzgar el que se cometió primero; 3.- Si los hechos son simultáneos o no constan cuál se cometió primero, el que designare el Tribunal jerárquicamente superior.
La acumulación de procesos no será dispuesta cuando determine un grave retardo de alguno de ellos, aunque en todos deberá juzgar el mismo Tribunal, de acuerdo con las normas del artículo anterior. En lo posible, las causas se acumularán de oficio al clausurarse las respectivas investigaciones. Si correspondiere unificar las penas se procederá con arreglo al artículo 58 del código Penal.
Si dos tribunales se declarasen simultánea y contradictoriamente competentes o incompetentes para juzgar un hecho, el conflicto será resuelto por la Corte de Justicia.
El Ministerio Fiscal y las partes podrán promover la cuestión de competencia, por inhibitoria intentada ante el Juez o Tribunal que consideren competente, o por declinatoria interpuesta ante el Juez o Tribunal que consideren incompetentes. Nadie podrá emplear ambos medios simultánea o sucesivamente, sino que deberá optar por uno de ellos, bajo pena de inadmisibilidad, debiendo manifestar, al plantear la cuestión, no haber usado el otro medio y si resultare lo contrario, será condenado en costas, aunque aquella se resuelve a su favor o sea abandonada.
La cuestión podrá ser promovida en cualquier momento hasta la fijación de la audiencia para el debate, sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 36, 40 y 379.
Cuando se promueva inhibitoria se observarán las siguientes normas: 1.- El Tribunal ante quien se proponga la resolverá previa vista al Ministerio Público Fiscal. Si la resolución que deniega el requerimiento de inhibición fuere dictada por el Juez de control de garantías, será apelable. Cuando decida librar exhorto inhibitorio, con él acompañara las piezas necesarias para fundar su competencia. 2.- Cuando reciba exhorto de inhibición, el tribunal requerido resolverá previa vista al Ministerio Público Fiscal y a las partes. Si la resolución que hace lugar a la inhibitoria fuere dictada por el Juez de control de garantías, será apelable. Los autos serán remitidos oportunamente al juez que la propuso, poniendo a su disposición al imputado y los elementos de convicción que hubiere. Si negare la inhibición, informará al tribunal que la hubiere propuesto, remitiéndole copia del auto, le pedirá que conteste si reconoce la competencia, o en caso contrario, que remita los antecedentes a la Corte de Justicia. 3.- Recibido el oficio antes expresado, el Tribunal que propuso la inhibitoria resolverá sin más tramite si sostiene o no su competencia; en el primer caso remitirá los antecedentes a la Corte de justicia y se lo comunicará al requerido para que haga lo mismo con el proceso. En el segundo, se lo comunicará al competente competente, remitiéndole todo lo actuado. 4.- La Corte de Justicia decidirá previa al Ministerio Público Fiscal y enviará inmediatamente la causa al competente.
La declinatoria se sustanciará en la forma establecida para las excepciones de previo y especial pronunciamiento.
Las cuestiones de competencia no suspenderán la investigación, que será continuada: 1.- Por el Tribunal que primero conoció en la causa; 2.- Si dos Tribunales hubieran proveído en la misma fecha, por el requerido de inhibición. Las cuestiones propuestas antes de la fijación de la audiencia para el debate suspenderán el proceso hasta la decisión del incidente sin perjuicio de que el tribunal ordene una investigación suplementaria (Artículo 362).
El Tribunal que resuelva el conflicto, determinará si corresponde que los actos cumplidos por el incompetente conserven validez, sin perjuicio de que el competente ratifique o amplíe los actos cumplidos con anterioridad a la decisión.
En las cuestiones de jurisdicción con jueces nacionales, militares o de otras provincias se aplicarán, en lo posible, las normas precedentes, subordinándolas a la Ley Nacional o en su caso, a los tratados interprovinciales que rijan la materia.
Los Tribunales de la Provincia pedirán la extradición de los imputados o condenados que se encuentren en otras divisiones políticas de la Nación, acompañando al exhorto, copia de la orden de detención, del auto de prisión preventiva o de la sentencia.
Si el imputado o condenado se encuentra en territorio de un Estado extranjero, la extradición se tramitará por vía diplomática, con arreglo a los tratados existentes o al principio de reciprocidad o a las costumbres internacionales.
Los pedidos de extradición recibidos por los Tribunales de la Provincia serán diligenciados de inmediato, previa vista por veinticuatro (24) horas al Ministerio Público Fiscal, siempre que reúnan los requisitos del artículo 53. Detenido el imputado o condenado y verificada su identidad, será puesto sin demora a disposición del Tribunal requirente.
El Juez deberá inhibirse de conocer en la causa: 1.- Cuando en el mismo proceso hubiere pronunciado o concurrido a pronunciar sentencia; hubiera intervenido como Juez de control de garantías resolviendo la situación legal del imputado o como funcionario del Ministerio Público Fiscal, defensor, mandatario, denunciante o querellante; o hubiera actuado como perito o conociera el hecho investigado como testigo. 2.- Si fuere pariente, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o el cónyuge ha intervenido o interviene en la causa como Juez. 3.- Si él, alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o su cónyuge, tiene interés en el resultado del proceso. 4.- Si es o ha sido tutor o curador de alguno de los interesados o alguno de estos lo ha sido de él; 5.- Si él, sus parientes dentro de dicho grado o su cónyuge, tiene juicio pendiente o sociedad o comunidad con algunos de los interesados, salvo la sociedad anónima; 6.- Si él, su cónyuge, ascendientes o descendientes u otras personas que vivan a su cargo, son acreedores, deudores o fiadores de alguno de los interesados o recibido fianza de éstos, salvo que se trate de bancos oficiales o constituidos por sociedades anónimas. 7.- Si antes de comenzar el proceso ha sido denunciante o acusador de alguno de los interesados o denunciado o acusado por ellos, salvo que circunstancias posteriores demuestren reconciliación; 8.- Si ha dado consejos o manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el proceso; si tiene amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los interesados; 9.- Si él, su cónyuge, padre o hijos han recibido o reciben beneficios de importancia de alguno de los interesados o si después de iniciado el proceso, ha recibido presentes o dádivas de poco valor.
A los fines del artículo anterior, se consideran interesados el Ministerio Público Fiscal, el imputado, el querellante, el ofendido, el damnificado y el responsable civil, aunque estos dos últimos no se constituyan en parte.
El Juez deberá inhibirse en cuanto conozca alguno de los motivos que prevé el artículo 56, aunque hubiera intervenido antes en el proceso.
No obstante el deber impuesto por el artículo 56 los interesados podrán solicitar al Juez que siga conociendo en la causa, excepto que el motivo de inhibición esté previsto en alguno de los cinco primeros incisos, del mencionado artículo. Aquél resolverá sin recurso alguno.
La Corte de Justicia conocerá de la inhibición y recusación de sus miembros, previa integración; de la inhibición y recusación del Procurador General y de la recusación de los miembros de los demás Tribunales inferiores. Las Cámaras de Apelación juzgarán de la inhibición de los Jueces de control de garantías, Correccional, Menores y de la inhibición y recusación de sus Fiscales. Los Jueces de control de garantías, la inhibición y recusación de los Fiscales de Instrucción que intervengan ante ellos y la de los Jueces de Paz Letrados y oficiales de la policía que intervengan en el sumario de prevención.
En caso de que el Juez que deba reemplazar a quien se inhibe, no estuviere de acuerdo con el apartamiento, tomará conocimiento de la causa inmediatamente y proseguirá su curso; sin perjuicio de que eleve los antecedentes al Tribunal que corresponda (artículo 60). La incidencia será resuelta sin trámite y no admitirá recurso. Cuando el Juez forme parte de un Tribunal colegiado y reconozca un motivo de inhibición, pedirá que se disponga su apartamiento, el que se resolverá previa integración correspondiente.
El Ministerio Público Fiscal, las partes, sus defensores y mandatarios podrán recusar al Juez cuando exista uno de los motivos enumerados en el artículo 56.
La recusación será presentada por escrito, bajo pena de inadmisibilidad, con indicación de sus motivos y pruebas, en las siguientes oportunidades: 1.- Durante la investigación, antes de la clausura; en la etapa del juicio, antes de fijada la audiencia para el debate; en los recursos en el primer escrito en el término del emplazamiento. 2.- Si la recusación se basare en un causal conocida o producida después de los citados plazos, podrá deducirse dentro de las veinticuatro (24) horas a contar de la producción o del conocimiento. 3.- Si se modificare la composición del Tribunal, los nuevos integrantes podrán ser recusados dentro de las veinticuatro (24) horas de notificado el decreto que la dispone.
Si el Juez admitiere la recusación, se procederá conforme al artículo 56 primer párrafo. En caso contrario, el Juez remitirá el escrito de recusación y su informe al Tribunal competente (artículo 60), para que el incidente se tramite por cuerda separada. Si el Juez integrare un Tribunal Colegiado y admitiere la recusación, se procederá conforme al artículo 61 último párrafo. En caso contrario procederá conforme al párrafo precedente. El Tribunal competente (artículo 60) resolverá el incidente dentro de las cuarenta y ocho horas (48) horas, sin recurso alguno, previa audiencia en la que se recibirá la prueba ofrecida que sea útil y pertinente y se oirá a las partes.
Cuando el Juez fuere recusado y no admitiere la existencia del motivo que se invoca, continuará la investigación, aún durante el trámite del incidente; pero si se hiciere lugar a la recusación, los actos por él practicados serán declarados nulos, siempre que el recusante lo pidiere dentro de las veinticuatro horas (24) a contar desde que el expediente llegó al Juzgado que deba actuar.
Los miembros del Ministerio Fiscal se inhibirán y podrán ser recusados por iguales motivos que los jueces, con excepción de los previstos en la primera parte del inciso 7 y 8 del artículo 56. Regirá el artículo 59.
Los Secretarios se inhibirán y podrán ser recusados por iguales motivos que los jueces. Los oficiales y auxiliares de la policía y los Jueces de Paz, que intervengan en el sumario de prevención, se inhibirán y podrán ser recusados por los motivos del artículo 56, en cuanto les sean aplicables, y procederán, según el caso, conforme a lo indicado en el primer párrafo del artículo citado.
Los presidentes de los Tribunales colegiados y los Jueces juzgarán de la recusación de sus secretarios, averiguando verbalmente el hecho y sin recurso alguno. Del mismo modo procederá el Fiscal de Instrucción cuando se trate de la inhibición y recusación de los Secretarios de Fiscalía, y de los oficiales de policía judicial.
Producida la inhibición o aceptada la recusación, el Juez no podrá realizar en el proceso ningún acto, bajo pena de nulidad. La intervención de los reemplazantes será definitiva, aunque posteriormente desaparezcan los motivos que determinaron el apartamiento por inhibición o recusación.
El Ministerio Público estará a cargo del Procurador General y de los Fiscales que de él dependan. El Ministerio Público Fiscal promoverá y ejercerá la acción penal en la forma establecida por la Ley y practicará la investigación penal preparatoria Adecuará su actividad a los criterios de unidad de actuación, legalidad y objetividad. No podrá ocultar prueba favorable o desfavorable a cualquiera de las partes.
El Ministerio Público Fiscal estará a cargo del Procurador General y de los Fiscales que de él dependan. Esta es la máxima autoridad del Ministerio Público y responsable de su correcto y eficaz funcionamiento. El Procurador General tiene las siguientes funciones y facultades: 1.- Fijará las políticas de persecución penal, con arreglo a la Ley; 2.- Dictar los reglamentos necesarios para la actuación y funcionamiento del Ministerio Público Fiscal; 3.- Instruirá a los Fiscales inferiores sobre el cumplimiento de sus funciones conforme con arreglo a los principios de legalidad, imparcialidad, unidad de actuación y dependencia jerárquica, en todo el territorio de la Provincia; 4.- Actuará en los recursos extraordinarios ante la Corte de Justicia en la forma prevista por este Código; 5.- Podrá delegar en el Fiscal General en lo penal el contralor del cumplimiento de sus instrucciones y solicitar su colaboración en los asuntos que le sean encomendados.
El Fiscal General en lo Penal reemplazará en caso de inhibición, recusación, vacancia, ausencia o impedimento, al Procurador General con las mismas atribuciones y deberes. El Fiscal general tiene las siguientes funciones y facultades: 1.- Ejercer el control de los Fiscales Penales de los Tribunales inferiores; atender las quejas que ante él se promuevan por la inacción o retardo de los inferiores, a quienes apercibirá y exigirá el cumplimiento de sus deberes, fijándoles términos para dictaminar. Podrá solicitar al Procurador General las sanciones de apercibimiento, destitución o producir acusación; 2.- Interesarse en cualquier proceso judicial al solo efecto de observar la normal prestación del servicio, denunciando las irregularidades que observare al Procurador General quién informará a la Corte de Justicia; 3.- Impartirá directivas generales a la Policía Judicial; 4.- Impartirá a los Fiscales Inferiores las instrucciones correspondientes al buen servicio. 5.- De acuerdo a la necesidad y para lograr mayor eficiencia, atribuirá a los Fiscales de instrucción funciones exclusivas en lo Criminal o en lo Correccional, según se trate, respectivamente, de delitos reprimidos con pena privativa de la libertad superior a cinco años o inferior a ella o no privativa de la libertad; 6.- Es órgano jerárquicamente superior en el caso del artículo 43º, inciso 3 cuando la cuestión se suscite entre Fiscales.
El Fiscal de Cámara actuará durante el juicio ante el Tribunal respectivo. Podrá llamar al Fiscal de Instrucción que haya intervenido en al investigación penal preparatoria, previa comunicación al Tribunal, en los siguientes casos: 1.- Cuando se trate de un asunto complejo para que le suministre información o coadyuve con él, incluso durante el debate. 2.- Si estuviere en desacuerdo fundamental con el requerimiento Fiscal o le fuere imposible actuar, para que mantengan oralmente la acusación. 3.- En el caso del artículo 410. Las mismas atribuciones tendrá el Fiscal Correccional.
El Fiscal de Instrucción dirigirá la Investigación Penal Preparatoria, en el caso de los delitos de acción pública, practicando o haciendo practicar todos los actos inherentes a ella y actuará ante el Juez de control de garantías cuando corresponda. Impartirá instrucciones a la Policía Judicial y al Delegado Judicial, en los casos particulares en los que entienda. Actuará durante el Juicio ante el Tribunal respectivo cuando sea convocado, en los casos de los inc. 1 y 2 del artículo anterior.
En la Investigación Penal Preparatoria, el ámbito material y territorial del Fiscal de Instrucción y lo relativo a conexión de causas, se regirá por lo dispuesto en los artículos 35 y 44 en cuanto sean aplicables, en el caso del artículo 43 inc. 3, el Fiscal General designará al Fiscal que deba intervenir. No será de aplicación lo dispuesto en este artículo cuando la investigación la deban realizar Fiscales de Instrucción con asiento en distintas sedes, salvo que pudiera afectar los fines de aquella (arts. 301 y 302).
Los conflictos de actuación que se plantean serán resueltos: 1.- Por el Fiscal General en lo Penal si dos o más Fiscales de Instrucción niegan o afirman simultánea y contradictoriamente sus atribuciones para investigar un hecho. 2.- Por el Juez de control de garantías si el planteo fuere formulado por las partes. En este caso se resolverá con arreglo a los artículo 46º a 52º.
Los derechos de este Código acuerda al imputado podrá hacerlos valer quien sea indicado cómo partícipe de un delito, desde el primer momento de la persecución penal dirigida en su contra. Cuando estuviere preso, el imputado podrá formular sus instancias ante el funcionario encargado de la custodia, quien las comunicará inmediatamente al Tribunal o Fiscal según corresponda.
La identificación del imputado se practicará, en la primera oportunidad y en todo caso después de su declaración, por los datos personales que suministre y mediante la oficina técnica respectiva, por sus impresiones digitales y señas particulares. Si se niega a dar sus datos personales o los da falsamente, se procederá a la identificación por testigos, en la forma prescripta para los reconocimientos o por otros medios que se juzguen conveniente.
Cuando sea cierta la identificación física de la persona imputada, las dudas sobre los datos suministrados u obtenidos, no alterarán el curso de la causa, sin perjuicio de que se rectifiquen en cualquier estado de la misma o durante la ejecución.
Si el imputado es sometido a la medida provisional contemplada en el artículo 299, sus derechos de parte serán ejercidos por el curador o si no lo tiene, por el Defensor Oficial sin perjuicio de la intervención correspondiente a los defensores ya nombrados. Si el imputado es menor de 18 años, sus derechos de parte podrán ser ejercidos también por sus padres o tutor.
Si durante el proceso sobreviniere la enfermedad mental del imputado, excluyendo su capacidad de entender o de querer, el Tribunal ordenará por auto la suspensión del trámite hasta que desaparezca la incapacidad Esto impedirá la declaración del imputado y el juicio, pero no que se averigüe el hecho o que continúe el procedimiento con respecto a coimputados. También se dispondrá la internación del incapaz en un establecimiento adecuado, cuyo Director informará trimestralmente sobre el estado mental del enfermo, pero podrá ordenarse su libertad, dejándolo al cuidado de sus padres, tutor o guardador, cuando no exista peligro de que se dañe a si mismo o a los demás. En este caso el enfermo será examinado semestralmente por el perito que el Tribunal designe. Cuando ello ocurriere durante la Investigación Penal Preparatoria, el Fiscal requerirá al Juez de control de garantías la declaración de suspensión del trámite y la internación del incapaz.
El imputado será sometido a examen mental, a los fines de determinar el estado y desarrollo de sus facultades, siempre que el delito que se le atribuya sea de carácter sexual o estuviere reprimido con pena no menor de diez años de prisión o cuando sea alcohólico o drogadependiente, menor de 18 años o mayor de 70 o cuando sea probable la aplicación de la medida de seguridad prevista por el artículo 52 del Código Penal.
Será declarado rebelde el imputado que sin grave y legítimo impedimento, no compareciera a la citación judicial; no cumpliera la obligación impuesta por el artículo 298º, se fugare del establecimiento o lugar en que estuviere detenido o se ausentare del lugar designado para su residencia sin licencia del Tribunal.
Transcurrido el término de la citación o comprobada la fuga o la ausencia, el Tribunal o el Fiscal de Instrucción, según corresponda declarará la rebeldía del imputado por auto y expedirá la orden de detención, si antes no se hubiere dictado.
La declaración de rebeldía no suspenderá el curso de la investigación. Si fuere declarado durante el juicio, éste se suspenderá con respecto al rebelde y continuará para los demás imputados presentes. Declarada la rebeldía, se reservarán las actuaciones y los efectos, instrumentos o piezas de convicción que fueren indispensables conservar. Cuando el rebelde comparezca, la causa continuará según su estado.
La declaración de rebeldía implicará la revocatoria de la medida del artículo 295 y obligará al imputado al pago de las costas, causadas por la contumacia.
Si el imputado se presentase con posteridad a la declaración de su rebeldía y justificare que no concurrió debido a un grave y legítimo impedimento, aquella será revocada y no producirá los efectos previstos en el artículo anterior.
Las personas mencionadas en el artículo 8, podrán instar su participación en el proceso como querellante particular. Los incapaces deberán actuar debidamente representados, autorizados o asistidos del modo prescripto por la ley. La instancia deberá formularse personalmente con el patrocinio de un abogado o por un representante con poder especial, en un escrito que contenga bajo pena de inadmisibilidad: 1.- Nombre, apellido, domicilio real y legal del querellante particular. 2.- Una relación sucinta del hecho en que se funda. 3.- Nombre y apellido del o de los imputados, si lo supiere. 4.- La petición de ser tenido como parte y la firma.
La instancia podrá formularse en cualquier momento, antes de la clausura de la Investigación Penal Preparatoria. El pedido será resuelto por decreto fundado, por el Fiscal de Instrucción, en el término de tres días.
Si el fiscal de Instrucción rechazara el pedido de participación, el querellante particular podrá oponerse y ocurrir ante el Juez de control de garantías, quien resolverá en igual término. La resolución no será apelable.
El querellante particular podrá actuar en el proceso para acreditar el hecho delictuoso y la responsabilidad penal del imputado en la forma en que dispone este Código. La intervención de una persona como querellante particular, no la exime del deber de declarar como testigo. En caso de sobreseimiento o absolución podrá ser condenado por las costas que su intervención hubiere causado.
El querellante particular podrá renunciar a su intervención en cualquier estado del proceso, quedando obligado por las costas que su intervención hubiere causado. Se considerará que ha renunciado a su intervención cuando, regularmente citado, no compareciera a la primera audiencia o no presentare conclusiones.
El decreto que acuerde la constitución de querellante particular, deberá notificarse al imputado desde el momento que estuviere individualizado. El imputado podrá oponerse a la intervención del querellante particular, bajo la pena de caducidad, dentro del plazo de tres días a contar desde su respectiva notificación. Dicha oposición sólo podrá fundarse en los requisitos formales de admisibilidad. La oposición seguirá el trámite de las excepciones y será resuelto por el Fiscal de Instrucción.
Las victimas del delito o sus herederos forzosos tendrán derecho: 1.- A un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades competentes. 2.- A ser informadas acerca de las facultades que pueden ejercer en el proceso (artículo 8 y 16) y de las resoluciones que se dicten sobre la situación del imputado. 3.- A ser acompañadas durante los actos procesales, cuando sean menores o incapaces, por personas de su confianza. Esta autorización se concederá, siempre que ello no perjudique la defensa del imputado o los resultados de la investigación. 4.- A que la información sobre su domicilio se mantenga en reserva, cuando las circunstancias lo hagan conveniente para su protección. En tal caso, éste se consignará por separado en Secretaria, pudiendo tener acceso a tal información las partes, sólo cuando el Derecho de Defensa lo hiciere imprescindible. Los Derechos reconocidos en este artículo deberán ser explicado por las autoridades intervinientes, en el momento de ser presentada la denuncia o cuando sean citados por primera vez y en los casos del art. 334, 2do. párrafo.
Para ejercer la acción civil emergente del delito en el proceso penal, su titular deberá constituirse en actor civil. Las personas que no tengan capacidad para estar en juicio, no podrán actuar si no son representadas, autorizadas o asistidas del modo prescripto para el ejercicio de las acciones civiles.
El actor civil podrá actuar en el proceso para acreditar el hecho delictuoso, la existencia y extensión del daño pretendido, y la responsabilidad civil del demandado. No quedará eximido del deber de declarar como testigo en el proceso.
La instancia de constitución deberá formularse, personalmente con el patrocinio de un abogado o por un representante con poder especial, en un escrito que contenga, bajo pena de inadmisibilidad: 1.- El nombre, apellido y domicilio del accionante. 2.- La determinación del proceso que se refiere. 3.- Los motivos en que la acción se basa, con indicación del carácter que se invoca, el daño que pretende haber sufrido y aunque no se precise, el monto. 4.- La petición de ser admitido como parte y la firma.
La constitución procederá aún cuando aún cuando no estuviere individualizado el imputado. Si en el proceso hubiere varios imputados y civilmente demandados, la pretensión resarcitoria podrá dirigirse contra uno o más de ellos. Pero si lo fuera contra los segundos, deberá obligatoriamente ser dirigida, además contra los primeros. Cuando el actor no mencionare a ningún imputado se entenderá que se dirige contra todos.
La instancia de constitución deberá presentarse antes de la clausura de la investigación penal preparatoria. La solicitud será considerada por el Tribunal del juicio, en el decreto de citación a juicio. El Fiscal de Instrucción podrá pedir embargo de bienes (arts. 520 y 521).
El decreto que acuerde la constitución deberá notificarse al imputado al demandado civil y a sus defensores, y surtirá efectos a partir de la última notificación.
Los demandados podrán oponerse a la intervención del actor civil, bajo pena de la caducidad, dentro del término de cinco días a contar de su respectiva notificación.
La oposición seguirá el trámite de las excepciones y será resuelta por el Tribunal, sin intervención del Ministerio Público Fiscal. Si se rechazare la intervención del actor civil, podrá ser condenado por las costas que su participación hubiere causado.
Cuando no se dedujera oposición en la oportunidad que establece el artículo 101, la constitución de actor civil será definitiva sin perjuicio de la facultad conferida por el artículo 104. La aceptación o el rechazo del actor civil no podrán ser reproducidas en el debate.
Durante los actos preliminares del juicio, el Tribunal podrá rechazar o excluir de oficio, por auto al actor civil cuya intervención fuere manifiestamente ilegal, salvo que su participación hubiere sido concedida al resolverse un incidente de oposición.
El rechazo o exclusión del actor civil no impedirá el ejercicio de la acción ante la jurisdicción civil.
El actor civil podrá desistir de su demanda en cualquier estado del proceso, quedando obligado por los gastos y costas que su intervención haya ocasionado. Se considerará desistida la acción, cuando su titular, regularmente citado, no comparezca a la primera audiencia del debate o no presente conclusiones o se aleje de la audiencia sin haberlas formulado oportunamente. El desistimiento o la exclusión del actor civil hará caducar la intervención del civilmente demandado.
Quien ejerza la acción resarcitoria podrá pedir la citación de las persona que según las leyes civiles responda por el daño que el imputado hubiere causado con el delito, para que intervenga en el proceso como demandada. La instancia deberá formularse en la forma y oportunidad prescripta por los artículos 97 y 99, con indicación del nombre y domicilio del demandado y de su vinculo jurídico con el imputado.
El civilmente responsable gozará, desde su intervención en el proceso y en cuanto concierne a sus intereses civiles, de los derechos y garantías concedidos al imputado para su defensa; pero su rebeldía no suspenderá el juicio, debiéndosele nombrar defensor de oficio.
El decreto que ordene la citación será notificado al imputado y a su defensor y contendrá el nombre y domicilio del accionante, y del citado, además de la indicación del proceso a que se refiere. Será nula cuando adolezca de omisiones o errores esenciales que perjudiquen la defensa del demandado civil, restringiéndole la audiencia o la prueba. La nulidad no influirá en la marcha del proceso ni impedirá el ejercicio ulterior de la acción civil ante la jurisdicción civil.
Será declarada la rebeldía del demandado civil, a petición del interesado, cuando no comparezca en el plazo de citación a juicio (artículo 356). Ella no suspenderá el tramité, que continuará como si aquél estuviera presente. Solo se nombrará defensor del rebelde al defensor oficial si hubiere sido citado por edicto.
Cuando se ejerza la acción civil, el civilmente responsable podrá comparecer voluntariamente hasta el tercer día subsiguiente al decreto de citación a juicio. Esta participación deberá solicitarse en la forma establecida en el articulo 97º en cuanto sea aplicable. El decreto que la acuerde será notificado a las partes y sus defensores.
Quien haya sido citado como responsable civil, puede oponerse a su propia participación en el proceso; pero si su intervención es espontánea, el imputado y el actor civil pueden oponerse a la participación de aquél. El incidente se deducirá y tramitará en la forma, oportunidad y plazos establecidos por los artículos 101 y siguientes.
Serán también aplicables, con respecto al civilmente responsable, los artículos 104 y 105; pero cuando su exclusión haya sido pedida por el actor civil, éste no podrá intentar nueva acción contra aquél.
El actor civil, el imputado y demandado civil asegurados, podrán pedir la citación en garantía del asegurador de los dos últimos.
La intervención del asegurador se regirá por las normas que regulan la del demandado civil, en cuanto sean aplicables.
El actor civil, el imputado y el demandado civil deberán pedir la citación en la oportunidad prevista en el artículo 99.
El imputado tendrá derecho a hacerse asistir y defender por abogados de su confianza o por el defensor oficial, lo que se le hará por la autoridad policial o judicial que intervenga en la primera oportunidad. Podrá también, defenderse personalmente, siempre que ello no perjudique la eficacia de la defensa y no obste a la normal sustanciación del proceso. Si el imputado estuviere privado de su libertad, cualquier persona que tenga con él relación de parentesco o amistad podrá presentarse ante la autoridad policial o judicial que corresponda, proponiéndole un defensor. En tal caso, se hará comparecer al imputado de inmediato ante al órgano judicial competente, a los fines de la ratificación de la propuesta. Si el imputado no estuviere individualizado o fuere imposible lograr su comparendo, se designará al asesor letrado como su defensor al solo efecto de los artículos 307 y 308.
El imputado no podrá ser defendido simultáneamente por más de dos abogados. Cuando intervengan dos defensores, la notificación hecha a uno de ellos valdrá respecto de ambos, y la sustitución del uno por el otro no alterará trámites ni plazos.
El ejercicio del cargo de defensor del imputado será obligatorio para el abogado de la matricula que lo acepte, salvo excusación atendible. La aceptación será obligatoria, sólo cuando se lo nombrare en sustitución del Defensor Oficial.
Cuando el imputado no elija oportunamente defensor, el Fiscal de Instrucción o el Tribunal nombrará en tal carácter al Defensor oficial salvo que lo autorice a defenderse personalmente.
La designación de defensor de oficio no perjudica el derecho del imputado de elegir ulteriormente otro de su confianza; pero la sustitución no se considerará operada hasta que el designado acepte el cargo y fije domicilio.
La defensa de varios imputados podrá ser confiada a un defensor común, siempre que no exista entre aquellos intereses contrapuestos. Si esto fuera advertido se proveerá aún de oficio a las sustituciones necesarias.
El querellante, el querellante particular y las partes civil sólo podrán actuar con patrocinio letrado, o hacerse representar por hasta dos abogados; el querellante necesitara poder especial.
Los defensores de las partes podrán designar momentáneamente sustituto para los casos de legítimo impedimento, presentando un escrito con la aceptación del reemplazante. Si se tratare del defensor del imputado, se requerirá, también, su conocimiento. En caso de abandono de la defensa, el abogado sustituto asumirá los derechos y obligaciones del defensor.
Si el defensor del imputado abandonare la defensa y dejara a su cliente sin abogado, se proveerá a su inmediata sustitución por el defensor oficial, y no podrá ser nombrado de nuevo en el proceso. Cuando el abandono ocurriere poco antes del debate o durante, el nuevo defensor podrá solicitar una prórroga máxima de tres días para la audiencia. El debate no podrá suspenderse otra vez por la misma causa. La intervención a otro defensor particular, no excluirá la del oficial. El abandono de los defensores o apoderados de las partes civiles no suspenderá el proceso.
El incumplimiento de las obligaciones, por parte de los defensores o mandatarios, podrá ser corregido con multa de hasta un salario de Secretario de primera instancia, sin perjuicio de que se comunique al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados. El abandono constituye falta grave y obliga al que incurra en él a pagar las costas de la sustitución, sin perjuicio de otras sanciones. Todas las sanciones serán resueltas inmediatamente y sólo serán apelables las dictadas por los tribunales unipersonales.
Si por las particularidades del caso el Ministerio Publico Fiscal o las partes, consideran necesario ser asistidos por un consultor en una ciencia, arte o técnica, lo propondrán al Juez o Tribunal, dando el nombre, apellido y domicilio del mismo, expresando que asumen la responsabilidad por su elección y vigilancia. El consultor técnico podrá acompañar a quien lo propuso a todos los actos que considere necesarios, pudiendo aconsejarlo acerca de las preguntas y observaciones que conviene efectuar, sin intervenir directamente. Sólo cumplirá tareas accesorias de colaboración y no podrá sustituir a quien asiste. Los consultores técnicos de los representantes del Ministerio Público Fiscal podrán ser escogidos de entre el personal de las Universidades o Instituciones estatales, y cumplirán esta tarea, si la aceptan, "ad honorem".
Todos los actos procesales deberán cumplirse en idioma nacional, bajo pena de nulidad.
Para fechar un acto deberán consignarse el lugar, día, mes, y año en que se cumpliere. La hora será indicada solo cuando la ley lo exija. Si la fecha fuere requerida bajo pena de nulidad, ésta sólo podrá ser declarada cuando aquella en virtud de los elementos del acto o de otros conexos, no pueda establecerse con certeza.
Los actos procesales deberán cumplirse en días y horas hábiles, salvo los de la investigación penal preparatoria. En caso de necesidad el Tribunal podrán habilitar todos los días y horas que estime conveniente.
Cuando se requiere la prestación de juramento, el Juez, el Presidente del Tribunal, El Fiscal de Instrucción o el Delegado Judicial lo recibirá - bajo pena de nulidad por las creencias del que jure, después de instruirlo de las penas que la ley impone a la falsedad. El declarante prometerá decir la verdad de todo cuanto supiere y le fuera preguntado, mediante la formula: "lo juro". Si el deponente se negare a prestar juramento en virtud de creencias religiosas o ideológicas, se le exigirá promesa de decir la verdad.
Audiencias y Oralidad.- El Tribunal deberá, si las partes lo solicitaren, ordenar la realización de todos los actos procesales, en audiencia oral y pública a los fines de la simplificación y celeridad del proceso, sin perjuicio de las establecidas específicamente. En lo pertinente regirán las normas de la audiencia de debate. Las personas que fueren interrogadas deberán responder de viva voz y sin consultar notas o documentos, con excepción de los peritos y de quienes sean autorizados para ello en razón de sus condiciones o de la naturaleza de los hechos.
Para hacer jurar y examinar a un sordo se le presentarán por escrito la fórmula del juramento, las preguntas y las observaciones, para que jure y responda oralmente. Si se tratare de un mudo se le harán oralmente las preguntas y responderá por escrito. Si fuere un sordomudo, las preguntas y respuestas serán formuladas de manera escrita. Cuando las personas mencionadas no sepan leer o escribir, se nombrará intérprete a un maestro de sordomudos o, a falta de él, a alguien que sepa comunicarse con el interrogado.
Cuando un funcionario público deba dar fe de actos que realice o se cumplan en su presencia, labrará un acta en la forma prescripta por las disposiciones de este capítulo. El Tribunal y fiscal de instrucción serán asistido por el Secretario; el Delegado Judicial, por un oficial o auxiliares de la policía judicial; el Juez de Paz y los oficiales o auxiliares de la policía por un testigo que, en lo posible, sea extraño a la repartición policial.
Las actas deberán contener: la fecha, el nombre y apellido de las personas que actuaren, en su caso, el motivo de la inasistencia de quienes estaban obligados a intervenir, la indicación de las diligencias realizadas y de su resultado, las declaraciones recibidas, si éstas fueron hechas espontáneamente o a requerimiento y si las dictaron los declarantes, las observaciones que las partes requieran y, previa lectura, la firma de todos los intervinientes que deban hacerlo, o cuando alguno no pudiere o no quisiere firmar, la mención de ello. Si tuviere que firmar un ciego o un analfabeto, se les informará que el acta puede ser leída y suscripta por una persona de confianza, lo que hará constar.
No podrán ser testigos de actuación los menores de 16 años, los dementes y los que se encuentran en estado de ebriedad.
Salvo previsiones especiales, el acta será nula si falta la fecha, la firma del funcionario actuante, la del secretario o testigo de actuación, o la información prevista en la última parte del articulo 135.
En el ejercicio de sus funciones, el Tribunal podrá disponer la intervención de la fuerza pública y todas las medidas necesarias para el seguro y regular cumplimiento de los actos que ordenen.
El Tribunal será asistido en el cumplimiento de sus actos por el Secretario.
El Tribunal podrá constituirse fuera de su asiento, en cualquier lugar de la Provincia, cuando estime indispensable conocer directamente elementos probatorios decisivos. En tal caso, si corresponde, avisará al Tribunal de la respectiva competencia territorial.
Las decisiones judiciales serán dadas por sentencia, auto o decreto según el caso. Sentencia: Es el pronunciamiento que pone término al proceso. Auto: Es la resolución dictada a inasistencia de parte o de oficio en el curso de la investigación penal preparación preparatoria, del juicio o de la ejecución, para resolver un incidente, o articulo del proceso, o cuando este Código lo exija. Decreto: Es la decisión pronunciada en el curso del proceso fuera de los casos mencionados en los apartados anteriores o en aquellos en que esta forma sea especialmente prescripta por la ley. La sentencia y los autos serán protocolizados por el Secretario, quien agregará al expediente un ejemplar suscripto por todos los otorgantes.
El tribunal deberá fundamentar, bajo pena de nulidad las sentencias y los autos. Los decretos deberán serlo, bajo la misma sanción, cuando la ley lo disponga.
Las sentencias y los autos deberán ser suscriptos por el Juez o todos los miembros del Tribunal que actuare. Los decretos, por el Juez o el Presidente del Tribunal. Todas las resoluciones deberán ser también firmadas por el Secretario. La falta de firmas producirá la nulidad del acto, salvo lo dispuesto por este Código en el artículo 403 ultima parte.
Los tribunales dictarán los decretos el día en que los expedientes sean puestos a despacho, los autos dentro de los cinco días, salvo que se disponga otra cosa, las sentencias en las oportunidades especialmente previstas.
Dentro del término de tres días de dictadas, el Tribunal podrá rectificar de oficio cualquier error u omisión material contenidos en las resoluciones, siempre que ello no importe una modificación esencial. Dentro de los tres días hábiles después de notificadas las mismas, el Ministerio Fiscal y las partes podrán pedir la aclaración o rectificación de dichos errores u omisiones y el Tribunal tendrá tres días para resolver. La instancia de aclaración suspenderá el término para interponer los recursos que procedan.
Vencido el término en que deba dictarse una resolución, el interesado podrá pedir pronto despacho y si dentro de tres días no lo obtiene, podrá denunciar el retardo a la Corte de Justicia, la que previo informe del Juez o Tribunal, proveerá enseguida lo que corresponda, ejercitando las facultades de superintendencia. Si la demora es imputable al presidente de un Tribunal cuando se ejerza la jurisdicción en colegio, la queja podrá formularse ante el Tribunal mismo, y si es imputable a la Corte, el interesado podrá ejercitar los derechos que le acuerde la Constitución. Si la queja esta justificada ordenará el dictado de la resolución en el término que fije, bajo apercibimiento de las responsabilidades institucionales y legales a que hubiere lugar.
Las resoluciones judiciales quedarán firmes y ejecutoriadas, sin necesidad de declaración alguna, en cuanto no sean oportunamente recurridas.
La copia auténtica de las sentencias u otros actos procesales necesarios, tendrá el mismo valor de los originales. Cuando por cualquier causa se destruya, pierda o sustraiga el original de las sentencias u otros actos procesales necesarios, la copia auténtica tendrá el valor de aquél. A tal fin el Tribunal ordenará a quien tenga copia la consigne en Secretaría, sin perjuicio del derecho de obtener otra gratuitamente.
Si no hubiere copia de los actos, el Tribunal ordenará que se rehagan, para lo cual recibirá las pruebas que evidencien su preexistencia y contenido. Cuando esto no fuere posible, dispondrá la renovación, prescribiendo el modo de hacerla.
El Tribunal podrá ordenar la expedición de copias, informes o certificados que fueren pedidos por una autoridad pública o por particulares que acrediten legítimo interés en obtenerlos, si el estado del proceso no le impide (artículo 311 in fine) ni se estorba su normal sustanciación.
Si durante el proceso se tuviere conocimiento de otro delito perseguible de oficio, el Tribunal remitirá los antecedentes al Ministerio Público Fiscal.
Fin del texto
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