Abriendo la norma
Ley provincial 5.925 · 2025
Reforma Integral del Código Procesal Civil y Comercial.
El Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de Catamarca sancionan con fuerza de Ley:
Toda persona tendrá acceso a un proceso de duración razonable que resuelva sus pretensiones en igualdad de condiciones, sin discriminación en razón de la raza, edad, género, religión, idioma, condición social o cualquier otra situación. Las normas procesales se interpretarán con el objeto de lograr la efectividad de los derechos sustanciales, observando los fines sociales del proceso, las exigencias del bien común, la eficiencia, la legalidad, la proporcionalidad y la razonabilidad, procurando afianzar la tutela judicial efectiva, en especial para los casos de personas en situación de vulnerabilidad. Se debe priorizar el respeto a niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, personas con capacidad restringida o enfermedad grave y toda persona o grupos en situación de vulnerabilidad, posibilitando su participación en el proceso judicial de manera adecuada a las circunstancias propias de dicha condición.
El tribunal (unipersonal o colegiado) que entienda en la causa tiene el deber de proveer las resoluciones mediante decisiones razonablemente fundadas.
Eficiencia, eficacia y proporcionalidad en la tutela judicial. Se deben tomar las medidas necesarias y proporcionales para lograr la más pronta y eficiente administración de justicia, así como la mayor economía en la realización del proceso.
Es deber de los jueces velar por el efectivo contradictorio y asegurar a las partes la igualdad de tratamiento con relación al ejercicio de los derechos y facultades procesales, a los medios de defensa, a los deberes y a la aplicación de sanciones procesales.
Los jueces, los abogados, las partes, los auxiliares de justicia y los terceros deben cooperar para llegar en tiempo razonable a la decisión de mérito justa y efectiva en el caso concreto.
Instrumentalidad, flexibilidad y adaptabilidad de las formas procesales. El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Todos los que intervengan en un proceso judicial deberán hacer prevalecer la tutela efectiva de los derechos en litigio, evitando el excesivo rigor formal. El juez podrá adaptar las formas, sin vulnerar el debido proceso legal, de oficio o a petición de parte.
La incorporación de tecnologías digitales al proceso judicial debe realizarse conforme a los siguientes principios, orientados a garantizar una justicia moderna, accesible, segura y eficaz: 1) Equivalencia funcional: Los actos procesales realizados por medios electrónicos tendrán la misma validez, eficacia y efectos jurídicos que aquellos realizados en soporte físico, siempre que se aseguren la autenticidad, integridad, inalterabilidad y disponibilidad de la información. La firma digital, las copias electrónicas certificadas, los registros audiovisuales y cualquier otro instrumento tecnológico revestirán valor legal pleno conforme a la legislación vigente. 2) Accesibilidad tecnológica: El Poder Judicial deberá garantizar el acceso efectivo a los servicios digitales en condiciones de igualdad para todas las personas usuarias del sistema, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad. Se promoverá el diseño universal, la asistencia técnica, el lenguaje claro, la disponibilidad de terminales de autoconsulta, la posibilidad de uso excepcional del formato papel y la incorporación de equipos técnicos interdisciplinarios que aseguren la comprensión y participación real en el proceso. 3) Seguridad y protección de datos: Todo sistema digital implementado deberá garantizar la confidencialidad, integridad y conservación segura de los datos procesales y personales. Se resguardará especialmente la privacidad de las partes, la autenticidad de la documentación, la protección de los archivos digitales y el correcto uso de la firma digital, conforme a los estándares nacionales e internacionales vigentes. 4) Interoperabilidad e integración institucional: Las plataformas digitales del Poder Judicial deberán articularse con sistemas informáticos de otros organismos públicos y privados, permitiendo la remisión, recepción y consulta de documentos, oficios y expedientes por medios electrónicos seguros. Se fomentará la creación de registros públicos digitales, el acceso compartido a la información procesal y la cooperación interinstitucional para una solución integral de los conflictos. 5) Transparencia y trazabilidad: Toda actuación digital deberá quedar registrada con constancia electrónica fehaciente, permitiendo la identificación de las personas intervinientes, la fecha y hora del acto, y su incorporación automática al expediente electrónico. Se garantizará la conservación íntegra y ordenada del proceso digital, la disponibilidad de registros audiovisuales de las audiencias, la publicidad de los actos procesales y la plena accesibilidad de las partes. 6) Progresividad y adaptación normativa: La transformación digital del proceso judicial se implementará de forma progresiva, sin afectar el debido proceso, el derecho de defensa ni la igualdad de las partes. La Corte de Justicia dictará la reglamentación necesaria para su instrumentación, actualización y adecuación tecnológica, pudiendo establecer excepciones o mecanismos transitorios cuando resulte necesario preservar la tutela judicial efectiva.
Lealtad, buena fe y deber de decir la verdad. Todos los participantes en el proceso deben ajustar sus conductas al necesario respeto que debe imperar en el debate judicial. Los jueces, de oficio o a instancia de parte, deben adoptar las medidas conducentes para prevenir y sancionar inconductas procesales o actos que vulneren la dignidad del magistrado, el respeto que se deben los litigantes y la lealtad, buena fe y probidad. Los intervinientes en el proceso actuarán con lealtad, buena fe y veracidad. El juez deberá impedir el fraude procesal, el abuso procesal y cualquier otra conducta ilícita o dilatoria, pudiendo aplicar las sanciones que se establezcan en cada caso.
Tanto las audiencias como las diligencias de prueba que así lo permitan, se realizarán por ante el juez, quien no puede delegarlas en otros funcionarios bajo pena de nulidad absoluta, salvo cuando la diligencia deba celebrarse en territorio distinto al de su competencia o cuando este Código excepcionalmente lo permita. En caso de ausencia justificada, deberán ser subrogados por otro juez conforme a la legislación pertinente.
Iniciado un proceso tanto las partes como el juez, en lo que a él le concierne según las disposiciones de éste Código, deberán impulsarlo evitando su paralización, salvo que el impulso corresponda exclusivamente a las partes.
La dirección del proceso está a cargo del juez, quien lo debe organizar, conducir y coordinar para una pronta y justa solución de la controversia. Para ello, las partes y los terceros son responsables de la debida colaboración.
La iniciación del proceso incumbe a los interesados, los que podrán disponer de sus derechos, salvo aquellos indisponibles. Las partes podrán terminarlo unilateral o bilateralmente conforme lo reglado por este Código. El juez decidirá en forma congruente según las pretensiones y defensas deducidas por las partes, respetando el contradictorio.
Los actos procesales deberán realizarse sin demora, tratando de concentrar en un mismo acto la mayor cantidad de diligencias posibles. Las audiencias no podrán aplazarse ni suspenderse, salvo por las razones que expresamente prevea este Código o por fuerza mayor.
Las actuaciones judiciales serán de conocimiento público, salvo que expresamente la ley disponga lo contrario o el juez fundadamente así lo decida por razones de seguridad, moral u orden público, en protección de alguna de las partes, de su intimidad, de su honor o de sus intereses.
El proceso admitirá la forma escrita y oral según lo permitan los actos a cumplirse, con resguardo de la seguridad jurídica y demás derechos constitucionales de los litigantes. Serán registrados en soporte digital.
Los actos procesales se deben realizar dentro de los plazos y acorde al calendario establecido. Los plazos fijados en este Código son perentorios e improrrogables. Su vencimiento impide realizar el acto que se dejó de usar, sin necesidad de petición o declaración alguna. Concluida una etapa el juez proveerá lo que corresponda según el estado del proceso, debiendo continuar el trámite con la secuencialidad que corresponda.
Las partes deben plantear todos sus derechos, excepciones y defensas en forma actual, subsidiaria o alternativa en eventualidad, en el momento procesal y condiciones establecidas, bajo consecuencia de aplicarse lo dispuesto en el Artículo 15.
Las actuaciones procesales, comunicaciones y documentos generados o transmitidos por medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología análoga, bajo las condiciones de seguridad y autenticidad que establezca la ley y la reglamentación de la Corte de Justicia, tendrán la misma eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes en soporte físico. El registro digital fidedigno, sea en formato escrito, de audio o audiovisual, constituye la forma primordial de documentación y preservación de los actos del proceso.
Principio de Centralidad e Integridad del Expediente Digital. El expediente digital constituye el único reservorio oficial, completo y secuencial de todas las actuaciones, peticiones, decisiones, comunicaciones y pruebas del proceso. Se garantizará su integridad, autenticidad, inalterabilidad y perdurabilidad mediante las herramientas tecnológicas y protocolos que reglamente la Corte de Justicia.
Se asegurará el acceso remoto, permanente y en condiciones de igualdad al expediente digital y a la información procesal a través de los medios tecnológicos dispuestos por el Poder Judicial. Este acceso será público, salvo las excepciones fundadas en la protección de derechos personalísimos, el orden público o la eficacia de ciertas actuaciones conforme a la ley y la reglamentación pertinente. El Poder Judicial dispondrá mecanismos para facilitar el acceso a quienes carezcan de medios tecnológicos propios.
El Poder Judicial deberá implementar y mantener medidas de seguridad informática, tanto técnicas como organizativas, que garanticen la identificación y autenticación de los usuarios, la integridad, disponibilidad, confidencialidad e inalterabilidad de la información y los registros digitales del proceso. La Corte de Justicia establecerá los estándares y protocolos necesarios a tal fin.
Se promoverá activamente la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en todas las etapas del proceso para optimizar la gestión judicial, reducir plazos, facilitar el acceso a la justicia y lograr la mayor eficiencia y economía procesal, en servicio de una tutela judicial efectiva.
El ecosistema digital judicial procurará la interoperabilidad con otros sistemas de gestión de organismos públicos y, en cuanto sea pertinente y seguro, con entidades privadas, a fin de agilizar el intercambio de información, simplificar trámites y reducir cargas procesales, conforme a los estándares y reglamentaciones que establezca la Corte de Justicia.
Las normas procesales se interpretarán de manera flexible y favorable a la utilización de las tecnologías disponibles, siempre que no se vulneren garantías fundamentales. Los aspectos técnicos, operativos, de seguridad específicos y la homologación de herramientas tecnológicas serán regulados y actualizados por la Corte de Justicia mediante Acordadas, asegurando la adaptación del sistema a la evolución tecnológica.
Son hábiles para estar en juicio, como actores o demandados, todos aquellos que, por la ley, tuvieran el ejercicio de sus derechos civiles.
Toda persona a la que corresponda intervenir en un proceso podrá comparecer personalmente con patrocinio de abogado matriculado hábil en la jurisdicción o por intermedio de representante. Si el representante no fuera abogado matriculado hábil, necesariamente deberá concurrir con patrocinio letrado de abogado matriculado hábil en la jurisdicción. Las personas en situación de vulnerabilidad en razón de la pobreza, podrán comparecer al proceso con el patrocinio letrado de Defensores/as Civiles. Quienes no tengan el libre ejercicio del derecho que invocan, litigarán mediante sus representantes legales, asesorados y autorizados conforme a las leyes. Los litigantes con capacidad restringida deberán ser asistidos por los respectivos apoyos designados judicialmente cuando así corresponda de acuerdo a los términos de la sentencia que dispuso la restricción de su capacidad. Las personas jurídicas actuarán por medio de sus órganos representativos, de acuerdo a las leyes, sus estatutos y contratos. El niño, niña o adolescente que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede intervenir con asistencia letrada si existe conflicto de intereses con sus representantes legales.
Únicamente podrá actuarse sin patrocinio letrado para devolver intimaciones o formular simples manifestaciones de carácter personal.
Acreditación de la personería por abogados y procuradores. Los procuradores o abogados apoderados acreditarán su personería desde la primera gestión que hagan en nombre de sus poderdantes, acompañando el instrumento que legalmente corresponda. En caso de no acompañarlo se otorgará un plazo de dos (2) días para su cumplimiento, bajo apercibimiento de devolver el escrito sin más trámite. La notificación se cursará al domicilio digital constituido.
La persona que se presente en juicio invocando un derecho que no sea propio, que le competa ejercerlo en virtud de una representación legal o convencional, deberá acompañar en su primera presentación el documento que acredite el carácter que inviste. Si invocase imposibilidad de presentar el documento ya otorgado que acredite la representación y el Tribunal considerase atendibles las razones que se expresaran, podrá acordar un plazo de hasta diez (10) días para que se acompañe dicho documento, bajo apercibimiento de tener por inexistente la representación invocada. La notificación del plazo se cursará al domicilio digital constituido. Si no cumplió con la obligación prescripta en el primer párrafo, y no concurre el supuesto del segundo párrafo, no se dará curso a la presentación y se ordenará devolver el escrito sin más trámite. En caso que el Tribunal lo crea necesario, los padres que comparezcan en representación de sus hijos menores de edad podrán presentar las partidas correspondientes de forma física o por vía digital.
En caso de urgencia, podrá admitirse la comparecencia de quien invocase un derecho que no le sea propio, sin presentar los instrumentos que acrediten su carácter, pero si no fueran presentados dentro del plazo que el Tribunal fije, cesará su intervención y será nulo todo lo actuado por él hasta el momento, con las costas a su cargo.
Requisitos de las presentaciones de Abogados y Procuradores. Los Tribunales no proveerán las presentaciones de abogados y procuradores que no indiquen en forma precisa el carácter en el que actúan, la representación que ejercen, ni consignen claramente sus nombres y apellidos y datos de matriculación.
Se tendrá por no presentado y se devolverá al firmante, sin más trámites ni recursos, todo escrito que debiendo llevar firma de letrado, no la tuviera, si no fuere suplida la omisión dentro del segundo día de notificada por ministerio de la ley, la providencia que exija el cumplimiento de ese requisito.
La representación en juicio podrá acreditarse mediante: 1) Poder notarial; 2) Poder otorgado mediante instrumento privado con firmas certificadas por Escribano Público o con ratificación de las firmas ante el secretario del Juzgado o ante la oficina judicial que disponga al efecto la Corte de justicia.
Cuando la representación constase en un poder general o en uno especial para varios asuntos, podrá acreditarse su existencia con una copia íntegra del mismo, firmada por el letrado patrocinante o apoderado, que será personalmente responsable por cualquier falsedad o inexactitud que la copia contenga. De oficio o a petición de parte, podrá intimarse la presentación del testimonio original, dentro del término que se fije, vencido el cual la copia presentada no producirá efectos.
El poder conferido para un juicio comprende la facultad de interponer los recursos legales y seguir todas las instancias a que hubiera lugar en el principal e incidentes, a menos de estar limitado a determinadas actuaciones.
El letrado apoderado necesitará autorización expresa del poderdante para: 1) Desistir de la acción o del derecho; 2) Transigir o conciliar; 3) Allanarse a pretensiones que constituyan objeto de demanda o reconvención; 4) Cobrar, percibir y dar recibos. La facultad, aún genérica, de realizar tales actos debe surgir de autorización expresa.
El letrado patrocinante tendrá facultades para realizar presentaciones de mero trámite, sin necesidad de contar con la firma de la parte.
Cuando el poder fuese otorgado a varias personas y actuasen conjuntamente, las notificaciones se harán a cualquiera de ellas y producirán efecto con relación a las demás. Si actuasen alternativamente, las notificaciones se harán al que ejerza el mandato al momento de efectuárselas, bajo pena de nulidad.
Los emplazamientos, citaciones y notificaciones, incluso de la sentencia, se harán al apoderado, y producirán el mismo efecto que si fuesen hechos al poderdante en persona. Toda notificación que se hiciera a este último, mientras el apoderado continúe en sus funciones, no producirá efecto alguno, salvo que la ley expresamente dispusiera lo contrario.
En caso de revocación del poder, el representado deberá comparecer por sí o constituir nuevo apoderado sin necesidad de emplazamiento o citación, bajo pena de continuarse el juicio en rebeldía. La sola presentación del poderdante no revoca el poder, salvo declaración expresa en tal sentido; 2) Por renuncia. En caso de renuncia del apoderado, éste deberá continuar ejerciendo la representación hasta que haya vencido el plazo que el juez le fije al poderdante para reemplazarlo o comparecer por sí. La fijación del plazo se hará bajo apercibimiento de continuarse el juicio en rebeldía. La resolución que así lo disponga deberá notificarse por cédula en el domicilio real del mandante; 3) Por muerte o incapacidad sobreviniente del representado. En caso de muerte del representado, el trámite del juicio se suspenderá, probado que sea el hecho. El juez señalará un plazo para que los herederos concurran a estar a derecho, citándolos directamente si se conocieran sus domicilios, o por edictos durante dos (2) días consecutivos. En caso de restricción sobreviniente de su capacidad, deberá comparecer quien haya sido designado como apoyo; 4) Por muerte, incapacidad, incompatibilidad o restricción de la capacidad sobreviniente del representante; y por suspensión o eliminación de la matrícula, si se tratare de abogado y procurador. Se pondrá en conocimiento del representado para que en el término que se fije comparezca por sí o designe otro representante, bajo apercibimiento de rebeldía.
En caso de cese del patrocinio y para el supuesto de que la parte hubiese constituido domicilio digital en la casilla digital de su letrado patrocinante, se la intimará en su domicilio real a los efectos de que constituya nuevo domicilio digital, bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en los estrados digitales del juzgado.
Si durante la tramitación del proceso, la parte incapaz o con capacidad restringida adquiere capacidad, probado que sea el hecho, continuará por sí su tramitación. Los actos realizados por el representante hasta el momento de su comparecencia serán válidos, sin perjuicio de las reclamaciones que pudiera ejercer contra el mismo.
Si durante la tramitación del proceso se restringiera la capacidad o se declarara la incapacidad por hecho sobreviniente, corresponde la suspensión del procedimiento hasta la designación de representantes o apoyos o los demás actos necesarios.
Derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva. Las partes tienen derecho de acceso a jueces independientes e imparciales, que aseguren la tutela judicial efectiva, la inmediación, la contradicción de pretensiones, el respeto a la igualdad real y al resto de los principios enunciados en este Código, en un proceso eficiente, útil y efectivo que debe concluir en un plazo razonable, el que incluye también la pronta ejecución de las resoluciones judiciales. Las pretensiones de las partes estarán dirigidas a obtener una decisión judicial sobre la procedencia de una condena a una prestación, la existencia de derechos o de situaciones jurídicas, la constitución, modificación o extinción de estos últimos, la ejecución, la adopción de medidas cautelares o cualquier otra clase de tutela que resguarde los derechos cuya protección se invoque ante los jueces.
En el desempeño de su profesión, el abogado será asimilado a los magistrados en cuanto al respeto y consideración que debe guardársele.
Facultades especiales del abogado en el ejercicio de su profesión. En el ejercicio de su profesión los abogados podrán recabar directamente de las oficinas públicas, organismos oficiales y prestadores de servicios públicos, informes y antecedentes, y solicitar certificados sobre hechos concretos atinentes a las causas en que intervengan. Deben tratarse de procesos con demanda ya interpuesta. El requerimiento que realice el abogado a la entidad destinataria deberá contener: 1) El requerimiento en concreto para la causa en cuestión; 2) La constancia de existencia del proceso en trámite que acredite la interposición de la demanda; 3) La trascripción del Artículo 44 de este Código.
La ley no ampara el ejercicio abusivo de derechos procesales. Se considerará abusiva toda petición contraria a la finalidad de la norma procesal invocada, o cuando se excedan los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. El juez evitará el ejercicio abusivo del derecho o una situación procesal abusiva, y si correspondiera procurará su reposición al estado de hecho anterior. Los jueces rechazarán fundadamente las peticiones e incidentes formulados con manifiesto abuso de derecho o que impliquen fraude a la ley.
Son deberes de las partes, abogados y representantes: 1) Colaborar con el desarrollo del proceso y abstenerse de dilatarlo con actos inútiles o innecesarios para la declaración o defensa de los derechos; 2) Proceder con probidad, lealtad y buena fe en todos sus actos e intervenciones; 3) No actuar temerariamente, ni abusar del proceso y las vías recursivas; 4) Guardar respeto al Tribunal, a las partes y a los auxiliares de justicia. Está prohibido usar expresiones verbales o escritas agraviantes, insultantes o afirmaciones tendenciosas contra las partes, terceros legitimados, tribunal y auxiliares jurisdiccionales; 5) Concurrir ante el tribunal cuando éste los cite y acatar sus órdenes en las actuaciones judiciales; 6) Prestar al Tribunal su diligente colaboración para las actuaciones procesales.
Se presume que ha existido temeridad o mala fe en los siguientes casos: 1) Cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente; o cuando a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; 2) Cuando se aleguen calidades inexistentes; 3) Cuando se utilice el proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales, dolosos o fraudulentos; 4) Cuando se obstruya producción de pruebas; 5) Cuando se hagan transcripciones o citas deliberadamente inexactas; 6) Cuando se abuse del proceso o derecho de defensa reeditando cuestiones ya debatidas y resueltas con carácter firme; 7) Cuando por cualquier medio se entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso o con propósitos manifiestamente dilatorios.
Si en cualquier etapa del proceso el juez estimare que alguna de las partes, o sus abogados o representantes, incumplieron con los deberes establecidos en el Artículo 47 o incurrieron en los casos previstos en los Artículos 46 o 48, podrá imponerles una multa de hasta un treinta por ciento (30%) del monto del juicio, no pudiendo ser inferior a una (1) consulta escrita. Si el juicio no tuviera monto, la multa se graduará entre una (1) y diez (10) consultas con informe por escrito. La multa deberá fundarse y será en beneficio de la contraparte. La violación de los deberes establecidos en los artículos precedentes constituye una presunción contraria a la parte que omita colaborar, y se considerará al dictar sentencia o resolver una incidencia.
Las partes utilizarán un lenguaje acorde con el servicio de justicia y evitarán los términos indecorosos, ofensivos o injuriosos. Los jueces podrán ordenar que se tachen las frases contenidas en los escritos judiciales que violen dichos criterios, y excluir de las audiencias a quienes perturben indebidamente su curso. En ambos supuestos, el juez conforme lo establecido en el Articulo 49 podrá aplicar una multa proporcional a la falta cometida, cuyo importe será en favor del litigante perjudicado por el uso de expresiones ofensivas.
En su primera presentación, las partes deberán constituir domicilio digital para todos los efectos del juicio y denunciar su domicilio real.
Las partes podrán constituir domicilio digital en su propia casilla digital, en la casilla digital de quien las represente, o en la casilla digital de su letrado patrocinante.
Domicilio para notificaciones personales a abogados y procuradores. Las notificaciones personales a los abogados y procuradores se efectuarán en sus respectivas casillas digitales.
El domicilio digital constituido produce todos sus efectos y se mantiene, rigiendo para el juicio principal y sus dependencias, mientras no se constituya otro. Sin embargo, su efecto no subsistirá cuando se tratare de activar el trámite de expedientes archivados después de transcurridos dos (2) años, en cuyo caso los interesados deberán ser notificados en sus domicilios reales, estando obligados a constituir un nuevo domicilio digital o a ratificar el anterior.
La falta de cumplimiento de la obligación de constituir domicilio digital implicará que se lo tendrá por constituido en los estrados digitales por el solo ministerio de la ley, sin necesidad de petición de parte o declaración judicial.
El actor y el demandado en su primera presentación están obligados a denunciar en forma clara y precisa su domicilio real, indicando, en cuanto fuese posible, la calle, número, piso, departamento, y todas aquellas circunstancias que permitan ubicar sin dificultad el lugar. Si no lo denunciaren, las notificaciones que en virtud de este Código deben notificarse al domicilio real, se notificarán en el domicilio digital.
Obligación de notificar el cambio de domicilio real. Subsistencia. Las partes están obligadas a dar cuenta de los cambios que el domicilio real pudiere sufrir. Si no los denunciaran, se tendrá por subsistente el anterior. Todo cambio de domicilio real deberá ser notificado por el Tribunal a la contraparte.
En caso de edificios deshabitados o que desaparecieren, o si se alterara o suprimiera su numeración, y no se hubiera denunciado un nuevo domicilio real, se tendrá como tal el domicilio digital. A falta de constitución de éste, se lo tendrá por constituido en los estrados digitales por el solo ministerio de la ley, sin necesidad de petición de parte o declaración judicial.
Registro de Domicilio Electrónico para Personas Jurídicas Privadas. 1) Creación del Registro. Créase el Registro de Domicilio Electrónico para Personas Jurídicas Privadas, el cual funcionará en el ámbito del Poder Judicial de la Provincia de Catamarca, bajo la órbita de la oficina u organismo que a tal efecto disponga la Corte de Justicia; 2) Obligatoriedad. Toda persona jurídica privada que intervenga en procesos judiciales dentro de la jurisdicción provincial deberá constituir un domicilio electrónico en dicho Registro, el cual tendrá plena validez legal a los efectos de las notificaciones judiciales y comunicaciones procesales; 3) Alcance. El domicilio electrónico registrado será considerado domicilio procesal constituido, y todas las notificaciones que allí se practiquen se tendrán por válidas y eficaces, salvo disposición legal expresa en contrario; 4) Acceso y Seguridad. El acceso al Registro será gratuito, seguro y estará disponible en línea. El Poder Judicial garantizará la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos registrados, conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos personales; 5) Actualización. Las personas jurídicas deberán mantener actualizado su domicilio electrónico. Cualquier modificación deberá ser informada al Registro dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de producida, bajo apercibimiento de tener por válido el último domicilio registrado; 6) Reglamentación. La Corte de Justicia dictará la reglamentación necesaria para la implementación, funcionamiento y administración del Registro, pudiendo establecer mecanismos de interoperabilidad con otros registros públicos y privados.
Si durante la tramitación del proceso, la parte fuera declarada incapaz, probado que sea el hecho se suspenderá su curso y se citará a la persona que haya sido designada su representante para que, en el término que se le fije, comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Si durante la tramitación del proceso falleciera la parte, será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 39 inciso 3. Si el proceso se encuentra en estado de dictarse sentencia, la suspensión se producirá después de pronunciada.
Si durante la tramitación del proceso se enajenara la cosa litigiosa o se cediera el derecho reclamado, el adquirente o el cesionario no podrán intervenir en él como parte principal sin la conformidad del adversario. Podrán hacerlo como tercero coadyuvante. El silencio del adversario se entenderá como aceptación tácita de la intervención del adquirente o cesionario en calidad de parte principal.
Habrá litisconsorcio cuando, por razón de acumulación de acciones o de procesos, de intervención o de sucesión de partes, varias personas aparezcan reunidas en un mismo proceso como actores o demandados.
El litisconsorcio será facultativo cuando, por mediar entre los interesados una relación de conexidad de causa o de objeto, resultase más eficiente reunirlos en un solo proceso y conveniente resolver sus cuestiones en una sola sentencia.
Tendrán libertad de deducción y de prueba, y los actos o recursos de los unos no beneficiarán ni perjudicarán a los demás. Sin embargo, cuando la actuación, aun de uno solo, produzca efecto con relación a la validez o subsistencia del proceso, afectará también a los demás. Puede escindirse por desistimiento, allanamiento o transacción de alguno o algunos de los litisconsortes.
El litisconsorcio será necesario cuando: 1) El proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, haya de resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos. 2) No se pueda dictar sentencia útilmente sin la citación de la totalidad de los interesados en la relación sustancial.
En el caso de litisconsorcio necesario, activo o pasivo, si no se hubiere citado a todos los interesados en la relación sustancial, se procederá conforme lo dispuesto en el Artículo 77.
En el litisconsorcio necesario, los litisconsortes forman en conjunto una sola parte procesal. No obstante, cada uno conservará libertad para deducir pretensiones y producir prueba en defensa de sus derechos.
Las actuaciones procesales realizadas por cualquiera de los litisconsortes favorecerán a los demás. Los actos cumplidos por uno o algunos no podrán ser repetidos por los otros, salvo disposición legal expresa.
Los actos que impliquen disposición del derecho en litigio -como desistimiento, allanamiento, transacción o renuncia- solo tendrán eficacia si emanan de todos los litisconsortes necesarios.
La sentencia resolverá la situación de todos los litisconsortes conjuntamente. Los actos procesales individuales no incidirán sobre el resultado del juicio, aunque serán considerados al resolver sobre cuestiones accesorias, como costas e intereses.
Podrá intervenir en un juicio pendiente en calidad de parte, cualquiera fuera la etapa o la instancia en que éste se encontrara, quien: 1) Acredite sumariamente que la sentencia pudiese afectar su interés propio; 2) Según las normas del derecho sustancial, hubiese estado legitimado para demandar o ser demandado en el juicio. No procede la intervención de terceros en el proceso monitorio y en el juicio ejecutivo.
En el caso del inciso primero del artículo anterior, la actuación del interviniente será accesoria y subordinada a la de la parte a quien apoyase, no pudiendo alegar ni probar lo que estuviese prohibido a ésta. En el caso del inciso segundo del mismo artículo, el interviniente actuará como litisconsorte de la parte principal y tendrá sus mismas facultades procesales.
El actor en el escrito de demanda, y el demandado dentro del plazo para oponer defensas o para contestar la demanda según la naturaleza del juicio, podrán solicitar la citación de aquel a cuyo respecto considerasen que la controversia es común. La citación de un tercero suspenderá el procedimiento hasta su comparecencia o hasta el vencimiento del plazo que se le hubiera señalado para comparecer, salvo que el juez no lo considere necesario.
El pedido de intervención se formulará por escrito con los requisitos de la demanda, en lo pertinente. Con aquel se presentarán los documentos y se ofrecerán las demás pruebas de los hechos en que se fundara la solicitud. Se conferirá traslado a las partes, y si hubiera oposición, se la sustanciará por el trámite de los incidentes. En ningún caso la intervención del tercero retrogradará el juicio ni suspenderá su curso.
En todos los supuestos, la sentencia dictada después de la intervención del tercero o de su citación, en su caso, lo afectará como a los litigantes principales. Será inapelable la resolución que admita la intervención de terceros. La que la deniegue será apelable sin efecto suspensivo.
Cuando de los términos de la demanda o de la contestación resultase que no podrá dictarse sentencia útilmente sin la citación de todos los interesados en la relación sustancial, el juez deberá, de oficio o petición de parte, hasta antes del dictado de la providencia del Artículo 479, ordenar la integración de la litis. Si esta situación fuera advertida después de la apertura a prueba, el juez anulará lo actuado a partir de la misma y mandará integrar la litis como corresponda.
A los efectos previstos en el artículo anterior, el juez citará a los faltantes en la forma ordinaria y les correrá traslado de la demanda. La incomparecencia del citado lo hará pasible de las mismas consecuencias que correspondan a la parte que no comparece.
El tercero que resultase afectado por un embargo trabado sobre bienes de su propiedad u otra medida cautelar equivalente, o que tuviese derecho a ser pagado con preferencia al embargante, podrá hacer valer su derecho mediante la deducción de la correspondiente tercería.
La tercería se deducirá contra las partes del proceso principal. Se sustanciará por el trámite de los incidentes. El allanamiento y los actos de admisión realizados por el embargado no pueden ser invocados en perjuicio del embargante.
La tercería de dominio podrá deducirse en cualquier estado de la causa anterior a la subasta de los bienes cautelados. Si es de mejor derecho, hasta el momento de hacerse el pago al acreedor. Si el tercerista dedujera el incidente después de quince (15) días desde que tuvo o debió tener conocimiento de la medida cautelar, abonará las costas que originase su presentación extemporánea, aunque correspondiera imponer las del proceso a la otra parte por declararse procedente la tercería.
Cuando la tercería de dominio versara sobre bienes inmuebles, con el escrito inicial el presentante deberá acompañar el título de dominio, y si no lo tuviera en su poder, solicitará previamente su testimonio. Si versara sobre bienes muebles o fuera tercería de mejor derecho, ofrecerá toda la prueba de que intente valerse. No observándose estos requisitos, el Tribunal declarará inadmisible la tercería sin más trámite ni recurso. Su reiteración no será admitida si se fundara en título que hubiese poseído y conocido el tercerista al tiempo de entablar la primera.
La tercería de dominio suspenderá, hasta que sea resuelta, el auto que ordena sacar a remate los bienes, a menos que se trate de bienes sujetos a desvalorización o desaparición, o que arrojen excesivos gastos de conservación, en cuyo caso el producto de la venta quedará afectado a las resultas de la tercería. En la tercería de mejor derecho continuará el trámite hasta la venta de los bienes embargados, suspendiéndose el pago al acreedor hasta que la misma sea resuelta. El tercerista será parte de las actuaciones relativas al remate de los bienes. Cuando se probare la connivencia entre el tercerista y el embargado, el Tribunal deberá ordenar la remisión inmediata a la justicia penal, sin perjuicio de imponer al tercerista, al embargado y a los profesionales intervinientes apoderados o patrocinantes o a todos ellos las sanciones previstas en el Artículo 161.
Toda sentencia definitiva o interlocutoria que decida un artículo contendrá decisión sobre el pago de las costas. Si se hubiera omitido tal decisión, a pedido del interesado el Tribunal que hubiera incurrido en la omisión se pronunciará sobre esta materia dictando una resolución complementaria, aun durante la ejecución de la sentencia.
La parte vencida en el proceso principal o en un incidente será siempre condenada a pagar las costas, aunque no mediara petición expresa, salvo en los siguientes casos, que deberán fundarse bajo pena de nulidad: 1) Cuando el Tribunal considere que hay mérito para eximirla total o parcialmente de ellas; 2) Cuando en las cuestiones de derecho el caso no estuviera expresamente resuelto por la ley; 3) Cuando la parte demandada se allanara sin condiciones, en forma total, oportuna, efectiva, sin que por su culpa se hubieran producido los gastos que las constituyen, y no estuviera en mora.
En caso de apelación, si la resolución del tribunal fuera confirmatoria o revocatoria en todas sus partes de la sentencia del inferior, las costas del recurso se impondrán al vencido en la instancia, a menos que exista mérito para eximirlo total o parcialmente de ella.
Si el resultado del juicio, incidente o recurso fuera parcialmente favorable para ambos litigantes, las costas se prorratearán prudencialmente por el tribunal, en proporción al éxito obtenido por cada uno de ellos. Si el éxito de uno de los litigantes fuera insignificante con relación al del otro, las costas se le impondrán en su totalidad.
Cuando de los antecedentes del caso, resultara que el demandado no dio motivo a la interposición de la demanda y, pese a ello, se allanó a la misma, las costas se impondrán al actor. Se impondrán también al actor si, por defectos de su demanda, dio motivo al planteamiento de una excepción que es rechazada por haberse corregido el defecto o suplido la omisión.
La parte que hubiera incurrido en pluspetición inexcusable será condenada en costas, si la otra parte hubiese admitido el monto hasta el límite establecido en la sentencia. No se entenderá que hay pluspetición cuando el valor de la condena dependa del arbitrio judicial, del dictamen de peritos o de árbitros, de rendiciones de cuenta o cuando la diferencia no exceda del 20% (veinte por ciento).
En el caso de anularse el procedimiento por falta imputable a alguna de las partes, le serán impuestas las costas ocasionadas por lo actuado desde el acto que motivó la nulidad.
En el caso de litisconsorcio facultativo, las costas se impondrán a cargo de los litisconsortes en proporción a la medida de su interés. Cuando el litisconsorcio fuera necesario, la condena en costas será solidaria.
En toda clase de juicio, los tutores, curadores, abogados, procuradores y mandatarios que ocasionaren costas por su impericia, negligencia o mala fe serán personalmente responsables de ellas. La condenación será especialmente pronunciada por el tribunal, haciendo mérito de las circunstancias que la motivaren. El abogado podrá ser condenado en costas solidariamente con su patrocinado o poderdante cuando surja manifiesta la mala fe en su actuación profesional.
Si el juicio terminase por transacción o conciliación, y si las partes no convinieran otra cosa, las costas se impondrán en el orden causado respecto de quienes celebraron el avenimiento, en la forma que las partes acuerden. En cuanto a las partes que no lo suscribieron, se aplicarán las reglas generales. Exceptúese, en ambos casos lo que pudieran acordar las partes en contrario. Se regularán los honorarios como juicio completo y sin disminución alguna respecto de quienes celebraron el acuerdo.
Si el juicio terminase por desistimiento del proceso o del derecho, serán a cargo de la parte que desista, salvo que el desistimiento se debiese a cambio de legislación o jurisprudencia. Exceptuase, lo que pudieran acordar las partes en contrario.
La condena en costas en lo principal no varía la situación creada en los incidentes ya resueltos, en los que la imposición de las costas pudiera presentarse en forma inversa.
La condena en costas comprende todos los gastos causados u ocasionados por la exigencia inmediata de la sustanciación del proceso y, fuera de éste, cuando hayan sido imprescindibles, pudiendo el tribunal reducirlos para evitar excesos. No se incluirán en ella los gastos innecesarios o superfluos y aquellos que la ley impone a un litigante con prescindencia de la forma de condenación en costas.
La apelación sobre la imposición de costas en los incidentes se concederá con efecto diferido.
Los que carezcan de recursos podrán solicitar, antes de presentar la demanda o en cualquier estado del proceso, la concesión del beneficio de litigar sin gastos. No obstará a la concesión del beneficio la circunstancia de tener el peticionario los ingresos indispensables para procurarse su subsistencia, cualquiera sea el origen de sus recursos.
El beneficio de litigar sin gastos debe solicitarse ante el Tribunal que sea competente para conocer en el juicio en que aquel se hará valer, y será sustanciado con intervención del Ministerio Público Fiscal.
Son requisitos para su otorgamiento: 1) No disponer de bienes o ingresos personales suficientes para afrontar los gastos que demande el proceso para el cual se lo solicita e imposibilidad de obtenerlos; 2) No haber provocado la situación económica actual para encuadrarse en este beneficio; 3) Necesidad de reclamar o de defender un derecho en sede judicial; 4) Titularidad del derecho, ya sea en cabeza del peticionario, cónyuge, conviviente o personas a cargo. El cesionario o quien intentare ocupar el lugar del beneficiario no podrá valerse del beneficio del mismo, sin acreditar, además, el cumplimiento de los requisitos exigidos al cedente.
A los fines de lo dispuesto en el inciso 1 del Artículo 100, no se considerarán aquellos bienes que sean de uso indispensable, incluida la vivienda cuya valuación no exceda el monto que fijará periódicamente la Corte de Justicia mediante acordada, ni los que constituyan elementos de trabajo. El ingreso que perciba el solicitante, sin asignaciones familiares, se considerará insuficiente cuando no exceda de la suma que fijará periódicamente la Corte mediante acordada. En caso de superar ese límite, el tribunal de la causa decidirá sobre la petición en función de los antecedentes y circunstancias particulares del caso.
Todo establecimiento público de beneficencia y las personas jurídicas que se dediquen a obras de caridad están exentas del pago de los gastos judiciales, y tienen derecho a ser defendidas por las Defensorías Civiles.
El solicitante deberá declarar bajo juramento: 1) Datos personales: nombre y apellido, documento de identidad, estado civil y profesión. En caso de que sea casado, deberá dar iguales referencias del cónyuge o conviviente, indicando, en su caso, lugar y fecha de casamiento; 2) Personas que tenga a su cargo, grado de parentesco y carácter de la custodia. Ingresos personales y del cónyuge o conviviente; 3) Bienes inmuebles, automotores u otros bienes de su propiedad y del cónyuge o conviviente; 4) Hechos que fundamenten la petición; 5) Proceso para el cual se solicita el beneficio y designación del profesional o defensor de pobres que, en su caso, lo representará; 6) Domicilio y medios de vida.
A los efectos del otorgamiento del beneficio, se requerirá los siguientes informes: 1) De la Dirección General del Registro de la Propiedad Inmobiliaria - ARCAT, sobre la existencia de inmuebles a nombre del peticionante, de su cónyuge o conviviente, y del causante en caso de juicio sucesorio; 2) De la Dirección General de Catastro - ARCAT sobre la valuación fiscal de los inmuebles que consten en el informe anterior; 3) De la Dirección General de Rentas- ARCAT sobre negocios, actividades lucrativas o automotores que se registren a nombre del peticionante, de su cónyuge o conviviente, y del causante en caso de juicio sucesorio. Sin perjuicio de los informes enunciados, se podrá recabar todo otro que se estime necesario. Asimismo, las partes en atención al principio de economía procesal que rige en este Código, podrán acompañar los informes a que se refiere la presente norma, con la solicitud del beneficio prevista en el Artículo 91.
La situación patrimonial del cónyuge o conviviente no será considerada cuando se justifique fehacientemente que el peticionario no puede obtener de aquél los recursos necesarios para el proceso, o cuando el beneficio sea solicitado para reclamarle judicialmente dichos medios.
Tratándose de un litisconsorcio, el beneficio solo se otorgará al litisconsorte que cumpla con los requisitos exigidos por la presente ley, y por la parte proporcional a su interés.
Mientras se tramita la obtención del beneficio de litigar sin gastos, el interesado podrá actuar como si ya lo hubiera obtenido, sin perjuicio de que satisfaga los gastos ocasionados si el pedido le fuera denegado.
El beneficiario podrá hacerse representar por el/la Defensor/ a Civil o por letrado de la matrícula. En éste último caso, cualquiera sea el monto del asunto, el mandato que confiera podrá hacerse en las formas previstas en el artículo 32 de este Código.
El beneficio de litigar sin gastos se otorgará por resolución fundada del tribunal que entiende en la causa. Es de carácter provisional y podrá, en cualquier tiempo, ser impugnado.
Podrá ser impugnado por parte interesada que demuestre la inexactitud de los hechos que se invocaron para obtenerlo o que el beneficiario ha mejorado de fortuna. La impugnación se tramitará por vía incidental, sin suspender el curso de la causa.
La resolución que recaiga sobre el pedido del beneficio o su impugnación será apelable en relación y sin efecto suspensivo.
Quienes hubieran obtenido el beneficio de litigar sin gastos de acuerdo a la ley, actuarán libres de todo impuesto, tasa o contribución de carácter fiscal. Sin recargo podrán obtener testimonios y copias de las constancias de autos y la publicación de los edictos cuando fuera menester.
El beneficio de litigar sin gastos acordado para uno o varios juicios determinados no es válido para otros, pero sí lo es para todas las incidencias, juicios accesorios y conexos.
El otorgamiento del beneficio, caducará a los seis (6) meses de la fecha de la resolución, siempre que no se inicie el juicio para el que fue otorgado.
Si se dejara sin efecto el beneficio de litigar sin gastos, el que fuera beneficiario deberá abonar lo que dejó de pagar por razón de él, desde que fue concedido o desde que se produjo la mejora de fortuna, según el caso.
El beneficio de litigar sin gastos no librará al litigante que lo hubiera obtenido de pagar las costas que le fueran impuestas si posteriormente mejorara su fortuna, o si se le encontraran bienes para hacerlas efectivas.
Si el que hubiera obtenido beneficio de litigar sin gastos venciera en el juicio que hubiera promovido, pagará las costas causadas por su defensa, siempre que no excedan de la tercera parte de lo que por el juicio hubiera obtenido. Si excedieran, se reducirán a lo que importe la tercera parte.
La Ley Orgánica del Poder Judicial dispondrá lo concerniente a la designación, integración, competencia y funcionamiento de los diversos tribunales.
El poder jurisdiccional atribuido a los jueces y tribunales, en sus distintos fueros, se ejercerá dentro de los límites de sus respectivas competencias, de acuerdo a las disposiciones de este Código.
La competencia atribuida a cada juez y tribunal no puede ser delegada, sin perjuicio de comisionar a otro la realización de determinadas diligencias cuando éstas debieran tener lugar fuera de la sede del tribunal delegante.
Competencia en razón de la materia y el grado. La competencia por razón de la materia y del grado se determinará de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Judicial, por este Código y demás leyes especiales.
Cuando la competencia corresponda por razón de la materia o del grado, será improrrogable. La competencia por razón de lugar o de las personas es prorrogable por voluntad de los interesados.
Será expresa cuando así lo convinieran las partes. Será tácita, respecto del demandante, por el hecho de la promoción de la demanda; y, respecto del demandado, cuando la contestase, dejase de hacerlo u opusiera excepciones previas sin articular la declinatoria.
Toda cuestión civil o comercial deberá promoverse ante el tribunal competente de turno. Cuando de la exposición de los hechos resultara no ser de su competencia, por razón de la materia o del grado, el tribunal lo declarará de oficio y remitirá la demanda al tribunal que corresponda. Se podrá declarar la incompetencia de oficio solo hasta la Primera Audiencia. Se exceptúa la declaración de incompetencia por corresponder la intervención de la justicia federal, que podrá decretarse en cualquier estado del proceso hasta que la sentencia de fondo esté firme. La incompetencia por razón del lugar o de la persona no es declarable de oficio.
La competencia se determinará por la naturaleza de las pretensiones deducidas en la demanda y los hechos en que se funde, y no por las defensas opuestas por el demandado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior. Será tribunal competente: 1. Cuando se ejercitaran acciones reales sobre inmuebles, el del lugar donde se encuentre el inmueble objeto del litigio. Si fueran varios con diversa ubicación o si fuera uno solo ubicado en diversas jurisdicciones, el del lugar de ubicación de cualesquiera de ellos o de alguna de sus partes, siempre que allí tenga su domicilio el demandado. No concurriendo esta circunstancia, el del lugar de cualesquiera de ellos, a elección del actor. La misma regla regirá para las acciones posesorias, interdictos, de división de condominio, deslinde, mensura, adquisición del dominio por prescripción, restricciones y límites al dominio. 2. Cuando se ejercitaran acciones reales sobre muebles, el del lugar donde estos se encuentren o el del domicilio del demandado, a elección del actor. 3. Cuando la acción versara sobre bienes muebles e inmuebles conjuntamente, el del lugar donde estuvieran situados estos últimos, según la regla del inciso 1. 4. Cuando se ejercitaran acciones personales, el del lugar en que deba cumplirse la obligación, expresa o implícitamente establecido, conforme a los elementos aportados en el juicio y, en su defecto, a elección del actor, el del domicilio del demandado o el del lugar del contrato, siempre que el demandado se encuentre en él, aunque sea accidentalmente, en el momento de notificarse la demanda u otro acto procesal. 5. En los pedidos de rectificación o de segundas copias de escrituras públicas, el del lugar donde se otorgaron o protocolizaron. 6. El del juicio ejecutivo, para entender en el de conocimiento promovido como consecuencia de él. 7. En las tercerías, el de la causa en que se dedujeron. 8. En la declaración de ausencia, el tribunal del domicilio del ausente. Si éste no lo tuvo en el país, o no es conocido, es competente el tribunal del lugar en donde existan bienes cuyo cuidado es necesario. Si existen bienes en distintas jurisdicciones, el que haya prevenido. En la declaración de fallecimiento presunto es competente el juez del domicilio del ausente. 9. En las acciones tendientes a obtener la declaración de incapacidad, de inhabilitación y de todas aquellas que se relacionen con el estado de las personas y con los actos del Registro Civil, el del domicilio del demandado. 10. Tratándose de acciones procedentes de delitos o cuasidelitos, el del lugar donde estos se hubieran cometido o el del domicilio del demandado, a elección del actor. 11. En las acciones sobre rendición de cuentas, el del lugar donde éstas deban presentarse y, no estando determinado, a elección del actor, el del domicilio de la administración o el del lugar en que se hubiera administrado el principal de los bienes. En la demanda por aprobación de cuentas regirá la misma regla, pero, si no estuviera especificado el lugar donde éstas deban presentarse, podrá serlo también el del domicilio del acreedor de las cuentas, a elección del actor. 12. En los juicios informativos, el del domicilio de la persona que los promueve. 13. En las sucesiones, el del lugar del último domicilio del causante. 14. Cuando se inicien acciones fiscales por cobro de tributos o multas el del lugar del bien o actividad gravados o sometidos a inspección, inscripción o fiscalización, o el del lugar donde deban pagarse o el del domicilio del deudor, a elección del actor. 15. El del principal lo será para conocer de sus incidentes, dependencias, juicios accesorios y conexos; de la obligación procedente de garantía; y de las obligaciones nacidas con motivo del juicio. 16. En las medidas preparatorias, precautorias y en los procesos de conservación, el que deba conocer en el principal.
Las cuestiones de competencia podrán promoverse por declinatoria o por inhibitoria. La opción por uno de estos medios impide usar del otro.
Entre tribunales de la misma jurisdicción territorial, las cuestiones de competencia sólo podrán promoverse por declinatoria, en la forma y oportunidad que se determina para cada clase de juicio. Durante la contienda, ambos tribunales suspenderán los procedimientos sobre lo principal, salvo las medidas precautorias o cualquier diligencia de cuya omisión pudiese resultar perjuicio irreparable.
Entre tribunales de distinta jurisdicción territorial, podrán promoverse también por inhibitoria. Se deducirán ante el tribunal que se considere competente, presentándosele los antecedentes necesarios para su información. Si encontrara fundado el pedido, el tribunal hará lugar al mismo y requerirá del que conoce de la causa que se inhiba de seguir entendiendo y le remita los autos. Si no hiciera lugar a la inhibitoria, podrá apelarse.
Si un tribunal de otra jurisdicción territorial reclamara para sí el conocimiento de una causa, recibido que fuera el exhorto, lo hará conocer a las partes para que, en el término de tres (3) días, expresen sus razones para sostener la competencia del tribunal que entiende en ella y para que ofrezcan las pruebas al efecto, para lo que se fijará un término de diez (10) días. Recibida la prueba, se hará lugar o no a la requisitoria. En caso que se denegara, será irrecurrible.
Cuando dos jueces se encontrasen conociendo de una misma causa, cualquiera de ellos podrá reclamar del otro que se abstenga de seguir entendiendo y le remita los autos o, en su defecto, que eleve la cuestión al superior para que la dirima, el cual lo hará sin otro trámite en el término de cinco (5) días. La cuestión de competencia entre dos jueces que se negasen a entender en una causa será planteada y resuelta de la misma manera.
La declaración de incompetencia del juez que ha venido actuando en la causa sólo anulará la sentencia en caso de haberse dictado. Declarada su incompetencia, remitirá los autos, de oficio o a petición de parte, al juez que considere competente, quien, admitida su competencia o resuelta la cuestión en la forma determinada en el artículo anterior, continuará su trámite o dictará sentencia según el caso.
Las partes podrán recusar sin expresión de causa a los Jueces de Primera Instancia, con excepción de los jueces de juzgados únicos por fuero y por circunscripción judicial. El actor podrá ejercer esta facultad al entablar la demanda, o en su primera presentación una vez que el proceso tenga radicación. El demandado en su primera presentación, antes o al tiempo de contestar la demanda o de comparecer a la audiencia señalada como primer acto procesal. Si el demandado no cumpliera esos actos, no podrá ejercer en adelante esta facultad. De ese derecho puede usarse una sola vez en cada instancia, con las excepciones previstas en el primer párrafo; por una sola parte y no por cada litigante en caso de intereses conjuntos. Los representantes del Ministerio Público y funcionarios judiciales no pueden ser recusados sin expresión de causa. La recusación sin expresión de causa es inadmisible en los juicios sumarios, monitorios, ejecutivos, ejecuciones de sentencia, tercerías, incidentes de recusación y en los procesos de jurisdicción voluntaria, a excepción de los procesos sucesorios.
Siendo procedente la recusación, el juez se inhibirá y remitirá los autos, dentro del primer día hábil siguiente, al magistrado que de acuerdo a la ley deba reemplazarlo. La recusación no suspenderá los términos para realizar cualquier acto o diligencia y tampoco afectará la validez de los actos cumplidos. Si la primera presentación del demandado fuera posterior a los actos indicados en el primer párrafo del artículo anterior y en ella recusa sin expresión de causa y plantee la nulidad del proceso, dicha nulidad será resuelta por el juez recusado.
Ser el juez cónyuge o conviviente de cualquiera de las partes, sus mandatarios o patrocinantes. 2. Tener el juez parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado de cualquiera de las partes, de sus mandatarios o patrocinantes. 3. Tener el juez parentesco por afinidad hasta el segundo grado con cualquiera de las partes, o ser padre, hijo o hermano del conviviente de cualquiera de las partes, de sus mandatarios o patrocinantes. 4. Tener el juez o sus parientes consanguíneos, afines o adoptivos, dentro de los mismos grados de los incisos anteriores, o su cónyuge o conviviente, interés en el pleito, en otro semejante o en sociedad o corporación que litigue. 5. Tener el juez o sus parientes consanguíneos, afines o adoptivos, dentro de los mismos grados de los incisos anteriores, o su cónyuge o conviviente, pleito pendiente con el litigante, con excepción del Estado y los bancos oficiales. 6. Ser el juez acreedor, deudor o fiador de alguna de las partes, con las excepciones previstas en el inciso anterior. 7. Ser o haber sido el juez o su cónyuge o conviviente autor de denuncia o querella contra el recusante, o denunciado o querellado por éste, con anterioridad a la iniciación del pleito. 8. Haber intervenido el juez en el caso que debe decidir, como letrado, apoderado, fiscal o defensor; haber emitido resolución como juez sobre la cuestión que se le somete a decisión; haber dado recomendaciones acerca del pleito o haber emitido opinión extrajudicial sobre el mismo, antes o después de haber comenzado. 9. Tener el juez con alguno de los litigantes amistad que se manifieste por una gran familiaridad o frecuencia de trato. 10. Tener el juez con el recusante, patrocinante o apoderado, enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por hechos conocidos. Sin embargo, la recusación no procederá cuando esa situación provenga de ataques u ofensas inferidas al juez después de que haya comenzado a conocer en el asunto. 11. Tener el juez con alguno de los litigantes amistad que se manifieste por una gran familiaridad o frecuencia de trato. 12. Haber recibido el juez beneficio de importancia de alguna de las partes en cualquier tiempo o, después de iniciado el pleito, presentes o dádivas, aunque fueran de poco valor. 13. Tener con el recusante, letrado o apoderado, odio o resentimiento que se manifieste por hechos conocidos. Sin embargo, la recusación no procederá cuando esa situación provenga de ataques u ofensas inferidas al juez después de que haya comenzado a conocer en el asunto.
Todo juez que se considere comprendido en alguna de las causales precedentes deberá excusarse. Asimismo, podrá hacerlo cuando existan otras causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de decoro o delicadeza. Si el magistrado reemplazante, a quien se remitan los autos, se opusiera a la excusación, elevará los autos a la cámara, que dirimirá la cuestión sin otro trámite. Todos los magistrados deberán actuar con la premura que el caso requiera. En ningún supuesto se dará intervención al Ministerio Público Fiscal. Cuando la excusación sea de uno o más jueces de un tribunal colegiado, se procederá, en lo pertinente, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 140. No dará lugar a excusación el parentesco del juez con los funcionarios que intervengan en el proceso ejerciendo sus funciones.
La recusación con causa se deducirá en las mismas oportunidades que se indican en el Artículo 132, salvo que la causal fuera sobreviniente o que se la conociera con posterioridad, en cuyos casos se planteará dentro de los cinco (5) días de producida o que fuera conocida. Esta recusación no es susceptible de ser desistida ni planteada después del llamamiento de autos para sentencia.
La recusación deducida fuera de estas oportunidades será desestimada de oficio por el mismo juez o tribunal colegiado ante los cuales haya sido planteada.
Se deducirá ante el magistrado recusado o ante el tribunal del que él mismo forma parte, expresándose con claridad la o las causales en que se la fundara, y se ofrecerá en su caso, toda la prueba de la que el recusante intente valerse. Los testigos no podrán ser más de tres (3).
Si del escrito de recusación no surgiera con claridad la causal que se invoca, o se la fundara en causal no admitida por el Artículo 134, será desestimada de oficio por el mismo juez o tribunal ante el que ha sido planteada.
Si el recusado fuera miembro de un tribunal colegiado, se le requerirá que manifieste categóricamente si son o no ciertos los hechos alegados por el recusante. Conocerán de la recusación los que quedarán hábiles, integrándose el tribunal si fuera necesario. En caso de que fuera recusado todo el tribunal, se remitirá la causa al tribunal que de acuerdo a la ley deba reemplazarlo, para la resolución respectiva. La decisión que dicte el tribunal de recusación será irrecurrible. Si hubiera sido necesario integrar el tribunal de recusación, y si aceptara ésta, ese tribunal continuará entendiendo en la causa.
Si el recusado fuera un juez de primera instancia, dentro del término de cinco (5) días elevará los autos a la cámara para que decida sobre su recusación, con un informe concreto sobre las causales alegadas. El superior podrá disponer la formación de un incidente por separado y que la causa siga tramitándose por el tribunal al que corresponda reemplazarlo, a quien pasará los autos. Esta decisión quedará sin efecto si fuera rechazada la recusación, haciéndose saber al subrogante.
Si los hechos en que se fundara la recusación fueran negados por el juez o vocal del tribunal, podrá abrirse la incidencia a prueba por diez (10) días. El recusante no podrá valerse de otros medios de prueba que los ofrecidos en el escrito de recusación ni podrá poner posiciones al magistrado. Vencido el término de prueba y agregadas las producidas, se dará vista al juez o vocal recusado, y se resolverá la cuestión en el término de cinco (5) días.
Si la recusación fuera rechazada, las costas se impondrán al recusante y se devolverán los autos al juez que fuera recusado. Si se hiciera lugar a ella, el tribunal pasará los autos al que por ley deba reemplazarlo.
Los miembros del Ministerio Público no podrán ser recusados. Sin embargo, deberán excusarse cuando tuvieran algún motivo que les impida ejercer sus ministerios, deberán comunicarlo al juez o tribunal y éstos podrán apartarlos de la causa, dando intervención a quien deba subrogarlos conforme la ley.
Los secretarios y demás personal del Poder Judicial pueden ser recusados por las mismas causas expresadas en el artículo 134 o por motivos graves, y el juez o tribunal al que pertenezcan averiguará sumariamente el hecho y resolverá de inmediato lo que corresponda sin recurso alguno.
Después de que un juez haya empezado a conocer de la causa en que no estaba impedido, no podrán intervenir en ella los apoderados y patrocinantes cuya intervención pudiera producir su separación por cualquiera de las causas expresadas en este capítulo.
Constituirá falta grave, la omisión del juez de excusarse cuando se probare que estaba impedido de entender en el asunto y a sabiendas haya dictado en él resolución que no sea de mero trámite.
Los jueces ejercerán la dirección del proceso de acuerdo a las disposiciones de este Código. A este efecto, tendrán los poderes necesarios para realizar todos los actos tendientes a obtener la mayor celeridad y economía en su desarrollo. En los tribunales colegiados, este poder se ejercerá por medio de sus presidentes o del vocal que, de acuerdo a la ley, deba reemplazarlo, para lo que no es necesario decreto ni trámite alguno.
Es deber fundamental de los jueces administrar justicia en los términos que en este Código se determinan, sin que puedan negarse a ello so pretexto de silencio u oscuridad o insuficiencia de las leyes. En sus sentencias los tribunales deberán ajustarse siempre al caso especial que deciden. No podrán expedir resoluciones de carácter general.
Deberán fundar sus decisiones en los elementos de juicio reunidos en el proceso. Sin embargo, podrán también basarlas en las nociones de hecho pertenecientes a la experiencia común.
Deberán aplicar el derecho con prescindencia o contra la opinión de las partes, dando a la relación substancial la calificación que le corresponda y fijando la norma legal que deba aplicarse al caso. En todos los casos están obligados a respetar la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia. La existencia de litispendencia y de cosa juzgada deberá ser declarada de oficio en cualquier estado del proceso, aun no mediando petición de parte.
Deberán guardar, en lo posible, el orden en que las causas entren para su decisión, pudiendo dar preferencia solamente a aquellos asuntos urgentes que, por la ley, tengan derecho a ella.
Puesto en movimiento el proceso, los jueces podrán disponer de oficio todas las providencias que fueran necesarias para evitar su paralización. A tal efecto, vencido un plazo, se haya ejercido o no la facultad que corresponda, se pasará a la siguiente etapa en el desarrollo procesal disponiendo de oficio las medidas necesarias, salvo que por disposición expresa de la ley se deje el impulso librado exclusivamente a las partes.
Señalar, antes de dar trámite a cualquier petición, los defectos u omisiones de que adolezca, ordenando que se subsanen dentro del plazo que fije, y disponer de oficio toda diligencia que fuera necesaria para evitar o sanear nulidades.
Podrán procurar, en cuanto sea compatible con el ejercicio de su función, que los litigantes pongan término a sus diferencias por medio de avenimientos amigables, a cuyo efecto podrán citarlos en cualquier estado de la causa y proponerles bases de arreglo. La mera proposición de fórmulas conciliatorias no importará prejuzgamiento. En todos estos casos las partes deberán concurrir personalmente a la audiencia a que fueran citadas.
El juez debe asistir a las audiencias, las que se celebrarán con su presencia bajo pena de nulidad. En la audiencia o cuando lo considere pertinente, el juez puede derivar a las partes a mediación.
El Tribunal deberá dar al proceso el trámite que corresponda cuando el propuesto por las partes resulte equivocado.
Los jueces no podrán ordenar la producción de pruebas de oficio, sin embargo, en situaciones excepcionales, donde se encuentre en juego la confianza de la sociedad en el sistema de justicia, antes de dictar sentencia podrán disponer las medidas probatorias específicas que consideren imprescindibles a esos fines, procurando no lesionar el derecho de defensa de las partes, ni suplir su negligencia ni romper su igualdad en el proceso.
Al dictar sentencia, apreciarán las pruebas de acuerdo con su prudente criterio, ajustándose al principio de la sana crítica. Podrán inferir conclusiones de las respuestas que les den las partes, de sus negativas injustificadas y, en general, de su conducta en el proceso. La sentencia podrá hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos producidos durante la sustanciación del juicio y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nuevos.
Tendrán facultades para exigir el cumplimiento de las providencias, órdenes y sentencias que expidan en el ejercicio de su función, para lo cual la autoridad competente estará obligada a asistirlos con la fuerza pública, si ella fuera necesaria. Podrán también aplicar sanciones pecuniarias, compulsivas y progresivas, tendientes a que las partes o los terceros cumplan sus mandatos, cuyo importe será a favor del litigante perjudicado por el incumplimiento. Se graduarán conforme al monto del juicio y al caudal económico de quien debe satisfacerlas, como de las demás circunstancias de autos, referentes al grado de su desobediencia, rebeldía o resistencia, y se efectuarán previa intimación, bajo apercibimiento expreso, por un (1) día, sin perjuicio de que sean dejadas sin efecto o se reajusten si el obligado desiste de su postura y justifica total o parcialmente su proceder.
Tendrán facultades para cuidar el decoro y el orden en el proceso, el respeto a su autoridad e investidura y el recíproco que se deben todos los que, de algún modo, intervienen en el mismo, pudiendo prevenir y sancionar cualquier acto contrario al deber de probidad y buena fe, así como los tendientes a trabar el normal desarrollo del proceso, inclusive cuando provengan de terceros.
Fin del texto
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