Abriendo la norma
Ley provincial 4.268 · 2026
Creación del Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI) "Chaco Invierte".
LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DEL CHACO SANCIONA CON FUERZA DE LEY:
Créase el Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI) "Chaco Invierte", destinado a promover la radicación, ampliación, modernización y puesta en marcha de nuevas inversiones en la Provincia.
La presente ley tiene por objeto promover el desarrollo económico y armónico de la Provincia del Chaco, incrementar la inversión privada, generar empleo privado registrado, reducir brechas territoriales, fortalecer cadenas de valor, consolidar infraestructura estratégica y posicionar a la Provincia como nodo de transporte, logística, servicios, comercio, producción e innovación.
Pueden acceder al régimen los proyectos de inversión nuevos y los proyectos existentes que tengan por finalidad la ampliación, modernización, reconversión, adecuación o expansión de la infraestructura, el equipamiento, la tecnología o la capacidad productiva, así como la incorporación de empleo, en el territorio provincial, siempre que sean aprobados conforme con el procedimiento establecido por la autoridad de aplicación.
Quedan comprendidas en el régimen, sin distinción de actividad o sector, las inversiones vinculadas con actividades económicas que generen empleo o impacto económico en la Provincia del Chaco y que asuman el compromiso de incrementar sus inversiones en el territorio provincial durante el periodo de vigencia del beneficio, conforme con los parámetros establecidos en la presente ley y su reglamentación.
Los beneficios previstos en la presente ley son compatibles con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y con el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), en la medida en que la normativa nacional aplicable lo permita y no exista duplicación o superposición de beneficios respecto de un mismo tributo, hecho imponible, base imponible o periodo fiscal.
La presente ley es complementaria de la ley 937-I, sus modificatorias, prórrogas y normas reglamentarias, y de toda otra norma provincial vigente cuyo objeto sea la promoción de inversiones, la generación de empleo, el desarrollo productivo, la innovación, la infraestructura o la competitividad territorial. Los beneficios previstos en la presente ley no derogan ni sustituyen los beneficios establecidos por otros regímenes, salvo disposición expresa en contrario.
Establécese un mecanismo de reintegro de parte del costo financiero para: a) Las financiaciones otorgadas mediante instrumentos del mercado de capitales, incluidos, entre otros, las Obligaciones Negociables y los fideicomisos, emitidos para proyectos estructurados por Fiduciaria del Norte S.A., destinados a inversiones en activos fijos, instalaciones, infraestructura y equipamiento ejecutadas en proyectos radicados en la Provincia, con exclusión del financiamiento de capital de trabajo; b) Las operaciones de crédito amortizables otorgadas por el sistema bancario tradicional en la Provincia del Chaco a pequeñas y medianas empresas con actividad en la Provincia, cuyo plazo de amortización no sea inferior a cuarenta y ocho (48) meses y que estén destinadas a la construcción o adecuación de instalaciones e infraestructura, incluida la ampliación, readecuación o construcción de inmuebles con destino comercial, así como a la adquisición de equipamiento correspondiente a líneas de producción y vehículos afectados al transporte de mercaderías; El beneficio se aplica durante un plazo máximo de doce (12) meses, contado desde la primera acreditación de los fondos correspondientes a la financiación alcanzada por el régimen. La autoridad de aplicación podrá prorrogar dicho plazo por otros doce (12) meses;
Reintegro mensual por doce (12) meses en puntos Fijos del porcentaje (%) de la tasa nominal anual efectivamente pagada sobre saldos, sujeto a buen cumplimiento y sostenimiento como mínimo de la cantidad de empleados contratados al inicio del proyecto, conforme con el procedimiento que establezca la reglamentación. Los beneficiarios deberán priorizar la contratación de empleados radicados en la Provincia. Los reintegros por buen cumplimiento previstos en el presente artículo, contarán con tope de hasta veinte (20) Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) por CUIT beneficiario por año, calculados sobre el valor vigente al momento del alta de empleados en el sistema provisional. Si la nómina de trabajadores incorporados fuese inferior a este tope de SMVM, se tomará como tope del beneficio la cantidad de SMVM equivalentes a la nómina salarial vigente como medida de fomento a la creación y sostenimiento del trabajo.
Será requisito la registración de la base imponible bajo el código de actividad correspondiente, conforme con la reglamentación de la Administración Tributaria Provincial (ATP), respecto de las operaciones destinadas a financiar infraestructura e instalaciones, líneas de producción y adquisición de vehículos afectados a la operación logística, cuyo plazo de amortización no sea inferior a cuarenta y ocho (48) meses y que prevean un período de gracia no inferior a seis (6) meses para el pago de capital. El incentivo consiste en una reducción de hasta el veinticinco por ciento (25 %) de la alícuota determinativa del impuesto sobre los ingresos brutos aplicable a los intereses devengados durante el plazo del crédito.
El porcentaje de reintegro del IDT se determina según la ubicación de la sede operativa o, cuando corresponda, del establecimiento en el que se encuentre radicada la mayor cantidad de trabajadores, conforme con la siguiente segmentación: a) Impenetrable: tres por ciento (3 %), con prioridad para servicios básicos y encadenamientos productivos sustentables y sostenibles; b) Interior no comprendido en el Área Metropolitana del Gran Resistencia (fuera del AMGR): dos por ciento (2 %), con prioridad para el fomento agroindustrial y los encadenamientos productivos sustentables y sostenibles; c) Área Metropolitana del Gran Resistencia (AMGR): uno coma cinco por ciento (1,5 %), con prioridad para servicios globales vinculados con la exportación, logística, economía del conocimiento e inversión inmobiliaria de alto impacto y en segundo orden, para los demás sectores comprendidos en el régimen;
El IDT se instrumenta hasta el cupo asignado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, en su carácter de fiduciante del Fideicomiso de Desarrollo Chaqueño, conforme con las actas de incremento patrimonial y a las integraciones efectivamente ingresadas y de libre disponibilidad en el marco de la presente ley. El cupo podrá incrementarse cuando exista factibilidad presupuestaria, mediante decisión fundada, respecto de los montos, plazos o tasas aplicables. Cuando el financiamiento provenga de líneas de crédito instrumentadas por el agente financiero provincial, el IDT podrá incrementarse hasta en cero coma cinco por ciento (0,5 %), manteniéndose la segmentación territorial prevista en el artículo 10.
Los proyectos que acrediten mejoras ambientales adicionales, efectivas, cuantificables respecto de las obligaciones establecidas por la normativa vigente, podrán acceder a un beneficio adicional de cero coma cinco por ciento (0,5 %) en el IDT o en el Certificado de Crédito Fiscal Transferible (CCFT), a elección del solicitante, sin que ello permita superar los límites establecidos en la presente ley. La acreditación deberá contemplar, entre otros criterios, la reducción de la huella de carbono, la eficacia hídrica y energética, la utilización de energías renovables, la conservación de la biodiversidad, la protección de los recursos naturales y la implementación de buenas prácticas agropecuarias, conforme los parámetros objetivos que establezca la reglamentación. El acceso y mantenimiento del beneficio estarán sujetos al cumplimiento de la normativa ambiental aplicable, a la aprobación de las evaluaciones de impacto ambiental que correspondan y a la verificación periódica de los compromisos asumidos por parte de la autoridad de aplicación, con intervención del organismo provincial competente en materia ambiental. El incumplimiento grave o reiterado de dichos compromisos dará lugar a la suspensión o pérdida total o parcial del beneficio, sin perjuicio de las sanciones y restituciones que correspondan conforme con la presente ley.
Los incentivos previstos en la presente ley se financian con las fuentes que determine el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia, de conformidad con la normativa presupuestaria y financiera vigente.
El CCFT es un instrumento de crédito fiscal, compensable y transferible, destinado a la cancelación de obligaciones tributarias provinciales en los términos de la presente ley. El instrumento se aplica exclusivamente a las inversiones alcanzadas por el régimen que se realicen dentro de la Provincia. Su emisión, registración, utilización y transferencia se rigen por la presente ley y su reglamentación.
El beneficiario incluido en el régimen recibe un CCFT equivalente al sesenta por ciento (60 %) del monto de las inversiones elegibles efectivamente realizadas en infraestructura pública y en obras o servicios vinculados con la puesta en marcha del proyecto, conforme con las siguientes condiciones: a) En inversiones rurales, se computan las inversiones acreditadas mediante certificaciones y autorizaciones de los organismos competentes o mediante facturas de proveedores chaqueños; b) En inversiones urbanas o semiurbanas, el porcentaje del CCFT se aplica sobre las facturas de proveedores chaqueños correspondientes a gastos realizados y exigibles para la puesta en marcha del proyecto, conforme con las normas de habilitación aplicables; c) El beneficiario puede imputar el CCFT al pago de tributos provinciales y transferirlo, total o parcialmente, a otros contribuyentes para la misma finalidad, en las condiciones y con los requisitos que establezca la reglamentación. El CCFT solo puede ser transferido por su beneficiario directo y el adquirente no puede realizar una transferencia posterior.
El titular o beneficiario directo del CCFT puede transferirlo a terceros o imputarlo al pago de sus propias obligaciones tributarias provinciales devengadas con anterioridad a su adhesión al régimen, hasta el límite máximo que se establezca por vía reglamentaria. La cancelación total del instrumento no puede exceder el plazo de cinco (5) años contado desde su emisión.
La Administración Tributaria Provincial (ATP) tiene a su cargo el registro de los CCFT, el control de sus transferencias y el control de su aplicación a la cancelación de tributos provinciales.
Determinase un esquema de disminución de las alícuotas del impuesto sobre los ingresos brutos, con excepción del adicional diez por ciento (10 %) ley 666-K -Consorcios Camineros-, la cual queda expresamente excluida. La reducción se aplica según la etapa del proyecto: a) Etapa de inversión: 1. La alícuota vigente se reduce al cero por ciento (0 %) durante los primeros veinticuatro (24) meses conforme los criterios que se establezcan por vía reglamentaria. 2. La etapa de inversión se inicia en la fecha que resulte posterior entre el alta de la CUIT de la empresa y/o el alta de los trabajadores en el sistema provisional. b) Etapa operativa: 1. Meses 25 a 48: reducción del sesenta y cinco por ciento (65 %) de la alícuota vigente; 2. Meses 49 a 60: reducción del cincuenta por ciento (50 %); 3. Meses 61 a 96: reducción del cuarenta por ciento (40 %); 4. Meses 97 a 120: reducción del treinta por ciento (30 %). En esta etapa, las empresas industriales que utilicen transporte radicado en la Provincia para movilizar productos de origen chaqueño, obtendrán una reducción adicional del cinco por ciento (5 %) sobre la alícuota resultante, en las condiciones que establezca la reglamentación.
Exímense del impuesto de sellos los instrumentos vinculados con operaciones de crédito destinadas a financiar inversiones alcanzadas por la presente ley, incluidos los correspondientes a la solicitud, acreditación de fondos y constitución o registración de garantías reales, en las condiciones que establezca la reglamentación.
A los efectos de los beneficios previstos en la presente ley, considéranse comprendidas las inversiones inmobiliarias de impacto social que cumplan los requisitos establecidos para los proyectos alcanzados por el régimen, sin perjuicio de las condiciones específicas que establezca la reglamentación.
Extensión del CCFT a desarrollos inmobiliarios y actividades vinculadas. Los beneficios del CCFT previstos en los artículos del 14 al 16 se aplican a los desarrollos inmobiliarios y actividades vinculadas cuando la inversión privada incluya obras de infraestructura urbana destinadas a reducir déficits habitacionales o de servicios en el territorio provincial, conforme con los requisitos que establezca la reglamentación.
Los beneficios específicos establecidos en los Capítulos II y III tienen vigencia de diez (10) años, contados desde la fecha de aprobación del proyecto de inversión por la autoridad de aplicación, sin perjuicio de los plazos particulares establecidos para cada beneficio y del régimen de estabilidad tributaria previsto en el Capítulo IV. En los casos de inversiones consideradas estratégicas o de impacto territorial significativo, el Poder Ejecutivo puede extender los beneficios hasta un plazo adicional máximo de cinco (5) años, cuando se verifique una nueva inversión o un incremento neto del plantel de trabajadores registrados respecto de la nómina declarada al momento del otorgamiento del beneficio. La decisión debe ser fundada y ajustarse a los requisitos y límites establecidos en la presente ley.
Los proyectos de inversión iniciados en la Provincia a partir de la entrada en vigencia de la presente ley y aprobados conforme con el procedimiento establecido por la autoridad de aplicación gozan de estabilidad tributaria por el plazo de treinta (30) años, contado desde la fecha de aprobación del proyecto de inversión.
Durante el plazo de estabilidad, los proyectos aprobados no pueden ser alcanzados por la creación de nuevos tributos provinciales ni por incrementos de alícuotas, bases imponibles, mínimos, anticipos, percepciones, retenciones, tasas, contribuciones u otras cargas fiscales de origen provincial que impliquen un incremento de la carga tributaria aplicable al proyecto aprobado.
No constituye afectación de la estabilidad tributaria la aplicación, percepción, recaudación, administración o cobro por la Provincia de tributos nacionales, cuando tales funciones se ejerzan por cuenta y orden del Estado Nacional conforme con el régimen tributario nacional.
Quedan excluidas de la estabilidad las obligaciones tributarias originadas en hechos imponibles no vinculados con el proyecto aprobado y las obligaciones derivadas de incumplimientos, infracciones, omisiones, defraudaciones o conductas dolosas atribuibles al beneficiario.
La Agencia de Inversiones Chaco actúa como ventanilla única para la recepción y tramitación de las solicitudes de adhesión al régimen y la evaluación de la elegibilidad de los proyectos. La autoridad de aplicación debe expedirse sobre la preaprobación de la factibilidad técnica dentro de los plazos que se determinen por vía reglamentaria.
El trámite de adhesión al régimen se sustancia por medios digitales a través de la Agencia de Inversiones Chaco. El sistema debe garantizar la trazabilidad del expediente, la identificación de las intervenciones administrativas y el seguimiento del trámite hasta su conclusión.
Los beneficiarios que incorporen nuevas inversiones durante la vigencia del régimen no estarán obligados a iniciar un nuevo procedimiento de adhesión, cuando dichas inversiones se encuentren comprendidas en los objetivos y actividades originalmente aprobados. Será suficiente la presentación de una declaración jurada y la documentación electrónica que acredite la inversión, quedando sujeta a fiscalización posterior.
Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial, por si o por intermedio de la autoridad competente según la materia, a disponer, dentro de sus respectivas competencias, la compensación total o parcial, reducción o acreditación futura de tasas, cánones, contribuciones, derechos, tarifas retributivas de servicios u otras obligaciones de jurisdicción provincial, respecto de sujetos que soliciten y obtengan autorización previa para ejecutar, a su exclusivo cargo, obras o tareas de mantenimiento, conservación. Reparación, ampliación, instalación, dragado, adecuación o puesta en funcionamiento de infraestructura pública, portuaria, hídrica, vial, energética, logística, productiva o de uso común. La autorización y el reconocimiento del beneficio deben establecer el alcance, monto, plazo y condiciones de la compensación.
La compensación, reducción o acreditación prevista en el artículo anterior, produce efectos exclusivamente hacia el futuro y no puede alcanzar obligaciones fiscales, tasas o tarifas devengadas con anterioridad al acto administrativo que reconozca la procedencia del beneficio.
Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a disponer la prórroga, adecuación o reconfiguración temporal de los beneficios fiscales y promocionales otorgados bajo leyes de promoción vigentes o preexistentes. El Poder Ejecutivo determinará los plazos, hasta un máximo de diez (10) años y las metas exigibles para mantener la vigencia del beneficio. Prorrógase por el término de seis (6) años, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente, el régimen de promoción establecido por la ley 1669-F (Régimen de promoción de Call Center, Contact Center y alojamiento web) y sus modificatorias, otorgando el beneficio de exención plena del cien por ciento (100 %) en el impuesto sobre los Ingresos Brutos y Sellos. La autoridad de aplicación establecerá las metas exigibles para el mantenimiento del beneficio.
Elegibilidad y prioridad en el Programa Impulsar Chaco. Los sujetos titulares de proyectos aprobados en el marco de la presente ley que trabajen con proveedores de bienes y servicios chaqueños, serán considerados beneficiarios elegibles y prioritarios del Programa Provincial Impulsar Chaco o del régimen que en el futuro lo reemplace, complemente o sustituya.
Son autoridades de aplicación de la presente ley el Ministerio de Hacienda y Finanzas y la Secretaría de Coordinación de Gabinete, en el ámbito de sus respectivas competencias. La Agencia de Inversiones Chaco actúa como ventanilla única en los términos del artículo 27. La autoridad de aplicación dicta las normas reglamentarias y los instrumentos administrativos necesarios para la implementación del régimen, sin alterar el contenido ni los límites establecidos por la presente ley.
La autoridad de aplicación y la Administración Tributaria Provincial (ATP), en el ámbito de sus respectivas competencias, pueden requerir información y documentación a los beneficiarios a fin de verificar la procedencia, mantenimiento y correcta utilización de los beneficios previstos en la presente ley.
Ante la verificación de un incumplimiento de las obligaciones asumidas por el beneficiario, la autoridad de aplicación debe intimarlo a subsanarlo dentro del plazo que establezca la reglamentación. Cuando los incumplimientos sean graves, reiterados, fraudulentos o no fuese subsanado dentro del plazo otorgado, podrá disponerse: a. Suspensión de los beneficios; b. Caducidad total o parcial; c. Restitución de los beneficios fiscales indebidamente utilizados, con más sus intereses correspondientes; d. Imposibilidad temporal de acceder nuevamente al régimen. La caducidad debe disponerse mediante acto administrativo fundado, previa sustanciación del procedimiento correspondiente y con garantía del derecho de defensa del beneficiario. La sanción deberá guardar proporcionalidad con la gravedad del incumplimiento y disponerse mediante acto administrativo fundado.
El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro del plazo de sesenta (60) días corridos, contados desde su promulgación.
Invítase a los municipios de la Provincia del Chaco a adherir a la presente ley y en el ámbito de sus competencias, a dictar las normas locales necesarias para su aplicación.
Regístrese y comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fin del texto
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