Abriendo la norma
Ley provincial 4.269 · 2026
Régimen de las Concesiones de Obras y Servicios Públicos y de Iniciativas Privadas en la provincia.
LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DEL CHACO SANCIONA CON FUERZA DE LEY:
El Poder Ejecutivo podrá otorgar concesiones de obras o de servicios públicos, con excepción de los servicios públicos de la Empresa de Servicio Energéticos del Chaco Empresa del Estado Provincial (SECHEEP) y el Servicio de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial (SAMEEP), a personas jurídicas individuales o agrupadas mediante contratos asociativos, regulados por el Código Civil y Comercial de la Nación. Las concesiones de servicio público, se regirán de conformidad con las limitaciones emergentes del artículo 54 de la Constitución de la Provincia del Chaco 1957-1994. Los únicos servicios públicos que quedarán comprendidos por la normativa, son los Servicios Públicos de Puertos y Servicios Público de Transporte. El Poder Ejecutivo podrá delegar en la jurisdicción o entidad descentralizada competente por razón de la materia, la sustanciación del procedimiento de selección, el dictado de los actos administrativos, la adopción de las medidas preparatorias y la suscripción del contrato de concesión, ellos con las limitaciones previstas en el párrafo siguiente. Quedan reservadas, con carácter exclusivo e indelegable, a la competencia del Poder Ejecutivo, la aprobación de los pliegos de bases y condiciones y del modelo de contrato de concesión, el dictado del acto administrativo de adjudicación, la autorización de modificaciones sustanciales a los términos establecidos en el contrato, las prórrogas del contrato y la decisión sobre su extinción anticipada.
La retribución para el concesionario podrá provenir del cobro de tarifas, peajes, cánones de uso sobre el espacio objeto de concesión y demás retribuciones que resulten admisibles, atendiendo a las características del contrato de concesión que se trate. La retribución para el concesionario deberá compensar los costos de las distintas etapas de la concesión, tales como la construcción que comprenderá las obras de ampliación cuando sea procedente, la operación, la administración, reparación y el mantenimiento.
Las concesiones serán de plazo fijo con un máximo de veinte (20) años, pudiéndose prever prórrogas, las que no podrán superar el plazo de diez (10) años. También se podrá prever un período de transición que tendrá lugar entre la extinción por cumplimiento de plazo del contrato de concesión y la toma de posesión por el nuevo concesionario o por el Estado Provincial, periodo durante el cual quedará reconducido el contrato, en los mismos términos que se venía ejecutando. Cuando los contratos de concesión prevean un plazo de duración mayor a veinte (20) años, la licitación deberá ser ratificada por el Poder Legislativo.
La relación jurídica quedará perfeccionada con la firma del contrato de concesión, que deberá efectuarse dentro del plazo establecido en los pliegos. El Poder Ejecutivo, el órgano o entidad en que se hubieran delegado las facultades correspondientes, podrán revocar o dejar sin efecto el procedimiento de selección en cualquier momento anterior a la adjudicación, sin que ello genere derecho a indemnización alguna a favor de los participantes u oferentes. Una vez dictado el acto administrativo de adjudicación, si el Estado Provincial decidiera no suscribir el contrato de concesión por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, deberá notificarlo al adjudicatario. En tal supuesto, este tendrá derecho exclusivamente a la liberación o devolución de las garantías constituidas. El ejercicio legítimo de la facultad prevista en los párrafos anteriores no generará derecho a indemnización o compensación alguna a favor del adjudicatario, incluidos los gastos vinculados con la preparación e integración de la oferta o con los trámites previos a la firma del contrato, el lucro cesante, la pérdida de chance, las ganancias frustradas o cualquier otro concepto fundado en una relación concesional no perfeccionada.
Una vez extinto el contrato de concesión, las infraestructuras y obras se incorporarán al patrimonio del Estado Provincial.
Las concesiones podrán tener la modalidad onerosa o gratuita. En las concesiones onerosas el concesionario pagará un canon al Estado Provincial. El canon podrá ser una contribución fija o variable o un porcentaje sobra la tarifa, peaje o retribución percibida por el concesionario. La reglamentación y la documentación contractual de la licitación establecerán los criterios a aplicar en la contratación particular. En las concesiones gratuitas el concesionario no pagará canon u otra suma en razón de la operación de la obra o servicio público.
El concesionario tiene derecho al equilibrio de la ecuación económico financiera del contrato de concesión. Se considera, sin admitir prueba en contrario, que al perfeccionamiento del contrato de concesión las prestaciones de las partes se encuentran en equilibrio, en virtud de las variables exteriorizadas en los pliegos sobre las que se confeccionó la oferta adjudicada. Los desequilibrios económico-financieros que no fueran imputables a las partes se resolverán a través de la renegociación para alcanzar la recomposición de la ecuación de equilibrio. En caso que ello no fuese posible, se podrá extinguir el contrato de concesión de mutuo acuerdo, de conformidad con los plazos y las condiciones que establezcan los pliegos, no pudiendo el concesionario hacerlo de forma unilateral.
La documentación licitatoria y contractual deberá contener, como mínimo, los siguientes aspectos: a) El objeto y la modalidad de la concesión; b) El plazo de duración del contrato; c) Las bases para la fijación de tarifas, peajes u otras formas de retribución y las formas para su actualización, de conformidad con lo establecido en la oferta económica que resulte adjudicada. Si la retribución es realizada a través de un peaje o tarifa deberá determinarse el valor tope de la retribución, debiendo celebrarse las audiencias públicas, de corresponder; d) Las obligaciones recíprocas al término de la concesión, tales como la entrega al Estado de las obras, herramientas y demás útiles necesarios para la operación de la infraestructura o servicio público, junto con sus obras colaterales, en caso de existir, de corresponder la devolución de la garantía de cumplimiento de contrato y los criterios para el acta de finalización de la relación concesional; e) Los modos de extinción del contrato de concesión, entre las cuales estará, el cumplimiento del objeto, vencimiento del plazo, la rescisión por mutuo acuerdo, la rescisión por culpa de alguna de las partes. entre otras causales, con indicación del procedimiento a seguir, las compensaciones procedentes en los casos de extinción anticipada, sus alcances y método de determinación y pago; f) Domicilio especial del concesionario en la Provincia del Chaco; g) El régimen de garantías a constituir en favor del Estado Provincial; h) La facultad del concedente para modificar unilateralmente el contrato, únicamente en lo relativo a la ejecución del proyecto y sin posibilidad de alterar el equilibrio económico financiero del contrato; i) El régimen de control, verificación, fiscalización y sanciones, que el poder concedente podrá imponer ante incumplimientos del concesionario: j) La facultad de ceder total o parcialmente el contrato, previa autorización del concedente, a sujetos que cuenten con las mismas calidades técnicas y financieras. La reglamentación y los pliegos podrán establecer requisitos adicionales de materia técnica que hagan a la especificidad de la actividad económica y regulatorio del contrato de concesión singular.
El procedimiento de selección para la adjudicación y posterior suscripción del contrato de concesión será la licitación pública, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 10 de la presente, respecto de las iniciativas privadas. La licitación pública podrá ser nacional o internacional. La licitación pública podrá ser de etapa única o múltiple. Para determinar la oferta más conveniente para el interés público se tendrán en cuenta, además de los aspectos pertinentes de la oferta económica, la experiencia, pericia, solvencia y demás características técnicas de los participantes. En las licitaciones de etapa múltiple, el primer sobre contendrá la oferta técnica, cuyo análisis se realizará con posterioridad a su apertura. El acto administrativo de preselección no podrá establecer órdenes de mérito ni aplicar factores de ponderación entre las ofertas técnicas. Los pliegos no tendrán coste de adquisición.
Las personas jurídicas, individualmente o agrupadas en los contratos asociativos, regulados por el Código Civil y Comercial, podrán presentar iniciativas privadas. El Estado Provincial también podrá convocar a la presentación de iniciativas privadas.
En las licitaciones públicas originadas en un procedimiento de iniciativa privada previo, cuando las ofertas admisibles y técnicamente comparables presentadas fueran de conveniencia equivalente, será preferida la correspondiente al promotor de la iniciativa privada. Se considerarán equivalentes la oferta del promotor y la mejor oferta presentada cuando la diferencia entre ambas no supere el seis por ciento (6 %), calculado conforme con la variable económica de adjudicación y con la fórmula establecida en los pliegos. El porcentaje indicado se incrementará en cuatro (4) puntos porcentuales, totalizando el diez por ciento (10 %), cuando el promotor sea: a) Una persona jurídica con domicilio legal y fiscal y tenga la administración efectiva en la Provincia del Chaco, durante al menos el año inmediatamente anterior a la fecha de la iniciativa; b) Un contrato asociativo en el cual los integrantes que reúnan las condiciones del inciso precedente posean en conjunto, una participación no inferior al treinta por ciento (30 %) y asuman una proporción equivalente a la inversión y ejecución de las prestaciones.
En las licitaciones públicas originadas en un procedimiento de iniciativa privada previo, si la diferencia entre la oferta mejor calificada y la del promotor de la iniciativa privada supere el porcentaje de equivalencia y no exceda de un quince por ciento (15 %) de diferencia con la mejor oferta, ambos oferentes serán invitados a mejorar sus ofertas, en forma simultánea y en sobre cerrado. Si la mejor oferta superare en más de un quince por ciento (15 %) la oferta presentada por el promotor, la adjudicación recaerá en el oferente que hubiere formulado la mejor oferta. La oferta del promotor de la iniciativa privada no podrá contemplar un monto de inversión que supere en más de un veinte por ciento (20 %) al que hubiera estimado al momento de presentar el proyecto, actualizado por alguno de los siguientes índices, los que se podrán combinar y serán determinados por los pliegos: a) Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM); b) Índice de Costo de la Construcción (ICC); c) Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El promotor de la iniciativa privada podrá ser integrante de una única oferta. En caso de participar en más de una oferta todas éstas se tendrán por inadmisibles. La reglamentación deberá prever los mecanismos procedimentales para la declaración de interés público del proyecto de iniciativa privada por el Poder Ejecutivo.
En todo lo no previsto por la presente ley, la reglamentación y los pliegos se regirán de modo supletorio por las leyes 1092-A. la ley 179-A, la ley 1182-K, el decreto 175/2025 y las normas de creación de los entes descentralizados intervinientes.
El Poder Ejecutivo o las Jurisdicciones en donde haya delegado la sustanciación de los procedimientos de selección y la suscripción del contrato de concesión, mantendrán adecuada y permanentemente informada a la Comisión de Obras y Servicios Públicos del Poder Legislativo sobre todo el proceso relativo al otorgamiento de cada concesión.
Invitase a los municipios de la Provincia a adherir a la presente ley de conformidad con lo previsto en el artículo 182 de la Constitución de la Provincia del Chaco 1957-1994
Abrógase la ley 1053-A.
Regístrese y comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fin del texto
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