Abriendo la norma
Ley provincial 4.538 · 1998
Código Procesal Penal de la Provincia de Chaco.
LA CÁMARA DE DIUTADOS DE LA PROVINCIA DEL CHACO SANCIONA CON FUERZA DE LEY:
Es inviolable la defensa de la persona y de los derechos en todo procedimiento judicial. Nadie podrá ser juzgado por otros jueces que los designados de acuerdo con la Constitución y competentes según sus leyes reglamentarias; penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso y substanciado conforme a las disposiciones de esta ley; considerado culpable mientras una sentencia firme no lo declare tal; perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho, aunque se modifique su calificación legal, el título o el grado del delito o la forma de participación atribuidos, o se afirmen nuevas circunstancias; pero esta prohibición no comprende los casos en que el proceso anterior no se hubiere iniciado o se hubiese dispuesto su suspensión en virtud de un obstáculo formal al ejercicio de la acción. El proceso no podrá durar más de dos años. El proceso no podrá durar más de dos años. En forma excepcional, si concurrieren circunstancias de evidente complejidad y de difícil investigación objetivamente comprobable, la causa podrá extenderse hasta por un año más siempre y cuando se cumpla el trámite legal establecido en el artículo 282 inciso 3) de este cuerpo normativo.
Este Código se aplicará desde su entrada en vigencia, aún en causas por delitos anteriores salvo disposición en contra.
Será interpretada restrictivamente toda disposición legal que coarte la libertad personal, límite el ejercicio de un poder conferido a los sujetos del proceso, o establezca sanciones procesales o exclusiones probatorias.
"IN DUBIO PRO REO". En caso de duda deberá estarse a lo que sea más favorable al imputado.
El Superior Tribunal de Justicia dictará de oficio o a propuesta de otros tribunales o del Ministerio Público las normas prácticas que sean necesarias para aplicar este código, de acuerdo a lo preceptuado por la Ley Orgánica del Ministerio Público.
La acción penal pública será ejercida por el Ministerio Público, el que deberá iniciarla de oficio, siempre que no dependa de instancia privada. Su ejercicio no podrá suspenderse, interrumpirse ni hacerse cesar, salvo expresa disposición legal en contrario.
Cuando la acción penal dependa de instancia privada, sólo podrá iniciarse si el ofendido por el delito o en orden excluyente, sus representantes legales, tutor o guardador, formularen denuncia ante la autoridad competente para recibirla. Será considerado guardador quien tuviera a su cargo, por cualquier motivo, el cuidado del menor. La instancia privada se extiende de derecho a todos los partícipes del delito.
Podrán constituirse como querellantes particulares en la forma especial que este Código establece: a) El ofendido penalmente por un delito de acción pública, sus herederos forzosos, representantes legales o mandatarios, sin perjuicio de ejercer conjuntamente la acción civil resarcitoria. b) Las asociaciones con personería jurídica, en aquellos hechos punibles que afecten intereses difusos o colectivos, siempre que el objeto de la asociación se vincule directamente con la defensa de esos intereses. Al incorporarse al proceso penal, será considerado como parte para todos los actos esenciales del mismo, en los términos que éste Código establece. Si el querellante particular se constituye a la vez en actor civil, podrá formular ambas instancias en un solo escrito. En los casos en que el Estado Provincial o los municipios resulten ofendidos por un delito que comprometa sus respectivos patrimonios o la seguridad jurídica, deberán por medio de sus representantes legales o mandatarios constituirse en querellante particular.
La acción privada se ejercerá por medio de querella, en la forma especial que este Código establece.
Cuando la solución de un proceso penal dependa de la solución de otro proceso penal y no corresponda la acumulación de ambos, el ejercicio de la acción se suspenderá en el primero después de clausurada la investigación penal preparatoria, hasta que en el segundo se dicte sentencia firme.
El Tribunal o el Fiscal de Investigación deberán resolver, con arreglo a las disposiciones legales que las rijan, todas las cuestiones que se susciten en el proceso, salvo las referentes a la validez o nulidad del matrimonio, cuando de su resolución dependa la existencia del delito. En estos casos, el ejercicio de la acción penal se suspenderá, aún de oficio, hasta que en la jurisdicción civil recaiga sentencia firme, la que producirá el efecto de cosa juzgada.
Cuando se deduzca una excepción de prejudicialidad, el Tribunal o el Fiscal de Investigación podrán apreciar, no obstante lo dispuesto en el artículo anterior, si la cuestión invocada es seria, fundada y verosímil. En caso de que aparezca opuesta con el exclusivo propósito de dilatar el proceso, ordenarán que este continúe. Cuando la resolución que ordene o deniegue la suspensión fuere dictada por el Fiscal de Investigación, podrá ser objeto de oposición. El Juez de Garantía resolverá, sin substanciación, en el plazo de tres días. La resolución no será apelable. Cuando el auto que ordena o niega la suspensión fuere dictado por el Juez de Garantía, podrá ser apelado.
Resuelta la suspensión del proceso de acuerdo con los artículos 10 y 11, se ordenará la libertad del imputado, previa fijación de domicilio, pudiendo disponerse las demás condiciones previstas en el artículo 267 y practicarse los actos urgentes de investigación.
El juicio civil que fuere necesario podrá ser promovido y proseguido por el Fiscal en lo Civil y Comercial, con citación de todos los interesados.
Si se formulare requisitoria fiscal o querella contra un legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, juicio político o enjuiciamiento, el Juez competente practicará una investigación sumaria que no vulnere la inmunidad del imputado. Cuando hubiere motivo bastante para sospechar que el imputado ha participado en la comisión del hecho punible, se solicitará el desafuero, juicio político o enjuiciamiento ante quien corresponda, acompañando copia de las actuaciones y expresando las razones que lo justifiquen. La investigación sumaria no podrá exceder de tres meses, bajo pena de caducidad. Si de acuerdo con el artículo 102 de la Constitución Provincial el legislador hubiere sido aprehendido, el Juez dará cuenta a la Legislatura, con la información sumaria del hecho, dentro del término de 24 horas. Del mismo modo se procederá cuando el aprehendido estuviera sujeto a juicio político o enjuiciamiento, en cuyo caso se comunicará la privación de la libertad del funcionario o magistrado a la Legislatura o al Jurado de Enjuiciamiento.
Si se produjere el desafuero o la destitución, el Juez dispondrá la investigación jurisdiccional correspondiente o dará curso a la querella. En caso contrario, declarará por auto que no se puede proceder y archivará las actuaciones respecto de éste y continuará con relación a los otros imputados.
Cuando se proceda contra varios imputados y sólo alguno de ellos goce de privilegio constitucional, el proceso podrá formarse y seguir con respecto a los otros.
El Ministerio Público y las partes podrán interponer las siguientes excepciones que deberán resolverse como de previo y especial pronunciamiento: 1. Falta de jurisdicción o de competencia. 2. Falta de acción, porque ésta no se pudo promover, no fue iniciada legalmente o no pudiere proseguir. 3. Extinción de la pretensión penal. Si concurrieren dos o más excepciones, deberán interponerse conjuntamente.
Las excepciones se deducirán por escrito y, si fuere el caso, deberán ofrecerse las pruebas que justifiquen los hechos en que se basen, bajo pena de inadmisibilidad. Si las excepciones se basaren en hechos que deban ser probados, previamente se ordenará la recepción de la prueba por un término que no podrá exceder de quince días, y se citará a las partes a una audiencia para que oral y brevemente hagan su defensa. El acta se labrará en forma sucinta. El trámite de la excepción no podrá durar más de un mes, no computándose el tiempo de diligenciamiento de prueba fuera de la provincia, incidentes, recursos o actos que dependan de la actividad de las partes.
De las excepciones planteadas se correrá vista al Ministerio Público, al querellante particular y a las partes interesadas. El Tribunal resolverá por auto. Si fuere deducida durante la investigación fiscal, efectuado el trámite a que se refiere el artículo anterior, el Fiscal elevará el incidente a resolución del Juez de Garantía, con opinión fundada, en el plazo de tres días. Si no hubiera prueba que recibir, elevará inmediatamente las actuaciones.
El incidente se substanciará y resolverá por separado, sin perjuicio de continuarse la investigación. La resolución será apelable.
Si se admitiere la falta de jurisdicción o de competencia, excepción que deberá ser resuelta antes que las demás, se procederá conforme a los artículos 41 o 45, según el caso.
Cuando se hiciere lugar a una excepción perentoria, se sobreseerá en el proceso y se ordenará la libertad del imputado que estuviere detenido.
Cuando se hiciere lugar a una excepción dilatoria, se ordenará el archivo del proceso y la libertad del imputado, sin perjuicio de que se declaren las nulidades que correspondan. El proceso continuará tan luego se salve el obstáculo formal al ejercicio de la acción.
La acción civil destinada a obtener la restitución del objeto materia del delito y la indemnización por el daño causado, sólo podrá ser ejercida por el damnificado directo, aunque no fuere la víctima del delito, o sus herederos en los límites de su cuota hereditaria, o por los representantes legales o mandatarios de ellos, contra los partícipes del delito y, en su caso, contra el civilmente responsable.
La acción civil será ejercida por el Fiscal de Estado cuando la Provincia resulte perjudicada por el delito.
La acción civil será ejercida por el Defensor Oficial, con las mismas atribuciones de un representante: 1. Cuando el titular de aquella sea incapaz para hacer valer sus derechos y no tenga quien lo represente sin perjuicio de la representación promiscua. 2. Cuando el titular de la acción careciera de recursos sin haberse constituido y le delegue expresamente su ejercicio.
Excepto en el proceso de menores, la acción resarcitoria podrá ser ejercida desde el comienzo de la investigación penal preparatoria, pero la absolución del acusado no impedirá que el Tribunal de juicio se pronuncie sobre ella en la sentencia, ni la ulterior extinción de la pretensión penal impedirá que el Tribunal respectivo decida sobre la civil.
Si la acción penal no puede proseguir en virtud de causa legal, la acción civil podrá ser ejercida ante el Tribunal respectivo.
La jurisdicción penal se ejercerá por los Tribunales que la Constitución y la ley instituyen, la competencia es improrrogable y se extiende al conocimiento de los delitos y contravenciones cometidos en el territorio de la Provincia, excepto los de jurisdicción federal o militar.
Si a una persona se le imputare un delito de jurisdicción provincial y otro de jurisdicción federal o militar, el orden de juzgamiento se regirá por la ley nacional. Del mismo modo se procederá en casos de delitos conexos.
Si a una persona se le imputare un delito de jurisdicción provincial y otro correspondiente a la jurisdicción de otra provincia, será juzgada primero en esta provincia, si el delito imputado en ella es de mayor gravedad, o siendo éste igual, aquél se hubiera cometido anteriormente. Del mismo modo se procederá en el caso de delitos conexos, pero el Tribunal, si lo estimare conveniente, podrá suspender el trámite del proceso o diferir su decisión hasta después que se pronuncie la otra jurisdicción.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31, el proceso de jurisdicción provincial podrá sustanciarse simultáneamente con el conexo, cuando ello no determine obstáculos para el ejercicio de las jurisdicciones o para la defensa del imputado.
Cuando una persona hubiere sido condenada en diversas jurisdicciones y correspondiere unificar las penas, el Tribunal solicitará o remitirá copia de la sentencia, según hubiera impuesto la pena mayor o la menor. El condenado cumplirá la pena en la provincia cuando en ésta se disponga la unificación, salvo que la ley determine lo contrario.
De los recursos de casación, inconstitucionalidad y revisión; 2. De las cuestiones de competencia, y por la razón de la materia, entre Tribunales de distintas circunscripciones y entre jurisdicciones de distinta naturaleza.
La Cámara en lo Criminal, a través de sus Salas Unipersonales o como Tribunal Colegiado, de conformidad con lo previsto en los artículos 36 bis y 36 ter y concordantes, juzgará en única instancia los delitos cuyo conocimiento no se atribuya a otro Tribunal. Además, conocerá como Tribunal Colegiado, en instancia única, de las solicitudes de libertad condicional, en las Circunscripciones Judiciales donde los Juzgados de Ejecución Penal no se hubieren establecido.
Excepto lo previsto en el artículo 36 ter, a los fines del ejercicio de su competencia, la Cámara en lo Criminal se dividirá en tres Salas Unipersonales, las que procederán de acuerdo con las normas del juicio común; asumiendo la jurisdicción, respectivamente, cada uno de los Vocales, en ejercicio de las atribuciones propias del Presidente y del Tribunal encargado de aquel.
No obstante lo previsto en el artículo anterior, la jurisdicción será ejercida en forma colegiada en los siguientes supuestos: 1) Cuando se tratare de causas complejas, a criterio del Tribunal, conforme con lo previsto en el artículo 358 segunda parte in fine. 2) Cuando la defensa del imputado se oponga fundadamente al ejercicio unipersonal de la jurisdicción, en cuyo caso el Tribunal decidirá inmediatamente sin recurso alguno.
CAMARA DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL. Conocerá de los recursos contra las resoluciones de los Jueces de Garantía en materia Criminal y Correccional, de las quejas por denegación de los mismos y de las cuestiones de competencia suscitadas entre jueces jerárquicamente inferiores en materia Criminal y Correccional.
El Juez de Garantía practicará la investigación jurisdiccional prevista en el artículo 338, las medidas que le correspondan durante la investigación fiscal, y la investigación sumaria prescripta por el artículo 15.
El Juez Correccional juzgará en única instancia: 1) Los delitos de acción pública que estuvieren reprimidos con prisión no mayor de cinco años o pena no privativa de libertad; 2) Los delitos de acción privada. 3) Las solicitudes de libertad condicional, en las Circunscripciones Judiciales donde los Juzgados de Ejecución Penal no se hubieran establecido. Además resolverá en grado de apelación: a) De las resoluciones dictadas por los Jueces de Faltas o de Paz cuando actúen en tal carácter y de las quejas por la denegación de estos recursos; b) De las resoluciones sobre contravenciones dictadas por la justicia de Faltas Municipal y de la queja por denegación de estos recursos.
El Juez de Menores y el Juez de Ejecución Penal tendrán la competencia asignada por las normas específicas.
Para determinar la competencia se tendrán en cuenta todas las penas establecidas por la ley para el delito consumado y las circunstancias agravantes de calificación, no así la acumulación de penas por concurso de delitos de la misma competencia; pero siempre que sea probable la aplicación del artículo 52 del Código Penal, será competente la Cámara en lo Criminal. Cuando la ley reprima el delito con varias especies de penas, se tendrá en cuenta la cualitativamente más grave.
La incompetencia por razón de la materia deberá ser declarada aún de oficio en cualquier estado del proceso. El Tribunal que la declare remitirá las actuaciones al que considere competente y pondrá a su disposición los detenidos, si los hubiere. Sin embargo, fijada la audiencia para el debate sin que se haya planteado la excepción, el Tribunal juzgará de los delitos de competencia inferior.
La inobservancia de las reglas para determinar la competencia por razón de la materia producirá la nulidad de los actos, excepto los que sean imposible repetir. Esta disposición no regirá cuando un Juez de competencia superior hubiera actuado en una causa atribuida a otro de competencia inferior.
Será competente el Tribunal de la circunscripción judicial en que el hecho se hubiere cometido. En caso de tentativa, lo será el de la circunscripción judicial donde se cumplió el último acto de ejecución. En caso de delito continuado o permanente, lo será el de la circunscripción judicial en que cesó la continuación o la permanencia.
Si se ignora o duda en qué circunscripción se cometió el hecho será competente el Tribunal que prevenga en la causa.
En cualquier estado del proceso, el Tribunal que reconozca su incompetencia territorial remitirá las actuaciones al competente y pondrá a su disposición los detenidos que hubiere, sin perjuicio de realizar los actos urgentes de investigación.
La inobservancia de las reglas sobre competencia territorial sólo producirá la nulidad de los actos de investigación cumplidos después de que se haya declarado la incompetencia.
si los delitos imputados hubieran sido cometidos simultáneamente por varias personas reunidas, o aunque lo fueran en distintos lugares o tiempos, o cuando hubiera mediado acuerdo entre ellas; 2. si un delito hubiera sido cometido para perpetrar o facilitar la comisión de otro o para procurar al culpable o a otros el provecho o la impunidad; 3. cuando a una persona se le imputaren varios delitos.
Cuando se substancien causas conexas por delitos de acción pública y jurisdicción provincial, aquéllas se acumularán y será Tribunal competente: 1. aquél a quien corresponde el delito más grave; 2. si los delitos estuvieren reprimidos con la misma pena, el competente para juzgar el delito primeramente cometido; 3. si los delitos fueren simultáneos, o no constare debidamente cuál se cometió primero, el que haya procedido a la detención del imputado, o en su defecto, el que haya prevenido; 4. si no pudieran aplicarse estas normas, el Tribunal que deba resolver las cuestiones de competencia tendrá en cuenta la mejor y más pronta administración de justicia. A pesar de la acumulación, las actuaciones sumariales tramitarán por separado, salvo que fuere inconveniente para la investigación.
La acumulación de causas no será dispuesta cuando: 1. determine un grave retardo para alguna de ellas; 2. se trate de causas por la que procediera investigación fiscal en una o unas y jurisdiccional en otra u otras, según el supuesto del artículo 47 inciso 3; y 3. la investigación la deban realizar fiscales con asiento en distintas circunscripciones. En estos casos, las causas se acumularán de oficio al clausurarse las respectivas investigaciones. Si correspondiere unificar las penas se procederá con arreglo al artículo 58 del Código Penal.
Si dos Tribunales se declarasen simultánea y contradictoriamente competentes o incompetentes para juzgar un delito, el conflicto será resuelto por el Superior Tribunal de Justicia, salvo que los mismos tengan un superior común.
El Ministerio Público y las partes podrán promover la cuestión de competencia, por inhibitoria ante el Juez que consideren competente o por declinatoria ante el que estimen incompetente. El que opte por uno de estos medios no podrá abandonarlo y recurrir al otro, ni emplearlos simultánea o sucesivamente. Al plantear la cuestión, el oponente deberá manifestar, bajo pena de inadmisibilidad, no haber usado el otro medio, y si resultare lo contrario, será condenado en costas, aunque aquella se resuelva a su favor o sea abandonada. Si se hubieren empleado los dos medios y llegado a decisiones contradictorias, se aplicará lo dispuesto en el artículo 44.
La cuestión podrá ser promovida en cualquier momento hasta la fijación de la audiencia para el debate, sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 41, 45 y 380.
Cuando se promueva inhibitoria se observarán las siguientes normas: 1. El Tribunal ante quien se proponga la resolverá previa vista al Ministerio Público. Si la resolución que deniega el requerimiento de inhibición fuere dictada por el Juez de Garantía, será apelable. Cuando decida librar oficio inhibitorio, con él acompañará las piezas necesarias para fundar su competencia. 2. Cuando reciba oficio de inhibición, el Tribunal requerido resolverá previa vista al Ministerio Público y a las partes. Si la resolución que hace lugar a la inhibitoria fuere dictada por el Juez de Garantía, será apelable. Los autos serán remitidos oportunamente al Juez que la propuso, poniendo a su disposición al imputado y los elementos de convicción que hubiere. Si negare la inhibición informará al Tribunal que la hubiere propuesto, remitiéndole copia del auto y, le pedirá que conteste si reconoce la competencia o, en caso contrario, que remita los antecedentes al Tribunal competente para resolver el conflicto conforme al artículo 50. 3. Recibido el oficio antes expresado, el Tribunal que propuso la inhibitoria resolverá sin más trámite si sostiene o no su competencia: en el primer caso remitirá los antecedentes al Tribunal competente (artículo 50) y se lo comunicará al requerido para que haga lo mismo con el proceso; en el segundo, se lo comunicará al competente, remitiéndole todo lo actuado. 4. El Tribunal competente (artículo 50) decidirá previa vista al Ministerio Público y enviará inmediatamente la causa al competente.
La declinatoria se substanciará en la forma establecida para las excepciones, y en lo demás conforme al artículo anterior en lo pertinente.
Las cuestiones de competencia no suspenderán la investigación, que será continuada: 1. por el Juez que primero conoció en la causa; 2. si dos jueces hubieran proveído en la misma fecha, por el requerido de inhibición; Las cuestiones propuestas antes de la fijación de la audiencia para el debate suspenderán el proceso hasta la decisión del incidente, sin perjuicio de que el Tribunal ordene una investigación suplementaria.
Al resolver el conflicto, el Tribunal determinará, si correspondiere, de acuerdo con los artículos 42 y 46, que actos del declarado incompetente no conservan validez.
Las cuestiones de jurisdicción con jueces nacionales, militares o de otras provincias se resolverán conforme a lo dispuesto anteriormente para las de competencias, con arreglo a la ley nacional o tratados interprovinciales que existieren.
Cuando un Tribunal pidiere a otro del país la extradición de un imputado o condenado por un delito, se procederá conforme a la legislación vigente.
Si el imputado o condenado se encontrare en territorio extranjero, la extradición se tramitará por vía diplomática con arreglo a los tratados, leyes nacionales, principio de reciprocidad o costumbres internacionales.
El Juez deberá inhibirse de conocer en la causa: 1. cuando en el mismo proceso hubiera pronunciado o concurrido a pronunciar sentencia; hubiera intervenido como Juez de Garantía resolviendo la situación legal del imputado o como funcionario del Ministerio Público, defensor, mandatario, denunciante o querellante; o hubiera actuado como perito o conociera el hecho investigado como testigo; 2. si fuere cónyuge o pariente, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, de algún interesado; 3. cuando él, su cónyuge o alguno de sus parientes en los grados preindicados tengan interés en el proceso; 4. si fuera o hubiera sido tutor o curador; o hubiera estado bajo tutela o curatela de alguno de los interesados; 5. cuando él, su cónyuge o sus parientes, dentro de los grados referidos, tengan juicio pendiente iniciado con anterioridad, o sociedad o comunidad con alguno de los interesados, salvo la sociedad anónima; 6. si él, su cónyuge, padres o hijos, u otras personas que vivan a su cargo, fueren acreedores, deudores o fiadores de alguno de los interesados, salvo que se tratare de bancos oficiales o constituidos por sociedades anónimas; 7. cuando antes de comenzar el proceso hubiera sido denunciante, querellante o acusador de algunos de los interesados, o denunciado, querellado o acusado por ellos; 8. si hubiera dado consejos o manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el proceso; 9. cuando tenga amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los interesados. 10. si él, su cónyuge, padres o hijos, u otras personas que vivan a su cargo, hubieran recibido o recibieren beneficios de importancia de algunos de los interesados, o si después de iniciado el proceso, él hubiera recibido presentes o dádivas aunque fueran de poco valor; 11. Cuando en la causa hubiera intervenido o interviniere como Juez su cónyuge o algún pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
A los fines del artículo anterior, se consideran interesados el imputado, el querellante, el ofendido, el damnificado y el responsable civil, aunque éstos últimos no se constituyan en parte, lo mismo que sus representantes, defensores y mandatarios. Estos tres últimos no se consideran interesados en el caso del inciso 9 del artículo 60.
Los jueces que se encuentren en situación de violencia moral que proceda de un motivo objetivamente grave podrán inhibirse de oficio del conocimiento del proceso.
El Juez deberá inhibirse en cuanto conozca alguno de los motivos que prevé el artículo 60, aunque hubiera intervenido antes en el proceso.
El Juez que se inhiba remitirá el expediente, por decreto fundado, al que deba reemplazarlo; éste tomará conocimiento de la causa inmediatamente y proseguirá su curso, sin perjuicio de que eleve los antecedentes en igual forma al Tribunal que corresponda, si estimare que la inhibición no tiene fundamento. La incidencia será resuelta sin más trámite por el mismo. Cuando el Juez que forme parte de un Tribunal colegiado reconozca un motivo de inhibición, pedirá que se disponga su apartamiento.
El Ministerio Público, las partes, sus defensores y mandatarios, podrán recusar al Juez sólo cuando exista uno de los motivos enumerados en el artículo 60.
La recusación deberá ser interpuesta, bajo pena de inadmisibilidad, en un escrito que indique los motivos en que se basa y los elementos de prueba de los que haya de valerse, en las siguientes oportunidades: Durante la investigación, antes de la clausura; en el juicio, durante el término de citación (artículo 358); cuando se trate de recursos, en el término de emplazamiento (artículo 456) o al deducir el de revisión. Sin embargo, la recusación que se fundamente en una causal producida o conocida después de los plazos enunciados, podrá deducirse dentro de los tres días a contar de la producción o el conocimiento. Además, en caso de ulterior integración del tribunal, la recusación podrá interponerse dentro de los tres días de la resolución que la hubiera dispuesto.
Si el Juez admitiere la recusación, se procederá con arreglo al articulo 64. En caso contrario, remitirá el escrito de recusación y su informe al tribunal competente, conforme al artículo 50, para que el incidente se tramite por cuerda separada, o si el Juez integrare un tribunal colegiado, pedirá el rechazo de aquélla. Previa audiencia en que se recibirá la prueba e informarán las partes, el tribunal competente resolverá el incidente dentro de las 48 horas, sin recurso alguno.
Si el Juez de Garantía fuere recusado y no admitiere la existencia del motivo que se invoca, continuará la investigación aún durante el trámite del incidente; pero si se hiciere lugar a la recusación, los actos serán declarados nulos siempre que el recusante lo pidiere en el término de 24 horas a contar desde que el expediente llegó al juzgado que deba actuar.
Los secretarios deberán apartarse y podrán ser separados por los motivos que expresa el articulo 60, y el Tribunal ante el cual actúen averiguará verbalmente el hecho y resolverá motivadamente lo que corresponda, sin recurso alguno.
El Ministerio Público promoverá y ejercerá la acción penal en la forma establecida por la ley, dirigirá la Policía Judicial y practicará la investigación fiscal preparatoria.
El procurador General actuará en los recursos extraordinarios ante el Superior Tribunal de Justicia en la forma prevista en este Código y ejercerá las atribuciones y funciones que fije la ley. El Procurador General Adjunto actuará conforme a lo previsto en la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Además de las funciones acordadas por la ley, el Fiscal de Cámara actuará durante el juicio ante el Tribunal respectivo. Podrá llamar al Fiscal de Investigación que haya intervenido en la investigación penal preparatoria, por intermedio del Tribunal, en los siguientes casos: 1. cuando se trate de un asunto complejo, para que le suministre información o coadyuve con él, incluso durante el debate; 2. si estuviere en desacuerdo fundamental con el requerimiento fiscal o le fuere imposible actuar, para que mantenga oralmente la acusación. Iguales atribuciones tendrá el Fiscal en lo Correccional.
El Fiscal de Investigación dirigirá la investigación fiscal, practicando y haciendo practicar los actos inherentes a ella y actuará ante el Juez de Garantía cuando corresponda.
En la investigación fiscal, el ámbito material y territorial de actuación del Fiscal de Investigación y lo relativo a conexión de causas, se regirá por lo dispuesto en los artículos 40 al 49, en cuanto sean aplicables. No será de aplicación lo dispuesto en este artículo cuando la investigación la deban realizar Fiscales de Investigación con asiento en distintas jurisdicciones, salvo que pudiera afectar los fines de aquélla (artículos 301 y 302).
Los conflictos de actuación que se planteen serán resueltos: 1. por el Procurador General si dos o más fiscales de Investigación niegan o afirman simultánea y contradictoriamente sus atribuciones para investigar un hecho; 2. por el Juez de Garantía si el planteo fuere formulado por las partes. En este caso, se resolverá con arreglo a los artículos 51 al 57 en cuanto fueran aplicables.
Los miembros del Ministerio Público deberán inhibirse y podrán ser recusados por los mismos motivos establecidos respecto de los jueces, con excepción del previsto en la primera parte del inciso 7 del artículo 60. La recusación será resuelta por el Tribunal ante el cual actúa el funcionario recusado y, durante la investigación fiscal, por el Juez de Garantía que corresponda. En cuanto al trámite, se aplicarán las disposiciones referentes a los jueces.
SEPARACION DE LOS SECRETARIOS DEL FISCAL DE INVESTIGACION. Los secretarios del Fiscal de Investigación deberán apartarse y podrán ser separados por los motivos del artículo 60. El fiscal ante el cual actúen averiguará verbalmente el hecho y resolverá motivadamente sin recurso alguno.
Los derechos que la ley acuerda al imputado podrá hacerlos valer, hasta la terminación del proceso, la persona que fuere detenida o indicada como partícipe de un hecho delictuoso, en cualquier acto inicial del procedimiento dirigido en su contra. Cuando estuviere preso, el imputado podrá formular sus instancias ante el funcionario encargado de la custodia, quien las comunicará inmediatamente al Tribunal o fiscal según corresponda.
La identificación del imputado se practicará por sus datos personales, impresiones digitales, señas particulares y fotografías. Si se negare a dar esos datos o los diere falsamente, se procederá a la identificación por testigos, en la forma prescripta para los reconocimientos, o por otros medios que se estimaren útiles. La individualización dactiloscópica se practicará mediante la oficina técnica respectiva.
Cuando sea cierta la identidad física de la persona imputada, las dudas sobre los datos suministrados u obtenidos no alterarán el curso del proceso, sin perjuicio de que se rectifiquen en cualquier estado del mismo o durante la ejecución de la sentencia.
Si el imputado fuere sometido a la medida prevista por el artículo 286, sus derechos de parte serán ejercidos por el curador o, si no lo hubiere, por el defensor oficial, sin perjuicio de la intervención correspondiente a los defensores ya nombrados. Si el imputado fuere menor de 18 años, sus derechos de parte podrán ser ejercidos también por sus padres o el tutor.
Si durante el proceso sobreviniere una enfermedad mental del imputado, excluyendo su capacidad de entender o de querer, el Tribunal ordenará por auto la suspensión del trámite hasta que desaparezca la incapacidad. Esto impedirá la declaración del imputado y la substanciación del juicio, pero no que se averigüe el hecho o que continúe el procedimiento con respecto a coimputados. También se dispondrá, sólo en el caso que estuviere privado de su libertad, la internación del incapaz en un establecimiento adecuado, cuyo director informará trimestralmente sobre el estado mental del enfermo, pero podrá ordenarse su libertad, dejándolo al cuidado de sus padres, tutor o guardador, cuando no exista peligro de que se dañe a si mismo o a los demás. En todos los casos que el incapaz esté gozando de libertad personal deberá ser examinado semestralmente por el perito que el Tribunal designe. Si curase el imputado, proseguirá la causa a su respecto. Cuando procediere la investigación fiscal preparatoria, el Fiscal requerirá al Juez de Garantía la declaración de suspensión del trámite y la internación del incapaz.
El imputado será sometido a pericia psiquiátrica siempre que fuere menor de 18 años, mayor de 70 años o sordomudo; cuando no aparezca procedente prima facie condena de ejecución condicional o si fuere probable la aplicación de la medida de seguridad prevista por el artículo 52 del Código Penal.
Será declarado rebelde el imputado que sin grave y legítimo impedimento no compareciere a la citación judicial; no cumpliera con la obligación impuesta por el artículo 285; se fugare del establecimiento o lugar en que estuviere detenido; o se ausentare del lugar designado para su residencia, sin licencia del Tribunal o del fiscal de Investigación.
En los casos en que proceda, el Tribunal o el Fiscal de Investigación, según corresponda, declarará la rebeldía del imputado, por resolución fundada, y expedirá la orden de detención si antes no se hubiere dictado.
La declaración de rebeldía no suspenderá el curso de la investigación. Si fuere declarada durante el juicio, éste se suspenderá con respecto al rebelde y continuará para los demás imputados presentes. Declarada la rebeldía, se reservarán las actuaciones y los efectos, instrumentos o piezas de convicción que fueren indispensables conservar. Cuando el rebelde comparezca, la causa continuará según su estado.
EFECTOS SOBRE LA PRISION PREVENTIVA Y LAS COSTAS. La declaración de rebeldía implicará la revocatoria de la medida del articulo 282 y obligará al imputado al pago de las costas causadas por la contumacia.
Si el imputado se presentare con posterioridad a la declaración de su rebeldía y justificare que no concurrió debido a un grave y legítimo impedimento, aquella será revocada y no producirá los efectos previstos en el artículo anterior.
Las personas mencionadas en el artículo 8º podrán instar su participación en el proceso -salvo en el incoado contra menores- como querellante particular. Los incapaces deberán actuar debidamente representados, autorizados o asistidos del modo prescripto por la ley. La instancia deberá formularse personalmente o por representante con poder especial, que podrá ser otorgado "apud acta" en un escrito que contenga, bajo pena de inadmisibilidad: 1. nombre, apellido y domicilio del querellante particular; 2. una relación sucinta del hecho en que se funda; 3. nombre y apellido del o de los imputados, si los supiere; 4. la petición de ser tenido como parte y la firma.
La instancia podrá formularse a partir de iniciada la investigación y hasta su clausura. El pedido será resuelto por decreto fundado o auto, según corresponda, por el Fiscal o el Juez de Garantía, en el término de tres días.
Si el Fiscal rechazara el pedido de participación, el querellante particular podrá ocurrir ante el Juez de Garantía, quien resolverá en igual término. La resolución no será apelable. Si el rechazo hubiera sido dispuesto por el Juez de Garantía, la resolución será apelable.
El querellante particular podrá actuar en el proceso para acreditar el hecho delictuoso y la responsabilidad penal del imputado, instar el impulso del proceso, proporcionar elementos de convicción y recurrir con los alcances que en este Código se establezcan. La intervención de una persona como querellante particular no la exime del deber de declarar como testigo. Durante la investigación no podrá asistir a la declaración del imputado. En caso de sobreseimiento o absolución podrá ser condenado por las costas que su intervención hubiere causado.
El querellante particular podrá renunciar a su intervención en cualquier estado del proceso, quedando obligado por las costas que su intervención hubiera causado. Se considerará que ha renunciado a su intervención cuando, regularmente citado, no compareciera a la primera audiencia del debate o no presentare conclusiones.
La víctima del delito, o sus herederos forzosos, en el mismo momento de realizar la denuncia o, en todo caso, en su primera comparencia ante el órgano competente, deberá ser informada en términos claros de los siguientes derechos: 1) Recibir un trato digno en consideración de su situación personal y que se hagan mínimas las molestias derivadas del procedimiento. 2) Preservar de la publicidad su vida privada y su dignidad, siempre que no se obstruya la investigación. 3) Ejercer las facultades que le correspondieren en el proceso -artículos 8 y 25- y a ser patrocinado por el Defensor Oficial, conforme con lo establecido en el artículo 61, apartado 2) inciso d) de la ley 3 ?Orgánica del Poder Judicial-. 4) Ser informado verbalmente sobre el estado del proceso y la situación del imputado. 5) Aportar información durante la investigación. 6) Cuando fuere menor o incapaz, sin perjuicio de cumplimentar con lo regulado por el artículo 225 bis del Código Procesal Penal, cuando así correspondiere, tendrá derecho a ser acompañado por personas de su confianza durante los actos procesales en los que debe participar, siempre que ello no perjudique la defensa del imputado o los resultados de la investigación.
Para ejercer la acción resarcitoria, su titular deberá constituirse en actor civil. Las personas que no tienen capacidad para estar en juicio, no podrán actuar si no son representadas, autorizadas o asistidas del modo prescripto por la ley civil.
La instancia de constitución deberá formularse personalmente o por representante con poder general o especial, que podrá ser otorgado "apud acta", en un escrito que contenga, bajo pena de inadmisibilidad: 1. el nombre, apellido y domicilio del accionante; 2. la determinación del proceso a que se refiere; 3. los motivos en que la acción se basa, con indicación del carácter que se invoca y el daño que se pretende haber sufrido, aunque no se precise el monto; 4. la petición de ser admitido como parte, y la firma.
La constitución procederá aún cuando no estuviere individualizado el imputado. Si en el proceso hubiere varios imputados y civilmente demandados, la pretensión resarcitoria podrá dirigirse contra uno o más de ellos. Cuando el actor no mencionare a ningún imputado, se entenderá que se dirige contra todos.
El pedido de constitución deberá presentarse antes de la clausura de la investigación penal preparatoria. La solicitud será considerada por el Fiscal de Investigación o Tribunal, según corresponda, quien ordenará las notificaciones pertinentes.
El decreto que acuerde la constitución deberá notificarse al imputado, sus defensores y al demandado civil, y surtirá efecto a partir de la última notificación. En el caso previsto por la primera parte del artículo 97, la notificación se hará en cuanto se individualice al imputado.
Los demandados podrán oponerse a la intervención del actor civil, bajo pena de caducidad, dentro del término de 5 días a contar de su respectiva notificación; pero cuando al demandado civil se lo citare o interviniere con posterioridad, podrá hacerlo, dentro de dicho término, a contar de su citación o intervención.
La oposición seguirá el trámite de las excepciones y será resuelta por el Fiscal o el Juez de Garantía, según corresponda. En este último caso, sin intervención del Ministerio Público. Si se rechazare la intervención del actor civil, el mismo podrá ser condenado por las costas que su participación hubiere causado.
Cuando no se dedujere oposición en la oportunidad que establece el artículo 100, la constitución del actor civil será definitiva, sin perjuicio de la facultad conferida por el artículo siguiente. La aceptación o el rechazo del actor civil no podrán ser reproducidos en el debate.
Durante la investigación penal preparatoria el actor civil podrá ser rechazado o excluido de oficio, por resolución fundada, cuando su intervención fuere manifiestamente ilegal. La resolución del Juez de Garantía será apelable. Cuando fuere dictada por el Fiscal de Investigación, se podrá ocurrir ante el Juez, en el término de tres días. La resolución del Juez de Garantía que disponga o confirme el rechazo o exclusión de oficio, no será apelable.
El rechazo o exclusión del actor civil no impedirá el ejercicio de la acción ante la jurisdicción respectiva.
El actor civil podrá actuar en el proceso para acreditar el hecho delictuoso, la existencia y extensión del daño pretendido, y la responsabilidad civil del demandado. La intervención de una persona como actor civil no lo exime del deber de declarar como testigo.
El actor civil deberá concretar su demanda antes del decreto de citación a juicio bajo apercibimiento de tener por desistida la instancia. La demanda se formulará por escrito y con las formalidades exigidas por el Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial, para el juicio ordinario.
El actor civil podrá desistir expresamente de su demanda en cualquier estado del proceso, quedando obligado por las costas que su intervención hubiera ocasionado. Se considerará desistida la instancia cuando el actor civil no comparezca a la primera audiencia del debate, o no presente el alegato o el memorial en la oportunidad prevista en el artículo 399, o se aleje de la audiencia sin haberla formulado, sin justa causa.
Quien ejerza la acción resarcitoria podrá pedir la citación de la persona que según las leyes civiles responda por el daño que el imputado hubiera causado con el delito, para que intervenga en el proceso como demandada. La instancia deberá formularse en la forma y oportunidad prescripta por los artículos 96 y 98, con indicación del nombre y domicilio del demandado y de su vínculo jurídico con el imputado.
El decreto que ordene la citación contendrá: el nombre y domicilio del accionante y del citado, y la indicación del proceso a que se refiere. La resolución deberá notificarse al imputado y a su defensor.
Será nula esta citación cuando adolezca de omisiones o errores esenciales que perjudiquen la defensa del demandado civil. La nulidad no influirá en la marcha del proceso ni impedirá el ejercicio ulterior de la acción ante la jurisdicción civil.
Será declarada la rebeldía del demandado civil, a petición del interesado, cuando no comparezca en el plazo de citación a juicio. Ella no suspenderá el trámite que continuará como si aquél estuviera presente. Sólo se nombrará defensor del rebelde al Defensor Oficial en lo civil si hubiere sido citado por edictos.
Cuando en el proceso se ejerza la acción civil, la persona que pueda ser civilmente demandada tendrá derecho a intervenir en el proceso. Esta participación deberá solicitarse, bajo pena de inadmisibilidad, en la forma prevista en el artículo 96 y hasta tres días después de la clausura de la investigación penal preparatoria. El decreto que la acuerde será notificado a las partes y a sus defensores.
A la intervención espontánea o por citación del demandado civil podrán oponerse, según el caso, el citado, el imputado o el que ejerza la acción civil, si no hubiera pedido la citación. Este incidente se deducirá y tramitará en la forma, oportunidad y plazos establecidos en los artículos 100 y siguientes.
El actor civil, el imputado y demandado civil, podrán pedir la citación en garantía del asegurador de los dos últimos.
La intervención del asegurador se regirá por las normas que regulan la del demandado civil, en cuanto sean aplicables
El actor civil, el imputado y el demandado civil deberán pedir la citación en la oportunidad prevista en el artículo 98.
El imputado tendrá derecho a hacerse defender por abogados de su confianza o por el Defensor Oficial, lo que se le hará saber por la autoridad policial o judicial que intervenga en la primera oportunidad. Podrá también defenderse personalmente, siempre que ello no perjudique la eficacia de la defensa y no obste a la normal substanciación del proceso. Si el imputado estuviera privado de su libertad, cualquier persona que tenga con él relación de parentesco o amistad podrá presentarse ante la autoridad policial o judicial que corresponda, proponiéndole un defensor. En tal caso, se hará comparecer al imputado de inmediato ante el órgano judicial competente, a los fines de la ratificación de la propuesta. Si el imputado no estuviera individualizado o fuere imposible lograr su comparendo, se designará al defensor oficial como su defensor al solo efecto de los artículos 306 y 307.
El imputado no podrá ser defendido simultáneamente por más de dos abogados. Cuando intervengan dos defensores, la notificación hecha a uno de ellos valdrá respecto de ambos, y la sustitución del uno por el otro no alterará trámites ni plazos.
El ejercicio del cargo de defensor del imputado será obligatorio para el abogado de la matrícula que lo acepte, salvo excusación atendible. La aceptación será obligatoria, solo cuando se lo nombrare en sustitución del defensor oficial.
Cuando el imputado no elija oportunamente defensor, el Fiscal de Investigaciones o el Tribunal nombrará en tal carácter al defensor oficial, salvo que lo autorice a defenderse personalmente.
La designación del defensor de oficio no perjudica el derecho del imputado a elegir ulteriormente otro de su confianza, pero la sustitución no se considerará operada hasta que el designado acepte el cargo y fije domicilio.
La defensa de varios imputados podrá ser confiada a un defensor común siempre que no exista entre aquéllos intereses contrapuestos. Si esto fuera advertido, se proveerá aún de oficio a las sustituciones necesarias.
En las causas por delitos reprimidos sólo con multa o inhabilitación, el imputado podrá hacerse representar para todo efecto por un defensor con poder especial, que podrá ser otorgado "apud acta". No obstante, se podrá requerir la comparencia personal.
El querellante, el querellante particular y las partes civiles sólo podrán actuar con patrocinio letrado, o hacerse representar por un solo abogado; el primero, con poder especial.
Si el defensor del imputado abandonare la defensa y dejara a su cliente sin abogado, se proveerá a su inmediata sustitución por el defensor oficial, y no podrá ser nombrado de nuevo en el proceso. Cuando el abandono ocurriere poco antes del debate, el nuevo defensor podrá solicitar una prorroga máxima de tres días al momento de asumir la defensa; si ocurriere durante el debate, se estará conforme al artículo 370 inciso 8. El debate no podrá suspenderse otra vez por la misma causa. La intervención de otro defensor particular no excluirá la del oficial. El abandono de los defensores o apoderados de las partes civiles o del querellante particular no suspenderá el proceso.
El incumplimiento injustificado de sus obligaciones por parte de defensores y mandatarios, será comunicado al Superior Tribunal de Justicia, el que podrá suspenderlos hasta por dos meses, según la gravedad de la infracción. Si se tratare de un integrante del Ministerio Público, la comunicación se cursará al Superior Tribunal de Justicia y al Procurador General.
Todos los actos procesales deberán cumplirse en idioma nacional, bajo pena de nulidad.
Para fechar un acto deberán consignarse el lugar, día, mes y año en que se cumpliere. La hora será indicada sólo cuando la ley lo exija. Si la fecha fuere requerida bajo pena de nulidad, esta sólo podrá ser declarada cuando aquélla, en virtud de los elementos del acto o de otros conexos, no pueda establecerse con certeza. El Secretario del Tribunal o del Fiscal de Investigación, según correspondiere, deberá poner cargo a todos los escritos, oficios o notas que reciba, expresando la fecha y hora de presentación.
Los actos procesales deberán cumplirse en días y horas hábiles, salvo los de la investigación penal preparatoria. En caso de necesidad, el tribunal podrá habilitar los días y horas que estime conveniente.
Cuando se requiera la prestación de juramento, el Juez, el Presidente del Tribunal o el Fiscal de Investigación, lo recibirá bajo pena de nulidad por las creencias del que jure, después de instruirlo de las penas que la ley impone a la falsedad. El declarante prometerá decir verdad de todo cuanto supiere y le fuere preguntado, mediante la fórmula: "lo juro". Si el deponente se negare a prestar juramento en virtud de creencias religiosas o ideológicas, se le exigirá promesa de decir verdad.
Las personas que fueren interrogadas deberán responder de viva voz y sin consultar notas o documentos, con excepción de los peritos y de quienes sean autorizados para ello en razón de sus condiciones o de la naturaleza de los hechos. El declarante será invitado a manifestar cuanto conozca sobre el asunto de que se trate y, si fuere menester, se lo interrogará. Las preguntas que se formulen no serán indicativas, capciosas ni sugestivas. Cuando se proceda por escrito, se consignarán las preguntas y respuestas, usándose las expresiones del declarante.
Para recibir juramento y examinar a un sordo, se le presentarán por escrito la fórmula y las preguntas; si se tratare de un mudo, se harán oralmente las preguntas y responderán por escrito; si fuere un sordomudo, las preguntas y respuestas serán escritas. Cuando dichas personas no supieren leer o escribir, se nombrará intérprete a un maestro de sordomudos o en su defecto, a alguien que sepa comunicarse con el interrogado. Si se tratare de una persona que desconoce el idioma nacional o de un indígena de cualquiera de las etnias autóctonas que no supiere expresarse fluidamente o no comprendiere la lengua nacional, a solicitud del declarante, las preguntas y respuestas deberán ser traducidas por un intérprete.
Cuando un funcionario público deba dar fe de actos que realice o se cumplan en su presencia, labrará un acta en la forma prescripta por las disposiciones de este capítulo. El Juez será asistido por el secretario; el Fiscal de Investigación por el secretario, un ayudante fiscal o un oficial de la Policía Judicial; el ayudante fiscal por un testigo y los oficiales o auxiliares de la policía por un testigo que, en lo posible, sea extraño a la repartición policial.
Las actas deberán contener: la fecha; el nombre y apellido de las personas que actuaren; en su caso, el motivo de la inasistencia de quienes estaban obligados a intervenir; la indicación de las diligencias realizadas y de su resultado; las declaraciones recibidas; si éstas fueron hechas espontáneamente o a requerimiento, y si las dictaron los declarantes; las observaciones que las partes requieran y, previa lectura, la firma de todos los intervinientes que deban hacerlo, o cuando alguno no pudiere o no quisiere firmar, la mención de ello, dejándose constancia del motivo si lo solicitare. Si tuviere que firmar un ciego o un analfabeto, se les informará que el acta podrá ser leída y suscripta por una persona de confianza, lo que se hará constar.
No podrán ser testigos de actuación los menores de 16 años, los dementes, y los que se encuentren en estado de ebriedad.
Salvo previsiones especiales, el acta será nula si falta la fecha, la firma del funcionario actuante, la del secretario o testigo de actuación; o la información prevista en la última parte del artículo 134. Asimismo son nulas las enmiendas, interlineados o sobrerraspados efectuados en el acta y no salvados al final de la misma.
En el ejercicio de sus funciones, el Tribunal podrá disponer la intervención de la fuerza pública y todas las medidas necesarias para el seguro y regular cumplimiento de los actos que ordene.
El tribunal podrá constituirse fuera de su asiento, en cualquier lugar de la Provincia, cuando estime indispensable conocer directamente elementos probatorios decisivos. En tal caso, si corresponde, avisará al tribunal de la respectiva competencia territorial.
El Tribunal será asistido en el cumplimiento de sus actos por el secretario, quien refrendará todas sus resoluciones con firma entera precedida por la forma "ANTE MI".
Las decisiones del Tribunal serán dadas por sentencia, auto o decreto. Dictará sentencia para poner término al proceso; auto para resolver un incidente o artículo del proceso, o cuando este Código lo exija; decreto, en los demás casos o cuando esta forma sea especialmente prescripta.
El Tribunal deberá fundamentar, bajo pena de nulidad, las sentencias y los autos. Los decretos deberán serlo, bajo la misma sanción, cuando la ley lo disponga.
Las sentencias y los autos deberán ser suscriptos por el Juez o todos los miembros del Tribunal que actuare. Los decretos, por el Juez o el presidente del Tribunal. Todas las resoluciones deberán ser también firmadas por el secretario. La falta de firma producirá la nulidad del acto, salvo lo dispuesto en el inciso 5) del artículo 405.
El Tribunal dictará los decretos el día en que los expedientes sean puestos a despacho; los autos, dentro de los cinco días, salvo que se disponga otra cosa; las sentencias en las oportunidades especialmente previstas.
Dentro del término de tres días de dictadas las resoluciones, el Tribunal podrá rectificar, de oficio o a instancia del fiscal o las partes, cualquier error u omisión material de aquellas, siempre que esto no importe una modificación esencial. La instancia de aclaración suspenderá el término para interponer los recursos que procedan.
Vencido el término en que deba dictarse una resolución, el interesado podrá pedir pronto despacho, y si dentro de tres días no la obtuviese, podrá denunciar el retardo al Superior Tribunal de Justicia. El superior pedirá informes al denunciado, y sin más trámite declarará inmediatamente si está o no justificada la queja, ordenando, en su caso, el dictado de la resolución en el término que fije, bajo apercibimiento de las responsabilidades institucionales y legales a que hubiere lugar.
Si la demora a que se refiere el artículo anterior fuere imputable al presidente o a un miembro del Superior Tribunal de Justicia, la queja podrá formularse ante este Tribunal. Si el causante de la demora fuere el Tribunal, el interesado podrá ejercitar los derechos que le acuerda la Constitución.
Las resoluciones judiciales quedarán firmes y ejecutoriadas sin necesidad de declaración alguna, en cuanto no sean oportunamente recurridas.
Cuando por cualquier causa se destruya, pierda o sustraiga el original de las sentencias u otros actos procesales necesarios, la copia auténtica tendrá el valor de aquél. A tal fin, el Tribunal ordenará que quien tenga la copia la consigne en Secretaría, sin perjuicio del derecho de obtener otra gratuitamente.
Si no hubiere copia de los actos, el Tribunal ordenará que se rehagan, para lo cual recibirá las pruebas que evidencien su preexistencia y contenido. Cuando esto no fuere posible, dispondrá la renovación, prescribiendo el modo de hacerla.
El Tribunal podrá ordenar la expedición de copias, informes o certificados que fueren pedidos por una autoridad pública o por particulares que acrediten legítimo interés en obtenerlos, si el estado del proceso no lo impide -artículo 310 in fine-, ni se estorba su normal substanciación.
Si durante el proceso tuviere conocimiento de otros delitos perseguibles de oficio, el Tribunal remitirá los antecedentes al Ministerio Público.
Fin del texto
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