Abriendo la norma
Ley provincial III-59 · 2025
Regulan la organización y funcionamiento del Sistema Provincial de Adopciones.
La Legislatura de la Provincia del Chubut sanciona con fuerza de Ley:
La presente ley tiene por objeto regular la organización y funcionamiento del sistema provincial de adopciones, la creación y actuación de la Oficina de Adopciones y del Registro Único Provincial de Aspirantes con Fines Adoptivos, así como su articulación con los organismos administrativos de protección de derechos, el Poder Judicial y la Red Federal de Registros de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos. La interpretación y aplicación de esta ley debe efectuarse conforme a los principios y normas de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Código Civil y Comercial de la Nación, la Ley Nacional N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley Provincial III N° 21 de Protección Integral de la Niñez, la Adolescencia y la Familia, asegurando en todo momento el interés superior del niño, el derecho a vivir, permanecer y desarrollarse en su familia de origen y el carácter excepcional, subsidiario y de protección de la adopción.
Créase la Oficina de Adopciones en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial con asiento en la ciudad de Rawson, debiendo instituirse tantas delegaciones como circunscripciones judiciales existan o existieren en el futuro. La presente Oficina actúa como autoridad administrativa de aplicación del sistema de adopción en la Provincia del Chubut.
Registro Único Provincial de Aspirantes con Fines Adoptivos. Créase el Registro Único Provincial de Aspirantes con Fines Adoptivos, el mismo se denominará Registro Único Provincial de Adopción (RUPA), que funciona bajo la órbita de la Oficina de Adopciones, en coordinación obligatoria con la Red Federal de Registros de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (DNRUA) y con los organismos administrativos de protección de derechos.
Son funciones de la Oficina de Adopciones, por sí y a través de sus delegaciones: a) Generar, gestionar, mantener, actualizar, recopilar, procesar, coordinar y archivar la información relativa al Registro Único Provincial de Aspirantes con Fines Adoptivos y a los niños, niñas y adolescentes respecto de los cuales se haya declarado la situación de adoptabilidad, se encuentren bajo guarda con fines de adopción o alojados en dispositivos administrativos de protección de derechos dependientes del Estado provincial, o cuya guarda provisoria se haya delegado a organizaciones no gubernamentales o familias de acogimiento b) elaborar y remitir los informes de seguimiento y evaluación del proceso de vinculación durante la guarda preadoptiva, en coordinación con el Equipo Técnico Interdisciplinario de Adopciones y con los organismos administrativos de protección de derechos; c) mantener actualizada la información relativa a los niños, niñas y adolescentes respecto de los cuales se haya concedido la adopción por los tribunales competentes, resguardando su derecho a la identidad en los términos del Código Civil y Comercial de la Nación; d) articular en forma permanente con el DNRUA, asegurando la inscripción y actualización de los legajos provinciales en la red federal, el intercambio de información y la coordinación de búsquedas de familias, de conformidad con los criterios que establezca la reglamentación; e) diseñar, implementar y supervisar las convocatorias públicas que se realicen en los términos de la presente ley, garantizando el respeto irrestricto por la identidad, dignidad, intimidad y trayectoria vital de las niñas, niños y adolescentes involucrados; f) coordinar con los organismos administrativos de protección de derechos y con el Poder Judicial la aplicación de las medidas de protección integral vinculadas a los procesos de adoptabilidad y adopción; g) cumplir todas aquellas otras funciones que le asignen la presente ley, su reglamentación y la normativa complementaria.
Toda la información obrante en la Oficina de Adopciones y en el Registro Único Provincial de Aspirantes con Fines Adoptivos es confidencial. Tienen acceso a los legajos y antecedentes, en la medida de lo estrictamente necesario y con arreglo a la reglamentación: los jueces y juezas de familia, los asesores y asesoras de familia, los organismos administrativos de protección de derechos, los propios aspirantes y sus letrados, los organismos técnicos intervinientes y las demás personas que acrediten interés legítimo y cuenten con autorización judicial expresa. Deben resguardarse especialmente el derecho a la intimidad, a la identidad y a la protección de datos personales de las niñas, niños y adolescentes y de las familias involucradas.
Los aspirantes con fines adoptivos deben inscribirse en la delegación de la Oficina de Adopciones correspondiente a su domicilio real, donde deben cumplimentar los requisitos establecidos en el Código Civil y Comercial de la Nación, en la presente ley y en su reglamentación. La inscripción en el Registro Único Provincial de Aspirantes con Fines Adoptivos implica, asimismo, la tramitación de la inscripción en el DNRUA, conforme las normas federales aplicables.
Con la inscripción se abre un legajo individual para cada núcleo familiar aspirante, en el que deben constar como mínimo: a) Número de orden, fecha de inscripción, apellido y nombre, lugar y fecha de nacimiento, sexo e identidad de género, número de documento de identidad, estado civil, nacionalidad, domicilio real, teléfono y correo electrónico de contacto; b) copia certificada del acta de matrimonio o del acta de unión convivencial con un mínimo de DOS (2) años de convivencia, cuando corresponda; c) nivel de estudios alcanzados, ocupación u oficio, constancia de ingresos y toda otra información socioeconómica relevante conforme lo establezca la reglamentación; d) certificado de antecedentes penales nacionales y provinciales, constancia de no estar inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos y demás registros que la reglamentación determine, referidos al ejercicio de la responsabilidad parental y a la tutela de derechos de niñas, niños y adolescente; e) datos completos de los hijos e hijas, si los hubiere, indicando apellido y nombre, fecha de nacimiento, si son biológicos o adoptivos y, en este último caso, el tipo de adopción, si viven o no, si habitan con los aspirantes y el domicilio legal; f) disponibilidad adoptiva declarada por los aspirantes, incluyendo número de niñas, niños o adolescentes que estarían en condiciones de adoptar, franjas etarias, aceptación de grupos de hermanos, disposición a adoptar niñas, niños o adolescentes con discapacidad o con problemáticas de salud o de trayectoria vital complejas, y antecedentes de guardas previas y su resultado, g) evaluación jurídica, psicológica, médica y socio ambiental de los aspirantes y de su núcleo familiar inmediato, con expresa indicación de la documentación acompañada; h) copia de inscripción que debe entregarse a los aspirantes, en la que se consigna el número de legajo provincial, la clave y número correspondientes al DNRUA, la fecha de inscripción, la delegación interviniente y la transcripción del primer párrafo del artículo 10 de la presente ley. El legajo es secreto, sin perjuicio de las facultades y excepciones previstas en el artículo 5° de presente ley.
Ninguna persona puede ser excluida, limitada o condicionada en su inscripción o permanencia en el Registro Único Provincial de Aspirantes con Fines Adoptivos por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género, estado civil, edad, siempre que cumpla los requisitos legales, situación socioeconómica, discapacidad, religión, nacionalidad, etnia, pertenencia cultural o cualquier otra condición o circunstancia personal o social que no afecte de manera directa y comprobada la aptitud adoptiva conforme los criterios previstos en el Código Civil y Comercial de la Nación y en la presente ley. Toda evaluación debe fundarse exclusivamente en criterios objetivos, técnicos y vinculados al interés superior de niñas, niños y adolescentes, quedando prohibida la aplicación de estereotipos, prejuicios o modelos únicos de familia. Cualquier resolución que rechace, limite o condicione la inscripción debe contener una fundamentación específica que acredite que la decisión se adopta con base en exigencias legales y en informes técnicos interdisciplinarios, quedando habilitado el derecho de revisión conforme la presente ley.
Los aspirantes deben mantener al menos una entrevista personal con el responsable de la delegación de la Oficina de Adopciones correspondiente a su domicilio real y con el Equipo Técnico Interdisciplinario de Adopciones, quienes verificarán el cumplimiento de los requisitos legales, realizarán las evaluaciones pertinentes y producirán los informes técnicos necesarios. Concluidas las evaluaciones, las que no podrán exceder el plazo máximo de NOVENTA (90) días corridos contados desde la presentación de la documentación requerida, la Oficina de Adopciones debe expedirse admitiendo o denegando la inscripción. La resolución que deniegue la inscripción debe ser fundada, basándose en el incumplimiento de los requisitos establecidos por el Código Civil y Comercial de la Nación, por la presente ley y su reglamentación o en la falta de acreditación de la aptitud adoptiva mínima. Cuando la petición sea rechazada, se debe garantizar a los aspirantes la revisión de la decisión por la instancia administrativa superior competente, en los términos que establezca la reglamentación. Las resoluciones firmes que admitan o rechacen la inscripción deben ser comunicadas fehacientemente a los interesados en un plazo no mayor de QUINCE (15) días.
Las inscripciones de aspirantes con fines adoptivos mantienen su vigencia durante el término de UN (1) año calendario, computado a partir de la fecha efectiva de inscripción en el Registro Único Provincial de Aspirantes con Fines Adoptivos. Cumplido dicho plazo, debe ratificarse la inscripción personalmente por los interesados, operándose, en caso contrario, la exclusión automática del registro. Este requisito debe comunicarse a los postulantes de modo fehaciente en su primera presentación. Las inscripciones rechazadas caducan a los DOS (2) años, sin perjuicio de las nuevas solicitudes que los interesados puedan presentar cumpliendo los requisitos vigentes.
Sin perjuicio de las facultades de jueces y juezas de familia y de asesores y asesoras de familia de solicitar información en cualquier momento, la Oficina de Adopciones debe informar trimestralmente las nóminas y movimientos registrados a los órganos judiciales competentes y a los organismos administrativos de protección de derechos, a fin de mantenerlos actualizados sobre la situación del Registro Único Provincial de Aspirantes con Fines Adoptivos.
Los inscriptos en el Registro Único Provincial de Aspirantes con Fines Adoptivos continuarán siendo evaluados a través de entrevistas periódicas por el responsable de la delegación y por el Equipo Técnico Interdisciplinario de Adopciones, debiendo registrarse toda variación que se produzca en su situación personal, familiar o socioeconómica. En caso de verificarse cambios sustanciales que afecten la aptitud adoptiva, la Oficina de Adopciones debe disponer la actualización de las evaluaciones y, en su caso, promover la revisión de la inscripción conforme la reglamentación.
Créase el Equipo Técnico Interdisciplinario de Adopciones, dependiente de la Oficina de Adopciones. El equipo debe estar integrado, como mínimo, por profesionales de las disciplinas de psicología, trabajo social y abogacía con especialización en niñez, adolescencia y familia, pudiendo incorporarse otras disciplinas pertinentes como medicina, psiquiatría infantil, educación u otras que determine la reglamentación. El Poder Ejecutivo debe garantizar la formación específica y continua de los integrantes del equipo en materia de adopción, derechos de la niñez, trauma, apego, diversidad cultural y perspectiva de género, así como condiciones de actuación que aseguren su independencia técnica.
Son funciones del Equipo Técnico Interdisciplinario de Adopciones: a) Evaluar la aptitud adoptiva de los aspirantes, produciendo informes integrales que incluyan aspectos jurídicos, psicológicos, médicos y socio ambientales; b) participar en el acompañamiento y seguimiento de los procesos de vinculación y de las guardas preadoptivas, elaborando los informes periódicos que se remiten a la Oficina de Adopciones y a la autoridad judicial interviniente; c) asesorar técnicamente a la Oficina de Adopciones en la elaboración de criterios de selección de familias adoptivas, en las convocatorias públicas y en la articulación con organismos de protección y redes federales; d) coordinar su actuación con los organismos administrativos de protección de derechos, los equipos técnicos del Poder Judicial y otros dispositivos especializados que intervengan en la situación de las niñas, niños y adolescentes.
Los juzgados de familia competentes deben respetar el orden de los aspirantes inscriptos en el Registro Único Provincial de Aspirantes con Fines Adoptivos al momento de decidir la guarda con fines de adopción o la guarda preadoptiva. Pueden apartarse de dicho orden con carácter restrictivo y excepcional, por resolución fundada, ponderando el interés superior del niño, niña o adolescente y, en particular, cuando: a) Se trate de grupos de hermanos y la asignación por orden estricto de inscripción implique su separación; b) se trate de niñas, niños o adolescentes con discapacidad, con problemáticas de salud crónicas o con trayectorias de institucionalización prolongadas, respecto de quienes existan aspirantes con disponibilidad adoptiva específica que se encuentren en posición diferente en el orden de prelación; c) la guarda sea solicitada por miembros de la familia extensa del niño, niña o adolescente, siempre que ello resulte compatible con su interés superior; d) los progenitores en ejercicio de la responsabilidad parental hayan delegado la guarda con fines de adopción y el juez o jueza competente haya valorado la legitimidad de esa decisión y su conveniencia para el niño, niña o adolescente. En todos los casos debe dejarse constancia expresa de los criterios utilizados para apartarse del orden de inscripción, con remisión a los informes técnicos y a la opinión de los organismos de protección de derechos.
Los juzgados de familia que declaren la situación de adoptabilidad de una niña, niño o adolescente deben comunicar tal circunstancia a la delegación de la Oficina de Adopciones correspondiente y al organismo administrativo de protección de derechos interviniente, en el plazo máximo de CUARENTA Y OCHO (48) horas de dictada la resolución. La Oficina de Adopciones accederá en consulta directa al registro creado por la presente ley y debe iniciar de inmediato las actuaciones tendientes a la búsqueda de una familia adoptiva adecuada, en coordinación con los organismos de protección y con el DNRUA.
Progenitores que manifiestan voluntad de dar en adopción. Los progenitores que deseen dar en guarda para futura adopción a su hija o hijo deben concurrir a la delegación de la Oficina de Adopciones, munidos de la documentación que acredite el vínculo filiatorio y toda otra inherente a la niña, niño o adolescente. Deben entrevistarse personalmente con el responsable de la delegación, con el Equipo Técnico Interdisciplinario de Adopciones y con el organismo administrativo de protección de derechos, dejándose constancia de lo actuado con expresa mención de la autorización prestada y del acompañamiento brindado. En ese mismo acto se les informará de manera clara y accesible los efectos legales del consentimiento conforme el Código Civil y Comercial de la Nación, los plazos y modalidades para prestarlo y revocarlo, y se dejará constancia de que la falta de recursos económicos no constituye por sí sola causal suficiente para la declaración de adoptabilidad ni para la adopción. Las niñas, niños y adolescentes se encontrarán, desde ese momento, a disposición del juzgado de familia competente, en el marco de las medidas de protección integral que correspondan.
Celebrada la entrevista prevista en el artículo 17 de la presente, en un plazo no mayor de CINCO (5) días hábiles el responsable de la delegación de la Oficina de Adopciones pondrá a la niña, niño o adolescente a disposición del juzgado de familia competente, remitiendo la totalidad de la documentación relativa al niño, a sus progenitores y a los aspirantes con fines adoptivos. El juzgado de familia, en su primera intervención y antes del dictado de la resolución correspondiente, ordenará citar a los progenitores por medio de notificación fehaciente, bajo apercibimiento de tener por ratificado lo actuado en caso de incomparecencia, y fijará audiencia para mantener entrevista personal con ellos y para tomar conocimiento personal de los aspirantes con fines adoptivos.
Prioridad de la familia de origen y residencia. A fin de garantizar los derechos de la niña, niño o adolescente inherentes a su identidad, origen, arraigo y raíces culturales, cuando se conceda la guarda preadoptiva para futura adopción se debe dar prioridad a los miembros de su familia de origen que resulten idóneos. En su defecto, se debe priorizar a los aspirantes con fines adoptivos con residencia efectiva en el lugar de residencia de la niña, niño o adolescente, salvo que ello no resulte conveniente a sus intereses, debiendo fundarse en forma expresa la decisión cuando se desestime esa prioridad.
Obligaciones de instituciones de salud y centros asistenciales. Los directores y directoras de hospitales, maternidades, centros neonatológicos y toda otra institución pública o privada de salud o asistencia que tomen conocimiento del abandono de una niña, niño o adolescente deben comunicarlo dentro del término de VEINTICUATRO (24) horas al juzgado de familia de turno, a la delegación de la Oficina de Adopciones y al organismo administrativo de protección de derechos, remitiendo la totalidad de los informes con que cuenten, bajo apercibimiento de las sanciones que correspondan. Si al momento del nacimiento la persona gestante manifiesta su voluntad de dar a su hija o hijo en adopción, la institución debe asegurar el acompañamiento interdisciplinario adecuado, brindar información clara y accesible sobre sus derechos, evitar toda forma de presión o condicionamiento y comunicar la situación dentro del mismo plazo al juzgado de familia de turno, a la delegación de la Oficina de Adopciones y al organismo administrativo de protección de derechos, remitiendo la totalidad de los informes con que cuenten.
Comunicación de la declaración de situación de adoptabilidad y registro. Los juzgados de familia deben informar a la delegación de la Oficina de Adopciones y al organismo administrativo de protección de derechos el otorgamiento de la declaración de situación de adoptabilidad en el plazo de CUARENTA Y OCHO (48) horas de dictada. Recibida la información, la delegación debe asentarla en el registro por estricto orden cronológico, actualizar los datos del niño, niña o adolescente y coordinar las actuaciones necesarias para la búsqueda de una familia adoptiva adecuada.
Plazos para la promoción del juicio de adopción. Transcurridos SEIS (6) meses desde el otorgamiento de la guarda preadoptiva sin que los guardadores hubieran promovido el juicio de adopción, la Oficina de Adopciones los citará a fin de informarles que deben iniciarlo en el plazo de TREINTA (30) días. Si así no lo hicieren, el responsable de la Oficina de Adopciones, en coordinación con el organismo administrativo de protección de derechos, puede peticionar ante la autoridad judicial competente las medidas de protección integrales que resulten pertinentes. Los juicios de adopción y el acompañamiento legal desde el proceso de guarda preadoptiva deben ser promovidos con carácter de gratuidad por los letrados de la Defensa Pública, sin necesidad de gestionar beneficio de litigar sin gastos.
Los aspirantes con fines adoptivos que se desempeñen en el sector público o privado gozan de la licencia por adopción que establezcan los estatutos, convenios colectivos o leyes específicas aplicables, la que se otorgará cuando se decrete una autorización de permanencia, una guarda con fines de adopción o una guarda preadoptiva. La finalidad de la licencia es favorecer la formación del apego, la consolidación del vínculo y la integración familiar de la niña, niño o adolescente. La Oficina de Adopciones informará de manera inmediata al empleador el cese del beneficio cuando las vinculaciones resulten excluyentes o cuando se revoque la guarda, con arreglo a las resoluciones judiciales pertinentes.
En las mismas circunstancias del artículo 23 de la presente, las obras sociales, entidades de medicina prepaga y demás sistemas de cobertura de salud de los que gocen los aspirantes inscriptos deben incorporar a la niña, niño o adolescente o al grupo de hermanos como afiliados o beneficiarios desde el inicio de la guarda, sin períodos de carencia ni restricciones diferentes de las aplicables a los hijos e hijas de afiliados. La Oficina de Adopciones informará a la obra social o entidad correspondiente de manera inmediata en caso de que las vinculaciones resulten excluyentes o se revoque la guarda, a los fines del cese del beneficio, respetando siempre el derecho de continuidad de tratamientos indispensables para la salud del niño, niña o adolescente, en los términos que establezca la reglamentación.
La Oficina de Adopciones debe asegurar la inscripción y permanente actualización de los legajos de aspirantes provinciales en el DNRUA, conforme las normas nacionales aplicables. Cuando no existan aspirantes inscriptos en condiciones de asumir una guarda con fines de adopción o cuando se trate de niñas, niños o adolescentes con características que dificulten de manera relevante su vinculación en el ámbito provincial, la Oficina de Adopciones debe coordinar con el DNRUA la búsqueda de aspirantes en otras jurisdicciones, sin perjuicio de las convocatorias públicas que pudieran disponerse conforme al artículo 26 de la presente ley.
Cuando no existan aspirantes inscriptos en el Registro Único Provincial de Aspirantes con Fines Adoptivos en condiciones de asumir la guarda con fines de adopción de una niña, niño o adolescente determinado, o cuando resulte manifiestamente inadecuada su selección entre los inscriptos existentes, la autoridad competente puede disponer, con carácter excepcional, la realización de convocatorias públicas. Toda convocatoria pública debe ser previamente autorizada por resolución fundada del juez o jueza de familia interviniente, con informe previo de la Oficina de Adopciones, del Equipo Técnico Interdisciplinario de Adopciones y del organismo administrativo de protección de derechos. Las convocatorias públicas deben ajustarse a los siguientes principios mínimos: a) Resguardo de la identidad, intimidad y trayectoria vital de la niña, niño o adolescente; b) utilización de lenguaje respetuoso y no estigmatizante; c) prohibición de difundir imágenes, nombres completos u otros datos que permitan su identificación directa, salvo expresa autorización judicial en supuestos debidamente justificados, y; d) utilización exclusiva de canales institucionales y medios de comunicación que garanticen un tratamiento adecuado y respetuoso de la información. La reglamentación determinará las modalidades de difusión, los controles y las instancias de evaluación de estas convocatorias, así como los mecanismos para la recepción y análisis de las postulaciones que se presenten en su consecuencia.
Los aspirantes que, a la entrada en vigencia de la presente ley, se encontraren inscriptos en registros anteriores serán incorporados al nuevo régimen respetando las fechas originarias de inscripción, debiendo en cada caso cumplimentar los requisitos que falten conforme el régimen establecido en esta ley y su reglamentación. Una vez asignados los nuevos números de orden, la Oficina de Adopciones notificará fehacientemente a los aspirantes la fecha de vencimiento de su inscripción a fin de que puedan efectuar la ratificación prevista en el artículo 10 de la presente ley.
No tendrán validez a los efectos procesales las actuaciones notaria- les o administrativas tendientes a concretar entregas directas de niñas, niños o adolescentes en guarda para futura adopción, en contravención a las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación y de la presente ley, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, disciplinarias, civiles y penales que pudieren corresponder.
Los juzgados de familia intervinientes en procesos de adopción deben solicitar a la Oficina de Adopciones los legajos de las niñas, niños o adolescentes y de los aspirantes con fines adoptivos que correspondan al caso. La Oficina de Adopciones debe remitir en un plazo no mayor de DIEZ (10) días los legajos requeridos, acompañados de un informe pormenorizado sobre las compatibilidades detectadas entre las niñas, niños o adolescentes y los aspirantes, así como de los informes de seguimiento del proceso de vinculación y de guarda preadoptiva. Durante el término de la guarda preadoptiva, la Oficina de Adopciones elevará al juzgado de familia interviniente, al menos una vez por mes, los informes correspondientes al proceso de vinculación.
Abrogación. Abrógase la Ley III N° 27.
El Poder Ejecutivo Provincial debe reglamentar la presente ley dentro de los TREINTA (30) días de su promulgación.
El Poder Ejecutivo Provincial dispondrá las partidas presupuestarias necesarias para el cumplimiento de la presente ley, asegurando los recursos humanos, materiales y técnicos suficientes para el funcionamiento de la Oficina de Adopciones, de sus delegaciones y del Equipo Técnico Interdisciplinario de Adopciones.
LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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